Muchísimas gracias. Se me ha encargado hacer una especie de
introducción, una ponencia general en la que voy a pasar repaso, voy a
hacer una especie de repaso a los aspectos más importantes de la reforma
de la OREG que van a ser objeto de ponencias específicas, es decir,
prácticamente de todo lo que voy a hablar va a ser objeto de un desarrollo
más detenido en cada uno de los puntos por cada uno de los conferenciantes
de esta tarde y de mañana. Por tanto, tómenlo como lo que es una especie
de introducción general en la que se marquen los aspectos más importantes
de la reforma que está siendo puesta en práctica estos días con las
elecciones locales que se celebrarán el día 22 de mayo dentro, por tanto,
de unas semanas. Bueno, para empezar, he llamado a mi ponencia de la
reforma del sistema electoral a la de algunos aspectos del procedimiento.
Con lo cual, he querido dejar claro que lo que... ...que aparentemente
empezó como una reforma del sistema electoral no lo ha sido en absoluto y
ha acabado produciendo una serie de consecuencias en el campo
procedimental, en algunos sentidos muy importantes, pero ciertamente no una
reforma de los elementos del sistema electoral que continúan siendo los
mismos y siendo los mismos desde que se inició la transición sin apenas
variables. Pero el hecho es... ...el punto de partida es que los resultados
de las últimas elecciones... ...de las elecciones generales de 9 de marzo
de 2008 reabrieron un debate político y un debate académico que es
tradicional en nuestro país, que es el que se refiere al deficiente
funcionamiento de nuestro sistema electoral en el sentido de no ser lo
suficientemente proporcional dada la distorsión que se origina entre votos
y escaños. ...distorsión entre votos y escaños que se manifiesta
fundamentalmente... ...en el tercer y cuarto partido, pero fundamentalmente
en el tercer partido a nivel nacional. Y el ejemplo es siempre el mismo,
pero en las últimas elecciones generales y hablando con cifras, Izquierda
Unida comprobó el 9 de marzo del 2008 que sus aproximadamente 969.000
votos distribuidos, eso sí, entre más de 50 circunscripciones, daban
lugar única y exclusivamente a dos escaños en el Congreso de los
Diputados. Y comprobó que frente a esa situación, Convergencia y Unión,
sus sufragios, que eran aproximadamente 200.000 menos, pero eso sí,
concentrados en cuatro provincias, daba lugar a que obtuviera 10 diputados.
Es llamativo desde el principio, pero es así y todos sabemos que es así
como consecuencia de la presentación de listas en circunscripciones donde
no tienen a priori ninguna posibilidad de conseguir representación
política, pero que significa un tanto la pérdida de un número importante
de votos a nivel nacional en cuanto al equilibrio entre sufragios y
representaciones. El debate, insisto, no era en absoluto nuevo. Se había
planteado en muchísimas elecciones anteriores, pero lo que resulta
absolutamente novedoso es la aparente, por lo menos aparente, disposición
del gobierno a analizar seriamente la posibilidad de reformar los elementos
del sistema electoral. Un sistema electoral que había sido introducido por
primera vez en España en el decreto ley de 1977 en sus elementos masivos.
Estos elementos importantes que habían sido posteriormente consagrados
parcialmente en la propia constitución y sobre todo en la ley orgánica
del régimen electoral desde 1985 y ya sin modificación alguna en los
elementos del sistema electoral. Parecía, por tanto, haber una
disposición del gobierno al menos a analizar seriamente la posibilidad de
cambiar alguno de estos elementos. Así se pronunció el presidente... El
presidente Zapatero en el propio debate de investidura, en el que anunció
que efectivamente solicitaría del Consejo de Estado un informe al
respecto. Lo anunció y se cumplió inmediatamente porque el Consejo de
Ministros el 27 de junio de 2008 pidió al Consejo de Estado un informe en
términos sumamente amplios. para que se pronunciara sobre todas las
propuestas de reforma que habían sido objeto de debate político y
doctrinal a lo largo de los últimos años en España. Es decir,
prácticamente sobre todo. Quizás en unos términos que vistos a
posteriori, bueno ya desde el principio merecieron alguna crítica, pero
que vistos a posteriori pues no se acaba de entender la amplitud de los
términos en los que se solicitó la consulta porque se puso a trabajar al
Consejo de Estado en materias que posteriormente no han tenido la más
mínima acogida ni seriamente probablemente la fueran a tener en ningún
momento, pero obligó al Consejo de Estado a analizar, por ejemplo, todas
las proposiciones parlamentarias de reforma de cualquier aspecto del
procedimiento electoral que hubieran sido visto a lo largo de las últimas
legislaturas y a pronunciarse sobre ellas en el marco de nuestro sistema
electoral. Bueno, el caso es que el Consejo de Estado trabajó, trabajó
bien. Hay un informe... que se ha aprobado el 24 de febrero de 2009,
informe que ha sido publicado acompañado de algunos trabajos técnicos
sobre la materia y que constituye un texto de referencia doctrinal sobre el
asunto. Pero el caso es que en paralelo a esto, absolutamente en paralelo,
empezó a trabajar una comisión constitucional del Congreso que el 5 de
septiembre de 2008 acordó crear una subcomisión parlamentaria para la
reforma de la ley de la justicia. Y que ha sido la decisiva, es decir, lo
decisivo no ha sido el informe del Consejo de Estado en absoluto, sino que
ha sido esta subcomisión parlamentaria que empezó a trabajar, repito, el
5 de septiembre de 2008. Esta subcomisión estuvo integrada por tres
representantes del Grupo Parlamentario Socialista, tres del Grupo
Parlamentario Popular y uno más de cada uno de los restantes. Entonces, se
constituyó el 2 de octubre del 2008 y los grupos, ese mismo día, que
presentaran propuestas en materia de reforma electoral, también en
términos muy amplios. Igualmente se acordó recabar del Gobierno la
remisión del informe del Consejo de Estado apenas este estuviera terminado
para tenerlo como un elemento más de estudio de esta subcomisión. Y por
fin se encargó a la Junta Electoral Central que elaborara un informe sobre
problemas de procedimiento, informe que la Junta Electoral realizó. La
subcomisión celebró un total de 17 sesiones hasta el 28 de junio del
2010, en la fecha en la que dio por terminada sus trabajos, presentando dos
proposiciones de ley. El resultado final de sus trabajos son dos leyes
orgánicas, las leyes orgánicas 2 y 3-2011, ambas curiosamente de igual
denominación, ambas se llaman por la que se modifica la ley orgánica 585
del régimen electoral general, y ambas en la misma fecha, 28 de enero de
2001. Son, por tanto, dos leyes orgánicas paralelas, del mismo nombre y de
la misma fecha, pero diferentes. La primera de ellas... ...obedece a una
proposición de ley conjunta PSOE, PP, Convergencia y Unión y Partido
Nacionalista Vasco, es decir, los dos grandes partidos nacionales más los
dos grandes partidos nacionalistas, y abarcan, sobre todo, una pluralidad
de aspectos procedimentales. La segunda fue acordada solo entre el Partido
Socialista y el Partido Popular, y lo que se pretende es reforzar la
imposibilidad de que concurran a las elecciones listas de formación, y las
elecciones políticas que apoyan el terrorismo. Ambas consiguieron un gran
apoyo parlamentario, es más, consiguió más apoyo parlamentario la que
solo es fruto del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista,
ya que en este texto se aprobó por 340 votos a favor y 8 votos en contra,
que la que es el fruto de los cuatro partidos, en las cuales el resultado
fue algo peor, 326 votos a favor, 14 en contra y 8 en contra. Pero en
cualquier caso, las dos, de la misma fecha, con el mismo nombre, tienen un
amplísimo respaldo parlamentario sin ninguna duda. Y ambas se están
poniendo en juego por primera vez con estas elecciones que se celebrarán
el 22 de mayo. Tenemos, por tanto, por una parte, dos proposiciones de ley
que han acabado convirtiéndose en dos leyes paralelas de la misma fecha y
con el mismo nombre. Pero hay, por lo menos, otros dos elementos... Hay
otros dos elementos que tenemos que tener en consideración para hablar de
la reforma electoral. Por un lado... La Ley Orgánica 8-2010 de 4 de
noviembre. La reforma, una pequeña reforma inmediatamente anterior de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En realidad esta ley es una
ley que tiene un nombre bien curioso porque la ley es bien curiosa. Se
llama Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Vamos a prescindir del aspecto
de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional porque fue
sencillamente la ley orgánica, la LOREG, que se encontraron en
tramitación en el momento que hubo que cambiar la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional para la elección de estos últimos magistrados del
Tribunal Constitucional con una técnica jurídicamente deplorable. Pero
vamos a olvidarnos de estos aspectos. Y esta Ley 8-2010 de 4 de noviembre
la traigo aquí a consideración única y exclusivamente en el otro
aspecto, en el aspecto en el que modifica las papeletas del Senado. Y las
modifica para evitar que el orden de la papeleta del Senado sea un orden
designado por sorteo y para evitar que dentro de cada candidatura... ...el
orden se delimite por orden alfabético de los candidatos. Es decir, se
cambia la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para reforzar el
poder de los partidos a la hora de hacer las listas, entre comillas, del
Senado. Es decir, en realidad, si lo queremos ver así, lo que se hace es
avanzar un paso más en el carácter cerrado y bloqueado de nuestras listas
electorales... ...en contra de la recomendación... ...expresa del informe
del Consejo de Estado que aconsejaba que ya había llegado el momento de
abrir... ...de las listas cerradas y bloqueadas que caracterizan el sistema
español ya de forma minoritaria en el contexto del derecho comparado. Pues
bien, esta ley la traigo simplemente aquí a consideración... para dejar
claro que en este punto no sólo no se optó por reformar un elemento de
nuestro sistema electoral como nos pedía el informe del Consejo de Estado,
sino que más bien se camina en el sentido diametralmente opuesto y lo que
se hace es reforzar el carácter de listas cerradas y bloqueadas
característico del sistema español ya en franca minoría, debo decirlo.
Por otra parte, un elemento de mucha importancia y que no está en la ley
electoral, no lo sé por qué, pero que podría perfectamente haber estado
en la reforma de la ley electoral, pero se decidió actuar por pura vía.
De hecho, es el importante número de acuerdos bilaterales suscritos
durante esta legislatura en aplicación del artículo 13.2 de la
Constitución Española que permite el sufragio en las elecciones
municipales a los 9. A los residentes permanentes de 9 países más de los
habituales, es decir, tradicionalmente en España sólo votaban los
comunitarios y los noruegos, ahora van a hacerlo por primera vez el día 22
de mayo los ciudadanos de Chile, Paraguay, Ecuador, Nueva Zelanda,
Colombia, Perú, Islandia, Cabo Verde y Bolivia. Y en lugar de introducir
en la ley una regulación básica o conjunta de cómo iban a ser estos
acuerdos internacionales, se optó por remitirlo a acuerdos... ...de
acuerdo internacional tras acuerdo internacional, con lo cual veremos, pero
sobre este aspecto no me puedo detener mucho, aunque probablemente algo se
hablará estos días, que la regulación es distinta en unos países y con
otros, con exigencias distintas en tiempo, en condiciones, etc., porque no
se optó, se optó, pero se optó conscientemente por la subcomisión que
estudiaba este asunto en el Congreso de los Diputados por no dar un
tratamiento normativo uniforme antes de empezar a celebrar este tipo de
convenios. Bueno. Por tanto, el marco de reformas del que se va a hablar a
lo largo de estos dos días es por una parte las dos leyes de igual nombre
y recientes, por otro lado la modificación de la papeleta del Senado y por
otro lado toda esta serie de acuerdos bilaterales que permiten el sufragio
de un número muchísimo mayor de extranjeros de lo que había ocurrido
nunca en España en condiciones de reciprocidad. Bueno, si entramos ya en
los contenidos iniciales de la reforma o de las reformas que es a lo que
vamos a dedicar estas jornadas, lo primero que llama la atención es desde
luego el que no se ha reformado ningún elemento del sistema electoral.
Esto es lo primero que hay que decir, es decir, estamos ante una reforma
que puede ser muy importante, ciertamente en algunos aspectos lo es, pero
sin embargo y en contra de lo que parecía las previsiones iniciales y de
la orientación, que adoptó el informe del Consejo de Estado, resulta que
no hay ninguna novedad ni en relación a la asignación inicial del número
de diputados a cada provincia, ni en el número total de los que van a ser
elegidos, ni en materia de listas cerradas y bloqueadas, ni en la concreta
fórmula proporcional que va a ser aplicada, ni en fin, en ninguno de los
elementos que tradicionalmente denominamos sistema electoral. Es decir, es
más bien una reforma de procedimientos que una reforma de sistemas. En
contra de lo que pareció inicialmente, de lo que pareció poner en marcha
todo este mecanismo, porque lo que pareció poner en marcha todo este
mecanismo era aparentemente, lo he dicho, la enorme desproporción entre
votos y escaños que se producen en algunos casos como consecuencia del
sistema electoral que tenemos funcionando en España. Resulta que, por
tanto, los elementos del sistema electoral en España, regulados en el
decreto ley del 77, ya lo he dicho antes, recogidos parcialmente en la
Constitución, en algunos aspectos esenciales de la Constitución, también
en las leyes electorales en la LOREG desde 1935 y, añado, en todas las
leyes electorales de las comunidades autónomas sin variación alguna,
porque no hay una sola de las 17 leyes electorales de las comunidades
autónomas que se aparten ni siquiera mínimamente en lo que se refiere a
los elementos del sistema electoral. Pero no pues en la pizarra, ¿eh? Por
tanto, es decir... Todos estos elementos parecen encontrarse fuertemente
consolidados sin que parezca que a corto o a medio plazo vayan a ser
modificados. Bueno, este asunto es al que se va a referir la conferencia
inmediatamente posterior, la conferencia del profesor Azaga, que anticipo
será magnífica y que lo explicará con mucho más detalle de lo que yo
podría hacer. A qué se debe esta especie de extraña permanencia de los
elementos del sistema electoral español, elementos, insisto, redactados en
principio de una forma muy provisional para salir de una situación de
dictadura y que sin embargo se han consolidado y se han extendido a todas
las instancias representativas de las comunidades autónomas sin tener
razón alguna. ¿Por qué? Porque esos elementos del sistema electoral
podrían haber sido tratados de una forma muy distinta prácticamente.
Todos ellos, desde luego el de las listas cerradas y bloqueadas, pero otros
tantos más por las leyes de las comunidades autónomas que han decidido no
hacerlo hasta el momento sin excepción. Bueno, la segunda gran novedad que
no es propiamente sistema electoral, pero que se acerca bastante a lo que
entendemos como sistema electoral, es que por primera vez y contradiciendo
también en este sentido una línea que venía desarrollándose desde el
principio, en esta transición, se limita el sufragio de los residentes
ausentes. Es decir, por primera vez en España, desde la transición
política, la dirección no es la de que todo el mundo viva o no viva,
todos los españoles vivan o no vivan en España, pueden votar en todos los
tipos de elecciones, votar y ser elegidos, lo veremos, en todos los tipos
de elecciones, sino que por el contrario se decide, y esto es una novedad
importante, descendente, que supone prescindir del derecho o dejar sin
derecho al sufragio en las elecciones municipales a un número importante
de nacionales que residen en el extranjero, pues se opta por reservar las
elecciones locales a los inscritos en el censo de españoles residentes en
España, artículo 3.2 del nuevo texto de la ley. De manera que los
españoles que residen en el extranjero no van a tener derecho de sufragio
activo y, por supuesto, pasivo en las elecciones locales, las elecciones
municipales y las elecciones de los demás entes locales. A este tema se va
a referir la tercera de las ponencias de hoy, a cargo de Manuel Delgado,
que es un gran conocedor del tema y que hablará con gran propiedad de este
asunto también. Pero me gustaría aportar algún elemento al debate, es
decir, una de las preguntas que surge de esta reforma es si esto es
razonable, si esto puede ser así y si esto es razonable. Bueno, pues para
empezar hay que señalar que si uno va a las fuentes, si uno va al texto de
la Constitución, resulta que el ejercicio del derecho de sufragio de los
residentes ausentes sólo está en la Constitución, en el artículo 69.5,
para las elecciones al Congreso de los Diputados. Es decir, que cuando se
redacta la Constitución, la única exigencia clara es que los españoles
que residen en el extranjero tienen que poder votar en el Congreso de los
Diputados. 69. 69.5, ni siquiera en el Senado, porque el, perdón, 68 es,
tiene que ser, bueno, es 69.5 la Constitución, es decir, ni siquiera en el
Senado, simplemente para el Congreso de los Diputados. Es más, si uno lee
el artículo 140, que es el referente a las elecciones locales, lo que dice
la Constitución es que los concejales serán elegidos por los vecinos. Por
lo que parece querer decir que se pretendía excluir de la participación
en las elecciones municipales a los que no tienen la condición de vecino
por no residir en el municipio, los residentes ausentes. Es decir, que los
ayuntamientos iban a ser solamente elegidos por los que residieran en los
municipios, los vecinos. Ese es el concepto que parece derivarse del
artículo 101. 140 de la Constitución. Sin embargo, desde que empezó el
desarrollo legal de estos preceptos constitucionales, se sometieron a una
interpretación claramente favorable a nuestros emigrantes en el
extranjero, creando una categoría metafísica de residente ausente, que es
en sí mismo contradictoria y metafísica. Categoría que venía a
significar que se le reconocía la condición de vecinos exclusivamente a
efectos electorales. Y esto es lo que dice la ley de bases del régimen
local, es decir, que los residentes ausentes son vecinos a efectos
electorales, con lo que se pretende salvar el artículo 140 de la
Constitución que otorga el derecho de sufragio a los vecinos, no a todo el
mundo. Bueno, el resultado de esta interpretación claramente favorable al
sufragio de los españoles en el extranjero es que teníamos hasta hace
unos días una configuración de nuestro derecho de sufragio absolutamente
insólita en derecho comparado, en el cual resultaba que todos los
españoles residentes en el extranjero han podido votar y han podido ser
candidatos en todas las elecciones de todas las instancias representativas
en España. Es decir, que en teoría no existen. No había ningún
inconveniente legal a que una persona que residiera en Paraguay pudiera ser
al mismo tiempo concejal de un ayuntamiento, de un pequeño ayuntamiento o
de un gran ayuntamiento en España y aparentemente no veíamos problema
alguno en esto, cosa que repito es rigurosamente insólita en materia de
derecho comparado. Es más, todavía en la anterior legislatura se aprobó
la ley 40-2006 del Estatuto de la Ciudadanía, ley cuyo artículo
corresponde. El artículo 4-1 contiene una ideologizada pero al mismo
tiempo imposible afirmación de que todos los españoles que residen en el
exterior tienen derecho a ser electores y elegibles en todos y cada uno de
los comicios en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en
España, dice la ley. Es decir, afirmación que es literalmente imposible,
la tomemos como la tomemos porque por mucha amplitud que se le reconozca
derecho de sufragio lo que en ningún caso va a poder ser es en las mismas
condiciones. no es tanto por razones de principio, sino por razones, me
temo, puramente prácticas. Es decir, porque la razón de la modificación
legal es porque los partidos han llegado al convencimiento de que los
procedimientos de votación en el extranjero no reúnen las mismas
garantías, por ejemplo, en la actualización del censo ni, sobre todo, en
los votos por correo, cuando el procedimiento se desarrolla dentro del
territorio nacional a cuando se desarrolla en el extranjero. Y porque se ha
constatado, y se ha constatado hasta la saciedad, la existencia de un
riesgo cierto de gestión de sufragios en el extranjero a cargo de los
propios partidos políticos. Gestión que es particularmente útil en el
supuesto de elecciones municipales, en los que el tamaño relativamente
pequeño de las circunscripciones electorales puede hacer eficaces esos
intentos de manipulación. Y cuando los partidos han acabado convencidos de
que esto no puede favorecer a nadie porque perjudica a todos, es en el
momento en el que se ha optado por suprimir el derecho de sufragio de los
residentes españoles en el extranjero por este tipo de motivos. Por ello,
la reforma contiene otros preceptos en los que se trata de paliar las
posibilidades de manipulación de estos sufragios. Entre ellas, por
ejemplo, la limitación de las peticiones, las peticiones de cambios de
circunscripción, que sólo se admitirán si existen causas suficientes y
justificadas para ello, no teniéndose en cuenta las producidas en el año
anterior a la convocatoria de las elecciones, también la existencia de un
nuevo procedimiento de depósito de votos de los consulados que trata de
evitar, en la medida de lo posible, la utilización del voto por correo que
en algunos países se ha mostrado como una potencial y real fuente de
fraude electoral perfectamente manejable. Por tanto, se ha acabado con esta
insólita, en términos de derecho comparado, extensión del derecho de
sufragio de los españoles residentes en el extranjero dejando de tenerlo
las elecciones municipales, Pero lo dejan de tener no por razones de
principios, no por razones de gran teoría, sino porque en definitiva no
hemos sido capaces de poner en marcha los mecanismos que controlen una
gestión fraudulenta de votos por agentes electorales de los partidos en
algunas de las circunscripciones en el extranjero, donde el número de los
residentes españoles lo hacían particularmente aconsejable, entre
comillas, de cara a unas elecciones municipales. La óptica ha sido no
podemos garantizar que este sufragio sea tan limpio como el que hay en el
interior del territorio nacional, no tenemos forma de garantizar que el
servicio de correos de un país fuera de España trabaje como el español,
y esté sometido a los mismos mecanismos disciplinarios. El ordenamiento
jurídico español no podemos garantizar que la actualización del censo
tenga la misma eficacia en España que en el extranjero, vamos por lo menos
a evitar que estos votos puedan jugar en las elecciones municipales, que es
donde puede tener un cierto interés la manipulación del sufragio en
cierto número en cuanto que puede significar el cambio de alcaldías. Por
tanto, es un cambio no por razones... ...teóricas, aunque habría
poderosas razones teóricas para no reconocer el derecho de sufragio en las
elecciones municipales a ciudadanos que, teniendo la nacionalidad
española, llevaban años o quizás nunca hayan residido en un municipio en
España, pero han sido razones prácticas los que al final han llevado a
eliminar esta anomalía del sistema español. Bueno, otro de los elementos
que puede tener su juego, aunque todavía no estamos en condiciones de
saber hasta qué punto funcionará, es la aparición de nuevas medidas
antitransfugismo. El transfugismo ha sido una constante preocupación desde
hace unos años en los ayuntamientos por parte del legislador español y en
esta reforma de la ley se le da una vuelta de tuerca más en la medida en
que se endurece en el artículo 197 los requisitos de presentación de una
moción de censura contra el alcalde. De manera que, en el caso de que
alguno de los proponentes... de esa moción de censura, no hayan formado
parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde, es decir,
sea un tránsfuga en sentido estricto, o haya dejado de pertenecer al que
se adscribieron al inicio de su mandato, la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la corporación precisos para presentar la moción de
censura se aumenta en tantos concejales como los que se encuentran en estas
circunstancias. Es decir, si hay dos tránsfugas, el número para presentar
la solicitud ya no será la mayoría absoluta, será la mayoría absoluta
más dos más. Y así sucesivamente. Se trata con este mecanismo de tratar
al menos de dificultar una de las manifestaciones más relevantes del
transfugismo en un sistema parlamentario, entre comillas, como es el de
nuestros ayuntamientos, en el que el concejal depende de cuáles son las
medidas. En el que el alcalde depende de la mayoría absoluta de los
concejales y, por tanto, en el que es relativamente frecuente el cambio de
alcaldes. Para evitar el que el transfugismo de concejales provoque el
cambio de alcaldes es por lo que se refuerza este mecanismo. Hasta donde yo
lo alcanzo a ver, aunque he leído críticas a este mecanismo diciendo que
vulnera la posición de los concejales, yo creo que no es así. Me parece
que estamos ante una medida proporcional, una medida razonable en el que
hace compatible el ejercicio del cargo del mandato representativo, pero al
mismo tiempo dificulta el cambio de gobiernos municipales. Pero sobre este
asunto se va a referir el último día Javier García Roca y al que estaré
encantado de escuchar sobre la materia porque tengo también alguna duda
sobre la eficacia de esta medida. Bueno, campañas electorales. Otra de las
grandes novedades en la materia está en las campañas electorales. Al tema
al que está dedicada la segunda de las conferencias de mañana a cargo de
Alfonso Arevalo. Sobre campañas electorales hay muchos aspectos
problemáticos y nos estamos enfrentando ahora por primera vez en la Junta
a algunas de ellas. Voy a referirme solo a uno que a mi entender tiene
mucha importancia, que es el tratamiento de las televisiones privadas.
Porque una de las características de esta ley es que a partir de su
aprobación los medios de comunicación, las radios y las televisiones
privadas van a tener un tratamiento muy similar al de las públicas a
efectos de campañas electorales. Y no estoy nada seguro que sea una buena
idea. Voy a tratar de explicarme, aunque insisto sobre este tema. Tenemos
una conferencia... ...una conferencia específica en la que se apuntarán
con mucho mayor detalle los problemas que surgen. Bueno, en este punto
quiero brevemente simplemente recordar que la ley orgánica del régimen
electoral general permite distinguir bastante claramente entre espacios de
publicidad electoral... ...que son los que se otorgan en estricta
aplicación de los resultados electorales, es decir, cada formación
política tiene tantos minutos de propaganda electoral gratuita...
...dependiente... ...y por otro lado el régimen general de información
durante el proceso electoral que se encuentra sometido, artículo 66 de la
ley orgánica del régimen electoral, genéricamente al pluralismo
político, a la neutralidad informativa y al control por parte de la junta
electoral central... ...hasta ahora exclusivamente en los medios de
comunicación de titularidad pública. ...y en mucha menor medida en los
medios de comunicación privados. Uno de los efectos de la ley es que los
medios de comunicación privados pasan a tener un régimen prácticamente
idéntico al de los medios de comunicación públicos en esta materia...
...e insisto en que no tengo nada claro que sea una buena idea. Con ello
parece quedar claro que una cosa son los espacios gratuitos de campaña
electoral... ...y otra la información electoral, de manera que afirma...
La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2004, la ley ha
querido para uno y otro régimen normas concretas específicas y no se
puede intentar revisar la validez de un acuerdo relativo a la distribución
de espacios para la información general en base a las previsiones sobre la
distribución de espacios gratuitos. Los espacios gratuitos tienen que
distribuirse estrictamente por los resultados, la información general no
viene a decir esta sentencia. Además, dice esta sentencia, el tratamiento
no puede ser idéntico en los medios de comunicación pública que siempre
están sometidos a muchísimos mayores controles por parte de las
autoridades públicas al respecto que en los medios de comunicación
privado que en definitiva obedecen a la configuración de la libertad de
información y la libertad de impresa viene a decir esta sentencia. Bueno,
estas dos afirmaciones de que no es lo mismo... Información general que
campaña electoral y que no es lo mismo medios de comunicación pública
que medios de comunicación privada son las que se ha iniciado hace ya unos
años, pero ahora mucho más claramente aún con la reforma del OREG una
línea destinada a eliminar completamente estas dos afirmaciones, a
difuminar los límites entre información y publicidad electoral y a
difuminar... Mucho más allá de lo aconsejable, en mi opinión, los
límites entre televisiones públicas y televisiones privadas. Trato de
explicarme. En primer lugar, la Junta Electoral Central, a la que
pertenezco, pues lleva unos años empeñada en desmentir notablemente que
la información... En desmentir radicalmente o difuminar radicalmente la
idea de que la información pública es una forma de difuminar que la
información electoral es distinta a la propaganda electoral, porque lleva
tiempo diciendo que la información electoral tiene que emitirse
respondiendo al criterio de la proporcionalidad de los resultados
electorales anteriores, de manera que... La diferencia entre los resultados
anteriores y el tiempo que se le otorga de información solo es compatible
con desproporciones medidas en segundos, acuerdo de 1 de junio de 2004.
Insisto, no para la propaganda electoral, donde esto es evidente, que la
propaganda electoral es tantos minutos por tal resultado, sino para las
informaciones, para las colas de los telediarios con relación a la
información de las campañas electorales de los distintos partidos. Ha
afirmado también que estos criterios se aplican también al orden en el
que esas informaciones deben ser emitidas. Es decir, que se tienen que...
...se tienen que emitir siguiendo el criterio de los resultados electorales
y sobre todo el acuerdo que a mí me resulta más llamativo de todos y que
debería de ser objeto de reflexión, es un acuerdo de 24 de mayo de 2006
en el que obliga a eliminar del plan de RTG una alusión a los criterios
profesionales que siempre deben marcar los programas de información. Es
decir... ...elimina de un plan de difusión por los medios de comunicación
una alusión a los criterios profesionales de la libertad de información
por considerar que esos criterios profesionales de la libertad de
información podrían atacar al criterio estrictamente proporcional de
reparto que parece querer imponer la Junta Electoral. Es decir, la Junta
Electoral lleva tiempo, desde el año aproximadamente 2004, realizando una
progresiva y, a mi entender, peligrosa identificación... ...entre
propaganda electoral, que sí es de acuerdo a criterios estrictamente
proporcionales, e información electoral que no tendría por qué serlo.
Pero esto se ha reforzado aún mucho más en la ley y, desde luego, lo que
se ha reforzado tremendamente en esta ley, hasta puntos que a mí me
parecen muy complicados... ...es el reconocimiento de... ...que esto se
aplicará también a las televisiones privadas. Las televisiones
privadas... Quedan equiparadas a las televisiones públicas a efectos de la
información electoral. Sé que os puede resultar increíble, pero el
artículo 66.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral no deja ningún
lugar a dudas al respecto. Y una reciente instrucción de la Junta
Electoral Central lo ha afirmado, pero el problema no es de la instrucción
de la Junta Electoral Central, sino que es de la reforma de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General. Es decir, los partidos políticos
han querido, los partidos políticos mayoritarios, los cuatro grandes
partidos, han querido y han querido de forma muy clara y muy terminante que
las televisiones privadas actúen en materia de información electoral
cuando hay una campaña electoral en marcha con exactamente los mismos
criterios que las televisiones públicas. Y los criterios con los que
actúan las televisiones públicas es básicamente el de la
proporcionalidad a los resultados de las anteriores elecciones. Esto se les
impone también a las televisiones privadas. Además, por si cabía alguna
duda, el artículo 66.2, pero insisto que sobre esto vais a tener toda una
conferencia de Alfonso Arevalo, que estoy seguro que tiene que hacer
alusión a esto, porque son los aspectos fundamentales, uno de los aspectos
más problemáticos de la ley, eleva el principio de proporcionalidad, pero
no en el sentido que lo entiende el tribunal. No en el sentido que lo
entiende el tribunal europeo de derechos humanos, sino proporcionalidad a
los resultados de las elecciones. Al mismo nivel del de pluralismo o
neutralidad informativa. También para las televisiones privadas. Y yo
aquí sí que ya realmente no le veo la más mínima base constitucional
para hacerlo. Es decir, no se me ocurre un solo buen criterio para que las
televisiones privadas, que en campaña electoral entiendo que se deben
abrir, vamos, tienen que ser plurales. Y tienen que mantener una cierta
neutralidad informativa. Con respecto a la información de las elecciones,
lo que no veo ninguna, en fin, la más mínima base es que estén sometidas
a los mismos criterios de emisión de los actos informativos de los
partidos políticos durante las campañas electorales en términos de
tiempo y en términos de orden atendiendo a los resultados de los
diferentes partidos políticos en las últimas elecciones generales. Es
decir, creo con toda sinceridad que no se puede obligar a una televisión
privada, ni desde el punto de vista del derecho a la libertad de
información, ni desde el punto de vista del derecho de propiedad de los
medios de comunicación, a mantener este criterio de neutralidad igual a
proporcionalidad tan estricto como las televisiones públicas y que por
tanto esto tiene que generar problemas. Pero los problemas están en la
propia ley, es decir, no es cuestión de la instrucción de la Junta. No es
cuestión tampoco de actos de aplicación de la ley, sino que en este caso
quizás lo que habría que plantearse es la propia constitucionalidad de la
ley por quien, en fin, pero insisto en que son dos partidos políticos,
todos los partidos políticos que estarían en condiciones de hacerlo los
que han planteado el asunto. Bueno, otro aspecto menor pero importante es
que existen importantes noticias. Hay muchas novedades en materia censal.
En materia censal, y también tenemos una ponencia para ello, hay una
novedad que pretende atajar una práctica muy minoritaria en España pero
que tenía algún aspecto preocupante. Es decir, se había detectado a lo
largo de estos últimos años el empadronamiento... ...de un número
relativamente masivo, estamos hablando de pueblos muy pequeños, de un
número importante de personas para garantizar las elecciones en pueblos
pequeños. Para garantizar... El ejemplo más... quiero decir, hay casos de
aparecer empadronados en casa del alcalde o del candidato alcalde, 50
familiares y amigos de sitios muy distintos, casualmente unos meses antes
de... ...que se fueran a celebrar unas elecciones. Estamos hablando de
municipios muy pequeños, esto solo se puede hacer en municipios muy
pequeños. Pero, efectivamente, se habían detectado por parte de la
Oficina de Acceso Electoral movimientos sospechosos en relación a este
tipo de cosas. El ejemplo más clásico, yo no me resisto a contarlo porque
es una obra de ingeniería para el mal, para el mal urbanístico en este
caso, que es un pequeño pueblo de los Pirineos frente a las pistas
francesas de esquí, todas ellas declarados parques naturales donde no se
podía construir, que deciden, pues casualmente alguien de allí decide
empadronar en una casa que conservaba a 50 o 60 personas que no tenían
nada que ver con el pueblo, pero se empadronan, se están con él, ganan
alcalía, cambian plan, cambian el organismo del pueblo construido y hecho
desalanzado para los estudiantes franceses que estaban a otro lado. Y de
paso... ...en las fincas objeto de su propiedad. Es decir, eran fenómenos
patológicos, a veces relacionados con el urbanismo y en otras ocasiones
relacionadas con el caciquismo más feroz y la necesidad de garantizar las
elecciones en municipios muy pequeños, numéricamente sin ninguna
importancia, pero ciertamente poco estéticos y que había que acabar con
ellos. Y se va a acabar con ellos, efectivamente. Se ha puesto en marcha...
...todo un mecanismo de alerta temprana, que se diría en términos de la
Unión Europea, para garantizar que saltan los mecanismos informáticos
cuando en un pueblo se produce un número de empadronamiento superior al
habitual en estos casos, que hace reaccionar a la Oficina del Censo
Electoral, que hace reaccionar a la Junta Electoral, que da una
legitimación a los partidos políticos y que va a permitir arreglar todo
esto en los municipios donde esto sucedía. Y probablemente hayamos acabado
con ello. Yo estaría encantado... ...de este asunto, si no llega a ser
porque para arreglar estos fenómenos periféricos, marginales,
lamentables, pero periféricos y marginales, lo que hemos hecho ha sido
retrasar un mes antes el censo de todo el país. Es decir, que llevábamos
años, desde que se empezó la transición, avecinando el momento de la
emisión del sufragio del censo y ahí hemos llegado a estar muy cerca. La
reforma de la LOREG para arreglar estos asuntos absolutamente mínimos ha
trasladado a un mes antes el periodo, el censo electoral vigente para cada
proceso electoral. Y francamente me parece un coste excesivo para apagar.
Ahora el censo electoral vigente para cada elección no es el del mes antes
de la convocatoria, sino el de dos meses antes de la convocatoria desde
estas elecciones. Curiosamente, para estas elecciones hay una disposición
transitoria que guarda el sistema anterior y es todavía el de un mes
antes. Pero ya se supone que para las siguientes va a ser el de dos meses
antes de las elecciones. Es decir, que para arreglar problemas bien
concretos en municipios muy pequeños hemos perjudicado en realidad a todos
los españoles. Porque hemos inmovilizado el censo un mes antes de lo
necesario. Y yo espero que esto sea un tema que... ...se reconsidere en
otra de las numerosas reformas de la LOREG, de las habituales. Porque esto
se reforma aproximadamente una vez cada año y medio o una cosa por el
estilo. Hay una reforma de la LOREG y espero que manteniendo estos
mecanismos de alerta temprana que eviten este tipo de fenómenos... ...sin
embargo, pues no sea a costa de retrasar el mecanismo de actualización del
censo un mes con todo el país. Que es exactamente lo que ha hecho esta
ley. Bueno. Queda un último aspecto del que tengo que hablar pero no voy a
estar cómodo. Que es... Ahora me voy a referir a la Ley Orgánica 3-2011.
A la ley que se aprobó exclusivamente a propuesta del Partido Popular y
del PSOE. Que introduce lo que se llama una inconstitucionalidad
sobrevenida. Inconstitucionalidad sobrevenida que es constitucionalmente
muy complicada. Y que voy a tratar de explicarla. Aunque afortunadamente
también Javier García Roca mañana se va a referir a este tema. Y de este
tema sabe bastante más que yo. Lo bueno de hacer esta especie de
introducción es que siempre puedo remitir a lo que van a decir los otros
que saben más que yo. Y por tanto me es cómodo hablar. Pero en esta
ocasión a mí no me es cómodo hablar. Voy a tratar de explicarme. Vamos a
ver. La Ley 3-2001, la ley que se aprueba con los votos del Partido Popular
y del Partido... Bueno, no con los votos. Por iniciativa del Partido
Popular y del Partido Socialista. pretende, si uno se lee su exposición de
motivos, reforzar los mecanismos existentes para evitar que formaciones
políticas ilegales del entorno de ETA, como queramos llamarla, puedan
concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación
institucional. El objetivo me parece perfectamente aceptable, no tengo nada
en contra de este objetivo, y para lograr este objetivo adopta dos tipos de
medidas. Hay un primer tipo de medidas que podemos llamar procesales. Por
ejemplo, amplía a los partidos políticos la prohibición de presentar
candidaturas que de hecho sucedan a un partido ilegalizado, o posibilita
una impugnación durante la campaña electoral. O posibilita solicitar de
la Sala del Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la proclamación de
electos cuando está en un proceso de ilegalización. Este tipo de cosas,
medidas procesales dictadas en el marco de un proceso judicial, que a mi
entender resultan menos problemáticas en cuanto se trata de limitaciones
previstas por la ley, adaptadas en un proceso judicial de ilegalización de
un partido político, y que resultan proporcionadas al hilo de la
jurisprudencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el
caso Erri Batasuna y Batasuna contra España de 30 de junio de 2009. Por
tanto, todo este primer capítulo de medidas procesales, yo no tengo
ningún problema, me parece que son perfectamente razonables y que obedecen
a una finalidad legítima, teniendo en cuenta las circunstancias del país
y teniendo en cuenta la jurisprudencia del caso Erri Batasuna y Batasuna
contra España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, hay
una parte que a mí me resulta mucho más problema si me vais a permitir
que exprese simplemente dudas, porque las tengo. Se trata de la aplicación
de la causa de incompatibilidad sobrevenida regulada en el artículo 6.4 de
la ley. Incompatibilidad sobrevenida... en que una persona ya elegida, una
persona que ha sido elegida en un proceso electoral que tiene por tanto un
cargo público representativo y está ejerciendo ese cargo público
representativo sea un alcalde, sea un diputado, sea lo que sea resulta que
posteriormente la candidatura en la que él estaba se ha declarado ilegal y
esta persona perderá su cargo público representativo salvo que, lo voy a
leer, en el plazo de 15 días realicen ante la Junta Electoral Central,
comillas una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo
respecto de las causas determinantes de la declaración de ilegalidad dice
la ley es decir, el ejemplo sería un conflicto de un ayuntamiento, por
ejemplo que siendo ya concejal no antes, sino siendo ya concejal ve como la
fuerza política en la que él ha estado en las listas es declarada ilegal
y él va a perder su cargo como concejal salvo que en 15 días se presente
ante la Junta Electoral Central y de manera formal declare expresa e
indubitadamente que se separa de las causas determinantes de la
legalización que no comparte la violencia por ejemplo y que por tanto se
separa de la candidatura a la que ha sido elegido y en ese caso se le
autorizaría a seguir con el cargo público representativo pero en
cualquier otro caso la declaración de ilegalización en 15 días digamos
automáticamente si este señor no ha declarado esto significa la pérdida
del mandato público representativo este tema plantea dos problemas el
primero de ellos es si puede hablarse en sentido técnico de una
incompatibilidad o se debe más bien hablar de una causa legal de pérdida
del mandato representativo vais a decir, esto es una cuestión académica
no, no es una cuestión académica en absoluto si es una incompatibilidad
Toda incompatibilidad tiene un cierto componente voluntario, es decir, que
puede ser evitada en un sentido o en otro por el afectado. Uno tiene dos
cargos incompatibles, tiene que renunciar a uno de los dos, pero hay un
carácter voluntario por parte de cada uno de los afectados en renuncio a
este o renuncio a este otro. Por el contrario, las causas legales de
pérdida del mandato operan con independencia de la voluntad del afectado.
Y este debe tener la oportunidad de defender en un proceso judicial con
todas las garantías precisas, incluida la adopción de medidas cautelares,
la aplicación a su caso concreto. Es decir, si a mí se me va a aplicar
una pérdida de una situación, yo tengo que tener abierta al menos la
posibilidad de discutir judicialmente esto y de discutirlo en toto y con
las medidas cautelares necesarias. Así es. Es decir, puedo pedir que al
menos mientras se aclare qué es esto, yo no sea privado de mi cargo
público representativo, que sería el caso. Por tanto, yo no tengo nada
claro que se pueda hablar de una incompatibilidad sobrevenida. Para
empezar, nunca hemos hablado de incompatibilidades sobrevenidas en esta
materia. Es decir, pero bueno, en fin, no está nada claro. La segunda de
las dudas se refiere, y esto también es importante, a la relación... La
relación existente entre la declaración de ilegalidad de un partido, de
una candidatura o de un partido, y la pérdida automática del mandato
representativo. Es decir, necesariamente, automática y automáticamente,
el que un partido sea declarado ilegal significa que yo pierda
automáticamente el mandato público para el que he sido elegido por los
ciudadanos, no por el partido. Por los ciudadanos, no por el partido. Yo
puedo haber sido introducido en las listas por el partido, esto no lo
niego. Pero mi relación está construida con los ciudadanos como mandato
representativo. La única vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
se ha enfrentado frontalmente a este tema... que es en el caso Sadak y
otros contra Turquía, de 11 de junio de 2002, ha considerado que no es una
medida proporcional y que resulta incompatible con el Convenio Europeo de
Derechos Humanos. Es decir, ha considerado que es contrario al Convenio
Europeo de Derechos Humanos hacer perder la condición de cargo público
representativo a una persona con carácter automático a la disolución del
partido político. Los redactores de la ley española tenían el caso Sadak
en la cabeza de forma clara. Me consta, entre otras razones porque
personalmente se lo dije. Le dije tener cuidado con lo que estáis haciendo
porque hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que
parece pronunciarse en contra de esto. Precisamente por ello, para evitar
este automatismo, es por lo que se prevé la posibilidad de que los
electores renuncien individualmente a la violencia ante la Junta Electoral
Central y eviten la aplicación automática de la pérdida del mandato
público representativo. Es decir, está hecho para esto y está
inteligentemente hecho. Es decir, no se puede hablar de una pérdida
automática porque hay al menos una vía de escape, una salida en la cual
la aplicación de la ley no es automática sino que yo tengo la
posibilidad, como electo por unidad, en un determinado municipio que mi
candidatura ha sido declarada ilegal o mi partido ha sido declarado ilegal,
de acudir a la Junta Electoral y decir oiga, mi candidatura sí, pero yo es
que no estoy de acuerdo con mi candidatura en estos aspectos. Quiero
conservar mi cargo público representativo y renunciar a la violencia y a
todo lo que haya que renunciar. No es automático. Hay, por tanto, una vía
de escape. El problema, y lo voy a plantear simplemente como pregunta, es
si puede adoptarse esa decisión al margen de un procedimiento judicial,
porque la Junta Electoral Central no es un procedimiento judicial, en el
que el afectado cuente con el conjunto de instrumentos de defensa Porque
ante la Junta Electoral Central el afectado no cuenta ni con asistencia
letrada. Nadie le va a impedir que vaya con un abogado, pero no está
planteada para esto. No tiene la estructura de un juicio contradictorio ni
con todas las garantías de la judicial indebida. Es un acto en el que no
quiero ni imaginarme que vaya a tener que asistir a una cosa de estas, pero
si viene alguien tendrá que hacer una declaración y tendremos que valorar
en términos de suficiencia la declaración a los términos de la ley. Pero
esto no es un proceso contradictorio con partes, con testigos, con tutela
judicial, con todo, no lo es en absoluto. Entonces, la pregunta, y no
interrumpo más, es si una decisión de este tipo, si sirve para evitar el
automatismo un mecanismo de este tipo, que... que no se... que se toma al
margen de un procedimiento judicial y en los que el afectado no cuenta con
el conjunto de instrumentos de defensa que exige la tutela judicial del
derecho fundamental de participación. Y esta es la gran pregunta, o sea,
la gran pregunta es si esta salida que evita el automatismo reúne las
suficientes garantías en términos de tutela judicial efectiva del derecho
de participación política como para ser una solución manifiestamente
adecuada. Bueno, termino en este punto esta especie de conferencia
introductoria en la... ...que he pretendido analizar algunos de los
aspectos que con mucho mayor detalle van a ser objeto de las intervenciones
de mis compañeros y unas intervenciones mucho más detalladas que las
mías y sin duda mucho mejores que estas, en cuyos respectivos terrenos
inevitablemente me he tenido que meter, ¿no? Bueno, en cualquier caso me
parece necesario terminar afirmando que en su conjunto las reformas
aprobadas, aunque con algún claro oscuro en el que reconozco que quizás
haya incidido... ...es demasiado porque es un vicio muy de profesores
cuando se hace una intervención de este tipo decir todo lo malo de unas
normas y no las muchas ventajas que en materia de procedimientos se han
puesto en marcha con estas normas, pues creo poder afirmar que a pesar del
énfasis en mi intervención, las reformas que se han aprobado constituyen
una notable mejora técnica de nuestras normas electorales. aunque lo sean
y esto debo reconocerlo en beneficio de un sistema electoral al que por el
momento parece no haber llegado la hora de reformas al menos a los ojos de
sus mayores beneficiarios los mayores beneficiarios del sistema electoral
español son claramente los partidos mayoritarios tanto nacionales como
autonómicos que no parecen estar por el momento en disposición de
introducir ninguna reforma que perjudique sus propios intereses
electorales. Muchas gracias Supongo que abrimos un torno de preguntas y
alguien trataré de aclarar algún punto que no haya que queráis, lo que
queráis El fuego e incidir en algo que realmente no estudiaba a fondo la
reforma pero lo que pude leer y luego lo que he podido ver a través de los
medios no acabo de entender. Esa asimilación de las televisiones privadas
a las televisiones públicas en el tratamiento informativo me gustaría que
profundizase un poco porque realmente no entiendo casi nada alrededor de
esa asimilación perfectamente comprensible que se establezcan unas normas
en relación con las televisiones públicas en tanto que son unos medios
públicos prácticamente los únicos medios públicos de comunicación
públicos pero en virtud de eso ¿por qué no a las radios? ¿por qué no a
los periódicos? y ¿dónde queda la libertad de información? la opción
de un medio por una determinada fuerza que es algo absolutamente legítimo
lo es para un periódico, todos lo asumimos que es totalmente razonable que
un medio escrito tenga una opción determinada ¿por qué no para una
televisión? Realmente creo que ahí hay un problema de constitucionalidad
serio de la ley al margen de que los problemas a los que se pueden
enfrentar las juntas electorales son continuos también en este tema
Máxima si tenemos en cuenta la proliferación de televisiones simplemente
si podría profundizar un poco Bueno voy a intentarlo a mí tampoco me
gusta esto y yo no creo en esto no creo en absoluto quiero decir yo, vamos
a ver Hace mucho tiempo que los partidos políticos llegaron a la
conclusión Que con relación a las televisiones Que consideran
probablemente cada vez con menos fundamento Pero consideran que es el medio
fundamental para hacer propaganda electoral Y campaña electoral Con
relación a las televisiones públicas Que lo que favorecía a todos Era
que todas ellas tuvieran necesariamente que actuar Conforme a un criterio
de estricta proporcionalidad A los resultados electorales Es decir, que con
independencia de que hubiera televisiones Que estuvieran en manos del
gobierno del partido A o del partido B Pues las del partido A y las del
partido B Cuando hubiera unas elecciones de alcance general Tuvieran que
actuar conforme a un criterio prefijado Claro Para todos los partidos En
los sectores electorales De forma que uno entendía que podía salir
perjudicado En un determinado territorio Pero ganaría en el otro
Dependiendo de sus resultados electorales Y marcaría una óptica
predecible De actuación de los medios de comunicación Para ello pensaron
Y ya para mí es un error tremendo Que lo mejor que podían hacer Era
obligar a los medios de comunicación pública A difundir las informaciones
estrictamente electorales Como si fuera propaganda electoral Siguiendo los
medios de comunicación Los mismos parámetros Es decir, primero el partido
más poderoso ¿Cuánto ha tenido? ¿Un 30% de los votos? ¿Un 40% de los
votos? Pues un 40% del tiempo Después el segundo partido El tercer partido
Así hasta que tengan que dar una información mínima De todos los
partidos parlamentarios Por muy poco que sea Pero en fin, todo prefijable Y
todo predecible Y podrían controlar los unos las televisiones de los otros
Con un cronómetro en la mano Y se ha llegado hace mucho tiempo Hasta muy
estudiado A un control puramente cronométrico De los tiempos electorales
Vale Esto se ha hecho Se hablará de ello Y en fin Con la inestimable
colaboración de la Junta Que también ha pensado Que era una forma en la
que ella misma Se ahorraba problemas Es decir, tenía también un
parámetro sabía que en una determinada televisión de un ámbito tanto
tiempo correspondía de cada información de cada día a tal partido
político, se programaban por los medios de comunicación pública unas
especies de planes en los que se determinaban cuándo se iba a hablar de
cada partido político, se aprobaba por todos los partidos políticos, con
representación parlamentaria se elevaba la Junta y había por lo menos
seguridad jurídica. Lo único razonable que se me ocurre decir es que
había seguridad jurídica y un criterio que globalmente hablando a lo
mejor no es muy injusto, teniendo en cuenta que se obedece a un criterio de
proporcionalidad, pero que suponía el anular todos los criterios con los
que solemos actuar con la libertad de expresión. Todos, incluido la propia
responsabilidad de estos medios de comunicación pública que tienen sus
órganos de control que actúan al margen de los procesos electorales, es
decir, que están. Que están controlados en general por representación de
todas las fuerzas parlamentarias que hay en cada una de las televisiones
autonómicas o la televisión nacional, o hay un consejo de radio y
televisión española o equivalente en cada una de las televisiones, y
bueno, pues que se supone que deberían de actuar conforme a criterios de
interés informativo, profesionales, etc. Pero en tiempos electorales se ha
primado el término o el criterio tanto por ciento de votos a cualquier
otro. Ahora se da un paso, a mi entender, absolutamente en el vacío. Que
es decir, creer que estas normas, que pueden tener una cierta lógica,
aunque relativa, para los medios de comunicación públicos, pueden sin
más ser trasladados a los privados porque, añaden, aunque no están en la
ley, también son objeto de concesión. Ese es el argumento. Esa es la
parte de publicación. Es decir, no hay televisión. No hay televisión
privada en sentido estricto en la medida en que hay una concesión pública
para la emisión, una concesión pública que puede ser eventualmente
retirada. Parte de las condiciones de la concesión a partir de ahora va a
ser el que jueguen en los procesos electorales conforme a los mismos
criterios que las públicas en aplicación del principio de
proporcionalidad. Bueno, para mí esto es confundir absolutamente lo que
significa neutralidad en medios de comunicación pública y en medios de
comunicación privada. O pluralismo, sobre todo pluralismo, en medios de
comunicación pública y en medios de comunicación privada. Pluralismo en
medios de comunicación pública tiene que ser garantía en cada uno de los
medios. Pluralismo en medios de comunicación privada es garantizar un
marco plural, es garantizar que cada uno pueda defender su propio criterio
dentro de un marco plural. Y claro, lo que se está haciendo es llevar el
criterio del pluralismo público a cada uno de los medios de comunicación
privada. De forma, a mi entender también, poco o quizás poco compatible
con la posición constitucional de los medios de comunicación privada.
¿Por qué? Porque todo esto proviene de un artículo de la Constitución
en los que se habla del control de los medios de comunicación pública, no
privada. Sí, buenas tardes. Yo, siguiendo un poco con él, lo que pasa es
que me ha suscitado muchas preguntas porque al hablar a nivel general, pues
evidentemente le viene uno a uno un montón de cosas a la cabeza y voy a
intentar ser genérico pero breve. ¿No cree, profesor, que lo que se está
haciendo con las reformas, las sucesivas reformas de la ley es intentar
arreglar problemas? Que no son propios de la ley electoral y son propios de
otras materias. Es decir, pongo dos ejemplos. El tema de los medios de
comunicación privada utiliza un espacio público que además es limitado,
sujeto a concesiones y que pueden actuar también y pueden utilizar como
lobbies o grupos de presión. Pero hay otros medios y otro tipo de
legislación, otro ámbito del derecho donde se puede limitar ese tipo para
garantizar lo que yo creo que tiene que garantizar la ley, que es la
transparencia y la libertad de decidir de los ciudadanos y un reparto justo
de su voto. A mí me parece que eso es lo que tiene que presidir, además
de cómo se utilizan luego los cargos. Pero se habla un poco del tema del
transfugismo y lo que se está metiendo también es en la libertad de
decidir de los propios concejales o de los propios electos porque lo que
tienen que hacer es evitar que el dinero y la corrupción convierta en
transfugas a personajes electos. Es decir, el intentarlo por la vía
electoral me parece una barbaridad y hasta ahora no hemos visto a nadie, a
muy poca gente procesada por poner su voto. A mí me parece que no es
justo, no es razonable. Me parece que hay que evitar que uno sea trasfuga
por motivos de corrupción o de dinero, pero no por cambio de criterio,
limitar el cambio de criterio. Bueno, vamos a ver. Sí, efectivamente puede
que tenga razón y que la ley electoral en los dos ejemplos que ha
solucionado pretenda de alguna forma paliar para momentos electorales o
para puntos electorales concretos problemas mucho más generales de,
digamos, el conjunto jurídico y de la sociedad del país. Es decir, el
diseño de los medios de comunicación en España y la falta de
transparencia en muchísimos aspectos de cuáles son sus intereses, sus
propietarios y sus propias posiciones políticas en muchísimos puntos es
general, no es solo electoral. Lo que se hace aquí es... Pues,
curiosamente, se entiende que el momento electoral es particularmente
importante a estos efectos en el momento en el que vamos a emitir el voto y
se le esfuerza a que durante unos cuantos días actúen como si no tuvieran
intereses propios y como si fueran televisiones públicas. Pero yo creo que
es que no es una buena solución, efectivamente. Y que sería mucho más
útil tener un registro público de intereses de los medios de
comunicación en el que supiéramos efectivamente quiénes son los
propietarios y qué es lo que se puede hacer. Y estuvieran claras las
líneas editoriales a que responden, ¿no? En el tema del transfugismo, la
diferencia entre el tránsfuga, entre el mítico tránsfuga bueno, que
prácticamente es un ser como el unicornio, y el tránsfuga malo es muy
difícil de delimitar. Y efectivamente toda medida antitransfugismo que se
adopte tiene el coste de arrastrar al pobre unicornio que pasaba
casualmente por allí y que no lo contaba. Y que es... Yo no tengo
ningún... No tengo ninguna duda que el transfugismo en algunas ocasiones,
raras, pero en algunas ocasiones es todo un fenómeno de valentía ética y
política y que lo justo y lo razonable es ser tránsfuga en algún momento
de la vida en casi cualquier institución en la que uno esté, ¿no? Pero
cuando la inmensa mayoría del transfugismo responde a otros intereses
mucho menos... honestos y probablemente mucho más combatibles con el
código penal en la mano yo también estoy convencido que la mejor ley de
transfugismo es el código penal, bien aplicado pero bueno pues lo que se
ha tratado de hacer en esto es como el transfugismo no lo podemos evitar
vamos a ver si limitamos por lo menos la falta de estabilidad en los
municipios, vamos a ver si no damos, porque lo que ha ocurrido en la
práctica es que el transfuga ha obtenido la concejalía de urbanismo del
próximo gobierno con el que él ha contribuido en su voto, ese es
desgraciadamente por eso digo que unicornio los mínimos ese es
desgraciadamente el fenómeno más frecuente y lo que dice esta ley sin
decirlo es bueno, tú no vas a ser concejal de urbanismo porque no vas a
tener puede ser transfuga te puedes ir a otro grupo pero con tu ida a otro
grupo político no te va a permitir ser concejal de urbanismo porque no va
a permitir cambiar al alcalde, probablemente sea un solucionar problemas a
cañonazo, yo estoy de acuerdo y tengo muchísimas dudas que esto vaya a
ser eficaz hasta ahora los sucesivos pactos antitransfugismos en esta
materia han sido las formalizaciones legales han sido inútiles, el pacto
antitransfugismo a nivel nacional que si no lo sabéis existe y está en el
ministerio no ha funcionado jamás en temas importantes pues esto lo que
pretende decir por lo menos habrá menos cambios de gobierno municipales es
así Buenas tardes yo pido excusa por haber llegado un poco tarde pero creo
que suficientemente a tiempo como para ver la riqueza de conceptos y de
problemas que hay en la exposición yo creo que no debería haber una
reforma de la ley electoral cada año y medio sino cada mes así se
multiplicarían seminarios como este que son tan gratos porque cada reforma
de la ley electoral que hay me parece más desafortunada no se trata puede
que se trate del vicio de los profesores que ha denunciado el ponente que
nos empeñamos en sacar todo lo malo que aparece, yo debo ser muy vicioso,
pero la verdad es que en esta reforma electoral no veo casi nada que sea
potable. Claro que la habilidad del ponente es decir, yo estoy haciendo una
ponencia general, guarden ustedes las armas contra otros ponentes que me
van a seguir. En ese sentido, yo me podría guardar alguna arma, me las voy
a guardar todas además, por si puedo asistir mañana, pero la exposición
me ha sorprendido en una cosa, verdaderamente, que yo no había reparado en
ella. Es en la palabra separación que incluye la ley orgánica 3 del 2001,
cuando habla del caso de lo que malamente llaman inconstitucionalidad,
perdón, incompleto. Compatibilidad, que no lo es. Dice, salvo que de
manera indubitada y expresa, tal, se separe o rechace. El ponente ha dicho
que expresa la separación de esa formación, que tal. Justo el legislador
está consagrando la figura del transfuga bueno. Si se separa de la
formación, es un transfugismo, evidentemente, pero bueno. Mientras que los
demás transfugas... Como ha supuesto, son transfugas malos. Me ha
sorprendido, me parece, una habilidad del constituyente extraordinario.
Bueno... Constituyente no, del legislador, quiero decir. Bueno, gracias
Antonio. Vamos a ver, sí, separación es separarse de la violencia en este
caso. Es el transfuga bueno que se separa de la violencia. Perdón, ¿qué
significa separarse de la violencia? Pues... Se separa uno de la otra. De
la formación política. De la formación política que... Que está
contaminada, aparentemente, por lo menos, de la violencia de transfuga. Yo
esto ni lo sé ni estoy muy seguro de querer saber lo que quiere decir,
¿eh? Porque no me imagino a mí mismo, me tocaría en mi situación actual
de miembro de la Junta, si pasado mañana ocurre una cosa de este tipo,
tener que juzgar si una declaración es suficiente para separarse de lo que
sea. Y realmente es tremendamente complicado. Pero yo, es un artículo...
redactado para evitar el automatismo y redactado pues como suelen estar
redactadas estas cosas pues generando un mecanismo en el que nadie había
pensado porque nadie había pensado que la junta electoral sirviera para
absorber, ¿cómo se llamaba eso? de las confesiones, era para absorber
confesiones, era una especie de pues tenemos que recibir a un señor que
nos expresa se supone que te hace un examen de conciencia y dolor de los
pecados y propósito de la enmienda, dice los pecados al confesor y no
tiene penitencia porque le decimos que puede seguir en el cargo pero yo
desde luego no estoy preparado para hacer esto yo tengo mis habilidades
sacerdotales son mínimas y no soy capaz de juzgar la sinceridad de este
tipo de cosas y me gustaría no tenerlo que hacer nunca bueno aparte me
separo por imperativo legal sería en sí mismo un estupendo una estupenda
fórmula perfectamente lícita de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal
constitucional por cierto