Y ahora lo que sería el último tema del temario de esta asignatura a
Hacienda Pública, la Hacienda Descentralizada y la Hacienda Europea. Vamos
a ver este tema 10 y último de la asignatura a Hacienda Europea, que
consta de los epígrafes de distribución, distribución de funciones, los
principios de la descentralización de los tributos, el endeudamiento en el
caso de la Hacienda Descentralizada de las transferencias
interregionamentales y el presupuesto comunitario, los problemas de la
armonización fiscal y, por último, la recapitulación del tema. Empezamos
con lo que es la introducción, página 279. Y nos encontramos… Buenas
tardes. Hola, Manuel Carmen. Vamos por el epígrafe primero, introducción,
¿vale?, del tema 10. Pues nos encontramos con una única hacienda, sino
que nos encontramos en presencia de una asignatura a Hacienda Pública. Una
hacienda con una prioridad de jurisdicciones que podemos concretar en la
Hacienda Central, la Hacienda de las Comunidades Autónomas y las haciendas
locales y la correspondiente Hacienda de la Unión Europea. Vamos a ver la
cámara. Ahora. En cuanto a la distribución de funciones, pues en este
epígrafe trataremos de analizar cuál debe de ser el papel de cada nivel
de gobierno en la resolución de cuatro grandes problemas, que son, a
saber, la asignación de recursos, la distribución de la renta, la
estabilidad económica. Y el crecimiento económico. Vamos a ver primero de
estos problemas, que es la asignación de recursos. Para hablar de la
asignación de recursos, a su vez, hemos de hablar de varios conceptos. Por
un lado, los bienes públicos puros, la distribución de funciones en el
caso de los fallos de mercado, son los dos subepígrafes dentro de este
apartado. En primer lugar, respecto a los bienes públicos puros, como ya
sabemos, los bienes públicos se caracterizan por la ausencia de rivalidad
en el consumo, como he visto en otros temas, y por la imposibilidad de la
distribución de funciones. Y por la imposibilidad de aplicar el principio
de exclusión. La consideración de cuál debe de ser el papel de los
distintos niveles de gobierno en la provisión de los bienes públicos, se
fundamenta en una serie de aspectos que podemos resumir de la siguiente
forma. En primer lugar, la no rivalidad en el consumo puede presentarse a
escalas muy distintas. Un segundo factor muy relevante, ataña al coste de
la provisión del bien público, y más específicamente a la presencia de
la economía de escala en su producción. Y una tercera cuestión,
concierna al problema de la revelación de preferencias entre los bienes
públicos puros por parte de la integrante de la comunidad. Por último,
también es preciso señalar que el conocimiento de las preferencias de los
ciudadanos es más fácil cuanto mayor sea la cercanía entre los lectores
y el gobierno que realiza las funciones de los lectores. Nuestra discusión
de estos cuatro factores puede resumirse en la presencia de dos tipos de
costes. De un lado, los costes de suministro de los bienes públicos, en
los que el elemento relevante es la posibilidad de la distribución de los
bienes públicos. De otro lado, los costes de presencia de economías de
escala en una primera etapa y de una probable aparición de economías de
congestión a partir de un cierto tamaño de jurisdicción. Y de otro lado,
los costes de captar información relevante sobre las preferencias de los
ciudadanos que podemos entender como crecientes al aumentar las dimensiones
del territorio. Los costes no son idénticos al encontrarnos con funciones
de coste total muy diversas. Este planteamiento parece sugerir que cada
bien público debería de atribuirse a un sistema de costes. A una
jurisdicción distinta, con el resultado lógico de que nuestros niveles de
gobierno tendrían que... Tendrían... Tenderían, perdón. En cuanto a la
distribución de funciones en el caso de los fallos de mercado, página
274, la intervención pública debida a los denominados fallos de mercado
puede formularse en base a una serie de reflexiones. En lo que se refiere a
la política de defensa de la competencia o en el control de los
monopolios, parece razonable considerar que esta función debe de
atribuirse a la Unión Europea. En el control de los efectos externos,
parece fácil justificar la presencia de dos niveles de competencias
diversos. De un lado, en lo que concierna las normas generales sobre
contaminación, resulta defender... Resulta, pues, fácilmente defendible
la competencia también de la Unión Europea en este ámbito. Ahora bien,
en lo que respecta a la vigilancia del cumplimiento de esas normas, parece
más lógico que se ejerza desde aquellos niveles de gobierno que tienen un
acceso más fácil a la información correspondiente. El último fallo de
mi opinión es que, en el caso de la política de defensa de los
monopolios, el mercado al que debemos hacer referencia es el supuesto de
los bienes preferentes que hemos circunscrito a los supuestos de educación
y de sanidad. Deben tenerse en cuenta algunos aspectos relevantes al
respecto, que los bienes preferentes que hemos señalado parecen evidentes
características de carácter distributivo. También al hecho de que la
libre circulación de la mano de obra resulta imprescindible en materia de
educación que existan normas comunes. Y por último, si el país al que
pertenecen las diferentes comunidades autónomas pretende asegurar el
principio de igualdad entre los ciudadanos, entonces también el Gobierno
central debe tener competencia en este tipo de temas. En lo relativo al
siguiente problema, que es la distribución de la renta, página 276,
podemos decir que las competencias del sector público en materia de
distribución de la renta son una cuestión más que discutida. Hay un
cierto grado de consenso en que las grandes políticas de redistribución
de la renta tienen una mayor eficacia cuando se llevan a cabo a escala de
país. En este sentido, se apuntan una serie de reflexiones. En primer
término, el análisis realizado por TIBO, en el que hemos denominado
Votación con los pies, demuestra que si una comunidad autónoma elige
realizar una política muy redistributiva basada en tipos marginales muy
altos en el impuesto, por ejemplo, de la renta de las personas físicas y
el pago de pensiones y seguros de desempleo muy generosos, puede verse
enfrentada a la situación en que la libre circulación de personas y
recursos productivos haga inviable su política. Una segunda razón que va
a la realización de políticas de distribución a escala nacional y no
local es la posible generación de comportamientos freeriders. Y también,
las consideraciones basadas en la movilidad plantean algún problema
adicional más para la atribución de estas competencias a las comunidades
autónomas o, en mayor medida, a los entes locales aunque en el caso se
dieran unas circunstancias defendidas por los partidarios de la denominada
economía. A pesar de estas críticas con respecto a la atribución de
competencias de redistribución de renta a los entes subcentrales, puede
señalarse algún argumento favorable a la misma. Entre ellos podemos
señalar, de un lado, podemos pensar que los modelos de Votación con los
pies que constituyen la base fundamental de las críticas a la delegación
de funciones a las haciendas territoriales son incompatibles con la
presencia de comportamientos altruistas entre los ciudadanos. Y, de otro
lado, podemos observar la existencia de políticas redistributivas en las
comunidades autónomas basadas en comportamientos cooperativos voluntarios
o no en las mismas. En cuanto al tercer problema, estabilidad económica,
página 278, de lo que se trata aquí es de analizar a qué nivel de
gobierno debe de asignarse. En tal sentido, debemos distinguir entre cada
uno de los instrumentos de las políticas de estabilización económica.
Estos instrumentos son la política monetaria, la política cambiaria, la
política presupuestaria y la política de renta. En cuanto a la política
monetaria, vamos por la página 278, el punto C, estabilidad económica,
Jacinto. En cuanto a la política monetaria en un contexto de la Unión
Europea, este instrumento de la política económica debe quedar en manos
de las instituciones comunitarias. En cuanto a la política cambiaria, la
fijación de los tipos de cambio y la competencia unidas a la política
monetaria. Por ello, no merece la pena insistir en esta cuestión que queda
en manos de las instituciones de la Unión Europea. En relación a la
política presupuestaria, se refiere a los efectos sobre la demanda
agregada de los gastos públicos. La efectividad de la política fiscal
puede medirse a través de su efecto inicial en un nivel de renta demandado
por los distintos agentes económicos y que tal efecto se evalúa a través
del proceso multiplicador correspondiente, pero si estamos en presencia de
economías con un amplio volumen de intercambios con el exterior, no hay
ninguna garantía para que los efectos de la política fiscal beneficien al
nivel de gobierno que las lleve a cabo. Es decir, si una comunidad
autónoma hiciera una política de incremento de gasto público para crear
empleo, no se puede asegurar que esos efectos se circunscriban a su
territorio. Este argumento avala que la política fiscal se atribuye a un
nivel central. Sin embargo, podemos añadir algunas consideraciones. En
primer lugar, la efectividad de las políticas fiscales depende
crucialmente de la información disponible por las autoridades que la ponen
en marcha. La propia efectividad de la política fiscal realizada por la
hacienda central está limitada en un contexto de creciente globalización
de economía. No obstante, lo indicado en los párrafos anteriores puede
defenderse una política de estabilización basada en instrumentos de
carácter fiscal cuando no adoptan la forma de déficit presupuestario sino
la fórmula de equilibrio. Una última consideración relevante hace
referencia al establecimiento del límite de las políticas de déficit
público de los estados europeos que participan en la moneda única. Por
último, en cuanto a la política de rentas, en este último instrumento de
la política económica hace referencia a la inclusión-conclusión de
acuerdos entre las organizaciones sindicales, empresariales y gobiernos con
la finalidad de controlar el crecimiento de los precios a través de la
regulación del aumento salarial y el control de otras rentas. En cuanto al
cuarto problema, el crecimiento económico, en lo que se refiere a gastos
de infraestructuras podemos observar la presencia de elementos
contrapuestos. Por un lado, la presencia de economías de escala en la
realización de obras de infraestructura avala la centralización de estas
competencias y así determinados gastos para mejorar las comunicaciones
pueden afectar a varias jurisdicciones siendo más adecuada su realización
por parte del gobierno central o incluso la presencia de competencias
compartidas con los miembros europeos. Y por otro lado, las haciendas
subcentrales disponen de ventajas de información a la hora de diseñar los
planes concretos que permitan alcanzar el objetivo de desarrollo
económico. Estas ventajas en cuanto a la información avalarían, en
cambio hay una tendencia a la descentralización de los gastos. En cuanto a
la formulación de los planes de investigación básica, aquí pueden
apreciarse importantes economías de escala. La pluralidad de esfuerzos no
coordinados entre equipos de investigación de distintas instituciones
europeas puede conducir a soluciones ineficientes. Volveremos a estar en
presencia de ventajas para los entes subcentrales basadas en economías de
infraestructura. Pasamos al tercer epígrafe, página 282, los principios
de la descentralización de los tribunales. Nuestro interés se destina a
comprobar qué modificaciones plantea la hacienda descentralizada a los
principios tributarios a los que hicimos referencia en el temase. Así, en
primer lugar, hemos de hacer referencia a la inclusión de nuevos
principios tributarios. La configuración del sector público de un modo
descentralizado obliga a incluir nuevos principios tributarios, entre los
que destacan el principio de autonomía y el principio de localización. En
relación al principio de autonomía, cada comunidad autónoma o ente local
puede llegar a formular las correspondientes combinaciones entre los que
elegirían los ciudadanos. No sólo significa una capacidad de decisión en
cuanto a las fluidades de gasto público, sino también la posibilidad de
contar por recursos financieros que dependen de fuentes controladas por los
gobiernos subcentrales. En cuanto al principio de localización, significa
que los tributos recaudados en una determinada jurisdicción deben de ser
efectivamente pagados por los contribuyentes de ese territorio. La
aplicación de este principio avalaría que cada gobierno subcentral
tuviera competencia en la fase minorista de la imposición íntima. Otra
cuestión que también tenemos que ver en este epígrafe es el
replanteamiento de los principios tributarios. En primer término, podremos
considerar en lo que atañe al principio de simplicidad que la
descentralización fiscal añade circunstancias que hacen más difícil su
cumplimiento. No parece excesivamente compleja la aplicación del principio
de insuficiencia al diseño del sistema de financiación de cada marco
descentralizado. En lo que se refiere al principio de equidad, la posible
existencia de una pluralidad de sistemas fiscales en un mismo país exige
la correspondiente coordinación entre los tributos existentes para evitar
el fenómeno de la doble imposición o del tratamiento fiscal diferenciado
para los ciudadanos. Y por último, en lo que se refiere al principio de
neutralidad, su exigencia en el marco de la hacienda descentralizada
requiere que los sistemas tributarios propios de cada territorio no
introduzcan distorsiones en las decisiones de la baja entidad. Vamos a ver
entonces el epígrafe cuarto, el endeudamiento en el caso de las haciendas
descentralizadas, página 285. El principio de insuficiencia exige que el
sistema tributario de las haciendas territoriales y locales sea capaz de
atender a los gastos necesarios para cumplir las funciones que se han
atribuido. Igualmente, hemos analizado los problemas que plantea el uso de
financiación extraordinaria. En estas circunstancias, parece referirse al
endeudamiento de los distintos niveles de gobierno que respondería, en el
mejor de los casos, a un interés puramente teórico, pues en la práctica
esta posibilidad está muy limitada. No obstante, podemos hacer una serie
de reflexiones. La primera de ellas es que, aun en el caso de que no se
hubiera producido el proceso de unificación monetaria, es razonable
considerar que el endeudamiento de las haciendas sustentables debe de estar
limitado. En segundo lugar, las consideraciones que realizamos en materia
de carga de la deuda y de la sostenibilidad serían aplicables igualmente a
las haciendas sustentables. Y en tercer lugar, el empleo del endeudamiento
debería de utilizarse únicamente para financiar la inversión. Interesa
trasladar a la comunidad que ha realizado la inversión una vez que éste
sea culminado, pues de este modo el individuo puede aprovecharse del
esfuerzo realizado por otros contribuyentes. Epígrafe V. Las
transferencias intergubernamentales. Página 286. Tal es que las
transferencias intergubernamentales pueden producirse bien desde el
gobierno central a la comunidad autónoma o desde ésta a la hacienda
local. En cuanto a las finalidades de estas transferencias podemos señalar
las siguientes. Una primera razón se basa en la realización de las
políticas activas para desigualar la distribución de la renta entre las
diferentes comunidades autónomas o entre los diferentes territorios. Un
segundo motivo está relacionado con la consecución del principio de
igualdad para que todos los ciudadanos den una misma jurisdicción. Y, por
último, un tercer motivo se basa en la presencia de efectos externos en la
actividad de un territorio que favorecen a las áreas limítrofes o el
estado en su conjunto. Por lo que se refiere a la forma en que pueden
materializarse estas transferencias podemos resumirla en el esquema que
aparece en la figura 10-3 de la página 287. Podemos ver condicionales,
generales, específicas dentro de estas compensatorias, no compensatorias,
cortadas y sin límites. En las incondicionales, en las de participación
de ingresos hiper ecuatorias, que son igualatorias de la capacidad,
igualatorias de la previsión relacionadas con el esfuerzo fiscal y no
relacionadas con el esfuerzo fiscal. En primer lugar, las transferencias
que pueden ser condicionadas e incondicionadas. Según qué fondos
transferidos se destinen a una finalidad concreta decidida por quién o si
pueden asignarse libremente a los fines que deseen perfecto. Las
transferencias condicionales se dividen en general y específicas
dependiendo del grado concreto en que se presente la finalidad establecida
recibida. A su vez, las subvenciones específicas pueden ser, en una
cantidad fija, en cuyo caso se denomina no compensatoria, en un porcentaje
del coste de producción del proyecto, en cuyo caso se denomina en
compensatoria. Todo porcentaje de participación en el coste puede tener un
límite y entonces estamos en presencia de las transferencias acotadas o no
tenedlas. En cuanto a este tipo de transferencias es más adecuado, podemos
verla en la siguiente aspecto. Las transferencias incondicionadas son las
más coherentes con el principio de autonomía de los entes subcentrales.
En segundo lugar, la superioridad de las transferencias condicionadas
cuando el objetivo es garantizar el cumplimiento de determinadas
finalidades. El deseo correspondiente a los distintos niveles de gobierno
en la realización de las actividades públicas, lo que en unos casos hará
referir a las transferencias compensatorias y en otros las perecuatorias
relacionadas con el esfuerzo fiscal, la aspiración a una cierta igualdad
entre los distintos territorios. La ausencia de una correspondencia entre
los servicios públicos suministrados por un territorio o los impuestos
pagados en el mismo puede trasladar su responsabilidad hacia otros órganos
gestores. Pasamos al epígrafe VI, Presupuesto Comunitario, página 289. En
primer lugar, en este epígrafe vamos a ver los principales gastos y
políticas comunitarias, después veremos el sistema de ingresos del
presupuesto de la Unión Europea, después la propuesta de nuevos recursos
propios y pasaremos al epígrafe siguiente. En cuanto a los principales
gastos y políticas comunitarias, en primer lugar, hemos de hacer
referencia a una serie de reflexiones generales. Las primeras que debemos
destacar es que las cifras del presupuesto comunitario indican un peso muy
escaso en el conjunto de la actividad económica. En segundo lugar, una
nota distintiva en cuanto a las funciones realizadas es el peso decisivo de
las políticas de mantenimiento de los precios agrarios. Y por otro lado,
podemos pensar que las políticas de redistribución de la renta entre las
diversas regiones europeas pueden ser más efectivas cuando se realicen
desde la Unión Europea. Por último, debe señalarse en cuanto a estas
reflexiones que el cumplimiento de los objetivos marcados por las
directivas comunitarias puede suponer un desembolso excesivo para algunos
de los países miembros al no poder frente con sus recursos climáticos. En
relación al sistema de ingresos del presupuesto de la Unión Europea,
página 290, hemos de hablar de los derechos de aduana, de los derechos
agrícolas y cotizaciones sobre el azúcar y la isoglucosa, el recurso
procedente del IVA, el denominado cuarto recurso, recurso complementario.
En cuanto a los derechos de aduana, uno de los rasgos definidores del
proceso de integración seguido por los países europeos ha sido la de
constituir una unión aduanera, lo que exige el establecimiento de un
arancel común frente a terceros. Los derechos de aduana no tienen al menos
teóricamente una función de tipo recaudatorio, sino que su objetivo es
proteger la producción del país que impone el arancel contra la
competencia procedente de otras naciones. Puede resultar la pérdida de
importación, puede resaltarse la pérdida de importancia de este recurso.
El segundo recurso que vamos a ver son los derechos agrícolas y
cotizaciones sobre el azúcar y la isoglucosa. En este apartado
consideramos tres tipos de ingresos diversos pero que tienen en común su
relación con la política agraria común. En lo que se refiere a los
derechos agrícolas origen se encuentra la fijación de precios mínimos
garantizados por las productos agrarios. Podemos definir las estaciones
reguladoras agrarias como impuestos variables exigidos a los productores
importados con la finalidad de que no compiten en condiciones ventajosas
con los productos de la agricultura europea a los que quieren garantizar un
precio mínimo. Si además se pretende que el producto europeo pueda
competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo, entonces el
producto comunitario deberá recibir una subvención conocida como
restitución a la exportación. Esto plantea una serie de problemas. En
primer lugar este tipo de políticas afectan negativamente a los países
extracomunitarios que fueron exportadores netos de productos agrícolas. En
segundo lugar el procedimiento perjudicaba a aquellos países europeos que
como pasaba anteriormente con el Reino Unido tenían importantes relaciones
comerciales con países extracomunitarios. Las cotizaciones sobre la
azúcar y las cotizaciones sobre la producción de isoglucosa son tributos
por otro lado que graban la producción y almacenamiento de azúcar o la
isoglucosa cuya justificación se encuentra en que se pretende que los
gastos destinados a la regulación del mercado de azúcar corran a cargo
del propio sector. Pasamos al tercer fuente de financiación que es el
recurso procedente del IVA. Estamos ante un nuevo auténtico instrumento
cuya finalidad es la de alcanzar la suficiencia en el ámbito de la
hacienda europea. La principal ventaja de elegir el IVA como elemento de
referencia se encontraba en que este impuesto ha sufrido un proceso de
armonización que permitía aplicar sin graves distorsiones a un recurso
cuyo impuesto se calcula a partir de las recaudaciones nacionales. Deben de
hacerse, no obstante, una serie de matizaciones. Que el procedimiento
perjudica a aquellos países cuyo nivel de consumo en relación con el PNB
sea mayor o cuyo peso de la imposición indirecta sea más acusado. En
segundo lugar, que este sistema de cálculo beneficie a los países con
fraude en este impuesto sea más acusado y por último y debido al
denominado cheque británico que esto ya no tiene sentido la aportación
del Reino Unido por este concepto se reduce para impedir que su aportación
neta sea excesiva. Esto ya como sabéis con la salida del Reino Unido para
el Brexit pues tampoco tiene sentido en la actualidad. En cuanto al
denominado cuarto recurso el recurso complementario tiene un papel de
cierre del sistema de financiación de la tienda europea y se reparte entre
los Estados miembros en proporción al PNB. Su empleo como forma de
financiación suscita una serie de reflexiones. El recurso del PNB parece
como que cumple mejor con el que tiene de capacidad de pago. La segunda
reflexión es que la estimación de esta aportación está sometida
igualmente a una necesidad de armonizar los cálculos de la magnitud
macroeconómica de carácter real. Y en tercer lugar en la medida en que
los distintos países tengan porcentajes distintos de economía sumergido
al cálculo de este recurso puede acabar generando situaciones difíciles.
En relación a la propuesta de nuevos recursos propios pues la posibilidad
de introducir nuevos recursos debe de ser estudiada a partir de una serie
de criterios que estableció la propia comisión y que responden a los
principios de la imposición y que se han utilizado con frecuencia. Podemos
resumir los siguientes en respecto a la capacidad contributiva de los
Estados miembros equidad entendida desde el criterio de capacidad de pago
su aplicación a todos los contribuyentes equidad entendida como exigencia
de igualdad debe implicarse sobre una base uniforme con un tipo impositivo
debe ser capaz de generar suficientes recursos financieros y de adaptarse
al ciclo económico suficiencia y debe ser preceptible para los ciudadanos
y de fácil gestión y simplicidad a partir de estos criterios las
principales fórmulas que se han propuesto pueden resumirse en los
siguientes sistemas que se resumen en la tabla 294 En cuanto al análisis
premonizados de estas propuestas podemos señalar las siguientes
consideraciones La cesión a la hacienda europea de una parte de la
recaudación del IRPF a su vez dos versiones que se exceda sólo la parte
correspondiente de la recaudación de la renta del trabajo o que se exceda
la parte correspondiente de la recaudación de la renta del capital de los
no residentes Las principales dificultades estriban en la ausencia de un
IRPF En relación al IRPF el principal problema es la ausencia de la
harmonización en esta materia En cuanto al establecimiento del IRPF tal
propuesta tendría los defectos ya señalados en el tema que dedicamos a la
imposición sobre la riqueza modificar el actual recurso del IVA por una
parte de la recaudación directamente obtenida por cada Estado miembro o
establecer un recargo cuyo importe sea considerado como ingreso propio de
la Unión en la medida que se profundice la harmonización fiscal de este
impuesto parece una alternativa viable En relación al IRPF debemos
recordar las críticas que se formularon en ese momento a estas figuras
tributarias En cuanto al establecimiento de un IRPF con el objetivo de
limitar los efectos externos pero sus principales inconvenientes es que no
todos los Estados miembros disponen de este tipo Con lo que respecta a la
introducción de un impuesto que grave las transmisiones de activos en el
mercado financiero la ventaja es la posibilidad de emplearlo como medio de
combatir la especulación En relación al establecimiento de un IRPF para
las comunicaciones por entender que estas se han visto muy beneficiadas por
el logro del mercado interior pues también es bastante factible En cuanto
al señoreaje de la competencia de los diferentes países miembros al uso
de la emisión de moneda por sus posibles efectos inflacionistas y además
porque dejaría fuera a los países que no se incorporan en la última fase
de la Unión Económica y Monetaria En relación a las sanciones peculiares
el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento pueden resultar un recurso útil pero cuya capacidad
recaudatoria es discutible su previsión casi imposible y su finalidad se
acabaría confundiendo Pasamos a la epígrafe octavo página 296 El
problema de la armonización fiscal Las cuestiones relativas a la
armonización fiscal proceden fundamentalmente de la consecución del
objetivo de la libre circulación de mercancías de factores de producción
Un análisis más riguroso de estas cuestiones exige separar los problemas
planteados por la circulación de mercancía Así hemos de ver la
armonización de la imposición indirecta y la armonización de la
imposición indirecta En cuanto a la armonización de la imposición
indirecta podemos afirmar que los problemas de la imposición indirecta son
impugnantes desde que se pretende alcanzar el mercado interior en el que
desaparecen las barreras no lancerarias y los trámites aduaneros al pasar
de un país comunitario a otro Si se elimina la frontera entre dos países
se producen dos efectos distintos En primer término, si el IVA utilizado
en el país de destino es superior a que se establece en él de origen
entonces el importador del producto tendría ventajas comparativas de
origen puramente fiscal Un problema adicional es que el producto exportado
es un impuesto que cobra el país exportador y que paga el consumidor de
otro país. Este problema obliga a un segundo núcleo de normas que
permiten un proceso de compensación Los mismos problemas respecto al
impuesto especial En relación a la armonización de la imposición directa
debemos distinguir tres tipos de cuestiones Por un lado, la movilidad del
factor la del capital el establecimiento de empresas de diferentes naciones
que conforman la Unión Europea En principio no parece que la coexistencia
de regiones fiscales diversos supongan un grave problema en cuanto a
posibles distorsiones en la asignación del factor del trabajo Las
cuestiones relacionadas con la armonización fiscal destinada a evitar
distorsiones en la asignación del capital son bastante más complejas y
con respecto a ellas podemos hacer dos tipos de consideraciones Si la renta
obtenida en el exterior es incluida en la declaración del IRPF no deben
producirse graves problemas de distorsión En segundo término la
regulación de los distintos rendimientos del capital puede generar
situaciones de doble imposición en algunos sectores No obstante, en
cualquier caso no debe olvidarse que la movilidad del factor capital está
en la base de algunas reformas fiscales entre ellas la recientemente
aplicada en España Esto llevaría a que las empresas pudieran acabar
decidiendo dónde establecer el suceso social de las empresas por motivos
fiscales. Con esto damos por finalizada esta lección 10 Muchas gracias por
vuestra atención ¿Alguna duda?