Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase sobre
Constitucionalismo multinivel, derechos de producción externa, los
derechos fundamentales de la Unión Europea, como bien saben,
pertenecientes al capítulo 3 del manual Constitucionalismo multinivel de
la profesora Yolanda Gómez Sánchez. Hoy vamos a comentar en el ámbito de
la Unión Europea, debemos comenzar introduciéndonos en cuanto a la
construcción europea y debemos recordar que si bien la Unión Europea en
la actualidad como organización supranacional se encuentra, podríamos
definir que intoxicada, que viciada de populismos anti-europeístas, de
extrema derecha, que está en algunos casos latente, en otros ya se ha
manifestado plenamente, de crisis migratoria, es incluso algo como fue el
artículo 50 y la retirada del Reino Unido de la propia Unión Europea,
dejándonos en la actualidad con 27 miembros de la Unión Europea, debemos
recordar que la Unión Europea tiene un aspecto fundamental en cuanto al
sistema supranacional y especialmente en cuanto al objeto de lo que vamos a
ver en la lección de hoy, como es el Sistema Europeo de Protección de los
Derechos Fundamentales, principalmente a través de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. Remontándonos un poco a la
construcción de la Unión Europea, tenemos que recordar que tras la
Primera y la Segunda Guerra Mundial y en el ámbito del Tratado de París
de 18 de abril de 1951 se constituyó la CECA, la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero, intentando crear una alta autoridad para el control o
para evitar más bien el control superior o diferente al del resto de
Estados sobre materias primas absolutamente indispensables para la
reconstrucción de la Unión Europea como eran en ese momento el carbón y
el del acero. Como Francia invitó a Alemania y posteriormente se unieron a
ese proyecto Italia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda, creando una alta
autoridad constituida a través de personalidades independientes, un
consejo donde se figuraban los Estados miembros de aquella CECA y un
tribunal de justicia con jueces independientes. El buen funcionamiento de
la CECA, la buena conexión que produjo entre los Estados que formaron esos
seis Estados que en un principio conformaron esa CECA, culminó o
evolucionó a través de los Tratados de Roma de 1927, donde a esa CECA se
le unió una Comunidad Económica Europea y el EURATOM, la Comunidad
Europea de la Energía Atómica, ampliando esa buena experiencia y ese
desarrollo que había tenido en un primer momento esa CECA a cuestiones
económicas, a través de la Comunidad Económica Europea y a cuestiones en
el ámbito del desarrollo de la energía atómica. Bien, como algo que
debemos destacar frente a estas tres Comunidades Económicas Europeas
–como he dicho– fundamental es la creación de un mercado común con
una libre circulación de personas, de bienes, de mercancías y de
capitales, una unión agrodonera, una política agraria común, de
transportes, una política comercial. Tenemos que destacar que en este
Tratado de Roma de 1957 es un tratado también relativo a instituciones
comunes de esas tres Comunidades Europeas –la CECA, la Comunidad
Económica Europea y EURATOM– donde ya se crea una Asamblea Única y un
Tribunal de Justicia Único para las tres Comunidades, además de un
consejo y una comisión comunes a partir de 1965, con la firma del Tratado
de Bruselas en el 8 de abril de 1965. Las ampliaciones que se han ido dando
de la Unión Europea –tenemos que recordar que los hitos fundamentales–
han sido Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en 1973. Reino Unido, como ya
sabemos, salió de la Unión Europea –el famoso Brexit– en enero del
año 2020. Grecia en 1981 se incorporó, España y Portugal en 1986,
Suecia, Finlandia y Austria en 1995. Fruto de la descomposición de la
órbita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 2004 se
incorporaron Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa,
Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chibra y Malta, Bulgaria y Rumanía en el
año 2007 y Croacia en el año 2013, momento en el cual se alcanzaron los
28 Estados miembros –actualmente ya saben 27–. Quizás podríamos
definirlo como tirantez, tensión que vino provocada por la incapacidad de
la propia Unión Europea de la asimilación de tantos Estados miembros en
esos determinados, especialmente en el año 2004, con la incorporación de
todos esos países de la órbita del este. Dentro de lo que es la Unión
Europea tenemos que destacar en lo que a nosotros nos interesa, puesto que
podríamos comentar –y simplemente lo tengan como referencia, como hitos
en el proceso de construcción de la Unión Europea– el Acta Única
Europea firmado en Luxemburgo el 28 de febrero de 1986, donde se procede a
la aseguramiento de la libre circulación aunque las fronteras materiales
no habían desaparecido, siendo una reforma de los tratados fundacionales.
El Tratado de la Unión Europea Maastricht, 7 de febrero de 1992, donde ya
comienza la Unión Europea, organización política superior, política
exterior y seguridad común, como una organización política superior a la
de los Estados miembros, una supraorganización con una política exterior
y de seguridad común, justicia e interior. La entrada del concepto de
ciudadanía europea. El Tratado de Amsterdam, de 1996, con la aparición
del Parlamento Europeo y la cooperación reforzada de los Estados miembros.
Todo ello bajo este problema de dimensionamiento, funciones y tamaño de
–como hemos dicho– composición de las instituciones de la Unión
Europea. El Tratado de Nice, 27 de febrero de 2001, donde se procede a la
reforma institucional de la Comisión Europea. Y el Consejo…, el fracaso
del proyecto de constitución europea, a pesar de la declaración de la
ECEM del año 2001 –que ahora destacaremos en cuanto a la materia objeto
de nuestro tema–, donde ya se produce una delimitación de competencias
entre la Unión Europea y los Estados miembros, se establece el principio
de subsidiariedad, el estatuto de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea en Nice, una simplificación de los tratados y el
establecimiento de la función que deben desarrollar frente a ellos los
parlamentos nacionales de los Estados miembros. El 29 de octubre de 2004,
proyecto de constitución europea que –como les he dicho– culminó en
un fracaso tras el referéndum negativo en Francia y en Holanda. Y,
finalmente, el Tratado de Lisboa, tratado de funcionamiento de la Unión
Europea del 13 de diciembre de 2007, enfocado a evitar referéndums y la
negociación de los tratados a puerta cerrada a través de los Gobiernos
para evitar esos fracasos anteriores que hemos visto, como en el ámbito
del referéndum en cuanto al proyecto de la constitución europea, y así
conseguir la aprobación a través de los parlamentos. Y, en definitiva,
intentar superar una de las barreras fundamentales a las cuales se enfrenta
la Unión Europea, que es la incomprensión de las instituciones de la
misma. La naturaleza de la Unión Europea y su personalidad jurídica
tenemos que destacar, sobre todo y principalmente algo que es fundamental
en el ámbito de la Unión Europea, como es su derecho, el derecho de la
propia Unión Europea. Y aquí tenemos que destacar que se trata de un
ordenamiento jurídico propio que se integra en el ordenamiento jurídico
de los Estados miembros, distinguiendo a esta organización supranacional
de cualquier otra organización internacional y basada, por lo tanto, en la
cooperación entre los Estados. El derecho de la Unión Europea podemos
clasificarlo en un derecho originario y primario, como es los tratados
constitutivos, sus reformas y, como hemos dicho, esa carta de derechos
fundamentales que, a través de su incorporación en el Tratado de Lisboa
al derecho originario, lo sitúa en la situación de supremacía del mismo.
Un derecho derivado secundario, como normas –que son las normas–
emanadas de las instituciones de la Unión Europea y un derecho terciario
complementario, que son las normas de desarrollo de ese derecho derivado y
otros documentos complementarios o aclaradores. Las relaciones entre el
derecho de la Unión Europea y el derecho de los Estados miembros no son
relaciones de jerarquía, sino que son relaciones de competencia. Así, en
el caso de que un Estado haya cedido a la Unión Europea se aplica
preferentemente el derecho de la Unión Europea, porque no olvidemos que
esa característica tan especial que tiene la Unión Europea como
organización de carácter supranacional viene derivada de esa cesión de
parcelas de parte de la soberanía que los Estados miembros ceden a la
misma. El derecho originario es vinculante, por lo tanto, para todos los
Estados miembros y directamente aplicable de obligado cumplimiento también
para las jurisdicciones nacionales de cada uno de los Estados miembros.
Recordemos que el 1 de diciembre de 2009 la Carta de Derechos Fundamentales
adquirió el mismo valor que los tratados y su rango de derecho originario.
De ahí se derive esa aplicación sobre la Carta de los Derechos
Fundamentales en cuanto a los principios de primacía y a la vinculación
de la jurisdicción de los Estados miembros de la Unión Europea. Respecto
al derecho derivado o secundario tenemos que recordar dos principios, dos
características del mismo como son la eficacia vertical y referente a las
relaciones entre los Estados miembros y sus ciudadanos y la eficacia
horizontal referente a las relaciones entre particulares y por tanto
invocables ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también
ante las jurisdicciones nacionales. Así viene, de acuerdo, en el artículo
288 del reglamento alcance general obligatorio, bueno, en referencia a este
derecho derivado o secundario, y una vez visto estas características de
eficacia vertical y de eficacia horizontal vamos a ver que todo tipo de
normas integran y su definición del derecho derivado ese que emana de las
instituciones de la Unión Europea. En primer lugar, tenemos todas ellas
contenidas, como les he dicho, en el artículo 288 y destacamos el
reglamento, que son aquellas normas de alcance general de carácter
obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado
miembro. Las directivas que marcan objetivos, en este caso estas normas de
derecho derivado, marcan objetivos pero permiten a los Estados miembros
decidir las formas y los medios para alcanzar ese objetivo. En estas
directivas se puede observar en algunos casos esta eficacia que hemos visto
anteriormente, en tanto no sean traspuestas tienen un efecto vertical y los
particulares por lo tanto pueden invocarlas ante el juez nacional si se dan
una serie de requisitos que veremos más detalladamente a continuación
pero que principalmente son que éstas sean la exigencia de que estas
directivas sean claras y precisas y frente a la ausencia del desarrollo o
transposición de las mismas por el Estado. También encontramos las
decisiones que definimos como actos jurídicos vinculantes aplicables a uno
o varios Estados miembros, empresas o particulares de la Unión Europea y
que para que tengan esa validez jurídica, esa capacidad de exigencia deben
ser notificadas a los aceptados y por supuesto tienen un carácter
individual. Las recomendaciones que son adoptadas por el Consejo a
propuesta de la Comisión Europea y que no son vinculantes, se trata en sí
de programas o de líneas de actuación y el dictamen que en este caso no
son vinculantes, las normas, los dictámenes no son vinculantes y se tratan
más bien de la opinión de instituciones y órganos como el Comité de las
Regiones y el Comité Económico y Social. Finalmente tendríamos los actos
delegados y los actos de ejecución. En cuanto a los actos delegados nos
referimos a los actos vinculantes de la Comisión Europea para complementar
o modificar elementos no esenciales de actos legislativos de la Unión
Europea. De estos actos que emanan de las instituciones, como hemos visto,
que podrían ser los reglamentos, las directivas o las decisiones.
Finalmente, los actos de ejecución que emanan de la Comisión o en algunos
casos más específicos del Consejo cuando se requieren condiciones
uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la
Unión Europea. Es decir, cuando se requiere una homogeneización en cuanto
al establecimiento de condiciones uniformes de ejecución de esos actos
jurídicamente vinculantes entrarán a jugar estos actos de ejecución. En
cuanto a la eficacia del derecho de la Unión Europea vamos a destacar dos
principios fundamentales como son el efecto directo y la primacia. Estos
principios en torno a los cuales se articula esta eficacia del derecho de
la Unión Europea han sido principalmente construidos por la jurisprudencia
y la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El efecto directo se refiere a la posibilidad de invocación del derecho
europeo por los nacionales en sus propias jurisdicciones. El derecho de la
Unión Europea puede limitar las competencias cedidas, en este caso, de los
Estados miembros tras la firma y adhesión a los tratados –es decir, al
derecho originario de la Unión Europea–. Este derecho originario, por lo
tanto, despliega un efecto directo y viene contenido en los tratados y sus
modificaciones y también, como hemos visto anteriormente, en la propia
Carta de Derechos Fundamentales una vez se ha constituido como derecho
originario. Por lo tanto, en definitiva, el efecto directo lo resumimos
como la capacidad de invocación de este derecho de la Unión Europea
–derecho originario– por los nacionales en sus propias jurisdicciones,
por los nacionales de los Estados miembros ante sus propias jurisdicciones
nacionales. En cuanto a los efectos directos que puede desarrollar una
directiva –hemos visto antes y hemos dicho que íbamos a detallarlo más
concisamente– que puede desplegar una directiva se requiere, como hemos
dicho, que sea clara y precisa, que no esté sometida a reserva alguna por
el Estado en cuestión, que no requiera para su ejecución de otro acto
político de carácter comunitario y que no deje al Estado margen de
apreciación para su aplicación. En este caso, se produce dentro de este
efecto vertical que hemos visto anteriormente y, por lo tanto, traducido en
el efecto directo –en este caso– de una norma de carácter de derecho
derivado, como son las directivas, el efecto directo de las mismas y, por
lo tanto, la posibilidad de los nacionales de invocar su aplicación ante
la jurisdicción de su Estado miembro. A pesar de que la misma, si se da en
estas condiciones, y aunque solo obligue a los Estados frente a la
consecución de los objetivos que las mismas marcan, dejando libre la forma
y la manera de realizarlo, despliega este efecto directo. Otro de los
principios fundamentales de la eficacia del derecho de la Unión Europea es
el principio de primacía. ¿Qué significa este principio de primacía? Es
que el ordenamiento de la Unión, el ordenamiento jurídico de la Unión
Europea, es un ordenamiento jurídico propio que prima sobre la aplicación
de cualquier norma interna que, por lo tanto, vincula a los poderes
nacionales y a sus órganos jurisdiccionales. Es decir, no podemos
considerar que si la Unión Europea, como organización de carácter
supranacional, es conformada por la cesión de parcelas de soberanía que
hacen los Estados miembros en el ámbito de la Unión Europea, considerar
que el derecho de la Unión Europea no dejaría de ser un derecho derivado
de los propios Estados miembros que transfieren a esa organización
supranacional a través de la cesión de esa soberanía, sino que el
derecho de la Unión Europea se convierte en un ordenamiento jurídico
propio que además prima sobre la aplicación de cualquier norma interna y
que vincula a los poderes nacionales y a los órganos jurisdiccionales. Es
una de las discusiones más en boa en estos momentos en relación con la
sanción que se está aplicando desde hace unos días a Polonia como Estado
miembro, en virtud de los incumplimientos en determinada materia,
principalmente respecto a la independencia del Poder Judicial a la
comisión disciplinaria que se ha establecido en su tribunal supremo en la
Unión Europea y que les mandaré algún enlace para que puedan, si tienen
interés, informarse más al respecto. En cuanto a los derechos en la
Unión Europea volvemos a centrarnos, ya que estamos en el ámbito de los
derechos fundamentales, en el ámbito de la Carta de los Derechos
Fundamentales. Tenemos que recordar, en cuanto a la Carta de los Derechos
Fundamentales, que esta Carta de los Derechos Fundamentales y la labor
jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la
producción de los derechos ha hecho que estos derechos y libertades en los
tratados constitutivos –que podemos retomar con el Tratado de Geniza, en
el que se proclamó que la Carta de los Derechos Fundamentales adquiría el
mismo valor que los tratados de conformidad con la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa. El respeto no olvidemos que dentro de este acquis
comunitare, dentro de este acervo comunitario, tenemos que destacar que los
derechos humanos es una exigencia que tiene la Unión Europea tanto para la
incorporación de los Estados miembros como para las relaciones comerciales
que establece la propia Unión Europea con terceros países. Uno de los
motivos por los cuales esos intentos que tuvieron, por ejemplo, Turquía y
Marruecos, de entrada en el ámbito de la Unión Europea no llegaron a buen
puerto principalmente por considerarse –en su caso– que no cumplían
con estos requisitos del acervo comunitario y principalmente en cuanto a
este respeto, además de todo este acervo comunitario, de los derechos
humanos. Esta protección que desarrolla la Unión Europea respecto a los
derechos humanos sin perjuicio de otros componentes del acervo comunitario
como son el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, la
separación de poderes, etcétera, pero principalmente este respeto a los
derechos humanos de tal magnitud, de tal importancia, fíjense que esta
Carta de los Derechos Fundamentales no solo ha sido incorporada en el
ámbito de la carta que se aprobó en su momento sino que ha sido
incorporada al derecho originario como acabamos de ver. La Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tenemos que recordar que el
Tratado de Lisboa modificó el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea
y dio a esta Carta de Derechos Fundamentales el mismo valor que los
tratados. Recoge en un único texto los derechos civiles, políticos,
económicos y sociales de los ciudadanos europeos y también extiende su
ámbito de protección, como hemos dicho, en ese anhelo de extensión y de
protección de los derechos humanos que es una de las características que
podemos destacar de la Unión Europea como organización supranacional,
también a todas las personas que vivan en territorio de la Unión Europea.
No olvidemos que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea recoge tanto los derechos de primera generación como los de
segunda, tercera y cuarta generación. Es decir, que en este caso si
tuviéramos que explicar de manera gráfica los derechos de primera,
segunda, tercera y cuarta generación podríamos referirnos quizás a la
pirámide de las necesidades de Maussler. Es decir, colocando los derechos
de primera generación como la base de las necesidades de la pirámide, los
derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la seguridad,
a la intimidad familiar... Un segundo nivel que serían los derechos de
segunda generación. Una vez que tenemos satisfechas estas necesidades
básicas, esto que en el ámbito gráfico de la explicación serían los
derechos de primera generación, entraríamos ya en esos derechos cuando ya
tenemos asegurada esos derechos de carácter primario, esa libertad, esos
derechos de carácter individual, esa integridad física, esa libertad, esa
seguridad... En el ámbito de los derechos más sociales como el derecho de
reunión, el derecho de asociación, de libertad de expresión, de
información a la educación, etcétera. De ahí pasaríamos a los derechos
de tercera generación que sería una vez que tenemos satisfechos esa
pirámide de Maussler o esas necesidades en las dos escalas que hemos visto
anteriormente ya se trataría de los derechos que podríamos definir de
solidaridad. El de los derechos a la protección de la salud, a un medio
ambiente digno, a una seguridad social, a una ayuda social, a la
protección de los consumidores, etcétera. Y finalmente en las cartas de
derechos fundamentales incluso contiene lo que sería la pirámide, o sea,
la punta de la pirámide, la cúspide de la pirámide en cuanto a esas
necesidades de Maussler. ¿De acuerdo? Como serían los derechos a la
autonomía física en las aplicaciones biomédicas, los derechos respecto a
las prácticas eugenésicas, a la prohibición de la clonación, etcétera.
En cuanto a este texto único en el cual se desarrolla la carta de los
derechos fundamentales tenemos que recordar que he constado un preámbulo y
cincuenta y cuatro artículos. El título primero, desarrollado en torno a
algo fundamental que podemos encontrar también en nuestro artículo 10 de
la Constitución Española, la dignidad humana, el derecho a la vida. El
título bajo el epígrafe de dignidad engloba la dignidad humana, el
derecho a la vida, el derecho a la integridad de las personas, la
prohibición de la tortura y la prohibición de la esclavitud y del trabajo
forzado considerando la carta de derechos fundamentales que estas son las
cuestiones fundamentales y básicas en torno a las cuales se pueden
articular todo el resto de derechos fundamentales que contiene la carta. Es
decir, si no partimos de la base fundamental de que todo este ámbito de
protección que articula la carta de derechos fundamentales se articula
precisamente y se desarrolla a partir de la dignidad de la persona es
evidente que no vamos a poder exigir ni vamos a poder requerir nada más.
Luego entraremos en el ámbito del título 2, bajo el título libertades,
artículo 6 al 19, donde encontramos ya, como hemos dicho, que situaríamos
en ese ámbito de los derechos de primera generación y segunda
generación, derecho a la libertad y a la seguridad, respeto a la vida
familiar y privada, protección de datos de carácter personal, matrimonio,
libertad de pensamiento, expresión e información, libertad de reunión y
asociación, etcétera, añade el título 3º bajo el título igualdad, los
artículos 20 a 26, la igualdad ante la ley, la no discriminación,
igualdad entre hombres y mujeres, integración de las personas
discapacitadas. Les recito este ámbito de protección en torno a la
igualdad y a la no discriminación. Continúan los derechos bajo el título
4, con cuarto solidaridad, esos derechos de la protección, esos derechos
que se marcan en las consideraciones del concepto que tenemos de estado de
social, del estado del bienestar. Y aquí encontramos el derecho a la
información y consulta de los trabajadores en la empresa, derecho a
negociación y acción colectiva, acceso a los servicios de colocación,
protección en caso de despido, condiciones de trabajo justas y
equitativas, protección del trabajo infantil, vida familiar y profesional,
seguridad social, protección de la salud, etcétera. Estaríamos en el
título 5º en el ámbito de los derechos de la ciudadanía de la Unión
Europea y, como hemos dicho además, extensibles en su grado a todos
aquellos que residen en el ámbito de la Unión Europea, en cuanto a los
derechos de ser elector y elegibles, todo lo relacionado con un Estado
democrático. Derecho a una buena administración, acceso a los documentos,
defensor del pueblo, derecho de petición, libertad de circulación y
residencia, protección diplomática y consular. Continuaríamos con los
derechos del título 6º relacionados con la justicia, derechos
fundamentales como son el derecho a la tutela judicial efectiva, un juez
imparcial, la presunción de inocencia y al derecho de defensa, de
legalidad y proporcionalidad, todo aquello que viene relacionado con el
ámbito de la concepción, del concepto, de las características que tiene
un Estado de derecho. Y, finalmente, el título 7º destinado a las
disposiciones generales aplicables a la interpretación y aplicación de la
Carta donde, respetando el principio de subsidiariedad, establece que estas
serán aplicables por los Estados miembros únicamente cuando aplique el
derecho de la Unión. Quizás este título 7º es un tanto farragoso, ahora
bien no podemos olvidar que tiene una importancia jurídica muy importante
en cuanto a que contiene las reglas que hacen posible el desenvolvimiento,
la aplicación directa de la Carta en lo que se refiere a las instituciones
europeas y también a las obligaciones que conlleva la misma sobre los
Estados miembros. Bien, en cuanto al ámbito de aplicación de la misma ya
hemos dicho que será tanto a las instituciones ergonómicas de la Unión
Europea respetando siempre este principio de subsidiariedad y que los
Estados miembros únicamente se ven obligados cuando apliquen el derecho de
la Unión Europea. Tenemos que destacar también en cuanto a dos cláusulas
que son fundamentales, una la cláusula de salvaguarda o el mejor estándar
en cuanto a la aplicación de la carta y por otro lado la prohibición del
abuso de derecho. En cuanto a la cláusula de salvaguarda, el artículo 53
viene a recoger la cláusula de salvaguarda y de la aplicación preferente
del mejor estándar porque afirma que ninguna de las disposiciones de la
presente carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en su respectivo
ámbito de aplicación por el derecho de la Unión, el derecho
internacional y los convenios internacionales de los que son parte la
Unión, la comunidad o todos los Estados miembros y en particular el
convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales así como por las constituciones de los Estados
miembros. Por lo tanto, en definitiva, lo que nos está diciendo esta
cláusula de salvaguarda o mejor estándar es que en este sistema
multinivel de la Unión Europea se consagra la aplicación del mejor
estándar. Sin embargo, el Tribunal de Justicia rechaza o niega la
posibilidad que se puedan aplicar las previsiones del ordenamiento de
producción externa, en este caso la Constitución y la legislación
española, en lugar del derecho de la Unión Europea. En este caso, deniega
la aplicación del mayor estándar porque esta interpretación
menoscabaría el principio de primacía del derecho de la Unión. En este
caso, en definitiva, lo que trata esta cláusula de salvaguarda o mejor
estándar es que en ningún caso la propia Carta de Derechos Fundamentales
se convierta en algo limitativo de una mejora o ampliación de esos
derechos que pueda contenerse tanto en el derecho internacional como en el
propio de las constituciones de los Estados miembros. Sin embargo, esta
sentencia Mejoni, de 27 de febrero del 2013, parece negar esta
interpretación en virtud de ese principio de primacía del derecho de la
Unión que hemos visto anteriormente. En cuanto a ello, deberíamos –ahí
dejo ese punto de reflexión sobre el cual debatir– un principio de
primacia clausular de salvaguarda o mejor estándar que puede contener el
artículo 53 de la Carta de Derechos Fundamentales. Finalmente, en cuanto a
la prohibición del abuso del derecho, el artículo 54 de la Carta prohíbe
el abuso del derecho y dice, literalmente, ninguna de las disposiciones de
la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un
derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto
tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la
presente Carta. ¿Cuáles son las limitaciones más amplias de estos
derechos y libertades que las previstas en la presente Carta? Este
artículo 54 se relaciona directamente con lo establecido en el artículo
17 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Es un reforzamiento de las
garantías contenidas en la carta y es aplicable a todos los derechos
reconocidos en la misma. Es decir, no se trata de una clausula general de
abuso del derecho, sino que las previsiones del artículo 54 se refieren al
contenido de la carta y, por lo tanto, a los derechos fundamentales
incluidos en la misma, como a los principios que, igualmente, están
incorporados en la carta, pero a ninguna otra materia. Es decir, que lo que
pretende, en todo caso, esta prohibición del abuso del derecho respecto a
estos derechos contenidos en la carta y a estos principios que vienen
recogidos en la misma es impedir que el libre ejercicio de los derechos
fundamentales pueda dar cobertura a acciones cuyo fin sea, lo contrario,
impedir el ejercicio libre de cualquier derecho o sus legítimos titulares.
En definitiva, es algo tan simple como que la carta, en ningún caso, avala
que el ejercicio y el desarrollo de los derechos fundamentales y de los
principios contenidos en ella pueda servir de acuerdo en cuanto a su
invocación para limitar los derechos fundamentales de otras personas o en
otros ámbitos. Bien, y con esto daríamos por vista la lección 3 hasta su
punto 444, la prohibición del abuso del derecho, y el próximo día
continuaríamos con el Tribunal de Justicia y los Derechos Fundamentales,
la doctrina del Tribunal de Justicia y los Derechos Fundamentales, y
desarrollaremos ese mejor estándar, la cláusula de salvaguarda de mejor
estándar que hemos visto hoy, y la adhesión de la Unión Europea al
convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Muchas gracias y recordarles que, como siempre, quedo a su
disposición para cualquier consulta o planteamiento de dudas o cualquier
reflexión a través del apartado de tutorías.