Bien, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, nos encontramos, como hemos dicho,
dentro de la elección segunda de la Constitución Democrática como norma
suprema y vamos a hablar dentro de esos valores superiores del ordenamiento
jurídico. Recuerden que nuestra Constitución establece que son valores
superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la
justicia, el pluralismo político. Bien, pues dentro de esos valores
superiores no olviden que en el ámbito del artículo 10 de la
Constitución, en ese pórtico de entrada hacia ese título primero de los
derechos y deberes fundamentales, nos dice que la dignidad de la persona,
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los demás son el fundamento del
orden político y la paz social. Y es que no podemos olvidar en ningún
modo y de ninguna manera, a la hora de estudiarlo, en nuestra Constitución
española, que la dignidad del ser humano, es decir, el simple hecho de la
existencia de un ser humano hace que éste ya posea derechos que le son
inherentes y que no nacen de una concesión política, que no tienen que
venir a ser reconocidos en este caso por lo que sería una constitución
como norma fundamental, sino que esos derechos de la existencia del ser
humano, por el simple hecho de ser humano. Por lo tanto, tenemos que
recordar que la dignidad, ¿de acuerdo?, es previa al derecho y el derecho
debe positivizarla, realizarla, por lo tanto, la dignidad nos acompaña
desde el inicio de nuestra existencia y es obligación del derecho
regularla, contemplarla, en definitiva establecerla y protegerla. Por lo
tanto, bajo esta perspectiva, es evidente que la dignidad es una forma de
garantizar que la Constitución española no otorga derechos, sino que
estos derivan de la dignidad de la persona y son anteriores al Estado y a
la Constitución. Los derechos nacen de la dignidad humana y se
materializan en esos principios de libertad y de igualdad, que son esos
valores superiores de nuestra Constitución para conseguir el libre
desarrollo de la personalidad de los individuos. En definitiva, lo que
tenemos que aclarar es que la dignidad humana es un punto de arranque del
reconocimiento de los demás derechos. Es decir, ¿de qué me sirven a mí
el resto de derechos si no iniciamos el reconocimiento de los mismos desde
ese punto de partida, ¿de acuerdo?, que es la dignidad humana. Por lo
tanto, de forma que los derechos fundamentales se proyectan como núcleos
esenciales de la dignidad de la persona y fundamento del propio Estado
democrático y de derecho. Es decir, al final, lo que conseguimos bajo esta
perspectiva y en virtud de ese origen en la dignidad de la persona es
cerrar un círculo. Fíjense, reflexiones sobre ello. Es decir, el ser
humano desde el principio de su existencia ya viene acompañado por una
dignidad que es lo que justifica por sí mismo la existencia de sus
derechos. No tenemos que esperar a que venga un poder normativo, un poder
organizador a reconocernos esos derechos. Esos derechos nos acompañan
desde nuestra existencia. Y es precisamente en virtud de esa dignidad y de
esa positivación de derechos, ¿de acuerdo?, positivización de derechos
que se basan en la libertad y en la igualdad, ¿de acuerdo?, de lo que se
fundamenta precisamente esa idea, ¿de acuerdo?, ese concepto del Estado
democrático y de derecho que se conforma en la propia Constitución. En
definitiva, la dignidad se convierte en una posición fundamentadora, ¿de
acuerdo?, de nuestro orden sociopolítico y, por lo tanto, desde esa
posición de base, de posición fundamentadora, lo que implica es que el
Estado debe ser un instrumento al servicio de la convivencia política de
acuerdo a lo que exige la dignidad. Vamos a ponerlo en contexto para que
ustedes lo entiendan un poco mejor. Si nos remontamos a los anteriores
Estados, al origen de los anteriores Estados, es decir, que van entre la
Edad Media y la Edad Moderna, podemos observar que allí el poder estaba
establecido por el simple poder y sin ningún tipo de limitación, un poder
arbitrario y de carácter coactivo que se fue configurando a través del
propio Estado, pero que no tenía más cuestiones que el poder coactivo de
sometimiento a los súbditos y, como muchas funciones, el de la seguridad
pública y la defensa de la integridad territorial, es decir, la defensa
política. Pero en esa evolución del Estado, además, de manera paralela a
lo que es la evolución de las constituciones y, por lo tanto, entramos ya
en el concepto del Estado constitucional, el Estado no puede dejar de ser,
es decir, en definitiva, ese poder que está establecido no puede dejar de
ser más que un instrumento al servicio de esa dignidad humana para
establecer las condiciones óptimas para que esa dignidad sea establecida.
O sea, para que esa dignidad humana pueda desarrollarse o esa dignidad
humana sirva para que desarrolle libremente la personalidad de los
individuos. Por lo tanto, la Constitución española, en nuestro caso,
acepta una idea, ¿de acuerdo?, material de Estado de derecho cuyo fin es
asegurar esa dignidad. Todo el objetivo, todo el planteamiento, todo el fin
a alcanzar por nuestro Estado de derecho es el aseguramiento de esa
dignidad, porque esa dignidad es el fundamento de nuestra convivencia. Y la
dignidad constituye, por tanto, un principio rector de la política
constitucional que dirige y orienta la actuación de los poderes públicos,
tanto en su dimensión positiva de asegurar que la actividad de esos
poderes públicos, el Ejecutivo, el Judicial, cualquiera de los poderes
instituidos por la Constitución española, debe ir encaminada, ¿de
acuerdo?, de manera proactiva y con una protección positiva de esa
dignidad, así como una afección negativa hacia esos poderes públicos,
puesto que en ningún momento pueden inmiscuirse en el ámbito de esa
dignidad. Pueden, digamos, afrentar esa dignidad de tal modo, ¿de
acuerdo?, que todo este núcleo de los derechos fundamentales y las
libertades públicas que se contienen en el título 1 de la Constitución y
que hemos dicho que la dignidad a través de su artículo 10 es el pórtico
de entrada, es donde se establece ese núcleo de la dignidad. Y, por lo
tanto, ese corazón de la Constitución, ese ámbito de la máxima
protección de la Constitución, ¿de acuerdo?, para precisamente el
aseguramiento de esa dignidad. Y, en definitiva, a la hora de que se
determine por el Tribunal Constitucional, en su caso, el contenido, el
núcleo esencial de los derechos fundamentales, la dignidad humana debe ser
uno de los parámetros esenciales, ¿de acuerdo?, para la valoración del
mismo, así como también de los operadores jurídicos, ¿de acuerdo?
Entraríamos ahora a considerar el valor libertad, ¿de acuerdo?, y es que
tenemos que recordar que la Constitución española, al proclamar el valor
superior de la libertad, lo que consagra, en todo caso, es la autonomía
del individuo, ¿de acuerdo?, la autonomía del individuo para elegir entre
las opciones vitales que se le presenten entre determinados intereses. Es
decir, al final lo que nos está diciendo la Constitución en su concepto
de valor superior de la libertad es que entre diferentes opciones que se
nos puedan presentar en la vida, nuestro Estado constitucional, ¿de
acuerdo?, nuestro ámbito de protección como valor superior del
ordenamiento jurídico de la libertad, es que a mí esa configuración
estatal, esta convivencia social en definitiva, que es lo que viene a
establecer nuestra Constitución, me permita, me garantice la posibilidad
de elegir en libertad, ¿de acuerdo?, y de acuerdo a mi voluntad, entre las
diferentes opciones vitales que se me presenten. La libertad, por lo tanto,
hay que entenderla como el principio de autodeterminación vital de la
persona y que exige una interpretación de las normas legales que le pueda
favorecer. Anteriormente, o tradicionalmente, se diferenciaba entre la
libertad negativa y la libertad positiva, ¿de acuerdo? Siendo la libertad
negativa la primera, la situación en que un individuo tiene la posibilidad
de obrar o no obrar, sin ser obligado a ello, sin que se lo impidan otros
sujetos miembros, sin que se lo impidan otros sujetos. Es decir, la
libertad tradicionalmente se configuraba desde un aspecto negativo, es
decir, donde no me permiten a mí actuar, ¿vale?, sin que me lo permitan
otros sujetos, o desde un aspecto positivo en que el individuo puede tomar
decisiones sin verse determinado por la voluntad de otro. Igual que en el
ámbito de la libertad ideológica, ¿de acuerdo?, desde una perspectiva
interna esa posición intelectual que adoptamos y otra dimensión externa
que es desarrollar esa posición intelectual que hemos adoptado en el
ámbito de nuestra libertad religiosa sin vernos, ¿de acuerdo?,
obstaculizados para ello. Por lo tanto, libertad nos quedamos como esa
capacidad, es decir, esa obligación que impone la Constitución a los
diferentes objetivos para asegurarnos que nosotros dentro de un determinado
abanico, dentro de un variado, una variada o un variado conjunto de
opciones vitales podamos, ¿de acuerdo?, adoptar la que más acorde a
nuestros intereses. Finalizaríamos este apartado con el valor de la
igualdad, ¿de acuerdo? La igualdad como no podía ser de otro modo tiene
que venir, viene de hecho, ¿de acuerdo?, estrictamente relacionado con la
dignidad humana que hemos visto. Hemos relacionado, recuérdenlo, la
dignidad humana con otros dos valores superiores, con un enlace de
carácter primario, de carácter primordial que son la libertad y la
igualdad, ¿de acuerdo? El ejercicio de los derechos y las libertades no
puede suponer en ningún caso en definitiva la potenciación de la
desigualdad, ¿de acuerdo? La igualdad solo se vulnera si se tratan, esto
es un concepto importante, situaciones iguales como desiguales, pero no por
regular de modo diferente lo desigual. Es decir, no podemos confundir
igualdad con el tratar a todos por igual porque eso en realidad,
reflexiones sobre ello, sería desigualdad, ¿de acuerdo? Es decir, si yo
trato a desiguales como iguales lo que voy a crear y voy a potenciar son
mayores situaciones de desigualdad. En definitiva, yo no puedo tratar por
igual a personas que tienen todas sus capacidades físicas intactas y
tratarlas en un plano de igualdad con aquellas que sufren determinadas
discapacidades funcionales, porque eso al final lo que sería, sería
potenciar, ¿de acuerdo? La desigualdad y situar en una situación de
desventaja a aquellos que sufren esas discapacidades. Por eso nuestro
Tribunal Constitucional ya tiene establecida claramente la doctrina, ¿de
acuerdo?, de que la verdadera igualdad donde se establece es en tratar como
desigual lo que es desigual. En algunas ocasiones cuando esa desigualdad lo
que te produce es una desventaja, objetiva, una inferioridad objetiva en
algún ámbito, ¿de acuerdo?, respecto a los demás tendremos que
potenciarlo, ¿de acuerdo?, hacer una discriminación positiva, reforzarlo
para que alcance esa cuota de igualdad. Y en el caso de que esa desigualdad
venga provocada por otros motivos pues tendremos que disminuirla para que
vaya hacia la igualdad. Por eso la Constitución viene y es muy insistente
con el concepto de igualdad y además nos lo expone en el artículo 1.1 que
es un valor superior del ordenamiento jurídico. Son valores superiores del
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político. Pero vuelve sobre ella, ¿de acuerdo?, en el
artículo 9 de la Constitución cuando nos dice que corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos. En qué se integran, sean regales y
efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política
económica social y cultural. Es decir, en este caso ya en el apartado
segundo del artículo 9 nos está hablando de una igualdad real, material,
real y efectiva. Es decir, está diciendo a los poderes públicos no me
conformo, ¿de acuerdo?, con que de manera pasiva observen las situaciones
de desigualdad. En que consideres que establecido ya como valor superior de
nuestro ordenamiento jurídico tu poder público ya es cumplido con todas
tus obligaciones en materia de igualdad. No me sirve. Además tienes que
tener una conducta proactiva, ¿de acuerdo? Ya ven cómo se refiere a
verbos que denotan movimiento, actividad, ¿de acuerdo?, promover las
condiciones, remover los obstáculos, en definitiva apartar los
obstáculos, ¿de acuerdo? Es decir, en definitiva estamos obligando a los
poderes públicos para que busquen, de acuerdo, para que trabajen en pro de
desigualdad real y efectiva. Y finalmente el artículo 14 donde nos habla
del principio derecho de igualdad, en definitiva de la igualdad ante la
ley, puesto que nos dice los españoles son iguales ante la ley sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Tenemos que recordar en este aspecto y respecto al
artículo 14 que el mismo no es un derecho de igualdad, es un derecho
fundamental, ¿de acuerdo?, puesto que, como bien saben, los derechos
fundamentales comienzan en la sección primera de ese título. Es decir,
artículos 15 al 29, derechos fundamentales y libertades públicas. Pero se
constituye como un principio constitucional que debe inspirar todo el
sistema de derechos y libertades que luego establece la constitución. Y es
que derivado de este principio de igualdad que se contiene en el artículo
14, las leyes deben considerar a todos los ciudadanos como iguales, sin
hacer distinciones, configurándose como un parámetro del control de
constitucionalidad y como un límite, evidentemente, a la acción de los
poderes públicos. Cuidado, que también podríamos entrar en una, digamos,
profundización, en una disección de este principio contenido en el
artículo 14 y podríamos definir o diferenciar en igualdad en la ley e
igualdad ante la ley. En cuanto a la igualdad en la ley, lo resumimos en
que la ley obliga a tratar como igual lo que es igual, y ya lo hemos dicho
antes, y de modo diferente lo que es diferente. Y en cuanto a igualdad ante
la ley, a lo que se refiere es a la igualdad en la aplicación de la ley.
Es decir, que la ley no se puede aplicar realizando distinción alguna.
Además, en un Estado social y de derecho, como nos encontramos, en un
Estado social y de derecho, en un Estado social y de derecho, en un Estado
en definitiva de carácter prestacional, donde tenemos una sanidad
universal, donde tenemos las diferentes prestaciones que están
establecidas desde la seguridad social, donde tenemos establecido el
sistema de pensiones, los poderes públicos no solo están obligados a lo
anterior, sino a promover las condiciones, como hemos dicho, de acuerdo con
el artículo 9 de la Constitución española, promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad sean efectivas y a remover los obstáculos.
Tomamos un ejemplo para que se entienda claramente. No vale, imagínense,
en virtud de este principio de igualdad y de este valor superior de la
igualdad, artículos 1 y 14 de la Constitución, tenemos una ley donde
decimos que en ningún caso las personas con una discapacidad funcional
pueden ser tratadas desigualmente, pero lo dejamos en la ley. Eso
incumpliría con el artículo 9 en cuanto a esa exigencia de actividad. Es
decir, sí, muy bien, esa ley cumple con los parámetros constitucionales
porque establece este principio de derecho a igualdad, pero llévalo a la
realidad. Es decir, establece las condiciones arquitectónicas accesibles
suficientes para que esas personas con discapacidad puedan acceder a los
lugares. Establece los sistemas prestacionales en función del grado de
discapacidad y problemática que tengan para insertarse en el mercado
laboral o incluso en el mercado laboral. Igualdad sea real y efectiva. A
eso se refiere en cuanto a ese ejemplo la Constitución. En cuanto
finalizaríamos con los principios informadores del ordenamiento
constitucional y aquí nos tenemos que venir de acuerdo a uno de los
artículos fundamentales de nuestra Constitución y ese es el apartado
tercero del artículo 9 de la Constitución que dice lo siguiente. La
Constitución garantiza, de acuerdo, como se ha dicho en el artículo 9 de
la Constitución, estos principios informadores del ordenamiento
constitucional, el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la
seguridad jurídica y la responsabilidad e interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos. Bueno, vamos a ver cada uno de
ellos de una manera muy sucinta, muy resumida, pero para que entiendan lo
que es lo que se está diciendo. ¿Qué significa cada uno de ellos?
Respecto al principio de legalidad, evidentemente nos encontramos en un
Estado de derecho. Luego, el principio de legalidad es uno de los
principios o elementos más importantes de lo que es el Estado de derecho y
lo que hace es garantizar la garantía de los ámbitos de libertad de los
ciudadanos frente a los poderes públicos y el sometimiento pleno a la ley
y al derecho de todos los poderes públicos y el resto de ciudadanos. Vamos
a hablar del principio, o sea, perdón, de la jerarquía normativa. El
principio de jerarquía normativa tienen que diferenciarlo en cuanto a que
se establece una jerarquía normativa en nuestro ordenamiento jurídico
cuya cúspide, imagínense, una pirámide, ¿de acuerdo? Imagínense, un
segundo, una pirámide, a ver, un momento, por favor. Imagínense una
pirámide en cuyo vértice superior encontramos la… ¿Se ven por qué no
va muy bien la pizarra? A ver, la Constitución Española, luego entrarían
las normas con rango de ley, un momento, y por debajo los reglamentos.
Bien, esto en cuanto a, digamos, la pirámide normativa, es decir, en el
ordenamiento jurídico se establece como norma fundamental, norma suprema,
la Constitución Española, pero después, por debajo, ¿de acuerdo?
Encontraríamos, en este punto, las normas con rango de ley, ¿de acuerdo?
Cuidado que las normas con rango de ley no se rigen entre ellas por el
principio de jerarquía, sino por el principio de competencia. Y paso a
explicarles. Dese cuenta que con nuestra Constitución Española aparecen
un gran número de normas, porque es fuente de fuentes del derecho. Es
decir, la Constitución Española nos dice cómo se aprueban, cuál es el
procedimiento de aprobación de las diferentes normas. Y, por otro lado,
encontramos normas con rango de ley. Y encontramos leyes orgánicas,
encontramos leyes ordinarias, encontramos reales decretos ley, ¿de
acuerdo? Que es cuando el Gobierno, por circunstancias de extraordinaria o
urgente necesidad, puede dictar normas con rango de ley. Encontramos normas
con rango de ley que aprueba el Gobierno porque es una potestad legislativa
delegada de las Cortes Generales. Esos son los reales decretos
legislativos, ¿de acuerdo? Y luego encontramos también... En el ámbito
de nuestro ordenamiento jurídico, porque nos encontramos en un
ordenamiento jurídico complejo, en un Estado descentralizado, en el cual
hay 17 comunidades autónomas, que por lo tanto también tienen su potestad
legislativa y su capacidad de hacer leyes, nos encontramos también con las
leyes de las comunidades autónomas. Pues bien, todas estas normas que se
encontrarían en este nivel, ¿de acuerdo?, normas con rango de ley, se
rigen entre ellas por el principio de competencia, ¿de acuerdo? Es decir,
todas las normas... Las normas con rango de ley se sitúan en este mismo
escalón. ¿Cuál es el principio de competencia? Hombre, pues ¿cuándo va
a ser una norma, cuándo una determinada materia va a ser regulada mediante
ley orgánica? Bueno, pues ya saben que las leyes orgánicas, de acuerdo
con el artículo 81 de la Constitución española, son leyes que exigen de
una mayoría absoluta en una votación sobre la totalidad del proyecto en
el Congreso de los Diputados. Es decir, son leyes que... Regulan
determinadas materias que se consideran por la Constitución española que
son más sensibles, es decir, al ser más sensibles lo que busca la
Constitución es que haya un mayor consenso, una mayoría más alta, en
este caso una mayoría absoluta. Y, por lo tanto, esas materias que
establece la propia Constitución tendrán que ser reguladas mediante ley
orgánica, ¿vale? Pues el régimen electoral general, los estatutos de
autonomía, la ley de las bases de habilidad, la ley de fuerzas y cuerpos
de seguridad... Es decir, determinadas materias... Es decir, determinadas
materias donde lo que busca la Constitución es, primero, que haya un mayor
consenso y si yo lo que busco es que haya un mayor consenso porque requiero
de una mayoría más amplia, en definitiva, lo que estoy haciendo también
es proteger a las minorías. ¿Y por qué? Bueno, porque para conseguir esa
mayoría absoluta más amplia voy a tener que poner de acuerdo a las
minorías que haya también representadas en el Congreso para que se puedan
sumar a esa mayoría que requiere que sea absoluta. Luego, el resto de
normas... Que venga, que venga. Que no vengan aprobadas por el Estado y que
no vengan limitadas por la materia a que sea una ley orgánica, pues serán
leyes ordinarias. Luego tendremos los reales decretos-leis, como hemos
dicho, o los reales decretos legislativos que los aprueba el Gobierno. Y
luego las leyes de las comunidades autónomas, que serán las que regulen
las propias comunidades autónomas de acuerdo con las competencias que
tienen atribuidas en sus estatutos de autonomía y de acuerdo con el
artículo, los artículos 148 y 149 de la Constitución. Bien, pues todas
esas normas en el ámbito del principio de jerarquía, ¿de acuerdo?, se
sitúan en el mismo plano y entre ellas se relacionan por el principio de
competencia, ¿de acuerdo? Y en el ámbito del principio de jerarquía
únicamente encontraríamos por debajo las normas reglamentarias, que en
ningún caso pueden contradecir a las normas con rango de ley y que en este
caso son aquellas que son aprobadas por los referentes o el Gobierno de la
Nación. O sea, los gobiernos autonómicos, ¿de acuerdo?, o incluso en el
ámbito de las potestades reglamentarias que tienen los propios
ayuntamientos u otras entidades locales. Bien, eso en cuanto al principio
de jerarquía normativa. Luego encontraríamos la publicidad de las normas.
Hombre, hay un principio básico en nuestro ordenamiento jurídico que es
que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Por lo tanto,
lo que no podemos tener en ningún caso es ninguna norma. Es una norma con
carácter secreto, se obliga a que las normas puedan ser públicamente
conocidas por toda la ciudadanía, por todos los que en definitiva estamos
sometidas a ellas. Y eso se hace a través de las publicaciones en los
boletines oficiales, ¿de acuerdo? Eso sería el principio de publicidad
normativa. Encontraríamos también la retroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. En
definitiva, una disposición… La retroactividad. Lo único que… Lo
único que significa es que una norma, una norma que ha sido aprobada en
este momento despliegue sus afectos a un momento anterior a la misma, ¿de
acuerdo? Y eso está prohibido. Pero fíjense cómo nos lo prohíbe la
Constitución. Nos dice no favorables o restrictivas, ¿de acuerdo? Luego,
en el caso de determinadas disposiciones sancionadoras que sean favorables
o disposiciones de carácter favorable o no restrictivas de derechos
individuales, la Constitución sí que está permitiendo que desplieguen
sus efectos en un momento anterior. Este es el caso típico en el ámbito
del derecho penal en que si, por ejemplo, en un momento que una persona ha
sido juzgada y condenada, por ejemplo, por un homicidio a veinte años,
dentro de tres años se considera que ese tipo de homicidio o ese tipo de
delito que cometió no debe estar castigado con veinte años, sino que
tendría que ser condenado, con quince, como es una disposición que es
favorable, ¿de acuerdo?, y no es restrictiva de derechos, se permite que
se le aplique a esa persona que cometió los hechos tres años antes. Eso
en cuanto a ese principio. Tenemos también la seguridad jurídica. La
seguridad jurídica es un concepto fundamental, ¿de acuerdo?, en un estado
de derecho como el nuestro. ¿Por qué? Hombre, porque en un estado de
derecho yo sé las consecuencias que tienen mis actos. Es decir, yo sé que
si infringo y no respondo a la Constitución, pues, ¿por qué? Si respeto
una señal semafórica en rojo, me pueden imponer una sanción
administrativa y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducción,
¿de acuerdo? Pero sé que nadie me va a juzgar por un delito ni me van a
detener porque es una infracción administrativa. Igual que sé que si no
declaro el IRPF Hacienda las consecuencias que puede tener, ¿verdad? Eso
es seguridad jurídica, la seguridad de que esa publicidad de las normas,
¿de acuerdo?, nos hace conocer y ser conscientes de cuáles son las
repercusiones del cumplimiento o incumplimiento de las normas. Pero no se
queden solo con la seguridad jurídica en el ámbito del derecho. Es una
seguridad jurídica mucho más importante. Fíjense, fíjense si puede
afectar la seguridad jurídica incluso a la actividad económica de un
país. Y fíjense desde qué perspectiva. Si yo, imagínense ahora mismo la
realidad social que tenemos, la guerra, la invasión de la Federación Rusa
contra Ucrania, ¿de acuerdo? Imagínense, si yo soy un inversor de
capital, es decir, que soy un inversor con capacidad donde no voy a
invertir absolutamente ni un solo euro ni ni un solo dólar, ¿de acuerdo?,
va a ser ahora mismo en Ucrania o en Rusia. ¿Por qué? Pues porque no hay
seguridad jurídica, porque las consecuencias de todo lo que puede estar
pasando en este momento son absolutamente inciertas. Por lo tanto, eso
afecta la economía de un país, o también cuando nos encontramos en
cuanto a... Estados, ¿de acuerdo?, que no son verdaderamente estados de
derecho y que carecen de esta seguridad jurídica. Yo no voy a invertir en
un estado o no voy a crear empleo en un estado donde no se me aseguran las
consecuencias de mis acciones, donde a lo mejor hoy hago una gran
inversión de capital para crear empresas y puestos de trabajo y resulta
que mañana el Estado me dice que cambia las normas de un día para otro
sin justificación ninguna y todo lo que he invertido lo pierdo. ¿Vale?
Eso en cuanto a la seguridad jurídica. Luego tendríamos la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos. Hombre, claro, es que los ciudadanos y los poderes públicos
estamos sometidos al imperio de la ley, estamos en un estado de derecho,
por lo tanto, tanto el ciudadano como tú, muy poder público que seas,
¿de acuerdo?, tiene responsabilidad que será o bien civil o bien penal o
bien administrativa, de acuerdo con las actuaciones que cometas, ¿de
acuerdo?, y por supuesto está prohibida interdicción de la arbitrariedad.
Tú no puedes actuar arbitrariamente, no lo olvides, en ningún caso los
poderes públicos están absolutamente limitados por la ley. Pueden hacer
lo que la ley les permite y no pueden hacer lo que la ley les prohíbe y
tendrán que actuar bajo una motivación. El concepto de arbitrariedad lo
tenemos que ligar, lo tenemos que conectar con el de discrecionalidad.
Discrecionalidad significa que un poder público, por ejemplo, una
administración puede actuar de aquí a aquí entre estos dos parámetros.
Aquí racionalmente, razonadamente y motivadamente puede adoptar una
decisión, pero si se sale de estos dos parámetros, de estos dos límites,
todo lo que haga por fuera será una decisión arbitraria y está prohibida
constitucionalmente. Con esto habríamos acabado de ver el capítulo 2, el
tema 2, de acuerdo en cuanto a los principios informadores del ordenamiento
constitucional. Vamos a adentrarnos ahora un poquito en lo que es el poder
constituyente y la reforma constitucional. Tenemos que hacer una
orientación en cuanto al poder constituyente y fíjense que lo que nos
viene a definir el propio nombre de poder constituyente es el que tiene el
poder de constituir, el que tiene el poder de hacer una constitución. Por
lo tanto, sería el poder en el cual, en virtud del mismo, un pueblo se
dota de una constitución para regular su conveniencia política. Fue
Sieyès quien elaboró una teoría. La teoría del poder constituyente,
donde nos decía o la explicaba del siguiente modo y nos decía que cada
nación tiene un poder constituyente distinto al resto de poder instituidos
en la propia constitución. Nos está diciendo, mira, vamos a ver,
evidentemente la teoría del poder constituyente es una ficción jurídica,
pero que tiene mucha relevancia. Vamos a poner un ejemplo antes de
explicarlo para que lo puedan asociar con la realidad y lo entiendan mejor.
¿Qué es la teoría del poder constituyente? La teoría del poder
constituyente es la que en los años 77 y 78 fue a votar en unas elecciones
democráticas el 15 de junio de 1977, de las cuales surgieron los
representantes democráticamente elegidos a esas primeras cortes
democráticas, ¿de acuerdo?, que tenían como misión la elaboración y la
aprobación de una constitución. Mas luego ese pueblo español, que el
día 6 de diciembre de 1978 fue en referéndum y ratificó su poder
constituyente. Eso que habían aprobado era el poder constituyente de aquel
momento. ¿De acuerdo? Fíjense la importancia que tiene. Una vez que se
aprobó esa constitución y entró en vigor, ese poder constituyente se
disuelve porque ya ha cumplido su misión. Por lo tanto, vean a partir de
ese ejemplo real que tenemos en la historia española, en 1978, vean ahora
cómo se conforma en la teoría. Pues fíjense, la nación con un poder
constituyente que es distinto al resto de poderes constituidos en la propia
constitución. Claro, ese poder constituyente desapareció y era distinto.
¿Cuáles eran los poderes instituidos en la constitución? Pues luego el
poder legislativo, las cortes generales, el poder ejecutivo, el gobierno de
la nación o el propio poder judicial. Como no puede ser ejercido por la
propia nación, ¿verdad? No nos imaginamos a toda la población en las
calles debatiendo y decidiendo artículo por artículo de esa
constitución. Pues se hace a través de unos representantes
extraordinarios cuya misión es la de elaborar una constitución. Pues esas
cortes constituyentes que elegimos con las elecciones de 15 de junio de
1977. En definitiva, esta teoría de Siayés, ¿de acuerdo?, sobre el poder
constituyente se basaba en que la nación soberana no queda sostenida.
Sujeta a las limitaciones por ella misma establecidas en los poderes
estatales creados. El concepto jurídico del poder constituyente es la
reproducción, ¿de acuerdo?, del concepto político de soberanía popular.
Y la naturaleza del poder constituyente es la propia de un poder soberano,
¿de acuerdo? Definitiva, esta teoría lo que pretende, ¿de acuerdo?, es
trasladarnos, transmitirnos que el poder constituyente es algo superior al
propio poder que se contiene en la constitución, ¿de acuerdo? ¿Cierto
es? Ese poder constituyente originario, ese que tiene el poder de crear una
constitución, luego llega y queda incluso incluido, digamos, en la propia
constitución a través de un poder constituyente derivado. Claro, váyanse
usted al título 10 de la Constitución Española, de la Reforma
Constitucional, y ahí verán cuáles son los mecanismos para que, de ese
poder constituyente originario que estableció este poder constituyente
derivado en ese título 10, se pueda reformar la propia constitución,
¿vale? Por lo tanto, esa es una ficción jurídica, una ficción teórica,
pero que nos ayuda a entender las diferencias de la capacidad que se tiene
del poder constituyente originario respecto del poder instituido en la
propia constitución, ¿de acuerdo?, y dentro de lo que son los poderes
instituidos. Por lo tanto, esta idea, ¿de acuerdo?, del reconocimiento del
pueblo como poder constituyente no puede tener otro origen diferente que el
de las revoluciones. O el de la guerra de la independencia norteamericana,
la guerra de la independencia de las colonias, que dio fruto a la
constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en 1787, que la propia
revolución francesa en 1789, y que dio lugar a la constitución francesa
de 1791. En definitiva, un poder distinto y superior, ¿de acuerdo?, un
poder distinto y superior. Se caracteriza por ser originario, es decir,
brota, nace directamente del pueblo. Igual que ese concepto de la
soberanía nacional, que reside en el pueblo, es extraordinario, es decir,
tiene un carácter extraordinario temporal y que finaliza y se disuelve una
vez que ha elaborado, ha cumplido con su misión, que es la de la
elaboración de una constitución. Sin embargo, a la vez, ¿de acuerdo?, es
permanente, es decir, reside y en cualquier momento puede brotar, ¿de
acuerdo?, del pueblo soberano, unitario, indivisible y soberano, y además
está evidentemente sometido. De acuerdo a las condiciones de la
democracia. Por lo tanto, podemos decir que es un acto de soberanía
popular del máximo poder existente en un Estado, que es la soberanía
nacional, que reside en el pueblo, el máximo poder. Fíjense, me gustaría
recordarles que la constitución norteamericana, a la cual nos hemos
aludido de 1787, ya había elaborado esa teoría del poder constituyente,
distinto al resto de poder instituido. Fíjense cómo comienza, dice,
nosotros. El pueblo de los Estados Unidos. Así comienza la constitución
norteamericana en 1787, refiriéndose a no somos nosotros el pueblo, es
decir, los que ostentamos este poder constituyente, los que decidimos que
hacemos esta constitución de esta determinada manera. Es decir, que
estamos ante un poder capaz de dictar normas jurídicas supremas, tanto en
su creación como en la introducción de lo que consideren o su reforma,
¿de acuerdo?, y son fuente de fuentes del resto del ordenamiento
jurídico. Es decir, cuando nosotros estamos ejerciendo ese poder
constituyente, estamos decidiendo cómo el resto de normas, ¿de acuerdo?,
van a poder elaborarse. Yo, cuando creo la constitución, contengo en la
constitución cómo el poder legislativo tiene que recoger determinados
procedimientos y cumplir con determinadas fases para aprobar las otras
normas, que pueden ser con rango legal o pueden ser con rango
reglamentario. Tenemos varias clases de poder constituyente, como hemos
dicho, y podemos distinguir principalmente entre este poder constituyente
originario y en el poder constituyente derivado, ¿de acuerdo?, que lo
enmarcaríamos, como les he dicho anteriormente, dentro de ese ámbito de
la reforma constitucional. Veamos ahora las características, ¿de
acuerdo?, del poder desarrollador de este poder constituyente originario.
Hemos dicho que es originario. ¿De acuerdo? Que no se deriva de ningún
otro poder que se justifica en sí mismo y se ejerce directamente por el
pueblo. Que es inmanente, es interno y su origen está en la propia
soberanía popular. Que es extraordinario, puesto que establece el orden en
el Estado y solo actúa con la dotación de un texto constitucional o de su
reforma o modificación. Aquí ya hemos dicho que en cuanto hablamos de
reforma o modificación, según qué tipo de reforma o modificación sea,
podremos hablar del derivado. Poder permanente no se agota con la
promulgación del texto, ¿de acuerdo? Poder soberano, instancia suprema
del que nace la Constitución y fuente de las demás normas. Poder
autónomo ilimitado, él mismo no se somete a reglas, sino que es él mismo
el que establece las reglas y las normas del procedimiento, salvo el
sometimiento a los principios democráticos y los derivados del derecho
natural. Su poder unitario e indivisible, ¿de acuerdo?, se configura por
una voluntad general única y distinta, de los miembros que individualmente
lo componen, ¿de acuerdo? Es una ficción jurídica y es un poder
revolucionario, puesto que organiza, estructura y crea el ordenamiento
jurídico ubicándose fuera y por encima. Bien, con esto finalizaríamos la
clase de hoy en cuanto a la explicación teórica y quedo desde este
momento abierto...