Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a la sesión de la clase de hoy, 22
de febrero de 2022, Derecho Constitucional III. Hoy vamos a comenzar con el
tema 1 de la organización constitucional del poder público. En
definitiva, y en el momento o en la época en la que nos encontramos,
perdón, de lo que vamos a hablar va a ser de la organización
constitucional del Estado, es decir, del Estado como forma de organización
del poder político. Claro, para conocer el Estado o la forma del Estado o
el Estado como forma de organización del poder político tenemos que ver
un poquito, aunque sea por encima, ¿de acuerdo?, ese acercamiento
histórico, esta trayectoria histórica o el Estado como fenómeno
histórico. Tenemos que remontarnos, por no abundar más en ello, ¿de
acuerdo? a la Alta Edad Media y al poder de la Iglesia, y en ese momento
esa distinción que se daba entre el poder espiritual y el poder político,
¿de acuerdo?, aspirándose por cada señor, en el término, ¿de acuerdo?,
de señor feudal, a tener un poder político y, por lo tanto,
produciéndose de manera continuada constantes enfrentamientos y conflictos
entre los que se enfrentaban y para superar esta situación de conflicto
permanente entre los diferentes señores que aspiraban a tener ese poder
político, ¿de acuerdo?, fueron surgiendo nuevas formas, nuevas formas de
organización política. Claro, nuevas formas de organización política
que lo que tendían era a la estabilidad, ¿de acuerdo?, a ser más
potentes, más centrales y a tener, por lo tanto, una mayor eficacia en
cuanto a la gestión, a la organización y al desempeño de ese poder. En
definitiva, esto fue configurando el Estado, primer fin, ¿de acuerdo?, y
último, en aquel momento, en su primera concepción, era garantizar la
seguridad pública, ¿de acuerdo?, y, por lo tanto, requería de dotar de
una autoridad a una institución que garantizara la seguridad y la
resolución de conflictos. Bien, fruto de esa primera concepción de
garantía de la seguridad pública como fin primero y último del Estado y,
por lo tanto, de esa necesidad del mismo de ser investido, de esa autoridad
y, de esa capacidad, el Estado ya comenzó a asociarse con una estabilidad
del poder público en el espacio y en el tiempo, dotándose de la idea de
soberanía, es decir, de no reconocer ningún otro poder por encima del
mismo, ¿de acuerdo?, y aplicación directa del poder a los súbditos, de
manera que se extendía de un modo homogéneo ese poder, esa autoridad de
la que estaba investida el Estado por todo el territorio y garantizando la
eficacia de su poder de una manera coactiva, ¿de acuerdo?, ante el
incumplimiento de las órdenes emanadas de esa autoridad de la que estaba
investida el Estado, se aplicaba coactivamente los castigos necesarios para
garantizar su cumplimiento. En este origen y desarrollo del Estado, con
estas primeras premisas que acabamos de comentar, a mediados del siglo XVII
ya se había consolidado en toda Europa un modelo de organización
política con unas características comunes, compartidas, digamos
homogéneas a lo largo de todo el territorio europeo, lo que era un poder
político de carácter centralizado y homogéneo. Por lo tanto, hemos
pasado de esos núcleos atomizados de poder que conformaban los diferentes
señores feudales, diferentes miembros de la nobleza, ¿de acuerdo?, a una
constitución, a una homogeneización, a una concentración de ese poder en
lo que llamamos Estado, que además distribuía a través de un territorio
y con permanencia en el tiempo ese poder. Por lo tanto, la soberanía de
los Estados en la actualidad se va difuminando, así como en aquel momento
lo principal, ¿de acuerdo?, del Estado era la soberanía. Yo como Estado
no reconozco ningún otro poder por encima de mí, ¿de acuerdo? Cada
Estado solo se reconocía a sí mismo como, digamos, rango superior del
poder establecido y, sin embargo, en la actualidad y en la evolución de
los mismos es evidente, y en un mundo globalizado como el nuestro, que esta
soberanía ha sido difuminando de tal forma que, como les digo, la
globalización, las organizaciones supranacionales, especialmente en
nuestro caso, por ejemplo, como la Unión Europea, hace que no sea ya ni la
única ni la última forma de organización ni imprescindible. Es decir, si
en un momento histórico determinado, como hemos dicho, principalmente a
partir de la Edad Media y ya llegando a su máxima expresión en los siglos
XVII, XVIII, XIX, el Estado era la configuración política de mayor
importancia, ¿de acuerdo?, de mayor trascendencia. Además, era impensable
otra forma de organización. El mundo está organizado a través de los
diferentes Estados. Como poderes soberanos es evidente que hoy en día y
principalmente en el ámbito de la Unión Europea, donde la Unión Europea
se ha demostrado con las capacidades necesarias suficientes esa soberanía,
es evidente que cualquier Estado miembro de la Unión Europea a la hora de
pertenecer a esa soberanía, ¿de acuerdo?, ha tenido que ceder parte de su
soberanía para poder acceder a ella, parte de su soberanía que ha sido
transferida a esa Unión Europea para que la ejecute a través de las
diferentes instituciones, ¿de acuerdo?, con lo que dice el derecho
originario. En definitiva, no olviden que el Estado es un artificio, ¿de
acuerdo?, es algo de carácter artificial. El Estado no viene dado por la
propia naturaleza, evidentemente. Es una creación artificial que no surge
de las naciones, sino que son fruto de la acción consciente, de los
esfuerzos políticos, y económicos. El Estado se caracteriza por unos
elementos, ya lo saben, poder, territorio y población, organizado bajo el
principio de soberanía, que significa la igualdad con los otros Estados y
el reconocimiento de ningún poder superior a los mismos. Bien, una vez
vista esta configuración del Estado, hablamos de la Constitución, y ahora
ya hablamos de la Constitución como estructura de poder, ¿de acuerdo?, y
es que en las organizaciones el poder se institucionaliza y esa
institucionalización del poder supone, en el caso del Estado, que ese
poder del Estado no pertenece a personas concretas, sino que es
desempeñado por personas concretas, pero que lo hacen desempeñando
temporalmente la representación de ciertos órganos o de ciertas
instituciones. ¿Y quién es quien crea? ¿Quién es el gran arquitecto, de
acuerdo?, de toda esa estructura de poder y de relaciones entre los
órganos de poder que se crean en el ámbito de los Estados? Pues la
Constitución, ¿de acuerdo?, es el gran arquitecto de esa estructura, ¿de
acuerdo?, de esa estructura jurídica de poder y de relaciones de poder que
se crean los Estados, conformando y conteniendo la Constitución, el
conjunto de instituciones y de órganos fundamentales del Estado y
ordenando sus relaciones recíprocas. Por eso, dentro del ámbito de la
Constitución podemos hablar de la Constitución de carácter descriptivo,
en este caso se define carácter descriptivo es aquella que descubría las
estructuras del poder estatal, pero no establecía un sistema de reglas que
fuera obligatorio seguir, puesto que la estructura del poder ya tenía una
Una concepción tradicional limitándose a estas constituciones a
formalizar el poder efectivo que podía cambiar las disposiciones
constitucionales. Por un lado, nos estamos refiriendo desde el carácter de
constitución o de carácter descriptivo de constitución en que en este
caso el poder ya estaba formado en el ámbito de la estructura del Estado.
¿Y qué venían a hacer las constituciones? Pues simplemente a
reconocerlo, a ponerlo negro sobre blanco lo que ya existía de manera
tradicional en la conjunción de ese poder ya establecido en el Estado que
además tenía la capacidad de poder modificar esa propia constitución.
Pero por otro lado tenemos el ámbito de la constitución normativa y esto,
de acuerdo, es lo que debemos destacar puesto que a partir del siglo XVIII
y principalmente con la constitución de los Estados Unidos de América de
1787 y la constitución francesa de 1791, ya saben, tras la Revolución
Francesa. O tras la Guerra de la Independencia en el caso de las colonias
americanas y por lo tanto el cambio de concepción que se produjo a partir
de aquellos dos hechos históricos y revolucionarios. Ese cambio de
concepción que debe partir desde la libertad natural de los individuos y
por lo tanto no, y por supuesto ese cambio de concepción que se produjo
principalmente a través de la Revolución Francesa y no lo olvide, la
Guerra de la Independencia de las colonias americanas, de esa libertad no
de los individuos comunes. Como súbditos o sometidos a las coronas, de
acuerdo, y la idea del contrato social, de acuerdo, de que voluntariamente
adaptamos o adoptamos ese contrato social para desarrollar esa convivencia
en sociedad desde nuestro libre albedrío, de acuerdo, y por lo tanto
haciendo lo más importante esa idea del contrato social y esa idea de la
libertad del individuo nos lleva a la concepción que dio a luz esa
constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787 o esa
constitución. La idea francesa de 1791 y no es otra, esa idea, de acuerdo,
que si el individuo es libre y que si libremente decidimos a través del
contrato social residir y convivir socialmente es evidente que la
soberanía nacional no reside en ningún poder que esté por encima del
pueblo, de acuerdo, sino que el poder constituyente, el poder de hacer la
constitución y por lo tanto de crear esa estructura jurídica y esos
órganos y esas relaciones entre el poder y el poder propio del Estado
residenciales. Reside en la soberanía nacional, de acuerdo, reside en el
pueblo, de acuerdo, y por lo tanto es el pueblo el que a través de la
constitución, fíjese qué cambio, fíjense, de acuerdo, qué cambio de
concepción tan importante es a través del pueblo y a través de esa
constitución que realiza o que crea el pueblo, cómo se crea la estructura
y el marco de funcionamiento de ese Estado a través de la constitución
siendo los poderes, de acuerdo, que tiene ese Estado. Es el Estado de
carácter constituido. ¿Por quién? Por el poder constituyente. ¿Y quién
es el poder constituyente? El pueblo, donde reside la soberanía nacional.
Incluso el poder para reformar la constitución es un poder constituido, de
acuerdo, también podemos considerarlo un poder constituyente derivado, de
acuerdo, derivado. Es la constitución en este caso, a través de ese
cambio de concepción que hemos visto, la que crea el nuevo orden político
que da la vida, o que da vida, de acuerdo, y dinamiza y organiza las
instituciones de poder y las instituciones públicas. En cuanto a qué
principios básicos, de acuerdo, tenemos o encontramos en la ordenación de
ese poder, tenemos que destacar en primer lugar la legitimación del poder,
¿de acuerdo? Y para ello debemos partir de la diferencia de que los
titulares del poder en la organización no generan poder por sí mismos,
como hemos visto, sino que es un poder que les viene constituido. Detentan
el poder, de acuerdo, lo ejecutan, pero no son poder por sí mismos,
detentan y ejecutan el poder que les ha generado o les ha dado la
organización en su conjunto. Por lo tanto es la capacidad de poner a su
servicio el poder del Estado en su conjunto. Pero ese poder en la
organización necesita justificar la apropiación de ese poder, ¿de
acuerdo? Necesita legitimarse. Es decir, es fundamental destacar que la
importancia el respeto y la efectividad real de un determinado poder, más
allá del miedo, de la cohección, de la coacción o de la sumisión en
estados totalitarios, que no es el ámbito en el que estamos hablando,
necesitan una legitimación. Es decir, que aquellos destinatarios, la
ciudadanía, el cuerpo social a los que va a ser aplicado ese poder debemos
percibirlo, debemos entenderlo como legítimo dentro de nuestro ámbito
organizativo. Y podemos ver que el poder podía venir anteriormente, el rey
era rey por gracia de Dios y por lo tanto el origen divino, el origen del
poder era divino a través de la teocracia, también en la tradición
histórica de las monarquías tradicionales. Pero en los estados con
constituciones normativas solo existen dos vías de legitimación de ese
poder. Por un lado, que la soberanía nacional, como hemos dicho, reside en
el pueblo, que es el que confiere los poderes al estado sometiéndose al
ejercicio de ese poder. Donde introducimos ya el concepto democracia a
través de la consideración de que ese poder se imputa a la voluntad de
todas y todos. Como democracia, de acuerdo, el poder constituyente, la
constitución ejerce una supremacía normativa porque procede de una
autoridad superior a los poderes que ella misma contiene, hemos dicho, que
procede de la soberanía del pueblo, que es el poder constituyente. Y el
pueblo debe apropiarse del texto constitucional y debe adoptarlo como si lo
hubiera elaborado. El mismo, como si fuera obra suya. De ahí, esos
sistemas, de acuerdo, de referéndum que establece, por ejemplo, nuestra
constitución a la hora de la reforma constitucional, la tenemos en la
ordinaria de carácter facultativo, en la agravada de carácter obligatorio
o en otras cuestiones donde al pueblo se le somete a referéndum, ¿de
acuerdo? Al final, el poder constituyente del pueblo es una mera ficción
porque es evidente que es el pueblo el que elige a través de los
procedimientos democráticos. Técnicamente establecidos a sus
representantes y que ellos son los que van a elaborar esa constitución.
¿Pero cómo la legitimamos? Hombre, trasladando después la decisión
final de la aprobación sobre ese texto constitucional al pueblo. ¿Cómo
es la vía? Pues la vía de la democracia directa a través del
referéndum. La democracia en la constitución, tenemos que recordar, en
este concepto, que una vez que se finaliza esa labor constituyente, el
poder finaliza, ese poder constituyente finaliza su misión. ¿De acuerdo?
Su objetivo cumple con su objetivo y, por lo tanto, se extingue, se
extingue. Pero, ¿de acuerdo? O pese o... Pero el postulado democrático,
en definitiva, no se agota en el poder constituyente, sino que el poder de
los órganos en el Estado emana del pueblo y, por lo tanto, es el origen de
los referéndums parlamentarios. Es decir, si bien esa legitimidad
democrática que sea a través del referéndum, en el ámbito del poder
constituyente, se extingue y finaliza en el cumplimiento de sus objetivos,
es evidente que luego subyace, ¿de acuerdo? Que no se agota, sino que se
mantiene a través, ¿de acuerdo?, del poder de los órganos del Estado que
siguen emanando del pueblo. Y ese es el origen de los regímenes
parlamentarios en los que el pueblo, ¿de acuerdo?, sigue controlando el
ejercicio de ese poder. A este concepto de la democracia tenemos que
añadir el del Estado de derecho. Y en este caso, de lo que estamos
hablando es de la finalidad del Estado como garantía de los derechos y
libertades del ser humano y el límite absoluto de la acción que
desarrolla, ¿de acuerdo?, conformando así el Estado de derecho. Es decir,
el Estado de derecho es artículo 9 de nuestra Constitución, los
ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico, es decir, todos, ¿de acuerdo?, incluidos
esos poderes públicos, esos poderes constitucionalizados, esos poderes que
hemos creado, ¿de acuerdo?, a través del ejercicio del poder
constituyente y que, por lo tanto, ¿de acuerdo?, además el Estado de
derecho debe establecer, puesto que se convierte en la garantía de los
derechos y las libertades y en el límite absoluto, ¿de acuerdo?, de
cualquier acción, el derecho, ¿de acuerdo?, como garantía y como límite
y junto a ello la idea de los contrapesos del poder, es decir, de la
separación de poderes, del imperio de la ley, del principio de legalidad,
etc. Y de un poder judicial independiente. De ello que evolucionemos ya
hacia el concepto del Estado constitucional, como el Estado de derecho,
¿de acuerdo?, y ahí tenemos que remontarnos al artículo 16 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde nos decía y
nos dice, ¿de acuerdo?, que una sociedad en la que la garantía de
derechos y la separación de poderes estén asegurados, no estén
asegurados, carece de constitución, ¿de acuerdo? Es decir, solo podemos
asegurar la existencia de una constitución cuando la garantía de los
derechos y las libertades de los ciudadanos están asegurados y cuando la
separación de poderes está asegurada, ¿de acuerdo? En la actualidad, las
constituciones no limitan los poderes de un Estado existente, sino que ella
misma los crea, ¿de acuerdo? No hablamos ya de ese concepto de la
constitución descriptiva, que ya desapareció, de las constituciones
normativas, y la constitución no se limita a narrar, a describir ya las
relaciones y las estructuras de poder en un Estado existente, sino que las
configura, las crea, ¿de acuerdo?, y que, por lo tanto, las crea, las
configura y las limita en su origen, y por ello la constitución debe
evitar las concentraciones de poder, debe delimitar las tareas que deben
desarrollar ese poder y asegurar la capacidad de los órganos para
cumplirlas debidamente. La proactividad del Estado debe garantizarse, valga
la redundancia, en la garantía de las condiciones básicas para que todas
las personas puedan disfrutar de su libertad y desarrollar sus capacidades.
Entraríamos ya en el concepto del Estado social dentro de, en el ámbito
de este Estado constitucional, y aquí tenemos que recordar, ¿de acuerdo?,
en la evolución del Estado liberal hacia el Estado social y ese paso que
se da en el Estado social. ¿De acuerdo? A el intervencionismo del Estado
para corregir esas situaciones de desigualdad, ¿de acuerdo?, como avance
dentro del Estado constitucional. Así, nuestra constitución establece que
España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Ya
hemos visto la interrelación entre estos conceptos del derecho, democracia
y social. En cuanto a las funciones y órganos del Estado, bueno, pues ya
sabemos que tenemos el poder de una manera tradicional. El poder
legislativo en cuanto a la creación de derecho, el poder ejecutivo en
cuanto a su aplicación y el poder judicial en cuanto a la garantía. ¿De
acuerdo? Ahora bien, no olviden que los Estados actualmente complejos, ¿de
acuerdo?, complejos como el actual, esta separación de poderes no puede
ser de ningún modo de carácter absoluto, sino que siempre existe una
interrelación entre los mismos. De ahí que, por ejemplo, el poder
ejecutivo, el presidente del Gobierno, surja del poder legislativo, de las
Cortes Generales, del Parlamento. ¿De acuerdo? A través de la sesión de
investidura. Y que luego se establece esa relación bidireccional por la
que una parte, el Parlamento, el Congreso, controla la actividad de ese
Gobierno a través, por ejemplo, de la moción de censura o de la cuestión
de confianza. Y, por otro lado, y en contrapeso y en el otro sentido, el
presidente del Gobierno con su capacidad de poder disolver las cámaras de
manera anticipada y, por lo tanto, convocar elecciones y proceder a la
renovación. De ese poder legislativo. Bien, entraríamos ya dentro de las
funciones del Estado. Y aquí destacaríamos la legislativa, ¿de acuerdo?,
en cuanto a la creación de leyes, de normas, en definitiva, que son
adaptadas y aprobadas por los Parlamentos o de otras normas. La función
normativa del Estado, tenemos que decir que es que el Estado moderno,
consciente de que las relaciones sociales son convencionales, debe regular
las nuevas situaciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Un grupo o el grupo
social y pautando las normas de comportamiento, ¿de acuerdo?, orientado y
ordenado racionalmente la actividad del Estado. En un Estado democrático
se exige la aplicación de las normas de modo regular en la práctica y no
de modo arbitrario. Por lo que, junto al legislador, se exige la existencia
de poderes capaces de aplicar la ley con eficacia y con independencia.
Entrarían a jugar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, además de este poder
legislativo de creación de las normas y que pautan… ¿De acuerdo? Que
orientan y regulan el comportamiento del grupo social, el Poder Ejecutivo,
¿de acuerdo?, el principal protagonista de la ejecución y de la
aplicación de las normas. Si bien debemos recordar que esta actividad del
Ejecutivo no se limita tan solo a aplicar consecuencias jurídicas a hechos
predeterminados por la ley, sino que también se le exigen funciones de
tipo discrecional a través de la concreción, de la ordenación de los
objetivos, ¿de acuerdo?, políticos en este caso, y ello le permite un
cierto margen de discrecionalidad a esos órganos ejecutivos. Más
discrecionalidad encontramos en el ámbito del Poder Ejecutivo cuando nos
hallamos ante el Estado social. Y es que aquí, a través de esas tareas
públicas y de esas labores públicas, se produce ese intervencionismo del
Estado en la vida de los ciudadanos y por lo tanto, a través de la
administración pública y todo ello todavía le da mayor protagonismo y
mayor capacidad de ejecución a ese Poder Ejecutivo, estando, por supuesto,
siempre sometido a la ley y al derecho. Y finalmente, en cuanto a la
jurisdicción, hablaríamos del Poder Judicial, que es el que tiene esa
capacidad, esa obligatoriedad, esa función de garantizar el cumplimiento
de las normas, de juzgar el cumplimiento de las leyes y de hacer ejecutar
lo juzgado. Bien, hablaríamos ahora… En el tema 2, de acuerdo, de la
democracia como principio de organización. Y aquí tenemos que destacar
que la democracia, como principio básico de la organización
constitucional del poder público, de acuerdo, la podemos reconocer
perfectamente en cuanto a nuestra parte dogmática de la Constitución,
donde se constituye y se configura como una Constitución plenamente
democrática. Estamos en nuestro… En nuestro estado social y democrático
de derecho. Tenemos que diferenciar esos conceptos de Constitución
democrática y de democracia constitucional. Así, recordamos, de acuerdo,
que la Constitución está dotada de supremacía, porque procede de ese
poder constituyente, de un poder que es superior incluso a la misma, el
poder del pueblo constituyente. Pero no olvidemos que el pueblo no elabora
la Constitución por sí mismo, y por eso hemos dicho que era fundamental
para su legitimación que se apropie el pueblo de la misma, de una manera
artificial, ficcionada, de acuerdo, pero con una vinculación de carácter
permanente. Y solo será Constitución democrática la que garantiza que
las decisiones relevantes se adoptan no solo en el marco constitucional,
sino también de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos, de ahí la
exigencia del referéndum. Por otro lado, esto en cuanto a Constitución
democrática, y por otro lado encontramos el concepto de democracia
constitucional. Y es que no puede ser de otro modo. En la actualidad y en
un estado moderno y complejo, el pueblo legitima el poder. Así recordemos
que nuestra Constitución, en el apartado segundo del artículo primero nos
dice «La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan
los poderes del Estado». Es decir, del pueblo español emanan los poderes
del Estado y por lo tanto es necesario confiar el poder público a
determinados sujetos para que lo ejerzan de una forma temporal y en el
marco de un determinado sistema institucional que es el que viene. Es
decir, la estructura de poder, esa creación de diferentes órganos, esa
relación entre los órganos que es lo que viene a crear la Constitución.
Y por lo tanto, la democracia para generar verdadero poder, además de
manifestar la voluntad, ha de ser democracia constitucional. Por lo tanto,
no solo nos vale la democracia en ese sentido del poder sujeto a la
decisión de todos o en el que participamos todos. No enmarcada en el
ámbito de esa estructura que debe crear la Constitución. En cuanto a la
democracia, en la Constitución española, pues vemos cómo se refleja en
el artículo 1. 1. España se constituye un Estado social y democrático de
derecho. En el artículo 2, como hemos visto, en el apartado 1, 2, ¿de
acuerdo? En el artículo 1, apartado 2, perdón. La soberanía nacional
reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.
Cuestión que se refuerza a través del artículo 2 cuando nos dice la
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación
española, ¿de acuerdo? Patria común e indivisible de todos los
españoles. Ahí se refuerza ese concepto de soberanía nacional. Y
cuidado, la soberanía nacional reside en el pueblo, pero no en el pueblo
desde un concepto estático del mismo, sino dinámico, en movimiento, como
derecho a la participación, en política, de acuerdo a lo que nos dice el
artículo 23 de la Constitución, el derecho esencial de participación
democrática. Recuerden, los ciudadanos tienen derecho a participar en los
asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. En definitiva,
lo que establece este artículo 23 es la capacidad de autodeterminación
colectiva de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Por lo tanto… El pueblo no es una voluntad estática. Tenemos como
elemento también configurador de esa democracia el pluralismo político,
¿de acuerdo?, como uno de los valores superiores del ordenamiento
jurídico. Como el pluralismo político, luego veremos cómo viene,
digamos, delegado en cuanto a su ejecución y a su gestión en los partidos
políticos. Pero, en definitiva, la voluntad general o los intereses
generales a los que sirven las administraciones públicas se configuran…
…como un proceso abierto a la búsqueda de acuerdos con reglas de
participación de las mayorías a través de una formación de la voluntad
colectiva. Cuidado, esto en ningún caso significa ni la absoluta
equivalencia de alternativas políticas, ¿de acuerdo?, las mayorías
cualificadas absolutas permiten, privilegian la posición de las minorías
que defienden la situación frente a las mayorías que pretenden
modificarla. No es… No sé… No son iguales, ¿de acuerdo?, cualquier
alternativa política en un ámbito democrático, ¿de acuerdo? No es
válida la concesión de las diferentes alternativas políticas si se
descuadran o se desenmarcan de esos valores democráticos que tenemos
comúnmente afectados. Y por eso, ¿de acuerdo?, es importante el sistema
de mayorías reforzadas, el sistema de mayorías absolutas o mayorías
cualificadas que establece nuestra Constitución, porque, en definitiva…
Requerir para determinados acuerdos o para la aprobación de leyes como las
leyes orgánicas que requieren de una mayoría absoluta, lo que estamos es,
si yo necesito una mayor cantidad de votos para aprobar una determinada
norma, es decir, una mayoría absoluta, yo estoy privilegiando y
defendiendo la posición también de las minorías, porque voy a tener que
llegar a un acuerdo con ellas, voy a tener que convencerlas para que voten
esa posición y alcanzar la mayoría absoluta o la mayoría cualificada
necesaria. Por lo tanto, es muy importante esas mayorías absolutas o
cualificadas en referencia, ¿de acuerdo?, a la defensa y a la protección
de las minorías, fundamental en una democracia, ¿de acuerdo?,
fundamental. Así, la mayoría no puede socavar las garantías de las
minorías o del ciudadano particular, ¿de acuerdo?, o que alteren las
reglas constitucionales y, de este modo… Algunas constituciones
consideran intangibles algunos elementos. Que algunas constituciones
consideren intangibles algunos elementos quiere decir que hay elementos o
conceptos de esa constitución que no pueden ser alterados de ningún modo,
¿de acuerdo? Por ejemplo, en el ámbito de la Constitución, de la Ley
Fundamental de Bonn, de la Constitución de la República Federal Alemana,
hay cuestiones que son intangibles, que no se pueden modificar en ninguno
de los casos. Sin embargo, España… A pesar de que tiene un procedimiento
de reforma constitucional muy agravado, tanto en la reforma ordinaria del
artículo 168 de la Constitución española como en la reforma agravada del
artículo 169, no existen elementos intangibles. ¿Esto qué quiere decir?
Pues que si se llegaran a las mayorías difíciles, ¿de acuerdo?, de
alcanzar en cuanto a la capacidad de reforma agravada de la Constitución
necesarias y, de repente, España decidiera que, a través de la reforma
constitucional, que deja de ser… A través de la reforma constitucional,
que deja de ser un Estado social y democrático de derecho para ser un
Estado liberal autárquico y no sé qué, sí que es posible, de acuerdo
con el contenido de nuestra Constitución. Eso existe, ¿de acuerdo? Bien,
en cuanto a esta democracia, vemos que, en cuanto a esa referencia que hace
el artículo 1.2, de acuerdo, de la soberanía nacional que tiene el pueblo
español, solo se refiere a los españoles, al igual que se refiere al
artículo 23, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que se permite, como… La
modificación que se introdujo a través del Tratado de Maastricht, del
apartado segundo del artículo 13, en cuanto al sufragio activo y pasivo de
las elecciones municipales, en este caso, ¿de acuerdo?, sí que se permite
solo en las elecciones municipales la participación de los extranjeros a
nivel de sufragio activo y pasivo. Ahora bien, en cuanto a la soberanía
nacional, se excluye, como hemos dicho, a los extranjeros. Esta solo reside
en el pueblo español, ¿de acuerdo? En cuanto al concepto de democracia
directa, representativa y plespicitaria… Pues tendríamos que recordar,
democracia, de acuerdo, representativa, artículo 23 de la Constitución,
como hemos dicho, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos
públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en
elecciones periódicas por sufragio universal. El artículo 66, recuerden,
nos habla de que las Cortes Generales representan al pueblo español y
están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ¿de
acuerdo?, en cuanto a esta democracia representativa. Bien. En cuanto al
origen, ¿de acuerdo?, no olvidemos que en la Edad Media existían las
Cortes Estamentales, donde los representantes que había en aquellas Cortes
estaban ligados por un mandato imperativo y que ya fue en la Revolución
Francesa de 1789, donde ya la soberanía nacional cayó en el pueblo, por
lo tanto, la nación se convirtió en soberana y esos representantes ya
representaban, de acuerdo, los intereses generales de la nación, no
ligados por mandato imperativo, es decir, no tenían que obedecer, de
acuerdo, a quienes los enviaban. No los enviaban allí a ejercer su
representación, sino que hacían bajo su conciencia, así como nuestra
Constitución tampoco somete al mandato imperativo a nuestros diputados y
diputadas, sino en un mandato representativo, ¿de acuerdo?, sometiendo,
por lo tanto, ese mandato representativo lo que establece es que la
dirección de los asuntos públicos se someten al criterio del que ejerce
la representación durante un tiempo, lo que dure el mandato. La
representación política y su relación con la democracia directa que
exige la aprobación de las leyes por los ciudadanos. Ahora existe la
democracia representativa y las democracias directas o semidirectas tienen
un papel secundario, evidentemente, de tanto la complejización como el
aumento de la población de las sociedades que haría muy difícil el
ejercerlas en democracia directa. ¿Qué podemos representar como
democracia directa en el ámbito constitucional español? Pues bueno, por
una parte los referéndums y quizás podríamos, en otro nivel, pero sí
que creo que sirve como ejemplo perfectamente extendible, aquellos
municipios que carecen de ayuntamiento. Y están gobernados por el régimen
de asamblea abierta o consejo abierto, es decir, que al final son las
decisiones municipales, las toman los vecinos ahí en el lugar de reunión
y votan a mano alejada. En cuanto al modelo democrático de constitución,
recordamos que el objetivo fundamental del proceso constituyente que ya
hemos visto era establecer la democracia con un sistema institucional
potente y unos partidos políticos sólidos, que al final son sobre los que
recae la gestión y la ejecución de la democracia. político, que es uno
de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Y al establecer la
Constitución española, una democracia representativa donde la máxima
participación de los ciudadanos será en las elecciones al Parlamento, a
las asambleas autonómicas y a los ayuntamientos, la participación se
ejerce posteriormente a través de esos representantes sin perjuicio, como
hemos dicho, de esas reminiscencias, de esas residuales formas de
democracia directa. Como son los referéndums, que están regulados en el
artículo 92 de la Constitución, junto a la concesión que hace la
Constitución española a las concesiones plebiscitarias de la democracia.
En las democracias pluralistas, como en la nuestra, la Constitución es
tarea del proceso político a través de un sistema institucional
articulado, que es el que viene establecido en la propia Constitución.
Finalizaríamos hablando de... de la democracia de partidos, y para ello
recordamos que la Constitución española vincula la democracia a un
sistema institucional basado en la idea de representación, pero con una
articulación política, como hemos dicho, a través de los partidos
políticos. La práctica parlamentaria impuso la agrupación de
representantes conforme a sus afinidades políticas, lo que se llaman los
grupos parlamentarios, y la ampliación del sufragio comenzó a movilizar
masas de electores con el mismo criterio. Así, en el artículo 6 de la
Constitución. La Constitución estableció que los partidos políticos son
asociaciones privadas, eso sí, de un carácter privilegiado y orientadas
al ejercicio de la participación política. Por lo tanto, la Constitución
los privilegia y los ha convertido en actores imprescindibles de una
democracia representativa como democracia de partidos. Eso sí, para
finalizar, sí que me gustaría hacer una reflexión que considero
importante, es que yo considero, y es mi opinión, por lo tanto
evidentemente no es una opinión solitaria, que si bien la Constitución
privilegió a los partidos políticos y los hizo principales actores en
cuanto a la gestión y a la ejecución de ese pluralismo político que
tenemos como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, yo
creo que la Constitución no preveía más que ese papel que debían
desempeñar los partidos políticos fuera de las instituciones, es decir,
en el ámbito de la sociedad civil, a la hora de congregar, de dirigir, de
hacer y de configurar todas las características ideológicas que se
adecuarán a los mismos y, a través del proceso electoral establecido
también por la propia Constitución y luego posteriormente a través de la
Ley Orgánica de la Cámara Civil Electoral General, co-dirigirlo de
acuerdo para luego obtener en ese ámbito de la democracia representativa a
nuestros correspondientes representantes en las instituciones. Pero yo creo
que la Constitución no previó o no era consciente de que en esa práctica
que se ha desarrollado posteriormente, al final lo que se ha conseguido es
que a través de esos grupos parlamentarios y a través de esas prácticas
parlamentarias finalmente los partidos políticos se han introducido dentro
de las instituciones y son finalmente los aparatos, las máquinas, los
aparatos de poder de esos partidos políticos los que verdaderamente
dirigen la política y ejercen las actividades. Las actividades
encomendadas y las competencias encomendadas a los órganos
constitucionales. Y eso sí que es un verdadero problema, puesto que ya lo
vemos y lo estamos viendo además a diario como en el momento que los
diputados o diputadas, que no olvidemos, no están sujetos a mandato
imperativo alguno, no se someten a la disciplina del partido, reciben las
acciones oportunas. Bueno, lo hemos visto hace dos días con la Ley de la
Reforma Laboral y esos diputados de UPyN. Y eso no está confirmado. No
está configurado en ningún momento en la Constitución, ¿de acuerdo? Es
decir, fíjense qué paradoja, ¿de acuerdo? Se supone que habíamos pasado
de ese mandato imperativo de las Cortes Estamentales, en las cuales los
representantes de esas Cortes iban con las instrucciones precisas de los
terratenientes que los ponían allí para defender sus intereses y se
sometían a esas instrucciones precisas. Hemos pasado al Estado
Constitucional Moderno y Democrático, en el cual no estamos sujetos a
mandato imperativo, pero en lugar hemos sustituido a esos representantes,
perdón, a esos mandatarios de aquellos antiguos diputados de aquellas
Cortes Estamentales, los hemos sustituido por los partidos políticos que
ahora son los verdaderos mandatarios y los que imparten las instrucciones a
los diputados saltándose y pasándose, podríamos decir perfectamente por
el forro, la prohibición del mandato imperativo que tiene nuestra
Constitución. Finalmente, simplemente eso como ámbito de reflexión.
Bien, voy a finalizar la grabación y ahora quedo…