Buenas tardes. Hoy vamos a ver los procedimientos de revisión en materia
tributaria y vamos a empezar con la revisión en vía administrativa en
marco normativo. El sistema tributario de derechos públicos asienta en el
denominado régimen administrativo propio del derecho continental europeo.
La diferencia de Langlosa-Holm se indica sobre la atribución a la
Administración de ciertas potestades y determinados privilegios que
configuran a su favor una posición jurídica de superioridad respecto a
los particulares. La presunción de legalidad de los actos administrativos
y el privilegio de autotutela declarativa y ejecutiva y sus secuelas de
ejecutividad inmediata de la actuación administrativa conducen a un
sistema en el que la Administración por sí misma declara el derecho y lo
aplica sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia, imponiendo a
los particulares la carga de recursos si no están de acuerdo con su acto o
dudan de la legalidad que, incluso dependiendo de la ejecución del acto,
que solo pueden lograrse solicitando y obteniendo la suspensión. A este
respecto, me gustaría señalar que se procuraron tres modos de revisión
administrativa de los actos tributarios. Están los procedimientos
especiales de revisión, recursos de reposición y las reclamaciones
económicas ministeriales. En relación a los procedimientos especiales de
revisión, como régimen general, hemos de hacer referencia al artículo
216 de la Ley General Tributaria, el cual califica como trato siguiente la
revisión del acto nulo del pleno de justicia. El punto número uno es el
de la declaración de lesividad del acto anulable, la revocación, la
rectificación de errores y la devolución de ingresos indebidos. Por lo
tanto, hemos de ver los supuestos, como es claro, de la nulidad del pleno
derecho. El subjetivo es que la propia Administración pueda declarar nulo
un acto o padecer de ericción muy grave de ilegalidad. A este respecto, me
voy a tener en cuenta el artículo 217.1 de la Ley General Tributaria, que
admite estaría cuando los actos se encuentren en alguno de los siguientes
presupuestos. Que le sean los derechos y libertades susceptibles
constitucional, que hayan sido dictados por órganos manifestamente
incompetentes por razón de la materia del territorio, que tengan un
contenido imposible, que sean constitutivos de inflación penal o se dicten
como consecuencia de ésta y que hayan sido dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Para ello, las
normas que contienen las reglas especiales por la formación de los
órganos colegiados y los actos expresos presuntos contra el ordenamiento
jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezcan
de los requisitos esenciales para su adquisición. Cualquier otro que se
establezca expresamente en una disposición de rango legal. Estas son las
últimas. Respecto a los actos revisables, por esta día, el artículo 117
lleva como una doble previsión. Por un lado, admite no solo actos
administrativos, sino también la solución económica administrativa y,
por otro lado, exige que se trate de actuaciones que hayan puesto fin a la
vía administrativa y no hayan sido recurridas en plan. El procedimiento
para la declaración de la unidad podrá iniciarse en cualquier momento y
la iniciación podrá ser de oficio. La resolución es competencia del
Ministerio de Hacienda periodista en favor del Consejo de Estado. El plazo
de resolución es de un año desde la iniciación por el interesado desde
que se le notificó el acuerdo de iniciación de oficio y la falta de
resolución en plazo comportará la caucidad en los iniciados de oficio y
la desestimación por silencio administrativo en la iniciativa por
instancia del interesado. Llegado a este punto, hemos de ver la
declaración de lesividad. Su objeto es que la Administración pueda instar
la anulación de un acto ilegal para modificarlo en perjuicio, en el caso
del interesado. Allá se refiere al artículo 218 de la Ley General
Tributaria cuando dice que la enmarcan entre los procedimientos revisores
respecto de actos que no padecen indicios de nulidad radical ni errores
materiales animéticos dichos. Los supuestos a los que procede son los de
cualquier infracción del ordenamiento. En cuanto al procedimiento de la
iniciación, no es mencionada expresamente por la Ley General Tributaria,
pero no obstante podemos hacer una doble precisión. Por un lado, a pesar
de coincidir con el tipo de prescripción, es un plazo de caucidad no
susceptible por tanto de interrupción ni de reiniciación. Y, por otro
lado, el precepto lo formula como un plazo máximo para adoptar la
declaración de lesividad, con lo que no es un plazo para iniciar el
procedimiento, sino para que éste quede resuelto. Existe un plazo de 15
días para la audición del interesado y la resolución competente del
Ministerio de Hacienda. El plazo de resolución es de tres meses desde que
se inicie el procedimiento, tendrá que ser calculado si excede de dicho
plazo. En relación a la revocación, su objetivo es que la Administración
pueda anular y modificar su acto al beneficio del interesado, aunque con
ciertas circunstancias. Una de las artículos 219 de la Ley General y debe
de observarse que se admite tanto para cuestiones de legalidad como de
oportunidad. En cuanto al acto revisado en el proyecto de ley, el artículo
219 parece excluir la resolución económica administrativa. El
procedimiento se iniciará siempre de oficio. El plazo durante el que puede
revocarse el acto es el de prescripción siendo, por ende, susceptible de
interrupción y de reinicio. Otro supuesto es de la rectificación de
errores. Viene previsto en el artículo 220 de la Ley General Tributaria
como un cauce para corregir el acto de los supuestos errores materiales
aritméticos de hechos padecidos por el mismo. El procedimiento se
iniciará de oficio a distancia del interesado y la resolución es
competente del mismo órgano que dictó el acto objeto de resolución. La
revolución de ingreso indebido. Podemos distinguir un régimen general,
también hemos hablado de la inconstitucionalidad de la norma que amparaba
el ingreso y, con respecto al régimen general, los supuestos que proceden
la duplicidad, los supuestos que proceden la devolución de ingreso
indebido, son los supuestos de duplicidad en el pago de las deudas
tributarias o sanciones, en el pago excesivo sobre la cantidad liquidada o
autoliquidada, el ingreso de deuda a sanciones prejitas a lo que sea por
una regularización desonerada desde la posibilidad penal conforme al
artículo 180 de la Ley General Tributaria y cuando así lo establezca la
normativa tributaria. La iniciación del procedimiento puede hacer de
oficio a la distancia del interesado pudiendo ejercerse durante un trato de
cuatro años de la prescripción del derecho. La resolución deberá de
estarse en el proceso seis meses desde que se inicie el procedimiento, tras
corredo de la jornada se tendrá caducado si se hubiera iniciado de oficio,
y desestimada la petición por silencio administrativo si lo fuera a
distancia del ingresado. En relación a la inconstitucionalidad de la norma
que amparaba el ingreso, un supuesto especial de duplicidad en ingresos
indebidos a la margen de la Ley General Tributaria se suscita a propósito
del afectuado en cumplimiento de una norma que posteriormente se declara
inconstitucional. La inconstitucionalidad comporta la nulidad de la norma
debiendo predicarse los efectos de éxito sobre los anteriores de
aplicación a la misma con el límite de cosas juzgadas. Si la sentencia
constitucional guardaba silencio sobre el alcance pero solo en este caso
corresponde a los tribunales fijar los efectos retroactivos, concluyendo el
Tribunal Supremo que en particular puede ejercer acción por
responsabilidad patrimonial, solución está que cabe incluso si con
anterioridad a la sentencia de inconstitucionalidad hubiera obtenido
sentencia firme con eficacia de cosas juzgadas. En relación al recurso de
reposición, en primer lugar vamos a hablar del objeto y caracteres. Viene
regulado el artículo 222-225 de la Ley General Tributaria 222-225 de la
Ley General Tributaria y sus fundamentos se encuentran en que el órgano
administrativo que dictó el acto tenga una nueva oportunidad de
reconsiderarlo. Sus características definitorias son que se interpone ante
el propio órgano que lo dictó y si éste lo hizo por delegación será
también competente para la reposición salvo que en ella no se exprese
otra cosa procede contra las dos susceptibles de reclamación
económico-administrativa, sabonógicamente a las propias resoluciones de
la reposición y la económica-administrativa, es previo a la vía
económico-administrativa y es potestadino. En cuanto al procedimiento el
plazo para la interposición del recurso es un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación hasta recurrir del día siguiente a
aquel en que se produzca el acto de selección administrativa. La
legitimación para recurrir es la misma que la para la reclamación
económico-administrativa la instrucción de recursos sumamente sencilla
sin que ni siquiera aludir a la Ley General Tributaria a la prueba más
allá de la remisión genérica que opera en el artículo 214.1 a las
prefecturas generales de la ley sobre la prueba con la especialidad
prevista en la vía económico-administrativa. La resolución de recursos
contendrá una exposición sustinta de los hechos y fundamentos jurídicos
adecuadamente motivadas que hayan servido para el fallo sin obligatorio
para el órgano adoptarla sin que pueda abstenerse y sin poder alegar duda
racional o deficiencia de los procesos legales. El plazo para notificar la
recurrente es de un mes desde la interposición del recurso transcurrido al
cual, sin haberse producido podrá este entenderlo desestimado respecto de
proseguir su impugnación en vía económico-administrativa. Conforme al
artículo 225.3, en el caso de las obligaciones con esas del artículo 68.9
de la Ley General Tributaria, la resolución que rectifica la liquidación
recurrida comunicará sus efectos a la obligación con esa liquidada con
los mismos criterios de las requeridas. En relación al efecto de la
interposición de recursos dos son los principales efectos de la mera
interposición, aparte de los que puedan derivar ya de la resolución de
recursos. El primero recogido en el artículo 222.2 de la Ley General
Tributaria es la interrupción de los plazos para otros recursos y el
segundo efecto asociado a la interposición de recursos de reposición es
la posición de suspensión del acto impugnado regulado en el artículo
224. Así es. La garantía para la suspensión automática consiste en el
depósito de dinero a valores públicos, avales o finanzas de carácter
solidario por entidades de crédito o entidades de garantía de estímulo
certificado de seguro de corrupción así como las finanzas personales
solidarias y otros contribuyentes reconocidos o obedientes por los
supuestos que se establezcan por la ley tributaria. En el caso de que la
impugnación afecte a la totalidad del acto la suspensión se limita al
efecto impugnado. Un tercer efecto de la interposición de recursos comunes
a cualquier autonomía de impugnación es la interrupción administrativa.
En relación a las reclamaciones económico-administrativas en cuanto a su
objeto y carácter, la reclamación económico-administrativa constituye
envíos específicos para impugnar los actos tributarios ante la propia
Administración cuya significación especial radica en ser la vía
administrativa previa que es necesaria agotar para acudir a la vía
contencioso-administrativa inicial. Sistematizando su característica
destaca la siguiente. Es un recurso administrativo especial tanto por la
materia como por los órganos que lo conocen, sus componentes para
conocerlo y resolverlo. Los tribunales económico-administrativos están
encuadrados orgánicamente en el Ministerio de Hacienda pero con
independencias jerárquicas y funcionales respecto a los órganos de
aplicación de los tributos. Constituye la vía administrativa previa que
hay que agotar para acudir a la contencioso-administrativa incluida la fase
de alzada cuando proceda por razón de la cuantía. Según la cuantía del
asunto, se desarrolla en única instancia también en fase de alzada,
además de ciertos recursos extraordinarios en determinado supuesto y no
obstante, según el artículo 229.5, cuando el asunto sea establecible de
alzada, podremos exponerse a ésta directamente omitiendo la penalización.
Es la vía exclusiva en materia económica-administrativa excluyéndose
cualquier otro órgano o orden revisor tanto para cuestiones como el uso
común de derechos salvos, el recurso protestativo y el previo depósito.
En cuanto a las adaptaciones reclamables en vía económica-administrativa,
dos delimitaciones que van a hacer para conocer los actos susceptibles de
impugnación por este día. En primer lugar, qué se entiende por materia
económica-administrativa y, en segundo lugar, dentro de ella qué actos
son reclamables. La materia económica-administrativa se concreta en el
artículo 126 de la Ley General Tributaria, enumerando la aplicación de
los atributos, los recargos y la imposición de sanciones tributarias que
realicen la Administración General del Estado y la entidad de derecho
público vinculadas o dependientes de las mismas y las Administraciones
Tributarias de las comunidades autónomas y cualquier otra que se
establezca por prefecto legal expreso. En el ámbito de la materia
delimitada por el artículo 126 de la Ley General Tributaria podrán
impugnarse los actos enumerados por el artículo 127 sobre todo primero que
señala las condiciones generales que han de reunir los actos susceptibles
de reclamaciones exigiendo que se trate de actos que el Provisional
definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una
obligación o un deber, así como los de trámite que directa o
indirectamente decidan sobre el fondo del asunto o que pongan fin al
procedimiento. En desarrollo de estos dos criterios el apartado segundo del
mismo artículo efectúa una enumeración nueva y seductiva de los actos
más característicos de la aplicación de los atributos añadiendo al
apartado tercero la disposición de las sanciones. El apartado cuarto por
su parte menciona también como reclamables las actuaciones u omisiones de
las particulares en relación con la repercusión, la retención e ingreso
a cuentos o el deber de facturación de la institución tributaria. Como
complemento a este elenco de actos recurribles el apartado quinto lo
delimita negativamente excluyendo como actos reclamables aquellos cuya
revisión administrativa sea previa a la judicialidad civil o laboral o
ponga fin a la vía administrativa a los dictados por el Ministerio de
Hacienda o Secretaría de Estado de Hacienda que ultimen la vía
administrativa y la ley excluida por la Ley de Reclamación
Económico-Administrativa. Los órganos económico-administrativos la Ley
General Tributaria habla del Tribunal Económico-Administrativo Central,
los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y los Tribunales
Económico-Administrativos Locales añadiendo que también tendrán esa
consideración la sala especial para la unificación de la doctrina. El
funcionamiento del tribunal lo determina el artículo 121 en pleno, salas y
de forma unipersonal. En relación a las competencias del Instituto
Tribunal se establece en el artículo 229. El criterio de funcionar combina
el territorio económico genérico y el cuantitativo. En relación a la
legitimación hemos de tener en cuenta para interponer la Reclamación
Económica-Administrativa lo que nos señala es el artículo 232 de la Ley
General Tributaria. Con una doble delimitación. En el apartado primero
señalan los requisitos de legitimación y el apartado segundo excluye para
quien enumera en el mismo. Están legitimados los obligados tributarios o
sujetos impropiables. Cualquier otra persona con interés legítimo no
resulta afectada por el acto o la actuación tributaria. Según el apartado
segundo, no estarán legitimados los funcionarios y empleados públicos a
la vulneración de su derecho o interés legítimo. Los particulares cobran
por delegación de la Administración ante ella los denunciantes y los que
asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato. Los
organismos u órganos que hayan dictado el acto, así como cualquier otra
entidad por el mero hecho de ser destinatarios de las fondas gestionadas
mediante dicho acto. En relación al procedimiento en los artículos 235 y
240 se regula el procedimiento en primera o única instancia abordando ese
recurso ordinario de acta y los extraordinarios en los artículos 245 y 248
del procedimiento abreviado. El procedimiento se estructura en tres fases
principales la legislación y terminación y el plazo de resolución en
cualquiera de las instancias de un año desde la interposición según el
artículo 240, descontándose en su caso la dilación imputable al
interesado y transcurrido el año sin haber resolución el interesado
podrá entenderles estimado por silencio administrativo su pretensión al
objeto de poder emprender sus siguientes recursos o bien esperar la
resolución expresa, ya que con ello no es inmate una de su deber de
resolverla. En todo caso si hubiera obtenido la suspensión del acto a
partir del plazo de un año dejará de vengarse el interés legítimo.
Finalmente, los artículos 68 y 69 del Reglamento General de la
Reclamación Económica Administrativa abordan respectivamente los
incidentes de ejecución. En relación a la suspensión del acto impugnado
se regula en el artículo 233 de la Ley General Tributaria los supuestos de
suspensión son los siguientes si se trata de un recurso extraordinario de
revisión nunca procederá la suspensión si se trata de sanciones se
suspenderá automáticamente sin necesidad de garantía si se trata de
actos cuyo objeto no es una deuda tributaria o cantidad líquida podrá
suspenderse si lo solicita el interesado y justifica la ejecución podrá
causar daños de imposible o difícil reparación y si se recurre una parte
de la deuda tributaria la suspensión se requerirá sólo aquella debiendo
ingresarse al resto de la misma. La reforma de la Ley General Tributaria
del año 2015 admite la reposición de la Reclamación Económica
Administrativa contra la liquidación de la suspensión que se ejecuta una
decisión de recuperación de ayudas del Estado limitando la suspensión a
que se garantice con depósito de dinero la caja general del depósito.
También procede la suspensión sin garantía cuando se recurre una
liquidación que haya sido anulada por decisión administrativa previa o
por el Tribunal Económico Administrativo Regional en primera instancia. En
el resto de casos, el carácter de la suspensión depende de los medios de
garantía protegidos que habrán de cubrir la deuda impugnada al interés y
a la demora en la libertad de recargo. Será automática si se aportan
garantías consistentes en depósito de dinero, valores públicos, avalos o
finanzas solidarias por entidades de crédito o sociedades de garantías
recíprocas o certificados de seguro de cocción, finanzas personales y
solidarias. En cuanto a la duración de la suspensión, se solicitará la
suspensión a su distancia y, en caso de comunicarse a la Administración
la interposición de recursos contencioso solicitando la suspensión se
prologará la misma hasta que el órgano judicial decida sobre la misma. Si
por desestimarse la suspensión en todo empate hubiera de ingresar esa
cantidad, se delingaría interés y demora por todo el tiempo de la
suspensión. Si por el contrario se anula total o parcialmente la acta
impugnada procederá al reembolso del coste de la garantía prestada para
obtener la suspensión. En relación al procedimiento abreviado la
reclamación las reclamaciones que se transmiten por el procedimiento
serán resueltas a única instancia por el órgano ni personal sin que
contra la resolución que requiera quepa en ningún caso recurso ordinario
de alzada, aunque sí los extraordinarios de alzada y de revisión. En lo
relativo a los recursos ordinarios de alzada, las reclamaciones que por su
cuantía son susceptibles de alzada y se hayan optado por la recurrente por
interponer reclamaciones a primera instancia debe tenerse en cuenta que en
esta no agota la vía administrativa, por tanto, no podrá acudirse al
contencioso de la vía económica administrativa central que es el que pone
en estima la vía económica administrativa en lo supuesto de cuantía
superior a la señalada. Y cedo a la resolución, en primera instancia el
artículo 239.6 arbitra un recurso de anulación previa al de alzada ante
el propio tribunal de instancia. No será exclusivamente lo supuesto en que
la resolución declare de la admisibilidad o la inexistencia de alegación
a las pruebas presentadas cuando padezca incongruencia completa y
manifiesta y cuando se hubiera acordado en el archivo de actuaciones que
por renuncio a recubrirla, por tanto, son los delimitados en la materia
económica administrativa y el tipo de actos susceptibles de recursos
dentro de ellas sin más especialidad que de la cuantía fija en 150.000
euros si se impugnan deudas a cantidades de 1.800.000 si se impugnan bases
o valores. En relación a los recursos territoriales de alzada están
previstos los artículos 242 y 243 de la ley general tributaria y tienen en
común que se pueden interponer solamente por los órganos directivos
contra las resoluciones que no admiten al estado ordinario por razones de
su cuantía y cuya decisión quiere corregirse al efecto de fijar los
firmes aplicables en otros casos similares. El plazo de interposición lo
omite la ley general tributaria pero se fija en tres meses. En relación a
los recursos territoriales de revisión, el artículo 244 de la ley general
tributaria menciona efectivamente como actos recurribles los actos de
resolución firmes cuando concurra alguno de los tres motivos siguientes.
La aparición de documentos posteriores o de imposible aportación al
tiempo de dictarse el acto o la resolución del valor esencial para la
decisión y que evidencien su error. Que los documentos testimonios de la
resolución se declaren falsos por sentencia judicial firme o posterior y
que se dictara el acto con prevedicación, cohecho, violencia, maquinación
fraudulenta u otra conducta punible declarándose así por sentencia
judicial firme. La sentencia se dictará en el plazo ordinario de un año.
En relación a la revisión en vía administrativa de los tributos locales,
al tenor de la ley de régimen de las tiendas locales, la gestión
catastral del IBI y la gestión pensal del impuesto a actividad económica,
compete la Administración del Estado con lo que lo hace y los actos que se
dicten en estas materias serán sometidos a su propia vía económica o
administrativa, incluso si las dictan las corporaciones locales en virtud
de delegación. En cambio, la gestión estrictamente tributaria de estos
tributos y lo de los restantes que tengan las tiendas locales competencia
de la propia entidad, sometiéndose a los actos dictados por ella, recurso
de reposición preceptivo y previo al contencioso. La interposición de
recursos se efectuará en el plazo de un mes desde la notificación del
acto o desde la exposición de las padronas de los contribuyentes, la
suspensión se producirá de la supuesta y con la modalidad de reclamación
económica o administrativa y la resolución se dictará en el plazo de un
mes desde la interposición. Por su parte, los grandes municipios, la Ley
57-2003, que incorpora en la Ley de base al régimen local el Título X que
dedica a ellos el artículo 137 diciendo que el órgano para la resolución
de la reclamación económica o administrativa implantando así, estaría
como propia la entidad local es de gran tamaño. Como característica
principal de esta nueva vía de revisión local se observa la siguiente,
que será competente el órgano económico o administrativo local que
basará su funcionamiento en criterio de independencia técnica de
celeridad y gratuidad. Bueno, pues con esto vamos por finalizar esta
introducción del tema relativo a la revisión en vía administrativa y os
emplazo la semana siguiente para ver ya el procedimiento contencioso o
administrativo. Muchas gracias por vuestro atención.