Buenas tardes Sí, Miriam, es Pedro con el que hablaba Lo tenemos aquí,
que es el único que se atreve a acompañarnos El resto abandonáis el
barco Saludos de Miriam Bueno, creo que lo está viendo en pantalla No se
ve, ¿eh? Un segundo ¿Se ha dado para mí? Ahora me voy a ir A ver Miriam,
mirá No, no, no, no, no, no. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión del día
anterior? Sí, en la tutela judicial efectiva. Veo que no, pues arrancamos
con el derecho a la tutela judicial efectiva, que es el derecho que, como
bien sabéis, viene contenido en el artículo 24, apartado primero de la
Constitución española, y es que en ningún caso puede producirse
indefensión durante el proceso. El apartado primero del artículo 24
recoge una garantía previa al proceso judicial para que éste discurra por
los cauces debidos y que permite que, si los órganos judiciales violan
alguno de los derechos declarados en el apartado segundo, supondría una
violación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el
apartado primero. Por otro lado, el apartado segundo se refiere a las
llamadas garantías procesales y, en este caso, de lo que estamos hablando
es que el derecho a la tutela judicial efectiva requiere de desarrollo
legal sin que pueda restringirse el acceso a este derecho fundamental, pero
debiendo ejercerse en el margen y del modo establecido en la ley sin que
pueda haber ningún obstáculo que impida un pronunciamiento sobre el
fondo. Ya sabéis que las leyes de desarrollo de este artículo 24.1 de la
Constitución en este ámbito de las garantías procesales son en el
ámbito del derecho penal, la ley de enjuiciamiento criminal, y en el
ámbito del derecho civil, la ley de enjuiciamiento civil, así como cada
una de las leyes procesales que encontramos en cada una de las
jurisdicciones, como la ley de la jurisdicción social o la ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa. En cuanto al contenido de este
derecho a la tutela judicial efectiva, es un contenido complejo y así
contiene el derecho de acceso a la jurisdicción que se concreta en derecho
a ser parte del proceso y, por lo tanto, a promover la actividad judicial
en pro de una decisión justa. En todo caso, no nos da un derecho sobre el
resultado si aquella un proceso judicial con las debidas garantías, el
acceso a la jurisdicción y, por lo tanto, también el derecho a obtener un
fallo de los órganos jurisdiccionales fundado en derecho, lo que obliga a
la motivación de las resoluciones judiciales. El derecho a que el fallo se
incumpla o se ejecute y el recurrente sea repuesto en su derecho o, en su
caso, recompensado. Así, el derecho a la tutela judicial efectiva prohíbe
la indefensión, de ahí el principio de contradicción, de forma que las
partes puedan alegar o probar lo que a su derecho le convenga. Esta
atribución de la defensa de los derechos o los intereses al poder judicial
se relaciona, evidentemente, con ese ius poniendi del Estado, ese derecho a
castigar, que tiene el Estado, así como con el principio de la atribución
de poderes que atribuye en exclusiva la función jurisdiccional a los
jueces y tribunales establecidos por las leyes y que, por lo tanto, este
artículo 24 de la Constitución Española lo pondremos en relación con el
artículo 117 también de la Constitución Española, que es el que nos
habla del poder judicial. El 24, apartado segundo, ya se concretiza esos
derechos procesales los siguientes. A un juez ordinario predeterminado por
la ley, no órganos especiales ni excepcionales. Y ahora les pregunto si
ustedes creen que existe algún órgano de carácter excepcional o especial
en España que haya creado cualquier tipo de discusión a este respecto,
quiero decir, a este contenido concreto del artículo 24, apartado segundo
de la Constitución Española, respecto al juez ordinario, predeterminado
por la ley. ¿Les suena alguno? Sí. Es que no sé si voy a decir la
verdad, pero ¿y ahora el constitucional? No. El constitucional está fuera
del ámbito del poder judicial. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Que
dentro del poder judicial, de los órganos que tenemos establecidos en el
poder judicial, hay alguno de ellos, ¿de acuerdo? Dentro, date cuenta que
la pirámide judicial es el Tribunal Supremo, de ahí para abajo,
encontramos otro tipo de juzgados y de tribunales. Y si tú crees que hay
alguno, respecto a las distribuciones que tiene, que pudiera ser puesto en
duda o en cuestión respecto a si es el juez ordinario predeterminado por
la ley. Ay, es que me suena un montón, pero no me termina de salir. Estoy
borracha de leer tantas sentencias. Pensaba que habías consumido alcohol
anteriormente. Pues debería, debería. Ah, bueno, vale. Bueno, ya os lo
digo yo. Es la Audiencia Nacional, ¿de acuerdo? La Audiencia Nacional,
como ese órgano que se encuentra en Madrid y que tiene atribuidas las
causas terroristas, por ejemplo, ya saben que el principio que tenemos de
atribución del juez ordinario predeterminado por la ley es el principio
territorial. Es decir, dependiendo de donde yo cometa el delito, me va a
tocar el juez de instrucción competente en ese partido judicial que
estuviera de guardia. Sin embargo, si yo lo que cometo, si es un acto de
tipo terrorista, a mí se me van a llevar, independientemente de donde lo
haya cometido, a Madrid para que instruya la Audiencia Nacional. Que sepan
que ha habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional en ese sentido,
por supuesto, entendiendo que no viola este artículo 24, apartado segundo,
de la Constitución Española, pero que sí que se crean dudas respecto a
lo que pudiera ser un órgano excepcional, un órgano que se salta las
reglas establecidas para el juez ordinario predeterminado por la ley.
Perdona, yo me estaba liando con la discusión que había de los tribunales
de excepción, que estaban prohibidos los tribunales, no me acuerdo de la
palabra, porque como te digo tengo bastante caos, y se cuestionaba si el
Constitucional que está fuera de ese Poder Judicial, si se podía
considerar un tribunal especial o no. Sé que hubo un debate sobre eso. Yo
me estaba liando con eso. ¿Puede ser? Vale, puede ser, sí, sí, sí.
Puede ser perfectamente lo único que tenemos que tener en cuenta que si
bien el Tribunal Constitucional, se llama Tribunal Constitucional, no es un
tribunal en sí mismo y no forma parte del Poder Judicial, sino que es lo
que ejerce la jurisdicción constitucional como órgano concentrado que
decidimos en nuestro modelo constitucional que era el que se iba a encargar
de la protección de esos derechos fundamentales a través del recurso de
amparo o de la constitucionalidad de las leyes a través de los recursos de
inconstitucionalidad o las cuestiones de inconstitucionalidad. Sí que
puede existir porque tenemos que darnos cuenta que después de una
sentencia del máximo órgano del Poder Judicial puede intervenir el
Tribunal Constitucional cuando se considera o a través de la vía de
consideración de que se han vulnerado derechos fundamentales. Por lo
tanto, sí que podría ser la cuestión, pero mi pregunta era más en el
ámbito del Poder Judicial respecto a esas dudas. Me acuerdo que plantea la
Audiencia Nacional respecto a esta cuestión o a esta concretización del
apartado segundo del artículo 24 de la Constitución que es el juez
ordinario predeterminado por la ley y que en este caso es evidente que nos
saltamos, digamos, para entendernos esas reglas del juego que en primer
lugar es el criterio territorial de donde se comete el delito y que será
el juez de instrucción de ese partido judicial en funciones de guardia o
bien al que le tocará instruir por ese delito. Y sin embargo, si cometemos
un delito que está considerado del ámbito terrorista, véanse lo que
ocurrió en aquel bar de Alsasua, ¿de acuerdo?, a cuyos chicos se los
llevaron a Madrid y han sido instruido por la Audiencia Nacional y culpado
por la Audiencia Nacional. ¿De acuerdo? Vale. Bien, también, por
supuesto, se concretiza en el derecho a la defensa y asistencia letal. En
ningún tipo de procedimiento judicial, de ahí que de este derecho
también tengamos que hilar y de aquí se deriva también lo que es la ley
de asistencia jurídica gratuita, que es cuando no tenemos medios
económicos para pagarnos un letrado, va a ser el Estado o en su caso, a
través de la transferencia de esta competencia, las comunidades autónomas
las que se van a hacer cargo de las costar de ese abogado precisamente por
este derecho de que siempre tiene que haber una asistencia letrada para
cualquier tipo de procedimiento. Información, como no podía ser de otro
modo, de la acusación formulada. Ese es un derecho en base a este
principio de contradicción, de presunción de inocencia y de igualdad de
armas que la persona acusada... Dime, Pedro. Esta información sobre la
asistencia jurídica, ¿cuándo es preceptiva? Desde que hubo una
modificación en la ley del juiciamiento... Pregunta, Pedro, cuando es
preceptivo, la información sobre la acusación formulada. Desde que hubo
una... La modificación de la ley del juiciamiento criminal en diligencias
policiales. Hace poco fue, ¿no? Hombre, ya hace por lo menos... Creo que
fue en el año 2015 cuando se modificó. Ah, te referías a la última
modificación que ha habido de un artículo también de... No sé si es ese
artículo el que se ha cambiado de las diligencias... No, no. Esta
modificación fue en el año 2015 y lo que modificó precisamente fue el
derecho a la entrevista reservada del letrado con su... Con el detenido
antes de la declaración en sede policial. Es evidente que, en cuanto a la
acusación formulada, lo que te cuentan en ese momento es a grandes rasgos.
No te cuentan todo pormenorizado, pero sí que te tienen que informar de
por qué has sido detenido, del tipo delictivo que se supone que has
cometido, dónde y cuándo. A grandes rasgos. Pero sí que la acusación
formulada, evidentemente también en el procedimiento de instrucción y
antes de la apertura del juicio oral, antes de cuando se formula el escrito
de calificación provisional por el fiscal, es evidente que lo tiene que
conocer la defensa para proceder a la defensa oportuna. También a un
proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a
utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar
contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.
Si se fijan, este elenco de derechos viene contenido en el artículo 520 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la que desarrolla este derecho
fundamental. Evidentemente, el derecho a la tutela judicial efectiva no
comprende garantía absoluta sobre el acierto de las resoluciones
judiciales, como no podría ser de otra manera. Nos dan derecho al acceso
al proceso judicial, nos da derecho a que se haga, un proceso judicial con
todas estas garantías. Ahora bien, no nos da derecho a que nos den la
razón, ¿de acuerdo? O a que la resolución judicial acierte porque la
justicia por humanos se compone y por humanos se ejercita. En cuanto a la
titularidad, ¿quién es el titular de este derecho a la tutela judicial?
Son las personas físicas y jurídicas. Y recordemos que en este ámbito
también, el artículo 53 respecto a este derecho, también encuentra esa
tutela a través del recurso de amparo, puesto que se encuentra entre los
artículos 15 a 29, más el 14 y el 30. Y de acuerdo con el artículo 53,
se puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional cuando se
considere que se haya vulnerado este derecho a la tutela judicial efectiva.
Hemos hablado también, o vamos a hablar ahora, del recurso de
inconstitucionalidad. Y ahí sí que nos vamos, un momento que voy a
cambiar la página, el Tribunal Constitucional, para recordar lo que nos
decía el artículo 171.1a y 162.1a de la Constitución Española, que le
recuerdo nos decía lo siguiente. El Tribunal Constitucional tiene
jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer
del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones
normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de
una norma jurídica con rango de ley interpretada por una jurisprudencia
afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán
el valor de cosa juzgada. ¿Y quiénes son los titulares? ¿Quiénes están
legitimados para interponer ese recurso de inconstitucionalidad? Pues a
ello nos responde el artículo 162.1a de la Constitución Española donde
nos dice que, para interponer el recurso de inconstitucionalidad, puede ser
el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50
senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas
y, en su caso, las asambleas de las mismas. Por lo tanto, ya ven que está
extendiendo esa legitimación para interponer ese recurso de
inconstitucionalidad a los órganos ejecutivos de las comunidades
autónomas y, en su caso, también a las asambleas, las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas. Siempre es importante destacar
que este recurso de inconstitucionalidad debe interponerse contra normas
con fuerza de ley. Es decir, no vamos a poder interponerlo contra normas de
carácter o de rango reglamentario, sino siempre contra normas con rango de
ley. Y no se reconoce esta legitimidad a los particulares por lo que el
recurso de inconstitucionalidad se convierte en un medio de control de los
propios poderes públicos respecto de la actividad legislativa de las
Cortes. Es decir, son los propios poderes públicos dentro de estas
personas que están legitimadas, ya ven que es el presidente del Gobierno,
por lo tanto, es el Poder Ejecutivo, es el Defensor del Pueblo, como una
figura institucional regulada en el artículo 54 de la Constitución y a la
cual se le da esta potestad para el control también 50 diputados y
senadores, por lo tanto, el Poder Legislativo, tanto el Congreso y el
Senado, así como los órganos colegiados, los gobiernos, Poder Ejecutivo
de las Comunidades Autónomas y Poder Legislativo de las Comunidades
Autónomas. Vemos que nos hemos dejado un poder, cuando decimos en cuanto a
esta legitimación podríamos pensar ¿y el Poder Judicial dónde está?
Bien, el Poder Judicial no entra en este ámbito del recurso de
inconstitucionalidad pero no olviden que es el que tiene la legitimación
para interponer la cuestión de inconstitucionalidad también contra normas
con rango de ley siempre y cuando dentro de la resolución de un
procedimiento, de un pleito que se haya entablado, de un proceso, el juez
considere que esa norma puede violar la Constitución Española. Por lo
tanto, como pueden ver en el ámbito de la legitimación para ese recurso
de inconstitucionalidad están representados los tres poderes que la
doctrina clásica separa Poder Legislativo, Poder Ejecutivo En cuanto al
plazo de interposición ¿qué plazo se tiene para interponer este recurso
de inconstitucionalidad? El plazo es de tres meses desde la publicación
del acto normativo con fuerza de ley en el Boletín Oficial del Estado y se
presenta ante el Tribunal Constitucional. En el caso de que quien lo
interponga sea el presidente del Gobierno o los órganos colegiados de las
comunidades autónomas el plazo se amplía a nueve meses con los siguientes
requisitos que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación que se
negocie para evitar discrepancias pudiendo instar en su caso la
modificación del texto normativo y que el acuerdo sea puesto en
conocimiento al Tribunal Constitucional en los tres meses siguientes a la
publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de los recursos
relativos al Estado autonómico aquí lo que nos está diciendo es
evidentemente cuando sean los órganos ejecutivos los gobiernos de las
comunidades autónomas los que interpongan esos recursos de
inconstitucionalidad va a ser por cuestión de discrepancias en cuanto a
las competencias del Estado y las competencias de las comunidades
autónomas y lo que pretende en este caso la regulación de ese recurso de
inconstitucionalidad es vamos a ver si llegáis a un acuerdo a través de
esa Comisión Bilateral de Cooperación y si vemos que no llegáis pues
entonces ya interponéis ese recurso de inconstitucionalidad porque más
vale un buen acuerdo que un mal acuerdo que un buen pleito. Una vez que se
admita trámite se dará traslado de la demanda al Congreso de los
Diputados y al Senado así como al Gobierno y si el acto impugnado fuera
una ley o disposición con fuerza de ley de una comunidad autónoma se
dará traslado a los órganos legislativos y ejecutivos de la citada de la
correspondiente comunidad autónoma para que puedan personarse en el
proceso y formular las alegaciones oportunas. La personación y
formulación de alegaciones deberá hacerse en el plazo de 15 días y el
Tribunal Constitucional deberá dictar sentencia en el plazo de 10 salvo
que por la complejidad y mediante resolución motivada requiera de un plazo
más amplio que en ningún caso podrá exceder de 30 días. Bien, estos son
los caracteres generales del recurso de inconstitucionalidad hemos dicho
que también existe la cuestión de inconstitucionalidad que es esa forma
de acceso que tiene el Poder Judicial cuando cuestiona la
inconstitucionalidad de alguna norma con rango de ley y en este caso
permite la cuestión de inconstitucionalidad es que el juez ordinario pueda
consultar al Tribunal Constitucional sobre la validez constitucional de uno
o más preceptos con rango de ley de cuya validez dependa el fallo en un
caso concreto y los jueces y tribunales elevan la cuestión de
inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la
acomodación de la norma al ordenamiento constitucional es decir, no me
vale con que el juez ya de manera inmediata o a priori diga que esa norma
es inconstitucional primero intenta a través de la interpretación ver si
esa norma se puede acomodar puesto que evidentemente no habrá sido objeto
de un recurso de inconstitucionalidad al marco constitucional y si ves que
no se puede entonces si no has podido llegar por esa vía interpretativa de
la acomodación de la norma entonces sí que puedes consultar plantear esta
cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional hay un
principio de conformidad esto lo que quiere decir es que siempre que sea
posible se realizará una interpretación que permita la permanencia en el
ordenamiento de los preceptos enjuiciados siempre que sea posible no se
trata de otorgar a los jueces y tribunales la posibilidad de interpretar la
Constitución sino de conciliar su obligación de actuar sometidos a la ley
y a la Constitución la cuestión de inconstitucionalidad puede activarse
tanto en normas preconstitucionales como normas posteriores a la
Constitución Española en cuanto a la tramitación de esa cuestión de
inconstitucionalidad primero, una vez concluso el procedimiento y dentro
del plazo para dictar sentencia la cuestión de inconstitucionalidad es una
vez que se ha concluido ese procedimiento judicial y dentro del plazo
establecido para dictar la sentencia oportuna respecto a ese procedimiento
tendremos que plantear la cuestión de inconstitucionalidad segundo,
concretar la ley o norma de ley cuya inconstitucionalidad se cuestiona
tercero, el precepto constitucional es decir, qué es lo que estamos
cuestionando y respecto a qué precepto constitucional consideramos que no
se adecua y finalmente justificar en qué medida la decisión del proceso
depende de su validez es decir, además nos añaden que para que esa
cuestión de inconstitucionalidad pueda llegar al Tribunal Constitucional
no sólo concretar el precepto que consideramos que puede infringir la
Constitución y por supuesto qué precepto de la Constitución puede
infringir sino además que de la validez de esa norma dependa el resultado
el fallo que tiene que emitir ese órgano juzgador y tiene que justificarlo
la decisión de plantear la cuestión de inconstitucionalidad se realiza
mediante un auto judicial dando previamente audiencia a las partes y al
Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días aleguen lo que estimen
oportuno respecto a la pertinencia de plantear la cuestión de
inconstitucionalidad resolviendo el juez lo que hayan planteado en el plazo
de tres días. Su planteamiento supone la suspensión provisional de las
actuaciones hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie si se admite
la cuestión de constitucionalidad requiere quien sea parte en el
procedimiento judicial podrá personarse también ante el Tribunal
Constitucional dentro de los quince días siguientes a su publicación para
formular alegaciones en un plazo de quince días, claro si de lo que
estamos hablando es que yo lo que voy a plantear es la cuestión de
inconstitucionalidad sobre una norma de la cual depende el fallo en un
proceso concreto es evidente que también estás afectando a las partes y
que por lo tanto las partes tienen derecho a personarse también ante el
Tribunal Constitucional para manifestar lo que a su derecho les convenga El
Tribunal Constitucional dará traslado al Congreso de los Diputados, al
Senado al Fiscal General del Estado, al Gobierno y en el caso de que afecte
a una Comunidad Autónoma, su Asamblea Legislativa y Gobierno y todos los
cuales podrán formular alegaciones en el plazo de quince días dictándose
sentencia por el Tribunal Constitucional en un plazo de quince días
prorrogables, como hemos visto también anteriormente, a treinta días Hay
otra en el ámbito de la cuestión de inconstitucionalidad hay una figura
de acuerdo, una institución que se conoce como la autocuestión de
inconstitucionalidad y esta autocuestión de inconstitucionalidad es de la
que hablamos cuando el Tribunal Constitucional estime un recurso de amparo
porque uno o más preceptos de la ley aplicada vulneren derechos
fundamentales. En ese caso la Sala del Tribunal Constitucional que
resolvió el recurso de amparo elevará la cuestión al Pleno del Tribunal
que podrá declarar la inconstitucionalidad de esa o esos preceptos
expulsándolos del ordenamiento político. Con esto lo que estamos hablando
es que imagínense, al resolver un recurso de amparo en el Tribunal
Constitucional por una presunta violación de derechos fundamentales, el
Tribunal Constitucional se da cuenta de que esa ley efectivamente está
vulnerando derechos fundamentales y que hace el propio Tribunal
Constitucional la Sala, porque en su forma de funcionamiento son las salas
las que resuelven estos recursos de amparo, plantea, es decir, se
autoplantea porque es el propio Tribunal Constitucional al Pleno una
autocuestión de inconstitucionalidad para que el Pleno del Tribunal
Constitucional se pueda pronunciar sobre la inconstitucionalidad de esos
preceptos. Por lo tanto en el caso de que determine su inconstitucionalidad
expulsar la del ordenamiento jurídico. Hay otra cuestión y es que, como
bien conocen anteriormente a la transición democrática y por lo tanto a
la aprobación de la Constitución Española de 1978 existían una serie de
normas preconstitucionales y que no todas ellas han sido derogadas puesto
que como deben recordar la Constitución deroga todo aquello que no se
oponga a la misma y por lo tanto en algún caso todavía siguen vigentes
leyes o normas que son anteriores al periodo preconstitucional. Bien, pues
para la depuración de estas normas preconstitucionales a través de la
cuestión de inconstitucionalidad se pueden depurar normas
preconstitucionales que no hayan sido por derogación expresa en la propia
Constitución al no oponerse en todo o en parte a la propia Constitución
Española. También tenemos que hablar de una protección jurisdiccional
específica y que es aquella que el ordenamiento jurídico ha creado
expresamente para la protección de uno o más derechos constitucionales.
Son garantías jurisdiccionales específicas a priori, como por ejemplo la
disolución de asociaciones que sólo se puede realizar mediante
resolución judicial o también a posteriori esas garantías
jurisdiccionales como son el famoso habeas corpus que tanto se ha hablado
sobre él a través de las redes sociales me parece a mí que con mucho
menor acierto sí, que acierto sobre lo que es lo que se trata también de
garantía jurisdiccional esa contenida respecto a que todo lo que afecte a
los derechos fundamentales va a ser objeto de un procedimiento preferente y
sumario o el mismo recurso de amparo. En cuanto al procedimiento preferente
y sumario recuerden que el apartado segundo del artículo 53 de la
Constitución nos dice que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de
las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección
primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad en su
caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Preferencia y sumariedad y preferencia y sumariedad de lo que nos está
hablando un segundo vale, ya he vuelto me había quedado me estoy quedando
congelado te está fallando yo me he tenido que actualizar y me ha hecho
algo raro ay madre mía, vale, ya estoy aquí bien, preferencia,
procedimiento que son inmediatamente incuados después de la presentación
del escrito una prioridad absoluta entre la recepción y la tramitación
del caso y pero ya he vuelto, no Miriam no me he ido, estoy aquí vale hola
y sumariedad que se refiere primero a limitado objeto y medios de prueba
para dar mayor celeridad al proceso objeto limitado procedimiento especial
y tramitación peculiar que favorece la resolución rápida del caso y el
fallo pues abre la posibilidad del recurso de amparo, y ahora ya entramos
en ese recurso de amparo y respecto a ese recurso de amparo tenemos que
recordar que la garantía específica de algunos derechos y libertades
regulada en el artículo 53 apartado segundo de la constitución española
y cuya resolución de ese recurso de amparo corresponde al tribunal
constitucional y el problema que se plantea es que la determinación de
qué derechos y libertades son los contenidos en los artículos antes
citados y qué materia aún incluida en esos artículos no puede ser
considerada como derechos y libertades y por tanto no se incluyen en el
ámbito de protección del recurso de amparo es que claro, no podemos decir
si artículos 15 a 29, bueno pero dentro de los contenidos de esos
artículos 15 a 29 se trata de delimitar de manera específica qué
contenido de los mismos puede ser objeto del recurso de amparo y cuál
contenido de los mismos no goza de esa característica de derecho
fundamental esencial que goce de esta protección que tiene el recurso de
amparo, por ejemplo si nos vamos al artículo 25 apartado segundo de la
constitución en cuanto a los principios de las penas privativas de
libertad y derechos de los privados de libertad, de acuerdo con el tribunal
constitucional no son derechos y libertades sino principios y mandatos al
legislador y por tanto no son susceptibles del recurso de amparo, tampoco
está tampoco cabrá el recurso de amparo de los derechos contenidos en los
tratados y convenios internacionales ratificados por España, salvo que se
encuentren en el ámbito protegido por la constitución española ahora
bien, frente a ello tenemos que tener en cuenta que existe la carta de
derechos fundamentales de la Unión Europea y que incorporados como derecho
originario a la Unión Europea desde el tratado de Lisboa qué ocurre
cuando los derechos se incorporan no son perfectamente identificables con
los incluidos en el recurso de amparo, de acuerdo ese planteamiento que
bien cabe decir que el tribunal constitucional ha resuelto a favor de su
inclusión respecto del derecho de amparo, también tenemos que hablar del
recurso de amparo perdón, también tenemos que hablar de los actos lesivos
de los poderes públicos y aquí en relación a ello la ley orgánica 2
barra 79 de 3 de octubre del tribunal constitucional nos habla del recurso
de amparo constitucional protege frente a las violaciones de los derechos y
libertades arriba citados originados por disposiciones, actos jurídicos
omisiones o simple vía de hechos de los poderes públicos del Estado las
comunidades autónomas y los demás entes públicos de carácter
territorial, corporativo o institucional, así como sus funcionarios o
agentes la finalidad del recurso de amparo es establecer o preservar los
derechos y libertades por razón de las cuales se formuló el recurso, por
lo tanto cuando hablamos del recurso de amparo frente a actos lesivos de
los poderes públicos de lo que estamos hablando es de restablecer al
particular en el ejercicio de sus derechos y libertades vulneradas por la
acción u omisión de un poder público ¿qué actos son recurribles en
amparo? pues por lo tanto son recurribles en amparo decisiones o actos sin
valor de ley violaciones por disposiciones, actos jurídicos omisiones o
simple vía de hecho del gobierno, sus autoridades o sus funcionarios una
vez siempre que hayamos agotado la vía judicial precedente y acto u
omisión de un órgano judicial recuerden siempre porque es fundamental que
el recurso de amparo tiene un carácter subsidiario y subsidiario lo que
nos quiere decir es que es preciso haber agotado la vía ante los
tribunales ordinarios no podemos decir o interponer ya directamente ha
ocurrido esto si hablamos de la vía de hecho o tengo esta resolución y
voy a acudir directamente ante el recurso de amparo no, tenemos que agotar
la vía de los tribunales judiciales ordinarios y a partir de ahí sí que
podremos acudir al recurso de amparo también tiene un carácter subjetivo
es decir es una tutela del derecho siempre a instancia de parte y la parte
objetiva es que con esa defensa se tutela también el ordenamiento
constitucional del que los derechos y libertades son parte fundamental
quienes están legitimados para acudir en un recurso de amparo para
presentar un recurso de amparo toda persona natural y jurídica que tenga o
que invoque un interés legítimo el defensor del pueblo y el ministerio
fiscal por actos y decisiones sin valor de ley emanados de las cortes de
cualquiera de sus órganos o de las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas o de sus órganos toda persona natural o jurídica
que haya sido que en el procedimiento judicial correspondiente el defensor
del pueblo y el ministerio fiscal por disposiciones, actos jurídicos o
simple vía de hechos ¿y cómo se tramita este recurso de amparo? pues
miren no es una tercera instancia jurisdiccional ni casacional es decir no
tras haber agotado el poder judicial todo ese camino acudimos a esa tercera
instancia que sería el tribunal constitucional ese no es el concepto sino
que se trata de una tutela de los derechos del ciudadano de un juicio de
constitucionalidad se inicia mediante demanda citando los derechos
constitucionales que se estimen infringidos y los documentos que avalen la
petición hay que justificar la especial trascendencia constitucional del
recurso no produce suspensión el recurso de amparo no produce suspensión
puesto que la interposición del recurso de amparo no suspende los efectos
del acto o sentencia impugnados aunque si el perjuicio pudiera hacer perder
el recurso su finalidad la suspensión total o parcial siempre y cuando la
suspensión no ocasione perturbación grave a un interés
constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades
de otra persona por lo tanto tenemos que tener claro que la interposición
del recurso de amparo en principio con carácter general no tiene efectos
suspensivos contra la que estamos interponiendo ese recurso de amparo si
bien cuando acreditemos que puede haber que esa suspensión que esa,
perdonen, no suspensión causa un perjuicio que pudiera hacer perder al
recurso su finalidad sí que podría llegarse a esa suspensión total o
parcial siempre y cuando además acreditemos que esa suspensión no afecta
a intereses constitucionalmente protegidos ni a los derechos fundamentales
o libertades de otra persona en cuanto a la sentencia que finalizará ese
procedimiento que se ha establecido a través del recurso de amparo esa
sentencia podrá otorgar o denegar el recurso de amparo si se otorga el
amparo que es lo que podemos obtener pues bien declaración de nulidad de
la decisión acto resolución reconocimiento del derecho libertad pública
restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho a libertad
con adopción de las medidas adecuadas y si en el recurso se estima que sea
la propia ley la que lesiona el derecho fundamental como hemos dicho se
producirá una auto cuestión de inconstitucionalidad elevándolo la sala
que haya resuelto ese recurso de amparo al pleno del tribunal
constitucional tenemos que nombrar también las instituciones de garantía
y recordar que se trata del control de la actividad del gobierno por el
parlamento a través de preguntas interpelaciones y comisiones de
investigación y vamos a pasar un segundo a la suspensión de los derechos
y de las libertades como lección 10 suspensión tan famosa tan de moda en
la actualidad de derechos y estados excepcionales ante ello y a forma de
introducción tenemos que recordar que la constitución como instrumento
jurídico que controla el poder político para la garantía de la libertad
y puede darse en la sociedad circunstancias extraordinarias que requieran
que los preceptos constitucionales puedan ceder o ser suspendidos y por
tanto esta suspensión de derechos se convertirá en un instrumento de
defensa de la constitución la suspensión de derechos de la constitución
española viene recogida en el artículo 55 de la misma que recordemos que
nos decía lo siguiente 55 los derechos reconocidos en los artículos 17 18
libertad inviolabilidad del domicilio apartado 2 y 3 artículos 19 libertad
de movimiento 20 apartados 1 a y d artículos 21 28 apartado 2 y artículo
37 apartado 2 podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del
estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la
constitución se efectúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del
artículo 17 para el supuesto de declaración del estado de excepción 2
una ley orgánica además podrá determinar la forma y los casos en los que
de forma individual de acuerdo no ya para la generalidad y con la necesaria
intervención judicial el adecuado control parlamentario los derechos
reconocidos en los artículos 17 2 18 2 y 3 pueden ser suspendidos para
personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes
a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y hemos visto de
acuerdo que hablan de los estados de excepción o de sitio sin embargo
cuando nos vamos a el artículo 16 que es el que tenemos que relacionar
directamente con este artículo 55 de la constitución nos habla de una ley
orgánica reguladores estados de alarma de excepción y de sitio en las
competencias y limitaciones correspondientes el estado de alarma será
declarado por el gobierno mediante decreto acordado en consejo de ministros
por un plazo máximo de 15 días dando cuenta al congreso de los diputados
reunido inmediatamente al efecto sin cuya autorización no podrá ser
prorrogado dicho plazo el decreto determinará el ámbito territorial a los
que se extienden los efectos de la declaración bien respecto a ello es un
modelo de excepción clásico de acuerdo ante el supuesto de una situación
de emergencia de una serie se dan de una serie de modificaciones puntuales
y concretas respecto a la vigencia que tiene ordinaria la constitución
española el 55 1 nos nombra los derechos que pueden ser suspendidos solo
de acuerdo en el ámbito de la declaración de los estados de excepción o
sitio y el estado de alarma no habilita para la suspensión de derechos
permite ciertas medidas y prestaciones de los ciudadanos para paliar las
consecuencias el carácter excepcional de las medidas de suspensión de
derechos en cuanto al artículo 216 no lo vamos a volver a leer lo tienen
repasenlo medidas cautelares para impedir la alteración del normal
funcionamiento de los poderes públicos y si la declaración se produjera
cuando el congreso estuviera disuelto las competencias las asumiría la
diputación permanente recuerden que también tenemos que relacionarlo con
el artículo 169 de la constitución española por la prohibición del
procedimiento de reforma constitucional ante cuando está declarado alguno
de estos estados de alarma excepción o sitio bien y con esto vamos a
finalizar la clase de hoy voy a parar