Buenas tardes, hoy vamos a ver el tema 2 de la asignatura de Derecho
Mercantil 2, la asignatura social colectiva. En primer lugar vamos a ver el
concepto de constitución, ¿no? El técnico social... tengo que decir que
tiene una operatividad muy limitada en la práctica, ¿no? La sociedad
colectiva es una sociedad también de carácter personalista. Las
características personales de los socios resultan, por lo tanto, un
elemento de sentido. Ese personalismo hace un vuelo de dificultad de
manifestaciones en el régimen político aplicable, en el régimen
político adecuado. Pues determina la intramensibilidad de la posesión de
los softwares a un consentimiento en el nivel de alerta, en una de las
características que nos corresponde. Así, el artículo 107 del Código de
Comercio sanciona que todos los softwares que ocupen la compañía
colectiva, sean o no factores de la misma, estarán obligados a... estarán
obligados estarán obligados personal y solidariamente con todos sus bienes
a la resulta de las operaciones que se hagan a su nombre y por cuenta de la
compañía bajo la firma recta y por persona autorizada y por persona
autorizada. A ver si se puede oír un poquito mejor. Y por persona
autorizada, parece que se oye un poco mejor. El artículo 237 del Código
de Comercio se dispone que los bienes particulares de los socios colectivos
que no se incluyen en el haber de la sociedad por más ésta no podrán ser
ejecutados por el paro de las obligaciones contra ellas, sino después de
haberse hecho exclusión del haber social, o sea, primero nos dirigimos
contra el haber social y después posteriormente contra los bienes de los
socios. La sociedad colectiva puede definirse como aquella sociedad
personalista que llevará a cabo una actividad mercantil actuando en nombre
colectivo bajo el principio de responsabilidad personal ilimitada,
subsidiaria y solidaria de los socios con las deudas sociales. Respecto de
la constitución de la sociedad colectiva hay que observar que resultan de
aplicación las normas generales y comunes de todas las sociedades ya
estudiadas. El artículo 125 del Código de Comercio requiere que en el
contrato de sociedad se haga apostar la identidad. Y domicilio de los
socios, la razón social bajo la cual vaya a girar en el tráfico de la
sociedad, la identidad de los socios a los que se encomendará la gestión
social y el uso de la firma social, la aportación realizada por cada socio
y su valoración, la duración de la compañía y, por último, las
cantidades que en su caso se asignen a cada socio efectos anualmente para
sus gastos particulares. Estas previsiones se han de completar con cuanto
dispone el artículo 209 del Reglamento de Registro Mercantil, norma que no
solo reitera estas menciones, sino que igualmente añade las relativas al
domicilio social, el objeto social si estuviera determinado y la fecha de
comienzo de la operación asociada. En relación a las relaciones
jurídicas internas. En primer lugar, hemos de hablar de una serie de
obligaciones, dentro de las cuales podemos distinguir entre obligaciones
negativas y obligaciones positivas. En cuanto a las negativas, son
básicamente que no pueden hacer competencia con la sociedad y no tomar del
patrimonio social más cantidades que aquellas que fueran asignadas a cada
socio para su trato de carácter personal. En relación a las positivas, si
el socio no hubiera realizado el integramiento de su aportación en el
momento positivo de la sociedad, debería hacerlo conforme a lo pactado en
el contrato de sociedad. Otra sería que el socio deberá indemnizar a la
sociedad por los daños que le causen, sin mediar de malicia, abusos de
facultad o negligencia grave. Y por último, el socio deberá soportar las
pérdidas sociales según lo previsto en el contrato social y en su defecto
de táctico a por rata de la aportación. En relación a los derechos, nos
encontramos con un derecho de información También el socio tendrá
derecho a ser resacido de aquellos gastos realizados a favor de la sociedad
y también, perdón, no encontramos que siempre que se hubiera pactado el
socio colectivo tendrá derecho a partir de las cantidades con cargo
patrimonio común para obtener los gastos particulares. Y, por último, el
derecho de participación en las ganancias sociales y en el patrimonio
resultante de la liquidación. En relación a una regla
jurídico-patrimonial, la determinación del contrato de sociedad
colectiva, al igual que los derechos que con tal contenido asisten al socio
respectivo, viene determinada por la caracterización personalista de esta
sociedad. El criterio legal de proporcionalidad respecto a la constitución
de cada socio puede ser efectuado en virtud de pacto social y cuando da
pacto no deberá ser reputado en uno por su significado en cuanto dicho
pacto no pueda ser reputado en uno por su significado en el mismo. En
relación a la transmisión de la constitución de socios, en el artículo
143 del Código de Comercio, Establece o dispone la prohibición de la
transmisión de la posesión del socio en la sociedad colectiva y de dar su
sustitución por un tercero saldo que midiera con sentimiento unánime el
resto de los socios. Podemos preguntarnos qué ocurriría en el caso de
fallecimiento, si eso es una causa de disolución, y en realidad lo es,
¿no?, de la sociedad colectiva. Y en principio esto debe de poner fin a su
actividad social. No obstante, podrá pactarse en la estructura social a
continuidad de la sociedad a pesar de dicho fallecimiento del socio, lo que
se denomina pacto de supervivencia, debiendo entregarse a un sucesor el
verdadero legatario correspondiente valor patrimonial. En relación a la
administración y gestión de la sociedad, en toda sociedad el desarrollo
de la administración y gestión. 3. Se confía a personas que ejecutarán
de modo estable y permanente, pudiendo actuar conjuntamente o
solidariamente. 4. Sólo en defecto de pacto serán aplicadas las normas
dispuestas respecto a la Administración y gestión de la sociedad. 5. Todo
socio es gestor en la igualdad de condiciones respecto de cualquier otro
socio sin que tenga relevancia alguna en el importe de su aportación a
favor de la sociedad. De los términos que utiliza el citado artículo 129
del Código de Comercio, parece defenderse su carácter mancomunal. En
definitiva, la administración de la sociedad y la gestión colectiva
tendrán un carácter solidario y de gestión hecha del supuesto en que en
una operación concurre una pluralidad de gestores en que, en caso de
grado, se base la regla de la mancomunidad. De otro lado, el texto legal
impone un límite al régimen de gestión de carácter solidario, pues a
todo socio le corresponde un derecho de veto u oposición, que viene
regulado en el artículo 130 del Código de Comercio. Este derecho de veto
actúa siempre hacia el futuro y pidiendo la ejecución de futuras
operaciones debe manifestarse en el modo expreso por el socio que quiera
hacerlo tanto. El carácter de la mente dispositivo de este régimen legal
hace que los pactos abiertos de la escritura social en torno a la
administración y gestión social tengan una mayor relevancia. En este
sentido, es posible que la escritura social se pasara a cambiar la
administración y gestión de la compañía tercera extranjera de la
sociedad. Otro pacto posible respecto de la gestión y administración de
la sociedad colectiva es aquel por el que se le confiere a un socio
régimen de monopolio. En el supuesto en que la gestión y administración
que se desarrollara en su trato judicial para la sociedad, el resto de los
socios estarán facultados para promover una restricción parcial del
control de la sociedad a fin de lograr la exclusión del socio gestor.
También resulta nítido el pacto por el cual se conviene a la gestión y
administración social a varios socios de manera solidaria. Y la última
posibilidad a la hora de que podamos hacer referencia es el pacto por el
cual se conviene a la gestión y administración social a una pluralidad de
sujetos y a la vez se especifican las funciones que cada uno de ellos tiene
en comienzo. El texto legal del Código de Comercio no dispone de regla
alguna en todo lo atendiente a la responsabilidad que pudiera exigirse a
los sectores de la sociedad colectiva por los daños y partidos que se
causaron a estas y a los otros en el desempeño de sus tareas. Parece más
razonable aplicar de manera analógica las reglas previstas respecto a la
responsabilidad del socio en sede de sociedades colectivas, artículo 144
del Código de Comercio, de manera que los factores sociales limitarán su
responsabilidad a los casos de malicia, abuso de facultades o negligencia
grave en la ejecución de las tareas de trabajo. Por lo que respecta a las
relaciones políticas externas, en primer lugar hemos de hablar de la
representación de la sociedad. En primer lugar, la razón social ha de
formarse necesariamente con el nombre de todos los socios, de varios o al
menos uno de ellos, debiendo añadirse en este último caso la expresión y
compañía. La facultad de representación es necesaria para que la
sociedad pueda relacionarse con torceros y concluir ante el contrato y su
nombre mediante el nombre de su razón social. En todo caso, quienes no
estuvieran legitimados para usar la firma social y, por lo tanto, no
tuvieran facultad para representar a la sociedad colectiva, no obligarán
con sus actos o contratos a la compañía, aunque los ejecuten en nombre de
este y bajo su firma. En ausencia de un pacto expreso en el ámbito del
poder que asiste a la representante, comprenderá todos los actos que
supongan el desarrollo de la actividad social, pero también que existe la
posibilidad de limitar por pacto expreso el alcance de tal estatuto. En
aquellos casos, los representantes usuarios de la firma social el acto
llevado a cabo será válido a fin de no practicar la seguridad del
tráfico, pero cargará distintas consecuencias para el representante que
lleva a cabo tal actuación. En relación a la responsabilidad del socio
por las deudas sociales, el uso de la firma social por quienes están
legitimados para ello supone una vinculación de la sociedad colectiva
respecto a las sociedades que con ella contratan. Ahora bien, esta
autonomía patrimonial de la sociedad no impide la responsabilidad de los
socios por las deudas sociales. No hay duda de que los socios habrán de
hacer frente a las deudas sociales de modo personal, o sea, con cargo a su
patrimonio personal. De otro lado, se afirma una regla de solidaridad, de
manera que podrá existirse el importe de todos los derechos sociales a
cualquier socio al margen de cuál sea su participación en la sociedad. El
artículo 237 del Código de Comercio sanciona como el beneficio de
discusión que en su caso puede hacer valer la sociedad, de tal manera que
sólo podrá requerirse su responsabilidad solidaria y limitada cuando se
hubiera votado previamente el patrimonio social. Por lo que respecta a la
posición jurídica del socio industrial, de conformidad con las normas
generales, artículo 116 del Código de Comercio, es posible que la
aportación del socio a favor de la sociedad colectiva sea de industria.
Esto es, que hiciera una prestación de servicios como así fuera el socio
que realiza la aportación al denominado socio industrial, en
contraposición a aquel que entrega dinero o bienes y que se denomina socio
capitalista. El Código de Comercio sanciona un decreto de autoridad para
los socios industriales dentro del régimen dispuesto para las sociedades
colectivas. Respecto a las autoridades, hay que señalar algunas
especialidades, tal como que el objeto de la aportación que se
comprometió a realizar en el auto es una prestación de servicio. La norma
AMA acoge respecto del software industrial la prohibición de competencia.
El software industrial debe prestar el servicio a que se obliga sin que
pueda ocuparse en otras actividades a la empresa ni siquiera con su dinero
para eso. En lo que hace, en lo que se refiere a los derechos a través del
software industrial, debe señalarse que resulta difícil cuantificar cuál
es su porcentaje de intereses que corresponde al software industrial dado
los puntos de su aportación. Por ello habrá de atenderse a cuando se
directa a todas las criterias sociales relacionadas con el texto. Ahora
bien, si se guarda en ciencia sobre este extremo, el texto legal impone un
criterio suscriptorio que es correspondiente al socio industrial, una
participación en las ganancias sociales o en el patrimonio resultante de
la liquidación, que sea igual al del socio capitalista de menor parte. La
particularidad más importante que presenta la posición del socio
industrial en la sociedad colectiva hace referencia a la responsabilidad de
las deudas sociales que asumen los socios colectivos, así como al respeto
de las reglas de la producción de las pérdidas sociales. Así, el
artículo 541 del Poder de Comercio establece que las pérdidas se
imputarán en la misma construcción entre los socios capitalistas sin
comprender las leyes industriales, a menos que por parte del precio se
vienen estos constituidos en partículas de ellos. El socio industrial, en
cuanto al socio colectivo, responderá frente a la tercera carrera de las
deudas sociales de modo personal y limitado a solidaridad y subsidiaria.
Ahora bien, dado que salvo el pacto expreso, el socio industrial no
participa en las deudas sociales, una vez que hubiera tenido que hacer
frente a aquella responsabilidad, tendrá que preparar su derecho de
restricción respecto a los socios capitalistas por el importe de las
deudas sociales. en relación a la modificación de la escritura social
como el estado del contrato de sociedad colectiva es perfectamente posible
que en el devenir de la vida social resulte de interés Si los socios
modifican o alteran su contenido a la lista de las nuevas circunstancias o
por las más variadas razones, resulta necesario el consentimiento de todos
los socios. No habrá que olvidar que en tanto no se procede a la
inscripción registrada el contenido de la escritura social preexistente
seréptica frente a terceros quienes confiarán cuando... publica en
relación a la extinción de la sociedad colectiva de solución y acción
social hemos de decir que los supuestos de separación y exclusión de
socios uno como otro se extingue la posición de un socio y pese a ello se
mantiene el contacto social y la presión adjudicada La exclusión, a
diferencia de la separación, no tiene carácter voluntario, sino una
condonación de carácter sancionador. Ante el incumplimiento por el socio
de ciertas obligaciones y deberes que resultan asistibles como consecuencia
de su participación en la sociedad colectiva. Las cosas de exclusión
previstas en la sociedad colectiva están recogidas en el artículo 288 del
Código de Defensa. De igual manera y a partir de la fecha en la que se
crea el requisito mercantil de separación y exclusión, la responsabilidad
personal, solidaria, unitaria y subsidiaria que llega a asumir el sorteo
colectivo que se separa, que fuera excluido y que se haga como consecuencia
de la extinción parcial del contrato social. En cuanto al procedimiento
extintivo de la sociedad se denomina disolución, mientras que el
procedimiento dirigido a la relación social existente se conoce como
disolución. No es necesario hacer venir a menos una inscripción en el
registro mercantil, cosa que se logrará mediante una fortuna cancelación
registral. En lo que a las causas de inscripción me pasarán las de todas
las sociedades mercantiles, por lo tanto la sociedad colectiva se
disolverá por el cumplimiento del pleno de educación público en el
contrato social, por la conclusión. de la empresa que constituya el sujeto
social, la pérdida entera de su capital, y en último lugar, la apertura
de la fase de liquidación cuando la sociedad colectiva hubiera sido
declarada en concurso. Pero junto a ellas, nuestro derecho positivo acoge
otras cosas de disolución específicas para las sociedades colectivas, que
serían la disolución de la sociedad por el crecimiento de uno o dos
socios, sobre el medio pacto de supervivencia y pacto de continuación, Y
la inadimitación de un socio gestor y, por último, la apertura de la tasa
de liquidación en el concurso nacional de uno de los socios. En relación
a la concurrencia de una causa de disolución, provoca unos particulares
efectos. En primer lugar, que será la representación conferida de las
socias administrativas que serán sustituidas por la liquidación. Los
liquidadores deberán atender al pago de las deudas sociales en la medida
en que realizadas todas las operaciones resultantes del sobrante
patrimonial deberán dividir el mismo resultante entre los socios. Los
liquidadores deberán ver por qué realizar la cancelación del fiscal en
su caso. Bueno, pues con esto vamos a finalizar esta introducción del tema
2. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana
siguiente.