el tiempo que nos podamos. Buenas tardes a todos. Tengo la suerte de
presentar a Alfonso Arevalo Gutiérrez, licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Derecho Constitucional y
Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales. Creo que a la
hora de presentarle voy a destacar solo dos cosas. Una, el tema del que nos
viene a hablar, la regulación de las campañas electorales, uno de los
aspectos más atractivos y también polémicos de la última reforma de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Hablaremos, imagino, de
televisiones, de campañas institucionales y destacaré dentro de su
currículum que reúne tres aspectos, tres dimensiones que definen a un
jurista y que muchas veces son difíciles de reunir. Una dimensión
profesional, como letrado de la Asamblea de Madrid. Una dimensión docente
en varias universidades de la comunidad autónoma, actualmente la Carlos
III e ICADE, pero también anteriormente la Complutense. Y su faceta
investigadora, más de 70 publicaciones en libros y revistas jurídicas,
temas de derecho parlamentario, autonómico, local, urbanístico y
medioambiental. Una prueba de que las barreras entre derecho constitucional
y derecho administrativo son puramente artificiales. Y para no robarle ni
un minuto más, le cedo ya la palabra. Muchas gracias. Bien, muchas
gracias. Muchas gracias al moderador por su afectuosa presentación,
derivada solo del atrevimiento de su juventud. Lo del currículum, como
bien saben, es solo cuestión de tiempo. Uno va acumulando años y va
acumulando vivencias y solo tiene ese mérito, el haber transcurrido mucho
tiempo desde que ya hace ya más de un cuarto de siglo uno tuviera esa
licenciatura que ahora nos quieren hacer colonizar. Bien, dicho esto, lo
que nos corresponde aquí, el objeto para el que hemos venido es hablar de
la regulación de las campañas electorales. Dicho así, si habláramos de
la regulación de las campañas electorales me permitirán que debería
hablar del régimen jurídico del Estado español porque estamos en
campaña electoral continua y permanente. Cuando acaban las andaluzas,
empiezan las catalanas, cuando no son las autonómicas y locales, cuando no
ya estamos en la campaña hacia las generales, es decir, vivimos una
campaña electoral continua. Como de lo que se trata es de acomodarnos a lo
que la ley llama campaña electoral, lógicamente debemos acotar ese
régimen jurídico a la regulación contenida en la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General en la Ley 5.185 de 19 de junio que, como saben,
ha sido objeto de muy distintas modificaciones y fundamentalmente una muy
intensa la operada este año por la Ley Orgánica 2.2011-28 de enero que ha
comportado, y me parece que es muy importante, reformas al margen de las
que me antecesó en la palabra con toda brillantez les ha comentado en
materia de censo electoral. También uno de los aspectos que más ha
incidido en la reforma ha sido la campaña electoral, así como en el tema
de medios de comunicación. Hay que tener en cuenta en este sentido que se
ha derogado la previa Ley Orgánica Reguladora de la Publicidad Electoral
en emisoras de televisión privada y que aquí la reforma, como veremos, ha
introducido alguna modificación, ciertamente, de calado y de poco agrado
para las empresas privadas y también ha habido reformas significativas en
materia de publicidad electoral, de financiación electoral, del ejercicio
del voto por personas que viven en el extranjero. Recuerden que aquí se ha
suprimido el célebre artículo 190 que permitía a los tataranietos de los
tataranietos de los tataranietos votar en las elecciones locales de los
municipios españoles y se han remozado también algunos delitos
específicos en la materia. Así sentada la regulación, el régimen
jurídico de las campañas electorales, lo primero del punto de partida es,
necesariamente, dada esa amplitud de concepto que podríamos dar a las
campañas electorales, acotar legalmente qué entendemos por campaña
electoral. Pues bien, el artículo 50.4, el apartado 4 del artículo 50 de
la ley, nos dice que se entiende por campaña electoral el conjunto de
actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos,
federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de
sufragios. Dicho en Román Palladino, de forma breve, de lo que estamos
hablando es el conjunto de actividades lícitas realizadas por las
distintas candidaturas para pedir el voto. Hay pues tres elementos básicos
sobre los que se articula esta noción de campaña que delimitan su
régimen jurídico y que, con ánimo de la mayor sencillez posible y de la
brevedad que me ha pedido el moderador, nos permiten acotar ese régimen
jurídico. El primero es un elemento subjetivo. Las campañas son
realizadas por las distintas candidaturas, el segundo es un elemento
objetivo. La finalidad es la captación del sufragio, la captación del
voto ciudadano y un elemento de la actividad. Se trata de una actividad
lícita desarrollada a través de los distintos medios que contempla la ley
y que, en todo caso, está sometida, subordinada al control de las juntas
electorales que asumen en este ámbito la posición de la autoridad
gubernativa. En primer lugar, decimos que concurre un elemento subjetivo y
es que estas campañas son realizadas por las distintas candidaturas,
ningún otro sujeto puede realizar campaña electoral, es decir, ningún
otro sujeto puede pedir el voto a los ciudadanos. A la hora de hacer esta
precisión, lo primero que especifica la ley es que hay determinados
colectivos de ciudadanos que no pueden en ningún caso participar en
campañas electorales ni siquiera repartiendo tabillas o propaganda
electoral. Es el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los
cuerpos de seguridad del Estado, así como de todas las policías locales,
autonómicas... Es el caso de los colectivos vinculados al Poder Judicial,
jueces, incluidos los jueces de paz, conforme ha precisado de forma
reiterada la Junta Electoral Central, los magistrados, los fiscales... Son
todos estos colectivos que se entiende que tienen que mantener la
suficiente asepsia como para no poder participar en modo alguno en las
campañas electorales. Tampoco. Los miembros de las juntas electorales
pueden en modo alguno hacer ningún tipo de intervención. No pueden
difundir propaganda electoral y esto quiere decir que no pueden ni
siquiera, como ha reiterado la Junta Electoral Central, participar en
tertulias radiofónicas o tertulias televisivas en las que pueda estar en
juego cuál va a ser la orientación del voto de los ciudadanos. Todos
estos colectivos quedan pues al margen de la participación en esta
actividad. A partir de la fecha de la convocatoria, lo que dice la ley es
que ninguna persona jurídica puede, consecuentemente, tampoco realizar
este tipo de actividades sino sólo las formaciones políticas, las
candidaturas. Cuando hablamos de candidaturas, piense en el caso de las
asociaciones de electores y otros colectivos de asociación que hasta el
momento en que no son proclamadas tales tampoco pueden realizar campaña,
tampoco pueden participar haciendo actividad al respecto. No pueden
tampoco, sin perjuicio lógicamente, de acuerdo con la reiterada cláusula
del Tribunal Constitucional y de la Junta Electoral Central en esta materia
del ejercicio de la libertad de expresión constitucionalmente consagrado
por el artículo 20 quedan excluidas, por supuesto, las organizaciones
empresariales y las organizaciones sindicales de esta posibilidad de pedir
el voto. Y quedan también excluidos los poderes públicos. Aquí ha habido
una reforma muy sustantiva de la legislación frente a la normativa
precedente. Los poderes públicos no pueden hacer campaña electoral. Lo
que sí pueden hacer es algo que se llama la campaña institucional.
Campaña institucional que, primero, se circunscribe al poder público que
convoca el proceso electoral. Este es un dato relevante porque determinados
ayuntamientos, determinadas corporaciones locales han intentado hacer
campaña institucional en relación con determinadas convocatorias
electorales. La Junta Electoral Central, ratificado por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, ha afirmado que no pueden los ayuntamientos o las
corporaciones locales hacer este tipo de campañas, sino el titular de la
convocatoria, quien convoca las elecciones. Y en el caso de las elecciones
municipales la convocatoria es obviamente realizada por el Gobierno de la
Nación. No pueden, pues, ni las comunidades autónomas ni los propios
ayuntamientos recabar el voto, recabar la participación ciudadana a este
respecto. Tenemos que decir en cuanto al contenido de esta campaña
institucional y esto es relevante, que el texto originario de la Ley
Orgánica de la Región Electoral General, el texto aprobado en 1985,
contemplaba como parte de la campaña institucional la petición del voto
aséptica. Es decir, el participe usted decía la ley con la finalidad de
incertivar la participación en las elecciones. Es así como diversos
eslogan fueron aprobados y llenaron las calles en las primeras elecciones
tras la Ley Orgánica de la Región Electoral General, como tu deber es
votar, no vuelva usted mañana u otros eslóganes del tipo que fueron
frecuentes en estos momentos. Lo que no se admitía y lo dijo muy claro la
Junta Electoral Central desde el primer momento a raíz de la proclamación
de la entrada en vigor de la ley es el envío, por ejemplo, de cartas a los
electores que cumplan 18 años recordándoles por parte de los
ayuntamientos o por parte de los presidentes de las comunidades autónomas
que tienen derecho a votar porque se entendía que había un
condicionamiento del sufragio. Una reforma inicial operada en 1994, una
reforma operada por la Ley Orgánica 13-1994 de 30 de marzo suprimió esta
posibilidad de incentivar el voto, de llamar al voto a por parte de los
ciudadanos. Lo suprimió para las elecciones generales y para las
elecciones municipales. No podía, por tanto, a partir de este momento,
que, como la Junta Electoral Central se ocupó de precisar, la abstención
es una opción política tan legítima como lo es el ejercicio del derecho
al sufragio. Frente a los primeros pronunciamientos con arreglo al texto
originario de la Ley Orgánica del 85 donde se entendía la vieja teoría
de que el voto es un derecho pero también es un deber ciudadano de
participación, la Junta Electoral Central, a partir de esta reforma de
1994, cambia su criterio de modo explícito y es una opción tan legítima
como el ejercicio del derecho al sufragio. Por ello, afirma la Junta
Electoral Central, no tiene derecho ningún poder público a incentivar la
participación ciudadana en un comicio electoral. Es una decisión libre
que queda a los ciudadanos en el marco de sus derechos constitucionales el
participar o no participar en los términos del artículo 23 de la
Constitución. Al margen de lo que nos pueda sugerir esta configuración,
este criterio, en este momento, como les digo, desde un célebre acuerdo de
1995 ha reiterado la Junta Electoral Central hasta nuestros días. Pero a
partir de la reforma de 1994 seguía subsistente la posibilidad de realizar
campañas institucionales incentivando la participación ciudadana para el
supuesto de las elecciones autonómicas. La ley, el artículo 50, no lo
preveía de forma expresa el supuesto de las elecciones autonómicas que se
podían realizar. De hecho, la mayoría de las comunidades autónomas así
lo hicieron y durante las sucesivas campañas electorales han venido hasta
las últimas del año 2007 realizando campañas institucionales en este
sentido. La ley orgánica 2-2011 que antes referíamos ha dado nueva
redacción al artículo 50 y ha introducido en este aspecto una sustancial
modificación. La modificación podría pasar inadvertida si incluso algún
comentario haya así publicado diciendo que se mantiene solo el texto del
artículo 50 porque en el texto del artículo 50 lo cierto es que nada se
dice. Lo que ocurre es que la reforma de la ley orgánica 2-2011 ha dado
nueva redacción a la disposición adicional primera al apartado segundo de
la disposición adicional primera de la propia ley orgánica del Ejército
General y es ahí donde se dice que lo dispuesto en el artículo 50 la
prohibición de campañas institucionales instando a la participación
ciudadana instando a que los ciudadanos voten es también aplicable a las
elecciones autonómicas. Por eso, a partir de la vigente redacción de la
disposición adicional primera apartado segundo entre los preceptos que
también se aplican que son extensivos porque se consideran legislación
estatal básica que se aplica en este caso a las comunidades autónomas se
encuentra esta prohibición de realizar campañas institucionales por parte
de los poderes públicos de los poderes públicos que convoquen un proceso
electoral. Y no pueden realizar campaña electoral y campaña institucional
en concreto. Pero, ¿cuál es el objeto de esta campaña institucional si
no se puede instar la participación ciudadana? Pues bien, en los términos
de la vigente redacción de la ley, en todos los comicios electorales
generales las elecciones a los diputados y al Senado sean conjuntas o sean
separadas elecciones autonómicas, elecciones locales lo que pueden hacer
los poderes públicos es limitarse a informar al ciudadano sobre los
elementos relativos al ejercicio del derecho al sufragio. Estamos hablando,
pues, en primer lugar sobre el censo electoral y la posibilidad de su
revisión, la revisión del censo electoral para que los ciudadanos puedan
conocer si están o no están y si están debidamente o no inscritos en el
censo electoral. Esto es en el catálogo que permite, salvo resolución
judicial que lo acredite el ejercicio del derecho de voto. Se puede
informar sobre la fecha de las elecciones sobre el procedimiento para votar
y sobre los requisitos y la forma del ejercicio, que esto es quizá lo más
sustantivo del ejercicio del derecho de voto por correo que también saben
ha sido objeto de modificación, no vamos a entrar aquí obviamente, pero
que también ha sido objeto de modificación por la nueva redacción de la
ley. Lo que no se puede ya es fomentar la participación de los ciudadanos
ni por supuesto influir en la orientación del voto de los ciudadanos Ambas
actitudes por parte del poder público son negadas sistemáticamente por
parte de la Junta Electoral Central. ¿Esto qué quiere decir?
Traduzcámoslo a supuestos concretos, pues que no cabe una campaña de
logros y realizaciones de un ayuntamiento, donde un ayuntamiento exponga
todo lo que ha hecho a lo largo de la legislatura y todas aquellas
bendiciones de su labor todo el servicio que se ha prestado a los
ciudadanos, por ejemplo a través de una revista municipal bien de
distribución gratuita o bien de distribución generalizada. Tampoco cabe,
como la Junta Electoral Central se ocupó de decir que un determinado
miembro del Gobierno hiciera una publicidad insertando en su momento en las
líneas del tren de alta velocidad un vídeo donde se exhibían las
excelencias que se habían tenido en materia de transportes e
infraestructuras durante su gestión, durante su mandato. La Junta
Electoral Central acordó sancionar de forma expresa al titular de la
cartera gubernamental, en este caso puesto que no se pueden contar
realizaciones en el marco de una campaña institucional. Eso no contribuye,
dice la Junta Electoral al ejercicio a facilitar el ejercicio del derecho
del sufragio sino que simplemente debe entenderse que condiciona la
orientación del voto ciudadano. Precisamente hoy mismo Europa Press nos da
ejemplos de esta actitud sin entrar lógicamente en la orientación
política de los distintos se nos informa que la Junta Electoral de Zona en
Huelva ha prohibido una reunión informativa de una asociación, una
asociación que estaba participada por la Diputación Provincial en la que
el texto de la invitación dice la Junta Electoral de Zona del mismo se
desprende que el objeto de la información guarda inevitablemente directa
relación con realizaciones en la gestión pública de la Diputación
Provincial por lo que debe entenderse que dicho acto se enmarca en el
ámbito de las prohibiciones de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General. El diario publicado además de la noticia Europa Press en el
diario La Vanguardia Europa Press y el diario ABC nos ofrecen en el caso de
Logroño que la Junta Electoral Central ha dictado cinco resoluciones sobre
incumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General por parte
del alcalde de un determinado ayuntamiento. En estas cinco resoluciones que
han sido anuladas, como les digo con fecha de ayer y que hoy mismo se
incorporan a los medios de comunicación, la Junta Electoral Central de
Logroño ha dado la razón al partido que formulaba la reclamación. La
primera de estas resoluciones se refería a una publicidad institucional
que el alcalde está realizando por toda la ciudad a través de los tiques
de la zona azul, de los expositores de termómetros y de otros elementos
bajo la leyenda el soterramiento en Logroño por fin con el ayuntamiento.
Entiende la Junta Electoral de Zona que esto lógicamente condiciona el
voto y no es campaña institucional. La segunda denuncia que ha sido
asumida por la Junta Electoral Central es una campaña que el Ayuntamiento
ha realizado sobre el Plan General de Ordenación Urbana con anuncios en
prensa y cuñar de radio que coinciden con el eslogan del partido político
que sustenta al alcalde de la localidad. La otra de las denuncias se
refiere a la campaña publicitaria que consiste en el buzoneo por parte de
un partido político y de su candidato con el lema ¿Qué hemos hecho en tu
barrio? Y la quinta concierne a una revista del Ayuntamiento que se llama
De Buena Fuente. Todas estas actitudes han sido sancionadas por la Junta
Electoral de Zona como les digo en este mismo proceso electoral con fecha
de ayer en relación con la actividad por entender que no entran dentro del
marco de lo que es la campaña electoral. La campaña institucional dicho
esto debe realizarse en espacios públicos gratuitos de los medios de
comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial
correspondiente a la administración que convoca las elecciones al proceso
electoral que se convoca. Esto quiere decir que la campaña institucional
no se puede realizar en medios de comunicación social de titularidad
privada sino que debe circunscribirse al ámbito de los medios de
comunicación social de titularidad pública. Recuerdo que en el ámbito de
las elecciones locales estos medios de comunicación social de titularidad
pública correspondientes al ámbito del proceso electoral de qué se trate
son los medios de publicidad de titularidad pública de ámbito nacional
porque las elecciones, la convocatoria lo es para los casi 8.500 municipios
que existen en el territorio español. Un segundo elemento definidor de la
campaña una vez que hemos considerado su elemento subjetivo es decir
quién y cómo se puede desarrollar y las prohibiciones que al respecto
establece la ley es el elemento objetivo de lo que se trata es de la
captación del sufragio. La campaña electoral tiene por finalidad que los
votantes, que los ciudadanos opten por una determinada alternativa
política, por una determinada candidatura. Es decir que lo que
coloquialmente comprende la campaña electoral es pedir el voto pedir el
voto al ciudadano para una determinada formación y eso se puede hacer a
través de cualquier medio se puede hacer como ha dicho la junta electoral
central a través de internet se puede hacer en los videomarcadores de un
estadio de fútbol en el intermedio del partido correspondiente se puede
pedir el voto de forma expresa a una determinada formación política se
puede hacer no ya sólo a través de cualquier medio prensa, radio,
televisión sino que se puede hacer también en cualquier lugar es decir
que es perfectamente posible hacer campaña electoral en un centro
penitenciario es perfectamente posible hacer campaña electoral como la
junta electoral central ha dicho en un convento o en una residencia del
inserso o bien es perfectamente posible hacerlo en una empresa privada.
Trasladándose allí para hacer un acto electoral con la finalidad de pedir
el voto a los asistentes El tercer requisito el tercer elemento
configurador del régimen jurídico de la campaña electoral es el de la
actividad que es quizás el elemento más lógicamente por su propia
configuración más dinámico el elemento que más problemas o cuestiones
ha planteado y que más pronunciamientos ha requerido de la junta electoral
central El artículo 54 dispone que los actos públicos todos los actos
públicos que se realicen durante la campaña electoral deben regirse por
la normativa reguladora del derecho de reunión hay pues una remisión que
hace el artículo 54 a la normativa reguladora del derecho de reunión por
tanto a la ley orgánica 3.983 de 15 de julio que como sabrán es un texto
muy breve de tan sólo 11 artículos y es importante esta remisión porque
aporta la sumisión de los actos de campaña electoral a los plazos
configurados en la legislación reguladora del derecho de reunión en este
sentido hay que decir que la ley exige una notificación previa para la
celebración de cualquier acto de campaña electoral con una antelación
mínima de 10 días y una antelación máxima de 30 días cualquier acto
electoral debe ser comunicado a la junta electoral provincial para que la
junta electoral provincial resuelva lo oportuno en el plazo mínimo de 10
días máximo de 30 días ahora bien hay que decir que lo relevante no es
ya sólo que la comunicación deba hacerse a las juntas electorales es
decir que la administración electoral ocupe aquí la posición de la
autoridad gubernativa sino que el desplazamiento lo es en el conjunto de
las facultades salvo en materia de orden público y como ha precisado el
tribunal supremo en materia de regulación en la ordenación del tráfico
en las vías urbanas hay un desplazamiento competencial la campaña
electoral determina que las competencias de la autoridad gubernativa
establecidas en la ley orgánica y reguladora del derecho de reunión sean
asumidas por las juntas electorales correspondientes en cada caso las
competencias pues de la autoridad gubernativa son asumidas por la junta
electoral insisto salvo las relativas al orden público al mantenimiento
del orden público y así mismo conforme ha reiterado la junta electoral
central y ha ratificado el tribunal supremo las propias de la ordenación
del tráfico en las vías urbanas que no pueden ser sustituidas no puede
ser sustituido en este caso la autoridad gubernativa por una junta las
juntas electorales provinciales han asumido así un nuevo carácter y esta
es una innovación importante de la ley frente a la legislación precedente
porque las juntas electorales provinciales pasan a tener la condición de
autoridad son ellas las que pasan a ostentar la condición de autoridad
durante la campaña electoral son ellas las que pueden autorizar reuniones
son ellas las que pueden autorizar actos electorales y todo lo relativo a
la campaña electoral insisto con esas dos excepciones a las que hemos
hecho referencia el mantenimiento del orden público y la ordenación del
tráfico en las vías urbanas la junta electoral central tiene aquí una
competencia sería una competencia basada en el célebre sistema
anglosajón del stare decisis es decir, que la junta electoral central sin
perjuicio de la competencia de cada junta electoral provincial lo que sí
puede es unificar criterios puede unificar criterios y esos criterios una
vez que sean unificados por la junta electoral central deberán ser
observados deberán ser seguidos necesariamente por las juntas electorales
provinciales correspondientes hemos visto lo que ocurre con las reuniones
pero también son otros actos de campaña son importantes por ejemplo el
establecimiento la instalación de mesas de propaganda electoral bien en la
vía pública o bien en determinados centros o bien un kiosco bar en un
parque público donde se nos invita a tomarnos un chupito y sumarnos a la
opción política de una determinada convocatoria de una formación
política hay que decir que todos estos actos de campaña electoral no
están prohibidos por la legislación no están en absoluto prohibidos y la
ley simplemente se remite respecto de su régimen jurídico a lo que digan
las disposiciones legales y reglamentarias de carácter general y local es
decir, que aquí básicamente tendremos que estar a lo que diga la
respectiva ordenanza local del término municipal donde se vaya a celebrar
ese acto de campaña electoral que será básicamente la determinante de la
posibilidad o no de la celebración de ese acto en el sitio en que se haya
propuesto en la hora en que se haya propuesto ese acto de campaña
electoral lo único que exige la ley es que en todo caso se respete la
igualdad de oportunidades de todas las entidades políticas que al
autorizar actos del género no se quiebre la igualdad de oportunidades la
igualdad de oportunidades es pues un presupuesto de todos los actos de
campaña electoral y no puede ni la autoridad gubernativa ni la
administración electoral incidir en modo alguno en la igualdad de
oportunidades de todas las entidades políticas por lo que respecta a las
manifestaciones se plantea el problema no ya de las manifestaciones que
puedan sugerir durante la campaña electoral sino de aquellas otras
manifestaciones que son convocadas en periodo electoral la junta electoral
central y el tribunal supremo tienen aquí un criterio reiterado afirmando
que son legítimas son legítimas siempre que la convocatoria no tenga la
intención de captar sufragios porque lo que no puede una manifestación
por ejemplo una manifestación de estudiantes o una manifestación de
trabajadores en desempleo es intentar incidir en la opción política es
decir, no pueden vulnerar la neutralidad política pero con el respeto a la
neutralidad política no existe y así lo ha reiterado la junta electoral
central ningún tipo de objeción a la celebración de manifestaciones que
sean convocadas durante el periodo electoral como gráficamente decía el
tribunal supremo una campaña electoral tiene una incidencia muy relevante
en la vida ciudadana pero no puede paralizar el ritmo habitual de la marcha
de la sociedad y por tanto si se pide una manifestación sobre un aspecto
en el cual no se va a poner en tela de juicio la neutralidad política no
es obvio que estemos en campaña electoral y que la manifestación pueda
ser validamente celebrada dentro de los límites establecidos por las
disposiciones legales y reglamentarias de pertinente aplicación y por lo
que dispongan las ordenanzas locales en cada caso los medios materiales que
son precisos en todo caso para estos actos de campaña electoral estoy
hablando por supuesto de las vallas, las tarimas las mesas, las sillas la
megafonía ya hablo por supuesto de las banderas y demás eslóganes todos
ellos deben correr a cargo de la formación política en cada caso y existe
aquí una prohibición expresa de tal forma que no pueden no deben ser
puestos a disposición de los convocantes por los ayuntamientos sino que
debe hacerlo la propia entidad política que es la que debe asumir el coste
de todos estos métodos materiales para la celebración de un acto de
campaña electoral de igual modo se plantea la situación con las
denominadas caravanas electorales y con cualesquiera otros medios que
puedan tener las formaciones políticas por conveniente para permitir hacer
una actuación tendente a pedir el voto a los ciudadanos todo este tipo de
actividades caravanas, electorales, etc son siempre admisibles no hay
ningún criterio prohibitivo o restrictivo lo único que lógicamente
requiere la pertinente autorización no se puede decidir hacer una campaña
electoral por la castellana en plena hora punta sino que lógicamente hay
que pedir la pertinente autorización la autorización se regirá por las
disposiciones legales y reglamentarias generales y locales hay que estar
aquí fundamentalmente a lo que las ordenanzas locales deban decir y en
todo caso hay que respetar escrupulosamente el principio de igualdad de
oportunidades en modo alguno el principio de igualdad de oportunidades
puede ser puesto en tela de juicio porque la autoridad administrativa ni la
administración electoral pueden de modo alguno perturbar la neutralidad
política lo que sí tienen los ayuntamientos que no tienen
consecuentemente esta obligación de facilitar los medios materiales a los
candidatos o sea, a distintas candidaturas lo que sí tienen en todo caso
es una obligación de señalamiento de lugares esta obligación de
señalamiento de lugares que la ley regula extensamente dedica a la misma
tres preceptos los artículos 56, 57 y 58 tiene por finalidad que el
ayuntamiento determine, delimite los lugares donde se van a poder colocar
los carteles electorales por parte de las distintas formaciones carteles
que serán colocados de forma gratuita por las distintas formaciones
políticas señalamiento asimismo de locales donde abiertos al público
podrán celebrarse actos electorales por parte de las distintas formaciones
políticas por parte del público para la realización de todos los actos
de campaña electoral hay que decir que la competencia para a partir del
señalamiento de lugares por parte del ayuntamiento la competencia para la
distribución de los mismos es propia de la junta electoral de zona
correspondiente es la junta electoral de zona correspondiente la que una
vez que el ayuntamiento cumple la obligación en el artículo 56 y proceda
al señalamiento de lugares carteles, como les digo, locales espacios
públicos para la posibilidad de celebración los va a distribuir ¿cómo
los va a distribuir la junta electoral central? pues lo que la ley nos dice
y la práctica de la propia junta de sus acuerdos ha consolidado es que
primero la junta electoral de zona puede obligar al ayuntamiento a cumplir
con esta obligación es decir, que si el ayuntamiento de motu proprio
voluntariamente no cumple con esta obligación de proceder al señalamiento
de lugares o lo que es lo mismo, de poner a disposición de las
candidaturas lugares la junta electoral de zona podrá requerir como
consecuencia negativa de la pertinente sanción al ayuntamiento para que
proceda a este señalamiento una vez que el ayuntamiento señala, bien motu
propio o inducido a partir de ahí los... tiene un plazo que fijará la
junta electoral de zona la ley simplemente remite al criterio de la junta
electoral de zona dice que será un plazo conveniente y necesario al efecto
se supone lógicamente que en función de las dimensiones de la propia zona
no es lo mismo el ofrecimiento el señalamiento de lugares que pueda hacer
el ayuntamiento de Madrid o el de Barcelona que el que pueda hacer el
ayuntamiento de Patones pues lógicamente las diferencias son muchas la
junta electoral de zona abrirá un plazo para que las distintas
candidaturas hagan solicitudes de emplazamientos y el criterio a partir del
cual va a aplicar y va a distribuir los lugares lugares para pegada de
carteles lugares para celebración de actos va a ser los resultados
electorales que se han tenido en los últimos comicios electorales
equivalentes a tenor de las preferencias manifestadas sucesivamente
expresadas por las distintas candidaturas por tanto el criterio es el de
las últimas elecciones equivalentes no el de las últimas elecciones
celebradas dicho ahora no ponderaríamos si al año que viene o cuando sea
haya elecciones generales las elecciones autonómicas de este año sino las
últimas elecciones generales que se celebraron en 2008 igual que ahora los
criterios de ponderación van a ser para cada zona los de los últimos
comicios autonómicos de 2007 y en función de las preferencias que han
señalado las distintas candidaturas hay que decir consecuentemente que
aquellas formaciones que no hayan presentado candidatura en las elecciones
anteriores directa, lisa y llanamente no tienen derecho a espacios
públicos no tienen derecho a poder acceder a estos lugares porque no han
concurrido en las últimas elecciones criterio que puede ser discutible
pero es el criterio que ha firmado la ley y que es el criterio que señala
la junta electoral de zona por su parte aquellas candidaturas que
presentaron si se presentan a las tres elecciones y que no se presentan
ahora tampoco pueden disponer de espacio algunos sencillamente porque no
son sujetos electorales no ostentan la condición de interesados en este
proceso electoral y por tanto no pueden, como en alguna ocasión se ha
intentado cederlo a un tercero intentar ceder el espacio los espacios que
les correspondería para pegada de carteles a una tercera candidatura si no
se ha presentado a las elecciones digamos que su porcentaje se pierde, se
diluye en la bolsa general que se va a distribuir entre las restantes
candidaturas que sí se presentaron a las anteriores elecciones y que
vuelven de nuevo a concurrir a la convocatoria de elecciones que se haga en
este momento hay un límite temporal importante para la realización de la
actividad de la campaña electoral la campaña electoral nos dice la ley
que comienza el 38º día posterior a la convocatoria y dura 15 días 15
días naturales y termina en todo caso a las 0 horas del día
inmediatamente anterior a la celebración de las elecciones, lo que
coloquialmente conocemos como el día de reflexión así lo establece el
artículo 51 apartado 3º 153 de la propia ley orgánica del régimen
electoral general tengan ustedes en cuenta que realizar un acto de campaña
electoral en el día de reflexión es una conducta que está tipificada
como delito el artículo 144.1a de la ley orgánica del régimen electoral
general tipifica esta conducta como delito no vamos a entrar aquí
lógicamente en apreciaciones, pero sí les recuerdo que en algunas en
algunos días de reflexión y determinando por cuanto a nosotros si nos
importa la necesidad de reuniones de la junta electoral central para
pronunciarse al respecto si ha habido determinadas actividades que
recuerden ustedes las elecciones del año 2004 incluso las propias
elecciones generales del año 2004 recuerden ustedes las propias elecciones
del año 2007 que determinaron convocatorias urgentes de la junta electoral
central para pronunciarse al respecto les recuerdo que la reunión de la
junta electoral central del año 2004 fue convocada a las 10 y 20 de la
noche y la junta electoral central estuvo reunida hasta las 2 y 4 de la
mañana ante una situación y para aclarar la situación de unos
acontecimientos sucedidos el día de reflexión y que están tipificados
como delito por la ley orgánica del régimen electoral general en este
día en el que no cabe ningún acto de campaña electoral sin embargo los
medios de comunicación social si pueden publicar o pueden difundir
referencias a actos propios de la campaña electoral desarrollados el día
anterior es decir el día del cierre de la campaña electoral siempre que
dicha información sea objetiva dice la ley y no constituya propaganda
electoral lo que no se puede y así lo ha reiterado afirmando ratificando
el criterio de la junta electoral central del tribunal supremo lo que no se
puede es publicar ningún tipo de entrevista con un candidato o con una
persona vinculada a un partido político porque se entiende que aunque en
esa entrevista el día de reflexión no se pida de forma expresa el voto si
hay realmente una orientación de la preferencia de los votantes si puede
condicionar el sentido del voto por tanto no pueden ni publicarse
entrevistas de candidatos ni de cargos institucionales que estén
vinculados a formaciones políticas que concurran a los comicios
electorales la junta electoral central insisto ratificando el criterio por
el tribunal supremo entiende que en estos casos no hay no se trata
actividad de información porque publicar los actos que se han celebrado de
campaña electoral el día de reflexión los que se han celebrado el día
anterior eso si es una actividad de información siempre que no se vulnere
la neutralidad política pero ir más allá no dando información sino
ofreciendo las entrevistas las opiniones personales de una determinada
persona que pueda ser relevante y que pueda en algún modo influenciar al
electorado se entiende que eso no es un acto de información sino que es un
acto de campaña electoral prohibido por el ordenamiento jurídico porque
como dice el tribunal supremo puede influir directa o indirectamente en los
electores por supuesto tampoco cabe el día de la votación la realización
de ningún tipo de acto de campaña electoral de ningún tipo de acto
orientado o dedicado a la petición del voto otro aspecto que nos interesa
considerar es el relativo a una modificación relevante que se ha
introducido por la ley orgánica 2 2011 en el articulado de la ley
orgánica del régimen electoral general el artículo 53 2 ha procedido a
una congelación del periodo que media entre el decreto de la convocatoria
y el momento de la campaña electoral acabamos de decir que la campaña
electoral comienza el día 38 después de la convocatoria de las elecciones
la resultante en la práctica es algo que la propia jerga de los medios de
comunicación ha pasado a llamarse la precampaña de tal forma que
convocada las elecciones teníamos una precampaña y luego ya se iniciaba
principiaba en sentido estricto lo que es la campaña electoral lo que la
reforma ha pretendido es suprimir ese periodo coloquialmente denominado de
precampaña de tal forma que extiende la de acuerdo con un criterio que ya
había firmado la junta electoral central pero la junta electoral central
decía que sería un criterio deseable pero que carecía de instrumentos
oportunos legalmente afirmados para así pronunciarse lo que ha hecho es
congelar ese periodo de tal forma que durante ese periodo tampoco se podrá
realizar ningún tipo de actividad directamente encaminada a la captación
del voto aunque no se pida el voto la diferencia que había anteriormente
entre precampaña y campaña era si se pedía de forma expresa o no se
pedía de forma expresa el voto es decir el voto la solicitud expresa era
el criterio determinante la ley ha partido de la supresión congela pues
ese periodo esos 38 días 37 días desde el decreto de convocatoria hasta
el inicio oficial de la campaña electoral y tampoco permite que haya aquí
ningún tipo de actividad que pueda favorecer a una determinada formación
política durante dicho periodo se prohíbe pues todo tipo de actividad que
pueda comportar influir sobre el voto lo que no se prohíbe es que las
formaciones políticas puedan realizar actividades que sean propias de una
formación política propias de un partido político en tiempo ordinario
este tipo de actividades son actividades propias, actividades ordinarias de
las formaciones políticas y de forma expresa las excluye el texto de la
ley el artículo 53 2 actuaciones que sean propias al ejercicio de las
actividades ordinarias de las formaciones políticas que por tanto si
podrán ser admitidas por poner un ejemplo práctico estando en campaña
electoral en estas últimas elecciones a una determinada formación aquí
en Madrid se le ha instado a que retirara unos carteles que habían sido
pegados días anteriores y se le instaló una vez publicado el decreto de
convocatoria a la retirada y así procedió la formación política en
cuestión a esa retirada directamente pero lo que sí se pueden hacer son
actividades ordinarias, por poner un ejemplo muy concreto y como siempre
sin decir ningún tipo de orientación los que vivan en Madrid habrán
visto un célebre autobús de una determinada formación política que se
pasea cuando estamos en lo que sería la vieja precampaña electoral porque
ese autobús lo tenían antes entonces en ese autobús en lugar de poner
Coca-Cola Company pone el nombre de una determinada formación política
eso es algo que la junta electoral provincial ha dicho que es perfectamente
válido, que es perfectamente legítimo puesto que es una actividad de
propaganda ordinaria de la formación política y que por tanto no
contradice ni contraviene en modo alguno la neutralidad de la actividad en
cuestión con el ánimo de la brevedad que se me ha reiterado no podemos
por último dejar aunque sea telegráficamente por intentar estar en tiempo
algunas otras modificaciones que al margen de este régimen general de las
campañas electorales que hemos intentado esbozar se han introducido y que
son ciertamente relevantes la ley orgánica del régimen electoral general
y obviamente todos ustedes podrán intuir que no sin mucho agrado de los
destinatarios de estas disposiciones han impuesto a todas las televisiones
privadas la obligación de ceder espacios a los distintos partidos
políticos la ley en la nueva redacción del artículo 62 dice que durante
la campaña electoral los partidos federaciones, coaliciones y agrupaciones
que concurran a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de
propaganda en las emisoras de televisión y de radio de titularidad
pública conforme a lo establecido en los artículos siguientes y esas
emisiones esos espacios de propaganda también se extienden al ámbito de
las televisiones privadas otra modificación ciertamente relevante y
también que tendremos que ver porque lógicamente esta campaña electoral
va a ser una especie de laboratorio de pruebas y nos dará lugar sin duda a
multitud de resoluciones de la junta electoral central unificando los
criterios que seguramente discrepantes o dispares muchas juntas electorales
de zona van a sostener otra relevante novedad de la ley es que la
distribución de la información electoral no se va a hacer la
distribución en tiempos lo que se llaman los tiempos de la información
electoral no se va a hacer conforme a un criterio de interés informativo
al sacrosanto criterio del interés informativo que el medio de
comunicación pueda tener al proyectar a la opinión pública su opinión
sino con ponderación de los resultados obtenidos en los últimos comicios
electorales equivalentes es decir, que el mismo criterio que como hemos
visto antes con detalle se aplica al señalamiento de lugares para la
pegada de carteles al señalamiento de lugares para la celebración de
actos electorales se aplica también por la ley a la información en las
distintas emisoras, emisoras públicas y emisoras privadas de televisión
creo que he cumplido exactamente la indicación que me han dado con lo cual
quedo a su disposición para cualquier pregunta, duda sugerencia que se les
haya podido haber planteado Para no retrasar demasiado la siguiente
intervención abrimos un pequeño turno de dos o tres preguntas Hola,
buenas tardes ¿Qué virtualidad tiene la prohibición de realización de
actos de campaña electoral el día de la jornada de reflexión y cómo
incide en esta prohibición la existencia de los medios de comunicación a
través de internet? Tengo la sensación que va a pasar lo mismo que con la
prohibición de publicación de sondeos electorales que a pesar de que
existan simplemente con alojar la información relevante en un servidor de
Andorra y el mismo periódico simplemente que en vez de utilizar de
Cataluña diga de Andorra pues va a superar esta prohibición que ha
mencionado Muchas gracias Bien, la verdad es que la cuestión algo he
anticipado yo y les he recordado que en el 2004 tuvo que haber una reunión
urgente de la junta electoral central una más que vespertina nocturna y lo
mismo ocurrió esta y en este caso vespertina en los comicios electorales
del 2007 El problema aquí está en que el remedio a un conflicto político
se ha articulado a través de una respuesta penal no vamos a entrar aquí
en la última la funcionalidad del derecho penal donde sería el límite o
la respuesta necesaria pero claro, es difícil contener sin entrar en el
fondo del asunto es difícil contener fenómenos como pueden ser
comunicaciones por internet mensajes por SMS convocatorias que a través de
estos medios se hagan convocatorias desde Andorra o desde otro sitio
ciertamente es muy difícil contener yo lo que sí creo es que tendría que
haber quizá, a ver si me explico a veces cuando se dispara por altura
luego no se puede usar la escopeta quizá la respuesta del tipo penal y de
la consecuencia que establece el artículo 144.1 de la ley orgánica del
régimen electoral general es de tal contundencia que impide su aplicación
pero si lo rebajáramos a lo mejor y estableciéramos una sanción una
entidad convocante o responsable una sanción económica una sanción
económica seria pues a lo mejor era más eficaz en el fondo no lo sé
realmente le digo es muy difícil el fenómeno que comenta no es que sea
una hipótesis de laboratorio sino que ya la hemos vivido en dos procesos
electorales consecuentemente ¿qué ocurre con la actividad que se
desarrolla al día de reflexión? pues formalmente que está prohibida y
que constituye un delito ¿se ha aplicado alguna vez ese tipo penal? no
¿cómo podemos corregirlo? pues no lo sé se me ocurre a bote pronto
quizá que rebajando la consecuencia jurídica la apódosis pues a lo mejor
la prótasis el supuesto derecho se cumple sobre el último aspecto del que
hablo de la capacidad que van a tener ahora los medios de prensa en
particular la televisión de plasmar durante la campaña electoral el
ideario o los posicionamientos de los distintos partidos políticos en
función de cuáles hayan sido sus resultados como hoy por hoy los partidos
lo que hacen es pues te dan ya unas imágenes que ellos determinan que son
las que quieren que lleguen al ciudadano esto no restringe la capacidad de
un medio de comunicación de explicar al ciudadano qué es lo que se dice
en un determinado evento político sí creo que con la necesaria brevedad
algo he dicho o he dejado entre líneas la verdad es que se trata de una
reforma que habrá que ver cómo funciona en la práctica cómo se produce,
yo creo que este tipo de cuestiones el derecho tiene que intervenir pero
tiene que intervenir de una forma modulada estamos hablando de la
expresión de la opinión ciudadana ante el momento sacrosanto de unos
comicios electorales y lógicamente llegar por un lado al derecho penal por
otro lado llegar a condicionar lo que podría ser la libertad de empresa
periodística pues yo creo que tenemos que ver el recorrido que eso tiene
tenemos que ver cómo se acomoda por eso les decía que tendremos que ver
en los próximos tiempos y que esta campaña va a ser una especie de
laboratorio cómo se desarrolla y ver cómo luego la junta electoral
central dicta criterios unificadores porque ya les he dicho que estoy
seguro que las juntas electorales de zona van a dictar resoluciones incluso
contradictorias claro la mayoría o todos los que estamos aquí somos
juristas y tenemos una determinada mentalidad pues es que su reacción es
muy otra porque sencillamente lo que se dice es que se le está vulnerando
la libertad de información entonces yo lo que creo es que esta es una
nueva prescripción que tenemos que ver como rueda y como hecha a andar y
que será difícil magnificar consecuencias una última pregunta hola
buenas quiero preguntarle qué opinión tiene al respecto del principio de
reparto de oportunidades o de igualdad de oportunidades para todas las
funciones políticas a la hora del reparto proporcional del tiempo que
tienen las televisiones públicas a la hora de la publicidad en periodo
electoral creo que bajo mi punto de vista no lo veo muy correcto que a los
partidos que son mayoritarios le den muchísimo más tiempo de
intervención cuando a otros partidos políticos pueden tener unas
alternativas bastante buenas que pueden exponer y no les dan la opción
cuando creo que igual se está invadiendo o vulnerando el principio de
oportunidad para tener todas las formaciones la igualdad de oportunidades
para poder llegar a todos los ciudadanos yo estoy plenamente de acuerdo con
el criterio legal y le explico brevemente primero estoy plenamente de
acuerdo porque creo que es correcto y ajustado a derecho en el sentido de
que es criterio cierto y fijo para todos por igual por tanto en ese sentido
no introduce ningún tipo de discriminación de acuerdo con la reiterada
doctrina del tribunal constitucional a interpretar el principio de igualdad
es un criterio cierto y fijo que se aplica a todos por igual segundo yo soy
del Atlético de Madrid vivo en Madrid tengo hasta algún amigo zaragozano
que me ha hecho el honor de conocerme hoy que es del Madrid vivo con él
como con mi señora mi padre, mi hermano que son todos del Madrid bueno
pues todos los medios de comunicación social hablan del Real Madrid o del
Barcelona y abajo sale un recuadrito donde se dice el uruguayo ha metido un
gol a mí me parece eso que vulnera la libertad de oportunidades pues
entiendo que no la libertad social que es la que es y consecuentemente si
eso es así en una expresión deportiva mínima como no lo va a ser en una
expresión política tendría el mismo derecho con el debido respeto
tendría el mismo derecho los el partido yo no sé si ustedes vieron las
últimas elecciones las últimas candidaturas que se presentaron aquí a
Madrid yo lógicamente las tuve que analizar hubo un partido que era el
partido republicano monárquico de las mujeres divorciadas y casadas real
es una candidatura electoral aprobada el partido presentaba en su programa
electoral que eran republicanos y monárquicos que integraban y defendían
por igual a las mujeres divorciadas y casadas claro, ese partido tiene el
mismo tiempo electoral el mismo tiempo de propaganda electoral que un
partido formaciones políticas que aglutinan la opinión reiterada o en las
últimas elecciones de los 10 millones de españoles modestamente entiendo
que no que a lo mejor el criterio podría ponderarse ahí podría llegar a
estar de acuerdo con usted pero no creo que se deba ir más allá y que
lógicamente al cesar lo que es del César hay primera división hay
segunda y hay regional muchas gracias Alfonso Arevalo tanto por el
contenido como por el tiempo y la forma