Vamos a estudiar el manual del profesor Carlos Basarte, que al fin y al
cabo es de lo que nos vamos a examinar. Naturalmente cualquier duda que
tengáis durante la tutoría, decírmela y si no estuviera en mi mano vamos
a resolverla inmediatamente, os lo diría por correo. Bueno, igualmente si
dentro de unos días tenéis cualquier duda o cualquier dificultad,
hacérmela saber a la dirección de correo jgnoplejas.bruselas.uned.es Yo
estudié Derecho en la Universidad Compuntense hace ya bastante tiempo.
Estudié también notarías mucho tiempo y tengo bastante práctica
notarial, tengo también bastante práctica sobre todo en materia de
Derecho Privado, Civil, Mercantil en la Abogacía. Y bueno, la verdad que
como todos vosotros, los presentes y los ausentes, estamos de los Pirineos
para arriba, ¿no? Estamos fuera de... De España y cansados de tanto
verde, de tanta agua y de tanta nube. Yo es que llevo aquí pues cerca ya,
muy cerquita, para 30 años. Y la verdad que algunas veces echamos de menos
más que el paisaje y también las costumbres, no digo las fiestas de
España, sino la mentalidad. La mentalidad. Hoy he tenido ocasión de ver
muy poco del telediario, pero lo que he visto en Londres, que ha aparecido
en las redes sociales, un cabeza rapada en el metro, no sé si decirle sin
hoste ni moste o habría mediado algo, le da un polletazo en la cabeza a un
chico, yo creo que era de Bangladesh, acompañado este chico de su mujer.
La mujer sale, o que se baja en una estación el agresor, se lanza como una
fiera insultándole detrás la mujer y es un orgullo para mí y para todos
los españoles, es de Sevilla y reaccionó como una buena sevillana y como
buena andaluza. Vamos, sea cabeza rapada o león de Bangladesh. Bueno.
Bueno, dicho esto, vamos a entrar en el estudio del tema 6, que se refiere
al derecho de la persona, la condición de persona, los derechos de la
personalidad. Bueno, desde el punto de vista etimológico, aunque no lo
diga la sarte, creo recordar que la palabra persona viene del latín, se
compone de la preposición per, que es por o atrás. A través de y zona
viene del verbo sonare, sono, sona, sonare, sonavi, sonatum, que significa
sonar o resonar, con la preposición per. Y inicialmente en la antigua Roma
el vocablo persona se usaba para referirse a las caretas que llevaban los
actores en los escenarios andando el tiempo y los siglos. Pasa del teatro a
la vida social y a la vida civil en general y se refiere a los titulares de
derechos y obligaciones. Bueno, con el manual de las artes, y por favor me
interrumpís cuando tengáis a bien, la primera cuestión se refiere al
derecho de la persona. Bueno, el derecho civil, dice este profesor, en su
conjunto puede identificarse con el derecho de la persona en sentido
estricto, en cuanto el objeto propio de las instituciones que aborda,
reducido a su mínimo común denominador, es la persona en sí misma
considerada sin atributo alguno complementario. Sin embargo, la expresión
derecho de la persona se utiliza también con un significado más preciso
para referirse al conjunto normativo que regula el derecho de la persona.
La capacidad de obrar de las personas físicas o naturales y su inclusión
en la sociedad. En este sentido, el derecho de la persona sería un
subsector del derecho objetivo que, de modo general, coincide con la
temática desarrollada en este y en otros capítulos. Una división
sistemática más del derecho que en sí misma no tiene más importancia
que la meramente descriptiva. Y con ello entramos en el estudio de la
segunda pregunta que se refiere a la personalidad. Capacidad jurídica y
capacidad de obrar. Al hablar jurídicamente de personalidad, nos estamos
refiriendo al reconocimiento de alguien como sujeto de derechos y
obligaciones. Bien porque naturalmente sea idóneo para ello la persona,
bien porque el derecho positivo así lo ha estimado conveniente,
convirtiendo a un conjunto de ciudadanos con igual ideología política en
una nueva persona, en una asociación. Llamada partido político, por
ejemplo. Y quien dice partido puede ser también de fútbol, un club de
fútbol, de natación. o de traineras o de piragüismo. Lo cierto es que el
nacimiento de una persona o la constitución de una persona jurídica
conlleva inmediatamente la consecuencia de considerarla como un miembro
más de la comunidad en que se inserta, en cuanto su propia génesis puede
dar origen a derechos y obligaciones de inmediato, aun cuando tal persona
no pueda saberlo o no pueda llevarlos a la práctica. La contraposición
apuntada entre ser titular de derechos y obligaciones y ser capaz de
ejercitarlos tiene enormes consecuencias teóricas y prácticas. Por ello
la doctrina se ha esforzado siempre en recalcar para evitar equívocos.
Para evitar ello, con términos técnicos, se han acuñado las expresiones
a que se refiere este epígrafe del tema. La capacidad jurídica significa
el tener la aptitud, la idoneidad necesarias para ser titular de derechos y
obligaciones. el tener la aptitud, la idoneidad necesarias para ser titular
de derechos y obligaciones que sean imputables o deferibles. Se afirma por
consiguiente que la capacidad jurídica no es susceptible de graduaciones o
matizaciones. Se tiene o no se tiene, se es persona o no se es persona, con
lo que, al fin y al cabo, los términos capacidad jurídica y personalidad
vienen a coincidir. Por contra, la capacidad de obrar permite graduar y
subdividir en atención al tipo de acto que se pretende realizar por parte
del sujeto de derecho en concreto. Así, por ejemplo, si a un menor de edad
se le permite hacer testamento a partir de los 14 años, no basta ser mayor
de edad para poder adoptar, sino que es necesario haber cumplido a la edad
de 25 años. Por consiguiente, desde el punto de vista meramente práctico,
la que adquiere relevancia es la capacidad de obrar que, en cada caso,
permitirá dilucidar si el sujeto de derecho puede realizar o no un
determinado acto con eficacia jurídica. La igualdad esencial de las
personas. Capacidad jurídica no significa posibilidad de actuar, sino
simplemente la posibilidad abstracta, teórica, de encontrarse en
situaciones originadoras de derechos y obligaciones que pueden darse a lo
largo de la vida de un sujeto y tiene un valor fundamentalmente ético o
sociopolítico. Colocar a todas las personas. Y ahora habría que limitar
la exposición a las personas físicas en un punto de partida presidido por
la idea de igualdad, igualdad, rechazando cualquier diferenciación o
discriminación. En este sentido se pronuncia precisamente el artículo 14
de la Constitución vigente, el primero que se refiere a los derechos y
libertades de los ciudadanos, el cual establece que los españoles somos
iguales ante la ley, no iguales entre sí, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de cualquier circunstancia personal o
social. Esta es la Constitución. Y ojalá se cumpliera como todos los
demás artículos. No sé, ahora me acuerdo también que todos los
españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Ojalá se cumpliera. Y
ojalá se cumpliera primero lo que acabamos de decir de la igualdad. La
identidad básica en nuestro texto legal, en nuestro primer texto legal, y
la idea de personalidad defendida por los privatistas contemporáneos,
reclamando la igualdecencia de las personas. No es de extrañar. En
definitiva, son los efectos desarrollados por el principio revolucionario
liberal de igualdad ante la ley consagrado en la Revolución Francesa. Con
el triunfo de esta se erradican definitivamente los sistemas jurídicos del
antiguo régimen, cuyas pautas de desarrollo erradicaban precisamente la
discriminación entre seres humanos y en la diversificación de conjuntos
normativos que por clases o sectores les resultaban aplicables a cada grupo
de personas. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión que
lleva por epígrafe el estado civil de las personas. El hecho innegable,
dice Lazarte, de que la capacidad de obrar es objeto de regulación precisa
por las normas jurídicas estableciendo graduaciones de aquella, lleva a la
mayor parte de la doctrina a considerar que la descripción de la capacidad
de obrar de determinados grupos de personas requiere acudir a un concepto
genérico para explicarlo. Este concepto es el estado civil, de difícil
concreción y explicación incluso para partidarios de su mantenimiento. La
cuestión carecería de importancia si no fuese porque, a la vez, la
doctrina está obligada a explicar ciertas referencias normativas en las
que explícitamente el legislador utiliza la expresión estado civil. En
explicación de estos datos normativos se ofrece por lo general una visión
del estado civil o mejor, de los estados civiles de la sociedad. Los
estados civiles de la persona, por cuya virtud un concepto meramente
instrumental se convierte en eje medular del estudio del derecho de la
persona invirtiendo, por añadidura, la médula de la cuestión, como vamos
luego a ver. La mayor parte de la doctrina afirma que los estados civiles
son situaciones permanentes o relativamente estables o cualidades de la
persona que vienen a predeterminar la capacidad de obrar de ésta
debiéndose en consecuencia señalar como estados civiles los siguientes.
1. El matrimonio y la filiación, en cuanto determinan un cierto estado de
familia en las relaciones entre cónyuges y de los cónyuges con los hijos.
2. La edad desde una doble perspectiva, la mayoría de edad porque otorga
plenitud en la capacidad de obrar a quien la alcanza y la menor edad por
cuanto la conclusión debe ser la contraria. 3. La incapacitación
judicialmente declarada ya que priva de capacidad a quien la sufra. 4. La
nacionalidad y vecindad civil como determinantes de derechos y deberes de
las personas. Las restantes cualidades, condiciones y situaciones de las
personas no deberían ser consideradas estados civiles dada su
transitoriedad o accidentalidad con relación a la capacidad de obrar de la
persona. Así, por ejemplo, a juicio del profesor Federico de Castro, entre
otros, no deberían considerarse estados civiles la ausencia declarada,
primero, segundo, las restricciones de capacidad impuestas al concursado y
al quebrado, tercero, el desempeño de cargos y funciones, aun en el caso
de compartir un determinado régimen de derechos y obligaciones, como
ocurriría en el desempeño de la patria potestad y en el ejercicio de la
representación legal. El planteamiento constitucional. Bien, prescindiendo
de los precedentes históricos, digamos que nuestra vigente Constitución
dice la sorte que es un valor entendido para referirse a los extremos
relacionados con la persona que podía afectar a su dignidad —que
actualmente es un valor constitucional— en el artículo 10.1 de la
constitución. Conectando la dignidad de la persona con principios de
igualdad ante la ley debe llegarse a la conclusión de que la idea del
estado civil debe abandonarse por pertenecer a un pasado. En efecto, El
mantenimiento del concepto es simplemente un espejismo más de la
pretendida perennidad del derecho romano y de la sociedad estamental, que
precedieron a la construcción del derecho civil contemporáneo a partir de
la Revolución Francesa y de la Codificación. A. La trilogía Estado de
libertad, Estado de ciudadanía y Estado de familia, status libertatis,
status civitatis y status familie, característica del derecho romano cuya
virtud se negaba a la condición de sujeto de derecho a que no fuera
simultáneamente libre. frente al esclavo, ciudadano o romano frente al
latino o al peregrino y sui iuris frente al alien iuris no puede verse
reproducida aunque sea mitigada en su evidente rigor inicial a través de
la autoría de los estados civiles. b. Tampoco debe seguirse proyectando en
la actualidad el entender como el ave media el estatus como una condición
o manera en la que los hombres viven o están, partida 4. Es curioso que se
decía solamente los hombres la verdad que las mujeres hasta bien hace bien
poco la verdad que tenían los derechos que pueden tener en cualquier país
del ámbito árabe yo me he encontrado aquí en Bélgica la posibilidad de
aplicar el código de familia de un país por ejemplo no digo ya Túnez que
se ha modificado afortunadamente Argelia y la verdad que yo creo que una
silla una mesa tiene más derechos en Argelia que una mujer estoy hablando
en el ámbito por ejemplo del derecho de sucesiones estoy hablando en el
ámbito del derecho de familia no hablo de derechos políticos de votar o
no votar lo cual significa la diferencia de graduación que nos creemos que
bueno nos creemos que efectivamente vivimos en un mundo de progreso pero no
tan lejos pues hay sociedades que viven todavía en la edad media incluso
algunas previas a la edad media estrictamente considerada en cuanto a la
línea de juiciamiento del año 2000 reformado el 7 de enero Entre los
pocos procedimientos especiales que la ley de enjuiciamiento reformada en
ese año consideró oportuno mantener, regula, artículos 748 a 781, ambos
inclusive, los procedimientos sobre capacidad, filiación, matrimonio y
menores. Existe una cerrada coincidencia temática entre las situaciones
estables de la persona tradicionalmente consideradas como estados civiles y
el contenido del título dedicado a regular una serie de procesos o
litigios en asuntos de capacidad, filiación y matrimonio. Sin embargo,
respecto de los procedimientos especiales, ni la exposición de motivos de
la ley de enjuiciamiento civil ni el texto articulado correspondiente
recurren ni una sola vez al uso del giro estado civil, sino exactamente a
la denominación técnica. de la asunto o cuestión que en cada caso
resulta oportuno, capacidad o incapacitación, determinación e
impugnación de la filiación, protección de menores, etc. Al tiempo que
el artículo 751 establece como regla que, en los procesos a que se refiere
este título, no surgirán efecto la renuncia, el allanamiento ni la
transacción por tratarse de procesos en los que se ventilan cuestiones que
en general no son susceptibles de libre disponibilidad para las personas
oprimidas. Este artículo se refiere a la renuncia, que no es preciso
explicar, el allanamiento que es el asentimiento de la parte demandada al
contenido de la parte demandante, es decir, la parte que reclama, ni la
transacción. La transacción es un contrato que nuestro código recoge
literalmente del code civil francés de Napoleón diciendo más o menos que
es el contrato por el cual las partes, dando, prometiendo, reteniendo
alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen fin al que habían
comenzado. Para llegar a esta última conclusión, en relación, dice la
Sarte, por ejemplo con la modificación del alcance de la incapacitación,
la ley de juiciamiento reformada al año 2000 no recurre al camino torcido
de atribuirle previamente el carácter de Estado civil y seguidamente
establecer que las acciones relativas al Estado civil son indispensables,
sino que simplemente declara que no se puede transigir sobre capacidad ni
negociar con la incapacitación de las personas por ser cuestiones
reservadas a reglas de derecho imperativo dada su general trascendencia.
Dicho lo anterior, conviene advertir que también la nueva ley contiene a
lo largo de su articulado al menos dos referencias al Estado civil, pero
sin duda alguna con un claro sentido y carácter marginal frente a lo antes
desarrollado. Con lo cual, entramos en el estudio de la siguiente cuestión
que lleva por título el nacimiento. Requisitos para la atribución de la
personalidad jurídica. La adquisición de la personalidad por parte de los
seres humanos y la consolidación de la genérica y abstracta capacidad
jurídica de los mismos tiene lugar con el nacimiento. En este sentido ha
sido terminante el primer inciso del artículo 29. El nacimiento determina
la personalidad estableciendo, tradicionalmente, nuestro conocimiento, con
anterioridad a julio de 2011, en el antiguo artículo 30, dos requisitos
respecto del nacido para que este efecto se produjera. Primero, tener
figura humana y el segundo, vivir 24 horas enteramente desprendido del seno
materno. Este plazo ha regido en nuestro derecho hasta la aprobación de la
ley de 21 de julio de 2011 del registro civil cuya disposición final es la
de la personalidad jurídica. Tercero, prever que de manera inmediata a
partir del día siguiente de la publicación en el boletín oficial de
dicha ley, la redacción del artículo 30 del Código pase a firmar. que la
personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida y
enteramente desprendido del seno materno. Permitidme una mera referencia,
ya que hay un tema que se refiere al registro civil, que esta ley hecha el
año 2011, de 21 de julio, la nueva ley de registro civil, que viene a
derogar casi prácticamente en su totalidad la ley hasta ahora vigente del
registro civil, sigue estando esta, la antigua, vigente, porque con estos
chanchullos que estamos viviendo en la política española, que no sabemos
lo que puede pasar, no digo mañana, sino dentro de medio minuto o dentro
de media hora, pues ha ido retrasando su entrada en vigor porque parte, a
mi modo de ver, con los pies en el suelo y con los presupuestos y recortes
que han venido después con motivo de la crisis. El legislador español se
cree que estamos en el país de las maravillas de Alicia, nada menos. Y
claro, parte de que existe un registro civil digitalizado. Bueno, pues no
está digitalizado. Por muy... Mucho que quiera el Ministerio de Justicia,
desde hace años, hay que tener los pies en el suelo y promulgar leyes que
se puedan llevar a la práctica. ¿Qué pasa? Que el gobierno, que es el de
ahora, que está en funciones, aunque todavía estaba en su legislatura, no
estaba en funciones, tuvo que, el año 2015, el pasado año, si mal no me
acuerdo, ha ampliado por ahora la vigencia hasta, creo que finales, no sé
si el 30 de junio del año próximo, 2017, por ahora. Ya veremos... Ya
veremos lo que ocurre el 30 de junio de 2017. Mientras tanto, nos enteramos
que, no sé, no son miles de euros, algo más de un millón y medio o dos,
no recuerdo la cifra exacta, los diputados han cargado eso al presupuesto
público de viajes al extranjero. Bueno, cuando realmente no estaban,
vamos, es que podían ser viajes también dentro del interior de la
geografía española, no, pero eran viajes al extranjero, diciendo, si
estos no trabajan en las cortes, que es su oficina y su centro de trabajo,
¿qué rayos tienen que hacer de viajes al extranjero? Si no es turismo y
vacaciones. No lo entiendo. No lo entiendo y yo creo que, visto... Desde
fuera de España, pues la verdad que, no sé, da bastante, no ya pena, sino
rabia. Es lo que da cuando conocemos y vemos cada día y cada noche
situaciones como la que comento. Bueno, vamos a bajar el diapasón, como
diría uno de mis maestros, y decir que... En consecuencia, esta supresión
del plazo de la vida extrauterina anteriormente vigente supone el que las
personas nacidas vivas, aunque no lleguen a superar las 24 horas de vida
independiente, adquirirán personalidad y, por tanto, habrán de ser
consideradas a todos los efectos como personas nacidas e inmediatamente
fallecidas, lo que no mejora mucho la perspectiva normativa previamente
vigente que quizás debía ser considerada más cauta y prudente. Bien, ni
qué decir tiene que en la relación del... artículo en vigor introducida
por la ley de 2011, cualquier consideración... a lo antes llamado figura
humana, debe tenerse radicalmente por innecesaria e inoportuna. Lo que sí
es fundamental es, en la antigua legislación, era vivir 24 horas
enteramente desprendido del seno materno, lo cual también se ha suprimido.
A este respecto, recuerdo una anécdota de un profesional del derecho. Era,
y me lo contó él, un abogado del Estado que ha muerto hace ya por lo
menos 15 años o más. Murió en un accidente de tráfico en la provincia
de Segovia cuando iba de Madrid a Segovia a una reunión y murió en un
accidente de tráfico. Y este hombre me decía que cuando nace su primer
hijo, se va a lanzar al registro civil y va a la ventanilla para inscribir
a su primera criatura. Pero claro, al enseñar el certificado médico, el
funcionario que estaba allí con muy buen criterio le dijo, perdone, vuelva
usted mañana porque no es persona. ¿Cómo que no es persona? Y la verdad
que agachó la cabeza y se fue el hombre avergonzado y así me lo dijo. Y
le dije, no le dijiste que eras abogado del Estado. Dice, hombre, si le
digo que soy abogado del Estado, pues la verdad que el hombre estaba
legitimado para tirarme a la cabeza todos los códigos, ¿no? Ese era un
abogado del Estado. Que me contaba también, el hombre se leía todos los
días por obligación, naturalmente, no solamente en las cámaras, pero
también en las cámaras. el diario de la provincia y el boletín
municipal, en este caso de Madrid, todos los días. Y me decía, el
legislador español está basándose o fundamentándose en normas
jurídicas que él no se ha enterado, pero mirando varios boletines de un
mes o de hace 20 días, habían derogado esas normas en las que está
apoyando el mismo legislador español. Lo cual da mucho que pensar y en la
necesidad de reformas, pero de carácter no superficial, sino de carácter
estructural. Lo que hay que cambiar yo creo que son en España los
cimientos, no es cuestión de pintura ni cambiar un tabique, es cuestión
de... ...de cimientos que quizá no los hay. Bien, ¿qué ocurre en cuanto
al momento del nacimiento en caso de partos múltiples? El nacimiento se
produce en el instante mismo en que el feto se independiza de la madre y se
produce la atribución de la personalidad en ese momento exacto del
nacimiento, cuya determinación en determinadas ocasiones puede tener
importancia. Por ello, la legislación requiere que en la inscripción de
nacimiento en el registro civil conste, además de la fecha, la hora del
nacimiento. En la práctica... ...no obstante, no es extraño que el parte
médico y la declaración de los padres alteren algunas horas el hecho del
nacimiento para hacerlo coincidir con un día cercano de especial
remuneración para la familia. La determinación del momento del nacimiento
adquiere particular relevancia en caso de que en un mismo embarazo la madre
haya concebido más de un hijo, mellizos o gemelos, trillizos, ya que en
estos casos resulta necesario fijar cuál de ellos ha de ser considerado el
mayor. El código contempla la cuestión afirmado que en caso de partos
dobles o múltiples corresponden al primer nacido los derechos que la ley
reconozca al primogénito. En esta idea insiste el artículo 170 del
Reglamento del Registro Civil, para el cual en los partos múltiples de no
conocerse la hora exacta de cada uno constará la prioridad entre ellos o
que no ha podido determinarse. Pese al tenor literal del Código, hoy día
no existe en derecho privado un régimen jurídico especial del
primogénito, ya que la situación jurídica de los nacidos es exactamente
la misma. Otra cosa es que, en ciertos supuestos, la consideración de la
mayoría entre hermanos sirva como criterio de elección entre ellos. La
primogenitura como condición personal no atribuye especiales derechos o
facultades en el derecho vigente, siendo una institución que pertenece a
épocas históricas. Por ello, quizá el artículo 57 de nuestra
Constitución declara respecto de la corona española la regla excepcional.
De que la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura
y representación. A cualquier ciudadano le podría decir que podría dar
ejemplo, en primer lugar, la corona española. En cuanto a la
primogenitura, y si nace primero una hembra o una niña, esta niña es la
que tiene, en este caso, nunca mejor dicho, la primogenitura. En
parecido... Sentido, la primogenitura es y sigue siendo determinante en la
sucesión de los títulos nobiliarios a los que, incluso tras la
aprobación de la ley de 2006 sobre la igualdad de hombre y mujer en la
sucesión de títulos nobiliarios. ¿Qué ocurre con el nasciturus? Es
decir, el concebido pero no nacido. El nasciturus es un futuro del verbo
nastere, latino. Si el nacimiento determina la personalidad por
consiguiente tiene innegable trascendencia, múltiples razones de orden
familiar sucesorio han planteado desde tiempos históricos la necesidad de
considerar la situación de quienes se encontraban gestándose en el
claustro materno dotándoles de una especial protección. En esta línea,
los códigos modernos destinan una serie de artículos al nasciturus para
reservarle ciertos beneficios o efectos favorables para el caso de que
lleguen a hacer y adquirir la capacidad jurídica. En nuestro código la
norma fundamental al respecto viene representada por la segunda parte del
artículo 29, el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que
le sean favorables siempre que nazca con las condiciones que expresa el
artículo siguiente. Bienvenidos a la sección de hoy. Bien, una vez nacido
al concebido serán de reconocer todos los efectos que le sean favorables,
dice también la ley de funcionamiento civil, lo cual, dice la sarte, no es
más que una reiteración o repetición de la ley sustantiva que es nuestro
código civil. Por eso en el derecho privado se habla de leyes sustantivas
y adjetivas ya que el código civil se refiere a los conceptos. Es habitual
en la doctrina española para referirse a personas que pese a no haber sido
aún concebidas pueden llegar a nacer, por ejemplo el hijo mayor de mi
nieto. Estas personas, en principio, no pueden considerarse como titulares
de posición jurídica alguna, ni de un derecho subjetivo concreto, ya que
en puridad representan una mera eventualidad, un futurible, una hipótesis.
Sin embargo, existen mecanismos en cuya virtud la atribución de derechos a
los nondus concepti resulta admisible, como podrá comprobarse al estudiar
en el Derecho Civil II de grado de derecho la donación con cláusula de
reversión en favor de terceros y la sustitución fideicomisaria, no
digamos en el derecho sucesorio. Y con ello entramos en el estudio de la
siguiente cuestión. Que lleva por epígrafe la extinción de la
personalidad, la muerte, la muerte y la declaración de fallecimiento o
muerte presunta. Bien, como antítesis o contrapunto al nacimiento, nuestro
código establece en el artículo 32 que la personalidad civil se extingue
por la muerte de las personas, regla que no requiere explicación alguna.
En contra, sí requiere. En contra, sí requiere algunas indicaciones
previas, la que el Código Civil denomina en el artículo 34 presunción de
muerte del ausente o persona desaparecida sin que se tenga noticia alguna
de ellas durante un plazo de tiempo prudencial, o bien de aquellas personas
que hayan participado en campañas bélicas, sufrido naufragio o accidente
aéreo y de cuya supervivencia no se tengan noticias. En efecto, en el
terreno práctico, la suerte del ausente o desaparecido no puede constituir
una incógnita permanente sin límite temporal. Ya que las relaciones
jurídicas que se refieren al ausente y lógicamente a terceros no pueden
quedarse indefinidamente en suspenso para evitar la perpetuación de estas
incógnitas. El sistema jurídico permite que se pueda instar judicialmente
la denominada declaración de fallecimiento, que luego vamos a estudiar en
el tema correspondiente, que es el tema 8. Determinación del
fallecimiento. Las consecuencias de la muerte como hecho físico
incontestable que a todos nos ha de llegar son claras. Al extinguirse la
personalidad del difunto, lógicamente todas las situaciones que se
refieren a él habrán de darse igualmente por extinguidas por
desaparición del sujeto de derecho. Hasta el extremo de que su cuerpo pase
a ser cadáver, por consiguiente cambia de consideración el cadáver,
evidentemente no puede ser calificada como persona, sino como cosa. Por
ello, entre otras razones, resulta necesario precisar el momento del
fallecimiento. En este sentido, establece la ley de registro civil que la
inscripción de difunción hace fe de la fecha, hora y lugar en que
acontece la muerte. Que para proceder a la inscripción de difunción será
necesaria... ...de la certificación médica de la existencia de señales
inequívocas de muerte, con indicación de la causa. La legislación en
vigor sobre trasplantes de órganos más modernas establece indicaciones de
carácter médico relativas a la ausencia de actividad cerebral que
últimamente se ha visto completada por el cese de la actividad
cardiorrespiratoria. Bien, el Real Decreto de 30 de diciembre del 99 fue
derogado. Y será registrada como hora del fallecimiento del paciente la
hora en que se completó el diagnóstico de la muerte. En estos términos
similares se pronuncia en la actualidad el vigente Real Decreto de 28 de
diciembre de 2012, que se refiere al tema del trasplante de órganos
humanos sustituyendo a la referencia de la actividad cardiorrespiratoria
por las funciones circulatoria y respiratoria. ¿Qué ocurre en el caso de
convoriencia? Es decir, muerte o fallecimiento. Al mismo tiempo, la
determinación del momento de la muerte adquiere tintes de... particular
complicación cuando fallecen simultáneamente dos o más personas que
tuvieran recíprocamente derecho a heredar a las otras, como puede ocurrir
en el caso típico de nuestros días, un accidente aéreo de circulación,
etc., en el que pueden fallecer padres e hijos. Bien, nuestro código
introdujo una regla diferente a la que establecía históricamente el
derecho urbano en el artículo 33, conforme al cual en defecto de prueba en
contrario se reputaba que los comorientes han fallecido de forma
simultánea y por ende no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a
otro. No obstante, el tenor literal de este artículo 33 es tributario del
ocasio legis de la norma, esto es parte de la base de que los comorientes
son herederos entre sí. Y sin duda fue redactado atendiendo una muerte
simultánea por la misma causa de los comorientes. No obstante, la
aplicación de este artículo debe mantenerse incluso en el supuesto de que
siendo la muerte simultánea, su causa y lugar sean diferentes. La razón
de ello estriba según el profesor Puig Ferriol en que el artículo no se
refiere al fallecimiento de personas en casos de catástrofe. Así pues, la
norma se deberá aplicar en todo caso de duda o en cualquier caso de
desgracia. La norma se debe aplicar en todo caso de duda sobre la
supervivencia entre dos personas fallecidas simultáneamente aun en
circunstancias normales. De otra parte, como ya advirtió el profesor de
Castro, el giro, personas llamadas a sucederse no deben interpretarse
restrictivamente en el sentido de requerir de forma necesaria que los
comorientes sean recíprocamente herederos sino que basta con que la
supervivencia de cualquiera de ellos conlleve la adquisición de una
facultad o derecho anteriormente ostentada por el otro. Protección del
derecho al fallecimiento de personas. de la memoria de los difuntos. Bien,
dice la sarte que es una constante antropológica de la mayor parte de las
civilizaciones conocidas el que reclama honrar la memoria de los muertos,
de los difuntos. En nuestro derecho, hasta no hace mucho, la protección de
la memoria de difuntos prácticamente se limitaba al ejercicio de acciones
penales por parte de los herederos cuando creyeran que sus deudos, sus
muertos, fallecidos, habían sido objeto de injurias o calumnias. De aquí
la importancia de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982 cuyo artículo 4
faculta para ejercitar las acciones de protección civil del honor,
intimidad o la imagen a los herederos o parientes, en su defecto, está
legitimado para ello el Ministerio Fiscal de las personas fallecidas
previamente. Pues, como expresa la exposición de motivos de esta ley
aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos civiles de la
personalidad, la memoria de aquel constituye una prolongación de esta
última que debe también ser tutelada por el derecho. La sentencia
importante del Supremo, de 23 de mayo de 2003, Sala Primera que es la sala
civil del Tribunal Supremo, considera este asunto en relación con un caso
de un accidente de circulación por cuya consecuencia quedó aprisionado el
conductor de un vehículo el cual fallece pocos días después. La
retransmisión televisiva se ocupaba de mostrar morbosamente el rostro del
fallecido aprisionado entre el asfalto y el vehículo. La viuda del
fallecido demandó a la... Telemadrid y consigue una indemnización de 3
millones de pesetas. Estamos hablando antes de la venida del euro. Los
fotogramas relativos al accidente no podían conseguirse en modo alguno
accesorios de la noticia principal. Con ello entramos en el estudio de la
siguiente cuestión que se refiere al derecho de la personalidad, derechos
fundamentales. Bien, con esta expresión de derechos fundamentales o
derechos de la personalidad se suele referir a un conjunto de derechos
inherentes a la propia persona que cualquier ordenamiento jurídico debe
respetar ya que constituye en definitiva manifestaciones o expresiones de
la dignidad de la persona y de su propia esfera individual. El elenco de
estos derechos y la delimitación de los mismos ha ido incrementándose y
fortaleciéndose a lo largo de los siglos en las normas políticas básicas
de los Estados europeos desde la Carta Magna inglesa pasando por la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución
Francesa hasta llegar a las constituciones vigentes. La nuestra contempla
el tema que nos ocupa en forma satisfactoria y amplia sin dejar en el
olvido ninguno de los derechos fundamentales que comúnmente se consideran
como tales. De otro lado, conviene destacar que nuestra constitución, en
su raya, la inherencia de tal conjunto de derechos al propio concepto de
persona. Artículo 10 Dice, la dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de su personalidad,
el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del
orden político y de la paz social. En consecuencia, la categoría de
derechos a quienes estamos refiriendo han de ser considerados como un prius
respecto de la propia constitución. En el sentido de que los derechos de
la personalidad o derechos fundamentales constituyen un presupuesto de la
propia organización política establecida constitucionalmente. Sin
embargo, conviene advertir que la utilización del binomio hasta ahora
utilizado, derechos de la personalidad, derechos fundamentales de forma
instrumental, requiere ser precisada y así dice la sarte y lo vamos a
hacer más adelante. De otro lado, es preciso reconocer que la doctrina
civilista se ha ocupado del tema muy tardíamente. En efecto, sólo a
partir del comienzo del siglo XX, partiendo de las consideraciones
realizadas por el jurista alemán Otto von Gierke, se ha subrayado
doctrinalmente la trascendental importancia del tema. La razón de este
retraso parece radicar en el seguimiento del método exegético respecto de
los códigos civiles, que no llegaron a establecer normativamente la
categoría de derechos de la personalidad. Por fortuna, en los tiempos
contemporáneos, los derechos inherentes al desarrollo de la personalidad
de todos y cada uno de los miembros de la colectividad es objeto de
especial atención por parte de los especialistas en derecho civil. De otra
parte, la propia legislación española evidencia la perspectiva civilista
o jurídico-privada del tema. Así, de forma simultánea a la aprobación
de la Constitución misma, la sección tercera de la Ley 26 de diciembre
del 78 de Protección Juridiccional de los Derechos Fundamentales de la
Personalidad de la Persona lleva como rúbrica la de Garantía
Juridiccional Civil, manifestando que en relación con los derechos
fundamentales existe asimismo una perspectiva jurídico-privada que
especulativa y prácticamente puede deslindarse de las demás. En esta
línea se encuentra la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, antes aludida,
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. Tan próxima en el tiempo, hablando a la
propia Constitución y a la Ley de 1978 antes mencionada, como últimamente
la Ley de 13 de diciembre de 1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal. Con ello entramos en estudio de la siguiente cuestión que lleva
por epígrafe Derecho a la Vida. Derecho a la Vida e Integridad Física. La
protección jurídica de la persona parte del reconocimiento del derecho a
la vida y a la integridad física, tal como establece el artículo 15 de
nuestra Constitución. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad
física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni
a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte
salvo la que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de
guerra. El desarrollo legal de este mandato constitucional exige atender a
la regulación del Código Penal, que no vamos a considerar, conforme a lo
expresado en el artículo 15 de la Constitución. El Código Penal Militar,
aprobado en 1965, preveía la pena de muerte en el ámbito de su
regulación para el tiempo de guerra. Más recientemente, la ley de 27 de
noviembre de 1995 ha declarado abolida finalmente y afortunadamente la pena
de muerte incluso en tiempo de guerra. Pero la materia considerada tiene
también repercusiones puramente civiles, ya que cualquier agresión o
lesión de la vida o interés de la persona, aunque no constituya delito,
da origen a la responsabilidad extracontractual que se estudiará en
Derecho Civil II, la llamada responsabilidad extracontractual y también
responsabilidad quiliana, ya que fue una ley aquilia en la antigua Roma. la
que históricamente por vez primera regula legalmente este tipo de
responsabilidad civil. Así pues, tanto la vida propiamente dicha como la
integridad física son objeto de una específica protección cuando estos
derechos han sido conculcados o desconocidos por terceras personas. En
términos técnicos y prácticos es obvio que la vida e integridad son
claramente diferenciables. La vida propiamente dicha constituye el
presupuesto de la atribución de los derechos a una persona cualquiera. La
integridad física, por su parte, vendría referida a la plenitud de los
atributos físicos de una persona en vida. Ahora bien, ello no debe hacer
olvidar que el derecho a la integridad física debe entenderse como una
derivación del derecho a la vida en íntima conexión con él y ordenado a
la planificación de su sentido y a la plenitud de su desarrollo. Por
tanto, cualquier acto relativo a la integridad física no se puede
considerar atentatorio contra dicho derecho salvo que realmente ponga en
peligro injustificadamente la vida de la persona en cuestión. Mayores
dificultades originan la polémica sobrenegativa de algunas religiones al
recibir transfusiones de sangre amparándose a la libertad religiosa del
artículo 16 de la Constitución. A finales del 2014, dice la Sartén
Juzgado de Guadalajara, sentencia 8 de noviembre de dicho año, tuvo
oportunidad de analizar la jurisprudencia del Supremo, sobre el conflicto
entre libertad religiosa y la conciencia del paciente y el derecho a la
vida, contemplando las excepciones que limitan la libertad personal como
son la protección de menores o de quienes carecen de capacidad para
expresar su consentimiento informado y la protección de la salud pública
y los derechos de los demás ciudadanos. En este caso, consideró el
juzgado que no concurre ninguna de estas excepciones al consentimiento por
lo que, estando en la Constitución, se ha convertido en un caso de
violencia. El paciente que pertenecía a la Constitución A los testigos de
Jehová, en pleno uso de sus facultades cognitivas y volitivas, no estaba
justificada la imposición obligatoria de la transfusión sanguínea,
debiendo respetarse la voluntad del paciente de no prestar su
consentimiento a la intervención médica. 3. Integridad física y
trasplantes de órganos. El proyecto de 30 de diciembre de 1999, que ha
introducido modificaciones en materia de los criterios de determinación de
la muerte y, en consecuencia, ante la posibilidad de obtención de órganos
humanos, tanto en el caso de que el fallecimiento se haya producido por
cese de la actividad encefálica como por el cese irreversible de la
actividad cardiorespiratoria. Estas normas tienen como idea motriz el que
el altruismo y la solidaridad que deben caracterizar las relaciones
sociales conllevan la permiso de la muerte. 4. La visibilidad y licitud de
la cesión de órganos siempre que se respeten los principios legales en la
materia. ¿Qué, siguiendo a las artes, podríamos sintetizar de esta
forma? 1. Finalidad terapéutica o científica de la cesión de órganos o
elementos fisiológicos. 2. Carácter gratuito de la cesión. 3.
Confidencialidad y protección de los datos. 4. El donante ha de ser mayor
de edad. 5. Gozar de plenas facultades. 6. Gozar de plenas mentales y de un
estado de salud adecuado. En consecuencia, no podrá realizarse la
obtención de órganos de menores de edad ni siquiera con el consentimiento
de los padres o tutores. Finalmente, en quinto lugar, intervención
judicial en el caso de donante vivo en garantía de que el consentimiento a
la extracción se realiza de forma absolutamente libre y consciente, aparte
de constar expresamente por escrito. El procedimiento judicial para la
extracción de órganos donantes vivos se regula en la nueva ley de 2 de
julio de 2015 de jurisdicción voluntaria. Sexto, respecto de las personas
fallecidas, la legislación establece que la extracción de órganos u
otras piezas anatómicas de fallecidos podrá realizarse con fines
terapéuticos en el caso de que éstos no hubieren dejado constancia
expresa de su oposición. Para ello, el responsable de la coordinación
hospitalaria de trasplantes deberá investigar si el donante hizo patente
su voluntad a alguno de sus familiares o a los profesionales que le han
atendido en el centro sanitario, así como examinar la verificación. En
esta materia hay que tener en cuenta que la modificación introducida en el
artículo 4 de la ley de 1979 por la ley 1 de agosto de 2011 de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad, consistente en establecer que si el donante fuera una persona
con discapacidad, la información y el consentimiento deberán efectuarse
en formatos adecuados siguiendo las reglas marcadas. Por el principio de
diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a su
tipo de discapacidad. Y con ello entramos en estudio la siguiente
cuestión, que es el derecho a la libertad. La existencia de un Estado de
Derecho es evidente cuando hay un reconocimiento de la libertad de los
ciudadanos. Dice la Sarte, En cuanto a estos, los ciudadanos no han nacido
para el Estado, sino al revés. Eso lo tendríamos que repetir todos los
días y todas las noches referido a nuestro Estado españolito. En cuanto
al libre albedrío, es un atributo inherente a la persona humana que todo
sistema debe aceptar como presupuesto. De aquí que el fundamental
artículo 9 de la Constitución no se limita a someter a los poderes
públicos al ordenamiento jurídico. Su párrafo segundo les exige
reconocer, incentivar y hacer efectiva la libertad de los ciudadanos,
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran
sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos de la
política económica, cultural y social. Gracias. También, más adelante,
este artículo 9 de la Constitución se refiere a el... diciendo que se
reconoce el principio de legalidad. El principio de legalidad, ¿cuántas
veces uno en la vida profesional ha tenido que referirse a este principio
de legalidad? Concretamente, me estoy acordando hace unos meses, quiero
recordar que fue el 8 de abril. Fue destituido el embajador de España en
Bélgica. Embajador de España que yo fui modestamente el primero que le
denunció cuando era cónsul general de España en Bruselas. Luego fue
trasladado después de cinco años aquí, que estuvo un año o un poco más
en Nápoles. Y luego volvió ascendido a embajador este individuo y ni
principio de legalidad, ni defensor del pueblo, ni ministerio de
exteriores. Ni nada. La corrupción... Ahora se llama corrupción. En
Italia se llama mafia y da la impresión de que es que en España tenemos
un estado mafioso. No en la superficie, sino en la misma entraña, en los
propios cimientos y estructura del Estado. Porque no solamente corrupción
y mafia es robar dinero público de todos los españoles, sino también es
el nepotismo, el amiguismo, la monarquía hereditaria que no solamente
existe en la jefatura del Estado, sino también... De acuerdo, Pablo.
Buenas noches y hasta pronto. Y sobre todo que te descanses bien. Buenas
noches, Pablo. Bien, nos vamos a referir a la última cuestión ya para
terminar, que se refiere al honor, intimidad e imagen. Todos los autores
que estudian monográficamente este tema coinciden en la dificultad de
definir estos conceptos, ya que, dice las artes, son metajurídicos o
prejurídicos. Tampoco cabe duda de que si al incorporarse estos conceptos
al sistema legislativo, pasan a ser jurídicos y por tanto resulta
necesario concretar que entiende el legislador por honor, intimidad y
propia imagen. Primero, la ley orgánica del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, que se encarga de
subrayar que las ideas sobre el honor, la intimidad y la imagen son
contingentes y variables dependiendo del momento y circunstancias sociales
de cada época. Bien, si hubiéramos de realizar una exégesis aproximada
del precepto, debería destacarse lo siguiente. El precepto es
concretamente el artículo 2 de dicha ley orgánica, conforme al cual la
protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará
delimitada por las leyes y por los usos sociales, atendiendo al ámbito que
por sus propios actos mantenga cada persona reservado para sí misma o su
familia. 1. Primero, la esfera reservada de la persona debe analizarse
prima facie en términos objetivos. 2. Segundo, los criterios generales
para acceder a dicha análisis son de dos tipos, unos generales, de
carácter marcado objetivo y otro de acusado cariz subjetivo. 3. Los
criterios objetivos vienen determinados por las propias leyes vigentes y
por los usos sociales de carácter general. 4. Junto a ellos debe
considerarse igualmente un dato de carácter subjetivo que permitirá...
...a la jurisprudencia adecuar los criterios objetivos generales a las
circunstancias concretas de cada caso. Bien, por lo que se refiere al
primer concepto, es difícil definir el honor en términos positivos.
Simplemente cabe afirmar que se trata de la estimación y el respeto que la
persona se profesa a sí misma y que le reconozca la comunidad en que se
desenvuelve. Por ello, se considera que debe... ...abrazar todas las
manifestaciones del sentimiento de estimación de la persona, como afirmara
la sentencia del Tribunal Supremo del 7 de febrero de 1962. Desde un punto
de vista negativo, es más fácil identificar los actos en cuyo virtud una
persona queda deshonrada, tal como ocurre en la mayor parte de los casos
sometidos a conocimiento de los tribunales. De cuyo estudio cabe concluir
que la jurisprudencia, pues sin dar un concepto teórico del honor, la
identifica con la fama, la consideración... ...la dignidad, la
reputación, el crédito, el sentimiento de estimación, prestigio. La
intimidad personal debe identificarse con el ámbito de actuación de
cualquier persona y familia intrascendente para los demás que debe ser
respetado con carácter general por todos. Y el derecho a la propia imagen,
por su parte, significa propiamente hablando que para hacer pública la
representación gráfica de cualquier persona mediante cualquier
procedimiento técnico de reproducción es necesario contar con su
consentimiento. Y para terminar me remito a lo que dice en su manual en la
página 164 que es la penúltima edición, la que tengo yo desde hace pocos
días porque el año pasado y otros anteriores aquí teníamos ediciones
bastante antiguas del manual del profesor Lasarte. Daros mucho ánimo en el
estudio y sobre todo con esta entrada no del otoño, yo creo que ya hemos
pasado directamente del verano aquí en Bélgica tuvimos verano en
septiembre y un día de octubre y no hay otoño porque entramos
directamente en el invierno. Yo recuerdo que hace ya, no sé, fue a finales
del siglo pasado, el año 99 o por ahí escribí un cuento, escribí un
cuento en el colegio de abogados bueno que se refería a la situación
social de la época pero que hablaba en Maguncia igual, ¿no? Si la verdad
que nos damos la mano, Leonor, en Bruselas y en Maguncia tenemos el mismo
clima y ojalá viniera una sequía que durara vamos yo me conformaría con
una sequía de un mes los belgas no aguantarían ni una semana. E iba a
decir que lo que decía en ese cuento de que Bruselas Solamente tiene dos
estaciones, la gar central y el invierno. Lo demás, decía, son apeaderos.
Y efectivamente, cuando sale el sol, y la verdad que tuvimos, el domingo
pasado tuvimos aquí, hacía frío pero teníamos sol, lo cual fue una
excepción a la regla general del invierno. Mucho ánimo en el estudio y
quedamos emplazados para el próximo jueves. Entonces, espero que Inteka
nos deje entrar desde el centro de Bruselas a la hora determinada, que es
las 19 horas, las 7 de la tarde, el próximo jueves, que es 27 de octubre.
Y hablando de esto, poco después nos van a cambiar la hora, con lo cual
vamos a ver... Perdona, Leonor, que te estoy interrumpiendo. Ah, sí. Las
sesiones las voy a colgar, lo que pasa es que yo las cuelgo inmediatamente
y el sistema tarda un tiempo. Unas veces horas o incluso mañana o pasado
estarán en la cadena Campus. En la cadena Campus, vamos en el epígrafe de
buscar, simplemente escribir Bruselas, coma, Derecho Civil. Bruselas, B
mayúscula. Lo escribo, pongo coma y luego Derecho Civil. La D de Derecho,
mayúscula. Civil en mayúscula. Repito, Bruselas, Derecho Civil. Tengo un
niño pequeño que no me deja concentrarme, así que me gustaría ver la
repetición después. No, vamos, lo comprendo perfectamente. ¿Cómo se
llama? ¿Cómo se llama tu hijo? Sergio. Estupendo. Dale, dale... Vamos,
dale un beso de mi parte desde... Desde el centro de Bruselas y lo
comprendo perfectamente. Y si no pudieras en algún momento, en cualquier
día, ya sabes que va a estar en la cadena Campos. Y cualquiera sabe,
Leonor, si tú vas a ser mañana o pasado mañana presidente del Tribunal
Supremo y Sergio puede ser lo que él le guste. Desde delantero de la
selección española hasta magistrado. Vamos, si le da por el derecho
también. Nada, me alegro y un saludo a todos los compañeros también
ausentes. Incluso los que todavía no he recibido la lista, pero a medida
que vaya creciendo la lista, poco a poco voy a ir invitando al aula VIP a
los demás compañeros. Por eso, si recibís de nuevo la invitación, los
que ya estabais invitados, darla por no recibida. Porque es por eso, es por
los nuevos compañeros cuya lista me están facilitando con cuentagotas.
Buenas noches. Buenas noches, Leonor, y buenas noches a todos los
compañeros ausentes. Y un saludo muy cordial desde Bruselas. Hasta el
jueves. Hasta luego.