Así yo más o menos, hoy vamos a ver lo que es el concepto de tributo,
esta figura un poquito amplia, ¿no? Que vamos a ver lo que entraría
dentro del concepto, que sería dentro del tributo, el concepto de,
entraría en lo que serían los impuestos a las tasas y las contribuciones
especiales, ¿no? Principalmente, vamos a ver, esto me oí bien, ¿no?
Entonces, en primer lugar vamos a ver el tema 3, que es el concepto, el
tributo, concepto y clase. Este tema tiene varios epígrafes, que serían
lo que es el tributo, con su concepto, las categorías tributarias.
Después, dentro del concepto de tributo veríamos lo que es el impuesto,
con el concepto de las carácteras, que es un tipo de tributo, las clases
de impuestos, las diferentes clasificaciones que hay. Después, otra de las
figuras que entra dentro del concepto de tributo sería la tasa, veríamos
su concepto, que son notas características, la diferencia entre tasa e
impuesto, la diferencia entre tasa y precio público, que es bastante
importante por esto, que son esas dos figuras que dicen. Un poco la
conclusión, ¿no? Y también vamos a ver las clases de tasa. También
vamos a ver las contribuciones especiales, conceptos y carácteras, que
sería otro de los supuestos que incluiría lo que es el tributo. Y los
tributos para fiscales, lo que es la parafiscalidad que estuvimos hablando
en la clase pasada de dicha cifra, ¿no? Bueno, señalar que la última
reforma que tuvo la ley general, una de las últimas reformas ya se define
por primera vez por nuestro derecho positivo a lo que es el tributo. Y
dicha definición viene determinada en el artículo 2.1 de la ley general
tributaria. El artículo 2.1 de la ley general tributaria define al tributo
como ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas
por una Administración pública como consecuencia de la realización del
supuesto de hecho a la que la ley vincula el deber de contribuir. Es el
presupuesto de hecho objetivo que determina el nacimiento de la obligación
tributaria, lo que nosotros denominamos hecho imponible, que después lo
veremos en otros temas, ¿no? Con el fin primordial de obtener los ingresos
necesarios a la finalidad del tributo, obtener los ingresos necesarios para
qué queremos ingresos, pues para el sostenimiento del gasto público. Por
lo tanto, esa definición de tributo, la que viene determinada en el
artículo 2.1 de la ley general tributaria, ¿vale?, artículo 2.1. Aquí
con el subrayador lo veremos más claro. Artículo 2.1 y esta definición
es la definición legal, ¿no? Es la definición primordial. Podemos decir
que podrá servir como instrumento de la política económica general y
atender a la realización de los principios y fines contenidos en la
Constitución. También nos dice el artículo 2.1. Desde una perspectiva
constitucional, el tributo constituye una prestación patrimonial de
carácter público y grava un presupuesto de hecho o hecho imponible
revelador de la capacidad económica fijada por la ley, ¿vale? Las notas
características del tributo, pues, son las siguientes, teniendo en cuenta
esa definición. En primer lugar, grava la capacidad económica, la
detracción de las riquezas de realizarse de conformidad con el criterio de
capacidad económica. ¿Por qué? Porque así lo exige el artículo 31.1 de
la Constitución española. Y, sorprendentemente, este elemento esencial
del tributo no se ha visto en el artículo 2.1. Se ha incorporado
expresamente en la definición que establece el artículo 2.1 de la ley
general tributaria, ¿no? Solo lo contempla de forma indirecta quien
realiza el hecho que genera la obligación de pagar el tributo hecho
imponible de manera de manifestar una determinada capacidad económica.
Otra de las características que tiene el tributo con carácter general es
que es un ingreso de derecho público, ¿vale? El régimen de garantía del
crédito tributario y los procedimientos para su cobranza confieren al
acreedor, que sería en este caso la Administración que exige el tributo,
una posición que es la de la Administración que exige el tributo. En
absoluto es atribuible al titulante de un derecho de crédito el derecho
privado. Los créditos tributarios son de carácter privilegiado. Si veis
cualquier tipo de normativa relativa a lo que es el orden de relación de
créditos, pues veréis que los que son los tributos aparecen en una
posición con carácter privilegiado, ¿no? Es un crédito de carácter
privilegiado, podríamos decir. También podemos decir, como otra nota
característica, que es un ingreso, es un recurso de carácter monetario.
¿Esto qué quiere decir? Es un recurso de carácter monetario. Es un
recurso de carácter monetario. Porque aunque en ocasiones pueda consistir
en la entrega de determinados bienes de naturaleza no dinenaria, ¿no? Pero
normalmente es de carácter monetario. En determinados supuestos se permite
el pago en carácter monetario. ¿Vale? Aquí tú le doy curiosidad, os
podría decir, por ejemplo, no sé si habéis estado en Salamanca. ¿En
Salamanca habéis estado alguna vez? En Salamanca hay una casa muy famosa
que es la Casa de las Conchas. Exacto, pues la Casa de las Conchas
sorprendentemente hasta hace relativamente poco tiempo pertenecía a la
Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque una deuda tributaria... Respecto de
la Junta de Andalucía, respecto de un impuesto de sucesiones, se pagó en
especie con la Casa de las Conchas de Andalucía. Después se cedió, se
vendió, no sé yo por qué título que se transmitió, ahora que es la
comunidad de Castilla-La Mancha. Castilla y León, me parece que es
Castilla y León. Entonces se vendió, pero en un principio perteneció, no
hace muchos años, perteneció a la Junta de Andalucía porque fue un pago
en especie, ¿no? Bueno, el tributo... El tributo tampoco constituye, en
una de las notas características, una sanción de un ilícito, salvo que
la sanción consiste en la extensión a cargo de un tercero de la
obligación tributaria. Esta neta separación entre tributo y sanción ha
tenido reflejo en el artículo 58 de la Ley General Tributaria, que separa
los conceptos de deuda tributaria y sanción tributaria. Como consecuencia
del no pago de un tributo puede dar lugar a una sanción, pero en principio
el tributo en sí mismo no es ningún tipo de sanción, ¿vale? Gracias. El
tributo no tiene alcance confiscatorio, ¿vale?, según establece el
artículo 31 atrás. Aquí, a este respecto, más de sena que lo del
alcance confiscatorio es una cosa que viene exigida por... Es un requisito
que viene exigido por el artículo 31 atrás de la Constitución española,
pero no existe ninguna definición de lo que es confiscatorio, ¿no?
Tenemos que acudir a la doctrina del Tribunal Constitucional alemán, que
nos dice que tiene carácter confiscatorio un tributo cuando el 50 % del
rendimiento va a revertir en el pago de ese tributo. Si partimos de esa
definición del Tribunal Constitucional alemán, nosotros tenemos tributos
que tienen alcance confiscatorio. Hace un tiempo, el impuesto de renta a
las personas físicas, el tipo impositivo, el tipo de gravamen en
determinadas circunstancias, podía superar el 50 %, ya no, está por
debajo del 50 %. Entonces, ya el impuesto de renta a las personas físicas
no tiene carácter confiscatorio. El impuesto de donaciones, dentro del
procedimiento del impuesto de sucesión y donaciones, cuando se dan
determinadas circunstancias, como, por ejemplo, la relación de parentesco
entre el donante y el donatario es nula, o sea, son extrañas, y el
donatario percibe una cantidad bastante importante y tiene un patrimonio
preexistente también bastante importante –no voy ahora a marear con las
cifras, porque ya lo veremos después, cuando se vea el derecho tributario
2–, puede llegar el tipo impositivo hasta un 84 %. O sea que, si son
10.000 euros los que se perciben, 8.400 puede consistir en deuda
tributaria, porque se aplicaría un coeficiente multiplicador, si se dan
esas circunstancias y todo lo demás, con respecto a la cuota tributaria, y
por lo tanto tendría alcance confiscatorio. Donaciones. Donaciones.
Donaciones puede tener alcance confiscatorio. Eso no es que lo diga el
manual, eso lo digo yo, porque aquí dice que no tiene que tener alcance
confiscatorio, pero no se refiere a la confiscatoriedad. La única
referencia que tenemos con respecto a la confiscatoriedad es la doctrina
del Tribunal Constitucional alemán, pero es la única definición. Bajo
esa perspectiva, el impuesto de donaciones podría tener alcance
confiscatorio. Después otra de las matas características es que una
prestación pecuniaria es exigida por una Administración pública, un
derecho de decreto y de una correlativa obligación. El pago del tributo,
por lo tanto, podemos decir que es una obligación, es leje, ¿vale?, de
derecho público, cuyo objeto consiste en una prestación patrimonial en
favor de un ente público. ¿Qué es una obligación en leje? Pues según
el artículo 20, la legión tributaria es la obligación tributaria
principal que se origina por la realización del hecho imponible. O sea, si
se realiza el hecho imponible, nace la obligación tributaria. Por eso
decimos que tiene un origen en leje. Y una obligación de derecho público,
en cuanto a la obligación de derecho público, tanto su contenido como su
régimen jurídico queda sujeta al margen de la voluntad de las partes. Es
una manifestación del principio de legalidad del tributo. La finalidad
esencial del tributo, otra de las notas características de la finalidad
esencial del tributo, es la financiación del gasto público, que puede
dirigirse también a satisfacer otros objetivos públicos como propiciar la
creación de empleo o estimular el desarrollo económico. El tributo puede
ser utilizado como un instrumento de política económica, como veréis en
otras asignaturas, como por ejemplo economía, ¿no?, ¿vale?, pero no en
la admisión. La admisión principal que tiene el tributo es obtener
recursos para financiar el gasto. En cuanto a las categorías tributarias,
en el derecho español tradicionalmente se han dividido los tributos en
tres categorías, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones
espaciales. Esta clasificación viene recogida en la Constitución
española en el artículo 157.1b y en la ley general tributaria en el
artículo 2.2. Vamos a ver lo que sería la clasificación. Las tasas son
tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios
o la realización de actividades en régimen de derecho público, que se
refiere a efectos y beneficios de un modo particular al obligado
tributario. Y, ojo, esto es importante porque esta es la nota distintiva
con respecto del precio público. Cuando dichos servicios o actividades no
sean de solicitud o recepción voluntaria por los obligados tributarios o
realizados por el sector privado. ¿Vale? Esa es la nota que diferencia
principalmente lo que es la tasa con respecto de un precio público. ¿Qué
pasa? Que con la tasa, ¿qué está más satisfaciente? Pues la
utilización de un bien de dominio público por mil, ¿vale? Por ejemplo,
la utilización de un bien de dominio público sería, por ejemplo, una
tasa, sería que el ayuntamiento permite a los que tienen un
establecimiento privado, por ejemplo, un bar, a utilizar la vía pública
para poner una terraza. Ahí sería una tasa porque es la utilización de
un bien de dominio público de forma privativa y no es susceptible de ser
prestado por el sector privado. ¿Por qué? Porque es dominio público.
¿Vale? Eso sería una tasa, principalmente. Una tasa también sería, que
después voy a poner ahí un ejemplo, la prestación de un servicio
público. Por ejemplo, la educación sería un servicio público. Entonces,
lo que serían las matrículas de una universidad serían una tasa
también. Lo que pasa es que ahí podríamos tener, cuando veamos lo que es
la definición de precio público, porque también la prestación de ese
servicio público podría entender que puede ser susceptible de ser
prestada por el sector privado. Hay universidades privadas. ¿Vale? Ahí
dejo la pregunta esa en el aire para después ver lo que es la distinción
entre las dos. La tasa y el precio público. ¿Vale? Después voy a poner
ejemplos de lo que son precios públicos. Entonces, esa es la diferencia
principal que existe entre la tasa y el precio público en cuanto a que no
es susceptible de ser prestado por el sector privado y la retención o
solicitud voluntaria por parte del obligado tributario. ¿Vale? Después
tenemos dentro del tributo otro concepto que serían las contribuciones
especiales, que son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la
obtención por el obligado tributario de un beneficio de un aumento
financiero de bienes como consecuencia de la realización de obras
públicas o el establecimiento o ampliación de servicios. ¿Vale? Los que
sois de Jaén o los que sois de otros pueblos habéis visto aquellos
supuestos de que se ha urbanizado fuera del casco urbano del pueblo, ¿no?
Existen construcciones de carácter ilegal y después se han legalizado ese
tipo de construcciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos
claros de lo que el puente Tabla, el puente Jontoya y todo lo demás. ¿No?
Entonces eso se ha legalizado. Entonces eso se ha dotado de unos servicios
públicos, de alcantarillado, de alumbrado, de recogida de basura, el
transporte público llega ya hasta esas zonas que en principio no… Eso ha
tenido un coste. Entonces los portetarios de esas casas de campo que antes
no tenían esos servicios como consecuencia del establecimiento de ellos ha
aumentado su valor. O sea, le ha beneficiado obtener… Esa actividad de la
Administración que ha establecido lo que es el alcantarillado, el
alumbrado, el transporte público y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa?
Que en esos casos los ayuntamientos han exigido a esos propietarios lo que
denominamos contribuciones especiales porque el establecimiento de esos
servicios públicos le ha beneficiado a ellos especialmente. Entonces no
tienen que soportar el resto de vecinos de ese municipio, sino que están
especialmente beneficiados. Sería un ejemplo de contribuciones. Después
tenemos otro ejemplo que serían los impuestos, que es el supuesto más
genérico dentro de lo que serían los tributos, ¿no? Que son tributos
asequidos sin contraprestación. O sea, yo pago sin obtener nada a cambio.
Al contrario de lo que ocurre con las tasas y contribuciones especiales.
Las contribuciones especiales, una actividad o un servicio público me
afecta o beneficia especialmente a mí y las tasas o contribuciones
especiales… Las tasas es que yo estoy utilizando un servicio público, un
bien de dominio público de forma privativa. Aquí no existe ningún tipo
de contraprestación a cambio, sino simplemente una realización de un
hecho infalible. Entonces, cuyo hecho infalible está contestado por
negocios, negocios por ejemplo cualquier tipo de contrato, contrato de
compra-venta, etcétera, actos, obtención de una renta u hechos, ¿vale?
Incremento de patrimonio, ganancias y pérdidas patrimoniales, ¿no? Que
ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, ¿vale? Y,
por último, la disposición adicional primera de la ley general tributaria
establece que las exacciones parafiscales participan de la naturaleza de
los tributos regiendo su presta ley en defecto de normativa específica.
Son las exacciones parafiscales prestaciones exigidas por entes de
naturaleza híbrida. Por ejemplo, hay ciertas entidades que, aunque tienen
cierto traje, podríamos decir, o cierto aparato… En realidad, no hay una
administración pública en sentido estricto. Sería la administración
pública de carácter corporativo. Cuando se estudia lo que es derecho
administrativo, lo que se estudia es la estructura de lo que dentro de la
administración distinguimos por esas administraciones públicas de
carácter institucional, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como
administración, que sería administración local, estatal y autonómica. Y
después tenemos administraciones de carácter corporativo que son, en
cierta forma, entre comillas, revistas en cierta oficialidad porque lo
controla lo que es la administración, pero están formadas por una
corporación, por un gremio profesional. Por ejemplo, las cámaras de
comercio o colegios profesionales o los pedatarios públicos. Entonces,
¿qué pasa? Ellos también exigen una serie de prestaciones, que serían
lo que denominamos exacciones parafiscales, lo que cobra una cámara de
comercio, lo que cobra un colegio profesional, por la realización de
ciertas actividades, o las aranceles notariales, lo que cobra un notario
por el otorgamiento de lo que son los documentos que ellos piden, las
estructuras públicas y todo lo demás, serían esas exacciones
parafiscales, ¿vale?, porque son entre naturaleza híbrida. Toman parte de
un contexto de administración amplio, que incluye tanto la administración
corporativa, que serían ellos, como la institucional, que sería la que
nosotros conocemos normalmente, como las mismas. ¿Vale? En relación al
impuesto, concepto y carácter, como hemos visto, los impuestos son
tributos asistidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está
constituido por actos o negocios que oponen de manifiesto la capacidad
económica del consumidor. Llama la atención, en primer lugar, que el
impuesto parece definido como un tributo sin contraprestación. La
presencia de prestación no constituye, no anota la obligación. El
tributo, jurídicamente, constituye una obligación, es leje no negocial o
contractual. El presupuesto de hecho del impuesto, cuya realización genera
la obligación de contribuir, no aparece específicamente contemplada en la
actividad administrativa alguna, como hemos visto. El hecho imponible debe
poner de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, es decir, de
la persona que realiza el hecho imponible, por exigencia del artículo 36.2
de la Ley General Tributaria. La nota diferencial del impuesto hay que
identificarla con el hecho imponible, a diferencia de otras especies
tributarias, no aparece contemplada en ninguna actividad administrativa.
Llegada esta definición de lo que es el impuesto, hemos de hablar de lo
que serían las clases de impuestos. Limitada la clasificación al campo
del derecho, parece conveniente elegir como criterio el presupuesto de
hecho del impuesto. Así podemos distinguir entre impuestos personales y
reales. Impuestos personales son aquellos en los que el elemento objetivo
del presupuesto de hecho solo puede concebirse determinada, de tal suerte
que éste actúa como elemento constitutivo del propio presupuesto. Ejemplo
típico de un impuesto de carácter personal, el impuesto a la renta de las
personas físicas y el impuesto de la sociedad y el impuesto a la renta de
los no residenciales. Impuestos reales son aquellos que se asientan sobre
un elemento objetivo cuya intrínseca naturaleza se determina con
independencia del elemento personal de la relación tributaria. Ejemplo, el
impuesto sobre el valor añadido, el impuesto de la renta, el impuesto de
la renta, el impuesto de transmisiones patrimoniales, etcétera. Y los
impuestos espaciales, por ejemplo. Otra clasificación sería la de los
impuestos subjetivos y objetivos. Impuestos subjetivos, las circunstancias
personales del sujeto pasivo son tenidas en cuenta en el momento de
cuantificar el importe de la deuda tributaria. Ahí tenemos varios, el
impuesto a sucesiones donacionales, el impuesto a la renta de las personas
físicas. Impuestos objetivos son aquellos que las circunstancias
personales no se tienen en cuenta, a la hora de cuantificar la
transmisión, el importe de la deuda, ¿no? Entonces, esto ya es más
difícil, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en el impuesto de las
transmisiones patrimoniales, determinadas circunstancias personales sí
pueden tener cierta influencia, ¿no? Aunque con carácter genérico sería
el impuesto objetivo, pero existen reducciones si eres menor de 35 años y
haces determinadas operaciones para, por ejemplo, la adquisición de una
vivienda habitual, ¿no? Tiene una serie de bonificaciones. Entonces, para
ese punto, el impuesto objetivo no sería hasta qué punto lo que… No
existe esa equiparación entre impuestos objetivos y impuestos reales, no
son lo mismo. No todos los reales son objetivos, ¿vale? Sin embargo, la
vertiente de actos jurídicos documentados en cuota fija da exactamente
igual, por ejemplo. Así sería un impuesto de carácter objetivo, porque
las circunstancias personales ahí sí que es verdad que no se tienen en
cuenta para nada, ¿no? Impuestos periódicos e impuestos instantáneos.
Ejemplos de impuestos periódicos, rentas, sociedades, ¿vale?, patrimonio,
son aquellos cuyo presupuesto, de hecho, goza de una continuidad en el
tiempo, de forma que el legislador se ve obligado a fraccionarlos de tal
suerte que a cada fracción resulta asociada una deuda tributaria distinta.
Y después los impuestos instantáneos son aquellos impuestos cuyo
presupuesto, de hecho, se agota por supuesto en la naturaleza. Ejemplo, el
IVA, ejemplo, transmisiones patrimoniales, ejemplo, sucesiones de
donaciones. Ejemplo, el IVA, ejemplo, transiciones patrimoniales, ejemplo,
sucesiones de donaciones. En un determinado periodo de tiempo. Después,
otra clasificación entre impuestos directos e impuestos indirectos.
Impuestos directos, la norma jurídica tributaria establece la obligación
de pago del impuesto a cargo de una determinada persona sin conceder a esto
un derecho legal de resaltirse. En estos casos, el tributo es satisfecho
efectivamente por la persona a la que el legislador quiere efectivamente
someter agravamiento. Ejemplo, el impuesto de renta a las personas
físicas. Y respecto a los métodos impositivos, indirectos, la norma
tributaria concede al sujeto de un impuesto facultar para obtener de otra
persona el reembolso del impuesto satisfecho por aquella. Ejemplo, el
método impositivo indirecto lo constituye el impuesto que grava el consumo
del alcohol o del tabaco. También el impuesto que grava a quien fabrica o
importa tales productos, pero a quien realmente quiere grabar el legislador
es a quien consume. ¿Qué pasa? Que se resalte. Después tenemos impuestos
fiscales y extrafiscales. Impuestos fiscales son los tradicionales,
aquellos cuya finalidad es financiar el gasto público. Y extrafiscales son
aquellos cuya finalidad está encaminada a la consecución de otros
objetivos. Pasamos a lo que sería otra de las modalidades del tributo, que
sería la tasa. La tasa la define, como hemos visto, en el artículo 2.2 de
la Ley General Tributaria como aquellos tributos cuyo hecho imponible
consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial de un bien
de dominio público local, autonómico o ex total. Por ejemplo, que lo he
dicho, la utilización de la vía pública, que sería ese bien de dominio
público. Así como la prestación de servicios o la realización de
actividades de régimen de derechos públicos que se refieren a efectos o
beneficios de un modo particular al obligado tributario, cuando dichos
servicios o actividades no sean de solicitud o restricción voluntaria por
los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
Por lo tanto, la necesaria exigencia de una actividad administrativa
constituye la nota definitoria de la tasa y la actividad administrativa se
prestará normalmente a instancia. Así le contamos lo primero que debemos
acotar. ¿En qué consiste la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público? La utilización por un particular de los
bienes que son de dominio público con su aprovechamiento especial requiere
que los entes públicos titulares de esos bienes de maniales, esos son de
dominio público de manial, es un concepto que quiere decir que es un bien
de la Administración afecto a un uso de los bienes de la Administración.
o servicios públicos, porque las administraciones pueden tener dos tipos
de bienes. Bienes patrimoniales, que serían bienes privados, que
actuarían la Administración como una entidad privada, igual que un
particular y después los bienes temaniales, que tienen tres notas
características como veréis en el derecho administrativo, que son
inalienables, que no se pueden vender, imprescriptibles, que no pueden ser
susceptibles de adquisición por prescripción adquisitiva o usucapión.
¿Qué es lo que significa adquisición? E inembargables. Para que se
puedan realizar cualquiera de esas operaciones es necesario desafectarlo de
ese bien, de ese uso o servicio público, entonces se convertirían en
bienes patrimoniales. Por lo tanto, estamos hablando de bienes de maniales
afectos a un uso o servicio público. Por lo tanto, estamos hablando que
son bienes de maniales que se conceden con carácter privativo una
autorización o otorgan una concesión. Prestación de un servicio
público. Vamos a suponer un supuesto de prestación de un servicio
público, lo que hemos dicho, educación, sanidad, el transporte también
sería un servicio público. ¿Vale? Entonces, todos esos servicios en
principio corresponden a lo que es la Administración y puede ser que los
preste alguien en sustitución de la Administración. Entonces, no son
susceptibles de ser prestados por el sector privado. Por respecto a ese
tipo de prestaciones, por lo tanto, no se podría exigir una casa, se
exigiría lo que sería un precio público. Bueno, no son susceptibles de
ser prestados por el sector privado, sino que es por la propia
Administración la prestación de ese servicio público. Entonces, sería,
por la prestación de ese servicio público, podría exigir la
Administración una tasa. ¿Vale? Se establece legalmente la no sujeción
de la tasa cuando la autorización o aprovechamiento del dominio público
ya estuviera grabada por tasa específica o cuando se trate del dominio
público hidráulico marítimo terrestre. El debengo se producirá con el
retornamiento inicial y mantenimiento anual de la concesión y las sujetas
pasivas serán las concesionarias, personas autorizadas o adjudicatarias
que enseñen su propio lugar. ¿Por qué? Porque normalmente esa
utilización del dominio público o prestación del servicio público, la
relación entre la Administración y ese sujeto se va a realizar a través
de una figura de contrato administrativo que se denomina concesión. En la
que el concesionario sería ese particular que se aprovecha de ese dominio
público o realiza la prestación del servicio público. ¿Vale? El que
pagaría esa tasa o ese canon a lo que sería la Administración y el
concedente sería la Administración. ¿Vale? Y la adjudicación de ese
contrato regiría por lo que es la normativa específica de lo que es la
ley de contrato de su sujeto. ¿Vale? Otra de las notas características de
esa definición habla de la prestación de servicios o realización de
actividades en región del derecho público que se reciban a los beneficios
de un modo particular obligado al tributario. Cuando los servicios o
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria por los obligados
tributarios, siempre que la titularidad sea pública con independencia de
la forma en que se preste efectivamente ese servicio. De este modo, se
someta al pago de la tasa la realización administrativa de una actividad o
la prestación de un servicio en régimen de derecho público que afecta al
sujeto pasivo cuando sean actividades o servicios solicitados
voluntariamente, bien si pongan por disposición las legales o
reglamentarias, bien porque se trata de bienes, servicios o actividades
imprescindibles para la vivienda. No se presta por la vida privada o social
de solicitante y no se presta por el sector privado, ¿no? Recalcamos otra
vez más ese índice. A este respecto, el artículo 20 de la Ley de
Régimen de Haciendas Locales, que se complementa con el artículo 21,
recoge algunos de los servicios básicos que pueden considerarse básicos
que resultan excluidos de la posibilidad de exacción de tasas por parte de
las entidades locales. Así estaremos con el abastecimiento de agua. El
agua en fuentes públicas, el alumbrado en vías públicas, la vigilancia
pública en general, la protección civil, la limpieza de vías públicas,
la enseñanza a nivel de educación obligatoria. Eso serían supuestos de
prestación de servicios públicos que quedan excluidos de la exigencia de
una tasa, ¿vale? Diferencias entre la tasa y el impuesto. El impuesto se
conecta con una situación de hecho que se constituye una manifestación de
la capacidad económica. ¿Qué pasa? Que el impuesto no existe.
Contraprestación. Y la tasa existe contra el impuesto. Esa es la nota
clara. Después, las diferencias entre la tasa y el precio público. Los
precios públicos son las prestaciones recibidas por un ente público como
consecuencia de la prestación de servicios públicos o realización de
actividades administrativas con el voluntario a su solicitud de protección
o este servicio es prestado o la actividad es realizada también por ese
propio. Ejemplo de un precio público. Los billetes de los transportes
públicos de la empresa. Lo que serían también precios públicos, la
carrera de las tasas. Serían también ejemplos de precios públicos,
¿vale? La tasa se diferencia claramente del precio público al menos por
la concurrencia de dos notas. Es una obligación en el eje y la tasa vigina
un ingreso de derechos públicos lo que conlleva la aplicabilidad de un
régimen de derechos públicos. Analizamos las exigencias derivadas de la
reserva de ley en el establecimiento y regulación de los elementos
excepcionales de las tasas y cuál es su incidencia en el caso de los
precios. A este respecto. En primer lugar, hemos de hablar de lo que sería
la diferente influencia del principio de reserva de ley en el ámbito de
las tasas y de los precios públicos. La tasa es un tributo, el precio
público no es un tributo. Entonces, el principio de reserva de ley sería
exigible con respecto de la tasa, pero no sería exigible con respecto del
precio público. El artículo 10 de la Ley de Tasas y Precios Públicos
establece que en el ámbito estatal el establecimiento y regulación de los
elementos esenciales de cada una de las tasas deberá de realizarse con
arreglo a la ley. Y en un día. En el caso de las tasas, el hecho imponible
es que deben los sujetos pasivos elementos de cuantificación y exerción y
bonificaciones. En el ámbito local, la ley, el principio de reserva de ley
es aplicado por el pleno de la corporación, debiendo promulgarse a la
correspondiente ordenanza fiscal y cumpliendo todo el procedimiento, lo que
es la aprobación provisional, la exposición pública, la solución de
reclamaciones, la aprobación definitiva y publicación en el boletín
oficial de la provincia. Después, hemos de hablar del régimen jurídico
de cuantificación de las tasas y de los precios públicos. Teniendo en
cuenta que los elementos de cuantificación de las tasas y el resto de…
de prestaciones patrimoniales de carácter público deben de ser
establecidos y modificados por ley, el límite máximo de su importe debe
de resultar fijado legalmente. El importe de la tasa no podrá exceder en
su conjunto del coste real previsible del servicio o actividad que se trate
con sus efectos del valor de la prestación recibida. ¿Qué pasa? Que la
tasa no puede exceder lo que se exige más del coste del servicio público
que se está prestando y que supone la contraprestación de la tasa. Por
tanto, el límite máximo del importe de la tasa será el coste del
servicio o actividad, incluyendo los costes directos e indirectos, incluso
los de carácter financiero, amortización en inmovilizadas y, en su caso,
los costes que sean necesarios para garantizar el mantenimiento y
desarrollo razonable del servicio o actividad. El Tribunal Constitucional
mantiene que el alcance del principio de reserva de ley no tiene la misma
intensidad en las distintas prestaciones patrimoniales de carácter
público. Tratándose de precios públicos, determina la necesidad de
cubrir la tasa. El Tribunal Constitucional mantiene que el alcance del
servicio o actividad debe cubrir, como mínimo, los costes económicos
originados por la realización de actividades o prestación de servicios y
el importe que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos. El
precio público, por lo tanto, obligatoriamente debe de cubrir el coste del
servicio, pero puede superar el coste del servicio. ¿Vale? Cuando se trata
de precios públicos calificables como prestación patrimonial pública,
deberá de respetarse la exigencia del principio de reserva de ley. Cuando
se trata de precios públicos los que prime el carácter libremente
pactado. No pueda calificarse como prestación patrimonial pública, su
cuantificación será más lasa y podrá realizarse por orden del
Departamento Ministerial de que depende al órgano o ente que ha de
percibirlo y a propuesta de éste. Y también directamente por los
organismos públicos. En relación a las clases de tasas, atendiendo a la
naturaleza de los servicios, se ha distinguido entre tasa administrativa,
académica, de juego, etcétera. Otra clasificación distingue entre tasas
fiscales y parafiscales. Con ella se pone de relieve la diferencia
fundamental. Entre tasas sujetas al régimen general de los tributos y
tasas como las parafiscales que gozan evidentes peculiaridades como
relación a dicho régimen. Y en atención al ente titular de las mismas,
entre estatales, locales y de las comunidades de trabajo. En relación a
las contribuciones especiales, concepto y clases. Pues atendiendo a la
naturaleza de los servicios, se ha distinguido en cuanto al concepto de
contribución especial. Pues son tributos cuyo hecho imponible consiste,
como hemos visto anteriormente… En la obtención por parte de los
obligados tributarios de un beneficio y un aumento de valor de sus bienes
como consecuencia de la realización de obras públicas, de colectivismo y
de ampliación de los que serían servicios. Del impuesto se diferencia en
que la contribución especial es siempre una actividad administrativa y de
la tasa que da lugar al pago de contribuciones especiales está
básicamente encaminada a satisfacción de un interés general, mientras
que la contribución especial es el interés de un particular. Los
elementos excepcionales del régimen jurídico de las contribuciones
especiales en el ámbito local son… Los siguientes. Se trata de un
tributo cuyo establecimiento es potestativo por las ventas locales, es un
recurso tributario común a las ventas locales y el hecho imponible está
constituido por la obtención por parte de sujetos pasivos de un beneficio
y de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de esa actividad
administrativa. ¿Vale? Los sujetos pasivos son esas personas beneficiadas
y el hecho imponible, pues la base imponible de las contribuciones
especiales que la ha constituido como máximo por el 90% del coste que la
entidad local soporte para la realización de la obra o para el
establecimiento o colección de dicho servicio. ¿Vale? Habrá que atender
al coste real, no al presupuestado, y no podrá incluirse en el coste
repercutible el importe de las subvenciones y auxilios financieros
recibidos por la entidad local. La cuota tributaria, pues, vendrá
determinada por la cantidad financiera mediante las contribuciones
especiales y dará de repartir ese importe entre todos los beneficiarios.
El devengo, pues, las contribuciones especiales se debengan en el momento
en que se realizan dichas obras o haya ejecutado o prestado dicho servicio
o haya comentazado a prestarse. ¿Vale? Las prestaciones presupuestarias,
las cantidades recaudadas por las contribuciones especiales, se podrán
destinarse a financiar los gastos o cuya relación se hubiera exigido.
¿Vale? Los tributos parafiscales, pues, la disposición adicional primera
de la ley general tributaria establece que las sanciones parafiscales
participan de la naturaleza de los tributos refiriéndose por esta ley en
defecto de normativa específica. Las denominadas sanciones parafiscales
son prestaciones patrimoniales públicas que, pese a tener materialmente
los rasgos del tributo, se sujetan a un régimen jurídico distinto. Se
trata, por lo general, de unos tributos cuyos nacimiento, aplicación y
destino final normalmente son productos recaudatorios y encuentran efectos
de una finalidad concreta y presentan diferencias sustanciales con el
régimen propio de los tributos. La diferencia es que se concentra en que
tiene un régimen jurídico especial, que obvia las exigencias a que se
sujeta al establecimiento de los tributos y que goza de un régimen
presupuestario distinto al aplicable al producto recaudatorio de dichos
tributos, puesto que dicha cantidad solo queda este tipo de entidades, como
he dicho, de carácter corpóreo. O sea, lo que es el principio de
afección del gasto público no sería aplicable a estos supuestos. Esa
afección del gasto público. Los tributos parafiscales representan una
grave quiebra, en este caso, de lo que es el Estado de Derecho. Bueno,
pasamos a lo que sería el tema 4. Vamos a ver lo que nos dé tiempo.
Bueno, hemos entretenido un poquito más de la cuenta. Con este tema,
¿no?, que veremos los principios constitucionales del derecho financiero,
un tema que es cortito. Yo creo que se nos va a dar tiempo. Que será el
valor normativo de los principios constitucionales. Primera tígrate, el
principio de generalidad, el principio de igualdad. Después sería el
principio de progresividad y la no confiscación, que lo hemos visto
anteriormente. El principio de capacidad económica. Después los criterios
de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto
público. Y, por último, el principio de la justicia. Y, por último, el
principio de reserva de ley, si usted tiene relevancia en materia
tributaria, que en ese seno vamos a centrar un poquito más. En cuanto al
valor normativo de los principios constitucionales. En cuanto al valor
normativo de los principios constitucionales, le vamos a decir que son
elementos básicos de los elementos financieros y ejes sobre los cuales se
asecran los distintos institutos financieros, como el tributo, la ingresa
crediticia, el patrimonio y el presupuesto. El valor normativo vinculante
de tales principios es la aplicabilidad por los tribunales de justicia y
por el tribunal constitucional constituyen las dos grandes innovaciones
introducidas en esta materia por la Constitución. En primer lugar, en
cuanto al valor normativo, inmediato y directo, hemos de tener en cuenta el
artículo 9 de la Constitución Española, el cual dice que los ciudadanos
de las poderes públicas están sujetos a la Constitución y al resto de
los elementos públicos. El valor normativo de la Constitución se concreta
no solo en la aplicabilidad directa, sino también en su propia eficacia
delogatoria. Este valor normativo que tiene la Constitución Española se
dedica también y al deber de contribuir, proclamado en el artículo 31 de
la Constitución Española y alcanza de lleno a los principios específicos
de los reglamentos financieros que he dicho prefecto constitucionalmente.
En cuanto a estos principios constitucionales, en primer lugar hemos de
hablar del principio de generalidad, que el principio de generalidad viene
determinado en el artículo 31 de la Constitución Española, en el cual
dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario. El
artículo 31 de la ley general tributaria previene que la ordenación de
los tributos ha de basarse en los principios de capacidad económica de las
personas llamadas satisfactorias, los principios de justicia, generalidad,
igualdad, proximidad y distintivas de distribución de la carga tributaria
y no constitucionalidad. Otro de los principios constitucionales sería el
principio de igualdad. La recepción constitucional del principio de
igualdad tiene dos consecuencias jurídicas. El artículo 1 de la
Constitución configura la igualdad como una de las variables superiores al
ordenamiento jurídico y a su vez tres procesos constitucionales completan
el principio de igualdad como en el artículo 14, el artículo número 2 y
el artículo 31. Precisamente el artículo 31 en el ámbito tributario
establece ese principio de igualdad que ha abrazado por el Tribunal
Constitucional para que pueda ser invocado como una lesión en el caso de
que sea vulnerado este principio tributario mediante el recurso de amparo.
El contenido y ámbito de aplicación del principio de igualdad lo ha
secretizado el Tribunal Constitucional varios criterios a esto respecto. El
principio de igualdad exige que los iguales supuestos, de hecho, se
apliquen a iguales consecuencias jurídicas. También. No prohíbe al
legislador cualquier desigualdad de trato, sino aquellas desigualdades que
resulten apeticiosas o injustificadas. No toda desigualdad de trato en la
ley supone una infracción de este principio de igualdad. Y para que la
diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con lo que sea
el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las
consecuencias jurídicas resulten de tal disposición sean adecuadas y
proporcionadas. En definitiva, la adopción del Tribunal Constitucional por
respecto a este principio de igualdad, de la Constitución Española,
impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes
se encuentran en situaciones jurídicas iguales. Eso es lo que se dice.
¿Vale? Con relación a este principio de igualdad, pues tenemos que hacer
mención de forma sumera a la protección del principio de igualdad ante la
ley y la aplicación de la ley, al análisis de las presuntas vulneraciones
del principio de igualdad desde la normalidad de los casos. También se
habla en el manual de la modulación del principio de igualdad, el
principio tributario, su relación con el principio de capacidad económica
y con el resto de principios constitucionales tributarios. También en
cuanto al principio de igualdad en el gasto público, etcétera, y la
dimensión territorial del principio de igualdad. Otro de los principios
constitucionales es el principio de progresividad y no confiscación, del
que hemos hablado anteriormente. En cuanto a ambos principios, vienen
recogidos de forma explícita en el artículo 31 de la Constitución
Española y mencionado en el artículo 24. En sentido análogo, aunque una
proyección más amplia, también se dispone en el artículo 41 de la
Constitución Española. Y en cuanto a lo que es la progresividad de ese
sistema tributario y de una manera de ser de sistema, se articula
técnicamente en la forma que puede responder a la consecución de unos
fines que no son estrictamente recaudatorios para permitir la consecución
de unos fines distintos como pueden ser la distribución de la renta o, por
ejemplo, cualquiera de los fines previstos por el propio artículo 40. Esa
progresividad, manifestación, me contamos muy bien, múltiples impuestos
de la renta a las personas físicas, todos los impuestos que van por escala
tienen carácter progresivo. A mayor base imponible, mayor cuota
tributaria. Eso sería lo que sería la progresividad. En el impuesto a
sucesiones también se rige por tarifa. Mientras yo más percibo, de forma
con carácter lucrativo, mayor sea la cantidad, como va por tarifa
también, por lo que sería esa progresividad, pues aumentaría lo que
sería el título positivo. En la no confiscatoriedad, de lo que hemos
estado hablando anteriormente, y eso ya lo hemos hecho mención en el
anterior tema. En cuanto al principio de capacidad económica, todos
contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica. En el ámbito de la legislación urinaria también lo
establece el artículo 4. En relación a los criterios de eficiencia y
economía en la programación y ejecución del gasto público, hemos de
tener en cuenta aquí el artículo 31.2 de la Constitución, el cual
establece que el gasto público realizará una asignación equitativa de
los recursos públicos y en su programación y ejecución responderá a los
criterios de eficiencia y economía. Dos son los postulados
constitucionales. El principio de equidad, en la asignación de los
recursos públicos que introduce el juicio de valor en la bondad o no de
los bienes a cuya consecución se van a destinar los ingresos públicos. No
se trata de gestionar con agilidad, sino de proceder a una legislación. El
criterio de eficiencia y economía en su programación y ejecución de
carácter técnico recuerda la necesidad de aplicar procedimientos eficaces
en la gestión del gasto y conseguir una óptima asignación de los
recursos públicos. Por último, en cuanto al principio de reserva de ley,
su especial relevancia en materia tributaria, la ley como fuente de
derechos siempre ha tenido una importancia decisiva en la configuración de
las instituciones financieras. Esta fortaleza ley se manifiesta en todo el
instituto del ordenamiento financiero, como sería el tributo, patrimonio,
monopolio, etcétera. Sin embargo, no puede limitarse el ámbito tributario
sino que se proyecta en las instituciones financieras básicas. Tiene su
importancia por dos razones claras. Conocer esas dos razones claras, su
conexión con otros principios constitucionales, como el principio de
jerarquía normativa y de seguridad jurídica y porque en una época en la
que domina la corporación reformadora y en la que la hacienda pública
parece más cargada, cantante, de su significación económica o social, la
ley puede prestar un servicio internacional. En materia tributaria, el
principio de reserva de ley viene establecido en el artículo 31.3 y 131.1
y 2 de la Constitución Española. También en el apartado tercero, en el
artículo 135 y en el artículo 128. El artículo 133 establece que la
potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente
al Estado mediante ley y las comunidades autónomas y las corporaciones
locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con las
constituciones y las leyes. También establece el apartado tercero que
todos los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado
deberán establecerse en virtud de la ley. Respecto al alcance del
principio de reserva de ley, el artículo 131.3 de la Constitución
establece que podemos decir que este proceso no puede identificar suelo por
las prestaciones tributarias. Dicha norma se refiere a las prestaciones
personales patrimoniales de carácter público, dejando de lado las
prestaciones personales y las prestaciones patrimoniales que no pueden
identificarse simplemente como prestaciones tributarias. Bueno, pues yo
creo que con esto más o menos lo que hay en la nota siento haber ido más
deprisa sobre este tema 4. Tampoco es un tema muy importante, ¿no? Porque
tenéis que tener en cuenta lo que es la calificación de cada uno de los
principios, ¿no? Lo que es el principio de generalidad, principio de
igualdad, principio de reserva de ley, principio de capacidad económica,
principio de progresividad y no confiscatoriedad. Pero veremos múltiples
manifestaciones de estos principios a lo largo de estos temas, ¿no? Bueno,
pues con esto damos por finalizada esta breve introducción de estos temas.
Os espero la semana que viene para ver los dos temas siguientes, ¿vale?