¿Qué es el procedimiento de inspección tributaria? Me gusta bastante la
definición que establece el artículo 145 de la ley general tributaria,
que nos dice que tiene por objeto comprobar e investigar el adecuado
cumplimiento de las obligaciones tributarias procediendo, en su caso, a la
regularización de la situación tributaria de lo obligado mediante las
liquidaciones tributarias que correspondan. Conforme al principio de
uniformidad o procedimiento único, el procedimiento de inspección
comprende, conforme a lo que se establece en el artículo 148, por el
conjunto… También de la ley general tributaria, el conjunto de actos que
realiza la inspección desde la comunicación del inicio de las actuaciones
hasta que se dicta el acto de liquidación y se notifica, teniendo por
objeto comprobar, investigar y, en su caso, regularizar la situación
tributaria del contribuyente respecto de los tributos y periodos
impositivos que sean objeto de construcción, en función del alcance de
las actuaciones inspectoras. Por lo tanto, el objeto del procedimiento
inspector viene definido por la citación de inicio de las actuaciones
inspectoras, exigiendo el principio de seguridad jurídica en el ámbito
adicto de las actuaciones inspectoras, que las mismas se realicen de una
manera continuada hasta su culminación, así como se desarrollan dentro
del alcance definido en la citación del inicio de las mismas, como así
establece por varias resoluciones del Tribunal Económico Administrativo,
como la de 26 de marzo del 2004. Debiendo destacar… La unidad del
procedimiento inspector, un único procedimiento en el que todas las
actuaciones realizadas… afectan a todos los impuestos y periodos a los
que, desde el comienzo de las ampliaciones de su ámbito objetivo, se
refiere. También, una de las características que tiene el procedimiento
inspector, marcadamente, es su carácter contradictorio, puesto que la otra
parte también tendrá algo que decir. Por eso, contradicción de lo que
son opiniones o puntos de vista. Y el situado carácter dialéctico. Ya lo
veremos posteriormente, en cuanto a la documentación de las acciones
inspectoras, pues, en primer lugar, tenemos la citación y después es
bastante habitual que el obligado tributario, todas las comparecencias, se
deje constancia de ellas mediante la diligencia de constancia de hechos,
que son aquellos documentos que, precisamente, documentan esas
apreciaciones o esas manifestaciones de voluntad y esos hechos. En
principio, que se ponen en manifiesto con respecto de lo obligado
tributario por parte de la inspección. Entonces, eso se plama
documentalmente en esa diligencia de constancia de hechos. Por lo tanto, la
presencia de los brigados tributarios y representantes de las
organizaciones está ordenada precisamente a la finalidad que es la defensa
de los derechos e intereses del propio ministro. Dentro del procedimiento
de inspección tributaria, en primer lugar, ¿qué tenemos que ver? Debemos
ver qué sujeto interviene. Como es lógico, el primer sujeto que nos
encontramos es el personal inspector y, dentro de este personal inspector,
podemos ver las postestadas que tiene. La actuación inspectora se realiza
por funcionarios y demás profesionales de servicios de la Administración
tributaria que desempeñan los puestos de trabajo integrados en los
órganos con funciones de inspección tributaria, sin perjuicio de que las
normas de organizaciones específicas puedan autorizar la intervención de
funcionarios que desempeñan puestos de trabajo en órganos con funciones
distintas. Ello conforme a lo que se establece en el artículo 161 del
Reglamento General de Inspección Tributaria. Cada Administración
tributaria puede determinar los puestos de trabajo que supongan el
desempeño de funciones inspectoras y las tracciones preparatorias y las de
comprobación o pruebas de hechos o circunstancias con tracciones
tributarias podrán encomendarse al personal de servicio de la
Administración tributaria que no tenga la condición de funcionaria. Las
tracciones afectadas en el procedimiento por órganos con competencia para
la inspección de los tributos se podrán realizar bien por uno o por
varios actuarios. 3. Conviene advertir de la nulidad del pleno derecho en
el que incurren los actos viciados de incompetencia material o territorial.
En cuanto a los derechos y prerrogativas del personal inspector, interesa
destacar que el ejercicio de la función inspectora, los funcionarios de la
inspección de los tributos serán considerados como agentes de la
autoridad. Ello conforme lo que establece el artículo 142 del Reglamento
General de Inspección. A los efectos de responsabilidad de hecho o de
palabra durante los actos de servicio como activo del mismo, debiendo a las
autoridades públicas prestarle la protección y auxilio necesarios en el
ejercicio de sus funciones de inspección, como lo establece el artículo
148. En cuanto a los deberes del personal de inspectores, el artículo 64
del Reglamento de Juegos de Inspección, refiriéndose a todo el personal
de la Servicia de Administración Diputaria, dispone que estará obligado
al más estricto y completo sigilo respecto a los datos, informes o
antecedentes que conozca por razón de su cargo. Dicha información tendrá
carácter reservado y solo podrá ser comunicada a quien, por razón de su
competencia, intervenga en el procedimiento de que se trata. No obstante,
lo anterior no impide que los datos, informes o antecedentes obtenidos en
el curso de las actuaciones puedan utilizarse cuando sea necesario para la
emisión del informe, peritajes o asistencia solicitadas por otros
órganos, administraciones, personas o entidades de acuerdo a la normativa
aplicable, como lo establece el artículo 65 del Reglamento. El personal de
la Servicia de Administración Diputaria deberá deponer en conocimiento
del órgano competente o, en su caso, de la autoridad judicial o del
Ministerio Fiscal los hechos que conozca en el curso de sus actuaciones de
los que pudiera derivarse indicios de fraude, la obtención o percepción
de ayudas o subvenciones a cargos de fondos públicos o de la Unión
Europea, así como los hechos que puedan ser constitutivos de delito no
perseguibles únicamente a instancias de la persona agraviada. Conforme
también al apartado sexto del artículo 60, antes mencionado, de
reglamentos de la dispensación, se establece la dispensa a los
funcionarios y personales a servicio de la Administración Tributaria de la
obligación de declarar como testigos los procedimientos civiles ni en las
penales por delitos perseguidos únicamente a instancias de parte cuando no
pudieron hacerlo sin violar el deber exigido. En el desarrollo del
procedimiento inspector se pone manifiesto que las potestades de
inspección están…, que sistemáticamente pueden concretarse en una
serie de potestades. En primer lugar, nos encontramos con el examen de la
documentación de los obligados tributarios. En segundo lugar, la
actuación de obtención de información por el requerimiento
individualizado o incluso sin previo requerimiento escrito en caso de que
no justifiquen la autoridad a los datos a obtener. Requerimiento
individualizado de información a determinadas autoridades sometidas al
deber de informar y colaborar. Requerimiento de información a entidades
dedicadas al tráfico bancario o crediticio. Entrada y reconocimiento de
fincas y otras facultades, como la de recabar información de los
trabajadores o empleados o las ciudades en que participen. El tratamiento
de las potestades de inspección debe de completarse con los conceptos que
tipifica como infracción tributaria la resistencia, obstrucción y excusa
o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria. Entre tales
conductas destacan la de no facilitar el examen de documentos, informes,
libros, registros, ficheros, facturas y cualquier otro dato contra oficinas
tributarias, el no atender algún requerimiento debidamente notificado, la
incomparecencia salvaguardosa justificada en el lugar y el tiempo
señalado, negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas
o locales a los funcionarios de la Administración tributaria o el
reconocimiento de locales, máquinas o instalaciones y explotaciones
relacionadas con las obligaciones tributarias. Y, por último, las
coacciones a los funcionarios de la Administración tributaria o todos los
sujetos intervinientes en el procedimiento inspector. Ya hemos visto lo que
es la parte de la inspección, ¿no? Serían los obligados tributarios,
¿no? Con respecto a lo mismo, podemos decir que todo obligado
tributario… puede ser objeto de un procedimiento de comprobación e
investigación tributaria encaminada a verificar el exacto cumplimiento de
sus obligaciones legalmente establecidas y para los deberes con los que la
Hacienda publica. Los obligados tributarios deberán atender a los órganos
de inspección, prestándoles la debida colaboración en el desarrollo de
sus funciones, debiendo comparecer por sí por medio del representante en
el lugar y día y hora señalados para la práctica de las acciones,
aportando o teniendo a disposición de la inspección la documentación y
los demás elementos solicitados. Tratándose de un grupo que tributa en
régimen de consolidación fiscal en impuestos sobre sociedades, deberá
atender a los órganos de inspección tanto las sociedades dominantes del
grupo como las sociedades dependientes. La actuación de comprobación e
investigación de los obligados tributarios, incluidas las de carácter
formal de la entidad sin responsabilidad jurídica, se desarrolla con quien
tenga su representación. El cumplimiento de las obligaciones relativas al
tributo que grabe la renta sostenida de los procedimientos de comprobación
e investigación que pueden instruirse frente a cada socio, heredero,
comunero o participante, Pudiendo utilizarse en dichos procedimientos los
datos, informes o antecedentes obtenidos en las actuaciones de
comprobación o investigación de las obligaciones propias de la entidad,
conforme a lo que establece el artículo 105 del Reglamento General de
Inspección Tributaria. La comprobación de la situación tributaria de las
unidades temporales de empresas, agrupaciones de interés económico y
demás entidades obligadas a imputar renta se desarrollará con estas,
pudiendo sus socios o miembros oponer tales motivos de impugnación que
estimen conveniente el procedimiento de comprobación e investigación que
se instruya frente a cada uno de ellos y los que se tengan en cuenta los
resultados de las actuaciones desarrolladas con las entidades. En caso de
solidaridad en el presupuesto. De hecho, de las entidades. De hecho, de la
obligación, las actuaciones y procedimientos se puedan realizar con
cualquiera de los obligados tributarios que concurran en el presupuesto. De
hecho, de la obligación objeto de las actuaciones. Las resoluciones que se
dicten o las liquidaciones que en su caso se practiquen se realizarán a
nombre de todos los obligados que hayan comparecido y se notificarán a
todos los obligados tributarios conocidos. En las actuaciones o
procedimientos relativos a personas físicas fallecidas o a personas
jurídicas o demás entidades de registro de droga extinguida, deberán de
actuar ante la Administración los sucesores o quienes se les transmitan
los correspondientes derechos o obligaciones y, en su caso, sanciones
tributarias. El procedimiento de comprobación e investigación será
único y podrá desarrollarse con cualquiera de los sucesores
comunicándose a los demás sucesores conocidos que podrán comparecer en
las acciones. El procedimiento continuará con quienes hayan comparecido y
las resoluciones que se dicten o liquidaciones que se practiquen se
realizarán a nombre de todos los sucesores que hayan comparecido y se les
notificará a todos los sucesores conocidos, como en el artículo 107 de
los reglamentos que la dispensamos. Cuando la entidad se encuentre en fase
de liquidación y las actuaciones administrativas tengan lugar antes de la
extinción de su personalidad jurídica, dichas actuaciones se entenderán
con los liquidadores. Disuelta y liquidada la entidad, los liquidadores
deberán de comparecer ante la Administración si son requeridos para ello.
y en cuanto a representantes anteriores de la entidad y custodia, en su
caso de los libros, y la documentación de las mismas. Los supuestos de
concurso para las actuaciones se entenderán con el propio concursado, con
el juez que no haya acordado la suspensión de sus facultades de
Administración y disposición, en cualquier caso, con las Administradoras
Concursales como representantes del concursado o en su función de
intervención conforme establecida la ley concursal. En el caso de los
obligados tributarios no residentes que operen en España mediante este
decreto permanente, las actuaciones de la Administración se realizarán
con los representantes designados por el obligado tributario. En caso de
incumplimiento de la obligación de nombrar representante a la
Administración tributaria, podrá considerar representante del
establecimiento permanente a la persona que figura como tal en el registro
mercantil. Si no hubiera representante nombrado, la Administración podrá
considerar como tal a la persona que esté facultada para contratar a
nombre del no residente y tratándose de personas o entidades residentes en
países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de
información tributaria. Si no hubiera representante nombrado, la
Administración podrá considerar representante al depositario o gestor
tributario. de los bienes o derechos de las obligaciones tributarias. En el
caso de tributos que deban de satisfacerse los no residentes sin
establecimiento permanente, las pasiones podrán entenderse con los no
residentes con su representante resignado al efecto, cuando así lo prevé
la ley, con el responsable solidario con quien puedan realizarse las
pasiones directamente. Con afán sistematizador, los artículos 110 hasta
112 del reglamento de inspección regulan la representación en los
procedimientos tributarios desarrollados a lo dispuesto en los artículos
44 y 47 de la ley general tributaria, ya vista anteriormente. El obligado
tributario y su representante deberán hallarse presentes en las
actuaciones inspectoras cuando el juicio del órgano de inspección sea
preciso para la adecuada práctica de aquellas. La representación deberá
de acreditarse en la primera actuación que se realice por medio del
representante diciendo su falta o insuficiencia subsanable. Con asunto
mediante representantes hará costar esta circunstancia en cuanto a
diligencia y hasta sextiembre. La revocación de la representación no
supondrá la anulidad de las actuaciones practicadas con el representante
antes de que se acredite ante el órgano actuante, considerándose a partir
de dicho momento que el obligado tributario no comparece ante la
Administración ni atiende sus requerimientos hasta que se renombre un
nuevo representante o actúe personalmente. La renuncia a la
representación no sustituirá efectuante el órgano actuante hasta que no
se acredite la comunicación fehaciente de dicha renuncia representada. El
obligado tributario podrá intervenir en la actuación y procedimiento
asistido por un asesor fiscal o por la persona que en cada momento
considera oportuno. En cuanto a los derechos y garantías de los obligados
tributarios, hemos de destacar específicamente atientes al procedimiento
de inspector como el de ser informada al inicio de las actuaciones sobre
naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y
obligaciones en el curso de la actuación inspectora o del derecho a
solicitar una actuación de alcance general en los términos del artículo
149. Disculpadme un momento. Perdón, ya estoy aquí Bueno Pasamos a la
iniciación del procedimiento y alcanza de las actuaciones. En cuanto al
procedimiento de inspección, se inducirá de oficio que requerirá del
acuerdo competente para su inicio, acuerdo que el órgano competente
adoptará por su propia iniciativa como consecuencia de orden superior o,
en fin, a petición razonada de los órganos. Cabe subrayar, asimismo, que
la determinación por el objeto competente para liquidar de los obligados
tributarios que vayan a ser objeto de comprobación en la ejecución del
correspondiente plan de inspección tiene un carácter de mero acto de
trámite y no es susceptible de recursos de reclamación económica o
administrativa. Los planes de inspección, los medios informáticos de
tratamiento de información y los demás sistemas de selección de los
obligados tributarios objeto de la actuación inspectora tendrán carácter
reservado, no será un objeto de publicidad o de comunicación ni se
podrán de manifiesto los obligados tributarios ni órganos ajenos a la
aplicación de los tributos. En cualquier caso, resulta incuestionable.
Parece que la inspección de tributos podrá comprobar cualquier... Será
cualquier que esté incluido en el plan de inspección o se le incluya
expresamente, pero no a quien quiera. El Tribunal Supremo señala que la
inclusión de un contribuyente en un plan de inspección es un acto de
trámite reservado y confidencial. También el procedimiento inspector
puede iniciarse a petición del obligado tributario, que ya está siendo
objeto de una actuación inspectora de carácter parcial y solicite que la
misma tenga carácter general respecto del tributo y, en su caso, periodo
afectado. Las acciones del procedimiento inspector se extenderán a una o
varias obligaciones y periodos. Los impositivos son de liquidación y
podrán tener alcance general o parcial. Salvo que se indique otra cosa,
tendrán carácter general. Tendrán carácter parcial cuando no afecten a
la totalidad de los elementos de la obligación tributaria ni en el periodo
objeto de comprobación y a lo demás supuesto que señala el artículo
178.3 del Reglamento General de Inspección, debiendo comunicarse, en este
caso, a los elementos que vayan a ser comprobados a los excluidos de la
comprobación. La denuncia pública prevista en el artículo 114 no inicia
por sí misma el procedimiento de inspección, sino que a la vista de ella
la inspección procederá a la investigación y comprobación, se aprecia,
inicio suficientes archivándola cuando se considere infundada o cuando se
concreten o identifique suficientemente los hechos a las personas
denunciadas. La iniciación de oficio del procedimiento de inspección
podrá efectuarse mediante comunicación notificada al órgano tributario
para que se presione en el lugar, día y hora que se señale y aporte y
tenga a disposición de la inspección las documentaciones y demás
elementos que se estimen necesarios. También podrá iniciarse sin
comunicación previa mediante la presonación del actuario cuando se estime
conveniente para la adecuada práctica de la actuación. La iniciación del
procedimiento de inspección producirá, no obstante, los siguientes
efectos. En primer lugar, la interrupción del plazo legal de
prescripción. En segundo lugar, las declaraciones o autoliquidaciones
presentadas tras el inicio de las acciones en ningún caso iniciarán un
procedimiento de devolución ni producirán los efectos previstos en el
artículo 27 de la Ley General Tributaria en relación con las obligaciones
tributarias y periodos sujetos del procedimiento, sin perjuicio de que la
información contenida en dichas declaraciones o autoliquidaciones pueda
tenerse en cuenta en la liquidación que se diga. Así mismo, las
declaraciones o autoliquidaciones presentadas hasta el inicio del
procedimiento tampoco sustituirán los efectos previstos en el artículo
179 de la Ley General Tributaria para los obligados tributarios que
voluntariamente regularicen su situación tributaria. Y, por último, los
ingresos efectuados con posterioridad al inicio de las actuaciones en
relación con las obligaciones y periodos sujetos del procedimiento
tendrán carácter de ingreso a cuenta sobre la parte y porte de la
liquidación que, en su caso, se practique y que no impedirán la
apreciación de las actuaciones tributarias que puedan corresponder, si
bien no deben ganar interés de demora sobre la cantidad ingresada desde
aquel momento en que se realizó el ingreso. En cuanto al desarrollo de las
actuaciones inspectoras, el desarrollo del procedimiento, medidas
cautelares, lugar y tiempo de la actuación inspectora. En primer lugar,
hemos de decir que en el curso del procedimiento de inspección se
realizarán las actuaciones necesarias para la obtención de los datos y
pruebas que sirvan para fundamentar la regularización de la situación
tributaria del obligado tributario o para declararla correcta. En el
procedimiento de comprobación tributaria es el inspector actuario el que
instruye el expediente y quien, con la obligada colaboración del
contribuyente, dirige las actuaciones y formula los requerimientos para
obtener las justificaciones pertinentes o de información frente al
tercero. Y únicamente cuando el instructor del procedimiento considera que
se hayan obtenido los datos y pruebas necesarias para fundamentar la
propuesta de regularización o para considerar correcta la situación
tributaria del obligado, se verificará el trámite de audiencia previo a
la formalización del acta de conformidad o de disconformidad,
percibiéndose de este trámite el acta con acuerdo. El principio de
seguridad jurídica exige que, una vez iniciada la actuación inspectora,
el sujeto pasivo tiene derecho a que se defina totalmente su situación
tributaria, no pudiendo la Administración volver a comprobar e investigar
el ejercicio del impuesto impresionado. Salvo excepcionalísimos casos, el
principio de seguridad jurídica exige que las mismas se realicen de una
manera continuada hasta su continuación. Las acciones inspectoras podrán
desarrollarse inicialmente según determina la inspección. conforme
establecido en el artículo 151 de la Ley General Tributaria, en el lugar
donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal o en aquel donde su
representante tenga su domicilio despacho o oficina, donde se realice total
o parcialmente la actividad desgrabada, en el lugar donde exista alguna
prueba al menos parcial del hecho imponible o del presupuesto de hechos de
la obligación tributaria, y en las oficinas de la Administración
tributaria, con los elementos sobre los que se hayan de realizar las
actuaciones, puedan ser examinados en aquellas. En ellas, completada esta
genérica relación de lugares habilitados indistintamente y según
determine la inspección para el legislador para la desagradación
inspectora, el artículo 151.3 especifica que los libros y demás
documentos a los que se refiere la ley deberán de ser examinados en el
domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en presencia
del mismo o de la persona que designe, salvo que el obligado consista su
examen en las oficinas públicas. No obstante, la inspección podrá
analizar en su oficina las copias en cualquier soporte de los mencionados
libros y documentos. Si bien, tratándose de los registros y documentos
establecidos para la norma de carácter tributario de las justificaciones
exigidas por estas, podrán requerirse su presentación en la Oficina de la
Administración Tributaria para su examen. El procedimiento se
desarrollará en el plazo de duración de la estación inspectora, en que
se acusa por una otra zona y se den medidas cautelarias a las que hace
referencia el artículo 146. En cuanto al tiempo de la estación
inspectora, el artículo 152 señala que las estaciones que se desarrollen
en las oficinas públicas se realizarán dentro del horario oficial de
apertura pública de las mismas y, en todo caso, dentro de la jornada de
trabajo vigente. Si las estaciones se desarrollan en el local del
interesado, se respetará la jornada laboral de la oficina o de la
actividad que se realice con la posibilidad de que pueda acentuarse de
común acuerdo en horas u horas distintas. Apartándose del plazo de seis
meses que, con carácter general, fija el artículo 104 para la resolución
de los procedimientos tributarios, señala el artículo 150 un plazo
general de dieciocho meses y un plazo especial de veintisiete meses, cuando
concurran algunas de las siguientes circunstancias en cualquiera de las
obligaciones tributarias o periodos sujetos de concursación. Así, estas
circunstancias son que la cifra anual de negocio del obligado tributario
sea igual o superior al requerido para auditar cuentas y, en segundo lugar,
que el obligado tributario esté integrado por un grupo sometido a régimen
de consolidación fiscal o a régimen especial de grupos de entidades que
siendo objeto de comprobación inspectora. El plazo de duración del
procedimiento se cuenta desde la fecha de la notificación al obligado
tributario de la comunicación de inicio hasta que se notifique o se
entiende notificado el acto administrativo y resultante de ello. El plazo
máximo de duración será único para todas las obligaciones tributarias y
periodos sujetos de impugnación y el plazo de duración del procedimiento
inspector podrá extenderse también a una serie de supuestos. Por los
días de cortesía solicitados antes de la apertura del trámite de
audiencia, para que la inspección no efectúe en uno o varios periodos
actuaciones con el obligado tributario, quedando así mismo suspendido el
plazo para atenderlo. Los requerimientos que le fueran efectuados en dichos
periodos no podrán exceder en su conjunto de 60 días naturales para todo
el procedimiento y se encontrará una extensión del plazo máximo de
duración. Y también cuando el obligado tributario manifieste que no va a
poder aportar la información o documentación solicitada o no la aporte
íntegramente en el plazo concedido en el tercer requerimiento,
determinando su aportación posterior a la extensión del plazo máximo de
duración del procedimiento inspector por un periodo de tres meses, siempre
que la aportación se produzca una vez transcurrida al menos nueve meses
desde el inicio. O por un periodo de seis meses, cuando la aportación se
efectúe después de formalizado el acta y determina la práctica de
actuaciones complementarias. También se extenderá el plazo por un periodo
de seis meses, cuando después de que en el procedimiento se hubiera dejado
constancia de las circunstancias determinantes de la aplicación del
método de estimación indirecta, el obligado tributario aporte datos,
documentos o pruebas relacionados con dichas circunstancias. Como
contrapartida al incremento del plazo de duración del procedimiento
inspector a los efectos del cómputo de plazo, no se descuenta ni los
periodos de interrupción justificadas ni tampoco las dilaciones en el
procedimiento por causa ni puntuales de la Administración, como lo
estableció en el artículo 104.2. El incumplimiento del plazo máximo de
duración del procedimiento producirá la caducidad de las actuaciones, que
continuarán hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos
respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar. Así, en
primer lugar, la no interrupción de la prescripción como consecuencia de
las actuaciones inspectoras desarrolladas durante el plazo de duración del
procedimiento Tendrán de carácter espontáneo los aspectos del artículo
27, los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la
primera actuación practicada y con posterior al cumplimiento del plazo de
duración del procedimiento previsto en el artículo 150 y que no hayan
sido imputados por el obligado tributario al tributo y periodo objeto de la
actuación inspectora. Y, en tercer lugar, el incumplimiento del plazo
máximo de duración de la actuación inspectora determinará que no se
exigirán intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento
hasta la finalización del procedimiento. Por último, en el artículo 150
de la Ley General Tributaria se ocupa de especificar que cuando una
resolución judicial o económica administrativa ordena la retracción de
la actuación inspectora deberán de finalizar en el plazo que reste desde
el momento al que se retrotenga la actuación hasta la conclusión del
plazo normado de la actuación inspectora, o bien en el de seis meses si
aquel periodo fuera inferior. En relación a la terminación del
procedimiento, en primer lugar, hemos hablado de terminación del
procedimiento con liquidación. Cuando el órgano de inspección considera
que… …que se hayan obtenido los datos y pruebas necesarias para
fundamentar la propuesta de regularización. O, para considerar correcta la
situación tributaria de los obligados, se verificará el trámite de
audiencia previo a la formalización del acta de conformidad o
disconformidad, decidiéndose estéticamente en las actas con acuerdo.
Concluido el trámite de audiencia, se documentará el resultado de las
actuaciones de comprobación e investigación en las actas de inspección,
y el procedimiento inspector terminará mediante la liquidación del
órgano competente para liquidar. Conforme al artículo 150 de la Ley
General Tributaria, las actuaciones inspectoras finalizarán en la fecha en
que se notifique o se entienda notificado el acta administrativo resultante
de la misma, normalmente el acto de liquidación derivado del acta de
inspección. Otra forma de determinación sería la terminación del
procedimiento sin liquidación. Cuando haya prescrito el derecho de la
Administración para determinar las deudas tributarias, se trata de un
supuesto de no sujeción, o bien no proceda por otras circunstancias a la
formalización del acta, el procedimiento terminará mediante el acuerdo
del órgano competente. Otra forma de determinación es el procedimiento
inspector por inicio de un procedimiento de comprobación limitada. Así,
cuando el objeto de procedimiento inspector sea la comprobación e
investigación de la aplicación de métodos o objetivos de tributación y
se constate la exclusión de la aplicación de dichos métodos por el
incumplimiento de los requisitos establecidos, el procedimiento inspector
pueda terminar por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada
cuando el órgano que estuviera realizando dicha comprobación carezca de
competencia para su continuación. Y, por último, la terminación del
procedimiento de comprobación de obligaciones formales. Cuando el objeto
del procedimiento inspector sea comprobar e investigar el cumplimiento de
obligaciones tributarias formales, una vez que ha ocurrido la actuación de
comprobación e investigación, se notificará al obligado tributario la
apertura del término de audiencia por un plazo de quince días, finalizado
el cual se procederá a documentar el resultado de las actuaciones mediante
diligencia o informe. La diligencia o informe que finalice el procedimiento
de inspección se incorporará al expediente sancionador que en su caso se
inicia. Pasamos a ver las actuaciones y procedimientos de prevención. La
primera es la aplicación a los tributos en los supuestos de delito contra
la hacienda pública. La liquidación de los elementos de la obligación
tributaria vinculada con el posible delito contra la hacienda pública se
encuentra regulada en el artículo 250 de la Ley General Tributaria. Cuando
la limitación tributaria estimase que la instrucción pudiera ser
constitutiva de delito, el artículo 252 de la Ley General Tributaria
establece como regla general la continuación del procedimiento de
aplicación del tributo sin perjuicio de que se pase al tanto de culpa a la
jurisdicción competente o se remite al expediente del Ministerio Fiscal.
Salvo que en excepciones del artículo 251 de la Ley General Tributaria se
proceda a la lista de liquidación de los elementos de la obligación
tributaria objeto de comprobación, separando en liquidaciones diferentes
los elementos que se encuentren vinculados con el posible delito contra la
hacienda pública de aquellos que no se encuentren vinculados. Cuando las
limitaciones tributarias aprecian indicios de delito contra la hacienda
pública no concurren a las circunstancias excepcionales que impiden dictar
liquidación, formalizará una propuesta de liquidación vinculada, con
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en los que se basa. y de
la notificación alegue lo que convenga a su derecho. Una vez dictada la
liquidación administrativa que tendrá esta carácter provisional, este
procedimiento finaliza respecto de la obligación tributaria mediante
liquidación o la notificación de la misma al obligador tributario y una
vez que conste admitida a trámite de la denuncia o querella por delito
contra la Hacienda Pública, la Administración procederá a notificar al
obligador tributario el inicio del periodo voluntario de pago requiriendo
para que realice el plazo de ingreso de la deuda tributaria liquidada.
Conforme lo establecido en el artículo 255. Los defectos procedimentales
que se hubiera podido incurrir durante la tramitación de este
procedimiento de liquidación provisional vinculada al delito, en ningún
caso producirá los efectos de extinguir total o parcialmente la
obligación tributaria vinculada al delito sin perjuicio de que de aquellos
defectos procedimentales pudiese derivarse en caso de devolución de la
expediente por el Ministerio Fiscal o en caso de resolución judicial firme
que obligue a practicar un ajuste de previsiones articuladas en el
artículo 255. Gracias, señora presidenta, por la presencia del delito
contra la Hacienda Pública. Frente a esta liquidación provisional
vinculada al delito, no procederá a recurso o reclamación en día
administrativa sin perjuicio del ajuste que proceda con arreglo a lo que se
determine en el proceso penal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
305 del Código Penal y el 257 de la Ley General Tributaria,
correspondiendo al juicio penal determinar en sentencia la cuota
desfraudada vinculada a los delitos contra la cinta pública que hubiese
sido liquidada. Se restringen, asimismo, los motivos de oposición frente a
los actos de procedimiento de reclamación desarrollados para el cobro de
las deudas tributarias vinculadas al delito, artículo 256 de la Ley
General Tributaria. En cualquier caso, se respeta la preferencia del orden
penal con el obligado ajuste final de la liquidación tributaria vinculada
al delito conforme a los hechos que el juez penal declare probado respecto
de la existencia y cuantía de la desfraudación, realizándose el ajuste
en la forma prevista en el artículo 257-2. De no admitirse la denuncia o
querella, se anulará. Y se dejará sin efecto la liquidación provisional
practicada y notificada al obligado tributario, procediéndose a retrotraer
las actuaciones inspectoras al momento anterior a la propuesta de
liquidación vinculada al delito. Y a la formalización del acta de
inspección que corresponda aplicándose la Regulación General del
Procedimiento de Inspección. Computándose desde que el órgano, que debe
de continuar el procedimiento, reciba la resolución judicial o el
expediente devuelto por el Ministerio Fiscal y exigiendo ese interés desde
Mora para la nueva liquidación. Bueno, pues con esto damos por finalizada
esta breve introducción de este apartado quinto.