Último día en el ámbito del funcionamiento de Consejo de Ministros.
Cuando hablamos del Consejo de Ministros, veamos que la ley del Gobierno,
la ley 50-97, viene a diferenciar dentro del Gobierno diversos órganos de
carácter individual, como es el presidente, los vicepresidentes o los
ministros, vicepresidentes en su caso, en el caso de que los haya, y luego
distingue otros órganos colegiados, como es, por ejemplo, el Consejo de
Ministros o estas comisiones que vimos el otro día del radar del Gobierno.
Tengan en cuenta que con la actual ley del Gobierno, puesto que recuerden
que la Constitución, cuando regula el Gobierno, deja en cuanto a su
composición al desarrollo de una ley y que luego esta ley, como les decía
el otro día, actualmente esta ley 50-97 lo deja la decisión del
presidente. Por lo tanto, se produce una deslegalización de facto porque
al final es el presidente el que va a determinar la organización del
Gobierno. Pero, en todo caso, que en la actualidad la composición que
dicta la ley para el Consejo de Ministros no se diferencia en nada del
Consejo de Gobierno o del Gobierno en sí como órgano colegiado. Por lo
tanto, la composición es actualmente la misma. Recuerden que, en cuanto al
funcionamiento, la convocatoria de las reuniones de este Consejo de
Ministros es competencia del presidente del Gobierno, que evidentemente va
a tratar de establecer el orden del día y las cuestiones que también se
van a tratar. Y que sepan, y recordamos, que el ámbito del título 2,
cuando vimos la corona, que, de acuerdo con el artículo 62, también el
Rey puede presidir estas sesiones del Consejo de Ministros previa petición
del presidente del Gobierno. Bien, por lo tanto, como es el presidente del
Gobierno el que va a establecer y va a convocar las sesiones del Consejo de
Ministros y es el que va a establecer el orden del día, en definitiva
tengan claro que es él mismo el que va a decidir los asuntos de los que
van a tratarse y, por lo tanto, los que van a ser objeto de... de...
digamos, de decisión. Al final, como el presidente es el que dirige la
política del Gobierno y yo soy el que voy a poner aquí el orden del día,
pues yo voy a ser el que decida los temas que se van... y, por lo tanto,
por dónde se van a desarrollar esas sesiones del Consejo de Ministros y
sobre qué temas. Nos dice, nos define el Gobierno de coalición, ¿de
acuerdo?, en el ámbito del tema. No vamos a profundizar en él porque lo
tenemos actualmente en la realidad y ya son ustedes perfectamente
conocedores de lo que es un Gobierno de coalición. Es decir, cuando
ningún partido de los que se han presentado ha tenido representación
parlamentaria tras las elecciones tiene una mayoría suficiente para, es
decir, una mayoría absoluta para que el candidato del mismo se ha
investido de la confianza y, por lo tanto, en la presidencia del Gobierno,
pues al final aparecen estos gobiernos de coalición. Gobiernos que son de
coalición porque conforman e integran ministros o incluso, como es en la
actualidad, vicepresidencias de otros partidos políticos que, a cambio,
les han dado sus votos para obtener esa mayoría necesaria para la
investidura como presidente del Gobierno. También, ¿de acuerdo?, puede
haber dos casos. El caso de que los programas electorales se acaben
modulando, dando entrada a la exigencia de estas otras fuerzas políticas
y, por lo tanto, se formalizará una separación entre el programa
electoral del partido mayoritario, el programa del Gobierno, con el que el
candidato se presentará a la investidura. Hubo otras, ¿de acuerdo?, que
condicionen el respaldo no solo incluyen en el programa del Gobierno su
propuesta, sino, como es nuestro caso, al de obtener puestos dentro del
Gobierno como vicepresidencias o ministerios. ¿Para qué? En realidad,
pues para controlar la realización y de las propuestas y la formalización
y ejecución de las mismas que, al cambio de las cuales, les han dado ese
voto necesario para obtener la mayoría suficiente para la investidura como
presidentes del Gobierno. Estatutos de los miembros del Gobierno ya saben
que tienen una doble responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad
política, que es la ordinaria y, en el caso, y también teníamos, la
extraordinaria. Que, a ver, la ordinaria saben que es a través de la
moción de censura o cuando se plantea por el propio presidente una
cuestión de confianza en el caso de no obtener la mayoría simple, tiene
que presentar su dimisión, se cesa, tanto se nombra otro presidente del
Gobierno y con él cesa, bajo esa responsabilidad solidaria, todo el
Gobierno que había sido nombrado por él. Lo mismo en la moción de
censura, en el caso de que la misma prospere y luego teníamos eso que se
denominaba como las mociones de reprobación que, en ningún caso, tienen
ningún tipo de efectos jurídicos vinculantes cuando ustedes oyen, pues se
ha producido en el Congreso la reprobación del ministro o ministra tal.
Eso no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica. Y luego tenemos,
evidentemente, este caso jurídico derivada de las infracciones penales y
que la Constitución no regula más que una responsabilidad penal fijando
un procedimiento específico para el caso de que la acusación fuese por
traición o delito contra la seguridad del Estado. Que, en este caso, tiene
que plantearla una cuarta parte del Congreso de Diputados y aprobarla por
mayoría absoluta de la misma Cámara. Estamos hablando de un tipo
específico de delitos por alta traición, ¿de acuerdo? Perdón, sí, por
alta traición o delito contra la seguridad del Estado. Ya saben que son
personas aforadas y que, al igual que los diputados y diputadas, esto se
llevará ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Bien, luego nos habla
también del gobierno en funciones. Ya sabes que desde que cesa un gobierno
hasta que entra el nuevo gobierno electo y se da el traspaso de presión,
el gobierno queda en funciones. Por lo tanto, queda en funciones la
celebración de las elecciones generales o bien, en los casos de pérdida
de confianza parlamentaria, bien, que no prospere la cuestión de confianza
presentada por el propio presidente o bien porque triunfe la moción de
censura que se ha presentado contra él mismo. En todo caso, lo que tienen
que tener muy claro es que un gobierno en funciones tiene una serie de
limitaciones. Es decir, hay determinadas funciones que, de manera
ordinaria, con un gobierno ordinario, no se pueden realizar. Existe una
limitación y que se trataría, por supuesto, el despacho ordinario de
asuntos está en funciones desde la proclamación de resultados o desde la
convocatoria de elecciones. Desde la convocatoria de elecciones, ¿de
acuerdo, Pedro? Desde la convocatoria de elecciones ya entraría en
funciones porque en ningún caso, toda vez que elegimos diputados o
diputadas del Congreso, no sabemos en ningún caso. De qué forma va a ser
el nuevo gobierno que va a salir de esas elecciones y, por lo tanto, entra
dentro desde la convocatoria de las elecciones. Así, el cometido principal
del gobierno en funciones sería tramitar el procedimiento para la
formación, facilitar el proceso para un nuevo gobierno y tiene limitados
sus contenidos que se trata del despacho ordinario de asuntos públicos,
salvo que se dé alguna cuestión de interés general o extraordinaria o
cuestión de urgencia que lo acrediten expresamente. Por lo tanto, también
sepan que si el gobierno en funciones ve recortadas las atribuciones, la
situación se pone ahí inversa en diversas situaciones. Es decir, en
cuanto tenemos un estado de los contemplados en el artículo 116 de la
Constitución, estado de alarma, excepción un sitio, es evidente que
tenemos que incrementar la posibilidad de acción. Es decir, que se pueda
desarrollar ese gobierno en funciones porque la situación lo requiere.
Bien, y también en la intervención sobre las comunidades autónomas que
tenemos con el artículo 155 de la Constitución española, en ese caso, si
se interviniera estando durante un periodo en que el gobierno no estaría
en funciones, también verían incrementadas esas posibilidades de
actuación que tiene durante la duración en funciones. Finaliza con la
definición de órganos administrativos auxiliares del estado donde
destacan el Consejo de Estado que ya saben que es el supremo órgano
consultivo del gobierno desarrollado por la ley orgánica 3 barra 1980 que
tiene un presidente, un secretario general y tres tipos de consejeros, los
permanentes, los natos y los electivos. Los consejeros permanentes en
número de 8 son nombrados por real decreto para personas que hayan
ejercido cargos políticos, ministro, presidente o consejero autonómico.
Luego tenemos consultivos, consejeros de estado, miembros de consejos,
consultivos autonómicos o bien juristas, letrados mayor del Consejo de
Estado, Oficina General de Cuerpos Jurídicos de las Fuerzas Armadas.
También funcionarios, profesores universitarios de disciplinas jurídicas,
económicas o sociales con más de 15 años de ejercicio o funcionario de
estado con 15 años también en los cuerpos o escalas que tengan dentro
cuyo ingreso exija el título universitario. Consejeros natos, esos son los
consejeros electivos, son consejeros natos los expresidentes del gobierno
si lo solicita el presidente del Consejo de Estado, por lo tanto si yo
finalizo como presidente del gobierno puedo solicitar al presidente del
Consejo de Estado y formar parte del Consejo de Estado. Y finalmente son
así como ciertos cargos públicos como el director de la Real Academia
Española, del Ejército del ámbito jurídico, abogado general del Estado
o económico y finalmente consejeros electivos que son nombrados mediante
real decreto. Por cuatro años entre quienes hubiesen sido destacados
cargos públicos en el Poder Legislativo, Ejecutivo o cargos de naturaleza
judicial. Luego tenemos finalmente el Consejo Económico y Social que tiene
61 miembros incluido el presidente y que en este caso son 20 en
representación de organizaciones sindicales, 20 en representación de
organizaciones empresariales y 20 en representación de grupos
socioeconómicos, pesca, agricultura, etcétera. Lo ejercen por cuatro
años renovables y también tienen una función consultiva, pues bueno,
miembros de sindicatos que han tenido especial relevancia, de sindicatos de
agricultores, de ganaderos, etcétera, que forman parte como órgano
consultivo en todas esas actividades o consultas que se les puedan hacer en
materia económica o social. Pasaríamos ya a las funciones del gobierno y
ya tenemos que destacar la función ejecutiva. Cuando hablamos de la
función ejecutiva, vean lo que nos dice su propio nombre, ejecutar,
ejecutar el qué, evidentemente ejecutar las leyes y ejecutar cabe en este
caso hacer efectivo el contenido de las leyes, pero recuerden que también
las leyes suelen ser generales y de carácter abstracto y por lo tanto en
este ámbito de ejecución también destacamos o introducimos la potestad
reglamentaria del gobierno, que es la posibilidad de con rango inferior
jerárquico a la ley hacer normas con un alcance general que desarrollen
esas leyes para su aplicación directa. Tenemos, de acuerdo, que la
ejecución no puede ser contra el eje, sino según un eje, ¿de acuerdo? No
pueden ir nunca contra la ley en virtud de ese principio de jerarquía
normativa que hemos visto, sino que tienen que ser siempre según y de
acuerdo a la ley. Bien, recordamos también que el gobierno también tenía
esa función de la potestad legislativa delegada a través de los decretos
legislativos o también la potestad de establecerse normas con rango legal
a través de los reales decretos leyes que vimos en el artículo 86 de la
Constitución. Y luego tenemos la potestad reglamentaria, que son
reglamentos como auténticas fuentes del derecho, puesto que innovan el
ordenamiento jurídico y tienen vocación de permanencia. Tenemos que
diferenciar respecto de los actos administrativos que también dicta el
gobierno que los reglamentos son normas de alcance general, verdaderas
fuentes del derecho. Y en cuanto a esta función, la potestad
reglamentaria, tenemos que recordar que esta potestad reglamentaria del
gobierno y por lo tanto de la administración pública tiene ciertas
limitaciones como son las reservas de ley, que es cuando la Constitución
nos dice mira, en esta determinada materia se va a regular por ley. Por lo
tanto no va a ser válido un reglamento, sino que tiene que ser una norma
con rango legal. Y también la jerarquía y expansibilidad ilimitada de la
ley. Es decir, que la ley, además de que la ley es jerárquicamente
superior al reglamento, por lo tanto el reglamento nunca puede contradecir
su contenido. Además, cuando la ley regule materias no reservadas, el
reglamento verá como su espacio se acorta. Es decir, la ley no sólo puede
regular materias reservadas a ley, sino que se puede extender también al
ámbito reglamentario y como tiene un rango jerárquicamente superior no se
observa ningún problema en ello. Los reglamentos pueden ser ejecutivos o
independientes. Ejecutivos en ejecución de una ley, independientes con
independencia de la misma. Y tienen diferentes formas jurídicas. Así
tenemos los decretos del Consejo de Ministros, los decretos del presidente
del Gobierno, órdenes ministeriales de las posmisiones delegadas del
Gobierno, órdenes ministeriales, órdenes, resoluciones y circulares de
autoridades inferiores. Por lo tanto, no existe una sola forma jurídica
para el reglamento, sino que en este rango reglamentario se establecen
diferentes formas jurídicas. En cuanto a la titularidad del poder del
reglamentario, los reglamentos lo tienen el poder, la facultad de editar
reglamentos, tanto el gobierno como quienes lo integran y las autoridades
de la administración pública. Como órgano colegiado, los reglamentos que
pide el gobierno son los decretos del Consejo de Ministros. Todos los
reglamentos están sometidos como ya vimos en el momento en artículo nueve
de la Constitución, la Constitución al resto del ordenamiento jurídico,
pero también a las leyes y a las fuentes del derecho con rango de ley como
son los tratados internacionales, los decretos leyes o los decretos
legislativos. En cuanto al reglamento, también aunque se ha utilizado de
forma similar a los reglamentos parlamentarios, los reglamentos de las
cortes generales, el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado, no
olviden que nada tienen que ver, ¿De acuerdo? Los los otros reglamentos,
el del Congreso y el del Senado, se dictan en virtud de la autonomía
reglamentaria que tienen las propias cortes. Y es que además fíjense que
las de los de las cámaras se sitúan en una posición que va entre la
Constitución y las propias leyes dada su autonomía. Y dada su
diferenciación. También en cuanto a cómo se controlan esas funciones
ejecutiva y reglamentaria que dispone el gobierno, ya sabemos que al igual
que en una ley los jueces y los tribunales no podían inaplicar esa ley,
sino que tenían que promover la cuestión de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional, en este ámbito, en el ámbito reglamentario, los
jueces sí que pueden dejar de inaplicar el reglamento si consideran que es
contrario a la jerarquía normativa o que viola la propia Constitución. Y
también pueden ser directamente impugnados ante los tribunales de lo
contencioso administrativo que los pueden anular directamente. También
existe un control de ilegalidad cuando un juez que considera que no sea
competente para anular un reglamento, porque será competencia del Tribunal
Superior de Justicia correspondiente o de la Audiencia Nacional en su caso,
pero considera oportuna su inaplicación, plantea la sentencia y tiene que
trasladar, de acuerdo con la ley 29 barra 98 de 13 de julio de la
jurisdicción contencioso administrativa, tiene que trasladarlo al tribunal
competente que tiene la potestad de poder anular ese reglamento. En cuanto
a la función del gobierno, la Constitución no sólo atribuye el gobierno
la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, sino también dirige la
política interior y exterior, la administración civil y militar y la
defensa del Estado. Por lo tanto, en definitiva, lo que hace el gobierno es
tomar decisiones con libertad decisoria, ejecución constitucional y de
diferentes maneras. Dirección de la política interior y exterior, estamos
hablando de que dirige la política exterior a través de los servicios
diplomáticos, el embajador, embajadores, etcétera, etcétera. Política
interior, la facultad del Consejo de Ministros de dictar programas, planes
y directrices vinculantes para la administración general del Estado. Ya
saben que dirigen la defensa del Estado a través del Ministerio de
Defensa. El presidente, el ministro de defensa les corresponden las
competencias específicas en materia de defensa. Y luego tiene actos
propios y de control, ¿de acuerdo? Actos propios y de control. Aquí lo
que tenemos que diferenciar y a lo que se refiere en realidad es que hay
actos políticos que se pretendían que eh digamos que al tener ese
carácter de políticos se evadieran de ese control jurisdiccional de las
actuaciones del gobierno y si estaban sujetos a ese control jurisdiccional
se sometían a la constitución y al resto del derecho y luego los actos
administrativos que están perfectamente eh controlados. Pero en realidad
toda la actuación del gobierno se tiene que someter al control
jurisdiccional porque eh toda actuación del gobierno está arreglada de un
modo u otro. Eh se puede decir que la categoría de acto político resulta
prescindible, puesto que como les he dicho nació para crear espacios de
inmunidad para el gobierno es decir que este pudiera tomar decisiones que
no pudieran ser fiscalizadas por el el poder judicial pero es evidente que
de un modo u otro todo acto del gobierno se tiene que ajustar bien por la
materia en la cuestión material o sustantiva o bien por el procedimiento
formal a una norma o definitiva no puede haber ningún tipo de acto que
esté fuera de la fiscalización del poder judicial porque como dice la
constitución y volvemos a recordar en el artículo nueve de la misma todos
los poderes públicos están sometidos a la constitución y al resto del
procedimiento jurídico también participa ya lo recordamos el gobierno en
la del procedimiento legislativo bien tiene tanto una intervención
positiva es decir cuando el el gobierno promociona promueve el
procedimiento legislativo a través de como ya saben ustedes del proyecto
de ley y también tiene una intervención negativa puesto que eh el
gobierno tiene veto para cualquier proposición de ley no proyecto de ley
sus propios proyectos de ley evidentemente no se los va a vetar pero sí
para las decisiones de ley que entra en un incremento de gastos una
disminución de ingresos respecto a lo que estaba previsto en la ley
presupuestaria por lo tanto lo que puede hacer el gobierno es que cuando en
el ámbito del procedimiento legislativo haya una una proposición de ley
que venga de cualquiera de las cámaras o que bien se haya planteado por
una asamblea legislativa de las comunidades autónomas y esta proposición
de ley implique que la aprobación de esta ley tiene una disminución de
los ingresos o un aumento de los gastos el gobierno la puede vetar ¿De
acuerdo? Porque al final la ley que se va a vetar es el el que tiene que
ejecutar esos presupuestos generales del estado y tener las cuentas
equilibradas también dicta sus propias eh fuentes de derecho con fuerza de
ley ya lo hemos dicho el decreto legislativo a través de la potestad
legislativa delegada y el decreto ley a través de ese artículo ochenta y
seis en esos casos de extraordinaria y urgente necesidad también tiene
cometidos selectivos de órganos constitucionales y auxiliares en cuanto a
esa potestad o esa participación que tiene el Gobierno para escoger a
integrantes de órganos como el Consejo de Estado, del Consejo Económico y
Social, pero también dos magistrados del Tribunal Constitucional o esas
son las funciones de manera directa que tienen cuanto a esas elecciones. En
cuanto a los cometidos de control, ya sabemos que el Gobierno tiene la
potestad para presentar ante el Tribunal Constitucional conflictos entre
órganos constitucionales. También puede presentar conflictos de
competencias ante las comunidades autónomas y también tiene derecho a
plantear el recurso de inconstitucionalidad en cuanto al control de
constitucionalidad de diferentes actos, tanto de otros órganos
constitucionales como de los órganos de las comunidades autónomas. Como
en cuanto a la aprobación de leyes y el recurso al Tribunal Constitucional
en cuanto al recurso de inconstitucionalidad. En cuanto a las funciones,
tenemos las funciones del presidente del Gobierno. Bueno, no vamos a
detenernos en las mismas en cuanto a su explicación porque están
perfectamente delimitadas en los artículos 115 y 116 de la Constitución
Española y luego en la ley 50 barra 97 que desarrolla la ley de la
presidencia, perdón, del Gobierno. Bueno. Ya saben que propone al Rey la
disolución de cualquiera de las cámaras, también puede plantear la
cuestión de confianza, también puede plantear la disolución anticipada,
como he dicho, perdón, de las cámaras, puede presentar recurso de
inconstitucionalidad, puede solicitar un referéndum no vinculante o
también en relación con la corona, refrenda los actos del Rey en
relación con las comunidades autónomas que corresponde previo acuerdo del
Senado a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. En
las Fuerzas Armadas Fomentadas. En las Fuerzas Armadas. Y en este caso lo
habitual es que lo que hagan sean los casos de sustitución del presidente
en la sustitución de la presidencia, en los casos de vacancia, de ausencia
o de enfermedad. Bueno, los ministros tenemos que recordar que lo que
están es al frente de un departamento ministerial, de una rama que
también puede haber ministros sin cartera, que digamos que son ministros
que ejercen funciones políticas pero no están al frente de... Un
departamento ministerial. Y también el presidente forma parte del Consejo
Europeo y los ministros, por lo tanto, forman parte del Consejo de la
Unión Europea. Ya vimos también que en cuanto a las funciones de las
comisiones delegadas del Gobierno es que cuando hay que adoptar decisiones
en las cuales se ven implicados varios ministerios, no todos, en vez de
reunirse el Consejo de Ministros para ello, pues se forman estas comisiones
delegadas para estudiar y resolver las cuestiones que atañen a esos...
Ministerios que están implicados en lo mismo. Bueno, y con esto
acabaríamos en el día de hoy la lección y nos quedaríamos ya en el
ámbito de las administraciones públicas. ¿Alguna duda, algún
planteamiento, alguna cuestión?