Adentramos en el Estatuto de los Parlamentarios, es decir, en la
situación, de acuerdo en ese estatus que tienen los parlamentarios,
tenemos que comenzar con el régimen de incompatibilidades. Y para ello nos
tenemos que dirigir al artículo 70 de la Constitución Española, donde
nos dice lo siguiente. La ley electoral determinará las causas de
inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que
comprenderán en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, a
los altos cargos de la Administración del Estado que determinen la ley con
la excepción de los miembros del Gobierno, al defensor del pueblo, a los
magistrados jueces y fiscales en activo, a los militares profesionales y
miembros de las fuerzas de cuerpo de seguridad y policía en activo y a los
miembros de las juntas electorales. Finalmente, nos dice este artículo, la
validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras
estará sometida al control judicial en los términos que establezca la ley
electoral. Por lo tanto, lo primero que nos está estableciendo es un
régimen de incompatibilidades con toda esa serie de cargos que hemos
visto. En definitiva, lo que exige, como no podía ser de otro modo, a los
componentes de nuestras Cortes Generales y, por lo tanto, a los integrantes
del poder legislativo que tenemos en España, es una dedicación absoluta
y, por lo tanto, en definitiva, y de acuerdo con los artículos 157 a 159
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que es la que
desarrolla este régimen de incompatibilidades, lo que establece es una
incompatibilidad con el desempeño por sí o por sustitución de cualquier
otro puesto, profesión o actividad públicos o privados de cualquier tipo,
por cuenta propia o ajena y retribuidos de cualquier forma. Por lo tanto,
lo único que se les permite, en todo caso, a los diputados y a los
senadores, es la creación literaria, la científica, artística, técnica
y la administración de su patrimonio personal y familiar. Pero no se les
permite, como no podía ser de otro modo, ningún tipo de actividad
pública o privada, de acuerdo, por sí o por persona interpuesta. También
sí que se les permite, porque se considera, al igual que establece la Ley
de Incompatibilidades para la Función Pública, la actividad docente y de
investigación en las universidades, ¿de acuerdo? Claro, ¿cómo se
controla ese cumplimiento del régimen de incompatibilidades que establece
la Constitución y se desarrolla en esta ley orgánica del Régimen
Electoral General? Pues esto se controla a través de la formulación de
actividades y bienes por separados, conforme a los modelos que aprueban las
mesas de las cámaras, la mesa del Congreso y la mesa del Senado, y que se
incluyen en un registro que se sube actualmente y desde la aprobación de
la Ley de Transparencia al Portal de Transparencia, ¿de acuerdo? Por lo
tanto, lo que se establece es un control a priori. Lo que se establece es
cuando ustedes vayan a tomar posesión o adquieran la plena condición de
diputado senador, una de las primeras exigencias que se establece es esa
presentación de intereses, ¿de acuerdo?, presentación, perdón, de
actividades y de patrimonio por separado para poder verificar y evaluar si
una vez que ha transcurrido todo el mandato, eso se ha modificado de algún
modo o para controlar también a priori si se establece algún tipo de
incompatibilidad. En todo caso, y referente a ese pequeño elenco de
actividades que sí que se les permiten, como son la creación literaria,
la creación científica, la creación artística y demás, ¿quién tiene
que resolver si incurren en incompatibilidad? No, son el pleno de cada una
de las cámaras a propuesta de la comisión de incompatibilidades
correspondiente. Hablaríamos ahora de cómo se produce la adquisición
plena, ¿de acuerdo?, de la condición de diputado senador. Y lo primero
que tienen que presentar es evidentemente la credencial de diputado o
diputada, senador o senadora electos, que evidentemente expide la Junta
Electoral Central una vez que se han proclamado los resultados definitivos
de las elecciones celebradas. También es un requisito ineludible esa
declaración separada de actividades y de la declaración del patrimonio. Y
finalmente, en el primer pleno al que se asista prestar el juramento o
promesa de acatar la Constitución y que tanta polémica ha creado después
de esas fórmulas, digamos, un poco creativas que hemos observado en alguna
ocasión en cuanto a ese juramento o promesa de acatar la Constitución que
hemos visto por parte de algunos diputados o diputadas. Pero tengamos
cuidado con esto porque, en definitiva, la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea estableció que la adquisición de la
condición de eurodiputado es desde la proclamación definitiva de los
resultados electorales. Luego, quizás, ¿de acuerdo?, esos requisitos que
vienen establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
para esa adquisición de la condición o adquisición plena de la
condición de diputado o de senador quizás pudieran ser un poco excesivos
en cuanto a la relación que podemos tener con esa jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También es evidente que, dentro
de ese estatus, tenemos que estudiar cuáles son las posibilidades de
pérdida o de suspensión de la condición de diputado. Y es que un
diputado adquiere los derechos y prerrogativas desde que él mismo ha sido
diputado electo, ¿de acuerdo?, es decir, desde que recibe esa credencial
de electo que recibe de la Junta Electoral Central. Ahora bien, también se
establece que si celebradas tres sesiones plenarias sin que el diputado no
haya adquirido tal condición, es decir, no haya cumplido con estos
trámites anteriores que hemos visto, que es la presentación de la
credencial, la declaración de actividades y de patrimonio y el juramento o
promesa, de acatar la Constitución, no tendrán esos derechos hasta que la
adquisición de la condición plena de diputado se produzca. Es decir, que
nos está estableciendo a priori, o sea, desde que eres programa de derecho
ya tienes esos derechos. Ahora bien, si han transcurrido ya tres sesiones
plenarias y tú no has aparecido por allí y, por lo tanto, no has prestado
juramento o promesa y no has presentado la declaración de actividades y de
patrimonio, esos derechos decaen, ¿de acuerdo?, decaen hasta que tú
adquieras esa condición de diputado electo con los requisitos que hemos
establecido ahora mismo. En cuanto a la suspensión de la condición de
diputado se puede producir por varios motivos. En primer lugar, por la
aplicación del régimen disciplinario de la Cámara, ¿de acuerdo?, y es
que resulta que cuando se concede un suplicatorio por la Cámara, ya
veremos que esta concesión del suplicatorio va vinculada a la inmunidad
que tiene el diputado y es que para juzgar… Para juzgar a un diputado,
para abrir un procedimiento penal contra él mismo, hay que suplicar, así
se llama, hay que solicitar la autorización de la Cámara correspondiente,
¿de acuerdo? Pues bien, una vez, ahora profundizaremos en este concepto,
cuando estudiemos dentro del ámbito de las prerrogativas este de la
inmunidad, pues bien, en cuanto la Cámara ha concedido el correspondiente
suplicatorio al tribunal o juzgado que pide, ¿de acuerdo?, esa posibilidad
de proceder, en este caso, de proceder… … contra el diputado o diputada
y sea firme el auto de procesamiento, ¿de acuerdo?, se suspenderá de la
condición de diputado. También, cuando esté cumpliendo prisión
preventiva o tenga una sentencia condenatoria firme, ¿de acuerdo?, que
impida el ejercicio de sus labores de diputados o bien en el mismo
contenido de la sentencia, este es el caso que hemos tenido recientemente
respecto del diputado de Unidas Podemos, El Canario. Alberto Rodríguez,
que fue suspendido por el Tribunal Supremo, ¿de acuerdo?, que le exigió,
en este caso, al Congreso de los Diputados, la suspensión en su condición
de diputado de acuerdo con la sentencia firme y condenatoria que tenía.
También se puede producir la pérdida del mandato, en este caso nos
estamos refiriendo al concepto de entrega del acta, ¿de acuerdo?, del acta
de diputado, que será cuando sea una resolución judicial firme,
fallecimiento, incapacitación, renuncia… o extinción del mandato porque
ha finalizado el mismo. Ya vemos que en ninguno de los casos se permite que
sea el propio partido político o incluso el grupo parlamentario al cual
pertenece el diputado el que le pueda exigir la entrega del acta y le haga
perder la condición de diputado. Esa posibilidad no viene contemplada por
nuestra Constitución española. En cuanto a las prerrogativas
parlamentarias, empezamos a diferenciar que, en primer lugar, tenemos que
tener claro…, ¿de acuerdo?, que las prerrogativas parlamentarias tienen
un origen histórico y que viene fruto de cuando, en los principios y en
los orígenes del parlamentarismo y en ese ámbito de compartir el
Parlamento con las diferentes monarquías y las interferencias e
injerencias, así como presiones que realizaba el monarca sobre el
Parlamento, este se tuvo que dotar de una serie de prerrogativas que
quizás a día de hoy, en el momento actual y en un estado de derecho…
Como en nuestro, la verdad es que no tengan mucho sentido. En todo caso,
tenemos que tener verdaderamente claro y es muy importante que no se trata
en ningún caso de privilegios personales, sino que se trata de privilegios
en relación y con base exclusivamente en el desempeño de esa labor
parlamentaria, en ningún caso como un privilegio personal. ¿De acuerdo?
Nuestra Constitución nos dice lo siguiente respecto a estas prerrogativas.
Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones
manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, aquí estamos
hablando de la prerrogativa de la inviolabilidad. Nos dice el apartado
segundo. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores
gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de
flagrante delito, no podrán ser inculpados ni procesados, sin la previa
autorización de la Cámara respectiva. Aquí hablamos de la inmunidad y ya
ve cómo se refiere a la autorización de la Cámara respectiva para que
sean inculpados y procesados, ¿de acuerdo?, eso es lo que hemos comentado
anteriormente como el suplicatorio, el suplicatorio que se solicita a la
Cámara, que no es más que la solicitud de la autorización para poder
proceder contra ese diputado o de senador. Bien, finalmente también
podemos establecer, aunque no está contenida, ¿de acuerdo? Ah, sí,
perdón. En el apartado tercero hablaríamos del fuero especial, de ese
fuero que es el aforamiento conocido vulgarmente, como es que en las causas
contra diputados y senadores será competente la sala de lo penal del
Tribunal Supremo. Bien, es evidente que en la actualidad y en el régimen
en el que nos encontramos actualmente en un Estado social y democrático de
derecho estos privilegios, estas prerrogativas, mejor dicho, son
absolutamente prescindibles. Ahora bien, también es evidente que están
reconocidas constitucionalmente que, por su parte, no son prerrogativas,
por lo tanto, son irrenunciables para los miembros que gozan de ellas, para
los diputados y senadores. En cuanto a la inviolabilidad, tenemos que tener
en cuenta que de lo que se trata es de una prerrogativa de carácter penal,
es decir, de una atribución de irresponsabilidad a ese diputado, a ese
senador durante el tiempo en que dure su actividad por las opiniones
formuladas en el ejercicio de sus funciones, ¿de acuerdo?, es decir, lo
que trata en esencia, esa inviolabilidad es que un diputado o un senador,
por verter libremente sus opiniones, no se pueda ver coartado por
procedimientos judiciales que se dirijan contra él, por injurias,
calumnias, etcétera, etcétera, porque eso coartaría mucho, es cierto, la
libertad de expresión de ese diputado o senador. Ahora bien, también es
cierto que el Tribunal Constitucional dice y ha recogido y ha establecido
que este privilegio está prerrogativo. La prerrogativa de la
inviolabilidad solo se puede dar cuando el diputado actúe en sede
parlamentaria o fuera de ella, pero en virtud de las funciones
parlamentarias que tiene encomendada, en ningún caso en el ámbito de su
vida privada o personal. También es cierto que, si bien esta prerrogativa
de la inviolabilidad viene a proteger la libertad de expresión, esta está
también perfectamente protegida para cualquier ciudadano y ciudadana por
la propia Constitución española. Quédense con que lo que se evita o lo
que intenta evitar esta prerrogativa es judicializar la actividad política
y, por lo tanto, obstaculizar el desarrollo de la misma o constituir un
lastre en el ejercicio de la misma. Por otro lado, hemos visto que tenemos
la inmunidad y, en este caso, de lo que se trata es de una prerrogativa de
carácter procesal. Es decir, ¿esto quiere decir que un diputado o un
senador puede cometer cualquier tipo de delito y salir impune? No. Es
decir, que solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y que,
para ser procesados, se requerirá de la autorización de la Cámara. Esto,
en su momento igualmente que el resto de prerrogativas, podría tener su
sentido para evitar, pues imagínense que en un régimen anterior, a la
hora de que se fuera a votar una determinada ley y para evitar la presencia
de esas personas que iban a votar a favor de esa ley, procedemos a
detenerlas, ¿de acuerdo? Y las mantenemos privadas de libertad en tanto en
cuanto se celebra la votación de esa ley y luego las ponemos en libertad.
Bueno, pues con eso se evita con esta prerrogativa, pero eso no quiere
decir que haya ningún tipo de impunidad, sino que se tendrá que solicitar
a la Sala para proceder contra ellos. Ahora el Tribunal Constitucional se
ha creado una polémica, ¿de acuerdo?, porque el Tribunal Constitucional,
en cuanto a esa autorización que tiene que dar la Cámara, exige que la
decisión para denegar el suplicatorio debe ser documentada y fundamentada.
Sin embargo, es decir, le exige que diga si en el caso de que se deniegue
el suplicatorio, por lo tanto la autorización al Tribunal competente para
proceder con ese diputado senador tiene que estar fundamentado y
documentado. Sin embargo, si esto lo confrontamos con el reglamento del
Congreso, allí se nos dice que si en el plazo de sesenta días no ha
contestado. El Congreso, a la petición de un suplicatorio y ha dado la
autorización, se considera silencio negativo. Es decir, automáticamente
es como si se hubiera denegado. Por lo tanto, aquí tenemos un problema,
puesto que si el Tribunal Constitucional está estableciendo que en caso de
denegación esto tiene que estar perfectamente fundamentado y documentando
el por qué se deniega esa autorización para el proceso contra ese
diputado o ese senador, el Tribunal Constitucional se considera que es
negativo automáticamente, evidentemente no en el caso de silencio negativo
por el transcurso del plazo del tiempo y por el paso del periodo de esos
sesenta días, no va a fundamentar, no está fundamentado ni documentado de
ninguna de las maneras. Luego aquí existe una colisión que en algún
momento tendremos que verificar cuál es la solución más adecuada y que
evidentemente no puede ser otra. Que si la Cámara, bajo esa potestad que
tiene en cuanto a esta prerrogativa, deniega una solicitud de procesamiento
de un tribunal competente contra un diputado o senador lo va a tener que
justificar y lo va a tener que documentar. Finalmente ya saben que los
diputados y senadores son aforados y son aforados por la Sala Segunda del
Tribunal Supremo. Aquí no vamos a entrar en esos matices cuando
encontramos toda esta problemática y polémica que surge en todo el mundo.
En el caso de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala Segunda del
Tribunal Supremo es una asignación económica de los diputados y senadores
a los que está sometido el fuero especial de estos diputados. Bien,
pasaríamos en cuanto a los derechos y deberes de los parlamentarios y el
artículo setenta y uno, apartado cuatro de la Constitución, de lo único
que nos habla de acuerdo es de una asignación económica. Los diputados y
senadores percibirán una asignación. Que será establecida por sus
respectivas cámaras. Bien, en cuanto a esto es evidente, de acuerdo, que
además de ello y por realizar un servicio es evidente que tienen que
cobrar una retribución, pero que además de ello, ello se conjuga con una
serie de derechos y deberes. Derechos como es asistir con voto a las
sesiones plenarias y a las comisiones, obtener la documentación necesaria
para el ejercicio de sus funciones. El deber también de asistir a los
plenos de la Constitución. El deber de las cámaras y a las comisiones a
las que pertenezcan, el respetar, de acuerdo, los usos y costumbres
parlamentarios y el no divulgar en ningún caso las actuaciones secretas.
Finalmente, en cuanto a estos derechos y deberes de los parlamentarios,
tenemos que destacar que lo que existe en la actualidad es el mandato
representativo, de acuerdo, así el artículo sesenta y siete apartado
segundo de la Constitución nos dice que los miembros de las Cortes
Generales no estarán ligados por mandato imperativo, es decir, que en el
ejercicio de las funciones que desempeñan los diputados y los miembros de
las Cortes Generales lo tendrán que realizar bajo su libertad de
conciencia, bajo lo que mejor crean a su juicio y razonen en cada uno de
los momentos. No están sometidos como en épocas históricas anteriores en
las cuales iban con directas instrucciones de aquellos a quienes las
representaban. Sin embargo, tenemos que recordar, porque así es, ¿de
acuerdo? Que en el ámbito de la democracia actual, de la organización
institucional que tenemos en estos momentos, la introducción de los
partidos políticos dentro, ¿de acuerdo?, de las propias instituciones,
principalmente como vamos a ver ahora a través de los grupos
parlamentarios han desvirtuado y han difuminado en un alto grado esta
prohibición del mandato imperativo, puesto que ya tienen ahí el ejemplo
hace bien poco en cuanto a la votación de la ley. Es decir, para la
reforma laboral dos diputados de UPN, ¿de acuerdo?, navarros, que votaron
en libertad de conciencia y sin someterse a las directrices del partido han
sido sancionados disciplinariamente. Es decir, si bien la Constitución
prohíbe el mandato imperativo, los partidos políticos es evidente que al
establecer las listas de los diferentes puestos, candidatos, etcétera,
así como otras cuestiones de sanción pecuniaria que tienen reguladas por
sus propios estatutos y medidas disciplinarias. Están haciendo, ¿de
acuerdo?, una partidocracia y en lugar de estar sometidos actualmente los
diputados y senadores al mandato imperativo de aquellos a quienes
representan están sometidos al mandato imperativo de sus propios partidos
políticos. Yo creo que esto es una desfiguración cuando menos, ¿de
acuerdo?, una deformación del régimen que tiene o que tenía proyectado
la Constitución española y que es digna de estudio y, en su caso, de
aprobación. Hablamos ahora de los grupos parlamentarios, ¿de acuerdo?, y
en cuanto a los grupos parlamentarios tenemos que recordar que no son más,
¿de acuerdo?, que asociaciones de miembros de las cámaras parlamentarias
con afinidad política, es decir, que pertenecen al mismo partido
político. En cuanto a los grupos parlamentarios, fíjense que donde los
encontramos es en el artículo, por lo tanto, sí que tienen una
interrupción. En cuanto a la introducción constitucional, puesto que en
el artículo 99.1 la Constitución nos dice, un segundo, que después de
cada renovación del Congreso de los diputados y en los demás supuestos
constitucionales en que así proceda, el rey previa consulta con los
representantes designados por los grupos políticos con representación
parlamentaria, en definitiva… Que sepan que están plenamente
desarrollados en los reglamentos de cada una de las cámaras, ¿de
acuerdo?, pero que no son más que asociaciones de miembros de las cámaras
parlamentarias. No son órganos, en ningún caso, de las cámaras, pero a
la hora de la dinámica, a la hora del funcionamiento real de las cámaras,
son los verdaderos protagonistas, ¿de acuerdo?, ya que dejan un margen muy
limitado a los parlamentarios individuales, quienes representan, quienes
tienen todo el protagonismo. Quienes dinamizan sobre los que descansan,
finalmente. El funcionamiento habitual de las cámaras parlamentarias son
estos grupos parlamentarios. Recuerden que en cuanto a los reglamentos
parlamentarios, que es donde están verdaderamente desarrollados, la
constitución de los grupos exige un mínimo de 15 miembros en el Congreso
o de 10 en el Senado. También se juega con porcentajes de voto y el
número, ¿de acuerdo?, de ellos. Los de un mismo partido tienen que estar
en el mismo grupo parlamentario y las listas conjuntas… No podrán
constituir grupos parlamentarios separados, sino que tendrán que formar
parte del mismo. Existe, ¿de acuerdo?, una alta discrecionalidad política
en el ámbito de la gestión de estos grupos parlamentarios, puesto que
incluso ya conocen cómo se produce la cesión de parlamentarios. Con lo
cual, en el ámbito del grupo parlamentario y dado el protagonismo real de
facto que desempeña en el funcionamiento de las cámaras, creo que
debería ser objeto de una atención pormenorizada y de un estudio más
profundo. En el caso de que no lleguen a los mínimos que hemos visto que
están establecidos tanto en el reglamento del Congreso como en el
reglamento del Senado, tendrán que pertenecer al grupo mixto. Se organizan
y funcionan como ellos desean, tienen un principio de máxima libertad, lo
único que se exige es el nombramiento de un portavoz que actuará. Como
representante del grupo, ¿de acuerdo?, del grupo parlamentario, o sea, que
les rige un principio de autonomía total. Entraríamos ya en el ámbito,
dejando aparte los grupos parlamentarios, entraríamos ya en el ámbito del
tema 5, ¿de acuerdo?, de la organización y funcionamiento de las cámaras
parlamentarias y empezaríamos hablando de la autonomía parlamentaria,
¿de acuerdo?, de cómo se refleja y en qué grados y en qué... campos se
desarrolla, ¿de acuerdo?, esa autonomía parlamentaria. Tenemos que
comenzar recordando que el artículo 72.1, ¿de acuerdo?, de la
Constitución nos dice que las cámaras establecen sus propios reglamentos,
aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el
estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma
serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requiere de
mayoría absoluta. Por lo tanto, la independencia parlamentaria que estamos
hablando aquí ahora ya no es tal, sino que es autonomía parlamentaria,
como ahora veremos, pero sí que tiene su origen en los mismos motivos que
hemos visto históricamente de esos enfrentamientos y esas injerencias que
tenían los monarcas frente a los parlamentos. Por lo tanto, lo que hacían
como técnica para la defensa del Parlamento, para poder proceder, ¿de
acuerdo?, y evadirse de las presiones y de esas injerencias de la
Constitución, la monarquía, era a través de la dotación a ese propio
Parlamento de privilegios y prerrogativas. Claro, pero en las
constituciones actuales, en el constitucionalismo moderno, ya no se habla
de independencia ni de soberanía de las Cortes, sino de su autonomía.
Recuerden, en todo caso, que es de aplicación a ello, que el artículo 9.1
de la Constitución nos dice que tanto los ciudadanos como los poderes
públicos, entre los cuales, por supuesto, está establecido, está
incluido, perdón, nuestro Parlamento. Nuestras Cortes Generales están
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento público. En cuanto
a ese ámbito de autonomía, lo podemos dividir en tres campos, ¿de
acuerdo? En tres, que serían la autonomía normativa, puesto que acabamos
de decir que aprueban sus propias normas de autoorganización, ¿de
acuerdo?, sus reglamentos y además nombran a sus órganos de gobierno, su
propio personal, personal de las Cortes Generales y el régimen jurídico
relativo al mismo, y también económica, autonomía económica, puesto que
aprueban autónomamente su presupuesto y la ejecución y la gestión del
mismo. En cuanto a la autonomía y el sistema normativo, hemos dicho que se
descansa sobre la aprobación de sus propios reglamentos, los reglamentos
parlamentarios, y que el artículo 72 de la Constitución, como ya hemos
visto, les da un reconocimiento constitucional. Al final, son normas con
fuerza y rango de ley y, por lo tanto, están sujetos al control de
constitucionalidad. Es decir, que se puede plantear recursos. ¿De acuerdo?
Y el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre su
constitucionalidad o no. Se exige en una votación final, como hemos visto,
que se aprueben por una mayoría absoluta. El Tribunal Constitucional, ¿de
acuerdo?, considera que estos reglamentos son normas interpuestas en cuanto
a la constitucionalidad de la formación de las leyes o considerarse un
órgano parlamentario a modo de… Ha violado o no el derecho del ejercicio
a cargo público. ¿De acuerdo? Es decir, que son un parámetro de
constitucionalidad. Es decir, que el contenido de estos reglamentos como
desarrollo constitucional de ese procedimiento legislativo y del proceso
tanto formal como material que viene constituido en el mismo será acogido
por el Tribunal Constitucional. También dentro de esta autonomía
normativa tenemos las resoluciones de la Presidencia. Y es que no podemos
olvidar que… Los presidentes... de las cámaras tienen la potestad de
dictar resoluciones con carácter general para interpretar o suplir las
lagunas de estos reglamentos, ¿de acuerdo?, y que se integran también en
el ordenamiento reglamentario. Es decir, cuando un reglamento no tiene
regulado específicamente una determinada cuestión, un determinado matiz o
el mismo es interpretable, esto se suple a través de una resolución de la
presidencia de la cámara que se integra dentro del contenido del
reglamento parlamentario y que tiene la misma validez que el mismo. Por lo
tanto, esas resoluciones de la presidencia también son fuente del derecho
parlamentario. Si bien son inferiores a los reglamentos, no pueden innovar,
¿de acuerdo?, no pueden inventar para que nos entendamos algo que no está
contenido en los reglamentos, ni limitar los derechos que están recogidos
en los reglamentos para los parlamentarios y, por lo tanto, también son
susceptibles de anulación mediante el recurso. Es decir, si a través de
una resolución de la presidencia un parlamentario considera que se ha
violado un derecho fundamental que viene principalmente de la
representación política, el del artículo 23 de la Constitución, en
cuanto a su forma de desarrollo, de acuerdo con lo que se contiene en el
reglamento parlamentario, él mismo podrá presentar recurso de amparo
contra el acto que demane de esa resolución de la presidencia y, en el
ámbito del Tribunal Constitucional, ser anulada. ¿De acuerdo? Resolución
de la presidencia si se estimara inconstitucional. Hemos dicho que también
aprueban, de acuerdo al Estatuto del Personal de las Cortes Generales, su
propio personal, de acuerdo a su régimen jurídico y, en este caso, el
estatuto de ese personal es una norma jurídica de carácter primario
porque la Constitución española establece una reserva expresamente para
que se regule mediante esa norma parlamentaria. Tenemos que hablar ahora de
la organización interna de las cámaras y, también, porque en este caso
existen los órganos interparlamentarios que desarrollan o asisten a las
mismas para el ejercicio de sus funciones. Dentro de esos órganos vamos a
diferenciar dos tipos, los órganos de gobierno interno y administración,
¿de acuerdo?, y, por otro lado, los órganos de funcionamiento. Respecto a
los órganos de gobierno interno de las cámaras y de administración de
las mismas, tenemos que destacar una figura por encima de todas, bueno,
iría la PAD con la mesa, ¿de acuerdo?, que seguiría la figura del
presidente. Y, a este respecto, nos dice el artículo 72 de la
Constitución que las cámaras eligen a sus respectivos presidentes y los
demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por
el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes
Generales aprobado por mayoría absoluta de cada cámara. Los presidentes
de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes
administrativos y facultades de policía, en el interior de sus respectivas
sedes. Y es que no podemos olvidar que estos presidentes son,
respectivamente, del Congreso y del Senado, la tercera y la cuarta
autoridad del Estado, tras el rey y el presidente del Gobierno. Al final,
es evidente que estos presidentes de las respectivas cámaras proceden de
un determinado partido político, pero su función como presidentes es de
mantener una institución imparcial, una imparcialidad. La forma de su
elección es mediante voto personal o por votación, y un solo nombre en la
papeleta que se introduce en una urna será elegido o elegida aquel que
obtenga una primera mayoría absoluta. Y si no, de aquellos dos que
hubieran resultado más votados, se realizará una segunda votación. Esa
es la forma de elección del presidente del Congreso y del Senado. En
cuanto a sus funciones, ya hemos dicho que representan a las cámaras, las
dinamizan, organizan los trabajos, los debates, tienen poderes
administrativos y facultades de policía. De acuerdo en cuanto a medidas
disciplinarias, pueden obtener de orden, retirar el uso de la palabra,
supresión de determinadas palabras más sonantes, insultos u otras en el
diario de sesiones, prohibiciones de asistencia u órdenes de expulsión
inmediata. Cumplen y hacen cumplir los reglamentos. Tienen, como hemos
dicho, esa capacidad de dictar resoluciones de carácter general junto con
las mesas y las juntas de portavoces. Tienen un carácter institucional
respecto a las instituciones que representan. Y, junto a ellos, tenemos una
filosofía muy importante. Una figura que es fundamental también, que es
la mesa. Y es que junto a la junta de portavoces –ya hemos visto que los
portavoces eran los designados por los diferentes grupos parlamentarios–
es el órgano de control de la organización y distribución del trabajo
parlamentario. Y las decisiones que tiene la mesa, igual que la tiene la
junta de portavoces con quien se organiza y se coordina, tienen una gran
trascendencia política. En cuanto a la composición de la misma, en el
caso del Congreso, el presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro
secretarios, en el caso del Senado, el presidente, dos vicepresidentes y
cuatro secretarios. La elección de los miembros de la mesa en el Congreso
es igual que la del presidente –hemos visto el sistema de votación– y,
el caso del Senado, simplemente, la diferencia es que respecto a los cuatro
secretarios que forman parte de la mesa, en las papeletas se introducen dos
nombres. Es lo único diferente. ¿Qué es lo que hace la mesa? Pues la
mesa hace la calificación de escritos y documentos declarar la misión y
la inadmisión a trámite, procedimiento de tramitación de iniciativas,
líneas generales, establecer el calendario, coordinar régimen interior de
la Cámara, régimen de contratación y laboral, proyecto de presupuesto,
ejecución del mismo, etcétera. Ya ven cómo las funciones que realiza la
mesa tienen una gran trascendencia. Finalmente, finalizaríamos en cuanto a
estos órganos de dirección y de administración con la Junta de
Portavoces. La Junta de Portavoces se constituye como un órgano que es
fruto de esa introducción de los grupos parlamentarios dentro de las
instituciones de las que hemos hablado anteriormente. Se compone por los
portavoces de los grupos parlamentarios, sin embargo, en el caso del
Congreso se reunirán bajo la presidencia del presidente de la Cámara y en
el Senado se dice que la Junta de Portavoces está integrada por el
presidente de la Cámara. La Junta de Portavoces es el presidente de la
Cámara que la convoca y preside por los portavoces de los grupos
parlamentarios existentes en ese momento. En definitiva, ¿qué es lo que
hace la Junta de Portavoces? Fíjense nada más y nada menos que ser oída
en asuntos relacionados a la organización y desarrollo de la actividad
parlamentaria, participa en la fijación del orden del día, acuerdos en
relación con la aprobación del calendario de sesiones plenarias,
distribución de iniciativas que se han de ver en el Pleno, determinación
del número de miembros de cada grupo parlamentario en las comisiones,
ordenación de los debates parlamentarios. De acuerdo, es decir, que tiene
una gran trascendencia dentro del funcionamiento de estas cámaras, siendo
que no tiene ningún tipo de reconocimiento constitucional y que es un paso
más de esa introducción, como les he dicho anteriormente, de los partidos
políticos dentro de las cámaras, de las instituciones, a través de los
grupos parlamentarios. Bueno, en definitiva, con esto habríamos acabado en
el día de hoy en cuanto a... Los órganos de gobierno del tema 5, de la
organización y funcionamiento de las cámaras, y nos emplazaríamos para
el próximo día continuar con los órganos de funcionamiento, las reglas
de funcionamiento de las cámaras, ¿de acuerdo? Y finalizamos con el
planteamiento de consultas, cuestiones o cualquier otro planteamiento que
ustedes tengan por oportuno. Gracias.