Bien, hoy es la última de las tutorías correspondientes, bueno, a este
segundo cuatrimestre y a esta asignatura de licencia juvenil. De eso ya os
creo que los exámenes ya se empiezan, una primera como que teoría esa
semana que viene. Y en esta última sesión abordamos, así en la
explicación de la última también de las lecciones, que es la que se
centra en el estudio de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad
Penal de los Menores. Bien, una cuestión con relación a cómo se regula
la responsabilidad penal de los menores. Quiero decir… Nosotros tenemos
diversa normativa penal, ¿no? Tenemos… Ya hablo ya a nivel general.
Tenemos el Código Penal, tenemos la Ley de Enjuciamiento Criminal, que
regula la parte procesal, tenemos la Ley del Indulto, tenemos la Ley de
Represión del Contrabando, tenemos la Ley Orgánica Reguladora de la
Responsabilidad Penal del Menor, el Reglamento de Desarrollo, etcétera.
Centrándonos en el derecho penal de adultos, ¿vale? El derecho penal de
adultos a personas mayores de 18 años. Los tipos penales, es decir,
aquellas conductas que constituyen acciones delictivas, es decir, acciones
típicas, antijurídicas, culpables y punibles, se contemplan la
descripción en el Código Penal, ¿no? Por ejemplo, matar está prohibido
y está prohibido y está castigado como una pena de prisión porque así
lo establece… El artículo 138 del Código Penal, que regula el delito de
homicidio, ¿vale? Con lo cual, quien cometa una acción que encaje en lo
ahí descrito, comete ese delito de homicidio. Y a la hora de juzgarlo, el
proceso penal, ¿vale?, el procedimiento penal al que se lo somete, se
regula en la Ley de Enjuciamiento Criminal. Repito, derecho penal de
adultos. En el Código Penal se nos describen las conductas típicas, las
acciones típicas y el procedimiento por el cual se va a juzgar esa
persona, es decir, las distintas fases, leyes cautelares, las pruebas,
etcétera, se regula en la Ley de Enjuciamiento Criminal. En el derecho
penal juvenil, es decir, aquellas acciones típicas, antijurídicas,
culpables y punibles que son cometidos por sujetos, habíamos quedado entre
sujetos comprendidos entre los 14 a los 18 años. El derecho penal juvenil
es entre sujetos de 14 a 18 años. Antes de los 14 no existe
responsabilidad penal de ninguna índole. Aplicaríamos medidas de índole
civil, medidas asistenciales, educativas, etc. 14 a 18, estamos ya en
derecho penal juvenil. Derecho penal juvenil, ¿cómo sé cuándo una
persona entre 14 y 18 años comete un delito? ¿A dónde tengo que acudir?
Tengo que acudir al Código. El Código penal, ¿vale? Lógicamente, solo
en el Código penal se describen qué acciones son delictivas o qué
omisiones son delictivas. Un delito de homicidio será delito de homicidio
independientemente de que lo cometa un menor o que lo cometa un adulto,
¿vale? La acción de matar a otra persona aparece descrita en el Código
penal, artículo 138. No obstante, en el caso del derecho penal juvenil…
…de menores, el derecho penal juvenil, ¿cómo se articula el
procedimiento por el cual se va a juzgar a ese menor? No se regula en la
ley de enjuiciamiento criminal, sino que se regula en una norma
específica, ¿vale?, orientada y teniendo en cuenta la peculiaridad de los
sujetos que cometen esos delitos, que es su menor edad. Se regula, digamos,
el proceso por el cual se sustancia la responsabilidad penal de los
menores. …se regula en la ley orgánica de… …la responsabilidad penal
del menor. Esto queda claro. Lo que es un delito, tenemos que acudir, para
saber si alguien ha cometido un delito, al Código penal, con independencia
de que lo hayan cometido menores o adultos. Otras cosas después, ¿cómo
se sustancia el proceso? En el caso de adultos, nos vamos a la ley de
enjuiciamiento criminal. En el caso de los menores, nos vamos a la ley
orgánica de responsabilidad penal de menores. Otra diferencia es, claro, a
la hora de… …regular un delito de homicidio, en el Código penal se nos
pone pena de prisión de 10 a 15 años. Claro, ahí también difiere. Las
concretas sanciones o medidas sancionadoras y educativas que se le imponen
a un menor también se contemplan en la ley orgánica de responsabilidad
penal del menor. Bueno, quiero aclarar esto porque en algunas de las
pruebas, etcétera, alguien contestó que, para saber cuándo un menor
comete un delito… Tenemos que acudir a la ley orgánica de
responsabilidad penal del menor. No. La acción típica antijurídica
culpable, es decir, lo que es el artículo 10 del Código Penal, como
describe el delito, para saber si alguien ha cometido eso tenemos que
acudir al Código Penal. El Código Penal es el único que nos describe
quiénes son las acciones típicas. Bien, dicho esto, señalábamos que, y
así lo establece el artículo 19 y también lo establece el artículo 1 de
la ley orgánica de responsabilidad penal del menor, que los menores de 18
años no son responsables criminalmente con arreglar Código Penal, sino
que su responsabilidad se sustanciará de conformidad con una normativa
específica. ¿Y cuál es esa normativa específica? Repito. Repito. La ley
orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor, la ley
orgánica 5.2000 de 12 de enero y su reglamento de desarrollo, ¿vale?, su
reglamento de desarrollo. Esta ley, ¿vale?, esa ley orgánica reguladora
de la responsabilidad penal del menor, tiene una naturaleza formalmente
penal en la medida en que sanciona unos hechos y reprocha jurídicamente la
comisión de unos hechos delictivos, pero es matrimonial. Es materialmente
sancionadora y educativa. Es decir, las medidas, si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 25.2, las medidas, todas las sanciones deben
orientarse principalmente, pero no únicamente, a la reinserción social
del sujeto, ello es más intenso todavía en el caso de la responsabilidad
penal del menor. De ahí esa variedad. De medidas sancionadoras educativas,
esa libertad vigilada, esa custodia familiar, etcétera, que inciden en ese
aspecto. Más que en penas como de internamiento, de régimen de
internamiento, etcétera, que se limitan, se circunscriben exclusivamente a
concretos hechos delictivos de extrema gravedad, ¿vale?, de extrema
gravedad, podríamos decir. Pero eso, intentan evitar... En la medida de lo
posible, que el menor se vea sometido a ese régimen de internamiento. E
incluso en los casos del régimen de internamiento, ese internamiento debe
perseguir primordialmente, todavía más intensamente que en el derecho
penal de adultos, esa reinserción, esa educación del menor. Porque, como
habíamos señalado en su momento, si alguien es recuperable o reinsertable
socialmente, esos son los menores que están todavía en un proceso de
formación. Entonces, en esa etapa todavía es posible moldear al sujeto.
Cuando ya, imaginaos a alguien que tiene una carrera delictiva ya muy
consolidada, pues es muy difícil que pueda, es muy difícil pero no es
imposible, digamos que pueda cambiar e iniciar una nueva vida. ¿Vale? Es
mucho más sencillo en el caso de un menor. Bueno, aquí se nos dice un
poco cuál es la naturaleza jurídica que tiene la responsabilidad penal
del menor. Bueno, debemos tener en cuenta que es normativa penal, ¿vale?
Normativa penal. Si bien en este caso se le entra específicamente a esos
sujetos que se marcan en ese grupo de edad de 14-18 años, se regula en
ella la responsabilidad. La responsabilidad penal del menor por la
comisión, por tanto, de hechos típicos. ¿Vale? De hechos típicos.
Hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en las leyes penales
especiales. Por tanto, estamos ante un concepto de delincuencia juvenil
restringido, que es el que habíamos dicho al principio de clase, pero al
principio de, bueno, la explicación de esta materia. Me interesa eso. Por
la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en
leyes penales especiales. Esto es a lo que me refería en la introducción
que he hecho hoy. Bueno, lógicamente, para aplicarle lo establecido en esa
Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, ese sujeto comprendido
entre los 14 y los 18 años debe ser culpable. Debe tener capacidad para
comprender la inicitud de ese hecho y para actuar conforme a esa
comprensión. Debe tener eso. Responsabilidad. Culpabilidad. Así mismo,
lógicamente, para que sean culpables y responsables de su propio hecho, no
puede concurrir en ellos ninguna causa de exención o extinción de la
responsabilidad criminal. prevista en el Código Penal. Bueno, pues
imaginaos que concurra en ese menor una alteración psíquica, o imaginaos
que ese menor ha cometido ese hecho delictivo porque está bajo un estado
de intoxicación pleno por alcohol, drogas, etcétera. O que ese menor
presenta alteraciones en la percepción de la realidad desde su infancia o
desde su nacimiento. Esas son las causas de inimputabilidad recogidas en el
artículo 20, primera, segunda y tercera. Bueno, si concurre alguna de esas
causas de exención de responsabilidad criminal, lógicamente ni es
responsable criminal un adulto ni es responsable criminal un menor. Lo
mismo que si concurren causas de extinción de la responsabilidad criminal,
las previstas en el artículo 130 del Código Penal. Pues imaginaos que ese
menor ha fallecido. Bueno, una persona fallecida se extingue su
responsabilidad criminal. Bueno, me parece que a los menores, al igual que
a los adultos, son aplicables las circunstancias que eximen de
responsabilidad criminal del artículo 20. ¿Vale? Las que acabo de
reseñar. Y resulta, bueno, de aplicación supletoria en todo aquello que
no se haya previsto en esa ley orgánica de responsabilidad penal del
menor, tanto el Código Penal como la Ley de Enjuciamiento Criminal. Por
ejemplo, además de la descripción de los tipos penales, en la ley
orgánica de responsabilidad penal del menor tampoco se contempla, por
ejemplo, la prescripción. ¿Vale? La prescripción, ¿sabéis qué es? Es
una causa de extinción de la responsabilidad criminal y puede ser la
prescripción del delito o la prescripción de la sanción que se le
imponga. Pues bien, eso no aparece regulado en la ley orgánica de la
responsabilidad penal del menor. Para saber cuándo un delito cometido por
un menor prescribe, debemos acudir supletoriamente, para suplir esa
carencia de la ley orgánica de responsabilidad penal del menor, al Código
Penal. ¿Vale? En el que se regula cuáles son los concretos plazos de
prescripción. Algo que inspira toda la normativa internacional, como
vimos, relativa a los menores, es ese principio del interés superior del
menor. Pues lógicamente ello también se ha trasladado a las normativas
nacionales. En este caso, a la normativa nacional española, que sería
esta ley orgánica de responsabilidad penal del menor. Todo lo hay
regulado, ¿vale? Debe basarse o debe siempre filtrarse por ese principio
superior interés del menor. Es una norma del procedimiento, es un
principio general de carácter interpretativo. A ello me refiero cuando
digo que debe pasarse por el filtro, por el tamiz de ese principio del
interés superior del menor y es un derecho sustantivo, ¿vale? En la
medida en que el menor tiene derecho a que toda medida que se adopte con
relación al mismo vele por su mejor interés o su mayor protección,
¿vale? Como vimos cuando analizamos el convenio de derechos de niños así
con carácter genérico, este principio se enunciaba en ese artículo 3.1 y
también vimos que esa convención había sido, a pesar de que no era como
obligatoria, ya sí había sido asumida por el Estado español, que sí
había ratificado ese convenio y sí había incorporado lo allí regulado a
su normativa nacional. Bueno, además del principio del interés superior
del menor como, digamos, principio clave y principio que se halla, digamos,
en la cúspide de los principios que informan al derecho penal juvenil,
otro de los principios… … que informa o que inspira en el mismo es el
principio de legalidad, ¿vale? Y aquí no os voy a señalar nada porque ya
lo habéis estudiado. El principio de legalidad es el mismo principio de
legalidad que habéis estudiado en derecho penal parte general, ¿vale?,
con las garantías que se derivan del mismo. Sabéis que, bueno, pues
únicamente puede ser tipificado como un hecho delictivo aquello que está
así previsto en una ley. Además tiene que ser… … una ley orgánica en
la medida que afecta a derechos fundamentales, ¿vale? Así, además de
este principio declararse expresamente en el artículo 25.1 de la
Constitución española, en el ámbito de los derechos penal del menor, a
nivel internacional se proclama en el artículo 40 de esa Convención de
Derechos del Niño, que establece que no se puede acusar de declarar
culpable a ningún menor de haber infringido leyes penales por actos o
omisiones que no estén expresamente prohibidos por las leyes nacionales e
internacionales en el momento en que el menor cometa el concreto acto,
¿vale? También sabéis que de ese principio de legalidad se derivan una
serie de garantías. Gracias. La garantía criminal, la garantía penal, la
garantía jurisdiccional y la garantía en la ejecución. Todo ello lo
vamos a entrar, porque ya lo habéis estudiado, en Derecho Penal Parte
General. Y es una traslación de lo allí visto, en esos artículos 4 y 3,
a el derecho penal de menores. Tiene el mismo significado. Otro de los
principios informadores es el principio de culpabilidad. No hay pena sin
culpabilidad y la medida de la pena no puede superar la medida de la
culpabilidad. Lógicamente, para poder imponer una sanción a un menor, a
este debe poder reprocharse personalmente la comisión de una acción
delictiva. Este principio de culpabilidad también lo habéis estudiado en
Derecho Penal Parte General. Y hemos hecho también alusión al mismo. Hace
nada. En el sentido de que, si en el menor concurren causas de extinción o
causas de exención de la posibilidad criminal, no existe culpabilidad. Con
lo cual, no se le va a poder imponer una medida sancionadora educativa,
porque no es culpable de la comisión de esa acción. Otro principio
clásico y que, por tanto, también inspira al derecho penal sustantivo, es
el principio de intervención mínima. En la medida en que el derecho penal
se configura como la última… Antes de acudir al derecho penal, debemos
haber acudido o esa conducta debe haberse visto sancionada o reprimida por
otras ramas del ordenamiento jurídico. Y solo para aquellos casos que sean
más graves o que atenten contra los bienes jurídicos que la sociedad
considera como más dignos de protección o que tienen un mayor valor, ahí
es cuando debe entrar en juego el derecho penal. ¿Vale? El principio de
intervención. El principio de mínima intervención del derecho penal. Es
verdad, y eso ya seguramente os lo han explicado en el derecho penal de
parte general, que no se cumple ni en nuestro ordenamiento ni en la mayor
parte de los ordenamientos jurídicos. Si nos centramos en España, podéis
observar cómo siempre que acontece algo que revuelve un poco a la sociedad
o un poco a los medios de comunicación, la primera propuesta que se hace
desde el Gobierno y desde el Poder Ejecutivo… La primera propuesta que se
hace desde el Gobierno y desde el Poder Ejecutivo es vamos a modificar el
código penal a efectos de establecer mayores sanciones para… luchar
contra esto el primer recurso pese a ese principio de intervención mínima
parece que siempre es el código penal porque es mucho más fácil, mucho
más barato y se obtienen muchos más réditos políticos modificando el
código penal que es sencillo, se obtiene una determinada mayoría en el
Parlamento y ya se modifica que analizar qué es lo que deberían hacer los
criminólogos y para ello estamos formando un cuerpo de criminólogos
analizar por qué ha sucedido eso qué hay detrás de esos hechos que han
acaecido qué medidas de índole social o educativa se pueden implementar
antes de llegar a medidas ya penales que es cuando ya sucede lo que debemos
tratar es de evitar que se llegue a esa situación pero bueno, esto es otro
debate Otro de los principios informadores del derecho penal de menores
hemos visto el principio del interés superior del menor el principio de
legalidad, el principio de culpabilidad el principio de intervención
mínima es el principio de oportunidad ¿sabéis qué? en virtud de ese
principio de legalidad cuando alguien comete un hecho que encaja en algún
precepto penal ese sujeto debe ser juzgado eso es lo que se deriva de ese
principio de legalidad y es lo que regía hasta hace nada en el derecho
penal de adultos también digamos que no podía de repente el ministerio
fiscal decir bueno, estos hechos que sí tienen encaje en un delito pues no
vamos a juzgarlos sino que vamos a aplicar otro tipo de medidas no, el
ministerio fiscal o el órgano judicial o el juez de instrucción no
podría hacer eso si ve que algo tiene visos de hecho delictivo el
ministerio fiscal tiene que trasladar eso al juzgado de instrucción a
efectos de que luego investigue y establecer un escrito de acusación y el
juzgado de instrucción una vez que efectivamente constata que existen
indicios de que se ha cometido un delito tiene que dictar auto de apertura
de juicio oral vale, no puede decir no, esto no se lleva a un proceso
posterior a esa fase del juicio oral sino que yo decido que otras medidas
se le pueden imponer esto digo que ahora esto era hasta hace poco ahora en
el derecho penal de adultos y seguramente os lo han explicado en derecho
procesal con determinados delitos, delitos leves sí que se reconoce un
principio de oportunidad al ministerio fiscal y centrándonos en lo que
aquí nos interesa En el proceso penal juvenil también existe, y también
está reglamentado desde ese año 2000, un principio de oportunidad
reglado. Y ese principio de oportunidad reglado que se regula en el proceso
penal de menores lo vincula o se vincula a ese principio de intervención
mínima que debe presidir el derecho penal. Lo que se trata, dando entrada
al principio de oportunidad reglada en el derecho penal de menores, es que
en aquellos casos en que el menor cometa un hecho delictivo que regula
determinadas características, ese menor no va a ser juzgado, sino que se
van a aplicar otras medidas previas. ¿Qué se persigue evitando que ese
menor se someta a un proceso? Evitar que sea estigmatizado socialmente como
un delincuente o etiquetado como un delincuente. En este sentido, y sobre
la base de ese principio de interés superior de menor, y para evitar esa
estigmatización social y aplicando ese principio de intervención mínima
en el derecho penal de menores, si al Ministerio Fiscal, que os acordáis,
el Ministerio Fiscal es el que instruye el procedimiento. El proceso en el
derecho penal de menores, ¿vale? El Ministerio Fiscal es el que instruye
el proceso en el derecho penal de menores, a diferencia del derecho penal
de adultos. Bueno, pues al Ministerio Fiscal se le concede amplias
facultades para decidir sobre el ejercicio de la acción penal en estos
casos. Y esas amplias dificultades y esas amplias facultades se le
reconocen en… principalmente en el artículo 18. ¿Vale? En el artículo
18. En el artículo 18 se regula lo que se conoce como el desistimiento de
la incoación del expediente por la comisión de los hechos delictivos. Se
dice que el Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del
expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves
sin violencia o intimidación en las personas o delitos leves tímidos.
Indicados en el Código Penal o en las leyes penales especiales. ¿Vale? En
estos casos, el Ministerio Fiscal recibe la noticia crímenes, es decir,
alguien presenta una denuncia o se presenta un contestado policial diciendo
que una determinada persona o menor ha cometido un concreto hecho
delictivo. Se procede a la apertura de dirigentes preliminares para indagar
un poco qué es lo que ha sucedido. Si el Ministerio Fiscal ve que estamos
ante un delito menos grave o un delito leve, y en todo caso ese delito
menos grave no se ha cometido con violencia o intimidación en las
personas, podrá, es una facultad discrecional, en ese caso, decretar el
archivo de ese expediente, de esa noticia criminis, y no dar inicio al
procedimiento. Perfecto. Instructor y acusador, es contradictorio. Sí, en
este caso se reúnen, lógicamente no va a ser el mismo, pero sí se
reúnen ambas figuras de la instrucción y la acusación en el Ministerio
Fiscal. Porque el Ministerio Fiscal, de conformidad con su estatuto
orgánico, una de las funciones que tiene es, bueno, aparte de… Velar por
la protección o por los intereses de las víctimas, es también,
lógicamente, velar por el interés público en que se persigan los hechos
delictivos. Pero también actúa, en estos casos, como un órgano
instructor. Pero es lo mismo que va a suceder ahora en el proceso penal de
adultos. No sé si sabéis que está en marcha la gran reforma del sistema
procesal de adultos. Se van a modificar la Ley Orgánica de Poder Judicial,
la Ley de Influenciamiento Criminal, etcétera. Y el Ministerio Fiscal va a
ser el encargado de la instrucción. Vale, el Ministerio Fiscal, a partir
de… Bueno, si esta reforma sale adelante, va a ser el encargado de la
instrucción. Pero es que en la mayor parte de los países europeos, el
Ministerio Fiscal es el órgano instructor. De ahí que sea necesaria esa
reforma en el sistema penal español. Porque cuando vamos a Europa y se
reúnen los fiscales instructores, nosotros siempre tenemos que mandar a un
juez. Y no es lo mismo. Pero sí, a partir de ahora va a ser también el
fiscal, digamos, el instructor. Bueno. Bueno, si va adelante esa reforma.
Creo que es una reforma que todo lo que había existido en el derecho
procesal, dentro de unos cuantos años, si, repito, esto va adelante, es
que cambia totalmente el sistema. Va a ser otro sistema completamente
distinto. Bien. Repito, puede desistir de la incoación. Puede desistir de
la incoación de ese expediente, de esa noticia crímenes que le llega.
Asimismo, también… Y eso lo hemos estudiado. En el artículo 19 de la
Ley Orgánica de la Reposibilidad Penal del Menor se establece que, en el
caso de que el Ministerio Fiscal haya decidido sobreseder el caso, ¿vale?,
sobreseder ese expediente, digamos, puede sobreseder ese expediente, en el
caso de que se haya habido, se haya producido una conciliación o una
reparación entre el menor y la víctima, ¿vale?, esa aplicación de la
justicia restaurativa que hemos visto que existe en el Código Penal.
Artículo 18, desistimiento, ¿vale? Hay un desistimiento de la ecuación
del expediente. Y en el artículo 19 hay un sobresedimiento del expediente
porque, digamos, que el conflicto se ha solucionado sin necesidad de que se
someta a un procedimiento. Se ha solucionado mediante técnicas de, o
mediante la aplicación de justicia restaurativa, mediante una
conciliación o mediante una reparación entre el autor y la víctima. Al
igual que en el caso anterior, ello solo será posible, solo será posible
que el Ministerio Fiscal sobreseda el expediente por conciliación o
reparación cuando se trate de delitos menos graves cometidos en violencia
o intimidación o delitos leves, ¿vale?, ese es como el corte. Y, por
último… Y, si nos dicen en el apartado cuarto, en el apartado cuarto de
ese artículo 19, el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción
y solicitará al juez el sobresedimiento y archivo de las actuaciones,
¿vale?, cuando, repito, se produzca esa conciliación o esa reparación.
Son dos manifestaciones del principio de oportunidad arreglada en el
ámbito, en este caso, del derecho penal de menores. Bueno, y finalmente,
otro de los principios que inspiran es el… Derecho, el principio del
debido proceso, proceso justo. Es decir, una celebración de un juicio con
todas las garantías que debe tener el proceso, de igual manera que existe
un proceso penal de adultos. Es decir, que el menor esté asistido por un
letrado, que exista una confrontación, en aquellos casos en que se someta
a un proceso, ¿vale?, que sea un proceso contradictorio, etcétera.
Ámbito subjetivo de aplicación. La aplicación de la ley orgánica de la
responsabilidad penal de menores, ya la vimos, a menores de 14 años hasta
los 18 años, ¿vale?, desde los 14 a los 18 años. Es verdad que… Bien,
la ley se aplica de 14 a 18 años. No obstante, a la hora de graduar las
consecuencias, esas consecuencias o esas medidas sancionadoras educativas
que se van a imponer a un menor por la comisión de un hecho directivo, sí
se va a tener en cuenta la concreta franja de edad en la que el menor se
ubique. ¿Vale? Es decir, no se le va a imponer la misma medida o, mejor
dicho, la misma extensión en la duración de la medida. Imaginaos que
estamos ante un delito de homicidio. Pues no se le va a imponer el régimen
de internamiento, se va a imponer a ambos. No obstante, la duración de ese
régimen de internamiento, que me estoy liando, la duración de ese
régimen de internamiento no va a ser la misma para los menores que se
sitúen en la franja de edad de 14 a 18. No obstante, la duración de ese
régimen de internamiento no va a ser la misma para los menores que se
sitúen en la franja de edad de 16 a 18 años o 17 a 18 años. ¿De
acuerdo? Lógicamente, dado que están en una edad más próxima a la edad
adulta y, por tanto, se supone un mayor grado de madurez y de conocimiento
y, por tanto, de controlar sus actuaciones, ese régimen de internamiento
por la comisión de ese delito de homicidio va a ser menor. Es más extensa
en el caso de los sujetos comprendidos entre los 17 a 18 años que en el
caso de un menor de 14 años. Eso parece regulado en el artículo 10 de la
Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal del Menor. Y ello tiene sentido.
Se dice en la propia exposición de motivos que, lógicamente, en el
ámbito de aplicación de esta ley y de la graduación de las consecuencias
por los hechos cometidos, se diferencian los tramos de edad de 14 a 16
años. Y de 17 a 18. Por presentar uno y otro grupo diferentes
características que requieren, a juicio del legislador, un tratamiento
diferenciado. ¿Vale? Un tratamiento diferenciado. Constituyendo una
grabación específica en el tramo de los mayores de 16 años, la comisión
de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro
para las personas. De ahí que, para los que hicisteis la PEC, una de
las… El de la… El turno de la mañana. El caso que se planteaba era un
chico que, bueno, había cometido varios delitos con relación a una chica
que era su prima. Entre ellos, había cometido un delito de violación.
¿Vale? Después un delito de acoso, amenazas, etc. Y una de las preguntas
que se hacían era si era posible la aplicación de la conciliación o la
reparación de ese artículo 19. La respuesta es que no es posible. ¿Por
qué no es posible? Porque el delito de violación, si nos vamos al
artículo 179, que es en el cual aparece regulado, se dice que es una
agresión sexual. Una agresión sexual se comete cuando existe o existe
agresión sexual cuando hay violencia o intimidación. Entonces,
lógicamente… Lógicamente, si vamos a lo que dice el artículo 19, en
esos supuestos, de ese delito de agresión sexual agravado, que es un
delito de violación, no podrá acudirse, por ejemplo, al artículo 19, a
una conciliación o reparación, porque se ha cometido delito con violencia
e intimidación. Aparte, no es un delito menos grave, es un delito grave
por la pena. Vale. Después, decíamos que se aplica a menores. La ley
orgánica de responsabilidad penal de menores se aplica a menores. La ley
orgánica de responsabilidad penal de menores se aplica a menores entre 14
y 18 años. Bien, ¿qué sucede? Imaginaos un supuesto en el cual un menor
comete hoy un delito, ¿vale?, hoy que estamos a 21 de mayo. Y hoy, justo
21 de mayo, es cuando cumple 18 años, ¿vale?, es cuando cumple 18 años.
¿Qué hacemos en ese caso? Hoy mismo comete el delito y hoy mismo cumple
18 años. ¿Qué le aplicamos? ¿La ley orgánica de responsabilidad penal
del menor? ¿O le aplicamos el derecho penal de adultos? ¿Qué le
aplicaríais? Hoy mismo, 21 de mayo, cumple 18 años. Y hoy mismo comete un
delito. Exacto. A efectos de cómputo de la edad penal, ¿vale?, cómputo
de la edad penal, está aquí, Bien, en materia penal se tiene en cuenta,
digamos, de momento del nacimiento a momento en el que cumple los 18 años.
Si el sujeto nació a las 10 de la mañana y comete el delito a las 5 de la
tarde, ahí se le aplicará el derecho penal de adultos, porque ya tiene 18
años o ya tiene más de 18 años. Si resulta que el sujeto nació a las 5
de la tarde y comete el delito a las 10 de la mañana, se le aplicará la
ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor, porque
todavía no es mayor de edad. ¿Vale? Porque todavía no es mayor de edad.
Este es, bueno, pues aplicación en principio, o sea, es una aplicación
favorable al reo, como deben interpretarse. Repito, el cómputo de la edad
penal se realiza de momento a momento, teniendo en cuenta la hora en la que
ha de reputarse cometido el delito y la hora en la cual se produjo el
nacimiento de esa persona. Con carácter general, en el acta de nacimiento
consta la hora en que ese sujeto nació. ¿Qué sucede si no consta la hora
en que ese sujeto nació? Pues se va a… Tomar en consideración,
aplicando también un principio indubio pro reo, de que el nacimiento se
produjo a… Aquí pone, en el manual os pone, se produjo en una hora
posterior a aquella en que se produjo el hecho delictivo. Vale, sí. Lo que
se va a decir es que el nacimiento se produjo a las 23 y 59 horas de ese
día. Es decir, si hoy ese sujeto se pone en el acta de nacimiento que
nació el 21 de mayo y no nos pone a qué hora nació, debemos entender que
el nacimiento se produjo a las 23 y 59 de hoy. ¿Vale? Es decir, tendría
todo el día para cometer el delito sin que se le aplicara el derecho penal
de adultos, para entendernos. A partir, una vez que ya es 22 de mayo, a las
12. ¿Vale? A partir de las 12 de la noche ya se le aplicaría lógicamente
el derecho penal de adultos. Es un poco lo mismo que viene a decir aquí,
pero simplemente quedamos con eso. No es que si comete el delito a las 5 se
pierda… Piense que nació a las 6. Si comete… Quiero decir… A las 23
y 59 de nacimiento. Con lo cual, siempre no va a cometer el delito justo a
las 23 y 59 y 40 segundos, ¿vale? A las 23 y 59 de ese día. Es también
una garantía del derecho penal con relación a ese infractor. Bueno,
repito, nacimiento del momento en comisión del momento del nacimiento, de
momento a momento, ¿vale? Desde el momento que nace hasta el momento que
cumple los 18 años. De hora a hora. En el caso del derecho civil, por
ejemplo, es distinto. En el caso del derecho civil se va a entender que
tenemos 18 años desde que, hoy estamos a 21 de mayo, pues desde que el
día 20, a partir de las 12 del día 20, a partir de que… que se inicie
el siguiente día, es cuando se entiende que tenemos 18 años. Porque ahí
digamos que, dice, para el cómputo de los años de la mayoría de edad se
incluiría completo el día del nacimiento. Porque ahí digamos que los
derechos son beneficiosos para ese menor, se le reconocen ciertas
capacidades, etcétera. Claro, en el derecho penal no es muy beneficioso.
Por eso se dice que no, aquí vamos de momento a momento y en caso de que
no figure la hora exacta, vamos a… No desde… No se entenderá completo.
No desde el día del nacimiento, sino que, por el contrario, nos vamos al
límite de ese día. ¿Vale? ¿Esto queda claro? Van a ser, bueno, pocos
los casos, pero bueno, algunos hay. Y aquí en esta diapositiva podéis ver
un poco la síntesis de lo que es el proceso penal de menores ante… del
proceso penal de menores. Tenemos al Ministerio Fiscal que inicia, instruye
e incoa el expediente. Una vez que lo incoa puede aplicar ese principio de
oportunidad arreglada. Puede desistir del mismo, artículo 18. O puede, en
función de lo del informe del equipo técnico, etcétera, si se ha
producido una conciliación o una reparación, artículo 19, en este caso,
pues sobreseer. En este caso desiste, ni siquiera lo incoa y en este caso
lo sobreseer. Si no concurre, si no aplica el principio de oportunidad
arreglada, ni con el artículo 18 ni con el artículo 19, nos vamos a una
audiencia. Es decir, un proceso oral como visteis en el proceso penal de
adultos. Y como resultado de ese juicio oral, de esa fase oral del juicio
oral, tenemos una resolución o una sentencia. que dicta la aplicación de
alguna medida sancionadora educativa que se recoge concretamente en el
artículo 7 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del
Menor. Medida que debe, lógicamente, ejecutarse. Esa ejecución de esas
medidas será competencia de las comunidades autónomas, lógicamente
sometida al control del juez de menores. Digamos que lo que es más
diferenciador y esa sentencia que se dicte por el juzgado de menores puede
recurrirse en apelación a la audiencia provincial y después también
puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo. Pero, bueno, estas
partes, digamos que ya son fases más avanzadas del proceso. Lo que es más
característico o más singularizante del proceso penal de menores es,
primero, que el Ministerio Fiscal es aquel que nos pone la instrucción y,
segundo, estos principios de oportunidad arreglada bien del artículo 18 es
el desistimiento en incoar si quiere el expediente o bien esos supuestos en
los que se va a proceder a la conciliación o a la reparación tras lo cual
se sobresale el expediente sin someter a ese menor al proceso penal con los
consecuentes perjuicios que para ese menor tiene haberse sometido a un
proceso penal. Y en caso de que no se considere que concurre que concurra
ni un desistimiento ni una conciliación o reparación de conformidad con
el artículo 19 pues seguirá los trámites de un proceso normal. Tendremos
eso la audiencia, una fase de juicio oral más resolución o sentencia que
debe ser ejecutada. ¿Qué más hay de esto? Bueno, aquí se regulan las
competencias y las funciones que tienen los juzgados de menores. La
competencia material bueno, la competencia material hace referencia a los
sujetos que se van a haber sometido a un proceso penal de menores. Ya lo
hemos dicho hasta la sociedad. Sujetos de entre 14 y los 18 años. La
competencia funcional ello se refiere a quién va a juzgar esos hechos
cometidos por esos por esos menores. El régimen general es que, en primera
instancia, la competencia corresponde a los jueces, a los juzgados de
menores. Y, en la segunda instancia, el recurso de apelación a las
audiencias provinciales. Ellos así salven los casos de delitos de
terrorismo. En el caso de delitos de terrorismo sabéis que la competencia
la tiene la Audiencia Nacional. Pues, en este caso, la competencia, en el
caso de menores, la tendrá el juzgado central de menores de la Audiencia
Nacional. Y el recurso de apelación, en este caso, se sustancia ante la
Audiencia General. Y, por último, la competencia territorial. La regla
general. La regla general es que el ámbito de competencia territorial
corresponde al lugar en el cual se cometió el delito. ¿Vale? El lugar en
el cual se cometió el delito. Si hay delitos con esos, varios delitos
cometidos en diferentes lugares, etcétera, etcétera, y que tengan
conexión entre unos y otros, el lugar en el cual se juzgará. O el ámbito
territorial del juzgado que, digamos, sustanciará ese proceso será el del
domicilio del menor. ¿Vale? El del domicilio del menor. El Ministerio
Fiscal. Efectivamente, como decía Marcos, el Ministerio Fiscal en el
proceso penal de menores tiene dos roles. Tiene el rol de instructor del
proceso y el rol de parte acusadora en el juicio. ¿Vale? Tiene esos dos
roles. Es el encargado de llevar a cabo la instrucción de los
procedimientos por los hechos delictivos cometidos por menores. ¿Vale?
Será el encargado, pues eso, de admitir a trámite o no la denuncia,
según esos hechos sean o no constructivos de delitos, de decretar el
desistimiento, de acordar su sobreseguimiento o, por el contrario, de dar
traslado de ese expediente al juzgado de menores para... solicitando la
apertura de juicio oral. ¿Vale? Para que se juzguen esos hechos. Asimismo,
el Ministerio Fiscal también actúa como acusador público. ¿Vale? Es un
rol de acusador público. Eh... En ese doble rol. Esa es la única
acusación. Pero bueno, sí que es verdad que ahí se ve un poco
contaminado. Asimismo, además del Ministerio Fiscal ejerciendo esa
acusación pública, existe la acusación particular. Bien, es verdad que
la posibilidad de la acusación particular también sabéis lo que es. Es
la propia víctima que se persona en el proceso para ser parte del mismo.
Esta posibilidad en el proceso penal de menores es relativamente reciente.
Porque se entendía que las víctimas lo que buscan en el proceso es que se
imponga la sanción más grave al sujeto. Y digamos que como eso no era la
idiosincrasia que está detrás del proceso penal de menores, se veía que
la figura del acusado particular en el proceso penal de menores podría
causar más perjuicios que beneficios. Que para ello ya estaba el
Ministerio Fiscal. No obstante, debido a las presiones y debido también al
movimiento victimológico que se ha experimentado en los últimos años en
defensa de los derechos de las víctimas, se operó una reforma, que lo
recordaré, en el año 2006 para dar entrada también en el proceso penal
de menores a la acusación particular. Completamente en el artículo 25. Y
actúa de la misma forma que actúa la acusación particular en el proceso
penal de adultos. Se le reconoce. El derecho solicita al Ministerio Fiscal
la práctica de las diligencias que consideren necesarias a efectos de la
constatación efectiva de la comisión de un hecho delictivo y en esas
completas circunstancias. Puede ejercer la pretensión penal, participar en
la práctica de la prueba, instar las medidas que consideren necesarias, es
decir, las medidas que se le van a imponer a su sujeto, formular los
recursos procedentes, etc. Es decir, tiene el estatus de parte procesal, lo
mismo que sucede en el derecho penal de adultos. Y asimismo también otra
de las partes será la defensa. Esto es igual que vices en el proceso penal
de adultos. Ministerio fiscal, acusación particular y la defensa. Bueno,
con todos los derechos que asisten a la defensa. Bien, en la fase de
instrucción, incoación del expediente. Lógicamente, para que se inicie
una investigación por unos concretos hechos delictivos es necesario que
alguien reciba la noticia criminis. Normalmente quien recibe esa noticia
criminis es la policía. Bueno, y la policía hace sus indagaciones y luego
le da traslado de ello, en este caso, al ministerio fiscal. El ministerio
fiscal procederá a la incoación de las correspondientes. Las
correspondientes diligencias preliminares para, bueno, analizar qué es lo
que ha sucedido. Y en atención al resultado de esas diligencias
preliminares de investigación, podrá bien decretar el archivo del
expediente o bien incoar el expediente de reforma. Incoar el expediente de
reforma es, digamos, ya son diligencias de investigación propiamente
dichas, no son esas diligencias preliminares. La fase de diligencias
preliminares. Lo que tiene es, por objeto, es valorar si efectivamente
concurren los presupuestos legalmente establecidos para que se proceda o no
a incoar el expediente de reforma. Es decir, para darle ya, digamos,
iniciar la fase de instrucción propiamente dicha. Y, bueno, se trata de
determinar qué es lo que ha sucedido, determinar la identidad de quien ha
cometido esos hechos, la edad de los mismos y qué tipo de delito sería.
¿Vale? En principio, así, esa calificación que se hace en fase de
instrucción. En este momento, el órgano judicial y el ministerio fiscal
podrá, una de las posibilidades que tiene es desistir del proceso,
desistir del archivo. Por ejemplo, desistir del proceso, ¿vale? Desistir
del proceso. Es decir, no dar la apertura, no dar traslado. Es decir, ya el
proceso propiamente dicho. Y eso será, como hemos dicho, cuando se cometa
un delito menos grave sin violencia de intimidación o un delito leve. Y
cuando el menor, pues no hubiera cometido otros hechos similares con
anterioridad. Pues, imaginaos, pues fue un menor que ha cometido un delito
leve de hurto y es la primera vez, ¿vale? La primera vez que... Hay una
noticia criminis, digamos, con relación a ese sujeto. Entiende que, dada
la levedad del delito, dado que es un supuesto de primariedad delictiva y
dada los perjuicios que le pueden ocasionar el derecho de haberse sometido
a un proceso, en esos casos el Ministerio Fiscal puede desistir de la
incubación de ese expediente. Lo que hacen esos casos es desistir de
incubar ese expediente. Eso sí, procede a dar cuenta de las actuaciones
que se han llevado a cabo a la entidad pública que en cada comunidad
autónoma tenga encomendada la protección de los menores para que, si esta
entidad pública se lo estima conveniendo, adopte las medidas de
protección y de educación que estime necesarias con relación a ese
menor. Ese hecho se ha… Ese desistimiento también se comunicará a los
ofendidos o perjudicados y, en todo caso, el hecho de que se decrete o el
hecho de que se desista de tramitar ese expediente por la comisión de un
hecho delictivo no impide que la víctima pueda reclamar los daños y
perjuicios que le hayan sido robados en el ámbito civil, responsabilidad
civil, que también puedan ser iniciados en ese caso directamente por el
Ministerio Fiscal. De lo que se trata en estos casos es darle una
oportunidad a ese sujeto sin que se vea etiquetado como un delincuente.
También se podrá desistir y acordar el sobreseguimiento de ese expediente
cuando se haya producido esa conciliación o esa reparación. Cuando se
haya producido esa conciliación o reparación, en los términos que
vimos… Creo recordar en la lección 8. Por lo contrario, si no concurren
ni las circunstancias para un desistimiento del 18 ni concurren las
circunstancias para un sobreseguimiento del 19 o, habiéndose iniciado,
digamos, los trámites de esa conciliación o reparación y después no
llegan a buen puerto, lo que va a hacer el Ministerio Fiscal es dar
continuación a la tramitación del expediente, ¿vale?, seguir con la
tramitación de ese expediente. Porque no se dan esos requisitos. Ni para
desistir ni para sobreseguir. Bueno, nos vamos a quedar con bastantes
diapositivas, pero bueno. Al igual que sucede en el proceso penal de
menores, durante la tramitación de ese expediente, lógicamente pueden
adoptarse las medidas cautelares que se estimen necesarias para garantizar
que ese sujeto no se fuge o que ese sujeto no destruya pruebas o que ese
sujeto no atente contra la víctima, nuevamente. Entre esas medidas
cautelares está la detención de los menores, con una serie de
restricciones, al igual que existe también en el proceso de adultos, en
cuanto a su completa duración, en cuanto a cuánto deben adoptarse,
etcétera. Bueno, aquí tenéis el esquema. Además de esa detención,
también existen esas medidas para la custodia y defensa de menor o bien
para la protección de la víctima. Por ejemplo. Por ejemplo, se le impone
en hora de detención, porque es como la prisión provisional y sería como
la medida más gravosa. Pues imaginaos que exista un riesgo, que se aprecie
un riesgo de que ese menor vuelva a atentar contra la víctima. Lo que se
va a imponer es una medida cautelar para la protección de la víctima, que
consiste en la prohibición de aproximarse o de comunicarse con la misma.
Bueno, y ahí también se regulan las duraciones, etcétera. Una vez
concluido el expediente. Si el mismo, ¿vale?, se trasladará al juzgado de
menores. Y ahí puede o bien solicitar el sostenimiento de las actuaciones
por conciliación, compromiso de reparación o actividad educativa, o por
el contrario, solicitar el auto de apertura del juicio oral, ¿vale?, el
auto de apertura del juicio oral. Para ello debe… El Ministerio Fiscal
deberá dar traslado de sus alegaciones al abogado del menor, así como a
la acusación particular, para que formulen también sus alegaciones. Son
sus escritos de calificaciones, ¿vale?, sus escritos de calificaciones.
Bueno, aquí tenéis un poco también el resumen. Si tramitamos el
expediente procedemos a esa fase de juicio oral, ¿vale?, a la audiencia.
¿Vale?, la audiencia en la cual, bueno, pues se practicarán las pruebas,
participarán en la acusación particular, el Ministerio Fiscal en la
defensa, cada uno alegando lo que mejor estime a su derecho. Bien, tras la
audiencia, que nos dura aquí un montón de páginas, bueno, aquí veis
autoapertura. Esto es un poco el trámite de autoapertura con la
pertinencia de pruebas propuestas, se dice si son pertinentes o no, se
señala el día y hora en el cual tendrán lugar las sesiones, asisten el
Ministerio Fiscal, el perjudicado, es decir, la víctima, el empleado del
menor, el equipo técnico del menor y, bueno, la entidad pública
correspondiente. Y se celebra la audiencia en sí misma, es decir, el
juicio en sí mismo. Y tras sustanciarse esa fase oral del juicio, tenemos,
por tanto, ya finalmente la sentencia. La sentencia que, lógicamente, debe
reunir los requisitos de motivación, claridad y comprensión. Y, bueno,
como en todas las sentencias, en la misma debe constar la valoración de
las pruebas practicadas, las raciones expuestas por cada una de las partes.
Unas diciendo… …por qué debe ser, digamos, condenado y otras por qué
no debe ser condenado. Se analiza la gravedad y las circunstancias en las
cuales los hechos se han cometido. Los datos que se han debatido, pues yo
qué sé, imaginaos que alguien ha alegado la existencia de una eximente
porque presenta una alteración psíquica, etcétera. Bueno, me habla todo
eso y, finalmente, se establecen las medidas propuestas con indicación
expresa de su motivación en cuanto, por ejemplo, al contenido de la misma
y a su extensión. En esa misma sentencia se va a resolver también sobre
la responsabilidad civil. Sabéis que, bueno, en el proceso penal español,
una de las ventajas que tiene cuando lo hacen otros procesos penales es que
en el mismo proceso penal se va a sustanciar la responsabilidad penal y la
responsabilidad civil. Ellos, salvo que la víctima o el perjudicado decida
reservarse el ejercicio de la acción civil para un posterior proceso civil
ya específico sobre ello. Pero, digamos que ahí se gana en economía
procesal y en ahorro de gastos porque eso sustancia todo en un mismo
proceso. Contra esa sentencia, como señalamos, puedan interponerse los
correspondientes recursos, bien de apelación, bien de casación.
Apelación es ante las audiencias provinciales, casación ante el Tribunal
Supremo para la unificación de doctrina sobre un determinado… Bueno, y
con los motivos con los cuales se admite el recurso de casación. Junto con
otros. Bueno, el régimen de la Consejería Civil… Y, bueno, os vamos a
dejar aquí. Después repasamos estas diapositivas que quedan con relación
al papel del equipo técnico, que es un equipo multidisciplinar de
psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, que harán como
un informe con relación a lo que acaece con ese menor. Y, finalmente, las
medidas sancionadoras educativas. Aquí tenéis que tener, en primer lugar,
un poco claro, por ejemplo, las medidas de régimen de entrenamiento con
relación a qué tipo de delitos se aplica. Son el ser delitos graves,
delitos de terrorismo, etcétera. Y, asimismo, también debéis diferenciar
entre sujetos de entre 14 y 15 años y sujetos de 16 a 18 años. ¿Por
qué? Porque, como hemos dicho, la duración, por ejemplo, de ese régimen
de entrenamiento no va a ser el mismo en uno u otro caso. Asimismo,
también tenéis que tener en cuenta el concreto tipo de delito. Por
ejemplo, en el artículo 10.2, ahí se diferencia entre si se cometen
delitos graves o se cometen determinados delitos, como pueden ser delitos
de homicidio, asesinato, agresiones sexuales, etcétera. En esos concretos
delitos, el régimen de entrenamiento se va a ver agravado. Se va a ver
agravado. Con relación al régimen general. Y luego hay, bueno, pues
tenéis otra serie de, además de esas medidas de régimen de
entrenamiento, otra serie de medidas, como puede ser la libertad vigilada.
Hay también normas de convivencia en el propio centro, que son un poco
menos… Menos interesantes. A ver, ¿qué estaba buscando aquí? Bueno,
cómo se suspenden, etcétera. Bueno, por ejemplo, aquí veis el régimen
de entrenamiento, artículo 10. El régimen general, extrema gravedad y los
supuestos en los cuales, bueno, se cometen estos delitos de homicidio,
asesinato, agresión sexual, terrorismo… Están clasificados. O pena de
prisión, el código penal con más de 15 años. Pues aquí, bueno, se los
pone… la concreta extensión y los diferencias entre 14-15 años y 16-17.
Es verdad que también tenéis en cuenta que siempre que hay régimen de
internamiento seguidamente hay libertad vigilada y eso es importante.
Siempre que hay régimen de internamiento ya se pone conjuntamente con la
libertad vigilada posterior. Bueno, y por mi parte, aquí acaba ya la clase
porque ya viene el siguiente profesor. Si tenéis alguna duda con relación
a este último tema que lo hemos dado así como muy por encima nos
trataría como el equipo técnico y las concretas medidas educativas, si
tenéis alguna duda con relación a ello, escribís en el foro del grupo y
ahí las comentamos entre todos. Y lo mismo si tenéis dudas con relación
a otras partes del temario. Como os dije en la clase anterior, además de
pasaros este fin de semana el test correspondiente a esta lección 10 voy a
ir escribiendo en el foro aquellas preguntas que han planteado mayores
controversias en cuanto a las respuestas. ¿Vale? Poniendo la pregunta en
las cuatro opciones de respuesta e indicando cuál es la correcta, así
como en la página en la cual se encuentra. Y por mi parte, nada más.
Desearos mucha suerte en los exámenes y nada, que ha sido un placer
compartir este trimestre con vosotros. Y que quedo eso a vuestra
disposición en el foro para cualquier momento. Muchas gracias.