¿Vale? La grabación se ha iniciado correctamente. Perfecto. Bueno, como
iba comentando, tenemos un primer epígrafe en la actividad jurídica de
normas financieras, el ámbito espacial de aplicación, segundo epígrafe,
tercero el ámbito temporal de aplicación, que este ya es un poquito más
extensa, cuarto la retroactividad de las normas financieras, quinto
interpretación de las normas financieras en el ordenamiento español,
sexto la analogía en el derecho financiero, séptimo fraude de ley
tributaria, conflicto de la aplicación de normas tributarias y después
tenemos también, este tema es bastante…, este epígrafe es bastante
extenso, la consulta tributaria, el séptimo me refiero, y después la
información existencia del contribuyente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, ¿no? Esos serían los nueve epígrafes de los
que consta este tema, ¿vale? En primer lugar, respecto a la naturaleza
jurídica de las normas financieras. En relación a la naturaleza jurídica
de las normas financieras, pues, las normas tributarias podemos decir que
concurren los caracteres propios de todas las normas jurídicas, ¿vale?
¿Cuáles son esos caracteres propios? Pues, podemos decir que son tres.
¿Cuáles son esos tres, no? En primer lugar, la existencia de una voluntad
proveniente de o de los órganos a quienes las normas sobre la producción
normativa hayan atribuido a las facultades de creación del derecho. El
segundo carácter, como cualquier otra norma jurídica, es que el
nacimiento de una obligación positiva o negativa o de una autorización
vinculada a una determinada situación de hecho. Y, por último, la
imposición de una determinada sanción a aplicar en los supuestos de
incumplimiento de este mandato, ¿no? Visto esto, vamos a ver el ámbito
especial de aplicación. En relación al ámbito especial de aplicación,
hemos de tener en cuenta, en relación al ámbito especial de aplicación,
el artículo 11 de la Ley General Tributaria, ¿vale? ¿Vale? Artículo 11,
que es el que regula el ámbito espacial de un modo que puede ser resumido
en tres puntos, podríamos decir, ¿no? El primero de ellos es que las
leyes reguladoras de cada tributo podrán determinar los criterios de
aplicación espacial, que van a ser principalmente la residencia o
territorialidad. En segundo lugar, que a falta de precisión los tributos
personales se exigirán conforme al criterio de residencia. Y, en tercer
lugar, que a falta de precisión los tributos se exigirán según el
criterio de territorialidad. O sea, que resulte más adecuado la naturaleza
del objeto grabado. Conviene distinguir, por lo tanto, dos aspectos
diferentes de la aplicación espacial de las normas. En primer lugar, la
aplicación de la ley en el espacio y la extensión de la ley. En relación
al primero de estos extremos, ¿no?, en cuanto a la eficacia de la ley en
el espacio, pues podemos decir que consiste en determinar el espacio sobre
el que la ley produce sus efectos en cuanto a tal. Y, una vez determinado
ese espacio en el que la ley es eficaz, se producen dos consecuencias, que
son, por un lado, que todos los tribunales de justicia deberán aplicarle a
tenerla en cuenta como un elemento más integrante al ordenamiento
jurídico y que la integración de la ley en el ordenamiento jurídico
determina que sea tenida en cuenta siquiera como elemento interpretativo de
ese mismo ordenamiento del que forma parte. Cuestión distinta, por otro
lado, es determinar la extensión de la ley en el espacio. Esto consiste en
determinar los hechos que la ley de un Estado puede regular cuando los
mismos se realicen total o parcialmente fuera de su territorio por
ciudadanos de otro Estado. Podemos decir que esto constituye uno de los
problemas esenciales que plantea la determinación del ámbito espacial de
la aplicación de las normas tributarias. Y, a este respecto, dos son las
posibles respuestas según se adopten diferentes criterios. ¿Y cuáles son
esos criterios? En primer lugar, el criterio de la nacionalidad. O el
criterio de la territorialidad. De acuerdo con el primero, las leyes
tributarias se aplicarán a todos los ciudadanos que ostentarán la
nacionalidad española, fuera cual fuera el lugar de residencia y fuera
cual fuera el lugar donde se realice el hecho imponible. El vínculo de la
nacionalidad, podemos decir, sería el único motivo que determinaría la
sujeción en las leyes tributarias españolas. Por el contrario, de acuerdo
con el criterio de territorialidad, las leyes tributarias españolas solo
se aplicarán… …a quienes residieran en territorio español o tuvieran
con el mismo alguna relación. Esto es, o estuvieran en el renta, fueran
titulares de determinados bienes, sitos en el mismo o tuvieran, en
definitiva, relaciones económicas en territorio español, cualquiera que
fuera nacionalidad de aquellos. Los criterios de territorialidad y
nacionalidad tienen un ámbito definido de aplicación. Así, por lo
general, rigen la nacionalidad en aquellas materias en las que prima la
consideración individualizada del ciudadano. En este sentido, recordar el
artículo 9 del Código Civil. En otros terrenos, prima el de
territorialidad. Es el caso de las leyes penales, la de policía y la de
seguridad pública. Así, el artículo 8.1 del Código Civil. Y deberá de
ser el caso de las leyes tributarias, aunque el artículo 11 establece dos
reglas de aplicación, la de residencia efectiva y el de territorialidad.
Otra cuestión a plantear es preguntarnos sobre el fundamento de la
exclusión del criterio de nacionalidad como criterio de aplicación. Así,
las críticas en relación a la regulación que hace la ley general
tributaria se pueden resumir en dos aspectos. Establecer como criterio de
sujeción en los tributos personales de residencia efectiva no es coherente
con los criterios que tradicionalmente se han utilizado en las leyes de
tales impuestos personales para determinar la sujeción a los mismos. Y,
por otro lado, tampoco puede decirse que el criterio de sujeción al
impuesto que grama en el patrimonio o las adquisiciones, a título
gratuito, sea el de territorialidad, puesto que ello será cierto cuando se
trate de sujetos por obligación real, no cuando se trate de sujetos por
obligación personal, en cuyo caso se atenderá al criterio de residencia
efectiva. Pasamos al tercer etígrafe, el ámbito temporal de aplicación.
En relación al ámbito temporal de aplicación, en primer lugar, tenemos
que ver la entrada en vigor de las normas tributarias. Después veremos
crisis de la vigencia de las normas tributarias, y estos serían los dos
subapartados en los cuales se subdividiría este etígrafe. En relación al
primero de ellos, la entrada en vigor de las leyes tributarias, pues se
aplica el criterio general. ¿Y cuál es ese criterio general? El que
determina, como ya sabéis de sobra, en el artículo 2.1 del Código Civil,
que las leyes entregarán a los 20 días de su completa publicación en el
Boletín Oficial del Estado si en ellas no se discusiera otra cosa. No
obstante, la Ley General Tributaria añade una regla que podemos resumir en
tres. La primera de ellas es que las normas tributarias se aplicarán por
plazo indeterminado o por el plazo determinado en ellas. En segundo lugar,
que las normas tributarias se aplicarán a los tributos devengados desde su
vigencia, si estos son instantáneos. Y, en tercer lugar, que las normas
tributarias se aplicarán a los tributos cuyos periodo se inicie desde su
entrada en vigor y, evidentemente, si nos encontramos ante tributos
periódicos. En relación al tese de la vigencia de las normas tributarias,
al igual que toda ley, las leyes tributarias pueden cesar en su vigencia
por tres causas. El transcurso del tiempo prefijado en ellas, la
derogación expresa por ley posterior y una derogación tácita o
implícita. A estas fórmulas clásicas podríamos añadir la declaración
de inconstitucionalidad. Con las denominadas leyes temporales se trata de
determinar si cuando las normas con plazo de vigencia determinado se
extinguen, recuperan su vigencia aquellas leyes que las derogaron. Hay que
distinguir a este respecto, pues, dos planteamientos o dos hipótesis. El
primero de ellos nos dice que si estas leyes fueron derogadas no vuelvan a
entrar en vigor por el hecho de que la ley que las derogó ya ha cumplido
el término de su vigencia. En este sentido, el artículo 2.2 del Código
Civil dispone que por la simple derogación de una ley no reconozca la
vigencia en la que ésta hubiera derogado. Y la segunda cuestión,
distinta, es la referente a las leyes que fueron suspendidas por una ley
con vigencia limitada en el tiempo. En tal supuesto, cuando ésta deja de
tener vigencia por haber transcurrido su plazo por la que se dictó, la ley
suspendida recupera automáticamente su vigencia. En relación a la
derogación expresa, cabe entender derogada una ley por su manifiesta
incompatibilidad con la ley posterior. Así, el artículo 2.2 del Código
Civil dispone que la derogación tendrá alcances que expresamente se
dispongan y se extenderá siempre a todo aquello que, en la nueva ley,
sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. En relación a la
derogación tácita, se producen todos aquellos supuestos en los que la
ley, aun no derogando expresamente una ley anterior, regula la misma
materia de forma diferente y contradictoria con la regulación legal hasta
entonces vigente. La derogación tácita posicionaría a preceptos de la
ley anterior que sean incompatibles con la ley posterior. Los problemas que
suscita la derogación tácita no se plantearían si se cumplieran siempre
mandatos establecidos en el artículo 9.2 de la Ley General Tributaria,
según el cual las leyes tributarias deberán de contener una relación
completa de la norma derogada y modificada. Sin embargo, no es usual el
cumplimiento de tal precepto. En relación a otra forma de cese de la
vigencia de la norma, está constituida por la declaración de
inconstitucionalidad. En relación a la declaración de
inconstitucionalidad, pues resulta fundamental el artículo 164 de la
Constitución Española. El artículo 164. ¿Qué establece que hay que
considerar? La declaración determina que sólo permanecerá vigente la
parte de la ley que no se encuentre afectada por tal declaración. Pasamos
al siguiente epígrafe, relativo a la retroactividad de las normas
financieras. Especial referencia merece la retroactividad de las normas
tributarias y el artículo 10.2 de la Ley General Tributaria a este
respecto, el 10.2 de la Ley General Tributaria, establece que, salvo que se
dispusiera otra cosa, las normas tributarias no tendrán que ser
modificadas. Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo. Las
leyes tributarias pueden desplegar su eficacia retroactiva cuando
expresamente las establezca y ello sea constitucionalmente admisible
siempre que la retroactividad no choque con otros principios
constitucionales como puedan ser el de seguridad jurídica o el de
capacidad económica. En definitiva, podemos decir con respecto a la
retroactividad que la regla general es que las normas tributarias no tienen
efecto retroactivo, dicho de otra manera, no afectan a situaciones pasadas
sino que a situaciones futuras. No obstante, las propias normas tributarias
pueden establecer su aplicación retroactiva y para que esto ocurra es
necesario que tales normas lo digan expresamente. En tercer lugar, las
normas sancionadoras tributarias y las que establecen recargos siempre
serán de aplicación retroactiva si con ello se favorece el interesado. La
retroactividad expresamente declarada de una norma tributaria puede ser
inconstitucional si con ello vulnera algún principio o regla consagrada en
la Constitución. No acabo de hablar en propiedad de la retroactividad de
las normas interpretativas porque, si lo son verdaderamente, no innovarán
en el ordenamiento de las normas tributarias. Y si se innovan, se
aplicarán las mismas reglas que las de otras normas. Las normas
reglamentarias tributarias nunca se podrán aplicar de forma retroactiva.
En relación a la interpretación de las normas financieras en el
ordenamiento español, sí hemos concluido que tal norma financiera en
cuanto a tal norma jurídica no tiene más singularidad que la que le
confiere su contenido. Dentro de esta interpretación, hemos de hablar de
la interpretación de las normas tributarias. En relación a la
interpretación de las normas tributarias, hemos de tener en cuenta,
principalmente, el artículo 12.1 de la Ley General Tributaria. El
artículo 12.1 de la Ley General Tributaria establece que las normas
tributarias se interpretarán con arreglo al artículo 3.1 del Código
Civil de acuerdo con el cual las normas se interpretarán según el sentido
propio de sus palabras en relación con el contexto de antecedentes
históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que hayan de
ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de
aquellas. El propio artículo 12 dispone que, en tanto no se definan por la
norma tributaria los términos empleados en sus normas, se entenderá
conforme a su sentido jurídico, técnico o usual según proceda. En
relación a la interpretación de las normas reguladoras del gasto
público, las controversias suscitadas en relación con la interpretación
de las normas tributarias no se han repetido con la interpretación de las
normas reguladoras del gasto público. Pasamos al sexto epígrafe, la
analogía en el derecho financiero. En relación a la analogía al derecho
financiero, en primer lugar hemos de tener en cuenta el artículo 4 del
Código Civil. El artículo 4 del Código Civil afirma que procederá la
aplicación analógica de las normas cuando no contemplen un supuesto
específico, pero regulen otros semejantes, en los que se aprecie identidad
de razón. En tal sentido, el artículo 14 de la Ley General Tributaria,
por su parte, establece que no se admitirá la analogía para extender más
allá de sus términos estrictos el ámbito del derecho imponible, de las
exenciones y de los beneficios o incentivos fiscales. Hay que entender que
el artículo 14 tiene la eficacia propia de una ley ordinaria y que sólo
dice lo que dice. Por regla general, es posible utilizar la analogía. Por
lo tanto, en la aplicación de las normas tributarias, cualquiera que sea
su naturaleza o carácter material o procedimental y por excepción, no es
posible utilizar la analogía para definir el hecho imponible o aplicar
exenciones y beneficios o incentivos fiscales. En relación al séptimo
epígrafe, el fraude de ley tributaria, conflicto de aplicación de normas
tributarias, en primer lugar hemos de hacer referencia a una serie de ideas
iniciales. En la antigua Ley General Tributaria del 63 se refería al
fraude de ley, pero en la actual Ley General Tributaria no se hace
referencia al fraude de ley sino al conflicto de la aplicación de normas
tributarias. ¿Qué quiere decir? Que ha sido sustituida una figura por
otra. Se nos podría plantear. Con respecto a dicha hipótesis o dicha
problemática, pues existen principalmente dos posturas. La primera de
ellas según la cual nos encontramos ante el mismo instituto jurídico y
solo se ha producido un cambio terminológico. Y la segunda es que serían
dos instituciones diferentes. En cuanto al concepto de conflicto de
aplicación de normas tributarias o el concepto de fraude de ley, De Castro
definió el fraude de ley como uno o varios actos que originan un resultado
contrario a la norma jurídica y que se han amparado en otra norma dictada
con distinta finalidad. Para que se dé fraude de ley se exige la presencia
de dos tipos de normas. La norma defraudada, cuya vulneración se persigue
y la norma de cobertura o norma bajo cuyo amparo se realizan los actos de
fraude aunque también puede ser la ausencia de norma. Así puede definirse
el fraude de ley tributaria como el resultado contrario a una norma
tributaria producido por uno o varios actos que se han realizado bajo el
amparo formal de una ley que ha sido dictada con la finalidad distinta de
la perseguida por los interesados. No existen muchas normas que regulan
actualmente el fraude de ley tributaria. Las normas generales se limitan al
artículo 15.1 de la Ley General Tributaria. El 15.1 de la Ley General
Tributaria. Que puede resumirse la regulación de dicho artículo de la
siguiente forma, ¿no? El término fraude de ley ha sido utilizado
tradicionalmente y se ha sustituido para el conflicto de aplicación de
norma tributaria y para que exista fraude, conflicto, es el tenor y tenor
del precepto es necesario evitar total o parcialmente el hecho imponible de
minorar la base o deuda tributaria mediante actos en los que se den algunos
de estos requisitos. En primer lugar, que sean notoriamente artificiosos o
impropios para la consecución del resultado señalado y que de su
utilización no se deriven otros efectos jurídicos o económicos
relevantes distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran
obtenido de los actos o negocios usuales. En las líneas especiales destaca
el artículo 89 de la Ley del Impuesto a la Sociedad incorporado al
capítulo que regula las operaciones de reestructuración empresarial que
contiene una regla de aplicación a todas las supuestas y mencionadas. Y no
faltan tampoco reglas de Unión Europea que se refieren a este fenómeno,
¿no? Distinción de otras figuras afines. En el fraude de ley tributaria
con todo tiene unos perfiles borrosos e imprecisos y debe ser por tanto,
debe definirse y distinguirse de otra serie de figuras afines. Así, en
primer lugar debe distinguir entre el fraude de ley tributaria y el
conflicto de la aplicación de la norma tributaria, ¿no? Se fundamenta en
el distinto en que se ponen elementos subjetivos y objetivos del acto o
negocio que se enjuicia, ¿no? El fraude de ley tributaria y el conflicto
de la aplicación de la norma tributaria es el mismo instituto jurídico
pero existe fraude de ley tributaria es indiferente que el sujeto afectado
tenga o no intención de cometerlo. En cuanto al fraude de ley tributaria o
incumplimiento de la obligación tributaria el incumplimiento de la
obligación tributaria se ha realizado material o formalmente el hecho
imponible y ha surgido la obligación tributaria y esto ha sido satisfecha
por el contribuyente. Y en el fraude de ley tributaria formalmente no se ha
realizado el hecho imponible se ha eludido su realización y en
consecuencia no ha surgido la obligación tributaria asociada al hecho
imponible aludido. En relación al fraude de ley tributaria y la
simulación el fraude de ley y la simulación son institutos que se mueven
en planos distintos. El fraude de ley se trata de eludir una norma
tributaria concreta realizando un acto o negocio que no se oculta mientras
que en el segundo se crea la apariencia que sirve para encubrir la
realidad, simulación absoluta o bien para poner de relieve la existencia
de una realidad distinta, simulación relativa. En cuanto a la distinción
entre el fraude de ley tributaria y el negocio indirecto en el negocio
indirecto existe cuando las partes un negocio típico regulado por
ordenamiento político pero con un fin distinto que le es propio y
específico. Por último, en cuanto al fraude de ley tributaria y la
economía de opción la economía de opción aceptada en derecho permite
que en un determinado contribuyente acomode su actuación a la forma que le
resulte menos gravosa de entre todas las que le ofrece el ordenamiento
jurídico. En cuanto a los modos de combatir el fraude fiscal en primer
lugar, como idea general podemos decir que han sido muchas las propuestas
formuladas para combatir el fraude de ley tributaria. En cuanto a las
fórmulas propuestas podemos decir en cuanto a las fórmulas propuestas un
momentito a ver si funciona una de las fórmulas fue defender la denominada
interpretación funcional de las leyes tributarias. Otra fórmula utilizada
ha sido la aplicación de la analogía y por último otra que consiste en
regular ciertos institutos de tal forma que sirva para evitarlo y
prevenirlo. Otra forma de combatir el fraude de ley tributaria más
primaria consiste en someter expresamente al acto o negocio utilizado a la
norma defraudada. También otras formas consisten en determinar la
existencia de fraude de ley caso por caso. En el fraude de ley se combate
aplicando las normas tributarias que se pretende aludir así se indica en
el artículo 15-3 de la Ley General Tributaria. Se aplica la norma que
hubiera correspondido a los actos o negocios usuales, se exigirá la cuota
que hubiera debido pagarse de haberse utilizado tales actos o negocios
usuales, se exigirá el interés y demora correspondiente al momento de
liquidación pero no se impondrán sanciones según el supuesto que
mencionamos de inmediato. Como excepción a la regla de no imposición de
sanciones nos encontramos con el artículo 206 de la Ley General Tributaria
que establece que las sanciones con la falta de ingresos de la cuota
tributaria, la abstención indebida en una devolución, etcétera, se haya
producido como consecuencia de la realización de un acto o negocio
sustancialmente igual a que se hubiera declarado un fraude de ley
tributaria por la Comisión. En cuanto al procedimiento para la
declaración de fraude de ley tributaria por artículo 15-2 de la Ley
General Tributaria se exige un procedimiento especial para declarar el
fraude de ley tributaria y el esquema de ese procedimiento sería el
siguiente. Si el órgano que esté conociendo de un asunto tiene indicios
de fraude deberá comunicarlo al interesado que tendrá un plazo de 15
días para hacer alegaciones. Una vez recibidas las alegaciones y
practicadas las pruebas que se consideren precisas, el órgano actuante
emitirá un informe sobre la existencia o no de las circunstancias que
definen el fraude. Todo lo actuado deberá de remitirse a una comisión
consultiva que dispondrá de tres meses para emitir el informe que
corresponda. El informe que emite la comisión consultiva será vinculante
para el órgano que conozca del asunto y el informe y demás actos del
procedimiento serán susceptibles de recursos separados sin prejuicios de
sustanciar las procedencias de la declaración de fraude con ocasión de
los recursos interpuestos contra el acto y liquidaciones resultantes de la
comprobación. Pasamos al epígrafe número 8, la consulta tributaria. La
consulta tributaria puede definirse como la petición que se realiza a la
Administración para que se pronuncie sobre una materia tributaria que
afecta a quien la realiza. Su régimen está previsto en los artículos 88
y 89 de la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria establece para
las consultas las siguientes reglas. En primer lugar, las contestaciones
tendrán con carácter general efectos vinculantes y se difundirán
periódicamente las contestaciones que se consideren de mayor
trascendencia. El órgano competente para contestar las consultas será el
centro directivo del Ministerio de Hacienda que tenga atribuido a las
organizaciones tributarias su propuesta de interpretación. El artículo 65
del reglamento señala que el órgano encargado de contestar las consultas
será la Dirección General de Tributos. En principio, la legitimación
para plantear las consultas serían los obligados tributarios. La Ley
General Tributaria incluye también a los colegios profesionales, cámaras
oficiales, organizaciones patronales, sindicatos y asociaciones de
consumidores, etc., aunque sin gran dificultad se les podrá incluir entre
los obligados. El objeto de la consulta lo constituye el régimen de la
clasificación o la calificación tributaria que corresponda al
peticionario pudiendo afectar a cuestiones de hecho de derecho. Los
requisitos de la consulta son que la consulta deberá ser escrita y la
consulta deberá plantearse antes de la finalización del plazo establecido
para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o
autoliquidaciones sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Deberá contener los antecedentes y las circunstancias del caso, deberá
plantear cuántos datos y elementos sean necesarios para la formación de
un juicio por parte de la Administración. Por lo que se refiere al
procedimiento para contestar las consultas, la ley general tributaria dice
únicamente que el plazo máximo será de seis meses. En cuanto a los
efectos de la contestación, tendrá efectos vinculantes para los órganos
encargados de la aplicación de los tributos. El consultante no incurre en
responsabilidad alguna si acomoda su actuación a la contestación. Los
terceros no estarán vinculados a las contestaciones y los tribunales
económicos, administrativos y organismos jurisdiccionales de la
Administración. Pasamos al último epígrafe del presente tema, la
información y asistencia al contribuyente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias. En relación a dicha cuestión, en primer lugar,
hemos de tener en cuenta lo establecido en el artículo 85 de la Ley
General Tributaria. El artículo 85 de la Ley General Tributaria establece
que la Administración deberá asistir a los ciudadanos tributarios en la
necesaria información y asistencia en sus derechos y obligaciones. Dentre
los instrumentos para llevar a cabo tal función podemos destacar los que
conforman el derecho que tienen los ciudadanos de ser informados y
asistidos por la Administración tributaria en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. La labor de asesoramiento e información al
contribuyente puede dividirse en dos grandes apartados que veremos a
continuación. En primer lugar, la información y, en segundo lugar, la
valoración de bienes y acuerdos previos de valoración. En cuanto a la
información, ¿qué podemos decir en cuanto a la información? Se
materializa a través de publicaciones de textos normativos, contestaciones
a sus consultas y resoluciones económico-administrativas así como a las
comunicaciones que se hagan sobre criterios administrativos en relación a
las normas vigentes. En relación a la valoración de los bienes y acuerdos
de valoración, hemos de señalar que las reglas más importantes de esta
información son las siguientes, que debe solicitar con carácter previo la
terminación del plazo para la presentación de la correspondiente
autoliquidación o declaración. La información tendrá carácter
vinculante durante un plazo de tres meses. La información impedirá la
posterior comprobación administrativa sobre los hechos y circunstancias de
la operación efectuada. La falta de contestación implicará la
aceptación del valor que, en su caso, se ha incluido en la petición de
información. Los denominados acuerdos previos de valoración están
regulados en el artículo 91 de la Ley General de Justicia. En el artículo
91 de la Ley General de Justicia, se establece que los hechos deben tener
carácter vinculante a los efectos fiscales de rentas, productos, bienes,
gastos y demás elementos de hecho impunibles de la deuda tributaria. A
diferencia de la información prevista en el artículo 90, en este caso la
valoración se extiende a todo tipo de bienes, aunque el legislador se
remite a las leyes y reglamentos propios de cada tributo. La
Administración Tributaria queda vinculada a valorar ese bien de acuerdo
con la información dada al contribuyente y en relación con un determinado
impuesto y por un plazo previsto a la legislación vigente. La Ley General
Tributaria fija con un máximo de tres años, aún dejando abierta la
posibilidad de que la normativa concreta que lo regula establezca otro
plazo distinto. Con esto damos por finalizada esta breve introducción