en la clase de hoy. Bien, en primer lugar, como nos dice el tema 1, el
derecho, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hablar respecto del
derecho? Bien, pues en cuanto al tema que nos introduce hoy, como pueden
ver en el ámbito de la asignatura del día de hoy y del comienzo de hoy,
¿cómo podíamos definirlo en cuanto a esa autonomía y demás rasgos que
conforman el derecho? Bien. Vamos a comenzar recordando que el derecho, al
final, es un fenómeno de carácter complejo, evidentemente, puesto que, al
ser complejo y derivado precisamente de esa complejidad, son múltiples las
perspectivas desde las cuales podemos presentar el derecho. En definitiva,
ya saben que el derecho, ya por su experiencia dentro del estudio, habrán
verificado que lo pueden identificar como un procedimiento judicial o como
lo que se habla en lenguaje vulgar es de derecho, o bien también como
derecho positivo el conjunto de normas que rigen en un determinado
ordenamiento jurídico. Es decir, cada vez que abrimos el boletín oficial
del Estado y ahí vemos publicadas las diferentes normas con sus
diferentes… ¿Rangos? Normas de rango legal, leyes orgánicas, leyes
ordinarias, reales decretos leyes, reales decretos legislativos, textos
refundidos, textos articulados, cuando es el Gobierno el que ejerce esa
potestad legislativa delegada por las Cortes Generales. Normas de carácter
reglamentario, todo ese conjunto de leyes de las comunidades autónomas,
incluso las ordenanzas, los reglamentos de carácter municipal, los
reglamentos y las ordenanzas de los ayuntamientos, todo ello forma parte
del ordenamiento jurídico positivo, que es cuando hablamos también de
derecho. En cuanto al derecho como poder político institucionalizado,
tenemos que reconocer que crea y reconoce o reconoce… Ciertas normas y
las garantiza mediante diversos instrumentos de control. A mí me gusta
mucho… Esa metáfora, esa imagen donde imaginamos al derecho como ese
jinete que maneja un caballo que es el poder. Ese jinete que va tirando de
las riendas de ese caballo simbolizando, como les digo, el caballo es el
poder y el derecho es el jinete que lo va controlando. Al final, el
derecho, no lo olviden, siempre surge del poder porque en este caso el
poder legislativo en el ámbito de las normas de rango legal o el poder
ejecutivo en el ámbito de las normas de carácter reglamentario son los
que tienen esa capacidad de crear derecho. Y no lo olviden en ningún caso
como perspectiva que les puede ayudar a comprender gran cantidad de cosas
de las que en ocasiones consideramos. Que son inexplicables en el contexto
social y jurídico en el que nos movemos. Y es que ese propio poder es el
que, del cual emana ese derecho que le va a controlar de acuerdo como
poder. De esa cuenta de la propia paradoja que significa. En definitiva, en
el ámbito que nos interesa del derecho como poder político
institucionalizado, tenemos que hablar de que ese derecho crea y reconoce
ciertas normas y, además, lo más importante, establece una serie de
instrumentos de control. En cuanto a las fuentes del derecho, nos
referiremos, como lo veremos, a las mismas fuentes del derecho en el
sentido de, también una metáfora, la fuente de la que emana el agua. En
este caso, es la fuente de la que emana el derecho, ¿de acuerdo?, de la
que emanan esas normas. También las formas que presentan las normas y que
permiten ordenarlas organizando un cierto sistema, construyendo, en
definitiva, un ordenamiento jurídico Es caracterizado por las
características que siempre hemos destacado que acompañan a cualquier
ordenamiento jurídico como son la plenitud, la coherencia y la unidad. Y
en definitiva, en virtud de esa plenitud, es decir, no existen lagunas.
Para eso existe la interpretación, la analogía del derecho, la
coherencia. Para eso entramos a jugar con los principios de jerarquía,
principios de competencia. Finalmente, esa unidad que ofrecen criterios
orientadores, que al final es una de las finalidades de los objetivos
fundamentales del derecho, que es ofrecer criterios orientadores de las
conductas humanas con trascendencia social. Ya ven, como en el ámbito
penal, el pensamiento en ningún caso, siempre que sea de carácter interno
y no tenga manifestaciones exteriores… No se ve afectado en ningún caso
por el derecho. Por ejemplo, claro, yo puedo pensar en mi fuero interno en
que quiero o deseo asesinar a una persona, pero mientras ese pensamiento no
tenga ninguna trascendencia exterior en forma de conspiración, de
provocación, de inducción a ese asesinato, en ningún caso, al no tener
trascendencia social, el derecho va a inmiscuirse. Por lo tanto, siempre el
derecho es el criterio orientador, el criterio organizador, ¿de acuerdo?,
de las conductas humanas, por supuesto, con trascendencia social.
Evidentemente, el derecho siempre tiene que ir, o su objetivo tiene que ir
encarado hacia el ámbito de la sociedad, ¿de acuerdo?, no en vano. Al
final, en un concepto vulgar o muy reducido, es evidente que el derecho no
son más que reglas de convivencia social, eso sí, cuyo incumplimiento
conlleva un carácter coactivo, es decir, de un obligado cumplimiento bajo
la amenaza de una sanción, una pena, ¿de acuerdo?, o un castigo en
cualquiera de las formas, ¿de acuerdo?, de consecuencias jurídicas del
incumplimiento de la norma. Eso sería, digamos, de una manera muy resumida
y de una manera muy sencilla en cuanto a la explicación de lo que es el
derecho. Pero el derecho hemos dicho que es complejo, es un fenómeno
complejo, no es un fenómeno sencillo, no es un fenómeno, ¿de acuerdo?,
digamos, monocromo, con un solo color o con una sola perspectiva, sino que
es un fenómeno complejo que se puede verificar. Desde diferentes
perspectivas. Por eso también debemos ver el derecho como ordenación
social, ¿de acuerdo? Como ordenación social. Hemos hablado anteriormente,
recuérdenlo, del derecho como poder político institucionalizado. Me
gustaría que recordaran, porque creo que es una imagen bonita y una imagen
que siempre nos ayuda a recordar este concepto, esa imagen, esa metáfora
que les he transmitido, del derecho como el jinete que maneja las riendas,
¿de acuerdo? Del poder, que es ese caballo que además, el poder como
caballo, siempre tiende a desbocarse, ¿de acuerdo? El poder siempre aspira
a más poder, a más libertad. Y le cuesta mucho ser sujetado, ser
domesticado o ser dominado, ¿de acuerdo? Por el jinete que es el derecho.
Desde este otro ámbito, que vamos a comentar ahora, el derecho como
ordenación social, hablamos de las reglas, de las normas y derechos. Y
tenemos que recordar que es que bajo el libre albedrío que preside la
conducta de hombres y mujeres, esta libertad de acción, en definitiva,
nosotros tenemos una capacidad de elección libre de las conductas que
queremos adoptar. ¿De acuerdo? Todos, evidentemente, al final ajustamos
nuestra conducta a diferentes reglas, de modo que cada grupo, desde una
familia hasta una empresa, se definen por unas específicas regularidades,
por una forma habitual de comportamiento. Y cuando son grupos sociales, lo
que se requiere es que estas conductas que se dan en el ámbito de este
grupo social sean, por supuesto, conductas regularizadas y ordenadas. Y
este es el papel específico que tiene el derecho en el ámbito de su
perspectiva como ordenación social, ¿de acuerdo? En esa función, en ese
rol, en ese papel que desempeña el derecho en la ordenación social.
Imagínense una convivencia social, yo creo que es un buen ejemplo, hacen
su contrario, ¿de acuerdo? Imagínense cómo sería una convivencia social
en el ámbito de cualquier sociedad, de cualquier grupo social, en el cual
todos y todas nosotros y nosotras, hombres y mujeres, bajo esa perspectiva
o bajo esa capacidad del libre albedrío, es decir, de la libre elección,
de la conducta que yo quiero desarrollar, nos relacionamos. ¿Verdad?
Sería un sinsentido, ¿de acuerdo? Por eso decidimos darnos en un
determinado momento, que no es objeto por supuesto de esta asignatura, pero
sí nos vale como recordatorio una serie de reglas, de normas, de normas
que digamos contuvieran una ordenación social. Ahora bien, en una
cualificación más alta de estas reglas encontramos las normas, ¿de
acuerdo? Por eso tenemos que diferenciar. Una cosa es el comportamiento
social, lo que podríamos definir como las reglas de cortesía, de
educación, ¿de acuerdo? Incluso dejamos al margen también las reglas
morales, las reglas de ética, ¿de acuerdo? Para entrar ya en una
cualificación más alta, puesto que la carencia de educación, la carencia
de cortesía, puede tener un reproche social, es decir, si yo me presento
en una reunión. Si entro en una zona donde hay ya gente que está
esperando allí mi presencia o mi llegada, ni siquiera saludo con buenas
tardes, evidentemente eso lo máximo que puede tener es un reproche social,
es decir, que las personas que están allí esperando, ese grupo diga,
bueno, pues qué persona más maleducada. Pero no puede tener ningún tipo
de trascendencia más. Si yo decido no acatar las normas de moralidad o de
ética imperantes en mi sociedad, yo voy a tener un reproche de carácter
moral o de carácter ético. Imagínense, mira este que es sinvergüenza,
por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí el derecho ya se sitúa en esa serie
también de normas sociales, porque viene evidentemente también a efectuar
un control social, pero de un rango mucho más cualificado. Es decir... Son
reglas exigibles, ¿de acuerdo?, y cuyo incumplimiento conlleva
consecuencias, incluso sanciones que pueden ser de carácter, sanciones de
carácter administrativo o sanciones de carácter penal, que entonces
estaríamos hablando de las penas. Y, por lo tanto, al estar esa amenaza
bajo la exigencia del cumplimiento obligatorio de esa norma y que ante su
incumplimiento existe esa amenaza de sanción o de condena, entonces
estamos hablando ya de que se crean ciertas expectativas de conducta, ¿de
acuerdo?, de conducta en las personas. Veamos un ejemplo. Cuando yo voy
circulando por la vía pública conduciendo un coche... No solo es mi
expectativa respecto a la conducta de los demás que en los cruces se van a
parar o que van a ceder el paso adecuadamente o que se van a parar frente a
los semáforos en rojo, sino que además ahí entra ya el derecho. Es
decir, si tú incumples, si tú superas un semáforo en fase roja, vas a
conllevar la consiguiente sanción administrativa. Si tú no obedeces una
señal de stop y provocas un accidente con lesionados o con fallecidos,
esto va a conllevar un reproche penal, una condena, ¿de acuerdo? Por
ejemplo, por homicidio, por imprudencia. Por lo tanto, en ese caso, de lo
que estamos hablando es de que esas expectativas sobre la conducta ajena
que consigue... Esa exigencia de cumplimiento obligatorio del derecho lo
que crea es un principio muy importante que ya viene reflejado en el
artículo 9 de nuestra Constitución. como es la seguridad jurídica, ¿de
acuerdo? Seguridad jurídica como la consecuencia o la previsión de las
consecuencias de nuestros propios actos y las ajenas, ¿de acuerdo? Un
principio que es fundamental y que no lo olvide. Además, tenemos que darle
mayor trascendencia a lo que es el ámbito estrictamente jurídico como el
que conocemos, porque la seguridad jurídica lo que nos da, ¿de acuerdo?,
es una seguridad, un conocimiento, ¿de acuerdo?, de las consecuencias que
yo puedo tener, y que por supuesto la seguridad jurídica es fundamental en
un Estado de Derecho, de las consecuencias que puede tener, por mi parte,
el incumplimiento o la realización de ciertas acciones. Les pongo un
ejemplo. Es decir, yo sé... que si me saltó un semáforo en rojo y me
pilla la policía, me observa la policía, pues me van a denunciar por
haber cometido una infracción de carácter administrativo y ello me
conllevará una sanción de 200 euros de multa y la retirada de cuatro
puntos. Pero sé que no va a ir más allá. Yo sé que la policía, su
seguridad jurídica, no me va a poder dar una paliza, no me va a poder
detener, no me va a poder ingresar en los calabozos, porque eso es
seguridad jurídica. Yo sé las consecuencias que trae. Y la seguridad
jurídica es fundamental y no en ese aspecto solo del derecho. Imagínense,
en un país donde no hubiera seguridad jurídica, ¿cómo podemos esperar
que vengan inversiones económicas potentes? Puesto que esos inversores,
esos que tienen el capital, no van a ir a un país donde no saben las
consecuencias que van a tener de su inversión. No van a ir a un país
donde no hay seguridad jurídica, donde lo que hoy digo y estas son las
reglas mañana puede cambiar. O ni siquiera se respetan esas reglas que son
conocidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la seguridad jurídica, véanla
siempre en su más amplio aspecto por la fundamentalidad que tiene en el
mantenimiento principalmente, ¿de acuerdo?, de un Estado de derecho. Bien,
pues al final, y haciendo un pequeño recorrido de lo que acabamos de
ver… El derecho como ordenación social trasciende a esas normas morales,
a esas normas religiosas que les he comentado, a esos usos sociales o de
cortesía y se convierte ya en normas jurídicas de cumplimiento
obligatorio cuya desobediencia, cuyo incumplimiento conlleva una serie de
consecuencias jurídicas y que eso lo que nos da, ¿de acuerdo?, es una
expectativa de comportamiento tanto propio como por parte de los demás que
nos lleva hacia la seguridad. Las normas jurídicas en definitiva son el
derecho y son aquellas cuyo reconocimiento y garantías corresponden a ese
poder político institucionalizado que hemos visto antes. Pues ¿quién
hace que se cumplan, de acuerdo, estas normas? Pues el poder ejecutivo.
¿De acuerdo? A través de las administraciones públicas, de las fuerzas y
cuerpos de seguridad que dependen del gobierno de la nación o de las
administraciones locales, en el caso de las policías locales o de las
policías autonómicas, del Poder Judicial, en cuanto principalmente que es
el único, ¿de acuerdo?, encargado de cumplir y hacer cumplir las leyes y
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ¿de acuerdo?, del Poder Judicial. Al
final, todo ello es poder político institucionalizado. De modo que tiene
instituciones y mecanismos el derecho destinados a garantizar su
cumplimiento y en que, en caso de incumplimiento, se deriva esa sanción
que también está institucionalizada, es decir, que somos conocedores de
esas consecuencias de modo previo, puesto que nos encontramos bajo ese
principio de la seguridad jurídica. Las normas jurídicas cubren ámbitos
distintos, como les he dicho, de modo que regulan, por un lado, la vida
colectiva y la cooperación social como garantía también de la vida
individual y de la vida colectiva en diferentes ámbitos. Luego, dentro de
estas normas jurídicas, como ya saben ustedes, encontramos diferentes
ámbitos. El derecho civil, las diferentes jurisdicciones que se encargan
de las cuestiones de la vida familiar, las guardias y custodias de menores,
las herencias, el matrimonio, la familia, las relaciones contractuales, el
patrimonio. Tenemos el derecho penal, que es el que protege los bienes
jurídicos a los cuales les dotamos o los consideramos de mayor
importancia. Fíjense, cuando nos vamos al ámbito de los derechos
fundamentales y las libertades públicas, sección primera del capítulo
segundo del título uno de la Constitución, artículos 15 a 29, derecho a
la vida, derecho a la integridad física, derecho a la libertad, derecho a
la seguridad. Pues todo ello, que es lo que consideramos el corazón de la
Constitución, esos derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados ni
por terceros ni por los poderes públicos, son los bienes jurídicos que
protege el derecho penal. ¿Cómo protege el derecho a la vida? Con el
delito de homicidio o de asesinato o de aborto. ¿Cómo protege el derecho
a la propiedad privada? Con los delitos de robo, delitos contra el
patrimonio. ¿Cómo protege el derecho a la libertad? Con los delitos de
secuestro, detención ilegal, etcétera, etcétera. Ese es el derecho
penal. Luego tenemos el derecho administrativo, que siempre lo que viene a
regular es esas formas o cómo debemos relacionarnos los ciudadanos con las
administraciones públicas y las administraciones públicas entre sí. Y
ahí hay un ámbito específico del poder judicial, que es la jurisdicción
contencioso-administrativa, que es ese ámbito de la jurisdicción donde
los jueces se encargan de verificar si ese comportamiento de las
administraciones públicas ha sido conforme a ley o no ajustado a derecho
en su relación con los ciudadanos. Tenemos que hablar ahora del
reconocimiento y la creación del derecho. Y para ello tenemos que recordar
que las normas jurídicas son las... Definitivamente, las reconocidas y
garantizadas por el poder político. Y para ello, ¿de acuerdo?, el poder
público tiene que asumir su carácter vinculante. ¿De acuerdo? Es decir,
ese poder público del que emanan, como hemos dicho, las normas, también
se encuentra sometido a ellas. Recuérdenlo, artículo 9 de la
Constitución Española. Los ciudadanos y los poderes públicos se
encuentran sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico. Si bien, anteriormente, el poder público solo le correspondía
el poder de crear las normas, de concretarlas y de aplicarlas, ¿de
acuerdo?, desde la aparición del Estado, de la figura del Estado, al
inicio de la Edad Moderna, es el Estado el encargado de crear derecho. No
solo, ¿de acuerdo?, dominar a un grupo social ya previamente ordenado,
sino configurarlo de acuerdo a las nuevas normas jurídicas. Anteriormente,
ese concepto del Estado, que además antes del Estado moderno,
recuérdenlo, se identificaba con el poder absoluto de la monarquía. Soy
rey por la gracia de Dios y entonces yo decido sobre el destino de mis
súbditos, ¿de acuerdo? Se ha transfigurado en el Estado moderno, ¿de
acuerdo?, en el que ya, por supuesto, ya no es el encargado, ¿de acuerdo?,
de dominar a un grupo social, sino de crear derecho y a la vez, no lo
olviden, porque esto es una interrelación. A la vez que se crea ese
derecho, se va modelando la sociedad de acuerdo a la cual se aplica ese
derecho. Eso es evidente. que los delitos del Código Penal de 1973 no son
los mismos delitos que tenemos en el Código Penal actual, ¿de acuerdo?,
sino que según va evolucionando la sociedad, la sociedad va considerando,
y además cuando ya el Estado emana de la propia sociedad, que la forma de
regularse debe ser diferente y adaptada a esa evolución social. Por lo
tanto, digamos que de esa sociedad de la que sale, a través de las
elecciones y los diferentes procedimientos, ese poder legislativo, que es
el encargado después de crear el derecho que se va a aplicar a esa
sociedad, es, digamos, una retroalimentación o una relación bidireccional
entre ambos, de forma que se va modelando la sociedad. No obstante, el
poder de crear derecho no debe ser sobrevalorado. En ningún caso, ¿de
acuerdo? Puesto que la mayor parte de la eficacia de las normas descansa
sobre la correspondencia de la expectativa social, ¿de acuerdo? Y las
mismas en cada momento histórico, siendo la capacidad coercitiva de
carácter residual. Para que me entiendan esto, es decir, en cuanto al
poder de crear derecho y de aplicar el derecho, esto no debe ser
sobrevalorado. Imagínense, les voy a poner un ejemplo para que entiendan
esta circunstancia, con lo cual van a entender que el poder coercitivo del
derecho, es decir, el poder de coacción que tiene en cuanto a la
aplicación de sanciones y penas, finalmente es mínimo importante este
concepto. Pero miren, hemos tenido, y seguimos, ¿de acuerdo? Ahora ya
parece que está siendo ya, digamos, obligatorio. Vamos de camino al final
definitivo de esta pandemia que hemos venido sufriendo desde marzo del
2020, ¿de acuerdo? Pero, fíjense, en ese momento se instauró un estado
de alarma a través del Real Decreto 463-2020, de 14 de marzo, en el cual
se sometía a la población a un confinamiento de carácter cuasi absoluto,
excepto en aquellos que tenían la autorización para seguirse moviendo en
virtud del cumplimiento de determinadas condiciones. Pues, imagínense que
si no fuera por esa expectativa social en la legitimidad de quien tiene la
posibilidad de crear ese derecho y en el pensamiento de la mayoría, en el
pensamiento común de que esas normas eran buenas para el cuerpo social y,
por lo tanto, de forma individual para cada uno de nosotros, Imagínense
que no existe policía suficiente en todo el Estado español para ir
detrás de cada una y de cada uno de nosotros y evitar que hubiéramos
salido de nuestras casas. Por lo tanto, es evidente que la efectividad y la
fuerza que tiene ese derecho para establecer ese control y esa ordenación
social se basa mucho más en la expectativa del cuerpo social de que eso es
bueno para él mismo, en la creencia, en la legitimidad de quien lo está
imponiendo, ¿de acuerdo? Y en la perspectiva y en la creencia de que el
atacamiento de esa norma es beneficioso para los ciudadanos. Si no fuera
así, si a todo el mundo no estuvieran, ¿de acuerdo? que someter al
cumplimiento u obligar al cumplimiento, por ejemplo, el ejemplo que les
estoy poniendo, de estas normas de confinamiento de manera forzosa y a
través de la presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad, de policía,
hubiera sido absolutamente imposible. Esto en cuanto al reconocimiento y la
creación de ese derecho. Bien, en cuanto al cumplimiento y la garantía
del derecho, tenemos que recordar que hay otro factor fundamental, como es
la regularidad de las conductas humanas y el grupo social que surgen del
cumplimiento de las normas de modo general y espontáneo. Y en cuanto a las
normas jurídicas, es el poder público en que se encarga de normalizar el
cumplimiento. Al final, lo que se consigue… Es que haya una regularidad
social. ¿Cuántas, piensen ustedes, cuántas normas cumplen a diario sin
ni siquiera pensar en ellas? Sino porque simplemente las tienen
interiorizadas, las tienen completamente asumidas y sin pensar en ellas ya
las van cumpliendo. Es decir, no salimos a la vía pública conduciendo un
vehículo y nos dedicamos a saltarnos los semáforos, ¿verdad? Algunos nos
saltaremos, pero es la excepción, ¿de acuerdo? No vamos todos
saltándonos todos los semáforos, ¿verdad? No salimos a la calle y vamos
incumpliendo todas las normas. Al contrario, vamos cumpliendo la mayoría
de las normas y son pocas las que incumplimos. En definitiva, en cuanto a
los instrumentos con los que cuenta el poder público para ello, la
principal... Es la capacidad... de represionar, ¿de acuerdo?,
institucionalizadamente esta transgresión. En definitiva, el mayor poder,
ya hemos dicho que lo situamos en esa legitimidad que tiene el poder
público que crea y aplica ese derecho, en esa expectativa que tenemos los
ciudadanos y las ciudadanas, el cuerpo social, de que eso es bueno para el
cuerpo social y es bueno para nosotros, pero finalmente ante ese
comportamiento mínimo, ¿de acuerdo?, en cuanto mínimo, proporcionalmente
a toda la población, ese comportamiento transgresor, incumplidor de esas
normas, ahí tiene la capacidad de represión institucionalizada, el poder,
¿de acuerdo?, las sanciones, las multas, ¿de acuerdo?, y sobre todo el
miedo a ser sancionado, a ser castigado penalmente, también logra una
prevención que hace que la mayoría de nosotros ajustemos nuestros
comportamientos a las normas y a las reglas que tenemos establecidas.
Gracias. Pero no olvidemos el resto de sistemas de control social que
están instaurados en la sociedad. La educación en el ámbito de la
escuela, la socialización en nuestro ámbito familiar, en nuestro grupo de
pares, es decir, en nuestros grupos de amigos, los poderes mediáticos, los
premios. Con todo ello, al final el cumplimiento de las normas se acaba
convirtiendo en un hábito general de comportamiento. Hemos hablado antes
que de esas normas sociales, esa educación, esa cortesía, ese
comportamiento en el ámbito social, que no puede conllevar ninguna
sanción institucionalizada o ninguna aplicación de castigo por el poder
público, pero que evidentemente conlleva que nos coartemos. Aparte de que
los tengamos… Que los tengamos interiorizados y realicemos esos
comportamientos de un modo habitual, rutinario, sin pensar en ello, pero
también que nos coartemos a nosotros mismos. que nos cortemos, para que me
entiendan, de realizar ciertos comportamientos, ¿de acuerdo? Es decir,
cuando nos sentimos sometidos, imagínense, en los espacios públicos, a lo
que ven el resto de personas, en el ámbito de nuestra familia, en el
ámbito, bueno, en todos los ámbitos, en nuestro ámbito laboral, en el
ámbito universitario, ¿de acuerdo? Simplemente hay unas normas de control
social, de comportamiento adecuado, que a pesar de que si las
incumpliéramos, como les digo, no tendríamos más que el reproche social,
ya nos hacen sujetarnos, ¿de acuerdo?, para sentirnos cómodos dentro de
ese cuerpo social. Todo ello, además, potenciado y apoyado, pues, por,
como les he dicho, esos medios de comunicación, etcétera, etcétera. Con
todo ello, el cumplimiento de las normas, como le digo, se convierte en un
hábito general. Y también la conciencia colectiva, que suele respaldar el
cumplimiento de las normas jurídicas. Porque el derecho garantiza
seguridad a los individuos y a los grupos, así como también cierta
igualdad y cohesión dentro del grupo. Es decir, el cumplimiento de las
normas a mí me da una seguridad. Es decir, si yo cumplo con las normas,
por ejemplo, obtendré la beca adecuada para continuar con mis estudios. Si
yo cumplo con las normas, ¿de acuerdo? Yo no tendré ningún problema ni
con la agencia tributaria, ni con la policía, ni con nada. Y eso a mí me
da una seguridad en el ámbito de la convivencia y me potencia y me
promueve, además, al cumplimiento de esas normas. En todo caso, y por
finalizar desde esa perspectiva, la concepción de este derecho varía
también, como les he dicho, con las diferentes concepciones sociales y los
diferentes periodos históricos determinados, ¿de acuerdo? Ahora prima la
libertad en nuestro ámbito, en nuestro estado constitucional actual, prima
la libertad en condiciones de igualdad y de seguridad. Ahora ya lo ven, es
un movimiento de... Además, fíjense, en todo este ejemplo siempre lo
podemos tratar de acuerdo a cuestiones y a circunstancias reales que
estamos viviendo en estos momentos. Pues fíjense ustedes, un 92% de la
población está vacunada. Y fíjense que la vacuna no es obligatoria para
que reflexionen sobre lo que estamos explicando en el diario. Sin embargo,
unos grupos minúsculos de negacionistas, de antivacunas, ¿de acuerdo? Son
los que más se escuchan, los que más ruido o más alboroto crean en el
ámbito social. ¿Y bajo qué prisma? ¿Bajo qué alegato? ¿De acuerdo?
Como les he dicho, pues bajo esa libertad. Es algo que... en la sociedad
actual es algo que se considera absolutamente fundamental, ¿de acuerdo? La
libertad, eso sí, en condiciones de igualdad y de seguridad. En cuanto a
la autonomía del derecho, yo les voy dejando, ¿verdad?, pequeñas perlas
de reflexión con circunstancias y cuestiones actuales para que ustedes
después reflexionen sobre ellas, a ver a qué, y además estaría
encantado si a través de correo electrónico quisieran compartirlas o
quisieran debatir sobre ellas, pero pequeñas pildoritas de reflexión,
¿de acuerdo?, sobre lo que estamos estudiando. Continuamos con la
autonomía del derecho, y es que el derecho requiere del reconocimiento y
garantía que le proporciona el poder público. Por supuesto, el derecho
tiene que estar institucionalizado, pero también necesita de cierta
autonomía de ese poder público. La independencia respecto del arbitrio
político es absolutamente necesario, ¿de acuerdo? Para ello se requiere
un grupo social especializado e independiente del poder político al que se
dote de autoridad para establecer la respuesta adecuada a los conflictos
respecto a las normas. ¿Y de qué les estoy hablando aquí? De la
independencia judicial, ¿de acuerdo? De la absoluta necesariedad de que
tengamos un poder judicial de carácter absolutamente independiente del
poder político, puesto que si no, la aplicación, la interpretación y la
solución de conflictos a través del derecho siempre se vería al pairo,
¿de acuerdo?, de los criterios políticos de cada momento. Y eso es
absolutamente impensable. Y también de la objetividad y de la
imparcialidad de la administración pública. Ya lo saben, en el artículo
103 de nuestra Constitución Española nos dice que la administración
sirve a los intereses generales, ¿de acuerdo?, bajo los principios con
objetividad y bajo los principios de imparcialidad, eficacia, eficiencia,
etcétera, etcétera. Son absolutamente necesarios, es absolutamente
necesaria esa independencia del derecho en cuanto a su aplicación, a su
interpretación del poder político para conseguir, ¿de acuerdo?, y sin
perjuicio de esa institucionalización que es necesaria a través de los
poderes públicos, pero para garantizar su autonomía del mismo y, por lo
tanto, todas estas consecuencias que hemos venido diciendo a lo largo de la
clase de hoy como es esa legitimidad social. esa asunción por la
ciudadanía o por el cuerpo social como algo positivo en cuanto a su
aplicación, etcétera. Respecto a la interpretación y la aplicación del
derecho, en cuanto a la aplicación, comprende la transferencia del
contenido de las normas al plano de los hechos. Es decir, aquí está la
norma, aquí han sucedido unos hechos, ¿cómo se traslada el contenido de
esa norma, de esa ley, a esos hechos concretos que han sucedido en la vida
real? Eso es la aplicación del derecho. Pero la aplicación, es algo que
ustedes ya tienen que tener interiorizado como estudiantes de derecho, no
es la aplicación, para que me entiendan, de la barra del bar, donde nos
ponemos a discutir sobre la aplicación del derecho. No, aquí ya hablamos
de que la aplicación del derecho no es un simple silogismo o aplicación
de la norma a los hechos, ¿de acuerdo?, sino que requiere, evidentemente,
de una interpretación fundada en derecho, de una interpretación previa
para averiguar el sentido que tienen las normas generales para el concreto
problema de la multiplicidad, inmensidad e infinitud de problemas que se
pueden producir en la vida real. Pudiendo adoptarse esas interpretaciones
conforme a criterios de diversos tipos, criterios literales, criterios
históricos, criterios teológicos, es decir, criterios finalistas del
objetivo de la norma y, por último, un criterio sistemático, de donde
está encajada, en qué parte tenemos enmarcada ese precepto en esa norma
para interpretarla en su contexto sistemático. En definitiva, ¿de
acuerdo?, es evidente que la aplicación del derecho no es un proceso
puramente mecánico y que la ejecución de la interpretación, ¿de
acuerdo?, se asimila mucho, fíjense, a la ejecución de la interpretación
de una obra musical, ¿de acuerdo? Es decir, parece muy sencillo,
¿verdad?, y más desde el mundo lego, desde el mundo profano del derecho.
Hombre, en esta norma, lo habrán escuchado en multitud de ocasiones, aquí
en este precepto, en este artículo, dice esto. Hombre, esto es de sencilla
lectura y se aplica. Fácil, ¿verdad? Piensen simplemente, fíjense, les
voy a poner un ejemplo, imagínense, de que intentáramos aplicar la
voluntad del legislador, la voluntad legislatorista, ¿de acuerdo?, del que
ha hecho la norma en cuanto al objetivo que buscaba. Y yo les preguntaría,
¿y cuál es la voluntad del legislador? ¿De acuerdo? Fíjense, el
legislador, el poder legislativo, las Cortes Generales, conformado por el
Congreso y el Senado, por diputados y senadores y diputadas y senadoras de
diferentes espectros políticos, que unos han hecho la propuesta, que otros
han enmendado, que otros han hecho una enmienda a la totalidad, que otros
se han abstenido. Díganme ustedes cuál es la voluntad del legislador,
cómo la identificamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un proceso laboral.
Es una aplicación del derecho de la norma, ¿de acuerdo?, de carácter tan
general y abstracto como no podía ser de otra manera. Su aplicación a los
hechos concretos es una verdadera obra artesanal, ¿de acuerdo? Muy
similar. A lo que es la ejecución de una partícula musical. Hablamos
ahora de las fuentes del derecho y del sistema de fuentes. En cuanto a
fuentes del derecho, estamos hablando, de acuerdo, del poder de crear
derecho. ¿Dónde se concentra el poder de crear derecho? En los estados,
evidentemente, en nuestro ámbito. Pero estos actúan a través de
diferentes órganos que ejercen diferentes competencias. Fíjense,
Constitución Española, ¿quién tiene el poder de crear derecho? Lo
tienen las Cortes Generales, por parte del Estado, lo tienen las Asambleas
Legislativas de cada una de las comunidades autónomas, porque somos un
Estado descentralizado y complejo. Y luego, ¿quién aplica ese derecho?
Pues tenemos los órganos constitucionales, las comunidades autónomas, el
ámbito de los organismos internacionales, la Unión Europea, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, las normas creadas por los diferentes órganos de acuerdo a
los diferentes procedimientos son las fuentes del derecho. Tenemos,
fíjense, como fuentes del derecho, las leyes, las normas concretas que
regulan una determinada materia, las normas en sentido formal, ¿de
acuerdo?, que diferenciamos en cuanto a las de rango legal entre ley
orgánica, ley ordinaria, reglamento, los órganos mismos en cuanto a
fuente, ¿de acuerdo?, una orden ministerial y de los diferentes
parlamentos o parlamento autonómico. Y luego tenemos un último criterio
que podríamos también, como fuentes del derecho, como formas específicas
que corresponden a los distintos tipos de normas de formas reconocidas por
el Estado y a los diferentes tipos de fuentes estatales creadoras del
derecho. Miren, en definitiva, podemos referirnos a fuentes de derecho,
uno, identificándolo con los órganos que tienen esa capacidad de la
creación de normas, de la creación de derecho, o también podemos
identificar a fuentes de derecho a las propias normas, una ley. ¿De
acuerdo? Es una norma, pero a la vez es fuente del derecho. En ella se
contiene ese derecho que luego será de aplicación. Por lo tanto, para que
vean esas dos perspectivas. No olviden que nuestro Código Civil, en su
artículo 1.1, nos dice que son fuentes del derecho la ley, la costumbre y
los principios generales del derecho, así como también la jurisprudencia,
que vendrá a complementar el ordenamiento jurídico. Son fuentes del
derecho, la ley, la costumbre, los principios generales del derecho y la
jurisprudencia. En cuanto a la ley, la vamos a definir. De acuerdo? Claro,
el Código Civil se refiere a la ley en ese sentido general, como fuente
del derecho. La podemos definir, en este caso, como toda decisión del
poder estatal de crear normas jurídicas. En el otro caso, y en la otra
vertiente, tenemos las leyes en sentido propio, como normas con rango de
ley. Leyes en sentido genérico, donde se incluyen otras normas cuya
elaboración recae en otros órganos del Estado, ¿de acuerdo?, o por
regulaciones técnicas más detalladas o procedimientos más rápidos, como
serían los reglamentos que elabora en este caso el Gobierno o la
legislación delegada, que hemos hablado antes de ella, los textos
refundidos, los textos articulados, que son los reales decretos legítimos,
o incluso los decretos leyes, que es esa capacidad de hacer leyes que tiene
el Gobierno, artículo 86 de la Constitución, recuérdenlo, en los casos
de extraordinaria y urgente necesidad. Las leyes, en definitiva, formalizan
por escrito los preceptos de la autoridad, es decir, esas órdenes, ¿de
acuerdo?, esas normas, esas reglas de comportamiento que yo, como poder
público institucionalizado, que tengo la autoridad para ello, quiero
establecer como normas de comportamiento, lo hago. por escrito y a esos
textos escritos se les da la publicidad, no lo olviden, la publicación en
los boletines oficiales, ¿de acuerdo?, para cumplir con ese principio de
publicidad que también viene contenido en el artículo 9 de la
Constitución Española. Respecto de la costumbre, otras fuentes del
derecho, recordemos que además de las normas jurídicas creadas por los
poderes públicos se siguen reconociendo el valor normativo de la
costumbre, no cualquier costumbre, ¿de acuerdo?, sino entendiéndose, en
este caso, la costumbre como norma generada por el uso reiterado,
generalizado y aceptado de una comunidad concreta en un ámbito determinado
de actividad. Es decir, es un derecho no formalizado, sino practicado. No
está por escrito, no está contenido en ninguna norma, pero este es el
típico caso de, no, aquí en mi pueblo esto se ha hecho toda la vida de
esta manera y es una costumbre generalmente aceptada, ¿de acuerdo?, y
reiterada y además respetada de manera tradicional. Es decir, es una
fuente del derecho. También tenemos que hablar como fuente de derecho de
la autonomía privada. Y en este caso, de lo que hablamos los poderes
públicos, lo que hacen es garantizar las normas que los particulares hayan
designado para regular su actividad. Cuando ustedes formalizan un contrato
de compraventa, cuando ustedes formalizan un contrato de arrendamiento, al
final las cláusulas de ese contrato son de obligado cumplimiento y ahí se
sitúa el Estado como poder público institucionalizado para garantizar que
cada una de las partes que ha formalizado ese contrato cumpla con sus
respectivas obligaciones. Y también los poderes públicos determinan a
través de la ley los límites y las posibilidades de la autonomía
privada. No podemos llegar a acuerdos o a contratos sobre aquello que nos
delagan. Estamos limitados. Evidentemente, si yo formalizara un contrato
con alguno o alguna de ustedes donde les vende un órgano, un riñón… O
un pulmón, ¿de acuerdo? Eso es rex extra commercium, es decir, son cosas
que no está permitida la contratación ni la negociación sobre ellas y
sería un contrato absolutamente inválido. Por lo tanto, nuestra
autonomía privada también está limitada por el derecho. Bien,
finalizaríamos aquí, si les parece, la clase de hoy. Nos quedaríamos en
el ámbito de la jurisprudencia para el próximo día y si tienen cualquier
cuestión, cualquier pregunta, cualquier duda, que pueda atenderles.