Bien, pues en cuanto a la realización de la Constitución, tienen que
este, digamos, este epígrafe o este tema a lo que va destinado es, hay que
conectarlo con el tema anterior que ya vimos y que era la normatividad de
la Constitución. Es decir, cuando hablábamos de la normatividad de la
Constitución, de lo que estábamos hablando era de la defensa de la
Constitución, ¿de acuerdo?, de la jurisdicción constitucional, de lo que
era el Tribunal Constitucional, la Constitución como norma suprema, cómo
se regulaba constitucionalmente las fuentes de derecho y finalmente la
aplicabilidad que tenía la Constitución. Por lo tanto, vamos a conectarlo
con ese tema y vamos a comenzar hoy con la realización de la Constitución
y de qué vamos a hablar. Bueno, pues tenemos que indicar que, en primer
lugar, ¿de acuerdo?, como final del proceso constituyente, es decir, ese
proceso que discurrió cuando se configuró ese poder constituyente que fue
también conocido como la transición democrática y esas elecciones que se
celebraron el 15 de junio, De 1977, donde se le decía a los españoles,
venid a votar libremente, democráticamente, pero lo que vais a votar van a
ser unas cortes generales que tienen una misión sagrada, hablando de
sagrado en nuestro ámbito constitucional. Una misión sagrada que es nada
más y nada menos que la aprobación de una constitución, la creación y
la aprobación de una constitución. Bien, pues como final de ese proceso
constituyente, la constitución también supo, ¿de acuerdo?, o supone la
puesta en marcha de diversos procesos. Es decir, claro, ahí tenemos la
constitución, hemos aprobado una constitución, hemos promulgado una
constitución, la misma se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y
ha entrado en vigor el 29 de diciembre de 1978. Pero ahora vamos a ver
cómo trasladamos a la realidad, ¿de acuerdo?, a la realidad de las cosas.
A la realidad social, ese contenido que tiene la constitución, ¿de
acuerdo? Imagínense además la situación en 1978. Una España, una
sociedad que provenía de 40 años de dictadura, de falta y ausencia de
derechos y de libertades. No estaba la sociedad, evidentemente, y mucho
menos las instituciones. Y los órganos públicos que eran del régimen en
aquel momento, mucho menos ellos y tampoco la sociedad, evidentemente,
estaban acostumbrados a un régimen de democracia y de libertades, a un
Estado social y democrático de derecho, que es lo que proclama nuestra
Constitución. Por lo tanto, el tema que vamos a estudiar hoy, la
realización de la Constitución, de lo que trata es de ver cómo eso que
hemos aprobado, nuestra Constitución española, lo trasladamos a la
realidad. ¿Cómo se realiza la misma? ¿Cómo cambia la vida de la
sociedad española y el régimen que tenemos? ¿Así cómo cambia también
el funcionamiento de los diferentes órganos, en este caso ya
constitucionales, y cómo nos adaptamos? A los nuevos tiempos. Es evidente
que para trasladar esa normatividad a la realidad es imprescindible la
creación de instrumentos de control que garanticen esa normatividad. Es
decir, vamos a tener que crear unos instrumentos, ¿de acuerdo?, unos
medios que hagan que esa normatividad que contiene la Constitución, es
decir, que esos objetivos que busca cumplir la Constitución, se cumplan
realmente. Por tanto, a lo largo del tiempo... De lo que se refiere, en
definitiva, esto de la realización de la Constitución es al alcance y al
sentido. que cobra la constitución en su proyección normativa sobre la
vida real, ¿de acuerdo? Es decir, cómo trasladamos estos derechos
fundamentales, estas libertades públicas, esta configuración del Estado
como social y democrático de derecho, cómo lo trasladamos a la vida real.
Y es evidente también que para hacer efectiva la normatividad de la
constitución es necesario que en la misma se configuren, se conformen los
órganos que la misma establece y su procedimiento de actuación. Las
Cortes Generales, ¿de acuerdo? El Gobierno, la Administración, el propio
Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, el
Poder Judicial. Es decir, cómo funcionan, cómo se crean los mismos, cómo
se conforman. Y, por supuesto, aprobar las normas que en ocasiones se
requiere para que esas disposiciones constitucionales tengan eficacia y las
instituciones que garantizan la normatividad, ¿de acuerdo? Puedan
garantizar, valga la redundancia, las mismas. A ver, es evidente, ¿de
acuerdo?, que imagínense un Estado en el que la mayoría de la población
no creyera, entiéndame este ejemplo y ahora les explicaré el porqué, no
creyeran la legitimidad. Vamos a poner un ejemplo reciente que hemos
vivido. Imagínense que durante la pandemia, en sus peores momentos, porque
evidentemente a fecha de hoy todavía no ha terminado. Y cuando se
decretaron los estados de alarma, cuando se confinó a la población en sus
domicilios, no hubiera una mayoría de la población que confiara en la
legitimidad, en este caso, de nuestro gobierno, que es del que emanaban
esos reales decretos leyes, ¿de acuerdo? Sería imposible de hacer
cumplir. Es evidente que no disponemos de fuerzas y cuerpos de seguridad
suficientes, uno por cada casa, por ejemplo, una patrulla por cada uno de
nuestros domicilios que estuviera permanentemente en la puerta de nuestros
domicilios para verificar que efectivamente salíamos o no salíamos de
nuestros domicilios más que con las justificaciones permitidas. ¿Verdad
que eso es imposible? Por lo tanto, ¿por qué se llegó al máximo
cumplimiento de estas normas? Porque había un principio del… …de
legitimidad, un convencimiento colectivo de legitimidad. Es decir, que la
mayoría de la población confiábamos y respetábamos las normas porque
confiábamos en que, primero, provenían de una autoridad legítima y,
segundo, que si las instauraban es porque eran buenas para nosotros. Bien,
pues en eso se basa también cualquier estado de derecho. Es impensable que
un Estado de derecho funcione, es decir, que el cumplimiento normativo
habitual funcione solo por la aplicación coactiva del mismo, es decir, por
el miedo a la represión y la vigilancia continuada de las fuerzas y
cuerpos de seguridad. Imagínense que no respetáramos, por ejemplo, los
semáforos en la mayoría de la población de manera genérica, porque
evidentemente siempre hay excepciones que no lo respetan, si no fuera
porque creemos firmemente que esas son las normas que las tenemos que
respetar y que además son legítimas, que hubiera que tener un policía en
cada una de las esquinas donde hubiera un semáforo. Eso sería impensable,
inviable, ¿de acuerdo? Pues lo mismo para la Constitución y la
normatividad que de ellas. Y de los órganos que contiene y cómo los
tienen que aplicar. El estímulo principal es el convencimiento colectivo
de su legitimidad, de la legitimidad, en este caso, constitucional. Es
decir, cuando la conciencia de lo justo domina la conciencia política es
cuando se produce este convencimiento colectivo de la legitimidad. Por lo
tanto, el primer problema que encontrábamos en aquel momento era la
adaptación de las antiguas instituciones a los... ...los preceptos
constitucionales. ¿Cómo trasladábamos instituciones que derivaban y
habían estado en vigor y en funcionamiento durante una dictadura, donde
esto de los derechos ni siquiera se aproximaban y por equivocación, cómo
lo trasladábamos a la realidad democrática y constitucional que se
instauraba con la Constitución? Las Cortes Generales, el Gobierno, el
Consejo de Estado, el Poder Judicial. Por lo tanto, la implantación de
nuevas instituciones como el Tribunal Constitucional o el Consejo General
del Poder Judicial para garantizar la independencia de los jueces frente al
poder político, también eso era una novedad, un reto. ¿Cómo las
implantamos? El proceso de creación de las comunidades autónomas en
cuanto a la organización territorial. Te sé cuenta que cuando se aprobó
la Constitución española, España era un Estado centralizado y que la
división territorial eran las provincias. No se sabía, una vez aprobada
la Constitución, ni cuántas comunidades autónomas iba a haber, ni por
qué provincias iban a estar compuestas. Lo único que nos abre la
Constitución en su título octavo es que el Estado se organizará
territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, pero
abre las vías de conformación. No dice ni cuántas ni cómo. Fíjense la
cantidad de retos que nos suponía. También la Ley de la Defensa Nacional,
la Ley General Penitenciaria. Cómo adaptábamos el ejército, ¿de
acuerdo?, un ejército dictatorial o un ejército perteneciente, mejor
dicho, perdonen, a un régimen dictatorial, a un Estado, a un ejército
perteneciente a un Estado democrático. Cómo modificábamos una ley
penitenciaria o la regulación de los establecimientos penitenciarios a una
política penitenciaria de carácter democrático, ¿de acuerdo?, de
carácter con objetivos como son la reinserción o la rehabilitación
social. Por lo tanto, en definitiva, la realización de la Constitución se
convirtió en un objetivo prioritario, en decir, hay que trasladar todos
estos derechos, todas estas libertades. Todo este contenido de la
Constitución tenemos que trasladarlo lo más rápidamente posible a la
vida social. Que los españoles sientan, ¿de acuerdo?, que han cambiado,
que la vida social, que la organización, que el régimen político, en
definitiva, ha cambiado y que se adapten a ello para mejor y, sobre todo,
las instituciones. Por lo tanto, los actores políticos, que hubo en aquel
momento su principal proyecto o su principal objetivo y con prioridad
absoluta era... Que la Constitución se cumpliera de forma efectiva en la
vida política y social, ¿de acuerdo?, trasladar todo aquello a la
realidad y hacerlo de la manera lo más rápida posible. En este ámbito,
el estamento de los juristas, ¿de acuerdo? Ustedes, cuando terminen el
grado, yo mismo, ¿de acuerdo? Como profesor o como licenciado en Derecho,
el estamento de los juristas destaca la sentencia en cuanto a la
interpretación de las normas, con esos criterios, esos valores superiores
jurídicos que instauran nuestra Constitución, la libertad, la igualdad,
la justicia, el pluralismo político, la dirección general de los
registradores o de los registros, el notariado, los profesores de
universidad, todos en aquel momento, ¿de acuerdo? Esa generación de
nosotros que perteneció en aquel momento fueron papel y clave
fundamentales para esa traslación a la realidad social de ese nuevo Estado
constitucional. Pero, evidentemente, este reconocimiento desbordó a los
operadores jurídicos y a los poderes públicos, ¿de acuerdo? Alcanzando a
las masas que la percibían como la participación en los procesos
democráticos y la garantía de los derechos y deberes y las libertades
fundamentales. Es decir, esto se trasladó, ¿de acuerdo?, a la población
que donde percibía la efectividad y la realización de la Constitución
era en esa posibilidad que anteriormente no tenían de participar. ¿De
acuerdo? En las elecciones, en los procesos democráticos para elegir a su
representante, en esa verdadera y eficaz garantía de los derechos y
libertades fundamentales reconocidos por la propia Constitución. Pero no
podemos olvidar que también la Constitución tuvo que vencer inercias,
¿de acuerdo? Es decir, ese traslado de manera por inercia que tenía el
régimen dictatorial y que las instituciones iban comportando, porque es
muy difícil cambiar además, ¿de acuerdo? Imagínense la administración,
que es un gran elefante lento, ¿de acuerdo? Y que en muchas ocasiones
actúa por inercia, pues de repente dile a esa administración que había
estado funcionando. Con las prebendas y con las premisas de ese régimen
dictatorial que dé un giro de 180 grados y que se ponga a caminar en la
senda constitucional de la democracia, de los derechos, de las libertades.
Pues es evidente que eso no es fácil conseguirlo, ¿verdad? No es fácil
ahora cambiar cualquier cosa en la administración, pues imagínense en
aquel entonces un cambio tan profundo, tan grave, tan serio, ¿de acuerdo?
Y también ciertas resistencias como retirar la tutela militar y
equisástica del poder político. Fíjense, ahora pasamos a ser un Estado
laico. Bueno, en nuestro caso somos un Estado aconfesional, como dice la
Constitución. Pero fíjense que durante el régimen anterior, durante esos
40 años de dictadura, España había sido católica, apostólica y romana.
Es decir, que se producía una coexistencia o un conflicto. Un coexercicio
del poder, ¿de acuerdo? Tanto por las autoridades civiles como por las
eclesiásticas. No tienen ustedes más que recordar viejas fotos de aquella
época donde en todas las procesiones, ¿de acuerdo?, y en todos los actos
públicos de cualquier pueblo o ciudad de España figuraban el alcalde, el
gobernador civil y el cura o el párroco o el obispo o el cardenal, según
fuera la entidad del acto, ¿verdad?, que lo recuerdan. Y también, ¿de
acuerdo?, la tutela militar que había del poder público. Es decir,
fíjense que si un régimen como el franquista tuvo una altísima eficacia
y un altísimo mantenimiento fue por la capacidad represiva de las fuerzas
a sus órdenes, ¿de acuerdo?, tanto las militares como las fuerzas y
cuerpos de seguridad. Eso no lo podemos olvidar. Pues, fíjense, trasladar
en todos esos colectivos, ¿de acuerdo?, el trasladar la idea, el hacerla
calar. Que se filtrara esa idea de, ojo, que ahora ya somos un Estado
social y democrático de derecho. Estamos regidos por una constitución y
que, por ejemplo, la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad o del
estamento militar de las Fuerzas Armadas, ¿de acuerdo?, depende única y
exclusivamente del gobierno, ¿de acuerdo?, que hemos elegido libremente a
través de nuestras elecciones libres y democráticas y que, por lo tanto,
están sometidas a la justicia. Están sometidas al mismo. ¿De acuerdo?
Fíjense que una de las primeras cosas que nos dice a este respecto la
Constitución en su artículo 104 es que la principal misión de las
fuerzas y cuerpos de seguridad es la de proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades del resto de ciudadanos. Bueno, pues todo eso fue
difícil. Pero además de todas estas dificultades que les estoy
explicando, también la Constitución española tuvo que vencer otras
inercias y resistencias, ¿de acuerdo? También cómo colocar a la
Constitución española por encima del rey, cómo el raciocinio o someter a
un raciocinio esos requerimientos de los partidos nacionalistas en Euskadi,
en Navarra, en Cataluña, también anular ese poder fáctico de hecho, ¿de
acuerdo? Ese miedo al ruido de sables del estamento. Ese miedo al ruido de
sables del estamento militar que estaba enraizado, ¿de acuerdo?, en la
memoria de la triste guerra civil que sufrimos y tratando, ¿de acuerdo?,
con mucho cuidado a las fuerzas armadas que solo asumieron el poder civil
sobre ellas, ¿de acuerdo?, a pesar del contenido del artículo 97 de la
Constitución. Pero fíjense que estuvimos aún tristes con las fuerzas
armadas de perder otra vez este régimen democrático y este régimen
constitucional cuando se produjo el intento de golpe de Estado del 23 de
febrero. De 1981. Fíjense las verdaderas dificultades a través de las
cuales ha transcurrido esa realización de la Constitución. También
supuso un especial cuidado la cuestión religiosa, es evidente, como les he
dicho, pero veníamos de acuerdo de una España católica apostólica y
romana, donde el peso eclesiástico, el peso y el poder de la iglesia se
combinaba en muchos casos con el poder civil del Estado. Por lo tanto, esto
se resolvió mediante la fórmula del artículo 16. Fíjense, recuerden lo
que nos dice el artículo 16 de nuestra Constitución en el ámbito de los
derechos fundamentales y libertades públicas. Se garantiza la libertad
ideológica, religiosa y de culto de los individuos. Y luego nos dice, en
su apartado tercero, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Ahora
bien, fíjense qué cuidadosos, ¿de acuerdo? Qué sutiles tuvieron que ser
los padres constituyentes a la hora de redactar la Constitución. Los
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia católica y con las demás confesiones.
Fíjense cómo, a pesar de declararnos como un Estado confesional, tuvo que
tenerse esa delicadeza, ese cuidado, nombrando específicamente dentro de
la Constitución a la Iglesia, y eso sí, a las demás confesiones.
también la imposición ¿de acuerdo? no olviden que en cuanto a que
nuestro Estado es una monarquía parlamentaria nuestra forma de gobierno,
la monarquía parlamentaria no olviden en ningún caso, ¿de acuerdo? que
aquí lo más importante es el adjetivo, ¿de acuerdo? más que el
sustantivo, no nos interesa tanto que sea monarquía sino que
verdaderamente lo que es es parlamentaria y que por lo tanto el verdadero
poder reside en el Parlamento, en el Congreso y Senado y en esos
representantes que nosotros elegimos libremente, pero tengan en cuenta que
hay algo, una cuestión que es muy importante destacarla y recordarla
Franco sabía como cualquier ser humano que se iba a morir, eso es
evidente, ¿de acuerdo? no creo que tuviera infular de inmortalidad o
infular de grandeza, ¿de acuerdo? de grandeza inmortal y eterna, sino que
sabía que se iba a morir por ello, dentro de esas leyes fundamentales que
se publicaron durante el régimen franquista se aprobó en 1948 la ley para
la sucesión de la cefatura en el Estado, ¿de acuerdo? Y en aquel caso ya
a quien nombró, en este caso a quien nombró como sucesor, porque lo que
quería Franco era perpetuar el régimen, es decir, él era consciente de
que se iba a morir, pero el régimen que él había instaurado, este
régimen franquista, ¿de acuerdo?, lo que pretendía era perpetuarlo. ¿A
través de quién? A través del rey, ¿de acuerdo? Él nombró, en la ley
para la sucesión de la cefatura del Estado, a quien nombró como sucesor
fue a Juan Carlos I de Borbón. Y no olviden que si Franco falleció el 20
de noviembre de 1975, el 23 de noviembre de 1975, don Juan Carlos I de
Borbón estaba jurando y a respetar y hacer respetar los principios del
movimiento nacional franquista, ¿de acuerdo? Luego imagínense la
carambola, ¿de acuerdo?, jurídica, que se hubo de hacer para luego
trasladar, ¿de acuerdo?, esa situación a la forma de monarquía
parlamentaria que tenemos en la actualidad y que en un principio vino
representada en la cefatura del Estado por don Juan Carlos I de Borbón, al
cual se le nombra expresamente nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Para
que figurara como una monarquía parlamentaria, es decir, que el rey reina
pero no gobierna, que tiene autóritas pero no potestas, que no tiene
ningún poder de decisión, sino más. No puede hacer más que aquello,
¿de acuerdo?, que le permite la Constitución o le ordena la Constitución
española y las leyes. Otra cuestión de fundamental importancia, ¿de
acuerdo?, en el ámbito de la Constitución también fue la creación de
las comunidades autónomas. ¿Y esto por qué? A ver, no olviden ustedes,
en ningún caso, que entre muchísimos factores, ¿de acuerdo?, pero que
tres factores principales que motivaron la guerra civil española fue, por
un lado, la Iglesia Católica, la religión, ¿de acuerdo?, cuando en la
Constitución de la Segunda República se estableció que íbamos a ser un
Estado laitario. Pero, por otro, también fue muy importante la cuestión
de la integridad territorial. Y es que en aquella Constitución de la
Segunda República también se reconocía determinados regímenes
preautonómicos a Cataluña o el País Vasco, por ejemplo. Y eso fue uno de
los factores, ¿de acuerdo?, de los motivos de la guerra civil. Luego, para
cerrar esa herida, fíjense cómo tuvo que configurar, ¿de acuerdo?, la
Constitución, la organización territorial del Estado. Y esto ya lo hace
en su artículo... Segundo, y fíjense lo que nos dice. La Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Es decir, esto
lo damos por cerrado, ¿de acuerdo? La nación española es única e
indivisible, indisoluble, ¿de acuerdo? Patria común indivisible de todos
los españoles, pero, pero, ¿de acuerdo? No vamos a ser ciegos, no vamos a
no ver la realidad, sino que vamos a reconocer y garantizar el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y a la
solidaridad entre todas ellas. Es decir, no vamos, ¿de acuerdo? En ningún
caso la Constitución española reconoce ningún tipo de soberanía más
allá que la soberanía de la unidad, o sea, la soberanía del pueblo
español y la unidad, ¿de acuerdo? Y la indisolubilidad de la nación
española. Pero sí que reconocemos que hay ciertas diferencias que sí que
hay ciertas reclamaciones de carácter nacionalista y lo que vamos a hacer,
¿de acuerdo? Es abrir un proceso que es el proceso de las autonomías y,
por lo tanto, lo que se creó fue el Estado de las Autonomías que es el
que tenemos actualmente y que lo tenemos así configurado, ¿de acuerdo?
Como Estado descentralizado, complejo Estado de las Autonomías en virtud
de la explicación que les acabo de dar y que es muy importante conocer. En
definitiva, estas tres proyecciones, ¿de acuerdo?, o las proyecciones en
la realidad social y política, la podemos diferenciar en tres planos, ¿de
acuerdo?, que en ningún momento los podemos ver, estas proyecciones de la
Constitución en la realidad política y social, como algo estático, ¿de
acuerdo?, como una proyección y ya está, sino como algo dinámico, como
un movimiento constante de actualización. Por un lado, ¿de acuerdo?,
vamos a diferenciar tres planos. El primero, por contenidos normativos
específicos de cada derecho fundamental en particular, a través de los
mecanismos de control de su supremacía y aplicabilidad, ¿de acuerdo?, es
decir, la Constitución se ha preocupado muy, muy mucho de que los
desarrollos normativos, es decir, las leyes que desarrollan los derechos
fundamentales y las libertades públicas, respeten su contenido esencial.
Es decir, que no se queden en una mera quimera, en un mero proyecto a
alcanzar, sino que realmente, si estos se ven vulnerados, se ejercen las
consecuencias jurídicas oportunas. También en decisiones estructurales de
la Constitución Española. Somos un Estado social y democrático de
derecho. De hecho, somos un Estado autonómico e internacional. Somos un
Estado abierto, donde, fíjense, en el artículo 10 de nuestra
Constitución nos dice que todo aquello que tenga referencia a nuestros
derechos fundamentales y a las libertades públicas, cuando haya algún
tipo de duda, lo tendremos que interpretar de acuerdo a la normativa
internacional, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
aquellos tratados y acuerdos internacionales que hayan sido ratificados por
España. Por lo tanto, somos un Estado... Un Estado abierto, ¿de acuerdo?
Y, finalmente, el tercer plano de proyección es la supremacía absoluta de
la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico y el control
de constitucionalidad y la jurisprudencia que establece al respecto nuestro
Tribunal Constitucional. Podemos diferenciar tres bloques de competencias,
¿de acuerdo? En cuanto a estas que ejerce el Tribunal Constitucional en
esa defensa de la Constitución y esa garantía de que nuestra
Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento. Por un lado,
resolver los conflictos de competencias, ¿de acuerdo?, entre órganos
constitucionales y entre el Estado y las comunidades autónomas y las
comunidades autónomas entre sí. En definitiva, lo que hace en este
aspecto el Tribunal Constitucional es establecer criterios técnicos que
permiten tratar con coherencia y certeza el complejo normativo que supone,
¿de acuerdo?, que estemos en un Estado complejo donde encontramos un
órgano o un foco, ¿de acuerdo?, de un núcleo de poder como sería el
Estado y luego otros 17 núcleos de poder que serían el resto de
comunidades autónomas. Por supuesto, el amparo... El amparo de los
derechos fundamentales frente a la injerencia de los poderes públicos,
¿de acuerdo?, como último control que se ejerce incluso sobre el poder
judicial respecto al respeto o la posible vulneración de esos derechos
fundamentales y esas libertades públicas. Finalmente, ¿de acuerdo?, la
validez de las leyes, ¿de acuerdo?, es decir, el control de
constitucionalidad que se hace sobre las leyes. Entonces, por lo tanto, en
definitiva, la jurisdicción constitucional, ¿de acuerdo?, en España
resuelve de un modo muy técnico los conflictos de poder y guía la
interpretación y la aplicación de las leyes. Pero apenas, ¿de acuerdo?,
tenemos que decir, cuestiona la actividad del legislador en el desarrollo
de la Constitución española. Las mayorías políticas apenas han
encontrado límites en la Constitución española. Es cierto, ¿de
acuerdo?, que si bien el Tribunal Constitucional está estableciendo un
control muy técnico, como les estoy diciendo, en cuanto a esos conflictos
de poder, en cuanto al establecimiento de los límites al legislativo
frente al respeto a la Constitución, digamos que podemos decir que está
siendo un poco laxo, ¿de acuerdo?, y es que cuando se invoca la
inconstitucionalidad de una propuesta política como estrategia jurídica
de oposición a la misma, es el modo en el cual se realiza, ¿de acuerdo?,
este asunto. Es decir, que se ha banalizado, es decir, que cuando se
recurre en inconstitucionalidad a una ley, más bien se hace, ¿de
acuerdo?, como una oposición política a la mayoría que está en este
mundo. En ese momento, que como una cuestión verdaderamente de control
técnico o de limitación o de sometimiento de esa ley a la
constitucionalidad. En definitiva, esto se lo define o lo definen como
constitucionalismo militante, que deja de considerar admisibles todas las
opciones políticas, sino sintonizan con los principios fundamentales que
se identifican con la Constitución española. Así se define. Bien, en
nuestra Constitución española tenemos que recordar una cuestión y esa
también es muy importante, ¿de acuerdo? Y es que no existen en ningún
caso principios intangibles. ¿A qué me refiero con principios
intangibles? Miren, en constituciones como la alemana actual, como la ley
fundamental de Bonn de 1949, existen intangibles. Intangibles lo que
significa es que por mucha reforma de la Constitución que puedan realizar,
hay diversas cuestiones, como que Alemania sea un estado democrático, como
que Alemania sea otra determinada serie de cuestiones, que no se pueden
modificar. De ninguno de los modos. Puedes reformar la Constitución como
quieras, pero esos son intangibles. Esto no se puede reformar. Sin embargo,
en nuestra Constitución no existen intangibles, ¿de acuerdo? No existe
nada que no se pueda modificar en el ámbito de la reforma constitucional.
Eso sí, lo único que se exige, recuérdenlo, título 10 de la
Constitución española. Es que estas modificaciones, esta reforma
constitucional, se lleve a cabo por los procedimientos democráticos
contenidos en la misma. Claro, ¿en qué puede incurrir esto? En una
instrumentalización de la Constitución, ¿de acuerdo? Es decir, en
intentar o a través del intento de perturbación de la independencia y
prestigio del Tribunal Constitucional para influir en decisiones relevantes
en el mismo. Es decir, en intentar, ¿de acuerdo?, instrumentalizar la
Constitución, es decir, someterla, traerla a un juego político, ¿de
acuerdo? Fíjense, a esto lo que me estoy refiriendo en todo momento es
esta división que ustedes habrán percibido en cualquier momento y en esa
artificiosa división, porque además es artificiosa y no tiene nada que
ver con la realidad, de partidos constitucionalistas con los que no son
constitucionalistas. ¿Verdad que lo han oído? Es decir, intentando
identificar a los partidos que se autodefinen o autodenominan como
constitucionalistas y excluyendo aquellos partidos, ¿de acuerdo?, que no
comulgan o no sintonizan con sus intereses. Y eso es algo que es una burda,
¿de acuerdo?, es una burda instrumentalización de la Constitución. Es
decir, la Constitución no contiene ningún tipo de intangible. Por lo
tanto, si se dan y se respetan... Los procedimientos de reforma que la
misma tiene, ¿de acuerdo?, en ningún caso se podrán más que discutir,
debatir y sometido a esos procedimientos democráticos alcanzar cualquier
tipo de cambio en la Constitución. En definitiva, lo que no se puede decir
es que porque alguien... o algún partido, o alguna minoría, proponga
algún tipo de modificación de la Constitución, inmediatamente
instrumentalizarla y decir que ese cambio ataca a la propia Constitución.
Porque eso es una burda instrumentalización de la Constitución. Y además
intentarlo hacer, como les decía anteriormente, perturbando la
independencia y el prestigio del Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo?
Fíjense en el juego político al cual se somete la Constitución, haciendo
falsas identificaciones, ¿de acuerdo? Es decir, lo que no se puede, es
decir, sí que es legítimo plantear un recurso de inconstitucionalidad,
faltaría más, ¿de acuerdo? Para eso está el Tribunal Constitucional,
para dirimir, en ese caso, en el ejercicio de su independencia y en el
cumplimiento de sus deberes, dirimir si verdaderamente una ley puede ser
inconstitucional o no. Pero no decir que porque una ley proponga, ¿de
acuerdo? Determinar circunstancias, entrar al juego político de que eso va
contra la propia Constitución. Es decir, victimizar a la Constitución al
amparo o bajo el sometimiento al juego político. Pueden, y eso es
importante, antes de que lo vayan detectando ya, ¿de acuerdo?, que
reflexionen sobre todos estos planteamientos que pueden observarlos en
cualquier momento y en cualquier medio de comunicación y que reflexionen,
¿de acuerdo?, si verdaderamente el contenido de nuestra Constitución y
esos valores superiores, ¿de acuerdo?, bajo los que se inspira. Y no lo
olviden que son la libertad, la justicia, el pluralismo político y la
igualdad, ¿de acuerdo?, es decir, son respetables todas las opciones
políticas en condiciones de igualdad siempre y cuando, ¿de acuerdo?,
respeten las normas, los procedimientos democráticos y los procesos que
están establecidos. Reflexionen sobre ello, que yo creo que es algo muy
importante. También, ¿de acuerdo?, esta instrumentalización se ha
llevado al modo de selección de los magistrados, de modo que no se
consensúan nombres concretos sino el reparto del número de candidatos, lo
que se llama el filibusterismo político, ¿de acuerdo?, o produciéndose
bloqueos prolongados para alcanzar esos acuerdos, es decir, ya saben que en
el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, que son
doce, Participa y eligen cuatro, el Congreso, cuatro, el Senado, dos, el
Gobierno y dos, el Consejo General del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Tanto
el Consejo General del Poder Judicial como el Congreso y el Senado por
mayoría de tres quintos. Pues fíjense, claro, a la instrumentalización,
a la contaminación y al vicio que les estoy explicando, con el cual se
pretende atacar al Tribunal Constitucional, se entra a través de lo que se
denomina el filibusterismo político. Es decir, que ya no se debate, no se
discute en cuanto a la mayoría de tres quintos sobre esos juristas de
reconocida competencia, de prestigio, de reconocimiento. ¿De acuerdo? En
cuanto a su capacidad y a su formación jurídica, sino que lo que ya se
hace es ese mero reparto, ¿de acuerdo?, del nombramiento de candidatos
entre partidos. Es decir, yo te apoyo para que consigas esa mayoría de
tres quintos, apoyo a tu candidato, al de tu partido, si tú apoyas al
mío, para que se den cuenta cómo está entrando. O bien, si no llegan a
dar acuerdo, bloqueando y perpetuando, ¿de acuerdo?, y retrasando las
renovaciones. Trigenales a las cuales se debe llegar en el Tribunal
Constitucional. Y eso es importante porque, fíjense, imagínense que el
Tribunal Constitucional tiene que tomar una decisión sobre la
constitucionalidad o la no constitucionalidad de una ley. Pues si yo, en el
ámbito de la renovación trienal que tengo que hacer del Tribunal
Constitucional, acelero o retraso ese proceso de renovación, yo puedo
modificar el resultado. Porque se van a mantener unas mayorías hacia un
lado o unas mayorías hacia otro dentro del seno de ese Tribunal
Constitucional. Y eso pervierte también el sistema. Bueno. Pero,
finalmente, también que sepan respecto al Tribunal Constitucional que,
finalmente, tuvo que aprobarse la Ley Orgánica 15 barra 2015 para llegar a
la imposición coactiva de sus decisiones, puesto que no estaba habilitado
ningún procedimiento para que se hiciera el obligatorio cumplimiento de
las decisiones que él mismo tomaba. Bueno, con esto daríamos por vista,
¿de acuerdo?, lo que es la… la realización de la Constitución y ahora
entraríamos ya a establecer el Estado de Derecho. Entraríamos en el tema
6 y empezaríamos con el Estado de Derecho. Vamos a ver qué es esto del
Estado de Derecho, cuestión que es fundamental. Fíjense que al final el
Estado de Derecho no se trata más que someter el ejercicio del poder al
derecho, pero con un único objetivo, garantizar la libertad. A mí siempre
me gusta utilizar una metáfora o una, digamos, sí, una metáfora visual,
¿de acuerdo?, una imagen, que yo creo que les ayudará mucho a entender
este concepto. Fíjense en una cuestión que es importante. Vamos a ver si
se la consigo trasladar adecuadamente. El derecho, ¿de acuerdo?, son las
normas, las normas que someten al poder, ¿de acuerdo? Es decir, el poder
debe ir orientado, debe situarse sobre el carril que establecen las normas.
No puede actuar arbitrariamente. A mí siempre me viene a la imagen, a la
cabeza, de el derecho es el jinete, ¿de acuerdo?, que sujeta a través de
las riendas el poder, que es el caballo, ¿de acuerdo?, y el que lo dirige.
Eso es, ¿de acuerdo?, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es, sí,
está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, está el Poder
Ejecutivo, pero todos ellos están sometidos al derecho. No pueden actuar,
es decir, de buena mañana me levanto y digo, bueno, voy a ver qué
decisiones tomo y todas son válidas. No, yo puedo tomar las decisiones que
sean acordes a la ley, ¿de acuerdo?, que estén sometidas al imperio de la
ley, al derecho. Pero fíjense en una cuestión muy importante que no
podemos obviar en este tipo de reflexión, ¿de acuerdo?, para que ustedes
también, si tienen tiempo o tienen interés, le den una vuelta. El jinete,
¿de acuerdo?, que es el derecho y que sujeta al poder a la vez, fíjense,
que es ese poder, por ejemplo, el legislativo, el que establece el derecho.
Fíjense en esta retroalimentación. Es decir, yo, Poder Legislativo, creo
las leyes, ¿de acuerdo?, que luego además me van a sujetar y de las
cuales no me voy a poder salir. De ahí el equilibrio de poderes que para
eso va a estar el Poder Judicial, por otro lado, para verificar si yo he
actuado de acuerdo con las leyes, ¿de acuerdo?, o el Ejecutivo a la hora
de aplicarlas, ¿verdad? Ahí está, digamos, de un modo muy sucinto, ¿de
acuerdo?, de un modo muy breve, en la teoría de la independencia o el
Ejecutivo. El equilibrio de poderes. En definitiva, lo que tenemos que
tener claro... Es que el derecho fija el marco de actuación de los poderes
públicos. Y fíjense que nuestra Constitución nos dice en su artículo 1,
que son valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, la justicia,
la libertad, la igualdad, el pluralismo político, ¿de acuerdo? Que
España es un Estado social y democrático de derecho. Y que luego en su
artículo 9 nos dice, dice, los ciudadanos y los poderes públicos, todos,
¿de acuerdo? Están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico. Es decir, es el principio del imperio de la ley. Bien, en
definitiva, el Estado de Derecho surgió fruto de los diferentes
procedimientos revolucionarios para sustituir el Estado absoluto, siendo
algo definitorio de los estados constitucionales. Claro, la revolución...
La revolución francesa de 1789. ¿Qué pretendió la revolución francesa?
Soltar el pueblo, lo que pretendió, soltar las amarras del poder soberano,
¿de acuerdo? De la monarquía absolutista, de que tomara las decisiones
libremente a su libre albedrío. Y, por lo tanto, de ahí surgió la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791 en Francia,
donde ya se incluía al ciudadano, ¿de acuerdo? A la persona por su
dignidad, a la igualdad entre las personas. Igualmente pasó en la guerra
de la independencia de las colonias británicas frente a la corona, que dio
como fruto la constitución de los Estados Unidos de 1787, que comienza
diciendo nosotros el pueblo americano, de decir nosotros los que tenemos el
verdadero poder. Y de ahí es el fruto del nacimiento de los estados de
derecho, que además se identifica como los estados constitucionales, en
virtud de que precisamente es la constitución la que viene a establecer
estos estados de derecho. Estados que a lo que están destinados es a
garantizar la libertad individual, así comenzaron, de acuerdo, bajo esos
principios que recogía la declaración o la constitución de los Estados
Unidos en cuanto al reconocimiento de los derechos de la libertad y la
propiedad, y el desarrollo y protección de esa libertad individual. Por
supuesto, el estado de derecho, como les he dicho, está muy
indisolublemente unido, de acuerdo, a la separación de poderes, de
acuerdo, busca la división del equilibrio y la búsqueda del equilibrio de
poderes, ese condicionamiento. El contrapreso, ese freno entre el
legislativo, el ejecutivo y el judicial, y por supuesto el sometimiento del
poder al derecho y el imperio de la ley. El sometimiento, por ejemplo, del
Gobierno, del Ejecutivo al Parlamento como representante de la soberanía.
De ahí esa capacidad que tiene nuestro Congreso de los Diputados de
establecer la moción de censura sobre el presidente del Gobierno. También
de la independencia de los jueces, de ese poder judicial independiente que
entra como contrapeso a este equilibrio de poderes o del control judicial
que se establece de la Administración. Es decir, cuando nosotros no
estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado una Administración
pública y, por lo tanto, un Gobierno que puede ser autonómico, nacional o
local, recurrimos al poder judicial, en este caso la jurisdicción
contenciosa administrativa, para que, como poder judicial independiente,
verifique si esa actuación de la Administración ha sido acorde a la ley o
no ha sido acorde a la ley. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno, por hoy, dada
la hora ya, es suficiente. Nos emplazaríamos para el próximo día, que
continuaríamos en cuanto al Estado de Derecho en nuestra Constitución
española. Es decir, vamos a trasladar toda esta teoría a la realidad de
la Constitución que tenemos nosotros vigentes. Y ahora daríamos paso a
dudas, a cuestiones o a planteamientos que puedan realizar.