Bueno, pues vamos a continuar con el seminario. Como adelantó la
profesora Marcos, a continuación José Ramón Díez presentará un
análisis de la regulación jurídica de las voluntades anticipadas en las
distintas comunidades autónomas. José Ramón Díez es licenciado en
Derecho por la Universidad de León, diploma de Estudios Avanzados por el
Departamento de Filosofía Jurídica de la UNED y experto en Bioética y
Derecho Sanitario también por esta universidad. Ha trabajado como abogado,
actualmente se encuentra realizando la tesis doctoral sobre las excepciones
al consentimiento informado en el ámbito médico y además es profesor
tutor de la UNED de las asignaturas de Derecho Constitucional y Teoría del
Derecho. Es autor de diversas obras tales como El Estatuto del Paciente y
No Mateis a Caín y otros alegatos acerca del buen morir. Y además ha
participado como ponente en varias conferencias sobre eutanasia y derecho
de los pacientes. Tiene la palabra don José Ramón Díez. Muchas gracias
Ana por su presentación. Bueno, yo también participo del proyecto de
investigación y como veis está el anagrama no solo de la UNED sino del
Ministerio y también el anagrama que decíamos anteriormente o que os
explicaban anteriormente del proyecto de investigación. Yo tengo por buena
o mala costumbre empezar haciendo o poner alguna frase de reflexión social
o sobre todo de crítica social. Y hoy, no piensen ustedes que me he vuelto
loco, voy a empezar leyendo el Quijote. Y concretamente hay un apartado
cuando don Quijote es vencido por Sanzo Carrasco, que era un hidalgo de su
pueblo que solo pretendía que este hombre volviera y por lo tanto había
que derrotarlo para que en su promesa del que el que venciera se sometería
a la voluntad del otro. Cuando resignado dice que vuelve a su pueblo, le
contesta Sancho Panza. Tan de valientes corazones es señor mío tener
sufrimiento en las desgracias como alegría en las prosperidades. Y eso lo
juzgo por mí mismo que si cuando era gobernador estaba alegre, ahora que
soy escudero de a pie no estoy triste. Porque he oído decir que eso que
llaman por ahí fortuna es una mujer borracha y antojadiza y sobre todo
ciega. Y así no ve lo que hace, ni sabe a quién derriba, ni a quién
ensalza. Y con esto, señores, no me refiero a los torneos futbolísticos
donde tan pronto los del Madrid ganan la Copa del Rey como el día
siguiente pierden la Champions. Sino a, como la vida misma, la diosa, mejor
dicho, para no incurrir en ningún tipo de sacrilegio, la rueda de la
fortuna tan pronto nos ensalza como... Nos hunde y yo creo que el éxito de
la vida a veces está en tratar, en la medida de lo posible, ambas con la
misma indiferencia si es posible. Y me refiero porque cuando más nos
podemos sentir hundidos es cuando tenemos una enfermedad grave. Y por eso
quería hacer una pequeña referencia a esta cita que me parecía
interesante. Sobre todo cuando si cuando era gobernador estaba alegre,
ahora que soy escudero de a pie no estoy triste. Bien, voy a seguir, aunque
ya prácticamente hemos hablado un poquitito y han avanzado un poquitito a
hablar de autonomía, todo lo que es las instrucciones previas. Yo podría
definir las instrucciones previas como una declaración de voluntad
anticipada por el cual una persona manifiesta los tratamientos o sus deseos
o preferencias respecto a los tratamientos sanitarios que le deben
desarrollar. ser aplicados. Luego veremos también que también la
normativa permite que se nombre un representante, permite también en
determinados supuestos que se determine el destino del cuerpo, etcétera.
¿Quién es el destinatario de esas instrucciones previas? Pues el
destinatario de las instrucciones previas es el equipo médico-sanitario
que tiene que atender a ese paciente. ¿Y cuándo operarán exclusivamente
las instrucciones previas? Pues cuando efectivamente el sujeto esté
privado de capacidad, porque si está con capacidad debemos atender a su
voluntad y al consentimiento informado, que prevalecerá en estos casos
sobre las voluntades anticipadas que hubiera realizado. ¿Por qué? Porque
sólo se aplica cuando el sujeto esté privado de esa capacidad. Haciendo
un breve reseña histórica, aunque ya también nos ha adelantado Ana
María Marcos, la primera configuración, por decirlo de alguna manera,
desde el punto de vista histórico la tenemos en Estados Unidos, donde un
abogado de Chicago, Luis Cárner, en 1967 vino a elaborar una especie de
documento. En ese documento, dirigido a enfermeros terminales, podían
indicar aquellos tratamientos que no deseaban que pudieran ser aplicados
cuando perdieran la capacidad. Eso posteriormente pasó a la Ley sobre
Muerte Más Natural de 1976 y sí me gustaría ver un poquito los
requisitos que preveía salir de muerte natural, porque luego veremos y
compararemos primero con la ley estatal y luego con las autonómicas los
que se preveía ya en esa primera relación. Hablaba de una persona de edad
adulta y con capacidad suficiente pudiera darse un tratamiento de muerte
más natural. ¿Qué es lo que se preveía? Debería dar instrucciones
escritas a su médico en supuestos de enfermedad terminal o estados de
inconsciencia permanente. Y debía ser firmado por dos testigos, ninguno de
los cuales debía ser familiar desde el paciente y necesitaba además su
periódica renovación cada cinco años sin perjuicio de poderse revocar en
cualquier otro momento. Eso posteriormente pasa a otro tipo de figuras en
otros estados americanos como en Kansas, Se habla del durable power
attorney, que es una especie de representante más que expresión de la
voluntad anticipada. De ahí pasa al resto de Estados Unidos, a Canadá,
determinados estados de Canadá como Manitoba, Alberta o Terranova, Nueva
Escocia, empiezan a regular esa materia. ¿Y cómo pasa eso al ámbito
europeo? Pues con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y
la Dignidad del Ser Humano en la Aplicación de la Medicina, de 4 de abril
de 1997, que como han indicado anteriormente, nuestro país lo ratifica y
entra en vigor a partir del 1 de enero del año 2000. ¿Cómo pasa eso a
nuestro ordenamiento jurídico? Aunque ya existía en la Ley General de
Sanidad alguna indicación respecto al consentimiento anticipado, el
consentimiento informado. Perdón, el consentimiento informado de los
pacientes no había ninguna mención específica respecto a las
instrucciones previas. Las primeras formulaciones en España, como
antecedentes muy remotos, algunos modelos que pretendían tener una cierta
legitimidad de una asociación, la Asociación por el Derecho a Morir
Dignamente, y las primeras regulaciones que empiezan a regular o a
desarrollar el Convenio de Oviedo, se hace al revés de lo que debería
haber sido normal. Es decir, en vez de aparecer una ley básica estatal y
posteriormente desarrollo de comunidades autónomas. Pues empieza por la
primera ley, que fue la ley catalana, posteriormente hubo otras
legislaciones, no recuerdo mal, la gallega, la navarra, etcétera, y
posteriormente es cuando aparece la ley española. La ley 41-2002 de 14 de
noviembre. En cuanto al término testamento vital, quizás sea el más
común, el más conocido y el más rimbombante, pero quizás a lo mejor
también es el más impreciso. Porque si nos vamos en... ...técnica de
puridad legislativa, el testamento conforme al artículo 167 del Código
Civil es el documento por el cual una persona... dispone de sus bienes para
después de su muerte. Y sin embargo aquí no estamos hablando de disponer
de sus bienes, sino de disponer de aspectos personales, de la propia vida
del sujeto o de su integridad y tampoco produce efectos mortis causa, sino
que produce efectos mientras el sujeto esté vivo, a diferencia del
testamento que sólo producirá efectos cuando el sujeto esté muerto.
¿Cuál es el resumen de la legislación aplicable en nuestro ordenamiento
jurídico actualmente? Pues el convenio de Oviedo en el artículo nuevo que
anteriormente nos ha indicado Ana María, donde se habla de los deseos
expresados anteriormente, la ley 41-2002 en el artículo 11, que lo
veremos, el real decreto que regula y desarrolla lo que es el registro
estatal y la diversa legislación. Bien, voy a empezar a analizar un poco
la ley estatal, porque antes de conocer las autonómicas tenemos que
determinar cuál es el marco de la legislación básica, que como
legislación básica no podría ser contradicha por las legislaciones
autonómicas. Bien, habla de que el documento de instrucciones previas debe
ser otorgado por una persona mayor de edad. Y aquí, a mí y a enormes
juristas nos han planteado una serie de dudas. Cuando se dice mayor de
edad, teniendo en cuenta la legislación general, artículo 323 del Código
Civil, si no recuerdo mal, que equipara para regir su persona y bienes al
mayor de edad al menor emancipado, ¿deberíamos de aplicar ese precepto?
Segunda cuestión, y siguiendo con la norma... ...de la normativa general.
El artículo 1263 del Código Civil habla, o lo mismo, entiende que pueden
prestar consentimiento los menores no emancipados. También, si tratáramos
de aplicar de forma supletoria la normativa del testamento, el propio
Código Civil permite a los mayores de 14 años otorgar testamento.
Incluso, en los supuestos de incapaces, el artículo 210 del Código Civil
dice que la sentencia determinará la extensión y límites de esa
incapacidad. Y, si no hay nada previsto, podríamos entender qué tan bien
cabría en ese aspecto. Pues bien, yo creo que la voluntad del legislador
ha sido bien clara en establecer la mayoría de edad. Primero, porque esto
ya fue planteado en el Congreso y, concretamente, si no recuerdo mal, la
enmienda número 46 presentada en aquel momento por el Grupo Socialista
pretendía que los menores emancipados también tuvieran ese
reconocimiento. Y fue desechada. Con lo cual, entiendo claramente que la
voluntad del legislador es entender que el sujeto, el sujeto acumula una
serie de experiencias vitales que tiene una cierta madurez y que puede
tomar una decisión tan trascendente como decidir sobre su futuro en
materia de tratamientos médicos cuando se vea privado de capacidad. De
hecho, tampoco esto es tan extraño a la legislación común porque el
propio 323 dice que el emancipado le autoriza a regir su persona y bienes
como si fuera mayor, pero hay determinados supuestos, incluso de carácter
económico, que dicen, pero para determinados supuestos, como grabar en
general bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales o
objetos extraordinarios de valor, se va a necesitar, en todo caso, el
consentimiento del curado. Mayores dudas planteaba el tema por la propia
regulación que establecía la propia ley básica 41-2002 de autonomía del
paciente, con la cual, que ya también anteriormente nos ha adelantado un
poco Ana, cómo regula el consentimiento de los menores y yo soy
tremendamente crítico con ella y hace poco, en unas jornadas que hemos
tenido, la he criticado fuertemente porque, absolutamente claro, está muy
bien. Más y menos cuando hay algunos que dicen, oiga, ¿cómo es posible
que el testamento vital, que es un consentimiento anticipado del propio
paciente, que incluso la ley 41.2002 la regula en el mismo capítulo y en
el mismo título que el propio consentimiento informado, que viene a decir
que es una modalidad de consentimiento informado anticipado, permita que el
mayor de 16 años pueda actuar prácticamente para casi todos los actos de
la vida como si fuera mayor en el ámbito sanitario y no se permita, por
ejemplo, para las instrucciones previas. Yo, como decía y a modo muy
puntual, pero a modo de ejemplo, si nos atenemos al tenor literal del
artículo 93 de la ley 41.2002, dice, cuando el paciente menor de edad no
sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la
intervención es cuando se exige el consentimiento por sustitución. Oiga,
dice, cuando el paciente menor de edad no sea capaz, oiga, ¿y si es capaz?
¿Qué estamos intentando trasladar al médico algún tipo de
responsabilidad que determine si es capaz o no es capaz? Con lo cual, yo
soy mi crítico con esa redacción. Pero después se dice, oiga, y es que
aún así, cuando tiene más de 16 años consentirá siempre él y no se
considerará o no se atenderá a la consideración de sus familiares. Dice,
eso sí, salvo hasta hace bien poco, y derogado por la ley de, la vigente
ley del aborto que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, decía,
salvo para los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo y los
otros supuestos se siguen pidiendo las técnicas de reproducción asistida
y los ensayos clínicos. Oiga, pues no estaba usted diciendo que era capaz
y que si tenía 16 años era capaz para comprender, oiga, ¿y esto no es
capaz de entenderlo o qué? Pero luego además decía, y dice la propia
ley, pero incluso en esos casos cuando se trate de actuaciones de grave
riesgo, oiga, entre comillas, ¿qué es grave riesgo? ¿Qué es grave
riesgo? ¿Quién lo determina? ¿Cómo se determina? ¿Qué es? Cuando se
trata de grave riesgo, entonces sí que hay que huir a los padres. Pero no
estamos hablando de capacidad y ahora me está usted hablando de grave
riesgo. ¿En qué no estamos de acuerdo? Creo que son distintos parámetros
y, por lo tanto, quiero hacer ese hincapié en el consentimiento, en la
crítica que regula el propio consentimiento, en la propia ley estatal para
el consentimiento informado en general, para decir que teniendo en cuenta
incluso las propias excepciones que establece la propia ley para incluso
esos mayores de 16 años, pues entiendo que esta es una excepción más y,
por lo tanto, no podrán otorgar conforme a la ley estatal los menores de
edad instrucciones previas. Luego veremos qué pasa en las comunidades
autónomas porque esto se va a complicar un poco más. Segunda cuestión.
Los límites de las instrucciones previas están perfectamente
determinados. Están determinados en el artículo 11.3, que son el
ordenamiento jurídico. Claramente no podemos vulnerar el artículo 143 del
Código Penal, es decir, no queda amparado en el testamento vital ninguna
actuación relativa a la cooperación auxiliar-suicidio y, por lo tanto, no
serán aplicadas y no se van a obedecer aquellas instrucciones previas que
contengan dicha aplicación. Dice también la ley con el límite de la les
artis. Oiga, el límite de la les artis, ¿qué es lo que pretende
comprender? pues un problema con los testigos de Jehová que además suelen
ser los que suelen utilizar el tema de las instrucciones previas con una
cierta seriedad y es que algún sector nacional decía, oiga, mire usted,
mientras un testigo de Jehová esté perfectamente consciente aunque haya
una posibilidad de realizar un trasplante de sangre y eso le pueda salvar
casi con una certeza muy amplia la vida si él se niega y está consciente
no podrá hacerse. Sin embargo hay algunos que han dicho, oiga, pero si no
está consciente aunque lo hubiera manifestado en instrucciones previas
¿podría ser eso una petición excéntrica contraria a la lesartis cuando
hay una certeza de que esa actuación le puede salvar la vida? Bueno, aquí
si atendemos exclusivamente a la teoría del propio consentimiento
informado el propio consentimiento informado forma parte de la lesartis
médica y hay varias sentencias en el Tribunal Supremo que dicen que hay
que atender al consentimiento y cuando se atiende al consentimiento se
está infringiendo esa lesartis médica con lo cual esa contrarrestación
la podrían tener el argumento este correspondiente. No obstante, ya Ana y
posteriormente también yo hablaré un poquitito muy sucintamente de
algunas sentencias donde esto ya ha pasado Y tercero, cuando hay una falta
de corresponsabilidad entre el supuesto derecho previsto en el momento de
autorización y el momento en que se va a su realización Y aquí me
plantean a mí un montón de dudas ¿Qué quiere decir esto? Que si yo
otorgo testamento vital por hablar en el término común si yo planteo o
hago testamento vital porque tengo una enfermedad, ejemplo cáncer y no
quiero que se me apliquen en su caso determinados tratamientos o lo que
sea, o que se me apliquen y salgo del hospital y tropezo la escalera y me
caigo y tengo Y eso, si hago alguna mención genérica, como en muchos
aspectos y en muchos modelos de las comunidades autónomas, incluso de los
sujetos, no quiero que se me apliquen tratamientos extraordinarios. Oiga,
¿eso es aplicable? O si tengo un accidente de tráfico, yo estaba pensando
en otra circunstancia, en otro tipo de tratamientos, he hecho una mención
genérica de carácter global, y eso, ¿qué hacemos? Oiga, ¿qué hacemos?
¿Podría exigirle a algún familiar responsabilidad al médico por hacer o
no hacer, por respetar o no respetar las instrucciones previas? ¿O porque
entienda que no tenía que haberse respetado? Y en los casos de
obsolescencia, veremos luego que una de las cosas que voy a plantear es la
necesidad de su periódica actualización. Oiga, yo, con 40 años, sano
perfectamente, otorgo un tratamiento... Por ejemplo, mis padres tienen un
familiar que tiene una enfermedad, un cáncer, se le aplican determinados
tratamientos que veo que son muy dolorosos, que tal, que no tienen mucho
éxito, y resulta que, con los avances de la ciencia y de la técnica, ese
tratamiento, que inicialmente era un tratamiento extraordinario, muy
doloroso y poco eficaz, resulta que más adelante es un tratamiento
ordinario, muy eficaz y poco doloroso. Y yo he indicado, no se me aplique
este tratamiento. Oiga, ¿y el médico? ¿Qué hace? Si la atiende a la
voluntad o las instrucciones previas, o si no la atiende porque entiende
que están obsoletas y que se han aplicado en un momento distinto al cual
las ha otorgado el sujeto, puede encontrarse con alguna demanda de
responsabilidad. Luego veremos también qué pasa con estos temas. Pero yo
entiendo que son aspectos que debemos plantear. Yo entiendo que, por
ejemplo, los supuestos... o su adolescencia si el médico está facultado
para aplicar esta excepción, cuando sobre todo esa adolescencia es
evidente. Otra cosa es que a lo mejor habría que tener los informes
técnicos y todo lo que fuera suficiente para evitarnos cualquier problema,
sobre todo en materia de responsabilidad que posteriormente ese indeponente
y que es experto en esa materia os podrá adelantar. ¿Qué han hecho las
comunidades autónomas? Pues las comunidades autónomas para esto no han
previsto oiga, ¿y en qué supuestos otorga usted esto? Bueno, pues hay
muchos que lo que hacen en vez de establecer determinados supuestos,
establecen determinadas situaciones clínicas con independencia de la
causa. Por ejemplo, hay algunas que dicen que el sujeto elija que se le
aplique, por ejemplo, cuando tenga determinadas dolencias, bajo un apartado
titulado situaciones sanitarias en que deseo que se considere este
documento. Dice, deseo que se me considere cuando tengo daño cerebral
severo irreversible, entre paréntesis coma irreversible, estado vegetativo
y tal, o deseo que se me aplique en casos de enfermedad en fase muy
avanzada y auterminal, ya sea cáncer, situación avanzada, enfermedad
degenerativa etcétera, y va cada sujeto diciendo, en esta sí, en esta
también, en esta no. Bueno, pues, eso a lo mejor son cuestiones que
tendremos que ir mejorando también respecto de los modelos que existen en
estas comunidades autónomas y que después veremos algunas de ellos. Pero
siguiendo con la ley estatal como os decía, para mí es importante que
haya una periódica actualización precisamente por lo que acabo de indicar
por los tratamientos que pueden quedar o las instituciones que pueden
quedar obsoletas pero sobre todo también porque las propias, como veremos,
la propia ley estatal viene a establecer viene a establecer que se puede
nombrar un representante y ese representante que el día de hoy puede ser
mi mujer, que es mi persona más leal y fiel compañera dentro de siete
años hemos discutido si es mi más fiel enemiga y yo no he cambiado esas
instrucciones previas Y la persona que va a determinar si hay algún
problema interpretativo con ese tema va a ser esa persona. Y por eso os
quería haber leído la ley de muerte natural en su configuración inicial,
la primera ley que hubo regulando esta materia, donde sí preveía su
actualización periódica cada cinco años. Y de hecho, por ejemplo, la ley
francesa también prevé la actualización cada tres años. Yo creo que
esto es una disposición que debería de haber previsto la propia ley
estatal como garantía esencial del ejercicio del derecho por ser una
actuación básica en la materia. Pero siguen los problemas en la ley
estatal, que luego veremos que se incrementan con las leyes autonómicas,
que es la figura del representante. Hablábamos de que la propia ley dice
que se puede designar un representante y dice para qué. Que llegado el
caso sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario, y
ojo, señalo, para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.
Para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. ¿Qué quiere
decir eso? Que las instrucciones previas tienen que estar previamente
manifestadas. Y por lo tanto, la labor de ese representante es la de un
mero albacea, mandatario, llámese la figura que corresponda, encargado de
vigilar de que se lleve a cabo la voluntad previamente manifestada. Pero
ojo. No prevé la ley estatal un sujeto que sustituya la voluntad de ese
sujeto. De hecho, además, si partimos de la idea de que el otorgar
instrucciones previas y decidir sobre la propia vida es un acto
personalísimo, pues difícilmente se puede justificar que un tercero, por
muy estrecha relación que tenga con nosotros, vaya a decidir en estos
casos. Veremos qué pasa con las comunidades autónomas, porque también
nos vamos a encontrar con algunos... No es alguna sorpresa. Siguiente
característica que establece la propia ley estatal, es un documento
esencialmente revocable, no plantea mayor duda. Entonces pueden hacerlo,
pueden revocarlo en cualquier momento. Siguiente, se configura un registro
a fines de publicidad y eficacia para que se pueda conocer. Veremos luego
qué hacen las comunidades autónomas y si es un registro para que se pueda
conocer o para algo más, porque la ley estatal sólo regula el registro
estatal. Y como ya ha adelantado Ana, si además nos perdemos en localismos
o no somos diligentes en mandar la información correspondiente, al
registro central, que es un mero espejo y reflejo de todos los
autonómicos. De hecho hay un programa que por lo que nos encontraron el
otro día, que estuvimos reunidos con el encargado del registro nacional,
ese programa de software se cede a todas las comunidades autónomas y cada
vez que entra uno nuevo, es decir, si yo estoy en Andalucía y he otorgado
instrucciones previas, lo tengo que hacer vía curso el registro
autonómico, pero si mañana me voy por cualquier circunstancia a otra
comunidad autónoma, me voy a esa otra comunidad autónoma, esa otra
comunidad autónoma o las dos, mejor dicho, tenían que haber mandado la
documentación correspondiente al registro central y de hecho al médico o
al facultativo cuando va a consultar la aplicación, si está perfectamente
actualizada por las comunidades autónomas, le va a mostrar única y
exclusivamente el último documento establecido, porque precisamente como
es esencialmente revocable, se entiende que la voluntad posterior prevalece
sobre lo previamente manifestado. Bien, como os digo, veremos qué pasa
también con ese registro en algunas comunidades autónomas. Luego habla de
que debe ser escrito y se establece como requisito... Yo entiendo que esta
es la forma clara, porque toda vez que estamos haciendo una manifestación
prospectiva del consentimiento informado tiene que estar previamente
manifestado y puesto por escrito. Y en todo caso, si el sujeto tiene
capacidad, pues como no se aplicaría, pues no hay mayor problema. Pero
además de esta regulación en la ley estatal, la mayoría de las veces que
analizamos las instrucciones previas, aunque han avanzado también alguna
normativa que quiere empezar a cambiar en estas materias, resulta que nos
encontramos con otras normativas estatales donde sí se prevé la
aplicación de las instrucciones previas y que casi siempre que tratamos
este tema se nos olvida. Y es la ley de reproducción existida, la ley
14-2006, que falta el punto 1, que se los leo, dice no podrá determinarse
legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna
entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta
ley y el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta
ley y el marido fallecido cuando el material reproductor de éste no se
haya en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón, ¿vale?
Con lo cual no hay relación filial si no nos encontramos ante esa
circunstancia. Sin embargo, el apartado segundo dice que el marido podrá
prestar su consentimiento y aparte en escritura pública y en testamento
vital, dice, en las instrucciones previas para que su material reproductor
pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su fallecimiento para
festejarse. De hecho, establece un supuesto en que se presume otorgado
consentimiento cuando se hubiera iniciado un procedimiento de reproducción
asistida para la transferencia de embriones preconstituidos con
anterioridad al fallecimiento del marido. ¿Y qué pasa cuando no están
casados? Pues que el propio apartado tercero viene a determinar que el
varón no unido por vínculo matrimonial podrá hacer uso de esa
posibilidad Dicho consentimiento servirá para iniciar un expediente, el
expediente del artículo 49, donde interviene el Ministerio Fiscal y si no
hay oposición del Ministerio Fiscal ni de los interesados se va a
reconocer esa relación filial. También el artículo 11 parece que para
los tratamientos de fecundación in vitro permite utilizar las
instrucciones previas para los embriones viables sobrantes que permanezcan
congelados y que sean transferidos al útero de la madre. Esta normativa,
como ya adelantaron también, aparece un poquitito en contestación a
algunos de los pronunciamientos judiciales, como la sentencia de la Nación
Provincial de la Coruña de 3 de noviembre del 2000 que deniega la
fecundación post-mortem porque el consentimiento del marido no podría ser
suplido por el de sus familiares y ni siquiera por autorización judicial.
O una resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, la
2.00 de 24 de noviembre, que deniega la inscripción de la filiación de un
hijo a una pareja que se sometió a fecundación. La 2.00 de 24 de
noviembre, que deniega la inscripción de la filiación de un hijo a una
pareja que se sometió a fecundación in vitro y en la que el marido había
fallecido antes de iniciarse la transferencia del embrión al útero. Bien,
pues con eso cerramos un poco la ley estatal, pero como no me resisto a
hacer alguna crítica social, les he puesto una frase ahí de Groucho Marx,
¿a quién van a creer ustedes, a mí o a sus propios ojos? Y es que a
veces, sobre todo desde... Los medios de comunicación se nos trata de
vender una cierta realidad, un cierto modelo social, un cierto tipo de
persona a imitar, que a mí, sinceramente, a veces, personalmente, me
choca, por lo menos con lo que yo he aprendido o con lo que a mí me han
enseñado. No por mi propia vinculación, sino quizá por agradecimiento a
todos aquellos de los que he podido apoyar. aprender algo. Y lo quería
traer a ti también aquí a colación, porque cuando se trata de reconocer
lo que se pretende que sea un derecho a nivel nacional y que se ejecute de
forma por los sujetos, pues resulta que nos encontramos con que los
localismos o la pretensión de que vamos a ser algo más que los demás,
pues impide y perjudica a veces a los derechos de los ciudadanos. Yo no
entro a criticar si esto es bueno o es malo. De hecho, luego me plantearé
un montón de preguntas que me plantean un montón de dudas el tema de las
instrucciones previas. Pero, si usted está regulando un ejercicio de un
derecho, lo que no puede hacer es que el principio del territorio pueda
más que el principio de persona humana o el principio de derechos
fundamentales. No lo entiendo. Y por lo tanto... Yo, a veces, viendo alguna
de las cosas que en vez de facilitarla las impiden, pues me quedo con la
misma cara de estupefacción que la persona a la que le han dicho esta
frase, ¿no? ¿A quién va usted a creer? A mí o a sus propios ojos. Y al
final tendría que acabar diciendo a usted. Pues bien, no todo es tan malo.
Hay algunas cosas que tienen una cierta similitud entre todas las
legislaciones estatales. Por ejemplo, y ahí veo que se me falta un
detalle, la mayoría de ellos suelen establecer requisitos similares para
la capacidad del otorgante. Y pongo ahí excepciones. Andalucía, Navarra y
un interrogante en Tervantes, Valencia, que lo vamos a ver ahora. La forma
del otorgamiento. La mayoría suelen establecer con términos generales las
mismas formas, pero también con matices y veremos también inconvenientes.
Todos suelen regular la posibilidad de convenios de colaboración con los
colegios notariales para la información telemática en aquellas
comunidades en las que se permite a los notarios otorgar instrucciones
previas, que no en todas. se les permite. Todas hablan de la creación de
un fichero automatizado de datos sometido a la ley de protección de datos.
Todas hablan del deber de guardar secreto y confidencialidad de las
personas que accedan al registro y el acceso al registro y las personas que
pueden accederlo pues también con matizaciones pero suelen regular más o
menos el tema. La manifestación o la necesidad de manifestación de que se
cumpla la voluntad del sujeto y en el procedimiento administrativo todas
suelen establecer un silencio administrativo positivo para si la
administración no cumple sus funciones que ronda entre los 20 días de
Castilla-La Mancha y los tres meses de Asturias. La mayoría de las
comunidades autónomas establece un plazo de dos meses y digo yo oiga y si
las instrucciones previas en muchos casos el sujeto no la quiere otorgar
salvo cuando parezca una enfermedad terminal o se encuentra en una
situación que cree que va a poder perder su capacidad no es excesivo sobre
todo para el nivel de resolución de este tema. El plazo de silencio
administrativo general que se establece en algunas comunidades autónomas
como el de tres meses o el de dos bien es cierto que nos dicen por lo menos
los registradores que estamos en que todavía no son muchos pero algunos de
ellos que el plazo es menor pero bueno bien parecería tener ese plazo un
poco mejor. Bien ámbito de aplicación de cada norma es posible que un
sujeto otorgue instrucciones previas en otra comunidad autónoma es decir
esto es una norma civil o una norma administrativa. Ojo porque esto puede
plantear un montón de problemas sobre todo piénsese que hay un montón de
enfermos desplazados porque hay centros o hospitales de referencia fuera de
su comunidad autónoma y que tienen que trasladarse a otra comunidad
autónoma. Si consideráramos que estábamos ante un derecho de carácter
civil atendiendo al artículo 14 y al 9 del código civil Tendríamos que
atenernos a la forma y a los requisitos que establezca cada legislación
autonómica del lugar de la vecindad civil del sujeto. Y, además, se me
plantearían también un montón de problemas. Oiga, ¿no se originarían
problemas en las comunidades autónomas en estos casos en los que yo otorgo
ante la legislación de mi vecindad civil instrucciones previas y después
se deben de aplicar en otra con otros requisitos sustantivamente distintos
o sustancialmente distintos? ¿Quedaría vinculado el médico igualmente si
se cumplen o cuándo quedaría vinculado? ¿Cuando se cumplen los lugares
de ejercicio de su profesión? ¿O tendría que andar buscando? ¿O
tendría que andar buscando los requisitos del lugar de la vecindad civil
del sujeto? Además, habría un problema adicional. Solo las comunidades
autónomas que tienen transferida la competencia para la regulación del
derecho civil foral serán las que podrían desarrollar esta materia. Por
lo tanto, estamos ante un derecho de carácter administrativo reconocido en
la relación del paciente en su ámbito con la sanidad. Pero es verdad que,
sobre todo, y para los civilistas esto les chirría. Porque pueden decir,
oiga, que estamos ante un tema de capacidades. Estamos ante un tema de
capacidad del sujeto y esa capacidad o ese tema tendríamos que atender
también a los requisitos de esa vecindad civil. Bien, siguiente cuestión.
Hay algunos aspectos y además esto fue una de las cosas que en la reunión
que mantuvimos con la representante, con la encargada del registro de
instituciones previas de la Comunidad de Madrid. A mí me... Me abrió
mucho la mente, es decir... Hay determinadas comunidades autónomas que, en
principio, respecto de lo que parecía en la propia ley estatal, parece que
amplían un poco la figura. Por ejemplo, ahí no solo me refiero al tema de
intervenciones médicas que se desean recibir, las que no se desean
recibir, otras cuestiones relacionadas con el final de la vida, sino que
podrán manifestar anticipadamente su voluntad de no ser informadas, es
decir, el derecho a no saber. Dice, o su voluntad de estar acompañados en
la intimidad y que los acompañantes reciban un tratamiento apropiado a las
circunstancias. Aquí, la reunión que tuvimos, el encuentro que tuvimos,
que fue público con esta persona, nos explicaba que no solo va gente que
dice, no quiero que se me apliquen tratamientos paliativos o quiero que no
se me aplique un determinado tratamiento médico. Dice, es que hay gente
que va y dice, quiero que se me apliquen todos los tratamientos médicos. O
va gente que simplemente dice, quiero que tenga asistencia. Asistencia
religiosa. De hecho, nos constaba una anécdota que decía, cuando
preguntan o cuando dicen quiero recibir asistencia religiosa, se le
pregunta, ¿manifiesta usted alguna preferencia? Hubo quien dijo todas por
si acaso. O sea que, incluso decía, había gente que decía, no, es que
iba gente que decía, pues mi ídolo es Jesucristo y yo quiero sufrir o no
tengo miedo al sufrimiento. Con lo cual, el documento de instrucciones
previas, en principio lo que veíamos que parecía que era solo para una
cosa, puede ser. O ampliado en su concepto para más cuestiones. También,
el decreto canario dice, además podrá recoger las indicaciones éticas,
morales o religiosas en los que expresen sus objetivos vitales y valores
personales. Luego, en los formatos casi todas meten algún tema de esto. Y
la ley balear, bueno, el tratamiento experimental le dice, que decida
incluso sobre la incineración o la inhumación o otro destino del cuerpo.
Con lo cual, como veis, se va ampliando el tema. ¿Quién puede otorgarlo?
Y aquí es donde ya he empezado yo a ser un poco... poco más crítico.
Pues habíamos dicho que los mayores de edad, pues hay tres comunidades
autónomas que contradiciendo una ley de bases y por lo tanto yo entiendo
que vulnerando o declarando, bueno no soy yo para decirlo, pero yo creo que
con inconstitucionalidad por exceso de sus competencias, señala la ley
andaluza que puede ser también un menor emancipado y ojo también los
incapacitados judicialmente cuando la sentencia de capacitación no
determine que concretamente para ese acto concreto están incapacitados. Lo
mismo viene a aparecer, pero solo para los menores no emancipados en la
legislación valenciana y lo mismo para los menores emancipados en la
legislación foral navarra. Por lo tanto yo entiendo que pudieran incluir
en vicio de inconstitucionalidad. Y oiga, los registros que han establecido
las comunidades autónomas son constitutivos o declarativos, es decir, como
el estatal usted se pone allí y es a los meros efectos de su eficacia
publicidad o es un requisito esencial que si usted no está inscrito allí,
por mucho que usted manifieste su voluntad, no se le reconoce. Bueno, pues
la gran mayoría de las comunidades autónomas vienen a decir que el
registro es meramente a efectos de publicidad, sin embargo Andalucía,
Baleares y Canarias con alguna particularidad que a lo mejor de Canarias yo
la entiendo hasta cierto punto justificada, viene a determinar este tema.
¿Qué dice Andalucía? Mire usted, para que sea considerada válidamente
metida, tiene que estar inscrita en el registro. Esto origina un montón de
problemas con los notarios. Dicen, pero oiga, ¿cómo es posible que la
escritura pública o un acta de manifestaciones de un sujeto, nosotros que
somos los federatarios públicos y los encargados de dar fe en nuestro
ordenamiento jurídico, cómo es posible que yo, teniendo un documento que
pruebe la autoría, la integridad y la autenticidad del mismo, No se
respete la voluntad del sujeto. Y oiga, y digo yo más allá, ¿y cómo es
posible que en Andalucía, ante una escritura pública otorgada por un
paciente andaluz, ante un notariado andaluz, no tenga eficacia? Y oiga, un
señor que lo ha otorgado en Madrid y que se desplaza de Andalucía a pasar
sus últimos años de vida y lo ha hecho en escritura pública, ¿se le
tendría que reconocer esa eficacia? ¿Se le reconocería? ¿No se le
reconocería? ¿Qué debe primar? ¿El requisito formal? ¿La voluntad del
sujeto? ¿No se estaría contradiciendo la normativa del convenio europeo?
Extremadura, bueno, viene a decir más o menos lo mismo. Y el decreto de
Canarias viene a decir que respecto a los otorgantes... Otorgadas ante el
notario, es voluntaria la inscripción. Pero eso es obligatoria cuando se
otorga ante el encargado del registro o ante testigos. Ahora veremos por
qué digo que la Canaria tiene hasta cierto punto cierta cuestión. Y es
porque a mí algunas veces, y por lo que vamos a ver ahora en las formas de
otorgamiento, algunas de ellas me generan enormes dudas. La mayoría de las
comunidades autónomas dicen que se puede otorgar ante el notario. Ante el
personal seccional administrativo de la Administración Pública y ante
tres testigos. Hay una serie de comunidades autónomas que os pongo ahí
que dicen que solo ante notario y testigos, ni siquiera ante el encargado
del registro. Y Andalucía dice solo ante el encargado del registro.
Problemas que otorga o problemas derivados de este tema. Pues cuando se
plantea ante el personal de la Administración Pública, ante el encargado
del registro, a mí se me plantea un tema que siempre se me ha planteado y
que he adelantado también ante Sandra Magreya. ¿Qué pasa con los
incapaces y con los intervalos lúcidos del incapaz? Que a veces es muy
difícil de determinar. Bueno, hay una orden de la Comunidad de Madrid de
2007 que dice que en caso de duda se pida un certificado médico. Y en
Castilla-La Mancha que dice que en caso de duda se pide un certificado del
registro civil. El certificado del registro civil, salvo que sea una cosa
muy grave, lo más probable es que no esté inscrito. En el resto de
comunidades autónomas prácticamente no dicen nada al respecto. En cuanto
al otorgamiento ante testigos, pues a mí se me plantean varias dudas.
¿Quién y cómo se aprecia la capacidad de los testigos intervinientes,
sobre todo teniendo en cuenta que se trata de documentos que a veces
producen efectos a futuro? Y además tenemos que tener en cuenta que tanto
la ley, la gran mayoría, la de Castilla-León, la de Madrid, la de
Cataluña, la de La Rioja, por ejemplo, dicen, oiga, no es necesario tener
el documento inscrito, aunque se haya otorgado ante testigos. Y por lo
tanto, ¿lo puede aportar el propio sujeto cuando se incorpora a lo
especial o sus familiares, allegados, que tengan ese documento? Oiga, ¿y
cómo sabemos si esos sujetos que firmaban como testigos o que avalaban ese
documento tenían esa cierta capacidad, etc., en ese momento? Segundo,
¿los testigos podrán tener alguna relación patrimonial o interés en el
tema? Por ejemplo, ¿seguiré de Dios? Aquí nos encontramos con distintos
requisitos. Hay comunidades autónomas que no ponen ningún requisito y hay
otros que son totalmente extensos. Por ejemplo, la ley de Madrid dice que
no podrá ser testigo y vienen los parientes hasta el segundo grado, pero
también aquellos que no tengan relación laboral, patrimonial, de servicio
o cualquier otra. Es decir, como digo, hay prohibición para todos los que
tengan criterio de vinculación extenso para dos de los tres testigos,
incluida la laboral o la de servicio. Sin embargo, por ejemplo, en Murcia
nada se dice de la ausencia de vínculo ni patrimonial ni familiarizado.
Solo se exige que sean mayores de edad con plena capacidad laboral. Y puede
ser cualquier familiar, aunque no haya ningún problema. O el País Vasco,
que exige una vinculación para tres testigos de carácter familiar, pero
no hace ninguna vinculación laboral o de servicio. ¿Y qué es
vinculación patrimonial? Porque todos dicen que no tenga vinculación
patrimonial. Oiga, ¿un heredero puede tener vinculación patrimonial? Sí,
pero es que solo voy a saber que es heredero cuando hay testamento una vez
que ha abierto el testamento, si bien es cierto que han determinado
parientes que tienen derecho a la legítima. ¿Convendría a lo mejor
extender este requisito hasta aquellos personas a las que el artículo 912
y siguientes del Código de Justicia no se lea? Si el Código Civil
establece que en caso de sucesión a vinte estato no existe más derecho a
la herencia y que sería el Estado, es decir, hasta el cuarto grado de la
línea colateral, pues a lo mejor sería un tema que tendríamos que mirar.
Luego, ¿cómo se autentifica el caso de otorgamiento ante testigos?
Resulta que ustedes hacen un testamento hológrafo para sus bienes
patrimoniales y se va a exigir un procedimiento de adveración judicial, y
aquí no se va a exigir absolutamente nada. Y luego, si el otorgante ante
testigos no sabe firmar, ¿qué hace? ¿Se aplica supletoriamente lo que se
prevé para los testamentos, que yo he dicho que son figuras totalmente
distintas, que firmen los testigos en su nombre? ¿O no puede ese señor
otorgar testamento ante testigos? El representante, como hemos dicho, solo
podría procurar el cumplimiento de las instrucciones previas, y así es en
la mayoría de las comunidades autónomas. Castilla y León, Baleares,
Madrid, Asturias, etc. ¿Qué pasa en algunas comunidades autónomas? Pues,
por ejemplo, tanto... Valencia, como Andalucía, Aragón, dicen claramente,
quien le sustituya en el otorgamiento del consentimiento, para que le
sustituya en caso de no expresar voluntad. Para que no pueda expresando su
voluntad, la sustituya. O Navarra, que no se sabe ni lo que quiere
concretar. Para cuando no pueda expresar su voluntad por sí misma, ¿le
sustituya o no? No lo sé, en este caso no lo dice. Pero el resto sí
parece que ese tema viene determinado. Y la actualización del
representante, porque hemos dicho que si he nombrado a mi mujer y me he
separado, pues solo hay dos comunidades autónomas que lo regulan. La ley
vasca y la ley balear. En ese caso, sí prevén la extinción con la
presentación de demanda o el cese de la convivencia conjugal. ¿Quién
puede ser representante? Pues aquí nos encontramos con un criterio muy
amplio. Castilla-La Mancha o Castilla-León, por ejemplo, que incluso dicen
hasta los gestores o propietarios de las instituciones que financien o
presten la atención sanitaria al otorgante de la declaración. Incluso
viene a interrumpir. Incluso viene a incluir ese tema. Sin embargo, hay
otras, como Murcia, que dice que puede ser designado representante
cualquier persona mayor de edad que no haya sido incapacitado legalmente
para ello. Y, casualmente, todas las comunidades autónomas, incluso
Andalucía, que reconoce que puede otorgar instrucciones previas a un menor
de edad o un incapacitado, dice que no, pero el representante que sea
mayor. En caso de eso, istima. ¿Hay dudas o discrepancias con lo
manifestado con el paciente? Pues hay. Murcia sí prevé que se envíe al
comité de ética asistencial. Madrid también prevé que se haga una
consulta en ese sentido, etcétera. Pero pocas más. No hay muchas más
legislaciones que vienen a regular ese tema. La extensión de los límites,
los que les decía antes. La Comunidad de Madrid o la vasca dicen, oiga,
tampoco se obedezcan las instrucciones previas cuando resulten
contraindicadas con la patología. Yo creo que eso es una petición. Es una
petición extravagante cuando se pide una cosa que está más
contraindicada con la propia actuación. Por lo tanto, resulta excéntrica.
La objeción de conciencia, pues solo Madrid, Murcia, Valencia,
Extremadura, La Rioja y Balear vienen a reconocer expresamente ese derecho
a la objeción de conciencia y prevén que se sustituya en el caso
correspondiente para que el sujeto pueda también ejercer su derecho. Otro
problema que no he citado aquí, pero que también ha adelantado Ana
María, es el tema del problema idiomático, porque nos contaban también
que ha habido algún problema con algunas comunidades autónomas que
redactan exclusivamente el texto en alguna lengua propia u oficial de sus
comunidades autónomas, pero no en el resto. Que incluso ha habido ya
algún problema. Yo entiendo que si queremos mejorar estos documentos, y se
trata de un procedimiento administrativo, de hecho, el acto administrativo
se le aplica el artículo 36 de la ley 30 barra 92, que exige que cuando se
trate de documentos que tengan que surtir efectos fuera del ámbito de esa
comunidad autónoma, deban ser traducidos a la lengua común del conjunto
de comunidades o la lengua nacional. Hay otro tema, que es que hay algunas
comunidades autónomas que prevén la conservación y custodia de las
instrucciones previas y hablan de un plazo de cinco años. Tomando como
base la normativa estatal a 41-2002, que también establece el plazo de
cinco años para la conservación de la historia clínica. Yo también soy
muy crítico con esto, porque la responsabilidad, normalmente, bien sea por
vía contractual o bien sea por la teoría jurisprudencial de
justaposición de la responsabilidad contractual, se extiende muchas veces
a 15 años. Y si se derivara algún tipo de responsabilidad en los que es
necesario consultar o tener en cuenta esas instrucciones previas, bien es
cierto que algunas comunidades autónomas lo que prevén es que se
incorpore directamente a la historia clínica. Pero a lo mejor tendríamos
que plantearnos un plazo de cinco años. mayor. La comunicación, como
decía antes, si son temas urgentes, la mayoría de las legislaciones
autonómicas prevén un plazo de siete días. Yo entendería que ese plazo
debería de ser y me dicen que la aplicación práctica es inferior. El
acceso. Aquí esto sí que me plantea a mí algunos problemas. Casi todas
dicen el otorgante, el representante y el médico. Y además muchas dicen,
en todo caso pueden acceder. Oiga, pues mire usted, a mí me plantea alguna
duda. ¿El representante puede acceder en todo caso al contenido de las
instrucciones previas cuando quiera? Hombre, me parece más adecuada la
normativa de La Rioja que dice que los nombrados representantes podrán
hacer el registro desde el momento en que el documento vaya a ser aplicado.
Y son muchas comunidades autónomas las que dicen que cualquier caso.
Segundo, el médico. Hay comunidades autónomas, obtenemos la ley y algunas
parece que casi todos los médicos van a tener desde el momento en que se
colegian ya las instrucciones previas. La certificación para consultar si
el sujeto tiene ahí. Oiga, ¿cualquier médico puede tenerlo? Sin ningún
presupuesto de hecho. Oiga, ¿todo el mundo puede saber si Isabel Pantoja
ha otorgado instrucciones previas? ¿Cualquier médico? No voy a acceder,
pero voy a saber si tiene por lo menos. Pues yo creo que no. De hecho,
algunas comunidades como Asturias dicen a las personas que haya designado
la consejería correspondiente. El acceso. Por vía telemática, con clave
especial, mediante certificación electrónica y siempre deja constancia de
las personas que acceden al registro. Y yo quería finalizar con dos temas
y luego voy a hablar un poquitito sobre temas estadísticos en alguna
pregunta que se me plantea. ¿Se podría derivar responsabilidad a un
facultativo por no atender a las instrucciones previas? Hemos visto que en
algunas sentencias no determinada responsabilidad porque era de
autorizaciones en caso de transfusiones, se había pedido autorización
judicial para que no se hiciera la transfusión y el juez se fue a que no
había más limitación a la libertad religiosa que la moral, los derechos
de los demás y no sé qué, y por lo tanto tenía que dejarse o atender a
la voluntad del sujeto, cuestión que luego si queréis podemos debatir
porque yo soy muy crítico a veces con ese tema porque en los mayores de
edad, lo tengo claro, en los menores, como ha habido también algunas
antecedentes en la Constitución, me plantea enormes dudas. Aquí hay un
tema claro que es lo único que quería matizaros. Oiga, si el sujeto
fallece, fallece porque se le respetan o no se le respetan las
instrucciones previas o por la enfermedad que tiene de base que le sirve o
que tiene la mala suerte de que le haya tocado esa rueda de la fortuna que
decíamos anteriormente. Por lo tanto no habrá arreglación de causalidad.
Y si no se obedecen esas instrucciones previas y le reanimo y le salvo la
vida, ¿hay daño? Y por lo tanto no habría tampoco responsabilidad. Pues
a mí se me plantea enormes dudas. Hay algunos que entienden que es un
daño moral, porque dicen, no, obligarías a un sujeto a vivir en contra de
su conciencia y tal. Me plantea algunas dudas al respecto. Y segundo, si
esto está regulado en el convenio de Oviedo, etc., no sería conveniente
que existiera, sobre todo en una sociedad abierta, ¿cuántos alemanes e
ingleses...? Y de restos de la Unión Europea, ¿hay en el sur de Portugal,
España, Canarias, Baleares, Italia, Malta, residiendo? Pues yo creo que
debería de haber... Pero eso sí, si a veces somos incapaces de ponernos
de acuerdo entre nosotros mismos, pues va a ser mucho más complicado. Pero
se podría hacer. De hecho, parte del proyecto de investigación estamos
trabajando también sobre ese aspecto. María Ángel Esteballos nos dio un
poco la estadística, aunque hemos estado... finales de enero, si no
recuerdo mal nos decían que podían rondar sobre los 90.000 hay algunas
comunidades autónomas que como os decía, pues mandan datos cuando les
parece es decir, cada tres meses, cada cinco o cada año, si quieren y si
no, tal, sería evidentemente necesaria una mayor coordinación en todo ese
tema, aquí se hablaba de 76.526 ahora os digo que pueden andar en torno a
90.000, como datos estadísticos no del nacional, si de como mera
curiosidad del de Madrid, que había en aquel caso 8.258 pues hablaba de
que había más mujeres, bastante más mujeres que hombres, de hecho
prácticamente las mujeres eran de los 8.000 y pico 5.300 y 2.900 los
hombres la edad que más otorgaba, o el franja de edad era de 56 a 65 años
seguida de la de 66 a 75 y la tercera la de 46 a 55 y bueno, pues yo creo
que en términos generales eso nos sirve un poquitito ahí os adjunto
algunos modelos por ejemplo este del de la Comunidad de Madrid donde
hablábamos un poco de las situaciones clínicas y el sujeto va señalando,
si quiero que se me aplique en enfermedad incurable, en enfermedad terminal
o en situación de agonía las instrucciones ¿qué deseo? ¿deseo
finalizar mi vida? ¿deseo sin la aplicación de técnicas de soporte
vital? ¿deseo que se me proporcionen tratamientos necesarios? ¿rechazo
recibir medicamentos o tratamientos complementarios? ¿instrucciones que
hago sobre mi cuerpo? ¿si deseo no donar? totalmente distintos ese modelo
del de Asturias mucho más abierto, mis instrucciones son y yo pongo ahí
lo que tenga por conveniente y si quería poneros también un modelo el de
Castilla-La Mancha porque hay algunos modelos que incluyen por ejemplo el
de Navarra, el de Andalucía también dice en cuanto a las actuaciones
sanitarias sobre mi persona, la pel última dice si llegara la
circunstancia de tener que aplicar esta declaración estuviera embarazada
se mantenga el soporte vital necesario para mantener al feto con vida y en
condiciones viables de nacer. Que eso no lo tienen tampoco casi todas las
comunidades autónomas. Y quería acabar con una frase que es un modelo un
poco más avanzado y un poco más actual del principio socrático de solo
sé que no sé nada, porque aparte de las preguntas que me ha generado con
este tema sí que desde el punto de vista biótico se me generan muchas
dudas. ¿Estamos ante un verdadero instrumento de autonomía del sujeto o
estamos ante una moda impuesta socialmente? ¿Estamos seguros de que todos
los pacientes comprenden claramente los supuestos en que desean que se
apliquen sus voluntades? ¿No estamos otorgando un excesivo valor a una
declaración realizada en un momento concreto en que es posible que no
tengamos ninguna enfermedad? Y esa voluntad es la que va a costar y
aplicarse en cada momento. Oiga, y si tuviéramos un pariente cercano,
padre, madre e hijo, y hubiera dejado expresado su voluntad por la
animaversión que solemos tener en estos casos de la muerte, ¿qué
haríamos si ha dejado escrito que no se le apliquen determinados
tratamientos que con una cierta probabilidad o certeza le salvarían la
vida? Y ante la dificultad de tomar decisiones al final de la vida, que a
veces se preveía como un tema colegiado o consensuado, entre el médico,
el equipo asistencial, la familia, el propio paciente, si es posible, ¿no
estaríamos trasladando y diciendo, mire, ya lo resuelvo fácil, lo ha
dejado escrito, basta con que interprete lo que venga ahí, forma más o
menos extensa, y ya me dejo de complicaciones? ¿Corremos el riesgo de que
las instrucciones previas se transformen, como pasa con el consentimiento
informado, en un mero formalismo? o un instrumento de medicina defensiva?
¿Podría justificar en épocas de crisis la ausencia de gasto sanitario y
la no aplicación de algunos tratamientos al sujeto? Y si no se atiende a
su verdadera voluntad, ¿estaremos de verdad quebrando su verdadera
voluntad y causándole un mal al sujeto? Y por último, y por no
aburrirles, que me he extendido demasiado, aquí, como en el consentimiento
informado, quien decide es el paciente Muchas gracias Bueno, muchas gracias
José Ramón Queda abierto el turno de preguntas y también el turno de
debate, dadas las numerosas cuestiones que han quedado abiertas a raíz de
la exposición ¿Alguna pregunta? Dos preguntas La primera es la figura del
representante. Aunque está en la ley básica, sus facultades claramente
tasadas sin embargo y pese a ello si un otorgante dispone expresamente en
este instrumento jurídico de instrucciones previas que quiera un
representante para casos de incapacidad de obrar y de hecho ¿no sería
esta disposición jurídicamente vinculante, aunque su función es
extralimitana, lo previsto para este instrumento? A mí, y yo creo que es
una de las preguntas que se me ha olvidado me plantean enormes dudas, por
una esencia de razón. Primero, entiendo que esa figura sería
inconstitucional y no sé qué pasará cuando se tenga que aplicar y no
tanto en el ámbito de la comunidad valenciana, por ejemplo de la comunidad
andaluza, sino cuando un andaluz que haya previsto que se nombre un
representante y no haya manifestado expresamente su voluntad fallezca en
Madrid. O mejor dicho tenga que ser aplicada instrucciones previas en
Madrid o en Barcelona, por ejemplo. Porque aquí la duda está, ¿tenemos
que aplicar las instrucciones en todo caso de ese sujeto? Porque
normativamente y legalmente esa instrucción entiendo que es
inconstitucional, porque el representante exclusivamente conforme a la ley
estatal actual solo tiene que procurar el cumplimiento de la declaración
de voluntad previamente manifestada. Sin embargo, ¿podría utilizarse otro
instrumento jurídico para designar representante en caso de incapacidad de
obrar o de hecho? Sí, pero sin embargo para el ámbito sanitario el
instrumento que existe para la declaración de voluntad de momento es este.
Es decir, el médico tiene que atender a cualquier otro documento,
hablábamos hace un poquitito, el documento privado incluso, donde tal.
Pues a mí legalmente y en términos de estrictos de derecho entiendo que
no. Si estamos en aplicación de, oiga, hay que primar en todo caso la
voluntad del sujeto y la autonomía del sujeto con independencia de los
criterios legales que hemos establecido. Hombre, pues no debería de ser
así. Es decir, si tenemos alguna duda o queremos introducir esa figura,
cambiarse la ley. Lo que no es normal es que admitamos ilegalidades. Pero
yo sé que esto, no sé porque todavía seguramente se ha explicado en
muchos de los casos y todavía no tiene la difusión adecuada en cuanto a
los sujetos como hemos visto. Pero estoy seguro que podrá generarse un
montón de problemas si esto no se cambia. Y la siguiente pregunta, en
cuanto a la responsabilidad por incumplimiento, ¿podrían considerarse las
instrucciones previas como un consentimiento anticipado? informado.
Entonces, caso de incumplimiento podría generar responsabilidades por
incumplimiento del contrato de arrendamiento de servicios igual que... Por
incumplimiento de la ley Sartis porque la propia como he dicho
anteriormente, el propio consentimiento informado forma parte de la ley
Sartis. De hecho había una sentencia en el Tribunal Supremo hace mucho
tiempo de una señora a la que, si no recuerdo mal tenía algún problema
en los óvulos o algo de esto, se le intervino y en la misma intervención
con el grato y loable interés de no someter la otra intervención y
teniendo en cuenta que no iba a tener no podría tener más hijos no
podría quedar embarazada con posterioridad, se le abació y posteriormente
se le comunicó esa circunstancia cuando el paciente cuando el paciente
despertó. Yo si no recuerdo mal en aquella sentencia se venía a decir
algo así como la actuación estaba indicada, que la señora no podía
quedar embarazada. Se hizo correctamente es decir, desde el punto de vista
técnico no ha aparecido nada, pero ojo se ha hecho sin su consentimiento y
por lo tanto ha existido una vulneración de la ley artística médica que
también comprende la de informar y obtener el consentimiento del paciente.
Con lo cual, se puede generar allí un problema. Si no hay ninguna pregunta
más vamos a hacer un descanso y ya pasamos al siguiente ponente.