Buenos días. Buenas tardes, mi nombre es Diego Carrasco y vamos a ver el
tema 6 de esta asignatura Derecho Mercantil 4 relativo al concurso de
acreedores. En primer lugar hemos de hablar de la tutela del crédito en
caso de insolvencia desde un dos con uno. En los casos de insolvencia
podemos decir que existe o no insolvencia patrimonial, la experiencia
jurídica aconseja establecer mecanismos jurídicos para eliminar o al
menos paliar ese aspecto negativo, de modo que la satisfacción individual
se sustituya por la satisfacción colectiva en la que bajo la autoridad
judicial los créditos de cada uno de los acreedores se identifiquen
convenientemente, se clasifiquen conforme a criterios legales de
preferencia y se satisfagan las comunas u ordinarias por haberlo recibido
de paridad del trato de la comunidad de paridad. En el concurso de
acreedores se explica por razones de injusticia pero también se basa en la
eficiencia de modo que se trata de conseguir el mayor grado posible de
satisfacción de los acreedores ordinarios. Las leyes reformadoras de la
ley de concursos responden al elevado coste del concurso de acreedores y
contemplan la posibilidad de que los empresarios que comiencen dificultades
alcancen con una mayoría cualificada, en este caso el 75% de su acreedora
financiera en un acuerdo de prioridad financiera en el cual judicialmente
homologado constituye una solución alternativa al procedimiento del
concurso de acreedores. En relación a la evolución histórica del
concurso de acreedores, hemos de decir que en primer lugar la cesión de
bienes cargada en el Derecho Romano Básico, donde el viudor podía
presentarse ante un magistrado y declarar que imponía sus bienes a
disposición de los acreedores. En el Derecho Italiano de las Bajas las
Medias nace el concepto de quiebra, que es un procedimiento privado en el
que los propios acreedores proceden a la ocupación de los bienes del
viudor y designa a una representante para que administre una gené con el
producto obtenido sin satisfacer con arreglo al par condoncino. en el
Derecho Español vigente la función primaria del concurso de acreedores es
la denominada función solutoria. Esa satisfacción tiene carácter
procesal. La consecución de la penalidad solutoria exige la adopción de
medidas excepcionales como son la prohibición de iniciar ejecuciones
similares o la paralización de las que estuvieran en tramitación, así
como la posibilidad de rescindir los actos perjudiciales sobre la base
activa realizada dentro de los dos años anteriores a la declaración del
concurso. el concurso de acreedores también es un instrumento
legislativamente dispuesto para decidir si las empresas insolventes pueden
ser conservadas. La ley concursal tiene muy claro que esa continuidad en
modo alguno puede suponer la disminución de la tasa con la tasa de
satisfacer a los acreedores. El concurso de acreedores cumple una función
de represión del vendedor, persona natural o de la administradora del
íquedor y apoderada general al vendedor, persona jurídica cuya conducta
hubiera generado o agravado el sistema de insolvencia. La efectividad de
esta función de represión es eventual porque puede existir Legislación
especial, concursal especial. La ley concursal no ha vuelto a la materia
relativa a la insolvencia de los doctores. La ley concursal es una
legislación concursal especial dictada para las crisis de la entidad de
crédito de inversión y de seguro con la razón de hacerse en cuenta las
repercusiones que estas crisis tienen sobre el sistema financiero. Además,
ha de tenerse en cuenta la peculiaridad de cada una de las referencias
sectoriales como la entidad de crédito, la entidad de seguro y la empresa
de servicios de inversión. En relación a la legislación concursal
internacional, cada vez más frecuentes son los concursos de acreedores en
que los bienes que integran las masas activas se encuentran fuera del
Estado y en el que el procedimiento judicial ha sido abierto por el que
existen acreedores extranjeros. De ahí la necesidad de dictar normas de
derecho internacional privado para intentar solucionar los múltiples
problemas de esta dimensión internacional del concurso. En el ámbito de
la Unión Europea, la necesidad de una solución es, si cabe, aún mayor
como consecuencia de la creación del mercado interior. Y se ha justificado
en el reglamento de la Comisión Europea 1848-2000 sobre el procedimiento
de insolvencia RPI que sigue las recomendaciones de la Ley de Naciones
Unidas. En el derecho internacional privado de la insolvencia existen dos
modelos contrapuestos. Un modelo universal en el que el procedimiento
concursal es único alcanzando a todos los bienes del tuyedor y a todos los
acreedores sean nacionales o extranjeros. El modelo territorial que se
caracteriza por la existencia de tantos procedimientos, de insolvencia como
estado de los que están bienes y acreedores del tuyedor común. Y un
universalismo mitigado que en el concurso de acreedores se declara que el
estado donde el tuyedor tenga el centro de sus intereses principales o
tribunales de otros estados mismos sólo son competentes para abrir un
procedimiento de insolvencia con respecto de su tuyedor si este posee un
establecimiento en el territorio del estado. En cuyo caso, el aspecto de
este procedimiento secundario se limita a los bienes del tuyedor situados
en el territorio de dicho estado. El título noveno de la ley concursal
dedicado a la norma de la insolvencia, de derecho internacional privado, se
inspira en el RPI que se aplicará cuando los tribunales del estado
miembros sean competentes para abrir un procedimiento de insolvencia. A
falta de tratados o convenios con los estados extracomunitarios, el
reconocimiento en España de las resoluciones extranjeras que generan la
actitud de un procedimiento de insolvencia deberá de realizarse mediante
el procedimiento de SIE IV. En cuanto a los acuerdos de refinanciación, en
primer lugar hemos de hablar de los acuerdos de refinanciación. La ley
concursal admite la posibilidad de que en determinados casos el deudor
insolvente que tenga la condición de empresario alcance un acuerdo con la
mayoría de sus acreedores financieros para la refinanciación de sus
créditos y evite así la declaración de concurso. Ni en el denominado
acuerdo de refinanciación se trata de favorecer la continuidad de aquellas
empresas cuyos problemas fundamentales sean el de su deber y también de
sustituir el procedimiento de concurso inevitablemente lento y costoso por
soluciones más ágiles y económicas. No existe una posibilidad semejante
para los deudores no empresarios. En la sucesiva reforma de la ley
concursal se han introducido dos modalidades de acuerdos de refinanciación
que no siempre están bien coordinadas. En primer lugar, lo que podemos
denominar ordinario, es decir, los que alcanzan el deudor con el 60% del
pasivo con los requisitos legalmente exigidos. Y en segundo lugar, los
homologados que cumpliendo con los mismos requisitos que los ordinarios han
de ser suscritos por acreedores que representen al menos el 75% del pasivo
de titularidad de la entidad financiera. El cumplimiento de los requisitos
legales no evita tampoco riesgos de la calificación como culpable del
concurso. El acuerdo carece también de presupuesto objetivo. Nadie pide
que lo negocie un deudor insolvente, si bien el deudor que dentro del plazo
para el cumplimiento del deber de dictar el concurso ponga en conocimiento
al juez que ha iniciado las negociaciones para alcanzar un acuerdo de
refinanciación dispondrá de un plazo mayor para cumplir con tal deuda. En
cuanto al acuerdo de refinanciación ordinario, hemos de decir que es un
sistema de acuerdos entre el deudor y la mayoría de sus acreedores, pero
no constituye un convenio de masa de modo que no obliga a las no firmantes.
El acuerdo de refinanciación ordinario se tipifica legalmente por la
concurrencia de tres circunstancias. En primer lugar, es necesario que
exista refinanciación, es decir, que a tales acuerdos se proceda al menos
a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación
de las obligaciones. En segundo lugar, el contenido del acuerdo de
refinanciación ha de representar una un plan de viabilidad que permita la
continuidad de la actividad del deudor en corto y en medio plazo. Está
claro que el cumplimiento de este requisito no puede hacerse depender de lo
que realmente suceda después, si únicamente de lo que esté bien
elaborado, y en tercer lugar, de cumplirse otros tres requisitos. El
primero de ellos es que el acuerdo de refinanciación ha de estar suscrito
para acreedores que los créditos representen al menos tres quintas partes
del total del pasivo considerado a la fecha de su adopción. El informe
favorable del experto independiente y, en tercer lugar, el informe
favorable del experto independiente y que el acuerdo de refinanciación se
formalice en instrumento público al que se unirán todos los documentos
que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos
anteriores. La ley se preocupa del establecer los efectos del acuerdo de
refinanciación. En primer lugar, la irrescindibilidad concursal del propio
acuerdo y los negocios que lo integren. El segundo efecto concursal del
acuerdo de refinanciación es la atribución del privilegio a los
refinanciadores que aporten liquidez a las empresas internacionales. En el
caso de la ley concursal, el acuerdo de refinanciación puede ser objeto de
homologación En relación al acuerdo de refinanciación homologado, según
la disposición adicional cuarta de la ley concursal, los acuerdos de
refinanciación podrán ser objeto de homologación judicial. Como
consecuencia de la homologación, las esferas que se vienen pactadas
extenderán hasta un máximo de tres años a las entidades financieras que
no se hayan suscrito siempre que sus créditos no estén dotados de
garantía real y podrá acordarse la suspensión de algunas ejecuciones
durante tal plazo. Para que el acuerdo pueda ser homologado y producir
estos efectos no es suficiente para cumplir los requisitos contenidos en el
artículo 71.6 de la ley concursal, sino que se establece en la postura.
Que el acuerdo haya sido suscrito para creadoras que representen al menos
el 75% del pasivo titularidad de la entidad financiera en el momento de la
adopción del acuerdo, que el acuerdo no suponga un sacrificio
desproporcionado por la entidad financiera que lo suscriba y que el
divididor no hubiera solicitado la homologación de un acuerdo de
refinanciación en el último año. En relación al ofrecimiento para la
homologación se detiene la ley concursal. La competencia para la
homologación se detiene. La homologación se atribuye al acuerdo de la
mercantil que será el competente para declarar la declaración del
concurso. La resolución se publicará respecto al público concursal y a
los objetivos oficiales del Estado por medio de un extracto que contendrá
los mismos datos que el decreto del secretario judicial. La homologación
podrá ser impugnada dentro de los quince días siguientes a la
publicación por las sacadoras afectadas que le hubieran prestado su
consentimiento, pero exclusivamente sobre la base de la falta de
concurrencia del porcentaje exigido y de la proporción de sacrificio
exigido. En relación al procedimiento del concurso de acreedores, en
cuanto al procedimiento del concurso de acreedores, en primer lugar, hemos
de decir que es un procedimiento civil particularmente complejo cuyo
conocimiento está atribuido a los jurados especializados, a los jurados de
los mercantiles. El procedimiento de declaración se inicia a instancia de
parte, sea el deudor o concurso voluntario de cualquiera de otros sujetos
legitimados al concurso necesario y concluye con el auto que se pronuncia
sobre la declaración de concurso que podrá ser estimatoria o
desestimatoria de su solicitud. El auto de declaración del concurso es una
resolución judicial constitutiva, con fundamento en el acto de
declaración del concurso. El modelo general de procedimiento se compone de
dos fases sucesivas. Una fase común destinada a la determinación de la
masa activa y pasiva que abarca desde el auto de declaración del concurso
hasta la consolidación del objeto definitivo, inventario y listo de
acreedores. Y una segunda fase de contenido alternativo que suele ser la
fase de convenio o de liquidación que tendrá lugar mediante resolución
judicial en forma de acto. El procedimiento finaliza con el auto de
conclusión del concurso, aunque desde la propia declaración del concurso
procederá a la conclusión del procedimiento por insuficiencia de la masa
activa. Bueno, con esto estamos finalizadas con mi introducción de este
tema 6, perdón, nuestro plazo para la semana siguiente. Gracias.