Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas a la clase
correspondiente al día 21 de diciembre y hoy vamos a tratar el capítulo 8
del tema La interpretación de los derechos y de las libertades. Bien,
respecto a este asunto debemos comenzar diferenciando entre lo que sería
la interpretación de la Constitución y la interpretación constitucional.
Y es que, en derecho constitucional el problema de la interpretación
adquiere relevancia puesto que al ser la Constitución de aplicación
directa –no olvidemos que nuestra Constitución es de carácter
normativo– debemos preguntarnos cómo debe operar el agente que debe
aplicarla, es decir, el operador jurídico que debe aplicar esta
Constitución dado su carácter normativo. La interpretación, en
definitiva, debemos recordar que es el conjunto de los procesos lógicos
por los que se atribuye significado a una norma o se descubre el sentido de
sus enunciados. Es decir, cuando buscamos el efecto, el objetivo buscado
por esa ley a través de –como no podía ser de otra manera– estos
procesos lógicos que hemos denominado interpretación. También esta
interpretación es una actividad creadora del derecho. No olvidemos que al
interpretar el derecho, al interpretar la norma, al buscar su significado o
descubrir su sentido también se crea derecho. Es una actividad creadora
del derecho. Los jueces –en este caso el Tribunal Supremo– a través de
su jurisprudencia, incluso de una determinada forma podríamos incluir la
jurisprudencia menor de las audiencias provinciales, por ejemplo, podemos
decir que crea derecho. Debemos distinguir en todo caso entre la
interpretación de la Constitución que se limitaría al texto jurídico
formal de la Constitución, es decir, al contenido formal positivo que
tiene la norma, la Constitución española de 1978, o la interpretación
constitucional que en este caso ya iría más allá, sobrepasaría el
contenido exacto y positivo que contiene la norma y alcanzaría los
principios y valores constitucionales. Recuerden –como no podía ser de
otro modo– que los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y
que vienen además precisamente contenidos en el artículo 1 de la
Constitución son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo
político. Finalmente, de lo que se trata –y como no puede ser de otro
modo– en cuanto a esa interpretación de carácter constitucional es una
interpretación constitucional de todo el ordenamiento jurídico. La
interpretación constitucional presenta reglas especiales, a diferencia de
la interpretación de otro tipo de normas, puesto que responden a la
especificidad y al relieve que tiene en sí la norma constitucional. Así,
en primer lugar, el estatuto jurídico de lo político –es decir, la
compatibilidad entre los principios y preceptos incluidos en la
Constitución, aunque sean valores políticos– –para ello destacamos la
sentencia del Tribunal Constitucional 6 barra 87, de 27 de febrero–
tenemos que tener en cuenta que precisamente por eso el Tribunal
Constitucional no pertenece al Poder Judicial, sino que podríamos
definirlo –a efectos docentes y a efectos didácticos y de una manera muy
simplista– como un órgano de carácter judicial político o
político-judicial. Precisamente por esta especificidad de la
interpretación constitucional. También, la interpretación de la
Constitución no consiste en decidir en cada caso, sino fijar reglas de
concretización en cuanto a su interpretación que sean válidas para la
Administración y también para el legislador. Como no podía ser de otra
manera, ambas –la Administración, artículo 103 de la Constitución y,
por supuesto, también el Poder Legislativo– se ven sometidas, de acuerdo
con el artículo 9, a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico. Y la tercera característica que tendríamos que destacar de la
interpretación constitucional sería lo que se define como voluntas
constitutionis, es decir, el deber en esa labor de interpretación, el
deber que tenemos de investigar más la voluntad objetiva que tenía el
constituyente al elaborar formalmente la Constitución que la subjetiva,
¿de acuerdo? Lo dicho en el precepto, en relación con el contexto donde
se encuentra. Es decir, una interpretación de carácter sistemático. Y
finalmente otra... Perdón. Sí, finalmente otra cuarta característica que
tendríamos que añadir es el elemento totemporal de actualización sin
deformaciones ni mutaciones. Es decir, esa labor de interpretación de las
normas de acuerdo a cada momento histórico o a la realidad histórica en
la que se realiza y que, por lo tanto, debe realizar una labor integradora
dentro del elemento temporal en el que se realiza esa interpretación pero
sin que esa interpretación sea, digamos, tan extensiva, tan artificial que
pueda producir una mutación o una deformación del propio texto
constitucional. En cuanto... Una vez dicho esto, digamos de una manera
genérica en cuanto a la especificidad y la especialidad que requiere la
labor de interpretación de la Constitución debemos centrarnos en las
normas de interpretación de la propia Constitución Española, de nuestra
Constitución Española de 1978. A ello nos tenemos que remitir a las
normas de interpretación que se recogen en nuestro Código Civil y para
ello vamos a recordar lo que dice él mismo en su artículo tercero, ¿de
acuerdo? Donde nos dice que las normas se interpretarán según el sentido
propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes
históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de
ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de
aquellas. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas
si bien las resoluciones de los tribunales sólo podrán descansar de
manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Bien,
habiendo sido calificado por el Tribunal Supremo estas normas de
interpretación del Código Civil siempre el título también teniendo en
cuenta que a la hora de la interpretación el título preliminar de la
Constitución Española también ha sido calificado como el Tribunal
Supremo como materialmente constitucional ¿de acuerdo? y por lo tanto
también impregnado ¿de acuerdo? válido a efectos de ese carácter
normativo que estamos manifestando sobre la Constitución. En relación
también a la interpretación de la misma no podíamos obviar en ningún
caso ni podemos dejar de destacar el contenido del artículo 10 de la misma
en su apartado segundo donde nos dice que las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
ratificados por España. Por lo tanto tenemos que conjugar en todo momento
a la hora de la interpretación de nuestra Constitución ese contenido que
acabamos de nombrar del artículo 3 del Código Civil con ese apartado
segundo del artículo 10 de la propia Constitución en cuanto a los dos
parámetros que deben jugar en todo momento y que son de aplicación a la
hora ¿de acuerdo? de la interpretación de nuestra Constitución
española. En referencia al concepto de interpretación conforme a la
Constitución, el epígrafe 2.2 del título que estamos analizando debemos
recordar también que el Tribunal Constitucional ha indicado la necesidad
de interpretar todo el ordenamiento jurídico español conforme a la
Constitución como norma cualitativamente distinta a las demás y por
supuesto superior a ellas, no podría ser de otro modo frente a la norma
suprema, la norma que culmina nuestro ordenamiento jurídico. Y a este
respecto recordamos que la sentencia del Tribunal Constitucional 9 barra
1981 de 30 de marzo establece que la Constitución es la norma fundamental
y fundamentadora de todo el orden jurídico y que no podrá ser aplicado
ninguna norma o precepto que lleve a un resultado distinto que el contenido
en la propia Constitución. La Constitución es una norma unitaria,
constituye un todo que por lo tanto requiere de una interpretación
sistemática. No podemos interpretar la Constitución de manera parcelaria,
de acuerdo, de manera sesgada, de manera que no sea dentro de un todo
integrador y de manera sistemática. Incorpora a la Constitución como ya
conocemos un sistema de valores que requiere de una interpretación
finalista sin desechar ninguna palabra y buscando la proporcionalidad entre
los actos y sus consecuencias. Siempre que hablamos de la interpretación
de los derechos fundamentales, como hemos visto ya en este apartado segundo
del artículo 10 de la Constitución española y en el propio contenido de
la misma, siempre debemos tender al favor libertatis, es decir, en cuanto a
los derechos fundamentales siempre la interpretación deberá ir dirigida a
la mayor efectividad de esos derechos. También debemos integrar en la
interpretación conforme a la Constitución, como no podía ser de otro
modo, las normas que integran el bloque de constitucionalidad, por ejemplo
estatutos de autonomía y aquellas otras normas que conforman lo que se
denomina el bloque de constitucionalidad a la hora de la interpretación de
las normas. El legislador en todo caso no puede dictar normas meramente
interpretativas de la Constitución, puesto que de hacerlo se colocaría en
el mismo plano que el Poder Constituyente y que el propio Tribunal
Constitucional, que como ya sabemos y en nuestro ordenamiento jurídico es
el máximo órgano concentrado de carácter constitucional en el que está
depositada la competencia de ser el máximo intérprete de la
Constitución. En cuanto al carácter vinculante de la interpretación del
Tribunal Constitucional debemos recordar que éste se extiende al bloque de
constitucionalidad, como ya hemos dicho. Su interpretación se incorpora a
la ley desapareciendo por lo tanto la libertad de interpretación del juez
ordinario y de los demás poderes públicos que deben someterse a la
interpretación que haya realizado el propio Tribunal Constitucional. En
cuanto a la interpretación de los derechos y libertades debemos recordar
que además de los criterios de interpretación reseñados anteriormente,
lo que hemos estado viendo hasta el momento, la interpretación de derechos
y libertades contiene también algunas peculiaridades. Y así, en cuanto a
las normas constitucionales y legales sobre la interpretación de los
derechos y libertades, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 10
de nuestra Constitución ya hemos dicho que tenemos como punto de guía
respecto a su interpretación, como orientación, como horizonte hacia el
cual interpretar estos derechos y libertades tanto la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 como los
convenios y pactos internacionales que hayan sido suscritos por España.
Por ejemplo, las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea
donde tenemos que resaltar la importancia que adquiere la Carta de Derechos
Fundamentales desde su incorporación como derecho originario en el Tratado
de Lisboa y que por lo tanto esa Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea también tiene y adquiere la relevancia y la importancia de
la primacía del derecho de la Unión Europea y su aplicación frente al
ordenamiento jurídico interno, así como de su directa aplicación. El
Tribunal Constitucional en algunas ocasiones, aunque no se hayan ratificado
los tratados y convenios, también les ha dado a estos el valor de
carácter interpretativo de la Constitución española. Es decir, ha ido
más allá en pro o en virtud de este principio de favor libertatis que
acabamos de comentar y ha ido más allá de ese propio contenido del
apartado segundo del artículo 10 de la Constitución diciendo que, mire
usted, aunque usted no haya... aunque este Estado, aunque España no haya
ratificado este convenio o este instrumento internacional en pro... en
virtud de este favor libertatis, se considera aplicable a la hora, ¿de
acuerdo?, siempre que sea para la mayor efectividad de los derechos
fundamentales a la hora de la interpretación de la Constitución. ¿Y
cómo? Pues configurando el sentido y el alcance de los derechos
constitucionales definiendo los perfiles exactos de su contenido y, aunque
no lo considere parámetro de constitucionalidad, también lo puede
considerar como parámetro de interpretación y parámetro de validez. ¿De
acuerdo? Los tratados pueden ser un parámetro de interpretación, no así
de validez. ¿De acuerdo? No da rango constitucional a los derechos y
libertades internacionalmente proclamados, pero sí que nos da como... o
adquieren validez, o sea, perdón, o adquieren su valor como un parámetro
de interpretación. En cuanto al derecho de la Unión Europea, ya lo hemos
dicho, contenido en los tratados siendo un referente para la
interpretación de los derechos contenidos, puesto que tenemos que recordar
que en el ámbito español nos encontramos en un sistema multinivel. Los
tratados y acuerdos internacionales a los que se remite el artículo 10,
apartado 2º de la Constitución Española, por lo tanto, constituyen
valiosos criterios hermenéuticos del alcance de los derechos y sentido de
los derechos y libertades. ¿Y cuál es este alcance? ¿Cómo podemos
definir el alcance de la norma interpretadora del apartado 2º del
artículo 10 de la Constitución Española? Pues debemos recordar que este
apartado 2º del artículo 10 alude a los derechos fundamentales y las
libertades públicas. En puridad nos estaríamos refiriendo a la sección
segunda del capítulo primero, del título primero, ¿de acuerdo?, de
artículos 15 a 29, los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Por lo tanto, la pregunta a la que nos deberíamos responder es ¿se
refiere este artículo 10.2 de la Constitución Española sólo a estos
artículos 15 al 29 de la Constitución Española o debemos entenderlo en
un sentido amplio extendiéndolo a todos los derechos constitucionales? Si
optáramos, ante la respuesta a esta pregunta, si optáramos por la tesis
estricta, un amplio elenco de derechos contenidos en la Constitución
Española evidentemente quedaría fuera del ámbito de interpretación de
los convenios e instrumentos internacionales. Por lo que el criterio
correcto, y siempre y sujetándonos de nuevo en este principio, el favor
libertatis, ¿de acuerdo?, el criterio correcto es la aplicación del
apartado 2º del artículo 10 a todos los derechos constitucionales. Con
ello, además, conseguimos apoyar la tesis del Tribunal Constitucional de
que la cláusula de interpretación sirve de nexo, de unión entre nuestro
sistema de derechos y los derechos reconocidos en el ámbito internacional.
No podemos obviar y no podemos dejar al margen la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fruto, como ya saben, del Convenio
Europeo de los Derechos Humanos que no confundimos en ningún momento con
las instituciones de la Unión Europea. Ya saben que en el ámbito del
Convenio Europeo de los Derechos Humanos están suscritos 47 estados, por
supuesto todos los estados miembros de la Unión Europea pero, además,
otros 20 estados más. Y la sentencia del Tribunal Constitucional 36 barra
1984 entendió que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos se entiende comprendida como criterio interpretativo dentro del
apartado 2º del artículo 10 de la Constitución Española. También el
Tribunal Constitucional ha resuelto el problema jurídico de la
inexistencia de instrumentos procesales para ejecutar las sentencias del
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos pudiendo conseguirse la
efectividad a través del recurso de amparo con violación, por violación
perdón, de un derecho que corresponde a un derecho constitucional.
Definitiva y en cuanto a estos criterios sobre la interpretación de
derechos y libertades los criterios propios que hay que sumar a los
criterios generales anteriores y que hemos visto son lo siguiente. Los
derechos han de interpretarse conforme a los valores y principios
constitucionales, los derechos requieren interpretación sistemática, el
análisis aislado independiente de los mismos no es suficiente puesto que
forman parte de un ordenamiento jurídico completo de un todo, ¿de
acuerdo? Deben interpretarse conforme a la Constitución y no conforme a la
ley que los pueda desarrollar. En caso de conflicto entre derechos se
deberá buscar la función que contiene la Constitución Española para el
derecho en cuestión. Los derechos deben interpretarse desde su carácter
siempre, no lo olviden, no absoluto, no existen los derechos con un
carácter absoluto. El Tribunal Constitucional en virtud de este principio
y establecido ya en el ámbito de su jurisprudencia al favor libertatis
dispone que el ejercicio del derecho hasta donde sea posible sin vulnerarlo
o sin vulnerar otros derechos la mayor efectividad del derecho y
permitiendo por lo tanto y en definitiva la fuerza expansiva de estos
derechos. En cuanto a la interpretación de los derechos contenidos en los
tratados, ¿cómo deben interpretarse los derechos contenidos en los
tratados y convenios cuando válidamente celebrados y ratificados por
nuestro país pasan a formar parte del derecho interno? Entonces es
evidente que estos tratados y convenios tienen rango de ley y por lo tanto
están subordinados a la Constitución Española. La incorporación de los
tratados al ordenamiento interno mediante su publicación funcionan, ¿de
acuerdo?, en su dimensión internacional e interna generando efectos en los
respectivos ámbitos por lo que a la hora de su interpretación deberemos
atender a los siguientes criterios. En primer lugar, los derechos
contenidos en un tratado son en el ordenamiento español derechos con rango
de ley que deberán, como no podía ser de otro modo, interpretarse
conforme a la Constitución Española, además de todos los anteriores
criterios interpretativos que hemos verificado. Y segundo, si el tratado
incluye sus propias reglas de interpretación también se aplicarán, ahora
bien, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución Española.
Finalmente, se establece un doble control de constitucionalidad frente a
estos tratados. Por un lado, un control previo que recordemos bien
establecido en el artículo 95 de la Constitución Española donde nos dice
la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones
contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal
Constitucional para que declare si existe o no esta contradicción. Por lo
tanto, se puede solicitar al Tribunal Constitucional que verifique si
existe o no esta contradicción y cuando se considere que contiene
estipulaciones contrarias se exige que haya una previa revisión
constitucional. Y finalmente, dentro de este doble control de
constitucionalidad encontraríamos la segunda parte, ¿de acuerdo? ¿Qué
sería el control posterior? ¿A través de qué instrumentos? Bueno, pues
a través bien del recurso de inconstitucionalidad, a través de la
cuestión de inconstitucionalidad o a través del recurso de amparo por
violación de uno de los derechos contenidos y que están protegidos por
este recurso de amparo. Ya saben, artículos 15 a 29 más el 14 más el 30
apartado segundo de la Constitución española. Finalizamos recordando que
en cuanto a la interpretación de los derechos contenidos en el derecho de
la Unión Europea, el derecho comunitario se define y se divide entre dos
tipos, ¿de acuerdo? El derecho originario, que es aquel contenido en los
tratados, y el derecho derivado, que es aquel creado por las instituciones
de la Unión Europea, como por ejemplo los reglamentos y directivas. Y no
olviden en ningún caso que los principios que sostienen este derecho de la
Unión Europea son el principio de supremacía en cuanto al derecho
originario y el principio de competencia y de aplicación preferente. Bien,
con esto habríamos finalizado el apartado correspondiente o la lección
octava correspondiente a la interpretación de los derechos y libertades.
Comenzaremos ahora a ver el contenido del título noveno, ¿de acuerdo? La
tutela judicial efectiva y la garantía de los derechos y libertades. En
cuanto a esa garantía de derechos y libertades, recordemos en primer lugar
que la propia Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, fruto
de la Revolución Francesa de 1789, ya afirmaba que si la garantía de
derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no
existe Constitución. Es decir, podemos denominarlo como queramos, pero una
verdadera Constitución tiene que contener dos núcleos que son
fundamentales. Por un lado, ¿de acuerdo? Una garantía de los derechos,
puesto que los derechos valen tanto como las garantías que los protegen.
Podemos hacer unas declaraciones inmensas, grandilocuentes de derechos,
pero si no establecemos unas medidas de protección, unas garantías
efectivas de los mismos, una tutela efectiva de los mismos, no tenemos
absolutamente nada. Y por otro lado, cuando hablamos de Constitución, no
podemos olvidar en ningún caso que esa norma a la que llamamos
Constitución tiene que contener una verdadera separación de poderes. Si
no tendremos lo que tengamos, lo podremos definir como queramos, pero
realmente no tendremos una Constitución. La validez del reconocimiento,
por lo tanto, de los derechos se encuentra en la eficacia de sus
garantías. Es decir, los derechos valen tanto como vale el respeto y la
eficacia de las garantías que hemos establecido para su protección. Las
garantías, por lo tanto, son los instrumentos jurídicos de aseguramiento
de los derechos y libertades, y por tanto del valor normativo de la
Constitución. La Constitución precisamente tiene un valor normativo
porque tiene establecido un sistema de garantías eficaz y eficiente que
tutela y protege los derechos que vienen contenidos en la misma. Estas
garantías deben ser capaces de restablecer o preservar los derechos
fundamentales de los ciudadanos ante actuaciones de los poderes públicos o
ante actuaciones de otros ciudadanos que los amenacen o los vulneren.
Podemos diferenciar las garantías entre aquellas que precisan un
desarrollo legislativo, garantías que para ser eficaces precisan de un
previo de desarrollo legislativo, de una regulación mediante una norma
legal como son las garantías institucionales, de las que se encuentran ya
plenamente desarrolladas en el propio texto constitucional y finalmente un
tercer grupo que presentan rango legal pero no rango constitucional. La
Constitución española da gran importancia al sistema de protección de
derechos y libertades trasladándolo a la clasificación de los derechos
constitucionales. Es decir, nuestra Constitución española clasifica,
establece un rango de primacía de derechos constitucionales que viene
directamente vinculado al sistema de protección establecido para esos tres
derechos desde las máximas garantías y máxima protección constitucional
para unos derechos y va descendiendo en ese ámbito, desde ese nivel
máximo de garantías hacia unos niveles de carácter inferior. Las
garantías constitucionales las podemos definir como aquellas que están
explícitamente reguladas en la Constitución española –ahora las
veremos–, las garantías estatutarias, las que establecen los Estatutos
de Autonomía que en su reforma han establecido un catálogo de derechos y,
de acuerdo con Pérez Luño, en nuestro sistema podemos señalar tres
grandes bloques de garantías. Garantías normativas, garantías
jurisdiccionales y garantías institucionales. En cuanto a las garantías
normativas tienen un carácter preventivo, son disposiciones
constitucionales y en su caso legales que tienden a impedir la posible
vulneración de derechos y libertades y por lo tanto se integran en el
contenido del propio derecho de modo que con su regulación y ejercicio
queda implícita su tutela. Y vinculan a los poderes públicos, veamos por
ejemplo artículo 9.1 de la Constitución española. Los ciudadanos y los
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico y la Constitución además establece, de acuerdo,
por lo tanto esa garantía de sujeción a la misma, así como al resto del
ordenamiento jurídico. Pero también tenemos el artículo 53 de la
Constitución española donde se establecen las garantías de las
libertades y de los derechos fundamentales. Vuelve a insistir este
artículo 53 en que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo
segundo de este título vinculan a todos los poderes públicos y sólo por
ley que en todo caso deberá respetar su contenido esencial podrá
regularse el ejercicio de tales derechos libertades que se tutelarán de
acuerdo con lo previsto en el artículo 161. Es decir, nos está
estableciendo una garantía normativa en el capítulo segundo artículos 14
al 38. Si interpretamos sistemáticamente ambos artículos, el artículo 9
y el artículo 53 de la Constitución, establecemos que suponen no sólo
una vinculación de los poderes públicos sino también de los particulares
como ya ha sido confirmado por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Los poderes públicos también quedan vinculados por los
derechos contenidos en el capítulo tercero de la Constitución española,
artículo 39 a 52, puesto que el artículo 53 en su apartado tercero sobre
ellos dice que informarán a la legislación positiva la práctica judicial
y la actuación de los poderes públicos por lo que también los
consideraremos vinculados en virtud del contenido de este artículo.
También la rigidez constitucional es una garantía, ¿de acuerdo? No
olvidemos que la rigidez constitucional, la dificultad que establece el
título décimo de la Constitución en cuanto a la posibilidad de reforma
constitucional también es una garantía o un instrumento de garantía para
evitar precisamente la alteración de derechos y libertades reconocidos. Se
instrumenta, por lo tanto, la rigidez constitucional agravándose los
procedimientos de reforma de la misma que aceptan a estos preceptos, con
ello dificultando la reforma y, por lo tanto, la posible reforma del
contenido que tienen hasta ese momento estos derechos quedan asimismo
también protegidos de la posibilidad de reforma. Ahí lo encontramos en el
ámbito del procedimiento de reforma, que encontramos de dos tipos, el de
reforma ordinario y el agravado de la Constitución española.
Procedimiento ordinario es el que contempla el artículo 167 y el
procedimiento agravado el que contempla el artículo 168, ¿de acuerdo? Y
que cuando acepte nos dice a una revisión total de la Constitución
española o alguna de las siguientes materias el título preliminar –que
ya hemos visto cómo el Tribunal Supremo le ha declarado su carácter
normativo–. La sección primera del capítulo segundo del título
primero, «Derechos fundamentales y libertades públicas», artículos 15 a
29 y el título segundo de la corona, artículos 56 a 65, fíjense qué
enorme protección se les otorga a través de la rigidez del sistema de
reforma constitucional y la enorme dificultad y complejidad que tiene el
poder llegar a realizar una reforma sobre estos aspectos. Como sistema, ya
lo decimos, establecemos la rigidez constitucional como sistema de
protección. Otro sistema de protección que tenemos de estos derechos es
la reserva de ley, que garantiza el desarrollo legislativo de los derechos
y libertades que cuando se trate, además todavía elevamos ese rango de
derechos fundamentales y libertades públicas, deberá ser una ley
orgánica, recuerden el contenido del artículo 81 de la Constitución
española. Por lo tanto, lo que hace como sistema de protección la reserva
de ley es sustraer al Poder Ejecutivo la facultad de regular directamente
estas materias mediante el ejercicio de su potestad reglamentaria,
trasladándola a la facultad, a la voluntad popular, a la máxima
expresión de la voluntad popular que en realidad es lo que constituye una
ley. Por lo tanto, lo que hacemos es mediante este sistema de protección
decir, si el Poder Ejecutivo, usted no está capacitado, usted no está
facultado para regular este ámbito, sino que tiene que ser el Poder
Legislativo, el representante de la soberanía nacional que reside en el
pueblo, el que tiene esa capacidad para regularlo mediante el ejercicio de
su función primordial, que es la labor legislativa, ejerciendo o creando
la correspondiente o aprobando la correspondiente ley. En cuanto a la ley
orgánica, ya hemos dicho, regulada en el artículo 81 de la Constitución
Española requiere, ya sabemos que su especialidad es que requiere de un
mayor consenso. Y cuando hablamos de un mayor consenso es de una mayoría
absoluta y cuando hablamos de una mayoría absoluta estamos hablando de un
tipo de mayoría que además de conseguir un mayor consenso en cuanto a
esos representantes de la soberanía nacional frente a la forma de regular
un determinado derecho, además al requerirse esa mayoría absoluta –de
acuerdo, recuerden esta perspectiva– se incluye a las minorías porque
son necesarias para llegar a esa mayoría absoluta en el ámbito de la toma
de decisión de ese proceso legislativo. Por lo tanto, la ley orgánica
requiere de una mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre
el conjunto del proyecto. Con ello, se asegura un amplio consenso evitando
que mayorías gubernamentales no muy amplias puedan regular o modificar el
contenido de estos preceptos. Excluyéndose además estas materias que son
de ley orgánica frente al ámbito de aplicación del decreto ley. Pero
fíjense en cuanto al decreto ley, nos dice el decreto ley regulado en el
artículo 86 de la Constitución Española. Nos dice «En caso de
extraordinaria urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones
legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no
podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a
los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el
título primero o al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho
electoral general». Bien es cierto que luego los decretos leyes en el
plazo de treinta días requieren de una convalidación y una votación de
totalidad por el Congreso de los Diputados. Ahora bien, estos decretos
leyes, cuando hablamos de que excluye la posibilidad de regulación
–puesto que los decretos leyes al final son disposiciones normas con
rango de ley que en casos de extraordinaria urgente necesidad puede
establecer el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, el Gobierno–, pero la
pregunta sería en cuanto a los derechos y deberes libertades de los
ciudadanos regulados en el título uno, ¿a cuáles nos referimos? ¿A
todos los contenidos en el título uno o solo a los derechos fundamentales
y a las libertades públicas? Mi posicionamiento, claro, en cuanto a todos
los contenidos en el título primero ya vemos que no tienen el mismo nivel
de consideración ni de clasificación constitucional precisamente en
relación a las garantías que se establecen por lo mismo. Por lo tanto,
¿podríamos definirlos solo en cuanto al acotamiento, es decir, a la
sustracción de la capacidad de regulación mediante decretos leyes, los
derechos fundamentales y las libertades públicas o tendríamos que
incorporar todo el título primero? Bien, mi criterio es que, al igual que
la ley orgánica se establece como medio de regulación para esos derechos
fundamentales y libertades públicas, el criterio también sería de
carácter estricto. Sin embargo, en cuanto a la utilización que estamos
observando en los últimos años –esta utilización masiva, este
disparadero continuo, esta forma de regulación sustrayendo al poder
legislativo de su capacidad y la regulación mediante decretos leyes que se
vienen haciendo por los sucesivos Gobiernos–, quizás sería una
cuestión a plantearnos con una mayor profundidad, con un mayor sosiego y
con una mayor reflexión. Finalizaríamos hablando sobre las garantías
sobre el contenido de los derechos y libertades. En primer lugar, el
concepto de núcleo básico o núcleo esencial de los derechos, ya que
hemos dicho que, de acuerdo con el artículo 53 –volvemos a recordarlo,
si no les importa–, nos dice los derechos y libertades reconocidos en el
capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes
públicos y solo por ley que, en todo caso, deberá respetar su contenido
esencial. ¿Cuál es su contenido esencial? ¿Cuál es ese núcleo básico?
Que no se puede desfigurar o desdibujar los límites de un derecho hasta
hacerlo irreconocible. Ya esto lo hemos comentado en la lección
correspondiente. No vamos a profundizar, simplemente quédense que el
criterio del Tribunal Constitucional habla de vulneración de ese núcleo
básico, de ese contenido esencial cuando desdibujamos de tal modo, de tal
forma un derecho que lo podemos hacer irreconocible y nos encontraríamos
ya en el ámbito de los derechos garantía. En cuanto a los derechos
garantía, algunos instrumentos de tutela se presentan bajo la forma de
derechos concretos que garantizan otros del cual limanan. ¿Y a qué nos
estamos refiriendo con estos derechos garantía? Es decir, derechos que a
la vez son garantía de otros derechos y que los garantizan y del cual
limanan estos derechos. Pues fíjense, por ejemplo, el artículo 18,
apartado primero de la Constitución, concreta un aspecto de la libertad
personal, regula la intimidad. O el artículo 24, tutela judicial efectiva
que al final se constituye en un derecho garantía de todos los demás
derechos que tienen derecho a esa tutela judicial efectiva para ver si
precisamente se han vulnerado estos derechos. Otra forma de garantizar
estos derechos serían las exenciones de obligaciones. Se referiría a
prohibir que el sujeto sea obligado a realizar determinados actos que
podrían poner en peligro el libre ejercicio de algunos de sus derechos
constitucionales. Por ejemplo, el artículo 16.2 de la Constitución
española. Fíjense, cuando nos dice nadie podrá ser obligado a declarar
sobre su ideología, religión o creencias. Esto es una exención de
obligación puesto que si se pudiera o se permitiera este tipo de
obligación podríamos vulnerar precisamente estos derechos, nuestra
libertad de creencias o libertad de ideología a la cual tiene derecho el
sujeto. También suponen obligaciones y prohibiciones de actuación de los
poderes públicos como dar entrada a la actividad u opinión de los
particulares en materias de enseñanza, la resolución judicial previa a
determinados actos de los poderes públicos, como la suspensión o
disolución de asociaciones o la entrada a domicilios particulares o la
censura previa. Estos son todo obligaciones o prohibiciones en cuanto a la
actuación de los poderes públicos. En cuanto a las garantías
jurisdiccionales estaríamos hablando de aquellas que pueden ser activadas
para prevenir o reparar la vulneración de un derecho y que, por lo tanto,
evidentemente se sustancian a través de los correspondientes procesos
judiciales, ordinarios o especiales. Hay protección jurisdiccional de
carácter genérico como la tutela judicial efectiva, como el recurso de
inconstitucionalidad o protección jurisdiccional de carácter específico.
Bueno, con esto finalizaríamos la clase de hoy pendientes de continuar el
próximo día con uno de los artículos fundamentales y que conoce y que
contiene el mayor derecho o garantía de los que hemos hablado hasta el
momento, que es el derecho a la tutela judicial efectiva y que viene
contenido en el artículo 24 apartado primero de la Constitución. Bien,
como siempre quedo a su completa y entera disposición para la resolución
de cualquier duda o pregunta y no podíamos despedirnos hoy sin desearles
una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo que venga siempre cargado de
las mayores frutos, ilusiones y resultados y siempre premios al esfuerzo de
su trabajo. Gracias.