Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el Estado Social en el
ámbito de nuestra Constitución Española. Y así el Estado Social, de
acuerdo con el artículo 1.1 de nuestra Constitución Española, donde nos
dice que España se constituye como un Estado Social y democrático de
derecho, vamos a ver qué significa el Estado Social. El Estado Social
implica, en todo caso, una proactividad de los poderes públicos en las
tareas de la economía y de las relaciones sociales para la redistribución
de las rentas y alcanzar mayores cotas de igualdad. El Estado de Derecho,
como ya sabemos, partía de la igualdad y la libertad de los particulares,
pero con un equilibrio de igualdad sujeto a las leyes del mercado, de la
libre competencia y, por lo tanto, debiendo mantenerse el Estado en una
posición neutral frente a este proceso social, debiendo los ciudadanos
resolver los problemas económicos y sociales por sí solos. Por ello,
realmente, lo que originó fueron problemas estructurales, con una sociedad
dividida en clases, con tensiones cada vez más crecientes, por lo que tras
la Segunda Guerra Mundial los Estados comenzaron a adoptar las primeras
medidas de intervención social. Bismarck, en Prusia, en 1880, puso en
marcha aquellos seguros de vejez, de enfermedad, de accidente, de
invalidez, pero todo ello como una especie, digamos, de... salvaguardia de
personas en situación o en riesgo de exclusión social. En ello, las
primeras denominaciones de Estado Social aparecieron con la Constitución
Mexicana de Querétaro, de 1917, y en la Alemana de Weimar, de 1919, aunque
sin una denominación expresa, puesto que ya fue en la Ley de Bonn, en la
Constitución de la República Federal Alemana de 1949, cuando apareció
por primera vez la República como un Estado federal. Un Estado federal
democrático y social. A partir de aquí, el Estado procede a la
integración social a través de la participación de la ciudadanía en las
decisiones estatales y a través de la acción del Estado en las relaciones
sociales. Esta gran diferencia que implicó que entre los años 1945 y los
70 se implantaran y extendieran progresivamente en Europa los derechos
sociales, los servicios públicos y las manifestaciones del Estado Social.
No obstante, las... crisis económicas es evidente que, pues, que producen
crisis en el Estado Social. Es evidente que cuando se produce una crisis
económica, que lo que consigue es detraer los ingresos que conlleva o que
pertenecen al Estado y, por lo tanto, una disminución en la posibilidad de
establecer los créditos necesarios para afrontar todos estos servicios
públicos y todos estos derechos sociales que implica el Estado Social,
hace que el Estado Social se... se debilite, digamos, que los retos sean
cada vez más crecientes y que, en realidad, el Estado Social se vaya
transformando aunque se mantenga. En cuanto al contenido del Estado Social,
debemos hablar en primer lugar de los valores que el mismo implica, puesto
que el Estado Social de Derecho pretende hacer efectivos los valores
clásicos de la libertad, la seguridad y la igualdad mediante la
corrección de las desigualdades económicas, sociales y la garantía de
unas condiciones vitales mínimas. Por ello, el Estado Social... El Estado
Social, de una manera proactiva, debe intervenir para garantizar un mínimo
de condiciones materiales que permitan el disfrute efectivo de la libertad.
Tareas públicas de prevención, de promoción, de asistencia y prestación
al servicio de la igualdad y de la libertad. En cuanto a esos derechos
fundamentales y esas tareas públicas, es evidente que el Estado Social
debe proteger las libertades individuales básicas sobre las que se
sustenta el orden socioeconómico y, en el ámbito capitalista, la
propiedad privada. La libertad de empresa y la libertad de contratación,
pero todo ello al servicio siempre de los intereses generales y la
intervención en el mundo económico. Derechos como la libertad de empresa,
la negociación colectiva, sindicatos, etcétera. Las libertades
fundamentales, además, ya no limitan la acción del Estado, sino que el
Estado debe trabajar positivamente. Debemos recordar que debe remover los
obstáculos que puedan, digamos, dificultar el alcanzar esa libertad real y
esa igualdad efectiva. También tenemos que recordar, en cuanto a ese
servicio al interés social, podríamos destacar, por ejemplo, el contenido
del artículo 33 de la Constitución relativo al derecho a la propiedad y a
la herencia y cómo el mismo se ve limitado por esas funciones de utilidad
social que implica la propia Constitución. Como ello también se ha puesto
en relación con el contenido del artículo 47 de la Constitución respecto
al derecho a una vivienda digna y la interrelación entre los mismos que
creo que… Puede suponer un interesante estudio. En cuanto a la procura
existencial que se extiende a la generalidad de los ciudadanos, como son
los servicios públicos universales, de la salud, la educación, políticas
de protección del desempleo, pensiones de incapacidad y jubilación,
servicios públicos de transporte, etcétera. Es evidente que todo el
abanico de prestaciones y, además, de manera proactiva de protección que
ofrece el Estado social es de, digamos, en algunas ocasiones y dadas, como
hemos visto en relación a las anteriores crisis económicas, en algunas
ocasiones completamente inabarcable. La reconfiguración del principio de
igualdad que permite, por lo tanto, regulaciones especiales para crear
medidas de discriminación positiva también es una implicación del Estado
social y así permitir justificar los tratos diferenciados porque no
podemos olvidar en ningún caso que la igualdad se basa en tratar como
desiguales a los que son desiguales, no como iguales a los que son
desiguales. Respecto a los poderes públicos en el ámbito del Estado
social, tenemos que recordar que los recursos económicos… …de los que
dispone el Estado proceden de los impuestos, pero que la característica
esencial del Estado social es el aumento del presupuesto público y su
orientación grabando los impuestos directos sobre las rentas de los
ciudadanos de una manera progresiva. Es decir, en teoría y en principio,
aquel que más dispone, que más rentas percibe, que más recursos dispone,
aporta más a esos ingresos del Estado. Respecto al Estado social, en la
Constitución española de 1978 debemos centrarnos tanto en el artículo
1.1… …en cuanto… …en cuanto a que España se constituye en un
Estado social y democrático de derecho y debemos ponerlo en relación con
el artículo 9 de la misma, donde nos dice que corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas,
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social. Esto… …eh… Tenemos también que trasladarlo a la
anterior Constitución española de 1931, la llamada Constitución de los
Procesores, que dio lugar a la Segunda República, que tan corta vida tuvo
antes de la sublevación militar del golpe de Estado que provocó la guerra
civil y que terminó con una dictadura que duró más de 40 años y que es
que esta Constitución española de 1931, origen de la Segunda República y
que instauró la Segunda República, estaba inspirada en la de Weimar. Y
allí ya se reconocían todos estos principios… …y todos estos
requisitos para que pudiéramos hablar de lo que es un Estado social.
También está muy relacionado con el Estado social el establecimiento de
una economía social de mercado y así el artículo 38 de la Constitución
española consagra como derechos fundamentales las instituciones del Estado
capitalista, pero orientándolas siempre a los postulados del Estado
social. Hemos hablado en el artículo 33 en cuanto al derecho a la
propiedad privada y a la herencia y a esas limitaciones en cuanto a la
función social que deben ejercer… …estos derechos que deben aplicar.
También la libertad de empresa que viene reconocida en el artículo 38 de
la Constitución española, el derecho al trabajo en el artículo 35 y
siempre con el ámbito o la perspectiva y el objetivo de atender al
desequilibrio estructural que está siempre presente, digamos, de manera
natural en todas las relaciones laborales. Por ello también nos habla de
la libertad sindical reconocida en el artículo 28 de la Constitución
española y como podemos ver además en el ámbito de los derechos
fundamentales… …de las libertades públicas, es decir, de esa sección
primera del capítulo primero del título segundo, lo cual hace que esos
derechos y, por lo tanto, este derecho también de la libertad sindical
goce de la mayor protección jurídica que otorga la Constitución,
incluido el recurso de amparo. Y todo ello ya desarrollado en el ámbito
del título séptimo de la Constitución española, Economía y Hacienda,
puesto que la riqueza del país, de titularidad pública o privada, siempre
está sometida al interés general y, por ello, ese artículo 132… …de
la Constitución española que establece la reserva de recursos y servicios
esenciales al sector público e incluso la posibilidad de planificar la
economía por parte de quien ejerce tanto el poder ejecutivo como el poder
legislativo en el ámbito representado por las Cortes Generales y que, a
través de esa potestad legislativa, como representantes del pueblo y de la
soberanía nacional tienen esa potestad. En cuanto a los derechos de
prestación de tareas públicas, también establece la exigencia… …de
una concreta prestación pública por los ciudadanos y también debemos
recordar esas tareas públicas que dispone, como podría ser el artículo
24 de la Constitución española, el derecho a la tutela judicial efectiva
o el artículo 27, el derecho a la gratuidad de la educación obligatoria.
Esos principios, esto también viene en plena relación con esos principios
de la política social y económica, el capítulo tercero del título 1,
artículos 39… …al 52, donde podemos recordar de una manera sucinta, de
una manera rápida siempre y teniendo en primer lugar que estamos en el
ámbito de principios rectores, que no hablamos de verdaderos derechos
subjetivos y así debemos recordar que nos encontramos ante la protección
social, económica y jurídica de la familia, ante la obligación de los
poderes públicos de promover condiciones favorables para el progreso
social y económico, ante el mantenimiento y la obligación del
mantenimiento de un régimen público de seguridad social. …la
salvaguardia de los derechos económicos y sociales, el derecho a la
protección de la salud en el artículo 43, el artículo 44 y la promoción
y tutela del acceso a la cultura, el artículo 45 en cuanto al medio
ambiente adecuado, la obligación de los poderes públicos que se contienen
en el artículo 46 de conservación y promoción del enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico, el artículo 47, ya lo hemos
nombrado anteriormente, en cuanto al derecho a la vivienda… …la
vivienda digna y adecuada, el artículo 48 en cuanto a la promoción de las
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en todo el
desarrollo político, social, económico y cultural, el 49 con el ámbito
de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos, el artículo 50 a través
de la garantía mediante pensiones adecuadas o la obligación de la defensa
de los consumidores y usuarios establecido en el artículo 40. El artículo
51, y finalmente, la posibilidad de la regulación de las organizaciones
profesionales en defensa de los intereses económicos que les sean propios
siempre bajo esa perspectiva de un funcionamiento interno democrático.
Debemos recordar, frente a ello, que son fines del progreso y de justicia,
protección de instituciones y colectivos sociales amplios, relaciones
económicas, pero que no contienen verdaderos derechos subjetivos, sino que
son meros principios rectores, y así, de acuerdo con el artículo 53 de la
Constitución. El reconocimiento, respeto y protección de las
instituciones. La protección de estos principios informarán a la
legislación positiva, a la práctica judicial y a la actuación de los
poderes públicos, pero no podemos exigir su tutela ante los tribunales,
salvo que en la ley que los pueda desarrollar se establezca tal
posibilidad. Finalmente, en cuanto a los poderes públicos, el artículo
31.1 de la Constitución española establece el siguiente aspecto, puesto
que todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos, de
acuerdo con la capacidad económica, mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún
caso tendrá alcance confiscatorio. Y es que este carácter confiscatorio
lo que significa es que afecta a todas las rentas, no así a los bienes que
producen estas rentas. Bien, una vez configurado este estado social y el
contenido del mismo y estas relaciones que hemos ido desarrollando a
través del contenido, y de los diferentes preceptos que se contienen en la
Constitución, vamos a abordar ya el siguiente tema, el tema 9 respecto al
Estado autonómico. Y es que el título octavo de la Constitución de 1978
de la Organización Territorial del Estado establece que, además del poder
central del Estado, aparecen las comunidades autónomas con autonomía para
tomar decisiones y aprobar normas en las materias de su competencia. Lo que
implica es que, en el ámbito del Estado, vamos a tener la existencia...
...de diferentes autonomías organizativas y gobierno con competencias que
se ejercerán en su propio ámbito territorial y con un ordenamiento
jurídico propio. Bien, en cuanto a esto, ¿de acuerdo? Debemos partir del
contenido, pese a que nos encontramos, como he dicho, en el ámbito del
título octavo de la Organización Territorial del Estado, debemos partir
del contenido del artículo 2 de la misma, puesto que aquí se fundamenta,
¿de acuerdo?, este derecho, puesto que no podemos olvidar en ningún
momento que lo que contiene la Constitución Española son esas
posibilidades de acceso a las autonomías como un derecho a ejercer, en su
caso, no de una manera obligatoria, sino de una manera voluntaria por los
diferentes, digamos, entes legitimados para ceder ese derecho a la
autonomía. Pero el fundamento se establece en el artículo 2 de la
Constitución Española, donde nos dice que la Constitución se fundamenta
en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce... que garantiza el derecho
a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y a la
solidaridad entre todas ellas. Bien, en este caso, lo que nos está
hablando, que viene después, posteriormente, como les digo, desarrollado
en el ámbito del título octavo de la Constitución Española, lo que
establece este título octavo es el proceso de creación de estas
comunidades autónomas, las competencias mínimas que pueden asumir, la
descripción y el contenido mínimo de los estatutos de autonomía como
normas, y luego, además, este ámbito del desarrollo de este estado
finalmente conocido como de las autonomías, de este estado descentralizado
en el cual nos encontramos, también lo encontramos en la ley orgánica 8
barra 80 de financiación de las comunidades autónomas, en la ley 12 barra
83 del proceso autonómico, en la ley 22 barra 2001 reguladora de los
fondos de compensación territorial y en la ley 2013 de garantía de la
unidad de mercado. Claro, cuando se planteó durante el proceso
constituyente entre el grado de descentralización o descentralización que
debía encontrarse en el estado, es evidente que para que podamos hablar de
la existencia de un estado es necesario, en primer lugar, cierto grado de
centralización, concretándose en la existencia de órganos centrales del
estado con competencias sobre todo el territorio y respecto de todos los
ciudadanos. Es evidente que si ellos no existieran no podríamos, de
acuerdo, ni siquiera acercarnos a la idea. Ahora bien, en cuanto al grado
de descentralización, esto implica tanto razones funcionales para
gestionar los amplios territorios de un estado como por motivos políticos
para acercar los centros de poder a los ciudadanos, particularidades
históricas y culturales o demandas de autogobierno. Así, la existencia de
entes o entidades territoriales con competencias en un ámbito territorial
determinado y en cuyo seno se crean órganos que ejercen las competencias
en ese órgano territorial. Por lo tanto, la cuestión se centra en cómo
se ha decidido distribuirlo. Por lo tanto, la cuestión se centra en cómo
se ha decidido distribuir ese poder entre los órganos centrales y los
órganos territoriales descentralizados. Existe la descentralización
administrativa y la descentralización política, las cuales debemos
diferenciar en sus diversos ámbitos, puesto que, así como nosotros
tenemos en el ámbito de la descentralización administrativa, que
podíamos poner como paradigma de la misma las administraciones locales,
además tenemos la descentralización política, cuyo paradigma,
evidentemente, es el ámbito de las comunidades autónomas. Y se clasifican
en tres tipos de modelos, el Estado regional, con cierto grado de
autonomía política, el Estado federal, con una autonomía política
superior, y la confederación de Estados con una autonomía política entre
Estados soberanos. En cuanto a nosotros y al origen de esta cuestión
territorial que se enfocó en lo que actualmente, y configurado a partir de
la Constitución española de 1978, se conoce como el Estado de las
Autonomías, que tanto emboga se encuentra hoy, y particularmente en el
ámbito de esta pandemia, puesto que se han puesto, digamos, hablamos de
relieve, las diferentes posibilidades en cuanto a las regulaciones que
tienen las comunidades autónomas y las dificultades que afronta en cuanto
a la coordinación o descoordinación, pudiéramos decir también, en la
regulación, por ejemplo, en los diferentes modos y medios de actuar contra
esta pandemia, tenemos que recordar que los decretos de nueva planta de
Felipe V, a principios del siglo XVIII, eliminaron aquellos regímenes
particulares de los territorios de la monarquía histórica, creándose un
Estado centralizado. Es evidente que, en el siglo XIX, surgieron
movimientos regionalistas, especialmente en Cataluña, y que ya la
Constitución de 1931, que estabilizó la Segunda República, previó ya un
Estado descentralizado que permitiera el acceso a la autonomía de las
regiones que se decidieran y se elaboraron ya los Estatutos del País
Vasco, Cataluña y Galicia. Pero el alzamiento militar y el golpe de Estado
que conllevaron la guerra civil y, posteriormente, el establecimiento de
una dictadura retornaron o hicieron retornar al Estado, al modelo del
Estado centralizado, al iniciarse la transición política para rebajar las
tensiones nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, que se habían
mantenido latentes pero vivas. En 1977 se abrió un proceso paralelo de
negociaciones al que se llevó para el ámbito de la aprobación del
proyecto constitucional y que llevó al régimen provisional de
preautonomías, aprobándose trece reales decretos que aprobaron los
regímenes preautonómicos en los distintos territorios. Su objetivo era
más la creación de órganos para ejercerlos. Es decir, las competencias
que establecer un régimen de descentralización política previdentemente
y en virtud y en relación y en coordinación con el contenido finalmente
aprobado por la Constitución o en la Constitución sirvió de base a la
creación de las autonomías. Por eso, en las negociaciones del proceso
constituyente y existiendo tal divergencia entre los diferentes
territorios, tanto las exigencias como las capacidades de gestión de los
mismos, es por lo que se dejó, como les decía anteriormente, diferentes
vías de acceso a un proceso abierto, a un proceso voluntario gradual de
descentralización. Que era el Estado autonómico, o lo que finalmente se
configuró como Estado autonómico. Y que además debemos recordar que
hemos visto cuyos principios constitucionales encontramos en el artículo
segundo, en el artículo dos de la Constitución española, y está basado
en estos principios. La unidad de España. España se constituye, de
acuerdo, en la patria común indivisible de la nación española y la
esencia de la organización que llamamos Estado autonómico. Y que busca la
unidad de decisión para la decisión sobre las normas y los conflictos. La
unidad no es un presupuesto de la organización, sino el resultado que se
busca con ella. Por eso, tras el reconocimiento de la unidad,
posteriormente se reconoce el principio de autonomía y la
descentralización política siempre dentro y bajo el ámbito y el paraguas
de esa unidad. Autonomía como descentralización del poder para dar
unidad. Autonomía como descentralización del poder para dar una
estructura al Estado y producir una división vertical del poder. El Estado
se organiza, por lo tanto, territorialmente en tres niveles. El nivel
central, el nivel de las comunidades autónomas con autonomía política, y
como les he dicho anteriormente, el nivel local con autonomía
administrativa. Las comunidades autónomas se caracterizan por un
autogobierno con potestades normativas, capacidad legislativa a través de
sus asambleas parlamentarias y de autogobierno para la gestión de sus
intereses, en ningún caso, ¿de acuerdo? En ningún caso conlleva ello
ningún tipo de soberanía. Es un principio dispositivo el derecho a la
autonomía, no una obligación. Y ello también, esta unidad, se acompaña
de la igualdad que viene reconocida en los artículos 138 y 139 de la
Constitución con el siguiente contenido. El Estado garantiza la
realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el
artículo 2 de la Constitución velando por el establecimiento de un
equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes, del
territorio español, y entendiendo en particular circunstancias del hecho
insular esas particularidades de los dos archipiélagos que forman parte
del Estado español. Evidentemente, las diferencias entre los estatutos de
las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso
privilegios económicos o sociales. En el artículo 139 ya vemos como todos
los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte
del territorio del Estado, y ninguna autoridad podrá adoptar medidas que
directo e indirectamente obstaculicen la libertad de circulación. La
libertad de circulación y el establecimiento de las personas y la libre
circulación de bienes en todo el territorio español. Por ello, y en
virtud también, y respetando estos principios, debemos recordar los
principios de solidaridad que destacan los artículos 156, además del
artículo 2 que ya hemos visto, 156.1 de la Constitución y 158.2. Y es
que, de acuerdo con el artículo 156.1 de la Constitución, las comunidades
autónomas gozarán, de autonomía financiera para el desarrollo y
ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de
coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los
españoles. Y, asimismo, el apartado segundo del artículo 158 nos recuerda
que, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y
hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de
compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán
distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y
provinciales, en su caso. También, en este título octavo de la
Organización Territorial, no se establece dos vías de acceso a la
autonomía. ¿De acuerdo? La vía ordinaria o lenta, conocida como vía
ordinaria o lenta, disculpen la reiteración, contenida en el artículo 143
de la Constitución y la vía especial o rápida del artículo 151, que era
una vía más agravada, y que solo se planteó en Andalucía. Finalmente,
lo que actualmente conocemos como la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Recordemos que el artículo 143 nos dice que en el ejercicio del derecho a
la autonomía, que ya teníamos reconocido en el artículo 2 de la
Constitución, ¿quiénes tienen la legitimación? Pues bien, las
provincias limítrofes con características históricas, culturales y
económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con una
entidad regional histórica podrán acceder al autogobierno y constituirse
en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título en los
respectivos estatutos. Vemos que, en cuanto a las exigencias, a diferencia
de esa vía disuasoria o agravada que contiene el artículo 151, nos dice
que la iniciativa de ese proceso autonómico corresponde a todas las
diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las
dos terceras partes de los municipios, pero cuya población, exige la
Constitución, constituya o represente al menos la mayoría del censo
electoral de cada provincia o isla. A diferencia de ello, vemos como el
artículo 150 y 151, en el ámbito de ese proceso agravado o disuasorio, lo
que nos establece es lo siguiente. En este caso, siempre con la diferencia
de que nos dará acceso al desarrollo, al ejercicio de mayor número de
competencia de la que nos daba el acceso por la vía del 143, exige que,
además de por las diputaciones o los órganos interesulares
correspondientes, las tres cuartas partes, ya vimos que en el artículo 143
ya hemos visto que eran las dos terceras partes, representen al menos de la
mayoría del censo electoral y dicha iniciativa, además, sea ratificada
mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría de los electores
de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. Bien,
estas, las que accedieran ya a través del 151, accederían al máximo
nivel de competencias y ¿cuáles fueron? Pues aquellas, aquellos
territorios que en la Segunda República habían celebrado y votado ya un
estatuto de autonomía como fueron Cataluña, el País Vasco y Galicia, de
acuerdo con la disposición transitoria segunda y ese artículo 151 de la
Constitución. En cuanto a Navarra, de acuerdo con lo previsto la
disposición adicional primera se equiparó a las anteriores, aunque
también se permitía que se incorporara al régimen autonómico vasco,
disposición transitoria cuarta de la Constitución. Ceuta y Melilla fueron
contempladas como ciudades autónomas, actualmente ciudades autónomas,
pero se estableció la posibilidad a través de la disposición transitoria
quinta que finalmente no fue utilizada y las competencias, la diferencia,
ya ven que el artículo 148 de la Constitución española son las que
pueden acceder desde un primer momento las comunidades autónomas que se
hayan constituido por la vía del 143, mientras que el 149 comprende y
contiene las competencias exclusivas del Estado. A ellas sólo podrán
acceder las comunidades autónomas que se hayan constituido por la vía del
151, puesto que las que lo hayan hecho a través del 143 no podrán aspirar
o aprender a, digamos, engrandecer, enriquecer el número de competencias
que están prestando del 149 hasta una vez transcurridos cinco años desde
su creación y a través de la reforma de sus estatutos. Bien, pues hasta
aquí el tema de hoy y desde este mismo momento quedo a su disposición.