Del Estado como fenómeno histórico nos tenemos que situar ya en la Alta
Edad Media y en el poder onímodo, de acuerdo, totalitario que desempeñaba
la Iglesia. En aquellos momentos nos encontrábamos en una distinción
entre el poder espiritual y el poder político, aspirándose por cada
señor a tener un poder político y produciéndose, por lo tanto,
constantes conflictos, constantes, digamos, luchas en virtud, de acuerdo,
de esa creencia o aspiración a controlar ese poder político. Entre los
que se enfrentaban y, por lo tanto, para superar esta situación de
conflicto permanente, fueron surgiendo nuevas formas de organización
política que lo que buscaban era ser más estables, más centrales y, por
supuesto, más potentes. La organización política, en definitiva, surgió
para garantizar la seguridad pública, como fin último del Estado, y dotar
de autoridad a una institución que garantizara la seguridad y la
resolución de los conflictos. Por lo tanto, el Estado comenzó a asociarse
a una estabilidad del poder público en el espacio y en el tiempo,
dotándose de la idea de soberanía en cuanto a ese poder estatal y
aplicación directa del poder a los súbditos, extendiéndose este tipo de
organización y, por lo tanto, de funcionamiento del poder de un modo
homogéneo, territorio y garantizando la eficacia de la aplicación de este
poder de una manera de carácter coactivo. Así, a mediados del siglo XVII,
ya se había consolidado en toda Europa un modelo de organización
política con unas características comunes, un poder político
centralizado y de carácter homogéneo. La soberanía de los Estados, en la
actualidad, lo que tenemos que decir, puesto que, igual que es una
creación artificial, ¿de acuerdo?, no es algo connatural. Algo derivado
de la propia estructura social ha venido derivándose y difuminándose en
cuanto a esa soberanía actual, de tal forma que la globalización o,
incluso como en nuestro caso, la pertenencia a organizaciones de carácter
supranacional como es la Unión Europea, a la cual le hemos tenido que
ceder o le hemos cedido de manera voluntaria, por supuesto, distintos
apartados o aspectos de la soberanía del Estado. Español, haciendo ver,
¿de acuerdo?, que esta última forma de organización del Estado no es
algo connatural, no es algo permanente y, por lo tanto, tampoco es algo de
carácter imprescindible. El Estado es un artificio y el Estado es una
creación artificial que no surge de las naciones, sino que son fruto de la
acción consciente de esfuerzos de carácter político y económico a la
hora de buscar esa estabilidad a través de una organización política que
desempeñara un poder, garantizando la seguridad, por lo tanto, una
estabilidad que produzca un desarrollo y de una manera homogénea.
Recuerden que el Estado se caracteriza por la tenencia de diferentes
elementos, como es el poder, el territorio y la población, organizado todo
bajo ese principio de soberanía en una relación de completa igualdad con
el resto de Estados. En cuanto a la Constitución, ¿de acuerdo?, la
Constitución como estructura de poder, tenemos que tener en cuenta que las
organizaciones y el poder se institucionalizan, y esa institucionalización
supone que ese poder del Estado no pertenece a personas concretas, sino que
es desempeñado por diferentes personas que encarnan provisionalmente la
responsabilidad o el llevar al frente o el cometido de ciertos órganos y
ciertas instituciones. La Constitución es, en definitiva, quien crea esa
compleja estructura formada por el conjunto de instituciones y órganos
fundamentales del Estado y que ordena sus relaciones recíprocas, como
primer concepto de Constitución en cuanto a la formalización al contenido
de esa estructura de poder. Podemos definir la Constitución, en este caso,
como estructura de poder desde dos aspectos. Por un lado, la Constitución
como descriptiva, y es esta que descubría la estructura del poder estatal,
o describía la estructura del poder estatal, pero no establecía un
sistema de reglas que fueran obligatorias, ¿de acuerdo?, sino que, puesto
que la estructura del poder tenía una concepción tradicional,
limitándose estas constituciones a formalizar el poder efectivo que podía
cambiar las disposiciones constitucionales. En cuanto a la Constitución
normativa, a partir del siglo XVIII, principalmente tras la aprobación de
la Constitución de los Estados Unidos de América, en 1787, la
Constitución francesa de 1791, tras la Revolución francesa, aquella
declaración de los derechos del hombre y de un ser humano, se cambia el
concepto de Constitución y pasamos de una Constitución descriptiva, que
lo único que hace es asumir y describir la estructura de poder que está
arraigada o establecida en una determinada sociedad, y ese cambio de
concepción, que debe partir desde la libertad natural de los individuos,
la idea del contrato social y, por tanto, la residencia de la soberanía
nacional y el poder constituyente en el pueblo, modificando el concepto
anterior y creándose la estructura y el marco de funcionamiento, de ese
Estado a través de la propia Constitución, que ya se convierte en una
Constitución creadora, no descriptiva. Una Constitución, por lo tanto,
normativa, siendo sus poderes de carácter constituidos, puesto que emanan
de la propia Constitución. Incluso el poder para reformar la propia
Constitución es un poder de carácter constituido. Es la Constitución la
que crea el nuevo orden político, la que da vida y dinámica a las
instituciones políticas. En cuanto a principios básicos, de la
ordenación constitucional del poder, legitimación del poder, debemos
partir de la diferencia de que los titulares del poder en la organización
no generan el poder por sí mismos, sino que detentan el poder que genera
la organización en su conjunto. La capacidad de poner a su servicio el
poder del Estado en su conjunto. Pero ese poder, en la organización,
necesita justificar la apropiación de ese poder. Necesita legitimarse.
Tenemos que ver, que en un principio, el origen de ese poder se atribuía a
un origen divino, a la teocracia, o la tradición histórica en cuanto a
las monarquías tradicionales. Pero en los Estados, con constituciones
normativas como son las actuales, existen dos vías definitivamente de
legitimación de ese poder que van a ostentar o que van a desempeñar los
diferentes poderes que contiene esa Constitución y que son los diferentes
poderes del Estado. En primer lugar, porque la soberanía nacional, reside
en el pueblo, que es el que confiere los poderes del Estado sometiéndose
al ejercicio de ese poder a unas reglas constitucionales. Sabemos que en
estas constituciones normativas, además de legitimar ese poder, de crear
esa estructura del poder, de cómo se desempeña ese poder, también se
establecen las reglas en las cuales deben relacionarse los diferentes
órganos y por lo tanto, ese poder se imputa a la voluntad de todos. Eso es
lo que significa la democracia y la soberanía nacional que reside en el
pueblo. Que canaliza su actuación a través de reglas o normas como son
las que configuran el Estado de Derecho. En cuanto a la relación de la
democracia y el poder constituyente, es evidente que la Constitución
ejerce una supremacía normativa porque procede de una autoridad superior a
los poderes que ella misma contiene, el poder constituyente. Es decir, que
el poder que establece, que recoge, que dispone la propia Constitución
proviene de un poder que es superior a ella, un poder constituyente. El
pueblo, pero además ese pueblo, una vez que el poder constituyente ejerce
su labor, que realiza, que formaliza esa Constitución y que por lo tanto
crea esas estructuras de poder y la forma legítima de desempeñarse, una
vez que acaba su función es el propio pueblo el que debe apropiarse porque
definitivamente el poder constituyente no significa que sea el pueblo el
que ha formalizado esa Constitución porque el pueblo lo hará a través de
los representantes elegidos en ese ámbito democrático. Pero una vez que
ese representante democrático, si ese poder constituyente finaliza su
labor crea ese texto constitucional debe apropiarse del mismo el pueblo
¿Cómo? Pues a través por ejemplo de la figura del referéndum como si la
Constitución fuera obra suya como si fuera lo hubiera elaborado él mismo.
El poder del constituyente por lo tanto del pueblo no es más que una mera
ficción legal pero que tiene digamos ese objetivo esa finalidad de hacer
de acuerdo que una vez que el poder constituyente ha realizado su labor
esos representantes que ha elegido el pueblo para la formalización de la
Constitución una vez que la hayan realizado es el pueblo el que se adueña
de ella como si la hubiera realizado él mismo otorgándole la máxima
legitimidad que se le puede otorgar a esta Constitución. En cuanto a la
democracia en la Constitución una vez que finalice ese poder constituyente
y que por lo tanto finaliza su labor de creación de la Constitución el
mismo se extingue ¿De acuerdo? Pero el Estado democrático no se agota con
el poder constituyente sino que el poder de los órganos del Estado tal y
como recoge también nuestra propia Constitución hace que esos poderes
sigan emanando del pueblo y esto es el origen de los regímenes
parlamentarios. Esos poderes del Estado que se van renovando tras las
correspondientes elecciones democráticas hacen que se mantenga viva esa
legitimidad democrática que se creó a través de la Constitución que
estableció esos órganos estas regulaciones, estas reglas de relación
entre los mismos y que se van consolidando y manteniendo esa legitimidad
democrática a través de esos regímenes parlamentarios. Hablamos ahora
del Estado de Derecho y en cuanto al Estado de Derecho tenemos que traer a
colación recordar, ¿de acuerdo?, que al final el fin o el fin de la
creación del Estado de Derecho no era más que para garantizar los
derechos y las libertades de los ciudadanos y los ciudadanas del ser humano
y ser un límite absoluto a la acción que desarrolla, ¿de acuerdo?, el
propio Estado. Y esto, el Estado de Derecho junto a la idea de los
contrapesos de poder de la separación de poderes del imperio de la ley,
del principio de legalidad y de un poder judicial independiente es,
digamos, lo que caracteriza el Estado de Derecho como, en primer lugar
función eficaz primordial o primaria del Estado para garantizar la
seguridad de los individuos y también como freno a la tendencia al poder
absoluto que puede desarrollar el propio Estado. Finalmente entramos ya en
el ámbito del Estado Constitucional y como Estado de Derecho como el
Estado de Derecho tenemos que recordar que el artículo 16 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano formulada en el
año 1791 tras la Revolución Francesa, en 1789 nos dice que una sociedad
en la que la garantía de derechos y la separación de poderes no están
asegurados carece de Constitución en la actualidad es evidente que las
constituciones no limitan los poderes de un Estado existente sino que ella
misma es el que lo crea, estando configurados y limitados en su origen por
lo tanto tengamos en cuenta que si en un principio las constituciones y
más tras la Revolución Francesa de 1789 donde se reveló la población
los ciudadanos y las ciudadanas contra la monarquía absolutista y por lo
tanto la restricción de los procesos abusivos de ese poder ahora ya en los
estados constitucionales no vienen las constituciones a limitar esos
poderes sino que es la propia Constitución la que establece ya de un modo
limitado, organizado estructurado y regulado cuáles son esos poderes la
relación entre ellos y cómo deben funcionar por ello la Constitución
debe evitar las concentraciones del poder delimitar las tareas que deben
desarrollar ese poder y asegurar la capacidad de los órganos debidamente
la proactividad del Estado en la garantía de las condiciones básicas para
que todas las personas puedan disfrutar de su libertad y desarrollar sus
capacidades no tienen más que tener en cuenta nuestro artículo 10 de la
Constitución Española en el cual la dignidad de la persona y los derechos
inviolables que son inherentes así como el respeto a la ley y a los
derechos de los demás el libre desarrollo también de la personalidad son
los fundamentos del orden político y la paz social por lo tanto, además
el Estado constitucional lo que exige también no es sólo puesto que ya
viene limitado y organizado y estructurado en cuanto a sus relaciones y al
ejercicio de sus funciones por la propia Constitución lo que se exige del
Estado constitucional es que tenga un carácter proactivo la proactividad
del Estado en la garantía de las condiciones básicas de que todas las
personas puedan disfrutar de su libertad y desarrollar sus capacidades y de
ahí que vengamos siendo configurados aparte de que como dice por ejemplo
nuestra propia Constitución los poderes públicos deberán remover los
obstáculos para que las libertades y la desigualdad de los ciudadanos sean
completas también entramos en el ámbito de lo que se considera un Estado
social el Estado social debe intervenir de manera activa en la vida de los
ciudadanos para conseguir de acuerdo a aminorar esas desigualdades como
pues estableciendo esas protecciones una sanidad pública de acuerdo a un
sistema de pensiones es decir todas esas condiciones que hacen que
definamos al Estado como un Estado social en cuanto a las funciones y los
órganos del Estado la hacemos a través de la doctrina clásica vamos a
distinguir entre las funciones legislativas que es la que crea el derecho
ejecutiva, la que lo aplica y judicial como garantía de la exigencia del
cumplimiento de esos derechos dentro de las funciones que tenemos del
Estado encontramos las legislativas no tenemos otro más que esas leyes,
esas normas que son adoptadas por los parlamentos y hablo de los
parlamentos en plural porque en el ámbito por ejemplo de nuestro Estado
estamos en un estado de las autonomías por lo tanto tenemos unas fuertes
generales en el ámbito del Estado con esa potestad legislativa esa
capacidad de crear las normas y tenemos 17 asambleas legislativas en cada
una de las comunidades autónomas que también desarrollan esa capacidad de
hacer normas en el ámbito de las materias que tienen atribuidas a través
de sus estatutos de autonomía de esas competencias que les permite la
Constitución, pero no tenemos que olvidarnos de que también tenemos que
hablar de otras normas otras normas como por ejemplo las que realiza el
propio gobierno la administración a través de los reglamentos o incluso
la potestad legislativa con carácter delegado que tienen las Cortes
Generales en el ámbito del Gobierno por lo tanto en cuanto a esta función
normativa del Estado tenemos que ampliarla y no restringirla sólo sobre
las leyes el Estado moderno consciente de que las relaciones sociales son
convencionales debe regular las nuevas situaciones configurando el grupo
social y pautando las normas de comportamiento orientando y ordenando
racionalmente la actividad del Estado el Estado moderno es consciente de
que a través de la función normativa de la creación de normas de la
orientación de las mismas puede configurar la sociedad desarrollarla en un
sentido o en otro el Estado democrático se exige la aplicación de las
normas de modo regular en la práctica y no de modo arbitrario por lo que
junto al legislador se exige la existencia como es el Poder Judicial de
poderes capaces de aplicar la ley con eficacia y con independencia en
cuanto a la función ejecutiva tenemos que recordar que la ejecución la
actividad ejecutiva no se limita tan sólo a aplicar las consecuencias
jurídicas a hechos predeterminados porque la aplicación mecánica del
modo de la ley no existe sino que el derecho se tiene que aplicar bajo su
interpretación y además también exige funciones de tipo discrecional es
que la función ejecutiva el poder ejecutivo el que desarrolla el gobierno
también a través de la concreción y ordenación de sus objetivos tiene
ese poder discrecional lo que mantiene un margen para esos órganos
ejecutivos y más en un Estado social como en el que nos encontramos donde
a través de las tareas públicas se desarrollan el tipo de objetivos el
tipo de políticas el tipo de desarrollo social que se pretende siempre eso
sí, de acuerdo con lo que nos dice el artículo 103 de la Constitución
Española con pleno sometimiento a la ley y al derecho y con plena
objetividad hablaríamos en cuanto a esas funciones del Estado de la
función jurisdiccional y en cuanto a la función jurisdiccional lo que
estaríamos hablando sería del poder judicial como ese poder independiente
en el ámbito fundamental en el ámbito de un Estado de derecho que lo que
viene es a garantizar que la aplicación de esas normas se hace de la
manera correcta respecto a lo que las propias normas dicen y siempre
sometido al imperio de la ley dentro de ese ámbito de la separación de
derechos