Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta parte final de la sesión de
hoy, del seminario de hoy. Para esta parte final del seminario de hoy
tenemos el placer de contar con Manuel Delgado Iribarren. En fin, es muy
difícil presentarle en el breve tiempo que tengo, pero sí me gustaría
indicarles que Manuel Delgado es letrado de las Cortes Generales y
actualmente es director de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral
Central. Manuel Delgado ha sido, a lo largo de su vida profesional,
profesor en varias universidades, en fin, en la Universidad San Pablo CEU,
en la Universidad Carlos III y actualmente es profesor de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid. Entre sus especialidades, entre sus áreas de
especialización, pues estarían Derecho Electoral, por supuesto, del que
nos va a hablar, Derecho Parlamentario. Y también Derecho de la Unión
Europea. Y en esas tres áreas, por supuesto, ha publicado numerosos
artículos y también monografías en materia electoral. Quizás son
especialmente reseñables, especialmente destacables su código electoral y
su diccionario electoral, que creo que utilizamos todos los que nos
dedicamos a este área. Y también sus publicaciones, por supuesto, sobre
el derecho de sufragio de los españoles que se encuentran en el extranjero
de la LOREG, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. O sea que,
sin más, le doy la palabra a Manuel Delgado. Muchas gracias por estar
aquí y muchas gracias a todos ustedes por aguantar a estas horas. Porque,
como comentaba antes de entrar, uno puede venir a las siete y media a una
conferencia. Pero claro, venir a las siete y media a una conferencia cuando
ha empezado a las cuatro y cuarto de la tarde es una experiencia. Mucha
paciencia. Yo les agradezco mucho que puedan estar aquí conmigo. Yo voy a
intentar ser breve, yo voy a intentar exponer un poco las grandes líneas.
Tenía aquí incluso un powerpoint pero nos iba a llevar mucho rato. Y casi
mejor vamos a intentar centrar el tema que me ha tocado. El tema que me ha
tocado son novedades en materia de derecho de sufragio, la limitación del
voto de los españoles residentes ausentes y los acuerdos de cooperación
para el ejercicio del derecho de sufragio por los españoles. extranjeros.
Bueno, realmente yo creo que son dos temas y vamos a verlos sucesivamente.
Si les parece, inicialmente puedo plantear el primero y abrimos un cierto
debate y después quizá el segundo, porque son temas bastante distintos,
yo creo. Son, digamos, bastante distintos pero tienen una íntima
relación. ¿Por qué? Porque reflejan lo que se ha ido produciendo en los
últimos tiempos en esta materia. Esa globalización,
internacionalización, ese continuo movimiento que se produce hoy día
también ha afectado al derecho constitucional y en concreto al derecho de
sufragio. Y se ha producido, digamos, un fenómeno mediante el cual el
viejo dogma de la soberanía, es decir, el viejo dogma de que únicamente
los ciudadanos son los que mantienen el derecho de voto. Pues poco a poco
se ha ido cayendo en aras de una visión mucho más pragmática y mucho
más cercana. Parece que el voto debe ser de aquellos, de esa comunidad que
expresamente elige a sus representantes. Esto se ha ido incluyendo poco a
poco, por una parte, sobre las elecciones municipales. Es decir, se ha ido
estableciendo la posibilidad de que aquellos extranjeros que residen
permanentemente en un determinado lugar, pues en determinadas
circunstancias puedan votar. Sobre esto se han arbitrado diferentes
argumentos. Yo me referí simplemente a alguno. En primer lugar podemos
hablar del principio democrático y de la vieja idea de democracia y carga
pública. Es decir, la vieja idea recuerdan de los revolucionarios
norteamericanos, no taxation without representation, pues podríamos pensar
en esta misma situación. Es decir, qué sucede con el emigrante que está
residiendo en otro país y está sufragando, por tanto, y pagando sus
impuestos en ese país y trabajando en ese país. Por lo tanto, el
emigrante debe venir unido el derecho a poder participar en las actividades
públicas. Eso, digamos, yo creo que sería una de las líneas de apoyo. Y
la segunda de las líneas, pues es la de la integración social.
Integración social de las personas, de los inmigrantes, los que viven,
digamos, dentro del país, pues es bueno esa integración social que
también tenga una integración política y que de esa manera puedan
participar. Como saben, pues esto se fue imponiendo poco a poco. Fue
pionera Suecia en 1975 y nuestra Constitución de 1978 ya previó esta
situación. Lo saben, es el artículo 13.2 el que reconoce este tipo de
derecho. La posibilidad de que los extranjeros puedan, dice el artículo
13.2, siempre que la ley o el tratado internacional y de acuerdo con los
principios de reciprocidad así se establezcan. Bueno, por tanto en nuestra
Constitución, digamos, lo que hace es establecer tres criterios. La
reciprocidad, debe establecerse un sistema de reciprocidad entre lo que el
Estado, cada uno de los dos Estados reconoce respecto de sus ciudadanos, la
reserva legal o a un tratado internacional y, en tercer lugar, hace
también este artículo, lo reduce a dos tipos de elecciones, elecciones
municipales y al Parlamento Europeo. Esas son las únicas elecciones en
principio. Perdón, la Constitución habla únicamente de elecciones
municipales. Por ejemplo el Parlamento Europeo va a venir por otra vía, la
vía de la integración europea, se entiende que ello no supone, digamos,
contradicción con el artículo 13.2 de la Constitución. Bueno, lo que
sucedió es que esa de principio establecida en la Constitución tan sólo
se pone en marcha con determinados Estados. Estados, Noruega, que sigue
hasta ahora, y en aquel momento fue primero con los Países Bajos, no
recuerdo mal, y con Suecia, pero que donde realmente se llevó a cabo de
manera clara fue en el caso de la Unión Europea. A partir del Tratado de
Maastricht, el Tratado de Maastricht de 1983 es el primero que expresamente
reconoce el derecho de sufragio como parte del Estatuto de Ciudadanía
Europea. Los ciudadanos europeos van a tener el derecho a votar en otro
país siempre que tengan la residencia permanente en ese país y que opten
por ello. Esta es una idea importante, no se trata simplemente del
ciudadano que reside permanente en otro país, sino que debe haber una
opción por ese tipo de voto, porque eventualmente podría seguir votando
en su país si su legislación lo permite. Ese, digamos, es el criterio que
de manera clara se estableció a partir de la aprobación del Tratado de
Maastricht. Eso se incorpora. Y sabemos ya, y es una cosa conocida, cómo
los ciudadanos europeos han estado votando en España sin el menor problema
desde ese momento. En el caso de los ciudadanos europeos basta con tener la
residencia permanente en España. No es preciso tener que acreditar un
periodo de residencia. ¿Por qué? Porque lo dice así el propio Tratado. Y
por tanto, tanto en elecciones municipales como en el Parlamento. En el
Parlamento Europeo pueden votar. La novedad, lo demás si quieren era un
poco los antecedentes, la novedad es que en estas elecciones esto se ha
ampliado de forma muy importante. ¿Por qué? Porque se ha extendido a toda
otra serie de estados con los que se han suscrito diferentes tratados de
reciprocidad. En concreto, Colombia, Chile, Estados Unidos, Ecuador,
Paraguay, Perú, Nueva Zelanda, Islandia, Bolivia y Cabo Verde. Estos son,
digamos, los estados que, ¿con qué requisitos? Pues los requisitos,
digamos, a diferencia de lo que sucede con los ciudadanos comunitarios,
para que estos ciudadanos puedan votar deben optar por ello en los plazos
que se dan, que ahora me referiría a ello, y ese voto, digamos, perdón, y
que esa opción debe producirse siempre que el ciudadano pueda votar. Que
el ciudadano tenga una residencia permanente durante al menos cinco años
anteriores. Es decir, la gran diferencia es que lo que han hecho los
tratados de reciprocidad con estos estados, que reconocen esto mismo para
los nacionales españoles que residan permanentemente en estos estados, van
a poder votar también en las elecciones municipales de estos estados, es
la residencia de cinco años. En el caso de Noruega, que es el otro estado
distinto de los estados miembros de la Unión Europea, esa residencia
permanente es de tan solo tres años. ¿Por qué? Bueno, eso son las
negociaciones internacionales. Es decir, eso no podemos entrar en si es
bueno, si es malo, o si es mejor o peor. Lo que es cierto es que así es
como se establece. Hay otros dos tratados que han sido ya firmados por el
gobierno y que sin embargo no han entrado en vigor, porque están
pendientes de la autorización parlamentaria. Son dos tratados que nos
plantean, o que plantean en esencia, cuál es la interpretación que hay
que dar al requisito sustancial, requisito de fondo que establece la
Constitución. La Constitución dice, atendiendo a criterios de
reciprocidad. ¿Qué entendemos por reciprocidad? Bueno, sobre este tema,
como probablemente conocen todos ustedes, el gobierno planteó... Hace dos
años al Consejo de Estado solicitó un informe sobre tres o cuatro puntos
con vistas a una posible reforma electoral. Digamos, ese informe del
Consejo de Estado ha sido uno de los elementos que ha tenido en cuenta la
Comisión Constitucional, que ha estado trabajando también durante año y
medio, y que elaboró y aprobó un informe que es la base de la reforma
legal de la que estamos hablando. La reforma legal... La reforma legal que
están hablando todos los ponentes ahora, la Ley Orgánica 2 y 3 del año
2011, del año 28 de febrero, pues estas dos reformas son el resultado de
todo ese proceso. Bueno, pues en ese informe del Consejo de Estado, una de
las cuestiones que se le planteaba era qué se entiende por reciprocidad y
hasta dónde se puede llegar en esa línea. Y ahí el Consejo de Estado,
pues, y yo, cualquier interesado, no tenemos tiempo ahora para repetirlo
todo, pero hacía una amplia... digamos, una amplia exposición sobre el
criterio de reciprocidad, lo que se podía entender y demás. Y planteaba
la posibilidad de hacer una interpretación, que incluso dice así
literalmente, una interpretación laxa del criterio de reciprocidad.
Incluso utiliza este término. Esa interpretación laxa, que sería la que
estaría, digamos, en un extremo de la balanza, sería aquella que dijera,
basta para la reciprocidad el que el otro estado reconozca el derecho de
sufragio a los nacionales del otro, es decir, del correspondiente estado.
Ahora, las condiciones, pues no tienen por qué ser las mismas. La
reciprocidad estaría en el reconocimiento del derecho, no en las
condiciones concretas. Frente a esto, el criterio contrario sería el de
entender que... en ambos lados, ambos estados que firman ese tratado, deben
establecer las mismas condiciones para sus respectivos nacionales. Es
decir, lo que nosotros reconocemos aquí al ciudadano ecuatoriano, Ecuador
lo debe reconocer para el ciudadano español que reside en Ecuador. Si
aquí exigimos cinco años de residencia, pues es lógico que Ecuador
plantee cinco años de residencia. En todo caso, desde el punto de vista,
digamos, español, es muy raro. Lo que se plantea desde la perspectiva de
la reciprocidad es que, digamos, el nacional tenga al menos este tipo de
condiciones. Si son más favorables, eso evidentemente no afecta, creo yo,
a la reciprocidad. Es decir, lo que... donde podría empezar a ser
discutible es si Ecuador establece una restricción mayor a los españoles
que residen allí. Bueno, este es el problema que han planteado los dos
tratados que todavía no se han ratificado. Por eso me he referido aquí al
tema de la reciprocidad. Es decir, la reciprocidad es Hay dos tratados que
han sido firmados por el gobierno, pero han planteado dificultades. Es el
tratado con Uruguay, en primer lugar, y es el tratado con Argentina. Con
Argentina y Uruguay son los que en este momento están pendientes. ¿Por
qué? Pues porque en ambos casos, aunque de forma diferente, recogen
condiciones distintas que no son necesarias para que se Es un punto
esencial. Cinco años de residencia legal e ininterrumpida. ¿Qué sucede
en el caso de, en resumen, porque el tema si quieren es... En el caso de
Argentina, el mayor problema que se plantea es que esta regulación no es
una regulación estatal, sino que es una regulación en la que hay
especialidades en cada una de las provincias. Digamos, es una regulación
que está en parte recogida en regulaciones internas de las diferentes
provincias de Argentina. Y hay provincias que no reconocen este derecho. Es
decir, se puede dar la situación que puede haber españoles residiendo en
determinadas provincias argentinas que, de acuerdo con este tratado, no van
a poder votar en esas provincias argentinas. Esa es la diferencia. En el
caso de Uruguay la diferencia es distinta. Porque en el caso de Uruguay lo
que plantea el tratado ya son diferencias claramente distintas. Y como lo
que Uruguay reconoce a todo extranjero lo quiere aplicar, lógicamente,
también a España, lo que dice el tratado, en lugar de decir, como dicen
otros, los ciudadanos españoles en Uruguay tienen derecho a sufragio en
las asociaciones municipales, lo que dice es que se empieza diciendo, el
gobierno español solicita... solicita del gobierno de la República de
Uruguay que, de acuerdo con su legislación, los ciudadanos españoles
tengan el derecho de voto en las elecciones municipales de la República
Oriental del Uruguay. Y después hace una serie de referencias. Es decir,
el tratado no está reconociendo ese derecho, sino dice, es una mera
solicitud de lo que pudiera ser, al gobierno uruguay para que adoptara
medidas y demás. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Uruguay, si no estoy
equivocado, exige 15 años de residencia para cualquier nacional. Y además
una serie de condiciones y es que esté casado, es decir, bueno, casado, no
sé exactamente casado, pero que tenga una familia estable, es decir, hay
una serie de requisitos además de estabilidad en la permanencia en ese
determinado país. Regulación que evidentemente no se recoge en... en
España respecto de los uruguayos. Resulta curioso además el debate que se
produjo en la Comisión Constitucional, porque en la Comisión
Constitucional del Congreso, y lo pueden estudiar y ver si quieren, pues se
planteó este tipo de dilema. Y entonces ahí hubo, digamos, una...
digamos, dentro de un consenso general, pues ahí, digamos, el
representante del Grupo Popular planteó este tipo de problemas y entendía
que eso, en este momento, no reflejaba... principio de reciprocidad y que,
en consecuencia, pues no podría ratificarse. Y el representante del Grupo
Socialista hizo referencia, por el contrario, tengo por aquí incluso
alguna cuestión, hizo referencia a que efectivamente se producía ese tipo
de problema, que era un problema a tener en cuenta, pero planteó la
cuestión de si esto no se trataba de un problema político. Y por tanto,
que una decisión política... ...de una política mayoritaria pudiera
salvar este tipo de situación. Bueno, esto que indudablemente resulta
peculiar dar ese tipo de argumentación, en el fondo yo creo que después
se reflexionó y se pensó en la dificultad que sin duda puede tener
aprobar en esos términos, o ratificar en esos términos el tratado. Y la
cuestión ha quedado simplemente aplazada. Está en ese tipo de tratados
que está en el Congreso, está esperando, pues... ...no se sabe muy bien
qué. Supongo que un momento de reflexión o de búsqueda a ver si hay
algún otro procedimiento o forma de poder salvar la cuestión. Hombre, yo
creo que quizá el esfuerzo que hace, y si tiene ocasión de verlo, el
Consejo de Estado en su informe para procurar... ...hombre, no digo yo
procurar que el gobierno que le ha pedido este tipo de dictamen... ...pues
hombre, darle margen de maniobra, pero los esfuerzos que hace para intentar
restablecer que reciprocidad no quiere decir lo que prácticamente casi
todo el mundo entiende por reciprocidad... ...pues indudablemente resulta
meritorio. Porque claro, es verdad que la Constitución crea cierta
dificultad cuando habla que también se puede hacer por ley. Porque ahí es
donde viene quizá el problema. El artículo 13 dice que también por ley
se puede hacer. Entonces, aquí indudablemente, por ejemplo, el profesor
Santola... ...que le han tenido hoy aquí, si hubiera estado aquí
rápidamente hubiera querido después intervenir porque él defendía de
manera además clara la posibilidad de que ese reconocimiento lo pudiera
hacer la legislación electoral. Lo pudiera hacer la propia legislación
electoral, pudiese reconocer desde el punto de vista unilateral una serie
de condiciones para cualquiera de los estados. Hombre, yo creo que una cosa
es lo que dice la Constitución en nuestro reglamento jurídico. Y otra
cosa es lo que podemos pensar desde el punto de vista. Es decir, una cosa
es si la reciprocidad hay que mantenerla o no. Cuestión que yo creo que
evidentemente es discutible. Y otra cosa es qué es lo que sucede en este
momento. Desde el punto de vista de si nos interesa mantener la
reciprocidad o no, si es un concepto que ya está... se puede considerar
anquilosado. Yo creo que hay argumentos para defender que quizá, por lo
menos en España sí lo vemos. Yo he hablado con nacionales... ...de otros
estados, por ejemplo iberoamericanos, y no lo ven tan claro. Pero hoy día
quizá en España tenemos todo ese concepto de soberanía con toda la
integración europea bastante relajado. Y por tanto pensamos que quizá un
estado puede unilateralmente reconocer derechos aunque no se reconozca a
otros nacionales. En principio no nos choca, yo creo, desde el punto de
vista, digamos, ideológico. Sucede, sin embargo, que la Constitución dice
lo que dice. Y de la misma manera que ha habido que reformar... ...ese
mismo artículo 13 para permitir que los ciudadanos europeos puedan ser
candidatos, recuerdan, la única reforma constitucional que hemos tenido...
...pues a mí me parece que si uno quiere permitir que basta con que se
reconozca el derecho de su poder, es decir, esa interpretación laxa, en mi
opinión sería bastante discutible. Al menos desde el punto de vista de la
Constitución, pero en todo caso es mi opinión. Y además sobre esto
haría una última reflexión, que es la siguiente. A veces olvidamos lo
generoso que es la Constitución. La Constitución es nuestra legislación
en materia de otorgamiento de nacionalidad. A diferencia de lo que sucede
en otros países, en nuestra legislación civil es extremadamente generosa.
Es que es mucho más sencillo para un extranjero residente de España
adquirir la nacionalidad española... ...si son iberoamericanos, de
Filipinas, de Portugal, que tener la residencia para obtener el derecho de
sufragio. Como saben, nuestra legislación civil no es una legislación de
la Constitución. La Constitución en estos casos, con dos años, permite
adquirir la nacionalidad española. Entonces, bueno, y ya no solamente es
votar en las municipales, es votar en todas las elecciones. Entonces,
claro, muchas veces cuando nos queremos poner también, porque nosotros
somos especialistas generosísimos en este tipo de materias... ...olvidamos
que ya lo somos en un aspecto mucho más importante, nada menos que en la
concesión de la nacionalidad. Y que los nacionales, por ejemplo, de la
mayor parte de los estados con los que hemos suscrito tratado... ...de
reciprocidad, no todos, pero la mayor parte, a los dos años, mucho antes
de esos cinco años que se les exige para ejercer el derecho de sufragio...
...pues pueden simplemente adquirir la nacionalidad. Me parece que es una
reflexión que debemos tener en cuenta a la hora de tratar esta cuestión.
Un último punto en cuanto al derecho de sufragio. A veces no se transmite
bien cuál es el procedimiento para llevar a cabo esto y muchas veces hay
nacionales, por ejemplo colombianos... ...que plantean, bueno, ¿y yo qué
tengo que hacer para votar? Por desgracia en este momento nada. Nada,
porque ya no puedo hacer nada. Es decir, claro, fíjense, y esto a veces no
se entiende bien. El gobierno hizo una campaña de información, quizá a
lo mejor no todo lo extensa que pudiera ser... ...pero claro, en estos
casos los tratados dicen residencia legal e ininterrumpida. Y por tanto, no
se puede establecer, a diferencia de lo que sucede con los ciudadanos...
...los europeos no se puede establecer un censo permanente, sino que en
cada elección tienen expresamente que optar por ese voto. Y esa opción,
pues claro, exige esa residencia ininterrumpida. Que después será muy
difícil muchas veces de poder probar. Pero bueno, ¿qué quiero decir?
Pues que necesariamente hay que optar por ello. Y había unos plazos que
fueron, me parece que desde diciembre hasta finales del mes de enero...
...en los que tenían que llevar a cabo esa votación. Una vez transcurrido
ese plazo, pues ya no se puede. Esto es un límite que tenemos siempre,
igual que sucede con alguna otra persona... ...que de vez en cuando
también plantea, bueno, qué sucede si ese tipo de situaciones que
también conocerán... ...qué pasa cuando uno tiene que irse de España de
viaje justo en unas fechas en las que no va a poder votar ni fuera ni
dentro. Porque claro, el voto por correo no va a poder pedirlo porque no
está en los plazos... ...o donde se lo van a mandar no va a poder
recibirlo en plazo, pero tampoco puede darse de alta en el consulado para
poder votar allí. Bueno, efectivamente la legislación electoral de vez en
cuando tiene ese tipo de problemas. ¿Por qué? Pues porque se entiende que
la seguridad también en estas materias es muy importante. Esta
legislación, el procedimiento en materia electoral es tan importante casi
como el resultado. Es decir, hay que mantener una especial rigidez en esta
materia porque es una garantía. Una garantía fundamental del
procedimiento. Y en ocasiones, y por eso verán ustedes que la ley
electoral regula lo que ninguna ley orgánica regula. Hasta los detalles
más nimios. Es que dice hasta lo que tiene que decir el presidente de una
mesa electoral. Coge la papeleta y dice vota. Y la introduce. Un grado de
reglamentismo espectacular. ¿Por qué? Porque es una garantía. Porque es
una garantía y llega a un grado, repito, de detalle. Que normalmente no
sucede en otras cuestiones. Bueno, eso digamos sería un poco, si me
permite, una visión general de lo que supone, yo creo, el derecho de
sufragio activo. Las novedades que tenemos. Que no son novedades legales,
sino novedades de aplicación de nuestro ordenamiento. Las novedades no son
porque estaba en la constitución. Ha habido una serie de tratados y en
estas elecciones se va a producir ese incremento. Yo no sé si prefieren
que paremos aquí un momento y tratemos esto o acabo la exposición. Bueno.
Casi, casi yo creo mejor ya que estoy... Acabo la exposición entera y
abrimos después. En contra de lo que les había dicho inicialmente. Bueno,
vamos a intentar acá. Bueno, la segunda parte de la exposición se refiere
un poco, si quieren, al otro lado de la balanza. La cuestión es, ¿qué
sucede con los españoles que residen en el exterior? Es decir, ¿el
español que se va a residir fuera puede votar en las elecciones? Bueno, en
principio está claro. Está claro que sí. Tiene... Es ciudadano español
y cumple los requisitos previstos en nuestro ordenamiento. Es español,
mayor de edad y no está normalmente en ninguna causa de incapacidad que
recoge el artículo 2. No parece que es del artículo 2, 3. El 3, perdón.
De la ley electoral. Por tanto, no tiene ese problema. Lo que sucede, como
sabemos, es que además de cumplir los requisitos para poder ser elector,
después tiene que haber una organización de las elecciones. Y esa
organización de las elecciones se traduce, de manera especialmente
importante, en la articulación de un censo electoral, de un registro de
electores. El registro de electores es el censo, es decir, el registro que
nos permite determinar quién tiene derecho a voto. Y ese registro de
electores, ese censo, pues tiene desde el principio, desde el principio,
desde los orígenes en España, una clara separación entre los que residen
en España y los que residen fuera de España. Bueno, esto se ha aplicado
además desde los comienzos de nuestra... Fíjese que en contra de lo que
pudiéramos pensar nuestra Constitución, solamente respecto del Congreso
de los Diputados, reconoce el derecho de sufragio de los españoles en el
exterior. Fíjese que es el artículo 68. El artículo 68.5 dice, son
electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus
derechos políticos. Y dice a continuación, la ley reconocerá y el Estado
facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se
encuentren fuera del territorio de España. Es decir, la Constitución
reconoce expresamente que para las elecciones al Congreso de los Diputados
hay que tener un derecho de sufragio. Hay que articular los mecanismos
necesarios para que el que reside en el exterior, y lógicamente reside de
forma permanente y por tanto se da de alta en lo que tenemos para poder
acreditar que esa persona reside en el exterior, en el registro de
matrícula consular, en el consulado se da de alta, pues esa persona tiene
derecho a votar siempre en las elecciones al Congreso. Es reconocimiento
constitucional. No así en cualquiera de las elecciones. En las demás
elecciones el reconocimiento viene por vía legal. Es la ley orgánica del
régimen electoral general la que estableció de manera general este mismo
mecanismo para todo tipo de elecciones. Bueno, esta cuestión, esa
extensión universal establecida en la ley orgánica del régimen electoral
general además estuvo sujeta a un procedimiento que en aras de facilitar
el derecho de sufragio y el derecho de voto de estas personas, pues lo que
hizo fue simplificar el procedimiento. Establecer un procedimiento muy
sencillo para poder votar. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que claro,
el procedimiento es un procedimiento con unas mínimas garantías, tal y
como estaba recogido hasta ahora. Mínimas garantías que, no se lo voy a
contar entero, lo tienen, lo conocen muchas veces y lo... Pero fíjense que
la idea es, así como por ejemplo cuando uno tiene que votar por correo en
España, tiene que identificarse hasta dos veces, saben cualquiera que haya
votado por correo, tiene primero que acudir a la oficina de correos
identificarse y tiene que acudir personalmente. Y si no acude
personalmente, tiene que un notario expresamente recoger que esta persona
solicita el voto por correo. Y con eso ya otra persona va a poder solicitar
en su nombre ese tipo de voto. Primer elemento de identificación personal.
Y hay un segundo elemento de identificación personal cuando a uno le manda
la oficina del censo electoral, le manda la documentación. Le manda la
documentación con las papeletas, los sobres, también tiene que
identificarse y si no está en su domicilio tiene que acudir otra vez a la
oficina de correos. Por dos momentos hay un funcionario de correos que
identifica a esta persona. Y además muchas veces, como me consta, son
tremendos, tremendos de rigurosos en llevar a cabo este tipo de criterios.
Bueno, comparemos. ¿Qué es lo que pasaba hasta ahora respecto del... los
residentes en el exterior? Pues la situación era completamente distinta.
Fíjense, salvo en las elecciones municipales, en todas las demás
elecciones, la oficina del censo electoral remitía de oficio a la
dirección que constaba en el censo de residentes ausentes mandaba ya la
documentación electoral, es decir, las papeletas y los sobres de esa
persona. Claro, ¿en qué se basaba la oficina del censo electoral? Bueno,
pues en ese registro de matrícula consular de todos los consulados que
periódicamente los consulados cada mes tienen que remitir a la oficina del
censo electoral las actualizaciones. La remiten y con eso el censo va
elaborando y va manteniendo al día ese tipo de actualización. Esa
documentación que recibe la persona o quien sea, lo que hace simplemente
es introducir la papeleta de votación, la papeleta del partido que
interesa, y eso se remite por correo, por correo certificado. Hay dos
posibilidades con algunos estados con los que hay acuerdo de reciprocidad,
pues en ese caso no hay que pagar, sino que es a franqueo en destino. Con
los demás se introduce, digamos, una vez que la cantidad concreta que le
puedan cobrar por eso se introduce dentro para que se lo devuelva, se
introduce en el recibo, se introduce en la documentación para que las
juntas puedan remitir al Ministerio Interior y devolver los gastos. Encima,
un sistema de deducción de gastos para que sea gratuito, claro. Y eso se
envía. Y se envía a las juntas electorales que proceden a la elección.
En resumen, en este procedimiento no hay ninguna identificación personal.
Ninguna. Perdón. Puede no haber ninguna. ¿Por qué? Porque depende del
correo del país en concreto al que se mande. Porque evidentemente, la
Oficina de Ciencias Electorales esto lo remite por correo certificado. Pero
claro, no siempre los servicios de correo funcionan de igual manera. ¿Qué
problemas se podían plantear? Y se planteaban, de hecho. Pues que
cualquier persona pudiera votar por esa persona. Si, por ejemplo, esa
persona ha cambiado de residencia, si esa persona ha muerto y en un momento
determinado la Oficina de Ciencias Electorales, la Junta Electoral Central
obligó a hacer una revisión en detalle de todas esas personas que
parecían años. Que es que las había. Porque claro, fíjense la
diferencia. Si una persona fallece en España, el encargado del registro
inmediatamente lo comunica. No tiene el deber de comunicarlo. Pero claro,
si una persona fallece en el exterior, ¿quién lo comunica? ¿Los
familiares se acuerden de ir al consulado, comunicar al consulado para...?
Pues unas veces sí y otras veces no. Es mucho más difícil. No tiene el
automatismo que tiene en los demás casos. Y por tanto, aquí había la
posibilidad lógica de poder manipular ese voto. Además, ¿qué es lo que
sucede? Que esos envíos, claro, la Oficina de Ciencias Electorales los
mandaba de manera conjunta. Y eso también plantea problemas de la
posibilidad de que esas sacas pues se pierdan. En el momento de llegar a un
país se pierdan esas sacas. Yo eso lo he escuchado. Evidentemente no
tengo... Pero ese problema puede existir. Llega un determinado país y esa
saca se puede a lo mejor hasta vender. Porque yo no tengo constancia de lo
que estoy diciendo. Estoy planteando posibilidades que se pueden plantear.
Y ese tipo de situación, ¿uno cómo la conoce después? Pues que recibe
protestas de electores. Oiga, que no me ha llegado el voto. Que no me ha
llegado el voto. Claro, eso algunos mandan. Otros pues ni lo mandan. ¿Y
cómo puede uno...? Estás hablando del... Se ha ido a correr otro país
que es muy difícil controlar aquello. Es decir, no quiero decir con esto
que la situación se produzca necesariamente así. Pero se puede producir.
¿Qué es lo que sucedía? Lo que sucedía es que el voto cera era un voto
minúsculo dentro del procedimiento electoral. Entonces, cuando este
sistema se establece, la cuestión es que su importancia era mínima.
Porque apenas tenía repercusión. Y era mucho más importante digamos
el... Hombre, la integración del español que estaba fuera. El sentirse
que podía participar en los procesos electorales y demás. Que, bueno pues
esas menores garantías vamos a decir que existían. Lo que sucede es que
eso ha cambiado completamente. Ha cambiado de una manera absolutamente... Y
lo que antes era una cifra mínima. Yo por ejemplo tengo por aquí algún
dato que siempre a veces los datos ayudan... No sé si me lo he llegado a
traer o no. Al final no lo he traído. Pero quiero decir de las primeras
elecciones que a lo mejor en el censo electoral voy a hablar un poco de
memoria pero si a lo mejor había 200.000 300.000 españoles inscritos,
pues en unos cuantos años pasó de 200-300.000 a un millón y medio.
Claro, fíjense, es que son cinco o seis veces más. Además claro, la
legislación española que como sabemos es tremendamente generosa en
materia de concesión de nacionalidad después con la famosa ley de la
memoria histórica esto se amplió de una manera espectacular. Y claro,
¿todo eso qué hace? Pues que sean muchos más y que se puedan decidir las
elecciones no en unas generales, es muy difícil. Ni siquiera en unas
autonómicas. Ni siquiera en unas autonómicas quizá Canarias Galicia, son
los dos porque son donde más hay residentes. Canarias y Galicia quizá
puede ser el elemento. Indudablemente en elecciones municipales. En
elecciones municipales ahí es evidente. Yo creo que en autonómicas
únicamente Galicia y Canarias son los que tienen tenían una cifra
importante como para poder decir. Y efectivamente en Galicia estaba
recordando, en Galicia cambió un escaño en las últimas elecciones. Y
estuvo a punto de cambiar la mayoría porque se quedó a uno. Bueno. Claro,
se me puede decir a esto, hombre este tipo de criterio, pero claro, si la
gente vota. Claro, vamos a ver. No se trata que no puedan votar pero
tenemos que tener un procedimiento que tenga garantías suficientes.
Garantías de identidad de quien vota. No se trata de suprimir este derecho
sino garantías de identidad. ¿Y qué es lo que ha hecho la reforma?
Porque aquí sí que ha tocado la reforma. Este era uno de los puntos
esenciales de toda la reforma electoral. Estaba en el informe que el
Gobierno pidió al Consejo de Estado y ha sido uno de los puntos centrales
del informe de la Comisión Constitucional y después de la Ley Orgánica 2
barra 2011. ¿Qué es lo que ha hecho? Digamos un poco en síntesis para no
extenderme más de lo que ya me estoy extendiendo. Fíjese, primera
cuestión que ha hecho. Ha excluido este voto para las elecciones
municipales. Elecciones locales, perdón. Más que municipales. Los
residentes en el exterior van a poder votar en elecciones generales en
elecciones a paramento europeo y en elecciones autonómicas si las
comunidades autónomas así lo deciden. Hasta ahora lo mantenían todas y
lo han mantenido todas, pero en principio desde el punto de vista del
Estado yo creo que no hay motivos como para limitar eso. Podrían decidir
que no. Pero no así en elecciones locales. En locales me refiero no
solamente municipales e inframunicipales sino también supramunicipales. Me
refiero cabildos insulados populares, territorios históricos etcétera.
Bueno. Aquí digamos fíjense esto era una propuesta del propio Consejo de
Estado. En el informe del Consejo de Estado era una recomendación suave
digamos. No era una recomendación formal pero planteaba al gobierno que
analizase la oportunidad de que a cambio de la extensión del derecho de
sufragio en elecciones municipales a quien no vive y reside pues también a
quien no vive y reside en un municipio pues parecía un poco contradictorio
que quien no vive y reside en un municipio pueda decidir sobre ese
municipio. Máximo porque en la mayor parte de los casos esas personas que
no viven y residen no pagan impuestos en España. En la mayor parte de los
casos. Entonces todo lo que decíamos de no taxation without representation
no representation without taxation pues aquí sería un primer elemento. Y
hay otro tipo constitucional y es que lo dice la propia Constitución en
los municipios los concejales serán elegidos por los vecinos. Estas
personas no son vecinos. No son vecinos. Formalmente hay una adscripción
en el censo al último municipio de residencia. Eso de aquellos que antes
han estado en España porque es que estamos hablando de muchas personas que
están en el CERA y nunca han pisado España. Son hijos de personas que han
nacido fuera que además en muchísimos casos de los que les estoy hablando
tienen doble nacionalidad. La nacionalidad efectiva es la otra, no la
española pero mantienen la nacionalidad española. Como saben nuestra
legislación dentro de esa generosidad permite que si tú optas digamos si
tú adquieres una nueva nacionalidad si es de un país iberoamericano y
demás te permite mantener la nacionalidad española. Bueno, todo esto han
sido argumentos suficientes para que se haya adoptado este tipo de
discurso. Esa es la primera medida. La segunda medida en respecto del resto
de elecciones pues se han establecido una serie de cuestiones que yo creo
que son importantes porque manteniendo el derecho de voto lo que ha
permitido es aumentar las garantías. En primer lugar, se ha establecido el
voto rogado, es decir el voto lo tiene que pedir la persona que reside
fuera, es decir lo mismo que tiene que hacer el extranjero residente
permanente en España que quiere votar en las elecciones municipales lo va
a tener que hacer estos electores. El sistema de todas maneras es un
sistema sencillo no piensen ustedes que uno tiene que acordarse ir al
consulado, no. Esas personas van a recibir en su domicilio la
documentación para poder pedir el voto. La Oficina de Atención Electoral
se lo va a mandar a estas personas para que rellenen un folleto y
acompañando a esta petición documento nacional de identidad copia del
documento nacional de identidad copia del pasaporte o de algún certificado
consular que permita identificar a esa persona. Primera idea, por tanto hay
una cierta, es decir esa persona tiene que no solamente pedirlo sino
además de alguna forma acreditar por lo menos vive y tiene algún tipo de
conexión con algún tipo de certificación que pueda presentar. Segunda
cuestión ha cambiado también de forma muy importante el procedimiento.
¿El procedimiento qué es lo que ha hecho la reforma? Ha combinado dos
elementos ha mantenido el voto por correo se va a seguir votando por correo
pero ese voto por correo va a ir dirigido a los consulados no va a ir
dirigido directamente a las juntas.