Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase donde vamos a estudiar
la lección, el tema 7, el Estado Democrático. Y bien, lo primero que
debemos hacer para adentrarnos en el ámbito del Estado Democrático es
recordar que el artículo 1 de la Constitución Española nos dice que
España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad,
la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Estos son, entonces,
los principios que orientan la construcción constitucional del Estado
español. Vamos a ver qué significa la Constitución como un Estado... o
lo que significa dentro de la Constitución lo que es un Estado
democrático. En cuanto a Constitución y democracia debemos diferenciar en
primer lugar la Constitución democrática y es que para que una
Constitución ostente una posición de supremacía debemos recordar, como
ya vimos en su momento, que es necesario que el poder que la establece sea
un poder superior y ese no puede ser otro que el pueblo constituyente, este
poder constituyente originario del que hablamos en la lección
correspondiente. Por lo tanto, el pueblo se configura como la única fuente
de legitimidad del poder público pero es evidente y debemos recordar
también que el pueblo no puede elaborar una Constitución por sí mismo y
ello se logra además de que el pueblo haga o se logra su legitimidad
además de que por el pueblo se haga suya la Constitución, como por
ejemplo a través de un referéndum. Es necesario que esta mantenga su
respaldo popular participando el pueblo en los procesos sucesivos que se
vayan dando para que se siga considerando como democrática. Solo es
democrática la Constitución que garantiza que las decisiones relevantes
se deben adoptar no solo dentro de esos procedimientos y esos formalismos
establecidos por la propia Constitución, sino también, o dentro del marco
constitucional, sino también de conformidad con la voluntad de los
ciudadanos. En cuanto a la democracia constitucional y su diferencia, es
que el pueblo legitima el poder. No es posible, evidentemente, que en la
complejidad y el dinamismo del Estado moderno en la actualidad, el pueblo
pueda ejercitar el conjunto de poderes del Estado. Así, el artículo 1,
apartado 2 de nuestra Constitución española, nos recuerda que la
soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes
del Estado, y es que el proceso político es un proceso abierto, dinámico.
Hay cambios generacionales, cambios de opinión, una pluralidad ciudadana
en constante renovación, que hace necesario confiar el poder público a
esos concretos sujetos que lo ejercen en el marco del sistema institucional
establecido mediante los procedimientos de elección y representación que
tenemos establecidos dentro del marco constitucional. Por eso, la
democracia, para ser poder, necesita de una organización, tiene que ser
una democracia constitucional. Frente a ello... O al lado de, mejor, el
constitucionalismo democrático, nos recuerda que frente al Estado absoluto
aparece el Estado liberal de derecho, configurado en torno a la libertad de
los individuos aisladamente considerados y libres frente al Estado. El
Estado liberal es el precedente jurídico del Estado democrático, ya que
la libertad del anterior incluía la participación de los ciudadanos en
las decisiones de la comunidad, sin perjuicio de que en aquellos momentos
lo hacían sobre grupos concretos, recordemos el carácter reducido de
aquellos grupos. de ciudadanos que tenían acceso a los mecanismos de
poder, pero si bien en aquellos momentos la ciencia sobre grupos concretos
se ha ido ampliando en el ámbito democrático a toda la ciudadanía. En
cuanto al movimiento democrático debemos recordar que en Europa la
democratización de los regímenes políticos se proyectó en cuatro
ámbitos. Por un lado, la ampliación del sufragio, evolucionando desde
aquel sufragio censitario determinado y reducido, acotado a determinadas
clases sociales, hasta el universal. En un primer momento el universal solo
para el género masculino y afortunadamente, como no podía ser de otra
manera, alcanzando la universalidad incluyendo por supuesto a las mujeres.
Una nueva concepción de los partidos políticos es otro de las
proyecciones, otro de los ámbitos sobre el que se proyectó la
democratización de los regímenes políticos, puesto que surgieron,
habiendo surgido los partidos políticos fuera del Parlamento, se
establecieron siempre con la pretensión de entrar en las instituciones, de
entrar en el interior del Parlamento. También el tercer ámbito se refiere
al incremento del peso de los parlamentos frente al Rey, convirtiéndose en
centros de debate y gestión de los asuntos públicos, ampliándose por
tanto el ámbito y peso de la ley parlamentaria frente a la autonomía del
Gobierno e imponiéndose finalmente que el Gobierno mismo tuviera que
descansar en la confianza del Parlamento, reduciéndose por tanto la corona
a un papel de simbolismo como es la actual monarquía parlamentaria. ¿Qué
tenemos presente en nuestra forma? política del Estado español, la
monarquía parlamentaria en la cual el rey reina pero no gobierna,
recuérdenlo, habiéndose convertido la corona en una mera, digamos,
magistratura simbólica del Estado, pese a ostentar su jefatura. Frente a
la noción de soberanía nacional concebida sobre unos determinados y
reducidos grupos de personas aparece la soberanía popular que engloba a
todo el pueblo en su conjunto. La democracia implica que las decisiones
políticas quedan en las manos de la voluntad popular. ¿Cómo hemos
evolucionado desde el Estado democrático anterior? Pues bien, Lo
dividiremos en dos. Una fase tras la Primera Guerra Mundial, que acaeció
entre 1914 y 1918, y una segunda fase tras la Segunda Guerra Mundial, que
acaeció entre 1939 y 1945. Tras la Primera Guerra Mundial, y reduciéndose
ello en la caída de muchas monarquías y en la generalización del
sufragio universal masculino, además los parlamentos comenzaron a ocupar
la posición central en la dirección política de los Estados. Los
parlamentos, como representación plural de la sociedad, sin perjuicio de
que posteriormente comenzó una crisis del parlamentarismo debido a los
diferentes movimientos socialistas y del proletariado que propugnaban
intereses contrapuestos, como la aparición de regímenes comunistas, y
frente a ello... Las burguesías conservadoras y liberales. Tras la Segunda
Guerra Mundial aparecen nuevos sistemas políticos de democracia
parlamentaria asentadas sobre un regímenes políticos capitalistas
combinados con unas condiciones dignas de existencia para la población que
eran los albures, los inicios del Estado social que hoy disfrutamos, Estado
social o de bienestar. La democracia en la Constitución española,
centrándonos ya en nuestra Carta Magna de 1978, debemos decir que esta
está asentada en la legitimidad democrática frente a esa anterior.
Recordemos que venimos de un periodo de dictadura de más de 40 años en el
cual el jefe del Estado era un general militar, un caudillo legitimado
religiosamente, caudillo por la gracia de Dios, la militar también, 40
años de dictadura y el ejército siempre como el garante de los poderes.
El valor de la patria tradicional monárquica o. la histórico confederal.
La Constitución española también recoge sin perjuicio de todo lo
anterior formas no racionales de legitimación como podemos encontrar en el
artículo 57 recordemos la corona de España es hereditaria a los sucesores
su majestad don Juan Carlos I de Borbón legítimo heredero de la migastía
histórica y la sucesión en el trono, esta sucesión de carácter
hereditario seguirá el orden regular de primogenitura y representación,
es evidente que no cuenta con una racionalidad y con esos principios y
valores superiores que hemos comentado en un primer momento cuando de lo
que se está tratando es de una sucesión de carácter hereditario y
establecida a la cual no se tiene posibilidad de acceso en virtud del
régimen democrático que tenemos instaurado. También en cuanto a la
disposición primera de la Constitución española Que recordemos, se
refiere que en los territorios, perdón, en la disposición adicional
primera, la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los
territorios forales y la actuación general de dicho régimen foral se
llevará en su caso a cabo. En el marco de la Constitución y de los
estatutos de autonomía parece que todo esto se contrapone con el
reconocimiento que tenemos de la forma de gobierno del Estado español como
monarquía parlamentaria. Pero es evidente que para alcanzar ese consenso
que fue lo característico en el periodo de la transición y alcanzar este
régimen democrático que pretendíamos instaurar con la Constitución fue
algo absolutamente necesario para poder, digamos, al menos alcanzar, el
mínimo acuerdo. o el acuerdo sobre los asuntos más problemáticos que era
necesario para poder después aprobar ese proyecto de Constitución que
finalmente fue ratificado por el pueblo español en referéndum. En cuanto
a la soberanía nacional y el pueblo español, tenemos que contraponer y
poner en valor tanto el contenido del artículo 1 de la Constitución,
recordemos que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que
emanan los poderes del Estado y ello relacionarlo con el artículo 2. La
Constitución se fundamente en la indisoluble unidad de la nación
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce
y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que
la integran y a la solidaridad entre todas ellas. Debemos recordar, frente
a este concepto recogido en la Constitución, que el pueblo no es una
unidad esencial y estática como se concebía la nación, sino que está
formado por individuos a los que se reconocen los derechos de
participación política. Y, de hecho, el artículo 23 de la propia
Constitución española nos dice que los ciudadanos tienen el derecho a
participar en los asuntos públicos directamente o por medio de
representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a
las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes.
La autodeterminación colectiva como el fruto del ejercicio de los derechos
que le corresponden a cada uno de los ciudadanos. Y que ejercen en libertad
dentro de un entramado constitucional. De ahí el reconocimiento del
pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico
expresándose la voluntad general a través de la ley. y los intereses
generales a los que sirve la Administración, fruto, deben ser ellos
siempre, de un proceso abierto de búsqueda de acuerdos a través de la
formación de las mayorías y, por supuesto, y no obviando en ningún caso,
la protección de las minorías. El pluralismo se asienta en las garantías
constitucionales de las libertades de opinión y expresión, de
información, de reunión, de creación de partidos políticos. Se asegura
con ello las condiciones básicas de igualdad, independientemente de los
resultados de elecciones o momentos políticos. Pero en la concepción de
la Constitución española no se reconoce una equivalencia en ningún caso
de alternativas políticas, sino que en muchos casos exigen más mayorías
cualificadas que pretenden proteger a las minorías frente a la alteración
de las reglas constitucionales o a la afección de las garantías
individuales o del ciudadano. Pese a ello, debemos recordar, como hemos
dicho anteriormente, que en la Constitución española no se establecen
cláusulas intangibles, pero sí que se mantienen mayorías muy
cualificadas, como por ejemplo para la reforma grabada de la misma
contenida en el artículo 168 de la Constitución española, cuando lo que
se pretende reformar es la Constitución completa o algunos apartados de la
misma, como puede ser el título de la corona o el ámbito de los derechos
y las libertades fundamentales. También se exigen mayorías cualificadas
para la aprobación de leyes que traten o desarrollen materias consideradas
especialmente excesibles, como es la exigencia que impone el artículo 81
de la Constitución respecto al ámbito y la forma de aprobación de las
leyes orgánicas. El pueblo español… Tenemos que recordar que en el
mismo se excluye a los extranjeros, excepto en el artículo 13.2, que fue
modificado con respecto al derecho del sufragio pasivo de los extranjeros
en España, siempre atendiendo a principios de reciprocidad y que fue
objeto o fue una expresión de la firma del Tratado de Maastricht del 27 de
agosto de 1992. Al final, el pueblo titular de la soberanía excluye a los
extranjeros sin perjuicio de que el resto de los derechos fundamentales
quede igualmente establecido para españoles y extranjeros. Tenemos
también que enfrentar los conceptos de democracia directa, plebiscitaria y
representativa, y así desde los artículos 23.1 en el derecho de
participación de los ciudadanos en los asuntos políticos a través de la
elección representativa. Bien, disculpen, hemos tenido un pequeño
problema de conexión. En cuanto al origen y evolución de la
representación, tenemos que irnos, retrotraernos hasta las Cortes
Estamentales de la Edad Media, en las cuales recordemos que los
representantes estaban ligados mediante un mandato imperativo y sometidos a
instrucciones de sus electores o de sus representados, hasta que alcanzamos
la Revolución Francesa de 1789 y la nación pasa a ser soberana,
identificándose los intereses de la nación mediante el debate
parlamentario. Los electores les trasladan un mandato representativo que
les confía los asuntos públicos a su criterio durante un tiempo
determinado. Aparece entonces Rousseau en defensa de la democracia directa,
que exige la aprobación de las leyes por la mayoría de los ciudadanos,
pero es evidente que la democracia directa requiere, inexcusablemente, las
posibilidades de reunirse en asamblea y la homogenización de la sociedad.
Y en la sociedad actual dinámica, pluralista, conflictiva, se hace muy
difícil implantación y funcionamiento de las democracias directas. En
nuestra Constitución española y en el proceso constituyente, el objetivo
fundamental era la dotación de un sistema institucional democrático
frente a esa autarquía, a esa dictadura, a ese régimen caudillista
anterior y, por supuesto, de unos partidos políticos, los partidos
políticos sólidos por los que la participación de los ciudadanos se
articula a través de la elección de los representantes al Parlamento de
forma periódica y garantizando las condiciones de libertad y igualdad.
Así, el artículo 23, que hemos dicho, ese derecho a la elección de los
representantes, va en relación tanto a las Cortes Generales, el Congreso y
el Senado, como después en el desarrollo del Estado de las Autonomías, a
partir del título octavo de la Organización Territorial del Estado, de
las asambleas parlamentarias de las mismas y también, por supuesto, como
no, de los ayuntamientos en cuanto a forma de gobierno de la
Administración local. Sin embargo, la Constitución española limita y
recoge bajo muchas cautelas la participación directa de los ciudadanos.
puesto que solo lo recoge en cuanto al Gobierno municipal para municipios
de muy pocos habitantes a través del régimen del Consejo Abierto o,
fíjense, la iniciativa legislativa popular con nada más y nada menos que
la necesidad de 500.000 firmas, medio millón de ellas. En cuanto a la
democracia directa… Por excelencia, que podríamos denominar el
referéndum, este siempre tiene el carácter de protestativo o petición de
una décima parte de los diputados en relación con el artículo 87
apartado 3 de la Constitución o también lo recogido en el artículo 92 de
la misma y una limitadísima, por lo tanto, concesión de la Constitución
Española a democracia plebiscitaria. ¿Qué podemos decir de la democracia
de partidos? Estos partidos políticos seleccionan a los representantes
reconociéndoles la capacidad de representar candidaturas y dotándoles de
una posición privilegiada a los que han obtenido representación respecto
del acceso a la información y a la financiación y, por lo tanto, el
sistema que ha venido a establecer la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, la Ley Orgánica 5 barra 85 de junio, lo que tiende es a
reproducir resultados anteriores. La introducción de los partidos en el
sistema institucional es… Es patente esa introducción que desde la
sociedad civil, donde debían encauzar las diferentes ideologías, las
diferentes perspectivas, fruto del pluralismo político, se ha hecho
patente, por ejemplo, a través del artículo 99 de la Constitución, donde
fíjense que el rey previa consulta con los representantes designados por
los grupos políticos con representación parlamentaria en el objeto de la
presentación a la candidatura a la presidencia del Gobierno. Y lo que
hace… Es que se introducen estos grupos parlamentarios junto a las
comisiones parlamentarias y las juntas de portavoces que vienen recogidas,
como bien saben, en los reglamentos de las cámaras. Ello hace que se
produzca una evidente confrontación con esa prohibición del mandato
imperativo que recoge el artículo 67 apartado 2 de la Constitución,
puesto que es evidente la dificultad tras la introducción de los partidos
políticos en el sistema institucional y dentro de las instituciones de que
los diputados… Senadores, senadoras o sus homólogos en el ámbito de las
asambleas parlamentarias, de las comunidades autónomas, se puedan desatar,
se puedan desquitar del yugo que suponen los partidos políticos y la
capacidad de establecer las listas de los candidatos a esos diferentes
puestos o cargos públicos. En cuanto a la democracia pluralista, son los
partidos como instrumento del ejercicio del derecho de participación, pero
se introducen entre los ciudadanos y el poder público y el Tribunal
Constitucional en su sentencia. y el funcionamiento de los partidos
políticos deberán ser democráticos. Finalmente, en cuanto al sistema
parlamentario, esta monarquía parlamentaria establecida en el artículo
1.3 de la Constitución como factura del Estado en la corona, al margen,
como hemos dicho, de un proceso democrático, en este caso parlamentaria,
monarquía parlamentaria, entre lo cual el adjetivo es lo sustantivo, es
una monarquía simbólica, el rey reina, pero no gobierna. También se
establecen las Cortes Generales en el artículo 66, apartado primero de la
Constitución, estableciendo un sistema parlamentario de carácter
asimétrico con el bicameralismo, donde fundamentalmente destaca la
presencia del Congreso frente a un muy devaluado Senado, muy debilitado
Senado como Cámara Alta, puesto que el Congreso tiene la palabra
definitiva en cuanto a la aprobación de las leyes, la investidura del
presidente del Gobierno u otorgar o retirar la confianza al Gobierno. En
cuanto al establecimiento y la conformación de estas cámaras en este
sistema institucional democrático que establece la Constitución, debemos
recordar que el Congreso se establece con un número, una horquilla de
entre 300 y 400 diputados, siendo configurados por la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General 5 barra 85 de 19 de junio, entre 150 con una
circunscripción electoral que es la provincia, siempre con una mínima
representación y proporcional para dar presencia, parlamentaria a todas
las opiniones, forzando la representatividad. ¿De acuerdo? A través de la
lista, en definitiva, propuesta por un partido. Siempre en este sistema
parlamentario esto ha derivado en una relación de confianza con el
Gobierno, puesto que se establece la confianza y responsabilidad del
presidente del Gobierno con el Parlamento. Vean el contenido de los
artículos 99 y 100 de la Constitución española. A través de esas
figuras de exigencia de la confianza, primero en la investidura de la
presidencia, en la sesión de investidura donde se otorga esa confianza,
pero después, en los artículos 112 a 14, la moción de censura y la
cuestión de confianza como posibilidades de la retirada de esa confianza
del Parlamento frente a ese Gobierno, a ese Ejecutivo, y ese contrapeso,
esa contrarréplica en el equilibrio de poderes que conciere la
Constitución en su artículo 115 al presidente del Gobierno, con la
posibilidad de disolución anticipada de las cámaras. Y en cuanto a la
legitimación de los poderes, ¿qué tenemos que decir? Pues que el sistema
parlamentario implica que las decisiones más importantes se adoptan en el
seno de las Cortes Generales. Recuerden el apartado segundo, el artículo
66, cómo intervienen también las Cortes Generales en los más importantes
órganos constitucionales, como puede ser el propio Tribunal Constitucional
o el Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de que el Gobierno
tiene una legitimación democrática indirecta a través de esa confianza
que le otorga el Parlamento. Y, finalmente, cómo destaca en esas
actividades contenidas los artículos 86, 97, 116, estado de alarma,
excepción o sitio, o artículo 155 de la Constitución Española, que nos
da, por supuesto, y establece un Gobierno que no se limita a la potestad
reglamentaria de la aplicación de las leyes, sino que va mucho más allá
en cuanto a sus capacidades constitucionales. Y, además, a esa exigencia
de proactividad que tiene la Constitución de su intervención como poder
público en el ámbito social. Los otros poderes, el Poder Judicial, que
escapa a esta democracia, puesto que la elección de los jueces y
magistrados viene por los principios de mérito y capacidad. Y, respecto a
ello, el artículo 117 de la Constitución Española establece que la
justicia se imparte en nombre del Rey por jueces y magistrados, quedando un
resquicio muy pequeño a la participación democrática en el ámbito de la
justicia a través del artículo 125 y la institución democrática. La
Administración, como no podía ser de otro modo, artículo 103 sirve a los
intereses generales y, además, viene controlada judicialmente en cuanto a
sus actuaciones de acuerdo con el artículo 106 de la Constitución
Española, sin perjuicio de ese margen de discrecionalidad, que no de
arbitrariedad, que le viene recogido, que viene establecido para muchas de
sus funciones. En definitiva, tenemos que concluir que nuestro sistema...
De monarquía parlamentaria, nuestro sistema parlamentario es evidente que
ha derivado hacia un sistema presidencialista, puesto que se ha dado una
preeminencia a la presidencia del Gobierno, pese a las importantes
funciones y las decisiones más trascendentes que se deben adoptar en el
seno del Parlamento español. Y así hemos visto cómo en este sistema
proporcional y en el sistema establecido por nuestra Constitución hemos
visto, últimamente además, desde una moción de censura que ha
prosperado, que no olviden que en nuestro caso, en nuestro sistema
constitucional, las mociones de censura son constructivas, no están para
derrocar gobiernos sino para sustituirlos o incluso el gobierno de
coalición que tenemos en la actualidad. Bien, con esto habríamos acabado
el tema 7 del Estado democrático y pasaríamos a resolverlo. Gracias.