Buenas tardes, como iba comentando, vamos a ver hoy el tema 6, delitos
contra la hacienda pública, el cual consta tres epígrafes. Primero, en la
introducción a la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 7.02010.
La segunda, delitos en materia de contrabando y tercero, delitos contra la
hacienda pública de la Unión Europea. En relación a la introducción a
la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 7.02012, hemos de
señalar que los artículos... Artículos 305, 310 bis del Código Penal
tipifican los comportamientos constitutivos de delitos contra la hacienda
pública. Dichos preceptos prevén tanto la ilusión del pago de tributos o
el disfrute indebido de beneficios fiscales. No, esto no entra en el
examen, Valentina. No, 6.02010, esto no entra en el examen. Estos ya son
los últimos dos temas que no entran dentro del temario que lo vamos a ver.
Por eso, únicamente lo vamos a dedicar. Vamos a dedicar un día a estos
temas, ¿vale? Pero bueno, para hacer toda la PEA y todo lo demás y para
tener un conocimiento genérico de lo que es... Y global de lo que es la
asignatura, creo que es conveniente, ¿no? Porque ya cierra, entre
comillas, el círculo, ¿no? De este derecho tributario y el pacto general.
Bueno, como el disfrute indebido de beneficios fiscales, como iba diciendo,
como el fraude de subvenciones. El libro segundo del Código Penal, pues,
incluye el título 14 de los delitos contra la hacienda pública y contra
la seguridad social y los siete preceptos que tipifican las conductas
constitutivas. Y el último, el artículo 14 de los delitos contra la
hacienda pública. La última reforma legislativa se caracteriza por la
relevante presencia de la Administración Tributaria y el menoscabo de
papel que tradicionalmente se atribuía al juez ordinario en la
persecución de los delitos contra la hacienda pública. La existencia del
procedimiento penal por delitos contra la hacienda pública, pues, no
paraliza necesariamente la acción de cobro de la deuda en vía tributaria,
como ocurría anteriormente, ¿no? La Administración Tributaria podrá
iniciar las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el juez de oficio o
instancia de parte hubiera acordado la suspensión de las actuaciones de
ejecución pre prestación de garantía. Si no hubiese podido prestar
garantía en todo o en parte excepcionalmente al juez, podrá acordar la
suspensión con dispensa total o parcial de garantía, si apreciara que la
ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de difícil de
reparación. Todo ello conforme a lo que establece el artículo 305 del
Código Penal. En coherencia con la reforma del Código Penal por la Ley
Orgánica 7-2012 y la Ley 34-2015, que establece nuevo artículo 6º,
artículo 250-259 de la Ley General Tributaria, bajo el epígrafe,
actuación y procedimiento de aplicación a los tributos supuestos de
delitos contra la Hacienda Pública. Por una parte, la Ley 7-2012 ha
ampliado el repertorio de medidas cautelares que puedan adoptar la
Administración Tributaria con motivo del procedimiento de un procedimiento
de comprobación e investigación inspectora, que se haya formalizado con
arreglo a una denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o
se haya dirigido un proceso judicial por dicho delito, según el artículo
81 de la Ley General Tributaria. Adoptada la medida cautelar, se mantendrá
hasta que el juez adopte la decisión procedente sobre su conversión en
medida jurisdiccional o levantamiento. La nueva configuración supone, en
materia de delito fiscal, un régimen especial de jurisdicción cautelar,
presumiéndose de hechos y de derechos y un ley que, según el artículo
3º, es de iure la concurrencia tanto del Fondo Unpon y iuris en lo posible
acreedor como el periculum in mora por parte del procedimiento de deudor,
que son los dos pilares sobre los que se asienta la posible adopción de
medidas cautelares. Por otra parte, la nueva disposición adicional 19 de
la Ley General Tributaria, establecida por la Ley 7-2012, atribuye a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria que, por competencia de
investigación, potimine los procesos por delito contra la Hacienda
Pública. La prueba de reforzamiento de los cuadros de la Administración
Tributaria la encontramos en . La modificación de reglamento aplicable a
la suspensión condicional de la pena impuesta por delito contra la
Hacienda Pública, el agravamiento de la penalidad por insolvencia punible
de quienes resulten civilmente responsables de la comisión del delito
fiscal y se establece una penalidad agravada por quien trate de eludir una
obligación pecuniaria derivada de la comisión de un delito contra la
Hacienda Pública de la Seguridad Social que será castigado por la pena de
prisión de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses. . Una cuestión polémica
es la prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública. Debemos
dejar constancia de la controversia suscitada entre el Tribunal Supremo y
el Tribunal Constitucional en relación con la forma de entender la
prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública. En definitiva,
nada queda de lo dicho por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo
sigue concibiendo la prescripción como un problema de legalidad ordinaria.
También en relación con la prescripción hay que tener en cuenta que
tanto el inicio de la prescripción como las causas de su interrupción y,
sobre todo, la duración del periodo de prescripción tratándose de
delitos contra la Hacienda Pública, no han de ser necesariamente
coincidentes con las que se fijan en el caso del crédito tributario. La
existencia de dos plazos de prescripción, cuatro años en vía
administrativa y cinco en vía penal, y la consiguiente dificultad para
legitimar una persecución en vía penal de un delito ya prescrito en vía
administrativa, llevó a la sala de lo penal del Tribunal Supremo a
entender que en estos casos la responsabilidad civil exigida por la
comisión del delito era una responsabilidad civil delito por el daño
causado por el impago del tributo, no es leje. La reforma del artículo 305
del Código Penal, realizada en el año 2013, y aprobada por la Ley
Orgánica 7.012 en su siguiente reforma de la Ley General Tributaria desde
el 2015, fue alterado el planteamiento que venía realizando el Tribunal
Supremo. De acuerdo con los normativos vigentes, claro que la obligación
que surge del hecho imponible, obligación que incumplida tapa a su delito,
es una obligación ex leje, que surge de la norma fiscal. Como tal, de
acuerdo con el artículo 1090 del Código Civil, se regirá por los
preceptos de la ley que la establezca, esto es, la norma tributaria, y se
liquide ese recaudo por la Administración tributaria y, por lo tanto, se
exija, en intereses de mona, el procedimiento de la PIN, etc. El propio
preámbulo de la Ley 34.015 va en este sentido, al explicar que, aun cuando
haya indicios de delito y aun cuando se remita la actuación a la vía
penal, la Administración tributaria podrá liquidar el recaudo del
tributo, resulta, de lo que finalmente decida la Juan. Los delitos
tipificados por el Código Penal son los siguientes, delitos relacionados
con ingresos tributarios, que son delitos de reproducción tributaria, el
artículo 305 del Código Penal, con el tipo ordinario y el tipo agravado,
y los delitos contables del artículo 310 del Código Penal. También nos
encontramos con los delitos relacionados con la ley, relacionados con el
gasto público o fraude de subvenciones estatales, artículo 308, con el
fraude de subvenciones comunitarias o ilusión de ingresos comunitarios de
la ley tributaria, artículo 306, y los delitos por defraudación de la
Seguridad Social, artículo 307 del Código Penal. Nos encontramos una ley
penal en blanco que precisa ser integrada, mediante la regulación
contenida en las distintas leyes tributarias, que establezca la obligación
de pago de un tributo. Esto condiciona la aplicación del delito contra la
Hacienda Pública, dado que la legalidad penal se extiende también a las
disposiciones que regulan las materias que se remiten a la norma penal, en
el caso de la tributaria. En relación a la vigencia de los principios
constitucionales propios del orden penal, hemos de decir que en el proceso
por delitos contra la Hacienda Pública se eligen las reglas procesales
aplicables a cualquier otro delito. No obstante, debemos hacernos eco de
una doctrina que viene produciéndose con cierta reiteración en el ámbito
de los delitos contra la Hacienda Pública y que ha obligado al Tribunal
Constitucional a repetir su doctrina en este ámbito sobre el respeto a los
principios de publicidad y mediación y contradicción comprendidos en el
derecho de un proceso con todas las garantías. Conforme lo establecido en
el artículo 24.2 de la Constitución Española. Obligando a que toda
condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial
haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se
respete la posibilidad de contradicción. Por lo que respecta a los delitos
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, en primer lugar nos
encontramos con el delito de defraudación tributaria. El delito de
defraudación tributaria, regulado en el artículo 805 del Código Penal,
es un delito de resultado que exige la producción de un daño patrimonial
a la Hacienda Pública. El sujeto activo del delito es quien defraude a la
Hacienda Pública hasta estar autonómica o fuera local, cometiendo alguna
de las conductas tipificadas en el artículo 305.1, que sería ilusión del
pago de tributos, de cantidad retenida que se vean debidas a retener o de
ingreso a cuenta, obtención indebida de devoluciones o disfrute indebido
de beneficios fiscales, siempre que su cuantía exceda de 120.000 euros. En
consecuencia, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria,
el delito eficaz es un delito especial que sólo podrá ser cometido por
quien haya infringido las deberes para con la Hacienda Pública. El delito
especial restringe la calificación como autor o obligado tributario. Sin
embargo, recientemente, ante la aparición de supuestos en los que un
tercero, como un asesor fiscal, representante, etc., ha realizado actos de
defraudación sin que en ocasiones tenga conocimiento de ello el obligado
tributario, se ha ido abriendo el paso a la calificación de delito fiscal
como un delito especial propio de naturaliza mixta, al punto que la
tradicional respuesta que el derecho daba a la conducta de estos terceros,
inductor, cooperador o cómpuce, ha ido cambiando admitiéndose la
posibilidad de que se considere como autor o obligado tributario, pero que
asume por vía de hecho funcionante administración y realice la conducta
delictiva. Posibilidad que haya sido acogida por el propio Tribunal Supremo
a considerar como autor o delito fiscal al asesor fiscal que actuó en
todas las fases de las operaciones y tuvo la dirección real de los hechos,
así lo contaba la sentencia de 15 de noviembre de 2016, etc. También son
penalmente responsables las personas jurídicas cuando el delito contra la
Hacienda Pública se haya cometido en número por cuenta de las mismas y en
su provecho, por supuesto, por los representantes legales o administradores
de derechos de derechos o por los empleados de la sociedad que dependen de
aquellos y sobre los que no se haya ejercido la debida vigilancia. La Ley
Orgánica 7-2012 ha introducido también a los partidos políticos y
sindicatos ante las personas jurídicas que pueden ser penalmente
responsables. La Ley Orgánica 1-2015 extiende el régimen de
responsabilidad penal a sociedades mercantiles estatales que ejecuten
política pública o presten servicio de interés general a quienes podrán
imponer las sanciones previstas en el artículo 32-3 de la Ley Orgánica
7-2012. La Ley Orgánica 1-2015 delimita el concepto de debido control que
permita fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En
esta línea se fomenta la existencia de programas de prevención que
supongan una reducción del riesgo de comisión de delitos al punto que la
existencia y la aplicación de esos programas puede elegirse en causa de
exención de responsabilidad de las personas jurídicas de acuerdo con el
artículo 31 bis dada en la redacción de la Ley Orgánica 1-2015. El
responsable será castigado con la pérdida de prisión de 1 a 5 años y
multa del tanto al séptimo de la citada cuantía. Además, se le impondrá
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y
del derecho a gozar del beneficio de iniciativas fiscales o de la seguridad
social durante un período de 3 a 6 años . La Ley Orgánica 1-2015
denuncia la posibilidad de decomisar los bienes, efectos y ganancias
pertenecientes a quienes hayan sido condenados, entre otros, por delitos
contra la hacienda pública o la seguridad social. Con ello se aplica el
denominado decomiso ampliado, que se caracteriza porque los bienes o
efectos decomisados provienen de otras actividades ilícitas del sujeto
condenado distintas a los hechos por los cuales se les condena. De ahí que
en el Código Penal se le incluye dentro de estas denominadas con
frecuencia de accesorios de las infracciones penales comisos que dan lugar
a un proceso autónomo de acuerdo con la nueva regulación de la Ley de
Enjuiciamiento Pública. Hay la atenuante específica para el obligado
tributario o actuador del delito a quien se impondrá la pena inferior en 1
o 2 grados de la pena. La pena se impondrá siempre que antes de que
transcurra 2 meses desde la citación judicial, como imputado, satisfaga la
deuda y reconozca judicialmente los hechos. Así, el artículo 305.6. Es
una atenuante que, en definitiva, pondera la reparación del daño y cabe
entender que si la reparación se produce tras ocurrir más de 2 meses
desde la citación judicial, se podrá aplicar la atenuante genérica del
artículo 21.5 del Código Penal siempre que se repara el daño antes del
juicio oral. En este caso, la pena no podrá rebajarse en 1 grado. En este
caso, la pena no podrá rebajarse en 1 grado, sino que deberá aplicarse
sólo en la mitad inferior de acuerdo con la establección del artículo
66.1.1 del Código Penal. También, otros partícipes de la comisión de
delitos distintos del obligado tributario o actuador del mismo podrán
beneficiarse de la atenuante de colaboración. Artículo 305.6. Siempre que
colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la
identificación o captura de otros responsables para el completo
esclarecimiento de los hechos o para la averiguación del patrimonio del
obligado tributario o de otros responsables del delito. El Código Penal,
en el artículo 165.3, prevé que los partícipes tengan la posibilidad de
aplicar la pena inferior en grado. Artículo 310.bis del Código Penal
dispone de las penas imponibles a las personas jurídicas declaradas
penalmente responsables. No extinga la responsabilidad penal la disolución
de encubierto meramente aparente de la persona jurídica. Se considera que
existe disolución de encubierto meramente aparente de la persona jurídica
cuando se continúa su actividad económica y se mantenga la identidad
sustancial de clientes, proveedores y empleados o de la parte más
relevante de todos ellos, según el artículo 132 del Código Penal. El
sujeto pasivo del delito es cualquiera de los entes públicos
territoriales, estatal, autonómico, foral o local. El hecho de que el bien
protegido sea la función encomendada a la Hacienda Pública es un hecho de
la justicia, pero que no se refiere a la justicia, sino a la justicia de
los entes En el caso de la defraudación de los tributos, se considera que
el sujeto pasivo del delito es el delito de la Administración autonómica,
cuya recaudación se ve defraudada por el autor del delito. En la acción
típica concuerdan dos circunstancias. Por un lado, la ilusión del pago de
los tributos no ingresando a retenciones practicadas o que debieran haberse
practicado ingresos a cuentos o obtención debidas de devoluciones o
disfrute indebido de beneficios fiscales. Y, en segundo lugar, la
consecución del anterior mediante una conducta calificable como
defraudación autonómica o defraudatoria caracterizada por el empleo de
determinado hombre. Desde esta perspectiva, no es suficiente dejar de
ingresar exigiéndose que se oculta el deber de pagar, así la ausencia de
declaraciones relevantes, en cuanto se oculta la existencia de dicho deber,
subrayándose que el elemento de la conducta típica es la utilización de
una mecánica fraudulenta en cuanto que, por su mediante sofisticada
complejidad, era idónea para engañar a la administración. En relación a
la ilusión del pago de tributos de cantidad retenida que hubieran tenido
debido a retener iglesias o encuentras, Nos contamos entre tres conductas
constitutivas del delito contra la hacienda pública bajo la denominación
de la defraudación tributaria. Así, existe una omisión total o parcial
del pago del tributo, una omisión del ingreso de cantidades efectivamente
retenidas a un tercero para su posterior ingreso, o una omisión del
ingreso a esa cuenta practicada efectivamente sobre retención en especie
entregadas a un tercero para su posterior ingreso en la hacienda pública.
Quien omita total o parcialmente un pago fraccionado no resulta autor del
ilícito del artículo 305, dado que en tal caso habrá que esperar a que
se deje de realizar el pago definitivo para determinar si el perjuicio
económico causado integra o no el delito referido. En cuanto a la
obtención indebida de devolución o disfrute indebido de beneficios
fiscales, incurrirá en el delito para obtención indebida de devoluciones
todo aquel que, alterando, falseando o ocultando los datos o consignando
sus declaraciones fiscales, conduzca a resultados que determinen el
nacimiento de un derecho a su favor, el derecho contra la hacienda
pública, el devuelo de cantidades para esas desfechas en concepto de
impuesto. Cometerán delito fiscal. Por disfrute indebido de beneficios
fiscales, quien, alterando o falseando las circunstancias en que se
encuentra, se beneficie de un tratamiento favorable a la hora de determinar
las cantidades a ingresar por cualquiera de los conceptos tributarios. En
consecuencia, la conducta habrá que subsimilar penalmente dentro del
concepto referido al disfrute indebido de beneficios fiscales, aunque
ocasiona el pago total o parcial de cada tributo. En relación a la
conducta defraudatoria, la ilusión del pago del tributo, la omisión del
ingreso a la cantidad retenida, de ingresos a cuenta de las retenciones que
deberán de practicarse, la devolución indebida de cantidades, si el
disfrute indebido de beneficios fiscales que les sienten el bien protegido
por el artículo 305 del Poder General. La conducta puede ser activa o por
omisión. En cualquier caso, debe de concurrir un elemento internacional.
La acción o omisión dolosa y la necesaria concurrencia del dolo conlleva
la imposibilidad de subsumirlo como delito de fraude de ley. La acción
debe de tener un determinado resultado. Se pueden diferenciar dos
situaciones. Si se trata de impago de tributo, retención, ingresos a
cuenta, devoluciones periódicas o declaración periódica, se estirará a
lo defraudado en cada periodo impositivo o de declaración. Si estos fueran
inferiores a 12 meses, el importe de lo defraudado se refirirá al año
natural. En los demás casos, la comunidad se entenderá referida a cada
uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea
susceptible de liquidación. La Ley Orgánica 7-2012 introdujo la
posibilidad de regularización de la ley orgánica 7-2012. En la Ley
Orgánica 7-2012 incluye el pago de la cuota, los intereses y la demora y
los recargos procedentes. La regulación por lo obligado del tributario de
su situación tributaria impidiera que se le persiga por las posibles
irregularidades contables o otras falsedades instrumentales que, en
relación con la deuda tributaria, el mismo pudiera haber cometido con
carácter previo la regularización de su situación tributaria. En
consecuencia, la regularización deja de ser excusa absolutoria para
configurarse en neutralizar tanto el desvalor de la acción típica como el
desvalor del resultado dañoso para la hacienda pública. De esta forma, el
tipo de delito fiscal se produce cuando se conjugan dos elementos, la
defraudación contra la hacienda pública cuando se alcanza determinadas
cuantías y la no regularización. Los efectos de esta regularización
resultan aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez
prescrito el derecho de la Administración y su determinación previsión
aplicable y cuando transcurridos cuatro años y prescrito el derecho de
crédito de la Administración tributaria, no prescrito el delito al no
haber transcurrido los cinco años exigidos para su prescripción. La
regularización tiende a conseguir el cobro de la deuda tributaria en el
supuesto que se declare que no se paga, cabe entender que no se ha
pretendido eludir el pago por lo que procede a aplicar el artículo 167. La
regularización tiende a conseguir el cobro de la deuda tributaria en el
supuesto que se declara que no se paga, cabe entender que no se paga, cabe
entender que no se paga, cabe entender que no se paga. Por lo que respecta
a la responsabilidad civil por delito fiscal, la disposición adicional 10
de la ley general tributaria atribuyó a la Administración tributaria la
competencia para la exacción de la responsabilidad civil que corresponda
como consecuencia de la sentencia condenatoria contra el delito penal. El
artículo 355 del Código Penal se refiere a esta responsabilidad civil y
de acuerdo con la disposición adicional décima de la ley general
tributaria, será adecuado el tribunal competente para su ejecución el que
remita el testimonio de la sentencia firme a la Administración tributaria
ordenando que proceda a la exacción de la cantidad que se debe a la
responsabilidad. Lo que afecta a la Administración de acuerdo con el
procedimiento de la previa. En relación a los delitos contables, los
delitos contables vienen regulados en el artículo 310 del Código Penal y
son delitos de mera actividad. El tipo recogido en el artículo 310 del
Código Penal tiene un alcance único y, de modo diferenciado, los cuatro
conductas distintas en todas ellas se pone de manifiesto que se trata de un
delito especial, dado que su comisión solo puede ser efectuada por quien,
según las leyes tributarias, resulta no obligado a cumplir determinados
deberes, registro y a llevar determinadas conductas. contabilidad. Así, no
contamos con el incumplimiento absoluto de las obligaciones contables y
registradas en régimen de estimación directa, que debe concurrir con
circunstancias que se traten de un incumplimiento absoluto y que se
encuentre sujeto a régimen de estimación directa. También la doble
contabilidad, omisiones forzadas contables que deben de alcanzar los
240.000 euros y después las notaciones contables ficticias que deben de
alcanzar los 240.000 euros. Por lo que respecta a los delitos relacionados
con el gasto público fuera de subvenciones, la protección penal a la
hacienda pública se extiende no solo al ámbito del ingreso, sino también
a los gastos públicos. Hay dos tipos de delitos. La obtención de una
subvención de graduación o ayuda de administración pública superada a
120.000 euros, falseando las condiciones requeridas para su concesión o
ocultando las que hubieran impedido que había diferenciado las conductas,
obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para su
concesión y obtención de la subvención o ocultando circunstancias que
hubieran impedido su concesión. Y después el desarrollo de una actividad
subvencionada con fondos de la administración pública con importe
superior a los 120.000 euros, incumpliendo las condiciones establecidas
para alterar sustancialmente los fines por los que la subvención fue
concedida. En cuanto a los delitos de defraudación a la Seguridad Social,
como en el artículo 307 del Código Penal, se aplican las mismas penas
previstas por la defraudación tributaria a quien por acción o omisión
defraudase a la Seguridad Social para eludir el pago de las cuotas de estas
y conceptos de reconoción conjunta, o obtener indebidamente deducciones de
las mismas o disfrutar de deducciones por cualquier concepto asimismo de
fuma indebida siempre que la cuantía exceda de 50.000 euros. Pasamos al
segundo epígrafe de este tema, los delitos en materia de contrabando. La
Ley Orgánica 6.011 modificó el Código Penal de forma que se extendió el
ámbito específico del delito de contrabando, tanto la responsabilidad de
las personas jurídicas como las consecuencias accesorias a las penas
cuando el delito se cometa en el seno de la empresa o su grupo es carente
de personalidad jurídica. La reforma ha previsto la punibilidad de las
acciones constitutivas de contrabando, aun no concurriendo a dolo,
existencia y impudencia grave. El delito de contrabando se castiga con pena
de prisión de 1 a 5 años y con multa del tanto al séptimo de la valor de
la mercancía. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal, en una
próxima jurídica se impondrá la siguiente. En todos los casos, la multa
proporcional del duplo a cuádruplo del valor de la mercancía y
prohibición de obtener subvenciones a beneficios fiscales y,
adicionalmente, la suspensión por un plazo de entre seis meses y dos años
de las actividades de comercio de la categoría de bienes objeto de
contrabando y los supuestos del artículo 2.3, la clausura de los locales o
establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos. En los
procedimientos para el delito de contrabando, la responsabilidad civil
comprenderá la totalidad de la deuda tributaria de manera no ingresada.
Toda pena que se impusiera para el delito de contrabando llevará consigo
el comiso de la siguiente. La mercancía que constituyera el objeto del
delito, los materiales, instrumentos, maquinaria empleada, la fabricación,
elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados, los
medios de transporte con los que se lleva a cabo la comisión del delito,
las ganancias obtenidas por el delito y cuantos bienes y efectos de la
autoriza que fuera hayan sido servidos de instrumento para la comisión del
delito. En cuanto a los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea, el
Código Penal ha tipificado dos delitos, los del artículo 305.3 y 306 del
Código Penal, que pretende proteger los intereses financieros de la
Hacienda de la Unión Europea. Resulta posible distinguir entre ellos los
siguientes delitos contra la Hacienda comunitaria. El delito de
defraudación a la Hacienda de la Unión Europea, artículo 305.3. El
delito de prohibición de ingresos comunitarios o de suministraciones
comunitarias, artículo 306. Este precepto recoge, a su vez, tres distintas
ilícitas. El impacto de cantidades que deben ingresar en el presupuesto de
la Unión Europea, pero que no tienen naturaleza de ingresos tributarios.
La aplicación de fondos comunitarios en una finalidad distinta de aquella
por la que fueron concedidas. Y la abstención de individuos de fondos
falseando las condiciones requeridas o ocultando las que hubieran impedido
la concesión. Por último, nos encontramos con el delito de contrabando
destinado a tutelar a la Hacienda comunitaria. Bueno, con esto damos por
finalizada esta breve introducción de la lección 6. Muchas gracias por
vuestra atención.