Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar en las terceras jornadas
de derecho parlamentario la reforma de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General. Como saben todos ustedes, a través del sistema
electoral se hace efectivo el proceso de representación, pero el sistema
electoral se proyecta sobre un cuerpo electoral que viene definido, viene
determinado por el censo electoral. Justo por ello, la determinación y la
fijación del cuerpo electoral resulta decisivo como primer paso para
asegurar un efectivo proceso de representación. Por eso, la reforma que
vamos a analizar en esta sesión de la LOREG, de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, resulta quizá de la mayor importancia.
Reforzar las garantías en el censo, evitando empadronamientos
fraudulentos. O de conveniencia, resultan garantías para la propia
configuración de nuestra democracia representativa. Y para analizar esto,
que repito, me parece que no es una cuestión baladí, está con nosotros
Augusto Martín de la Bé. Profesor titular de Derecho Constitucional de la
Universidad de Salamanca, ha centrado sus investigaciones, entre otros
temas, en la naturaleza jurídica de los partidos políticos y en el
derecho electoral. Precisamente acaba de publicar una reciente
investigación sobre el tema. El discípulo de uno de los grandes maestros
de Derecho Constitucional de nuestra disciplina, el profesor Cascajo
Castro, combina con especial acierto un manejo fluido de los conceptos
clásicos de la asignatura con una exposición brillante y ágil.
Permítanme, pues, recomendarles prestar una especial atención a la
conferencia. Les aseguro que será tiempo muy bien empleado. Bueno, muchas
gracias. Es evidente que el profesor es amigo mío. Y que prácticamente
todos los profesores de la casa lo son. Creo que les voy a defraudar,
supongo que, en lo de la exposición y la preparación de los conceptos
teóricos. Pero, en todo caso, quería dar las gracias a las instituciones
que me invitan hoy aquí. Para mí siempre es un placer estar en la UNED.
Es la segunda vez que estoy. Gracias a los dos jóvenes y brillantes, si no
tan jóvenes, profesores de Derecho Constitucional que tanto me conocen y
nos conocemos. Y... Esta vez quería dar especialmente las gracias a la
Escuela de Práctica Jurídica. persona de su directora, la profesora Pilar
Mellado. Quería dar las gracias también a la Fundación Jiménez Abad y
evidentemente al Instituto de Estudios Parlamentarios, porque para mí sí
que es un lujo de verdad compartir un cartel, un plantel de ponentes como
el de estas jornadas. Yo creo que las jornadas son muy interesantes y eso
me permite además también estar con viejos conocidos, con maestros como
el profesor Torres del Moral, pero tiene un inconveniente. A alguien le
tocaba hablar del censo electoral y me ha tocado hablar a mí a las cuatro
y media de la tarde hoy. Créanme, cuando me dediqué al derecho
constitucional no pensé que terminara dando una conferencia exactamente
sobre el censo electoral ni era uno de los temas predilectos. Yo creo que
el censo electoral es un elemento menor dentro de la reforma. Ustedes ya
han asistido a bastantes ponencias, a varias ponencias la tarde anterior
sobre la reforma electoral. Una reforma que parece que no es una reforma
tan general, que parece que no es una reforma de los elementos de la
reforma electoral, ni de los elementos claves ni del sistema, ni
probablemente del procedimiento electoral, a pesar de que tenga elementos
significativos. Y una reforma que tiene unas connotaciones particulares en
cuanto a su intencionalidad política cuando surge la subcomisión y lo que
de ella se produce dos años después. En este camino, digamos, y puesto
que no se reformaban otras cosas, se abordaron también aspectos técnicos
de nuestra Ley Electoral Yo creo que lo primero que cabe cuestionarse es si
la reforma del censo es realmente una de las reformas importantes y
trascendentales de la ley electoral, tal como dice la exposición de
motivos. Yo creo más bien, sinceramente, que es una reforma necesaria,
quizá no exactamente bien articulada, yo he tardado en entenderla y ahora
quizá me gusta más que hace unas semanas, pero es discutible. Pero, en
todo caso, creo que es una reforma menor en cuanto está dirigida
fundamentalmente a la lucha contra el empadronamiento fraudulento y, por
tanto, contra las altas fraudulentas en el censo. Este tema, que se
localiza fundamentalmente, lo veremos ahora en las elecciones municipales,
en muy pequeños pueblos, donde una subida espectacular o una pequeña
subida del censo en determinados meses anteriores a las elecciones puede
determinarlo. Quien gobierna en el municipio no deja de ser, ciertamente,
un tema menor en nuestro derecho electoral. Es decir, no tenemos un
problema de censo electoral como hemos tenido históricamente. Lo que
teníamos era una pequeña anomalía o teníamos unas pequeñas anomalías
en torno a las garantías objetivas de la veracidad del censo en los
pequeños municipios para las elecciones municipales. Lo primero que me
gustaría subrayarles es que a pesar de la grandilocuencia en la
exposición de motivos de la importancia del censo, fíjense que dicen ya
era hora de que la ley precisara cuál es el censo cerrado, ya era hora de
que se solucionaran los problemas técnicos de comunicación entre los
ayuntamientos y la oficina del censo, que no es más que las indicaciones
del informe de la Junta Electoral. O ya era hora de que acabáramos con los
empadronamientos fraudulentos y las altas fraudulentas del censo. Bueno,
tengo la impresión de que se aprovecha una reforma débil, una reforma con
poco contenido, salvo en algunos aspectos y no especialmente electorales,
para solucionar un problema técnico que ya apuntaba en las sentencias del
99 sobre las garantías objetivas. Por otra parte, es curioso, es de las
pocas veces donde el consenso parlamentario juega malas pasadas y la
exposición... La exposición de motivos donde se justifica la reforma del
censo es exactamente la copia, palabra por palabra, de la intervención del
diputado Bermúdez de Castro a la hora del informe sobre la comisión. Es
decir, han pactado de tal manera la reforma electoral que cuando le tocó
en esta parte al diputado del PP, pues simplemente cogió la transcripción
de su intervención en el Pleno y lo puso aquí. Y además lo puso diciendo
una cosa que, si quieren ustedes podemos discutir, diciendo que para evitar
el problema de los empadronamientos fraudulentos, Uno, se retrasaba el
cierre del censo dos meses. Dos, se limitaban los cambios de
circunscripción a los dos meses evidentemente para los nacionales y un
año para los que residían en el extranjero. Y tres, dice, se incorpora un
recurso específico unificando en la jurisdicción
contencioso-administrativa la revisión de los actos. Bueno, yo no sé si
lo que se incorpora es un recurso específico o simplemente una
legitimación en dos momentos, electoral y no electoral, de la posible
impugnación. Y tampoco sé hasta qué punto se puede llamar recurso
específico a lo que es un aumento de la legitimación en un recurso
administrativo. Es cierto que como veremos la unificación en la
jurisdicción contencioso-administrativa yo creo que está bien hecha.
Hecho esta introducción me gustaría situarles un poco en cuál era el
problema sobre el censo. Es verdad que la reforma afecta a prácticamente
todos los artículos del censo electoral de la LOREG. Pero es verdad que lo
que se reforma fundamentalmente o bien son pequeños aspectos técnicos o
bien realmente se reforma lo relativo a la impugnación o las posibles
impugnaciones o corrección del censo en los momentos anteriores al periodo
electoral y en los momentos del periodo electoral. Quizá la reforma más
importante, Es la que afecta a la exclusión del censo, aunque esto es el
derecho de voto, de los españoles residentes en extranjero en las
municipales. Es decir, esa insistencia en que nadie puede estar en los dos
censos a la vez no es más que la plasmación de la privación del derecho
de voto en las elecciones municipales. Es verdad también que hay una lista
larga, que no les voy a leer, de cambios más o menos menores en el censo.
Se precisa, por ejemplo, la fecha de renovación del censo, el primer día
del mes. Se precisa la información que deben de transmitir a las oficinas
del censo. Se precisa la limitación en los cambios, sobre todo en el
extranjero. Pero, les digo, el problema es el padrón. Bien, ¿cuál era el
problema? El problema estaba estudiado ya hace tiempo, por ejemplo, por el
profesor Oscar Sánchez Muñoz, entre otros muchos, en el hecho de que
nuestro censo... Es un trasunto del padrón municipal. Es decir, el
problema de quién hacía el censo, que es efectivamente básico para la
garantía de la democracia, pasa en España de encomendarse a los
ayuntamientos y diputaciones, históricamente lo estudia bien Martín
Basols, a encomendarse en 1907 a un órgano independiente de los
ayuntamientos y diputaciones, porque estos podían influir. políticamente.
Se encomienda así al Instituto de Estadística y Geofísica y que a la vez
depende de la Junta Electoral y después con las primeras normas
electorales de la democracia en España se encomienda al Instituto Nacional
de Estadística para con la LOREG crear una oficina del censo. La creación
de la oficina del censo es uno de los elementos clave en esta reforma. Más
que la creación en la LOREG, les quiero decir, la ambigua naturaleza de la
oficina del censo es una de las posibles objeciones a la reforma que se
produce de la impugnación de los censos fraudulentos. En España está
claro que la oficina del censo tiene una dependencia funcional,
teóricamente, de la Junta Electoral, lo saben, pero realmente también el
director es el director del Instituto Nacional de Estadística, los
funcionarios son funcionarios del Gobierno. Es decir, son funcionarios de
la Junta Electoral, son un órgano independiente, pero está incrustado en
el Ministerio de Economía dentro de un órgano gubernamental. Por otra
parte, el tema clave está en que no quedan claras las funciones de
dirección y de corrección, si quieren ustedes, de las actuaciones de las
juntas electorales con respecto a la oficina del censo. La oficina del
censo es una especie de tercero incómodo entre la Junta Electoral y los
ayuntamientos. La oficina del censo, además, tiene una autonomía básica
en cuanto al tema de impugnaciones. Los ciudadanos, ahora los
representantes de los partidos políticos, van a poder impugnar altas y
bajas en el censo ante la oficina del censo, pero después de la
resolución de la oficina del censo, el tema no irá a la Junta Electoral,
esta era la posibilidad que no se cumple en la reforma, sino que sigue
yendo al juzgado, ahora contencioso administrativo, en ambos casos. Es
decir, los actos de las oficinas del censo en materia puramente de altas y
bajas censales no son revisables por la Junta Electoral Central, lo son por
los tribunales directamente. Con lo cual, la figura de la Junta Electoral
queda fuera de esta dinámica del censo. Y esto va a tener consecuencias.
Va a tener consecuencias porque el Tribunal Constitucional, desde el
principio, entendió que el objeto del contencioso electoral, de esa
revisión general que se realiza al final del proceso sobre el
procedimiento electoral y el propio proceso, se reduce, digamos, en virtud
de una interpretación quizá un poco literal, el 108 y siguiente, a los
actos que afecten al procedimiento electoral. Y los actos que afecten al
procedimiento electoral serán aquellos actos donde intervenga la Junta
Electoral. junta electoral. Por lo tanto, para empezar, si en el tema del
censo no interviene la junta electoral, sino interviene directamente la
oficina del censo, que es ante la que se recurre, cualquier última
revisión posible de los resultados electorales al final no será
encuadrable en el contencioso electoral. Esta idea de que no vamos a poder
revisar al final por los jueces en el procedimiento las altas y bajas del
censo, que las altas y bajas del censo es una cosa que queda, aparte del
procedimiento electoral propiamente dicho, no revisable al final, sino con
sus específicos recursos, va a condicionar también la reforma electoral.
Yo les decía, miren, el problema se plantea en las elecciones municipales
cuando, vuelve a plantearse hoy en los periódicos y en los días 4 y 5 de
abril, por una cuestión especial lo veremos luego, se plantea cuando se
producen empadronamientos indebidos. Bien, los ayuntamientos y son quienes
elaboran el padrón. Y el padrón automáticamente, en el padrón
automáticamente, esos mismos ayuntamientos digamos que pegan el sorpaso al
censo electoral. Es verdad que la oficina del censo, más que la oficina
del censo, el Instituto Nacional de Estadística tiene una cierta capacidad
para controlar la elaboración del padrón municipal. Es verdad que no se
utilice en la ley de bases, etc., se establece que incluso el Instituto
Nacional de Estadística puede hacer una especie de ejecución sustitutoria
de la inscripción en el padrón por un ayuntamiento. Pero lo cierto es que
la práctica es que el ayuntamiento hace el padrón y ese padrón se
convierte automáticamente en ceso. Dejemos ahora aparte un elemento clave,
que no tenemos claro, lo ha dicho yo creo la doctrina bien dicho, no hemos
definido bien qué significa el concepto de residencia. Se empadrona uno en
una localidad, en un municipio, porque reside habitualmente en él. Bien,
no hemos logrado establecer criterios para determinar la residencia, por
ejemplo la permanencia durante un cierto tiempo, no hemos logrado
establecer criterios para probar la residencia habitual, por lo tanto los
Tribunales Superiores de Justicia, el propio Tribunal Constitucional,
tienden a preguntar, ¿qué significa la residencia? Tienden a pensar que
existe un derecho a empadronarse en un municipio porque se vive
habitualmente en él o, hay algunas sentencias, se tenga intención de
vivir en él. Luego, no sabemos exactamente cómo probar que alguien vive
allí. para probar. Yo conozco muchísimos casos de personas que se han
empadronado en mi casa, no en Salamanca, con ninguna intención
fraudulenta, sino que había que empadronarse en algún lado porque tenían
que entrar en la Universidad de Salamanca o porque tenían una beca mejor
para no sé qué o por cualquier motivo. Y el empadronamiento en Salamanca,
cuando han desaparecido, cuando nunca han vivido realmente en Salamanca,
permanece en él. Por lo tanto, ahí hay un elemento de distorsión. El
problema se planteaba cuando las altas en los pequeños municipios generan
el escándalo social en las elecciones municipales. Bien, en el 99 la
cuestión fue especialmente relevante y llevó a varios partidos políticos
a intentar ir a los tribunales para impugnar pequeños padrones. Había un
caso, es bien estudiado por el profesor Fernando Reviriego, donde había
más altas en el último mes, sesenta y tantas, que habitantes. Bien, los
Tribunales Superiores de Justicia les dieron la razón. Dijeron que
efectivamente la elección en general había sido nula porque el censo era
fraudulento. Y ahí es donde interviene al final, vía recurso de amparo,
el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional hace una
interpretación de nuestros dos artículos claves, el 38 y el 39. El 38 se
refiere a la posibilidad de recurrir el padrón en periodo normal, no
electoral, y el 39 en periodo electoral. Interpretando el 38, el Tribunal
Constitucional llega a la conclusión de que nuestra vieja ley de régimen
electoral general establecía que se podían impugnar los datos censales y
que no precisaba exactamente que fueran sólo los interesados. Por lo
tanto, interpreta que en periodo no electoral cualquier sujeto, léase que
es en lo que está pensando partidos políticos o agrupaciones de
electores, podrían recurrir la inscripción censal ¿ante quién? Ante la
oficina del censo. Y posteriormente, por tanto, podrían ir a la
jurisdicción contencioso-administrativa. Por lo tanto, el Tribunal cubre
la legitimación porque cuando nuestra ley dice o parece decir simplemente
que sólo le ha interesado, no lo dice exactamente, el Tribunal entiende
que cualquiera. Lo que pasa es que el Tribunal precisa. Lo único que se
puede impugnar son las cifras del censo cuando no estamos en elecciones.
Porque el dato concreto censal de cada uno está protegido por la Ley de
Protección de Datos y por toda la normativa del artículo 45 y siguientes
de la Ley Orgánica de Registro. régimen electoral general. Luego, antes
de las elecciones, un partido sólo podía impugnar las cifras electorales
ante la oficina del censo. Y en periodo electoral, en cambio, el Tribunal
Constitucional, en las sentencias, en las 148 y 149 del 99, dirá, miren
ustedes, aquí la ley precisa claramente el interesado y dice que podrá
recurrir sus datos censales. Por lo tanto, en aquel momento, ante la
jurisdicción civil, con nuestra vieja, antes de la ley y de la reforma.
Por lo tanto, en periodo electoral, los partidos políticos no pueden
impugnar ningún censo. Simplemente los interesados pueden impugnar su
inscripción. Esto suponía que, en una terminología clásica de la
doctrina, existieran buenas garantías subjetivas para la regularidad del
censo. Cada uno podía, antes o después, o durante el periodo electoral,
impugnar sus datos censales, pero malas garantías objetivas de garantías
de garantizar la regularidad del censo. Porque los partidos políticos
podían antes, pero sólo las cifras censales, y además, ¿cómo conocían
las cifras censales exactamente? Y además, en periodo electoral esto no
valía por los plazos, porque no llegaban, etcétera, y durante el periodo
electoral no había más reclamación que la del particular. Es decir, en
el periodo electoral teníamos un hueco entero para que alguien que no sea
el titular del derecho controle la regularidad de esos censos. Bien, ante
esta situación, que duró diez años, la oficina del censo emite en el
2006 una resolución de febrero del 2006 que se llamará el sistema de
alarmas. Fíjense que desde el 99 habían pasado bastantes más elecciones
y que seguíamos teniendo problemas. Lo característico de lo que se llamó
sistema de alarma por parte de la oficina electoral en una resolución de
la oficina electoral, que en realidad es una serie de instrucciones,
concretamente dos, a los ayuntamientos, lo que intentaré paliar será no
las deficiencias en el periodo electoral, si quieren, sino las deficiencias
antes del periodo electoral. En la formación regional. Bueno, lo que
decía, le simplifico mucho la resolución, es simplemente que la oficina
del censo publicaría, debería publicar los datos del censo en la web, que
debería publicar especialmente los datos de los municipios pequeños,
menos de 2.000 habitantes, Y que habría, por tanto, una posibilidad de que
de oficio o bien mediante un recurso, los partidos políticos o las
federaciones pudieran impugnar alteraciones sustanciales en el censo
electoral. Es decir, antes del periodo electoral, la oficina publicaba una
serie de datos, establecía unos criterios aritméticos y digamos que
avisaba de dónde se había producido en el municipio una subida
desproporcionada en el censo electoral que permitía, o bien de oficio o
bien por instancia de los partidos políticos, actuar. ¿Actuar a quién? A
la oficina del censo, porque los partidos recurrían ante el censo, ante la
oficina del censo. ¿Y qué podía hacer la oficina del censo? Pues la
oficina del censo lo que podía hacer era dirigirse al ayuntamiento y
exigirle que comprobara la veracidad de las inscripciones. Pero estamos
hablando de cifras totales, con lo cual el partido político nunca conocía
los datos de las personas, sabía que había aumentado. Era la oficina del
censo quien, teóricamente sabiéndolo, le decía al ayuntamiento,
comprueba que viven allí. Y cuando el ayuntamiento realizaba las
gestiones, si comprobaba que no se vivía allí, con esta ambigüedad que
les he comentado, inmediatamente daba automáticamente de baja en el
padrón y automáticamente la oficina del censo le daba de baja en el
censo, aunque no se hubiera escrito en otro padrón y por lo tanto aunque
tuviera que inscribirse de nuevo en el censo para poder... poder ejercer el
derecho de voto. Por lo tanto, al final eran los ayuntamientos quienes
tenían que hacer esta labor. Pero lo curioso de esto es que empieza a
parecerse un poco a las competencias, esta competencia de la oficina del
censo imponiendo a los ayuntamientos que vigilen, que no den certificados,
sino que se lo muestren, se empezaba a comparar a las, yo lo comparo a
veces, me sonaba a las competencias o a las facultades del defensor del
pueblo, aconsejar, en fin, es decir, no tenía facultades sancionadoras.
¿Por qué? Porque si el ayuntamiento, les estoy simplificando mucho dentro
de lo que puedo, porque si el ayuntamiento, si el ayuntamiento no
contestaba, y hay muchos casos, o contestaba mal, es decir, la oficina del
censo entendía que no había justificado porque había esas subidas, lo
único que podía hacer la oficina del censo es remitir esa mala
contestación, esta ausencia conformar de lo que había hecho a la Junta
Electoral Central. ¿Y qué podía hacer la Junta Electoral? Nada. Mejor
dicho, probablemente, si hubiéramos entendido que la Junta Electoral era
de verdad quien tenía que garantizar, como dice el artículo 8, la
transparencia y objetividad del censo electoral, si hubiéramos entendido
que la Junta Electoral tenía facultades de inspección reales sobre la
oficina del censo, aunque es verdad que no tiene de corregir los actos,
podría haber hecho algo. A veces la Junta Electoral dio por bueno un censo
antiguo. En general, les digo, cuando esto se pone en marcha en el 2006, en
el 2007 la Oficina del Censo le dice a la Junta Electoral que tengo 300 que
entre que no me contestan o me contestan mal porque no han hecho nada. Y la
Junta Electoral da un comunicado, una rueda de prensa en el 2007 donde
dice, tomamos nota y vamos a mandar estos informes a los ayuntamientos. Es
decir, nada. Y este era el sistema de alerta. Es decir, servía para que en
periodo no electoral, porque en electoral no había plazos, avisaran,
servía para detectar, servía para decirle a la Junta que había ahí un
problema, a la Junta Electoral y para nada más. Pero seguíamos con el
problema. ¿Qué se podía hacer? Bueno, pues antes de la reforma hubo
varias propuestas doctrinales. Yo les voy a simplificar mucho las
propuestas, pero digamos que esto se puede hacer. Es curioso porque es como
si se le fuera ocurriendo a todo el mundo una solución particular para el
tema. Teníamos dos problemas, que hacer antes de las elecciones, que hacer
durante las elecciones. Bien, el primer artículo importante yo creo es el
de Manuel Carrasco Durán sobre en 2007. Carrasco Durán dice, bueno, está
muy bien, pues lo que tenemos que hacer es ampliar la legitimación a los
partidos políticos en el periodo electoral. Olvidémonos del periodo no
electoral, donde ahí el sistema de alarma funcionará o no funcionará,
pero ¿qué es lo importante en el momento electoral? Ustedes saben que el
artículo 39 establece que cuando se publican las censas, los censos,
cuando se hacen públicos los censos, uno puede inmediatamente solicitar a
la oficina del censo la rectificación y luego tenía el juez civil, ahora
el juez contencioso administrativo. Dice, bueno, que no solo puede ir uno a
reclamar sus datos, que puedan ir los partidos políticos también. Con
esto cubría esa laguna que detectaba el Tribunal Constitucional en el
periodo electoral y que casi era un mandato, digamos, una sugerencia del
Tribunal Constitucional hacia el Parlamento de que rellenara el mandato.
Luego una posibilidad era, pues en el periodo electoral, que no solo puedan
recurrir los datos, las cifras, los individuos, sino también los partidos
políticos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Para el profesor Cámara Villar,
que habla de este tema justo en el informe, en los artículos que
acompañan al informe del Consejo de Estado, la solución era, digamos, la
contraria. No toquemos la parte del periodo electoral y actuemos en la
parte donde no hay periodo electoral. Dice, utilicemos el sistema de alarma
y cuando se detecten esos pueblos donde ha habido incrementos
significativos, Que no solo el individuo pueda, la persona pueda reclamar,
sino que también puedan reclamar una especie de acción popular. Casi todo
el mundo que tenga interés. Que es un sistema parecido al que hay en
Europa. Es decir, sistema de alarma más legitimación para los partidos en
el periodo no electoral. Y así los partidos irán controlando los aumentos
del censo que se producen anualmente. Frente a la opción de Carrasco, solo
en el periodo electoral dejemos que los partidos lo pronuncien. Hay otra
interesante que se basa en, de Óscar Sánchez, por ejemplo, Muñoz, que ha
tratado mucho en este tema, que se basa en introducir a la Junta Electoral
en el sistema. Bueno, dice que con el sistema de alarma la Junta Electoral
pueda revisar, pueda actuar, que se pueda recurrir ante la Junta Electoral.
Y una vez que hayamos recurrido ante la Junta Electoral, entonces ya
tenemos un acto del procedimiento y podremos ir al contencioso electoral.
Es decir, dejemos que actúe la Junta Electoral en todo este tema del censo
para que podamos ir a un contencioso electoral final. Las elecciones al
final se juzgarán si son limpias o no porque el censo estaba bien o mal
hecho. en este tema no sabe pronunciarse muy claramente, por lo menos en la
primera parte. Es decir, el Consejo de Estado mantiene que en el periodo no
electoral no debíamos utilizar el sistema de alarma, no meter el sistema
de alarma en la ley electoral, es muy complejo, en fin, tampoco dejar a
todos que impunen, sino simplemente una cierta legitimación de los
partidos políticos en los casos más graves. Pero nada más. En cambio, en
el periodo electoral, el Consejo de Estado es claro, dice, miren ustedes,
creen una especie de contencioso electoral especial, que los partidos
políticos puedan ir a la jurisdicción, que tengan jurisdicción
directamente, para rectificar las más graves. O bien, dice que entre la
junta electoral, que se pueda recurrir ante la junta electoral y después
tendremos un contencioso electoral. Y el contencioso electoral general. Da
las dos opciones. Bien, hay otra opinión, la última, les prometo. La de
la junta electoral central. La de la junta electoral central es una
solución original, si quieren ustedes, porque sólo habla del momento
electoral. Y la junta electoral, lógicamente, llega a la conclusión De
que lo mejor sería un contencioso electoral. Es decir, un contencioso
electoral específico, si quieren ustedes, pero al final un contencioso
electoral general. Y dice, bueno, pero ¿cómo impugnamos antes para que
las irregularidades no hayan que ir al final del procedimiento? Y dice,
bueno, tenemos un momento. Cuando las juntas electorales se entregan las
listas de las candidaturas, ahí ya no estamos hablando de cifras, estamos
hablando de nombres y apellidos. Ahí es el momento de establecer un
recurso específico para que sólo los partidos políticos puedan impugnar
las listas del censo. Claro, ¿qué problemas tenían todas estas opciones
que les estoy diciendo? Yo creo, sinceramente, que la opción por...
...permitir que intervenga la junta electoral y que al final haya un
contencioso. Plantea un contencioso electoral general que revise el censo
también dentro de las irregularidades. Plantea el problema de convertir
las irregularidades censales en un problema, la rectificación del censo,
en un problema real de nulidad de la elección. Es decir, todo lo que sea
actuar en la rectificación del censo antes de que siga desarrollándose el
proceso electoral, parece mejor que dejar que se desarrolle el proceso
electoral entero... ...y decir al final, miren ustedes, las elecciones son
nulas porque el censo estaba mal. Con todo el coste político y
democrático, que eso significa en torno al ejercicio del derecho, la
voluntad de los votantes, la interpretación de la sentencia por parte del
tribunal, etc. También la creación de un contencioso, si quieren ustedes,
específico en ese momento sobre cifras, etc., de un contencioso electoral
específico, como apuntan algunos autores, tiene el problema de la
sobrecarga de procedimientos. Hay un juez contencioso antes del proceso
electoral, una reclamación de un individuo ante la oficina del censo y
luego al contencioso, luego parece que un contencioso específico de los
partidos justo en el momento que más. Es decir, ¿no estaremos cargando
mucho de garantías un procedimiento electoral cuando las irregularidades
en el censo, insisto, son un tema relativamente menor en cuanto no afectan
directamente a la legitimidad del sistema? Bien. Hay autores que dicen,
oiga usted, si hemos organizado bien la revisión mensual, si hemos
establecido bien un control mensual, ¿para qué queremos hacer un
contencioso, un procedimiento de impugnación del censo justo en elecciones
con el problema de los plazos y el problema de la sobrecarga de la oficina
de la junta electoral, etc.? Es decir, si estuviera bien antes, no haría
falta meter el tema censal justo en el momento. electoral. ¿Cuál ha sido
la opción de la reforma? Bueno, la opción de la reforma al principio
costaba entenderla, pero más o menos lo ha aclarado una instrucción
relativamente reciente, de 24 de marzo me parece que es, de la propia Junta
Electoral Central. Es gracioso que la Junta Electoral Central, que en la
opción de la reforma queda absolutamente es la gran olvidada, ejerza en
cambio un poder reglamentario realmente y hasta diga dada la
indeterminación de la ley y hasta que el gobierno ejerza su potestad
reglamentaria establezco yo el desarrollo de la ley. La propia Junta
Electoral Central que es la última olvidada. Bien, la ley decide en primer
lugar meter el sistema de alarma, es decir, establece que una de las
obligaciones de la oficina del censo es informar a la Junta Electoral
Central de los expedientes, sanciones, de las actuaciones que haya
realizado cuando se hayan producido altas o bajas significativas del censo.
Luego ahí tenemos un primer dato. Después establece, bueno, una cosa que
ya estaba también y es que simplemente cuando el ayuntamiento ni siquiera
mande la revisión mensual del censo, pues la Junta Electoral podrá tomar
las medidas pertinentes. Eso estaba, y no exactamente es un tema electoral
en cuanto no regulado en la Lónea. Pero la ley, una vez que mete, la
revisión es curioso, una vez que mete el sistema de alarma, decide
utilizarlo en los dos sistemas, en los dos periodos. Es decir, frente a
quien decía actúen ustedes ampliando la legitimación en el momento no
electoral, frente a quien decían actúen ustedes ampliando la
legitimación en el momento electoral, frente a quien decía utilice el
sistema de alarma, no utilice el sistema de alarma en el momento
preelectoral, quien decía cree un contencioso propio, vaya al contencioso
electoral, etc. La ley lo que hace es sistema de alarma a todos e
intervenimos, ampliamos la legitimidad en los dos periodos, en el anterior
y en el posterior. De tal manera que el artículo 38, cuando se decía se
reconoce, cuando reconocía cualquier individuo la capacidad de recurrir
ante el censo para que en periodo no electoral le rectifiquen su
inscripción en el periodo no electoral, en el censo dice los partidos
políticos podrán impugnar, los partidos políticos podrán impugnar todos
aquellos censos de los ayuntamientos que hayan dado lugar a la
comunicación del 30C. Es decir, todos aquellos censos donde la Junta, la
oficina del censo, le haya dicho a la Junta Electoral oiga, mire, aquí hay
una alteración fundamental y no me han contestado o no me han hecho caso o
me han contestado. Por lo tanto, y esto lo precisa bien después la
resolución, lo que se produce es en el periodo no electoral, insisto, una
especie de retornelo curioso por el cual primero la oficina del censo
detecta alteraciones, después solicita a los ayuntamientos que las
arreglen, después hay unos cuantos ayuntamientos que las arreglan o no
contestan. Después la oficina se lo dice a la Junta y esa comunicación a
la Junta Electoral, que se supone que no hace nada, permite en cambio a los
partidos políticos impugnar, pero impugnar solo esos municipios que no han
hecho nada, digamos. No es una novedad jurídica, puesto que el Tribunal
Constitucional dijo que los partidos podían presentar reclamaciones en
época no electoral, pero sí es una novedad ligarlo a la oficina del
censo. ¿Qué sentido tiene que si la oficina del censo insta a los
ayuntamientos a que lo corrijan, no lo corrigen, ahora los partidos
políticos puedan volverle a decir a la oficina del censo, oiga usted, que
aquí hay un problema? Pues el único sentido que tenía, y hay que darle
vueltas, lo demuestra la instrucción. Cuando la instrucción que tengo por
aquí, la instrucción dice... Empiezo a tener vista cansada, lo cual
dificulta mucho lo de la lectura aquí, pero la instrucción dice,
fíjense, dice, la delegación provincial resolverá las reclamaciones en
cinco días, etcétera y tal y cual, y ordenará las rectificaciones
pertinentes conforme a lo dispuesto en el apartado 38.2 de la LOREG. Claro,
esta es la clave, creo, y se lo inventa la Junta Electoral. ¿Qué
significa? Que la Oficina del Censo, ante irregularidades, cuando estamos
en periodo no electoral, solo puede pedir a los ayuntamientos que actúen.
Y si los ayuntamientos no actúen, solo se puede quejar a la Junta
Electoral, que da lo mismo. Pero esa queja va a permitir un recurso de los
partidos y, según esto, permitiría a la Oficina del Censo, ahora sí,
resolverlo. Resolver ella, es decir, sustituir a los ayuntamientos, por lo
menos no en el empadronamiento, sino en las modificaciones del censo.
Claro, esta capacidad de la Junta, equivalente a lo que era el recurso
individual, es curioso, pero es una novedad. Y parecería más lógica
dársela a la Junta Electoral, por cierto, que es la gran olvidada. Y tan
novedad es que en el artículo que se le ha leído dice que corregirán,
tomará las actuaciones, ordenará las rectificaciones pertinentes...
Entonces, según el apartado 38, como dice el apartado 38.2 de la LOREG, el
38.2 de la LOREG no dice nada de eso. Simplemente dice que los partidos
pueden impugnarlo. Es decir, la propia instrucción está por un fallo,
pero es que no hay ningún artículo de la LOREG que diga que en ese
momento pueden tomar las rectificaciones oportunas. ¿Saben ustedes cuándo
lo dice? En el periodo electoral, para las rectificaciones de censos cuando
era individual, pero no en este. Lo cual permitiría, en una especie de
recurso complejo, ya les digo, que actúe la oficina si no le hacen caso y
eso permite impugnar a los partidos y ahora sí parece que la oficina
simplemente puede reformar el censo. ¿No les parece a ustedes un
procedimiento un tanto complejo? Que, por cierto, deja fuera las juntas
electorales y hace que la misma oficina que avisó rectificaciones... ...
pero tenga que esperar a que los partidos se lo pidan. Al principio, en el
proyecto, se decía las candidaturas podrán impugnar. ¿Cómo van a ser
candidaturas si no había todavía proceso electoral? Ahora han dicho las
candidaturas o los representantes de los partidos, de las coaliciones o de
los grupos. Bueno, parece raro el concepto de representante de partido,
coalición o federación si no estamos en un periodo electoral. Lo han
arreglado un poquito, pero no han arreglado del todo. Se supone que serán
los delanteros. En este ámbito municipal. ¿De acuerdo? Esa es la primera
opción que toma la Junta. Por lo tanto, los partidos políticos no pueden
impugnar, según esta regulación, o no parece que puedan, ningún otro
censo electoral que no sea el que antes ha avisado la oficina y el que no
le ha hecho caso al municipio. En periodo electoral, la solución era más
fácil. Aquí parece que todo el mundo pensaba, bueno, si no quieren
ustedes crear un contencioso específico, si no quieren ir al final
introduciendo a la Junta Electoral, al final amplíen la legitimación.
Porque el Tribunal Constitucional había dicho, hay un problema, los
partidos políticos en periodo electoral no pueden impugnar el censo. Y
aquí lo que hace en la reforma es decir, es verdad, los partidos
políticos van a poder impugnar el censo, pero solo los censos. De los
ayuntamientos que en los últimos seis meses hayan dado lugar a que la
oficina del censo, como no le han hecho caso, comunique a la Junta
Electoral que no le han hecho caso o que le han omitido. En vez de
reconocer una potestad general a los partidos en el momento electoral, lo
que hacen es limitarlo a los censos de los municipios de los últimos seis
meses y, además, vuelven a relacionarlo con el sistema. Aunque aquí, al
final, la oficina del censo toma, estaba claro que podía tomar
rectificación. Y controlará ya no el juez civil, sino el juez
administrativo. Solo les apunto alguna cosa. Claro, aquí los plazos son
muy cortos en periodo electoral, con lo cual no hay problema. Es más
dudoso el Consejo de Estado protesta intuyendo la solución del legislador,
porque cuando no es electoral, en periodo no electoral, la ley y la
instrucción remarca, mantiene que una vez, periodo no electoral, que la
oficina del censo toma una decisión ante las reclamaciones, uno puede ir
al juez contencioso utilizando el procedimiento preferente y sumario.
Claro, como dice el Consejo de Estado, lo del preferente y sumario estaba
pensado cuando solo era el individuo el que podía impugnar su inscripción
censal, porque había un derecho fundamental. El Consejo de Estado opina
que los partidos políticos aquí mantendrían un interés objetivo en la
regularidad del censo que no sería protegible por el procedimiento
preferente y sumario del 53 al no haber derecho fundamental. Yo pienso que
sí que es fácil encontrar la línea con el 23 y con la participación, en
fin, que no plantea muchos problemas. Pero en todo caso se establece un
procedimiento específico. Por lo tanto, se decide al final darle más
poder a la oficina del censo, sin más, y olvidarse de la Junta Electoral.
electoral. Es la oficina del censo quien avisa, es la oficina del censo en
las instrucciones quien establece unos criterios matemáticos de tres y
seis meses de comparación, en fin, relativamente complicados para ver si
el censo ha subido o no más de lo que tiene que subir. Es la oficina del
censo quien levanta la banderilla ante la junta electoral que debe de darse
por enterada, coge la banderilla y espera que los partidos impugnen. Bueno,
yo no sé si la solución es la mejor, pero intuyo además que se produce
una especie de sobrecarga de garantías. ¿Por qué es que los dos
procedimientos son iguales? La diferencia, pues que en el procedimiento
electoral tienen ocho días, solo impugnan los de seis meses, hay tres
días para resolver, etcétera, y que en el no electoral, pues desde los
cinco días primeros de esa publicación, porque ahora todos los meses la
oficina del censo va a sacar una lista, todos los meses va a sacar una
lista de los ayuntamientos significativamente cambiantes, que va a permitir
en cinco días que los partidos políticos en periodo no electoral
impugnen. Mientras que en periodo electoral lo que pasa es que en los cinco
primeros días de la convocatoria del procedimiento electoral, la oficina
del censo tiene que sacar la lista de todos aquellos que han subido o
bajado raramente de alteraciones significativas en los últimos seis meses,
para que puedan los partidos políticos alegarlas. ¿Cuál ha sido el
efecto que ha producido esto realmente? Pues que si ustedes se fijan, todos
hemos leído el 4 y el 5, la lista de gente en Castilla y León 94, hoy
hemos estado comentando pues en Pontevedra no sé cuánto, en Zamora no sé
qué. Parece, en los periódicos parecía que todos los censos son
irregulares o que había un problema de censo. Fíjense, 254 censos en seis
meses con alteraciones irregulares en un total de 7.000, 8.000. Hablaba
antes con el profesor Torres del Moral. Pero como tiene que publicar esa
lista de las alteraciones en seis meses y la publica, claro, en los cinco
primeros días del procedimiento electoral, la idea que todo el mundo se
hace cuando lee el periódico es, anda, pues tenemos un problema con los
censos en las elecciones municipales. Y eso se va a producir siempre que se
levante el este... Voy terminando ya me parece, no sé, porque he perdido
un poco el tiempo. Les comento otros temas, si quieren. Bien, yo creo que
se pierde y se hace aposta otra vez la posibilidad de regular el recurso de
amparo. El recurso de amparo que parece lógico contra las inscripciones y
debidas en el censo. Ahora, contra la jurisdicción contencioso
administrativa que se unifica. Es la misma jurisdicción antes o después.
Y no se regula probablemente porque sea dificilísimo. Probablemente porque
no se quiere cargar al tribunal. La objetivización siempre en el famoso
auto de sentencia hablaba de que en temas electorales digamos que siempre
había entrada, pero no se hace porque no se quiere. Es decir, se ha pasado
muchísimo tiempo, se han reformado cuatro veces la ley orgánica, se
podía haber conectado con la regulación de los recursos sobre las
candidaturas, el recurso de amparo da lo mismo. Es decir, si no hay una
regulación, el recurso de amparo en materia de censos es absolutamente
irrelevante a efectos electorales, con lo cual es como si no existiera. Y
esa es la opción del legislador, arrepentido de los recursos de amparo en
el 23, de convertir al Tribunal Constitucional en Tribunal Electoral, en
esta parte por lo menos la omisión justifica que no se llegue. Bueno, el
hecho de que se unifique en la jurisdicción contenciosa yo creo que está
bien y creo que la mayoría pensamos que está bien. El censo es un tema
que afecta a un derecho fundamental, pero es un tema contencioso. No tenía
sentido que antes de las elecciones fuera legislado. Y después fuera el
civil. Por otro, ¿es verdad que se necesita, digamos, un papel más activo
de las juntas electorales? Pues probablemente sí. No sé dónde, pero este
nuevo recurso administrativo sobre incumplimiento... Porque realmente el
recurso es un recurso administrativo que pueden presentar los partidos
contra los incumplimientos de los municipios ante el aviso de la oficina
electoral. ante el aviso de la oficina del censo. Es eso. Y lo dice, no lo
dice expresamente, pero en fin. Y es sobre cifras, no sobre datos, no se
les olvide. Los partidos políticos ni antes ni después saben los datos de
la inscripción censal porque se los dan después. Se los dan cuando las
candidaturas, no en este momento, están impugnando cifras. El PP o el PSOE
impugnan en Villalar, que es verdad porque Villalar es la fiesta de
Castilla y León y tiene mucho interés, impúgnala a su vida, sin saber
nada. Y sale en el periódico el alcalde diciendo sí, es que se han
empadronado en no sé qué casa. Pero lo que impugna es la subida,
simplemente. ¿De acuerdo? Y, en general, yo creo que siguen faltando, y
con esto termino, siguen faltando las grandes líneas, una reforma de las
grandes líneas de lo que eran los déficits estructurales de nuestro
sistema de garantías en el censo. Es decir, no está claro el papel de la
Junta Electoral. No está... No está claro tampoco el sistema del recurso
de amparo. No está claro la coordinación entre Junta Electoral y Oficina
del Censo. No está definido el concepto de empadronamiento en el sentido
de residencia habitual, que es la clave también. Y, por lo tanto, seguimos
dejando en manos... de la oficina del censo, algo en lo que en buena medida
sí tendría que ver algo la Junta Electoral, que al fin y al cabo se
encarga de la regularidad y transparencia del proceso y es estrictamente
independiente frente a una oficina del censo, pues de hecho y por eso no
tenemos problema del censo, pero que no es lo mismo y que está sometida la
Junta Electoral. Yo creo que se ha perdido la ocasión de hacer un sistema
más eficaz y menos redundante. Es una expresión de una mala técnica
legislativa, a lo mejor, de técnicas legislativas por acumulación de
garantías, por arrastre de viejos mecanismos que al final terminan
haciendo más confuso el sistema de corrección y que pasa un poco con la
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pierde sencillez y
a la vez pierde, digamos, esa limpieza jurídica. En todo caso, no creo que
a quien hizo la ley le resultara trascendental este motivo, no se discutió
nunca, no hubo enmiendas. Nunca, no se ha aclarado nunca, ni creo,
sinceramente, que este sea el problema más importante de la ley, aunque
por su culpa les haya martirizado a las cuatro y media de la tarde durante
una hora. Muchas gracias. Gracias, Augusto. La verdad es que es un placer
poder oírte. Intervenciones, preguntas... Sí, el profesor Torres del
Moral. Me perdonan que haya pedido la palabra, pero creo que me tengo que
ir. No sabe la mesa y no quería dejar pasar oportunidad sin felicitar al
conferenciante que ha logrado interesarnos a todos, como decía, a estas
horas de la tarde en una cuestión tan ardua y tan arisca como es esta.
Después de escucharle, yo creo que estas precisiones de la reforma, esas
con mejor o peor fortuna... Más bien lo segundo, dan lugar a ese tipo de
recursos con sus anomalías de que vaya lo civil o al revés, de lo
administrativo, etc. Pero mi pregunta es muy sencilla y de quien desconoce
casi todo en esta materia. ¿Y qué hay del derecho sancionatorio? Es
decir, de los fraudes. Sí. Esto me parece que si no hay derecho
sancionatorio, esto puede hacer un canto al sol, ¿no? Exacto. Yo, con las
prisas y tal, se me ha olvidado, pero yo creo que es un elemento clave. Es
decir, sería más efectivo una tipificación... penal, pero también
administrativa de la ausencia de respuesta por parte de los ayuntamientos a
las indicaciones de la oficina del censo de que arreglen las inscripciones
indebidas que probablemente esta acumulación sucesiva de recursos. Es
decir falta tomarse en serio que los ayuntamientos es verdad que tienen el
control del padrón pero que como el padrón influye en el censo los
ayuntamientos como cualquier organismo público aunque sea a la autonomía
local tienen unas obligaciones y que si la oficina del censo les dice que
manden una certificación de que han hecho las diligencias debidas para
comprobar que tales señores viven o no viven allí no pueden dejar de
contestar y eso no vale decir en caso se dará cuenta al ministerio fiscal
porque esos son los casos extremos pero una buena tipificación de
sanciones administrativas incluso personales si quiere usted en municipios
muy pequeños donde es una relación personal evitaría de estos estamos
hablando de 400 casos me parece o 300 casos pues evitaría por lo menos yo
creo que 200 efectivamente si los ayuntamientos tuvieran miedo y cuando les
avisan tuvieran miedo para hacerlo y miedo cuando les avisan y les han
pescado para rectificar tiene usted mucha razón, muchas gracias Sí.
Primero, muchísimas gracias. A mí no me ha parecido nada aburrido, sino
que me ha producido un punto de indignación que me ha impedido perder el
hilo de lo que ha estado diciendo. ¿No será usted de la oficina del
censo? Pues no. Yo soy de un pueblo de Zamora, de Fuentes Aucó. Y los
garbanzos dan un punto de rebeldía, pero... Un punto de rebeldía. Sí. En
estas cosas que a veces se trivializan, el tema del censo electoral, una
empresa coloca 200 trabajadores en un pueblo y cuando pasan las elecciones
se carga 40 hectáreas de bosque porque elige al alcalde y causa un gran
perjuicio a la sociedad. Entonces, esto yo creo que no conviene
trivializarlo. Si yo me tengo que cambiar la base de cotización en la
seguridad social, solo puedo ir un mes al año. Para poderlo cambiar,
porque si no, no me lo cambian. Claro, a mí, cuando usted estaba haciendo
la exposición, me preguntaba yo si eso pasara con las declaraciones
paralelas o con las actas de inspección de hacienda. Sobre los tributos,
con el sofisticado sistema que tenemos fiscal, reclamación fiscal. ¿Por
qué eso no se hace así? Y otra cosa que se me ha ocurrido, quería
preguntarle, ¿no cree que hay diferencia entre el padrón y el censo
electoral? El censo electoral es electoral y el padrón es otra cosa. Por
lo que yo entiendo que el censo electoral tendría que ser una
jurisdicción única y exclusivamente propia de la Junta Electoral y a la
que habría que dotar de todos los medios necesarios para que el censo
electoral fuera correcto. Y además me parece que me he visto totalmente
ausente, porque como ciudadano ni puedo imaginarlo. Claro, el que va allí
a empadronarse porque quiere defraudar no va a reclamar su propia
inscripción. Pero ¿y el que se ve defraudado con carácter pasivo? ¿Qué
pasa? Claro, todo ese tipo de cosas me hacen pensar que es que los
políticos utilizan la ley de los grandes números, luego cambian cromos,
tú te has pasado en aquel, yo me paso en este, y los perjudicados son los
ciudadanos y el sistema. Con esto lo que hace es degradarse. el sistema y
que los ciudadanos dejemos de confiar en los políticos y en el sistema, es
lo que yo pienso no sé si... le agradezco su intervención porque
efectivamente puede haber un equívoco, es decir, he intentado hacer una
intervención digamos más simplificadora o si quieren ustedes menos pesada
y a lo mejor el intentar hacer una intervención menos pesada ha parecido
que trivializaba el tema y el tema no es trivial no es trivial en cuanto a
número no es tan importante es decir, cuantitativamente pero
cualitativamente para un sistema democrático es básico efectivamente, es
decir, la alteración de los resultados electorales en un sistema hemos
vivido un siglo y medio de alteración de sistemas ¿qué nos sabrán
nuestros abuelos de manipulación del censo y de la votación? por lo
tanto, una de las últimas de las grandes cosas que hemos conseguido con el
sistema democrático del 78 es la limpieza de las elecciones y salió bien
salió bien con el decreto del 77 no es una cosa trivial nunca
efectivamente y además, efectivamente, afecta a pocos municipios 300 de
8.000 pero donde afecta puede afectar muy importantemente y detrás puede
haber corrupción económica clarísimamente en los casos que se han
manejado en la prensa, etcétera, o sea, y además supone, claro, es
pequeño lo que usted dice y lo ha explicado muy bien, es una alteración
pequeña o son 200 habitantes pero alteran la voluntad popular en esa
unidad política que es el ayuntamiento el autogobierno es del
ayuntamiento, del municipio, quiero decir, por lo tanto, es decisivo aunque
la unidad política sea pequeña, están alterándolo si fueran unas
elecciones nacionales, en este tipo de alteraciones no tienen relevancia
pero como son en las municipales sí que tienen mucha relevancia tener un
alcalde u otro, vamos, se le priva muchas veces de la capacidad de
autogobierno sin más, es decir, del sistema democrático en el ámbito
local, que es básico y contra eso se luchó en el siglo XIX luego es
verdad que no conviene trivializar y que además en pequeños municipios ha
tenido mucha relación con muchas cosas pero no solo con que ganen los
partidos o no, sino incluso con económicas, es verdad sobre el padrón y
el censo coincidimos, yo creo, efectivamente es decir, lo que pasa, y es
verdad que jurídicamente no es lo mismo uno puede estar en el censo sin
estar empadronado aunque se considera una inscripción sospechosa ya sabe
usted que el tribunal dice que no es constitutivo estar en el padrón para
el censo por lo tanto, no es lo mismo, claro que no es lo mismo pero el
sistema de nuestra ley electoral, la verdad es que lo convierte en lo mismo
Yo estoy de acuerdo con lo que usted decía. Es decir, cuando se pide más
actuación a la Junta Electoral, se pide más actuación a la Junta
Electoral sobre el censo. Yo creo que hemos pasado de hacer un sistema
donde automáticamente el padrón pasa al censo y donde se renueva
mensualmente, etcétera. De hecho, yo creo, cuando he dicho que la reforma
era poco importante, estaba pensando, por ejemplo, en la reforma del 95,
que es la gran reforma sobre el censo, cuando se hace permanente,
actualización mensual, etcétera. Es decir, esa es una reforma muy
importante. Pero hemos pasado de ese automatismo, que es muy sencillo, a
que, claro, primero se trasladan los defectos de no saber qué es
residencia habitual, de que los ayuntamientos no pueden controlar,
etcétera, etcétera. Algunas de las declaraciones de estos días decía el
alcalde, bueno, ¿y cómo compruebo yo que vive o no vive? Y yo qué sé si
vive o no vive. Y lo hemos tenido, hemos tenido políticos, hemos tenido
vicepresidentes del gobierno que han salido, en fin, hemos tenido de todo.
Hemos trasladado ese mecanismo, es fácil, es sencillo, evita la
interferencia de las autoridades locales, como pasa en Alemania, en
Francia, etcétera, pero a cambio ha llegado a identificar padrón y censo.
Y es verdad que podría haber mecanismos de rectificación del padrón, de
hecho los hay propios, y mecanismos del censo que no hicieran depender todo
de la actuación municipal. Porque al final parece que quien... Quien lleva
el censo realmente, tiene usted razón, son los municipios. Y después la
oficina del censo electoral. Yo creo que esa distinción sería buena,
incluso podría intentarse de alguna manera. Hay márgenes para que el
control del censo, las altas o las bajas incluso en el censo, etc., no
esté tan relacionado con el padrón. Y, de hecho, todo el sistema de
alarma, todas las modificaciones que se han hecho, todas las resoluciones
de la Junta y de la oficina siempre están relacionadas con el padrón. Es
decir, siempre es que la baja automática en el padrón suponga la baja
automática en el censo, que uno pueda darse de alta si tenga que
empadronarse en el Consejo, etc. Es decir, hay más medios. Incluso
también había posibilidades de que la Junta electoral sustituyera, lo
apunté, a los propios municipios. Está previsto en la norma. Con la
autorización del Consejo de Empadronamiento, etc., cuando no cumple,
podría sustituirlo y no lo ha aplicado nunca en ese sentido. Luego, en eso
estoy totalmente de acuerdo. Y luego lo de que el ciudadano puede impugnar,
pues es verdad y se me ha olvidado decirlo. Es decir, ahora tenemos un
ciudadano que puede impugnar sus datos y unos partidos políticos que
pueden impugnar las cifras. Pero es verdad que el ciudadano no puede
impugnar los datos del padrón de otro. Claro. Y además, efectivamente, el
que se da de alta es el interesado. Vamos, quiere decir, no lo va a
impugnar. nunca. Pero eso es un sistema de... También es verdad que si
permitiéramos, en este sentido yo pienso aquí, que los partidos
políticos, por la lógica competitiva, cumplen esa función. Que uno va al
partido político, a Segovia, a Zamora, y enseguida el partido político,
en cuanto haga algo, impugna por él, si quieren, en cuanto huela que hay
una cosa rara. Porque si permitiéramos también la impugnación individual
de los datos tensales de otro, multiplicaríamos los problemas. Es decir,
solo la impugnación de los datos tensales de una persona misma sobre sus
datos, me parece que estaban en once mil y pico los españoles, y en
dieciséis mil los españoles no residentes. Es decir, una barbaridad.
Ahora nos hemos quitado gran parte de las municipales del tema, nos hemos
quitado a costa de mucho, pero quiere decir, ya no va a haber tanto ese
problema con el municipio y la circunscripción en la que se ponían de los
residentes en el extranjero. Es complicado darle. Fíjese que estamos en un
país donde uno no puede presentarse a concejal, si no es por un partido
político o una agrupación de electores. Es decir, ni siquiera el
ejercicio directo del derecho fundamental. En este caso, yo creo que el
partido, por la lógica competitiva en la mayoría de las provincias,
podría ser, pero a veces no, efectivamente. Puede ser un pueblo que no
interese o que haya una coalición perfectamente. Es decir, pero claro, si
se aumenta, es para fastidiar a alguien. Se puede aumentar para conseguir
más subvenciones, más no sé qué, más viajes venían los periódicos.
Había un listado de posibilidades. Es decir, no siempre se aumenta el
padrón para que un partido gane sobre el otro. Pero entonces ese es el
único problema que le veía. Y que el defraudado es el sistema,
efectivamente. Es decir, o sea, es menor, pero este tema hay que
controlarlo. Yo lo que quería decir es, quizá hay un cierto barroquismo
en la solución jurídica que a lo mejor no va a ayudar. A lo mejor no va a
ayudar. Hombre, ahora de momento han salido las listas, los partidos
impugnan. Pues tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal. Desde mi punto
de vista, quiero decirle. Ya lo ha vuelto a rectificar usted, pero en
cualquier caso a mí lo que me parece es que... Vale. Lo que no funciona o
lo que no tiene sentido es que si una vez que se ha decidido que el censo
dependa del padrón, lo que hay que dotar a los ayuntamientos, que en su
inmensa mayoría están en manos de una persona con más buena voluntad que
conocimiento, es que sean ellos los que tengan que determinar cómo se
origina un padrón. Es decir, tiene que haber unas normas bien claras. Y
claras. Cuáles son las condiciones para optar a una residencia. Entonces,
si eso está claro, lo demás sobra. Porque entonces tú no podrás llegar.
A poner a 200 trabajadores tuyos a vivir allí para que cambien al alcalde.
Es decir, es previo. Todo lo demás es dar vueltas. Estoy totalmente de
acuerdo. No se puede sancionar a un alcalde de un sitio pequeño porque no
sabe cómo tiene que dar de alta o no en el padrón a una serie de
personas. Y ya, por supuesto, el que una persona pueda, a título personal,
pedir la rectificación de un padrón porque le parece o le deja de parecer
que hay más gente de la cuenta, en una democracia representativa serán
los partidos políticos los que vayan e intervengan si tienen que
intervenir. Porque a lo mejor lo que a nosotros no nos gusta, que puede
darse en municipios costeros en los que hay mucho extranjero y tiene
derecho a votar, es que salga un candidato, salga como alcalde una persona
extranjera, pero tiene todo el derecho al mundo. Y nos guste o no nos
guste, no podemos ir detrás de cada uno que sea empadronado. Me parece que
sería abrir la mano peligrosísimamente. Yo creo que de todas maneras...
De todas maneras, estos casos se suelen producir en municipios de 100, 200,
el mayor me parece que es 1.000. Pero tiene usted razón en una cosa, como
suene... Me parece a mí que tiene usted, que comparto su opinión en una
cosa. cosa, que como son municipios muy pequeños, efectivamente, si uno se
mira las órdenes que le da la oficina del censo al alcalde para que cuando
ha visto las alteraciones significativas, alteraciones significativas que
suelen ser no de 200, porque 200 empadronados en un mes o en los últimos
meses es un escándalo, pero sí 15, 20, justos, una pareja, otro que
abrió un negocio, no sé qué, como vienen, tal. Las órdenes que le da la
oficina del censo al ayuntamiento, uno piensa en los pobres alcaldes de,
además estamos hablando de municipios y de agrupaciones menores, donde
dice, y además lo tiene que ir, comprobarlo, certificarlo el secretario,
que por cierto es de 20 pueblos, no sé qué y tal y cual, y dices, pero
¿cómo el alcalde va a hacer eso? Se va a levantar a verlo él, si es que
no hay ni policía. Es decir, estamos hablando de núcleos muy pequeños
donde justo este tipo de actuaciones, salvo que sean claramente
fraudulentas, etcétera, no se entiende por qué tiene que ser el
municipio. Es más fácil mandar a alguien de la Junta Electoral o de la
oficina del censo, que es la encargada, y no decirle, como dice usted a un
alcalde de un pueblo de 50 o 60 habitantes, yo vengo de Salamanca, tenemos
la segunda provincia con más habitantes, con más pueblos de España. Me
parece que el 80% tienen menos de mil habitantes, si no tienen carreteras,
si no hay manera. ¿Cómo van? Y abren el ayuntamiento una vez cada dos
semanas, la mayoría, usted lo sabe, de Zamora también. Es decir, no le
puedes decir, usted en diez días me comunica y si no me lo comunica en
diez días yo informaré a la Junta y además me lo certifica por el
secretario. Era más fácil hacerlo de otra manera, es decir, podía haber
otras comprobaciones. Lo que pasa es que al ligarlo al padrón y al estar
tan claramente el padrón en manos, digamos, ser una competencia municipal,
de hecho la propia Junta y la oficina del censo ha dicho muchas veces, no,
no, es que nosotros no hacemos revisiones generales de los padrones porque
es una competencia municipal, pues en estos casos pequeños efectivamente
es ilógico, es ilógico, no tiene sentido. A pesar de respetar la
autonomía local lo que se está haciendo es perjudicar la democracia
local. Gracias. Gracias por las intervenciones. No hay nadie que quiera
intervenir, preguntar, llevar a la contraria al ponente. No pueden porque
estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Se empeñan en esto. Hay dos
técnicas, darle la razón siempre al que pregunta o tener un par de
amigos, en este caso a Fernando Revirío que le había dicho, si se pone
mal la cosa me preguntas no sé qué. Y hago como aquel ministro franquista
que decía, me alegra que me haga esa pregunta. Bueno, pues alguien que no
haga ese tipo de preguntas. Bueno. Bueno, pues si no... Si nadie quiere
más, pues darte las gracias, Augusto. Y nada más quiero decir, creo que
es un tema interesante que además ha provocado una cierta polémica y
siendo a las cuatro ha sido una maravilla.