Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga, directora del
Centro María Zambrano de la UNED, autoridades, profesores, tutores,
alumnos, señoras y señores, buenas tardes y muchísimas gracias por
acompañarnos en este acto de inauguración de los cursos de primavera del
Centro Asociado María Zambrano de la UNED en Málaga. Para inaugurar estos
cursos de primavera va a tener la palabra en primer lugar doña Ana
Matarrico, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga. ¿Ahora
sí? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Concha Travesero,
directora de la UNED de Málaga. Antonia Ledema, compañera y además
también diputada responsable de la UNED, magistrado emérito Vicente
Jiménez por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Fiscal jefe López
Caballero, también agradecerle su presencia, así como María Jesús,
vicerectora de la UNED. Y la directora de la Universidad de Málaga.
Bienvenido a todos a la presentación de los cursos de primavera de la
UNED, una oferta educativa que completa el excepcional currículum de dicho
centro. El año próximo, 2015, se cumplirá el 40 aniversario de este
referente de la enseñanza universitaria y la formación superior en
nuestra provincia. La UNED ha permitido a miles de malagueños obtener una
carrera universitaria o, por ejemplo, una posgrado con flexibilidad, en
muchos de los casos compaginando estudios y trabajo, un gran esfuerzo que
ha hecho posible que muchos de los malagueños y malagueñas tengan hoy su
titulación. La UNED es una institución que ha dado muchísimas
oportunidades a todos estos malagueños y, sin duda, permite a personas
ampliar su preparación, mejorar y adquirir conocimiento y, por tanto, ser
más competitiva en el mercado laboral. Decir que las cifras de este centro
asociado de Málaga son importantes y decir que 7.000 matriculados, 27
titulaciones de grado y licenciatura, 44 programas de doctorado y 49
másteres son los que ofrece esta delegación, esta UNED de Málaga.
Hablamos de una oferta muy variada, muy ambiciosa, impartida además por
catedráticos, profesores de la universidad y profesionales reputados que
garantizan una formación de total garantía. Además, la enseñanza a
través de la UNED es más económica que en la universidad presencial
porque las necesidades técnicas y las infraestructuras son menores. Y esta
es la única diferencia porque la calidad de la enseñanza y la actuación
de su currículum al espacio europeo docente… Es homologable en ambas
instituciones. Pero quiero destacar además la implicación que la UNED ha
tenido en su conjunto con la provincia, que sería de la UNED sin cada uno
de los puntos de referencia que tiene la provincia de Málaga. Y es que la
UNED está cerca de los 101 municipios que conforma Málaga. Decir que en
estos momentos existe entre Aula Universitaria, Marbella, Mijas y Ronda. Y
otras aulas delegadas en Alaurín el Grande, Antequera, Archidona,
Benalmádena, Campillo, Coim, Estepona y Vélez Málaga. Y si hemos hecho
posible que la UNED esté cerca de cada uno de los malagueños, también lo
hemos hecho posible a través de la Universidad de Málaga, que también la
hemos acercado a estos puntos. Por todos estos aspectos, la Diputación de
Málaga para nosotros es un honor formar parte del consorcio que apoya el
Centro Asociado de la UNED. Junto a UNICAJA y al Ayuntamiento de
Fuengirola, llevamos nuestro compromiso con la educación dentro de las
posibilidades y las competencias que tenemos asignadas. Y en el total y en
el buen ejemplo que entre cada una de las Administraciones intentamos que
sea visible con respecto a todos los malagueños y malagueñas que tengan
una necesidad formativa. Decir, además, que la UNED como una institución
educativa viva y en constante evolución desarrolla ahora unos cursos de
primavera muy relacionados con la actualidad. Hablamos de temas de
carácter social, psicológico, humanístico, legal o científico que han
despertado gran interés entre todos los malagueños. De hecho, a falta
todavía de tres semanas para el cierre del plazo de matriculación ya hay
alrededor de 400 inscritos, una cifra importante que sin duda muestra el
interés de la provincia en el marco formativo que tiene esta delegación
de la UNED, un número que con seguridad seguramente aumentará mucho en el
futuro. En el plazo que todavía queda vigente para apuntarse a estos
cursos. Celebro la alta demanda de estos cursos ya que, al fin y al cabo,
es el termómetro que mide el interés que despierta en el conjunto de la
sociedad malagueña. Y quiero felicitar no solamente como vicepresidenta,
sino también excusar al presidente provincial que no ha podido estar hoy
aquí, pero en su nombre quiero felicitar a la dirección del centro
asociado de la UNED de Málaga por haber cumplido con los objetivos de la
UNED. Y, por último, agradecer también su presencia aquí a Vicente
Jiménez Sendro, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y
catedrático de Derecho Procesal que va a abrir estos cursos con una
conferencia sobre la doctrina Paro. Yo creo que empezamos con buen pie. Hoy
celebramos la primavera y celebramos también los cursos de verano…,
perdón, el curso primavera de la UNED en esta delegación. Así que
muchísimas gracias y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. A continuación,
tiene la palabra doña Concepción Traveseo de Castilla, directora del
centro asociado María Zambrano de la UNED. Bueno, muchas gracias a la
presidenta de la Junta Rectora y muchas gracias a la vicepresidenta de la
Diputación. No solo por vuestra presencia en este acto, sino
fundamentalmente por la colaboración de la entidad a la que representáis
con la organización de esta serie de seminarios, que hoy estamos en
condiciones no solamente de presentar ante vosotros y de introducir ante
vosotros, sino también de calificar como un éxito que ha superado nuestra
mejor previsión. Conocíamos en este centro asociado, porque nos la han
trasladado en muchas ocasiones los alumnos, nuestros alumnos, la demanda
que existía de este tipo de oferta académica por su parte. Pero el
número de alumnos matriculados hasta el día de hoy ha superado con crece
nuestras expectativas. Decía la vicepresidenta que eran 400. Tengo, lo
siento, que corregirte, son más de 550 los alumnos inscritos a día de hoy
en unos seminarios que se celebran por primera vez. Hemos tenido que cerrar
incluso la matrícula de algunos de ellos antes de la fecha prevista,
cambiar algunos de sede de sede, porque se nos quedaba pequeño el aforo de
los salones de actos previstos para su organización. Por lo tanto, la
satisfacción que tenemos es máxima en la presentación de esta
iniciativa. Esta magnífica acogida, como he dicho al principio de mi
intervención, ha sido posible gracias a la colaboración de la Diputación
de Málaga. Nos ha permitido la Diputación acercar esta oferta académica
a los alumnos de la UNED repartidos, que están, como todos sabéis,
repartidos por toda la provincia, fundamentalmente de dos formas. Primero,
porque la colaboración de la Diputación nos ha permitido ofrecer estos
cursos con unas tasas, unas matrículas muy económicas. Y, en segundo
lugar, porque en una medida yo creo que única entre los centros asociados
de toda España, la Diputación ha ofrecido becas de alojamiento gratuitas
para alumnos matriculados en nuestros cursos en el Centro de Innovación
Social de la Noria. De tal forma que desde mañana hasta el día 5 de abril
aproximadamente… SEÑORA PRESIDENTA. Unos 150 alumnos de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de la provincia van a invadir felizmente
el Centro Social de la Noria. El acierto de esta oferta académica creemos
que se ve también confirmado en la presencia entre los matriculados de
muchos ciudadanos que no tienen vinculación con la UNED, con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Algunos incluso proceden de
otras provincias y se han visto simplemente atraídos por la calidad y la
actualidad de estos cursos. También, de igual modo, valoramos muy
positivamente la participación de empresas e instituciones como el Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga o la Sociedad Española de Catálisis, a los
que quiero agradecer su colaboración. Comentaros que hemos decidido
celebrar estos seminarios en fin de semana para moldarnos a las
características particulares de los alumnos de la UNED, que, como saben
todos ustedes, suelen compatibilizar su trabajo con otras obligaciones…,
perdón, su formación universitaria con otras obligaciones, muchos de
ellos trabajan, por lo que los días mejores para facilitar su asistencia a
estos cursos eran en fin de semana. Les hemos ofrecido la modalidad
presencial y no virtual, como es habitual en la universidad a distancia,
porque precisamente la labor principal de los centros asociados es
complementar el entorno virtual en el que suele trabajar el alumno de la
UNED. El apoyo presencial y esa cercanía física se le concede una gran
importancia desde la universidad. Hoy podemos presentar así unos
seminarios que abordan diversos temas de carácter social, psicológico,
humanístico, legal y científico, con los que hemos tratado de dar
respuestas a problemas y demandas que están hoy presentes en la sociedad,
teniendo muy en cuenta al alumno de la UNED en Málaga aquellas carreras en
las que tenemos un mayor número de alumnos matriculados y, por supuesto,
sin dejar de lado tampoco la vocación científica que acompaña a toda
actividad universitaria. Nuestros seminarios tienen además reconocida la
concesión de crédito de libre configuración para los alumnos de la UNED,
lo que les permite cubrir el porcentaje reservado a la libre configuración
curricular en las titulaciones, en los cursos y en los títulos que están
Y señalar también que en el diseño e impartición de estos seminarios
han colaborado profesores, tanto de este centro asociado, muchos de ellos
profesores de la Universidad de Málaga y profesores de la sede central de
la UNED en Madrid. A todos ellos queremos agradecer el entusiasmo y la
complicidad con la que han recibido esta iniciativa. Y me van a permitir
que dedique estas últimas palabras al conferenciante de esta tarde, don
Vicente Jiménez Sendra. Este es, como muchos de ustedes sabrán, mi primer
año como directora de este centro asociado. Estoy, además, presentando la
primera edición de unos cursos en los que hemos puesto mucha ilusión y no
poco esfuerzo. Y contar con Vicente Jiménez Sendra en este acto supone un
magnífico corolario, un auténtico privilegio y el mejor comienzo posible
para estas jornadas. Muchas gracias. Gracias. Y, finalmente, comenzará la
parte académica de este acto con la conferencia de don Vicente Jiménez
Sendra sobre la doctrina paró. Buenas tardes y muchas gracias a todos. de
los cursos de primavera de la Universidad Nacional a Distancia en Málaga.
Y lo hacemos, como ya se ha anunciado anteriormente, con la conferencia
sobre la doctrina parótica y su anulación por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Para esta conferencia contamos con la presencia de un
ponente de excepción, Vicente Jiménez Sendra, catedrático de Derecho
Procesal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y majestad de
mérito del Tribunal Constitucional. Más allá de todas estas cuestiones,
desde luego estamos en presencia de una de las mentes privilegiadas de la
ciencia procesal no solo en España, también en Europa y por qué no
decirlo también, su influencia abarca al continente sudamericano. Y para
el centro asociado es un auténtico honor tenerle hoy aquí. No solo
porque, como digo, es un... Dentro de la ciencia procesal es una de las
grandes referencias doctrinales. Él fue uno de los pioneros en traer a
España la doctrina alemana, sino que además fue magistrado del Tribunal
Constitucional cuando en aquella época posterior a la transición, donde
hacía falta construir un Estado nuevo y desde luego Vicente con las
sentencias de las que fue ponente contribuyó sin lugar a duda a... a este
logro. Sin más preámbulos, Vicente, cuando quieras. Buenas tardes. La
verdad que estoy abrumado con tanto elogio. Yo me considero simple aprendiz
de jurista. Muchas gracias a la directora del centro, a Conchita Travesero,
por la validez que ha tenido a la hora de contar con mi participación en
estos cursos y poder conocer este dinámico centro asociado de nuestra...
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gracias, señor fiscal,
comisario jefe, queridos compañeros y alumnos. Como digo, estoy
verdaderamente muy agradecido a Francesc también por sus amables palabras
y por contar conmigo en esta preciosa ciudad de Málaga. Vamos a ver, el
tema que nos ocupa yo creo que es un asunto importante, por no decir
dramático. El día 21 de octubre de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos dio una sentencia, la sentencia del río Prada contra España,
contra el Reino de España, en virtud de la cual, después de afirmar que
se había vulnerado su derecho a la libertad y el principio de legalidad y
la retroactividad de las normas penales, estimó su demanda individual y
condenó al Estado español al restablecimiento de su derecho ordenando su
puesta inmediata en libertad. Puesta inmediata que se hizo el día
siguiente, el día 22 de octubre, la Audiencia Nacional dictó una
sentencia, un auto, una resolución, ordenando la puesta en libertad y a
continuación vino... ...una batería de resoluciones, aplicando esa
doctrina a todos los que se encontraban en la misma situación
jurídico-material. Como resultado de ello, 64 convictos de delitos de
terrorismo, pertenecientes a las bandas ETA y GRAPO, más otros 14
convictos de asesinatos, de terribles delitos contra la libertad sexual,
incluso con niños. Se vieron beneficiados por esta doctrina llamada
doctrina Parot y fueron puestos inmediatamente en libertad. ¿Qué fue la
doctrina Parod? Bien, no voy a extenderme mucho. Muy resumidamente les
diré lo siguiente. En la década de los ochenta, en esa lucha que tenía
el Estado español contra el terrorismo, en el que cada semana asesinaba
ETA a un guardia civil o a un policía nacional, y a estas víctimas del
terrorismo tenemos que recordarlas con un rendido homenaje, porque han
contribuido a la democracia. Los juzgados, la Audiencia Nacional empezó a
emitir condenas, con arreglo al Código Penal anterior ya derogado de 1973,
que venía a decir que la pena máxima eran treinta años de privación de
libertad, pero que podían redimir. Y que podían redimir sus penas con el
trabajo. Como consecuencia de este sistema de redención de penas por el
trabajo, y como consecuencia de la disposición transitoria del nuevo
Código Penal del 95, que dijo que podían someterse estos recursos a la
legislación más beneficiosa, es decir, al Código Penal del 73, en el
2006, en el año 2006, al Tribunal Supremo se le planteó la transitoria de
tener que permitir que fueran puestos en libertad estas sesenta y cuatro.
personas, etcétera, o reinterpretar el ordenamiento penal sustantivo con
el siguiente argumento. Si estos ciudadanos habían cometido múltiples
delitos, se tenía que computar la redención de penas por el trabajo por
cada uno de esos delitos. Concretamente, la señora del Río Prada, nada
menos, que había sido condenada por veintidós asesinatos. Se computaron
por separado los delitos y la redención de trabajo hasta el límite
máximo de treinta años, con lo cual la pena privativa de libertad... se
extendió a los 30 años, límite máximo de permanencia en un centro
penitenciario. Y la señora del Río tenía que haber sido puesta en
libertad de no existir esta doctrina pues a los 21 años de privación de
libertad. Ante esta escritura, los convictos recurrieron ante el Tribunal
Constitucional invocando la vulneración del principio de legalidad y del
derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional estimó
tres sentencias, pero no por vulneración del principio de legalidad sino
por el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24. Efectuó 25
sentencias desestimatorias después de haber dictado una sentencia testigo
la 39-2012 de 29 de marzo con tres votos particulares ciertamente de la ley
constitucional. Y las que afirmó que no se vulneraba el principio de
legalidad. ¿Fue correcta la decisión de mi antiguo tribunal? Pienso que
sí, por una razón en la que no se ha abundado o reparado. El artículo 25
de nuestra Constitución que consagra el principio de legalidad en un
crimen nula pena sin el eje se limita a establecer el principio de
tipicidad. Nadie puede ser condenado por acción. Y el artículo 25 de
nuestra Constitución que consagra el principio de tipicidad. La doctrina
del Tribunal Constitucional ha sido constante y permanente en los tres
requisitos. Tiene que haber una lex scripta, una lex previa y una lex
certa. Si la conducta no está prevista en una norma del Código Penal ha
de ser impune, se ha de producir una absolución. Principio de tipicidad
penal. Pero el artículo 25 de nuestra Constitución no consagra para nada
el principio de legalidad en la pena. solo en la tipicidad. Ante esos
fallos desestimatorios, doña Inés del Río recurrió ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y el artículo 7 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos dice algo más. El artículo 7 tiene dos apartados. En el
primer lugar, consagra lo del artículo 25, principio de tipicidad. Nadie
podrá ser condenado por una acción o una omisión que en el momento que
haya sido cometido no constituya una infracción. Pero a continuación
añade un segundo apartado. Igualmente, no podrá ser impuesta una pena
más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido
cometida. Claro, esto es un plus que no contiene nuestra ley fundamental.
No se puede imponer una pena más grave que la prevista en el Código Penal
en el momento en que se comete la infracción. Principio de legalidad
extendida a no solo anula un crimen, sino a la anula pena, a la previsión
de la pena. ¿Qué ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la
sentencia de Río Prada? Pues crear un nuevo derecho fundamental en nuestro
sistema jurídico. Al igual como aconteció, por poner un ejemplo, con la
sentencia de López Ostra contra España, una sentencia del año 1994, en
que la familia López Ostra vivía en un pueblo de Murcia, en Lorca
concretamente, en donde se le instaló al lado de su casa, en la casa de su
abuelo, en la casa de su hija, una depuradora, que causaba tal mal olor que
no podían vivir ahí. Y recurrido ante el Tribunal Constitucional por
inviolabilidad del domicilio. Nosotros nos quedamos perplejos, pero ¿qué
inviolabilidad se comete del domicilio con una industria maloliente?
Siempre habíamos creído que la inviolabilidad del domicilio sucedía
cuando un tercero, fundamentalmente cuando una autoridad, una humana
política... La policía entraba sin mandamiento en el domicilio de un
particular y no admitimos el amparo. Y se recorrió ante el Tribunal
Europeo en donde, junto a la inviolabilidad del domicilio, el artículo 6
del convenio habla del derecho a la vida privada y familiar y a la
inviolabilidad del domicilio. Y por esta razón se estableció un nuevo
derecho fundamental en nuestro ordenamiento. A partir de entonces, los
malos olores, los ruidos, etcétera, pueden dar lugar a un amparo por
infracción del artículo 18.3 de la Constitución, interpretado con la
doctrina del Tribunal Europeo que ha generado un nuevo derecho fundamental.
Pues ahí, con López Ostra, va a suceder lo mismo. A partir de ahora, si
se condena por una pena más grave que la prevista en el Código Penal, se
infringirá el principio de legalidad y el Tribunal Constitucional tendrá
que estimar los recursos de amparo a diferencia de lo que hizo con estos
recursos. Bien. Hasta aquí, no hay nada que reprochar al Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. Y lo que hay que decir es que me parece absolutamente
desproporcionada e injustificada las críticas que han efectuado
determinados personajes de la derecha más bien extrema contra el
magistrado López Guerra. A Luis López Guerra se le ha llamado de todo,
¿no? Por algunas... ...voces extremistas. Yo creo que a las resoluciones
judiciales, todas, pueden ser criticadas. Lo que no se puede es insultar a
nadie. El señor López Guerra fue un gran magistrado del Tribunal
Constitucional y lo es del Tribunal Europeo. En aquella época aplicó la
Constitución, ahora aplica el artículo 7 del Convenio Europeo y no
podemos hacerle ningún reproche. Ni mucho menos jugar con el sentimiento
legítimo... ...de vindicta y de indignación que tienen las víctimas del
terrorismo. Mucho menos hacer política con las víctimas del terrorismo.
Dicho esto, yo sin embargo no estoy en absoluto de acuerdo con la sentencia
pronunciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Inés
del Río. Y centro mi discrepancia en tres motivos. En primer lugar, en que
el Tribunal Europeo integra el principio de legalidad con el derecho
judicial, con la jurisprudencia. En segundo lugar, porque se excede el
fallo al disponer un fallo de condena, no solo declarativo de la violación
de los derechos del convenio, principio de legalidad, derecho a la libertad
y retroactividad de la norma penal, sino además, al ordenar, la inmediata
apuesta en libertad de doña Inés del Río. Y en tercer lugar también, el
haberse separado un tanto de su propia doctrina sobre el principio de
legalidad y la ejecución de las penas. Veamos un poco más detenidamente
mis motivos respetuosos de discrepancia. Dice el Tribunal Europeo,
concretamente, a ver si me sale la primera, en el parágrafo 91 de su
sentencia, que la noción de derecho utilizada en el artículo 7
corresponde a la de derecho que figura en otros artículos del convenio.
Incluye el derecho de origen, tanto legislativo como jurisprudencial, e
implica condiciones cualitativas como las de accesibilidad y
previsibilidad. es que la doctrina del Tribunal Supremo sobre el caso Parot
ha integrado el principio de legalidad. Por tanto, a partir de ahora,
cualquier separación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo puede
permitir abrir las puertas a un recurso de amparo. Y yo esto es lo que no
veo nada claro, porque es cierto que el derecho judicial a la
jurisprudencia es derecho. El derecho judicial existe, es cierto, pero no
es igual que el derecho legislado. El derecho legislado es permanente, es
estable. El derecho judicial, la jurisprudencia, es mutable. La función de
los tribunales no solo es aplicar la ley. Los jueces no son, como decía
Montesquieu, el aboga que pronuncia las palabras de la ley. Los jueces
crean derecho, y sobre todo crea derecho el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional. A través de la interpretación. A través de la
interpretación con arreglo a los valores sociales en el momento presente,
a los valores comunes de la sociedad en el momento presente. El poder
judicial, como diría Luhmann, es un poder incluso corrector de los otros
poderes del Estado que no saben dar una respuesta rápida y pronta a las
nuevas exigencias, a las nuevas necesidades sociales. Como dijeron Viakar o
Esser, de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho
judicial es un derecho en acción, un recht in verden. Es un derecho no
estable, es un derecho dinámico que se va creando y recreando
continuamente. Y claro, integrar la ley con el derecho judicial para
conformar todo ello, el principio de legalidad, es peligrosísimo.
¡Durado! Por poner los ejemplos del Código 73, el delito de violación,
405 del anterior Código Penal. El hombre que yaciera con mujer, tal, tal.
Bueno, la jurisprudencia del Supremo tuvo que ir evolucionando. ¿Por qué?
Pues porque en principio excluía la violación de una prostituta. Porque
el título del Código Penal rezaba de la honestidad y se consideraba que
el bien jurídico protegido era la honestidad. Una prostituta no tiene
honestidad, luego puede ser violada y la conducta es impune. Lo mismo la
violación de una mujer casada. Una mujer casada no puede ser violada
porque existe un débito conyugal y dentro de la concepción católica es
un fin del matrimonio la procreación. Y no hay violación de la mujer
casada. La violación de hombres entre sí, desgraciadamente en ocasiones
frecuente en los centros penitenciarios, como el 505 va a hacer con mujer,
no se podía. Antes del Código del 95, el Supremo fue ya evolucionando la
jurisprudencia. Empezó a afirmar que el bien jurídico protegido no era la
honestidad, sino la libertad sexual. Y por tanto incluso una prostituta, si
se la forzaba en contra de su voluntad, se convertía en un error. Se
convertía en un error, se cometía un delito de violación. Naturalmente
el Código Penal del 95 lo que hizo fue llevar a consagrar la nueva
jurisprudencia. Bien, estos derechos derogados, pero ¿qué les parece a
ustedes, por ejemplo, si yo les cito el artículo 268 del Código Penal
vigente? 268 contempla las excusas absolutorias entre parientes, entre
marido y mujer, entre clientes, descendientes, hermanos, etc. Si
convivieron juntos, si vivieron juntos, dice la norma. Pues bien, hay un
acuerdo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre del año 2000, que en
cuanto a los hermanos dice... Hay que exigir la convivencia entre hermanos.
A mí me parece un acuerdo totalmente desafortunado. De hecho, García
Calvo ya hizo un voto particular a ese acuerdo. Es decir, dos hermanos que
igual ni se conocen, uno puede ser adoptivo o vivir en la Conchinchina y el
otro en Málaga, viene aquí el de la Conchinchina, le roba al hermano y no
hay delito porque las cruces solutorias se cubren, convivan o no, los
demás no. En el caso del esposo y la mujer. Bueno, esta doctrina tendrá
que ser rectificada. Y si es rectificada, pues se condena a un hermano que
no convive con el otro. Pero no, no, se me ha perdonado el principio de
legalidad porque hasta ahora la interpretación jurisprudencial era esa. O
imaginémonos el concurso entre el delito de propiciar indebida y el de
adoptivo. En realidad son dos conductas muy similares, por no decir
idénticas. En uno se trae el dinero sin título y en otro se ocasiona un
perjuicio a la sociedad de un acuerdo abusivo. Bueno, si el Supremo dice en
un primer delito, en una primera jurisprudencia, no se puede condenar dos
veces el mismo hecho porque los preceptos vienen a decir lo mismo. Pues
está privado. Está cerrando las puertas a que posteriormente, si a un
ciudadano se le condena por los dos delitos, se le vulnera el principio de
legalidad. Quiero decir con estos ejemplos que no se puede integrar el
principio de legalidad con la jurisprudencia de los tribunales. Porque los
efectos que pueden suceder... El caso del señor Garzón, por poner otro
ejemplo. El señor Garzón ha sido condenado por una interpretación
jurisprudencial. Hasta la fecha, todo el mundo creía que el delito de
prevaricación... que consistía en dictar una solución ilegal, pero
absolutamente ilegal, flagrante, que contraveniera la ley. Eso es lo que
debería decir la jurisprudencia del Supremo. Pues no señor, en el caso
Garzón se le condena por violación del derecho al secreto, una sentencia
tribal constitucional sobre la violación del secreto profesional del
abogado unido a una interpretación gramatical de un precepto de la ley
general penitenciaria donde se podría disentir de si era una copulativa o
una disyuntiva. Es decir, el director de prisiones podrá intervenir un
teléfono en caso de terrorismo y la autoridad judicial, pero la autoridad
judicial solo en los delitos de terrorismo o prescindiendo de esos delitos.
Es decir, el Supremo lo que hizo fue una interpretación jurisprudencial y
modificó el principio de legalidad con esta doctrina parot, de manera que
el señor Garzón mañana puede ante el Tribunal Europeo, no sé lo que
habrá dicho su abogado, pero podría invocar la doctrina parot para
conseguir... ...la condena del Río de España. Yo creo que ha sido un
error flagrante el que el Tribunal Europeo incluya la jurisprudencia como
integradora del principio de legalidad. En segundo lugar estamos ante una
interpretación sobre la ejecución de la pena, porque es que la señora
Inés del Río fue condenada a mil años de privación de libertad. Es que
cometió 22 delitos de asesinato. Y lo que se trata es de una
interpretación en la ejecución de la pena privativa de libertad. Pues
bien, la sentencia de Inés del Río tiene dos votos particulares. Hay un
voto particular del juez Mahoney del Reino Unido, en el que cita entre
otras la sentencia Cafcaris contra Chipre. La sentencia Cafcaris contra
Chipre... Se había condenado al señor Cafcaris a cadena perpetua, pero
con redención de penas por el trabajo, como en España, el Partido de
España, el supuesto español. Y un reglamento penitenciario suprime la
redención de penas por el trabajo. Pues bien, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, en el caso de Cafcaris contra Chipre, no estimó la
violación del derecho a la libertad del artículo 7. Sin embargo, en el
caso Aires del Río, pues lo dice uno, es que no es un problema de
ejecución de la pena, es un problema de integración del principio de
legalidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Bueno, bueno, bueno.
Pero es un poco fuerte, ¿no?, esta sentencia. Y luego llegamos a mi tercer
motivo de discrepancia. La puesta en libertad inmediata de Doña Inés del
Río. Fallo, el segundo fallo condenado, bueno, el segundo o cuarto, no
recuerdo, que la demandante sea puesta en libertad en el más breve plazo.
Nosotros tuvimos una condena también al Reino de España en un tema de
terrorismo. En el caso Mesigué-Jabardo, en el caso Mesigué-Jabardo,
Barberá-Mesigué-Jabardo, ustedes recordarán, los más jóvenes no, pero
que un grupo terrorista llamado Terra Llura, en Barcelona, en Cataluña, le
pusieron una bomba, un dispositivo, en el pecho de un empresario para
conseguir un pago económico. Y este señor, cuando fue a casa, lo
manipuló. Explotó y murió, ¿no? En aquella época fue juzgado por la
Audiencia Nacional en el año 81. Nuestros tribunales, bueno, no teníamos
un sistema acusatorio, lo teníamos en la ley de escondimiento criminal,
pero que ha sido la gran olvidada en la época del franquismo, ¿eh? Pero
la ley de escondimiento criminal... venía diciendo que no todo documento
puede ser estimado de oficio por el tribunal, sino que solo los
presupuestos de pura precocididad. El Tribunal Constitucional, con la
presunción de inocencia del derecho al proceso contra la garantía, lo
único que hemos hecho ha sido desempolvar la ley de acudimiento criminal.
Porque la práctica forense, nuestro proceso penal era inquisitivo. Cuando
el detenido confesaba a todo el mundo ya estaba tranquilo. Pero, su
confesión pasaba a ser el resultado de hechos probados de la indagatoria.
Y ese resultado de hechos probados, perdón, del auto-deprocesamiento. Y
ese resultado de hechos probados del auto-deprocesamiento se convertía en
la conclusión primera del escrito de calificación del fiscal. Y esa
conclusión primera se convertía en el resultado de hechos probados de la
sentencia de condena. ¿No? Había un auténtico juicio con todas las
garantías. Claro, se juzgaron estos señores por la prueba documental
reproducida del número uno, del folio número uno, al dos mil y pico. El
Tribunal Europeo no esconde, ¿no? Pero, ojo, en esa sentencia, en esa
sentencia, no se atrevió a tanto. Solo declaró la vulneración del
derecho a la libertad. Entonces, estos señores acudieron ante el Tribunal
Constitucional. Pidieron su puesta inmediata en libertad. Y el Tribunal
Constitucional, con un voto particular de quien nos habla, os diré, la
puesta en libertad anuló la sentencia. Y el Supremo y estos señores
fueron puestos en libertad. ¿Por qué hice yo un voto particular? Hice un
voto particular porque dije ahí que el Tribunal Constitucional no podía
convertirse en un órgano de ejecución del Tribunal Europeo. Que el
Tribunal Europeo no es un tribunal constitucional. Es un tribunal que tiene
toda su legitimidad por obra de un tratado. Tratado que, además, tiene una
fuerza importantísima. ¿Por qué? Porque el 10.2 de nuestra Constitución
dice que interpretarán los pactos internacionales de derechos civiles y
políticos y los derechos humanos, interpretarán... en las normas
tuteladoras de los derechos fundamentales bien, pero eso no quiere decir
que el Tribunal Europeo sea un tribunal constitucional puede declarar como
hizo en el caso de Javardo, pero lo que no puede es anular sentencias de
ningún poder judicial de los estados europeos yo me opuse no conseguí
convencerles a mis colegas y salió por 11 a 1 esa sentencia y se pusieron
en libertad bien, fuimos el primer tribunal constitucional de Europa que
ejecutó en íntegro una sentencia del Tribunal Europeo porque los sistemas
de ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo no necesariamente pasan
por una restitución en íntegro sino puede haber una pretensión
resarcitoria es decir, el Tribunal Europeo puede ejecutarse a través de un
indulto o con una compensación económica etcétera, etcétera que se fija
si hay discrepancia entre el Estado y la Comisión Europea pues se fija en
el Consejo de Ministros del Tribunal Europeo aquí en esta sentencia como
verán ustedes el Tribunal Europeo da un paso más ordena el pronto
restablecimiento del derecho a la libertad de Doña Isabel Río hombre esto
conlleva una anulación importante implícita de la sentencia de la
Audiencia Nacional que la condenó porque se le condenó a 30 años de
imprevisión de libertad con la interpretación del Supremo y si no que se
ponga en libertad es que el Tribunal Europeo está implícitamente anulando
la sentencia de la Audiencia Nacional y la interpretación del Tribunal
Supremo sobre la doctrina Paro y eso es lo que creo yo que no que no es ya
tan correcto tan correcto pues bien les voy a contar una anécdota cuando
en el caso B.S.G. Jabardo el Tribunal Constitucional ordenar la puesta en
libertad de estos terroristas catalanes, a los cinco meses después de
haber sido el primer tribunal constitucional que ejecuta en íntegro una
sentencia del Tribunal Europeo, a los cinco meses nos condenó al Tribunal
Constitucional en el asunto de Ruiz Mateos, porque en una cuestión de
inconstitucionalidad no se había escuchado al señor Ruiz Mateos en el
Tribunal Constitucional. En aquella época nuestra ley orgánica solo daba
audiencia al justiciable en el proceso ordinario, pero no ante el
procedimiento de inconstitucionalidad. Pues bien, el Tribunal
Constitucional nos premió de esta manera. El Tribunal Constitucional nos
premió de esta manera, condenando al propio Tribunal Constitucional.
Bueno, yo creo aquí que debiéramos reflexionar todos y ser conscientes
del fracaso del Estado español frente a la doctrina Paró y frente a las,
en definitiva, frente a la ejecución de las sentencias del Tribunal
Europeo. y han mirado todo el mundo hacia el otro lado, porque bien podía
el Gobierno haber comparecido ante la audiencia internacional, el abogado
del Estado, decir, un momento, que yo voy a dar un indulto, en su caso, voy
a hacer un procedimiento de indulto, y pienso que desde un punto de vista
ideológico, La ejecución a través de un indulto hubiera sido mejor que
la que hizo la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Pues porque en un
procedimiento de indulto se escucha a la víctima y se puede hacer una
prognosis de la reinserción del imputado. Bueno, afortunadamente de estos
64 pistoleros ninguno ha vuelto a delinquir y afortunadamente de los 14
comunes, por emplear un término que a mí no me gusta ya, en una
democracia no hay delitos comunes ni ideológicos, pero no terroristas, han
vuelto a delinquir. Aunque, por poner sólo un ejemplo, en el caso... en el
caso de los crímenes de Alcácer, el señor Ricard, este asunto es de la
Audiencia Provincial de Valencia, el psiquiatra del Centro Penitenciario
dijo que era un enfermo y que volvería a delinquir. Y lo mismo ha ocurrido
con el llamado violador de la instancia o violador del ascensor. Salió de
la cárcel y volvió a violar. Había cometido una violación. Lo deseable
hubiera sido que hubieran pedido perdón a las víctimas. No ha sucedido
así, lo han visto como una victoria. Pero en el caso, sobre todo, de los
convictos de penas contra la libertad sexual y contra la vida humana, algo
falla en el ordenamiento penal español. Habría que pensar en medidas de
seguridad. Y ante estos casos, ¿por qué el ministro de Asuntos Exteriores
no ha ido al comité de ministros del Consejo de Europa y ha dicho, miren
ustedes, efectivamente hemos sacado a 60, a 70, pero hay dos o tres que nos
hemos ingresado en un establecimiento psiquiátrico? ¿Por qué? Porque
junto al derecho a la legalidad penal también está el derecho a la
integridad física, el derecho a la vida de otras personas. Yo creo que,
esto estoy hablando de ciencia ficción, no me tomen en serio, porque sé
que esto no es posible hoy en día hacerlo, pero sí podía el gobierno
haber dicho algo. No señor, la Audiencia Nacional se entiende. Se
precipita, se precipita, pero al día siguiente, sin siquiera esperar al
Tribunal Supremo a que dijera algo, porque el Tribunal Supremo dio un auto
sobre la doctrina, sobre la sentencia Inés Berrío, dio un acuerdo no
jurisdiccional el 27 de noviembre de 2013, es decir, casi dos meses
después de que la Audiencia Nacional hubiera puesto en libertad a todos
los presos, a todos los convictos, claro, yo creo que esto no es un buen
camino, lo normal hubiera sido que viene el gobierno a través de indulto,
viene la sala de lo penal del Tribunal Supremo, hubieran decidido cómo se
ejecutan las sentencias demandantes de Inés Berrío, pero aquí todo el
mundo miró a otro lado, miró a otro lado y la Audiencia Nacional se
lanzó a poner en libertad a todos estos convictos. Y yo no tengo nada que
objetar, por ejemplo, la sentencia de 22 de octubre, la de Inés Berrío de
puesta en libertad, la de 22 de octubre de 2013, porque lo que dice es
correctísimo. Si la jurisdicción ejecutara de manera adecuada la
sentencia, sería el Tribunal Constitucional que tendría que reaccionar
anulando una decisión contraria a derechos y a los derechos humanos
básicos del Convenio Europeo para amparar a la interesada. Pero me parece
ya un poco impertinente o fuera de lugar la loa de europeísmo de la
Audiencia Nacional, cuando en otra sentencia posterior, de 25 de octubre de
2013, dice lo siguiente. La aceptación y vinculación de todos los Estados
del Consejo de Europa a su jurisprudencia, y no sólo de los directamente
afectados por sus resoluciones, no sirve únicamente para la
homogenización del derecho europeo que compartimos, sino que especialmente
constituye una de nuestras señas de identidad cultural y de civilización
común europea. Separarse de ella no sólo implica una infracción de
obligaciones jurídicas internacionales, sino también distanciarlas.
Separarse de Europa y del sentido de su civilización. Aquí, yo creo que
tenemos un pecado de no ser europeos. Parece como si todavía estuviéramos
en aquella época donde se decía, Europa acaba los Pirineos, los
españoles somos de segunda, tenemos que seguir al Tribunal Europeo. Bueno,
a mí me parece que toda esta retórica está fuera de lugar, si se piensa
que el sistema de protección judicial de derechos fundamentales, que tiene
España, es de los mejores de Europa, junto con el alemán, somos los
mejores. Tenemos muchas menos condenas que los demás Estados. España
entró junto con Francia en el año 81, aceptó la jurisdicción del
Tribunal Europeo. Les puedo decir que Francia ha tenido doble de condenas
que España. Que tenemos tres veces o cuatro veces menos que Italia. Que el
número de condenas que tenemos... Y luego la sentencia de Guilderio, pues,
ha conllevado la... La enhorabuena del presidente del Tribunal Europeo, del
presidente del Consejo de Europa, de España, ha cumplido fielmente las
sentencias. Pero, ministro, yo no creo que Alemania o Inglaterra hubieran
puesto esta condena. Personalmente no lo creo. Y si hubiera sido así, no
creo que la ejecución de esa condena hubiera sido de la misma manera como
lo hemos hecho nosotros. De manera que creo que debiéramos entonar una mea
culpa y sobre todo pedirle al Poder Legislativo, al Ministerio de Justicia,
que elegirle. Que haga un procedimiento. Que haga un procedimiento de
ejecución para que esto no nos vuelva a ocurrir. Y bien, yo no os canso
más y no quiero ponerme tampoco un plan dramático porque hoy empieza la
primavera y es un día espléndido en esta bellísima ciudad de Málaga.
Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier
debate o pregunta, intervención y, por supuesto, polémica o crítica de
las ideas equivocadas que les habéis... ...dispuesto. Aquel señor pide la
palabra. ...de hecho, que la justifica de ventas. Yo creo que no es...
porque evidentemente eso... ...en otra cuestión sería caer a perfecto.
Tiene que caer a perfecto. Pero antes de que yo cometa el delito, lo que no
va... es que yo robé una bicicleta, que ahora se castiga por 10 días de
multa y que me metan a la cárcel dos años. Eso es un principio elemental
y no hace falta ni estudiar Derecho. Por eso entiendo y analizo y afirmo
como el diario español lo deduzco, que los jueces del Supremo fueron
presionados por los políticos del gobierno actual y muchos partidos de
España para que fallaran a sabiendas, y no digo que prevalecieron, pero
casi a sabiendas de que eso era en una sentencia absolutamente ilegal,
inmoral, injusta, etc. Por eso yo no estoy de acuerdo con hacer ningún
etapa, pero no se puede hacer esto. Pongo una ley ahora y a partir de
ahora, pena de muerte, cadena perfecta, lo que haga falta para ser un país
legalista, no solo porque se ha llevado a la Constitución en esa
sentencia, sino que va a tener sus manos y pienso que es sentido común. Lo
que yo digo es un análisis político y por eso mantengo esa presión
inmoral de los políticos para justificar si el señor creo que tiene que
haber fallado de otra forma. Exactamente como dijo ese matizador. Pues ya
ha recordado y que la gente se tiró hacia él. Yo también creo que todo
está manchado de algo político, pero en parte es sentido común haber
nunca... No, no, su opinión es naturalmente perfectamente respetable como
todas y tengo que decir que hubieron penalistas que criticaron ya la
doctrina Parot en el momento en que el Supremo lo afirmó. Es decir, yo no
estoy de acuerdo con la doctrina Parot, tampoco estoy de acuerdo con la
doctrina del Tribunal Supremo. Pero eso no quiere decir a que en otros
asuntos, asuntos kafkaris, bueno, se suprime la reelección de Pérez
Baltago por un reglamento y ahí no hay privación de libertad. Y lo de
poner en libertad a un... que se ponga inmediatamente en libertad a los
niños del río. Estos restablecimientos de derechos fundamentales, el
Tribunal Europeo los tiene que hacer, tiene que hacer. En casos de...
Condena esa pena de muerte. de torturas en las detenciones, toda la
jurisprudencia que cita para justificar esa solución del restablecimiento
del derecho vulnerado inmediatamente es jurisprudencia proveniente de los
antiguos países del este. Algunos todavía tienen la pena de muerte. Yo
comprendo que en estos casos el Tribunal Europeo no oye a la sentencia,
sino incluso en una resolución provisional al principio del procedimiento
debe ordenar la suspensión de las torturas, pero, hombre, ordenar la
puesta en libertad es un plus que creo que ha provocado una cierta, no me
gusta utilizar este término, una cierta alarma en la sociedad española,
no me gusta utilizar el término alarma social porque viene del
nacionalsocialismo. Sí. Sí, en relación con el oyente y en relación con
el... Antonio. Se ha hablado de una integración como integrante del
principio de la ley, de manera que la interpretación más favorable se
incorporaría materialmente a la ley de modo que si un tribunal se aparta
de la interpretación jurisprudencial más favorable afectaría al
principio de la ley, puesto que perjudicaría... No, no, no, no, no, no.
Bien, pero yo quiero hacer una reflexión y es la relativa a por qué se
produce la doctrina PAROT. La doctrina PAROT, que desde el punto de vista
no es más que un cambio de interpretación jurisprudencial sobre la
eficacia de los beneficios penitenciarios en relación con el parámetro de
pago. Es decir, sabemos que el problema está en la acumulación jurídica
de las penas, no hay una suma material de las condenas, hay un límite
máximo de cumplimiento, pero se discute en un momento determinado el
beneficio penitenciario sobre qué parámetro juega, la pena máxima a
cumplir o la totalidad de las penas impuestas. Claro, se interpretó que el
límite, o sea, que la teoría del beneficio penitenciario jugaba en torno
al límite máximo de cumplimiento, a la acumulación, pero hay un momento
determinado que la jurisprudencia cambia el beneficio penitenciario. No es
un problema de legalidad, el marco penal, las penas están actualizadas en
el Código Penal, es la interpretación jurisprudencial acerca de a dónde
referimos el beneficio penitenciario sobre la magnitud de pena a cumplir y
este fue el origen de ese proceso favorable que después se corregía con
la doctrina PAROT. Yo creo que esto fue así, viendo el Código 73, viendo
el Código actual, ahí no se ven... no hay magnitudes a comparar que una
pena máxima en relación con la pena de acumulación jurídica. A mí lo
que me llama la atención de la sentencia del tribunal de los derechos
humanos es el papel que se reserva a la víctima, es decir, a las
víctimas, en este caso a las víctimas. Más y menos cuando me consta que
hay magistrados que forman parte de ese tribunal que tienen una cultura
jurídica donde se reconoce, por ejemplo, la pena perpetua por un hecho
aislado, hecho aislado, claro, el asesinato de un perdedor, puede dar lugar
en algunos países miembros de este tribunal europeo donde se permite y se
estima la constitucionalidad de un grupo teniente de esa clase. Cosa que
nosotros, como es conocido, no permitimos. Entonces, a mí lo que me llama
la atención es ante la monstruosidad de alguien que la Policía Nacional
ha declarado convicto de un número muy importante de asesinatos, de cómo
no hay una ponderación de intereses entre todos los cuales se valore lo
que fue en su momento como cambio de interpretación policial respecto de
la materialidad de una fuerza de libertad de una persona a todas luces que
se produce de forma anticipada. Eso es lo que a mí me llama realmente la
atención. No sé si el ponente está... Sí. No sé si el ponente está de
acuerdo o no está de acuerdo. No está derogada, ¿eh? Ojo. Vamos a ver.
El Tribunal Europeo condena también por la previsibilidad. Doña Inés del
Río estuvo trabajando, pensando que se le iba a redimir su condena, al
igual que los demás presos y que iba a, como decía el fiscal, se le iba a
computar dentro de un hecho, dentro de un delito. Y por esa previsibilidad,
esa falta de previsibilidad, de alguna manera el Tribunal Europeo estima el
emparo o demanda individual de Inés del Río. Pero ahora, esa doctrina del
Supremo sobre la doctrina de Parot, con el auto de... El 26 de noviembre de
2013, permanece en vigor para los condenados con posterioridad al año
2006. Y ya es previsible. Los condenados, a partir del año 2006, saben que
está la doctrina Parot y no pueden decir que, aunque el supuesto es de
gabinete. En realidad, el Tribunal Supremo, de alguna manera, ha querido
ahí, pues, decir que su doctrina... Es válida, ¿no? Porque a partir del
2006 ya está el Código Penal del 95. Ya no hay redención de penas por el
trabajo, ¿no? Pero, en definitiva, la realidad de los hechos es que el
Supremo sigue manteniendo la vigencia de la doctrina Parot. Y tiene su
parte de error. Ahora es previsible. Ahora un preso debe saber que si
comete 22 asesinatos o dos... Pues... Se expone a estar hasta los 30 años.
Más intervenciones. Sí. El de Internet nos han preguntado también. Y nos
preguntan cómo regularía yo esta materia, cómo se hubiera ejecutado.
Hombre, pues yo creo que hay otras alternativas. Miren ustedes, hay un
protocolo reciente del Consejo de Europa, el número 15, protocolo número
15, del 17 de diciembre de 2012, que lo cita la sentencia. Dice en el
artículo primero que las altas partes contratantes, ellas gozan de un
margen de apreciación sobre la ejecución de la pena bajo el control del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, la ejecución de las penas
no puede ser automática. Las altas partes contratantes han de tener un
margen de apreciación. Dice este reciente protocolo. Bueno, pues en casos
límites como los que yo he dicho, del señor Ricardo o el señor X, con
respecto al cual hay informe psiquiátrico de que cuando se ha puesto en
libertad va a volver a delinquir, que permanezca hasta que se cure. Se le
paga a razón de 30.000 euros el año de privación de libertad. Entonces,
se sustituye esa prestación de hacer por otra de indemnización de daños
y perjuicios en estos casos. ¿Por qué? Pues porque tan derechos
fundamentales como he dicho antes, el derecho al principio de legalidad,
como el derecho a la vida humana de las demás víctimas potenciales,
siempre y cuando ese pronóstico sea correcto naturalmente. Tratamiento
psiquiátrico. Pero no, no se puede, la sociedad tiene que defenderse
frente a estos ciudadanos. Sí. Igual, no, mire usted. Mire usted. No, no,
mire usted. Usted me creerá o no, ese es su problema. Pero yo le puedo
decir que como magistrado constitucional, a mí nunca me ha dicho nadie,
ningún ministro, ni presidente del gobierno de nadie, me ha dicho nada de
cómo tengo que votar. Y yo pienso en la integridad y en la honestidad de
los magistrados españoles. Y si este país lo regala alguien, es el Poder
Judicial, ¿eh? Ojo, que si no fuera por el Poder Judicial, la corrupción
anda por ahí campando por sus respetos. El único poder que puede hacer
que este país levante cabezas es el Poder Judicial. Tenemos un capitalismo
especulador al lado de los políticos. Y eso no genera puestos de trabajo.
Y eso hay que limpiarlo, y lo están limpiando los fiscales y los jueces de
este país. Y a mí yo no tengo ninguna duda acerca de la honestidad y la
probidad y el buen hacer de nuestro Poder Judicial y nuestra Fiscalía.
Bueno, ese es otro tema, perdone usted. Muy bien, ese es otro tema, pero no
confundamos. No estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho de que el
Supremo, cuando hace la doctrina de paro, es porque los políticos se lo
dicen. No soy yo, no estoy de acuerdo. Bueno, es que el principio de
proporcionalidad es otra cosa. El principio de proporcionalidad tiene que
ver con las resoluciones limitativas de derechos fundamentales. Cuando la
autoridad judicial o el Poder Ejecutivo adopta una resolución limitativa
de derechos fundamentales, pues tiene que conocer las notas esenciales del
principio de proporcionalidad. Yo no veo qué tiene que ver aquí el
principio de proporcionalidad con la de la realidad.