Bien, buenas tardes. Hoy vamos a abordar ya el tema 10 de las
Administraciones Públicas correspondiente a la asignatura Derecho
Constitucional III del Grado en Derecho. Y bien, como para introducirnos en
las Administraciones Públicas tenemos que recordar en principio que este
complejo organizado de forma estable y que por supuesto está al servicio
del interés general es un instrumento al servicio de los intereses
generales que evidentemente intereses que vienen definidos por el propio
poder legislativo o por el legislador. Tenemos que ver que las
Administraciones Públicas actualmente están reguladas por las dos normas
gemelas que se denominan, incluso si a mesas, que son la Ley 40-2015 de 1
de octubre, la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, donde se
regulan las relaciones ad intra, es decir, entre Administraciones, el
funcionamiento interno y las relaciones que se establecen entre
Administraciones, también los principios de la potestad sancionada y la
responsabilidad patrimonial. Y la otra ley, que es la Ley 39-2015, también
de 1 de octubre, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de
Administraciones Públicas, donde lo que viene a regular son las reglas de
la Constitución Constitucional y de la Constitución Pública, donde se
regulan las relaciones ad extra, es decir, hacia el exterior, los asuntos
procedimentales que tienen una incidencia externa y, por supuesto, la
Administración Electrónica. Para abordar la configuración que tenemos en
la Constitución Española sobre la Administración, nos tendremos que
primero dirigir al artículo 9.3 de nuestra Constitución, donde nos
establece, ya lo saben, una serie de principios, que son los principios
que, por supuesto, afectan directamente a la Administración, como son el
principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las
normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables
o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos. Este artículo se ve complementado por el artículo 97 de
nuestra Constitución, que lo encontramos en la sede del Gobierno y de la
Administración. El título cuarto, donde nos dice que es el Gobierno quien
dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar
y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad
reglamentaria de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Ya sería el
artículo 103 de nuestra Constitución, destinado específicamente a la
Administración Pública, donde nos dice que la Administración Pública
sirve con objetividad los intereses y actúa de acuerdo con los principios
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Por supuesto,
los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y
coordinados de acuerdo con la ley. Ello se complementa con el artículo
106, que establece el control de la actividad de la Administración, en
este caso por el Poder Judicial, puesto que son los tribunales
reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el
sometimiento de ésta a los fines que la justifican y, por lo tanto,
también establece los principios de la responsabilidad patrimonial. El
primero, lo que acabamos de comentar, nos habla de la jurisdicción
contencioso-administrativa y, el segundo, los particulares en los términos
establecidos por la ley. Tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
administrativo. De los servicios públicos establece, por lo tanto, el
principio de la responsabilidad patrimonial. Bien, ese es el elenco de
artículos que tenemos en nuestra Constitución Española destinados a la
Administración Pública. Pero de la lectura de ellos yo creo que la
primera duda que nos puede acometer es qué diferencias existen, por lo
tanto, entre el Gobierno y la Administración. Y es que tenemos que
recordar que el Gobierno y la Administración son orgánicamente distintos.
El Gobierno la dirige, pero no forma parte de ella, aunque en la estructura
de la Administración también aparecen miembros del Gobierno como son los
ministros. Pero, en definitiva, son las funciones políticas de esos
ministros las que se encuentran sometidas a una regulación distinta y, por
lo tanto, los extrae del concepto puro de lo que es la Administración.
Como decía el maestro Óscar Alzaga, mientras que el Gobierno, como dice
el maestro Óscar Alzaga, ha sido colegiado, que ha de asumir la dirección
política de un país que se renueva periódicamente y al que se confieren
funciones constitucionales, la Administración es una realidad técnica, no
política y permanente, que sobrevive a los cambios del Gobierno como no
podía ser de otra manera. De ahí que debamos diferenciar dos figuras que,
a pesar de la lectura que hemos hecho de los artículos de la Constitución
que van dirigidos hacia la Administración Pública, es evidente que se
interrelacionan, pero que en ningún caso podemos identificar las mismas.
Es decir, Gobierno y Administración. Por lo tanto, como dice el maestro
Óscar Alzaga, es muy importante distinguir que la Administración es una
realidad técnica, que viene regulada perfectamente por la ley, mientras
que los gobiernos, que se van sucediendo en cada una de las
Administraciones, son temporales, van sucediéndose unos a ellos y
entrarían más dentro del ámbito de las funciones políticas. Otra
segunda cuestión a destacar, muy importante, es el carácter instrumental
de la Administración. Y es que la Administración es una completa y
compleja organización que tiene como fin nada más y nada menos verdad que
la organización del Estado. El Estado de derecho, además, somete la
actuación del Estado a la ley y el Estado social demanda esa actuación,
en esa interrelación del concepto que establece nuestro artículo 1 de la
Constitución, como es el de un Estado social y democrático de derecho. La
Administración, en cuanto a su legitimidad democrática, tenemos que
vincular, además de esos principios, ese control y esa responsabilidad que
está establecida, en que, como ya sabemos, es el Gobierno el que dirige la
Administración, pero el presidente de ese Gobierno es investido en la
sesión de investidura, como ya vimos por el Congreso de los Diputados, y a
partir de ahí se crea la Administración, luego que, en definitiva, en esa
intervención, en esa interrelación entre el Gobierno, de acuerdo, el
presidente del Gobierno y la sucesión de investidura por el Congreso de
los Diputados, podemos obtener, de acuerdo, y clarificar esa legitimidad
democrática de la Administración. En nuestro caso, en España, además,
tenemos que destacar que tenemos una Administración muy compleja. ¿Y de
qué? ¿Y por qué es debido? Bueno, pues porque nos encontramos en un
Estado descentralizado. Y así nos encontramos que encontramos diferentes
tipos de Administraciones, puesto que tenemos los municipios, de acuerdo,
que tienen sus potestades administrativas y que las ejercen a través de
los ayuntamientos, las provincias, de acuerdo, que también tienen sus
potestades administrativas y que las ejercen a través de las diputaciones
provinciales, y las comunidades autónomas que, como órganos
descentralizados de poder, de acuerdo, dentro de este Estado, además de
esas potestades administrativas, también encontramos las legislativas o el
autogobierno. Potestades legislativas que desarrollan a través de sus
asambleas parlamentarias y el gobierno que desarrollan a través de sus
diferentes gobiernos autonómicos. Por lo tanto, nos encontramos en que
tenemos dentro de esta organización compleja de carácter territorial y de
carácter descentralizado, por un lado la Administración General del
Estado, por otro lado las Administraciones de cada una de las comunidades
autónomas y finalmente las Administraciones de las entidades locales. En
cuanto a la Administración General del Estado, es bueno recordar que
tenemos que diferenciar, de acuerdo, la Administración General del Estado.
Nos referimos a la Administración Central For elevation of capacity, o a
la Administración General de la Periférica. Cuando hablamos de la
Administración General del Estado Central nos referimos, de acuerdo, a los
órganos superiores ministros y secretarios de estado y a los órganos
directivos, sus secretarios, secretarios generales, secretarios generales
técnicos, direccionales generales, que los encontramos en Madrid. ¿De
acuerdo?, es el Administración Central. Mientras que la periférica vienen
a ser las delegaciones y subdelegaciones de gobierno que encontramos como
Administración Periférica de la Central central del Estado, en cada una
de las comunidades autónomas en cuanto a las delegaciones del Gobierno y
en las provincias en cuanto a las subdelegaciones del Gobierno. Tenemos que
hablar que no solo existen, como hemos visto hasta ahora, hemos visto, de
acuerdo a la Administración General del Estado, las administraciones
autonómicas y las administraciones locales, que son administraciones
territoriales, como por ejemplo en el caso de las administraciones locales,
el municipio o la provincia, sino que también existen administraciones que
no son territoriales. Y estamos refiriéndonos al sector público
institucional, el que viene regulado y viene contenido en el artículo 84
de la Ley 40 barra 2015, que hemos nombrado antes, de 1 de octubre, del
régimen jurídico del sector público. ¿De qué estamos hablando cuando
hablamos del sector institucional y no de las administraciones
territoriales, pero que vienen reguladas también por la misma normativa y
sometidas a los mismos principios? Pues estamos hablando de los organismos
públicos vinculados y dependientes, de los organismos autónomos, de las
entidades. De las empresas empresariales, de las corporaciones públicas
también, en su caso, colegios profesionales o cámaras de comercio.
Estamos hablando, por ejemplo, de ADIF, ¿de acuerdo? Estamos hablando de
ADIF como gestor de la infraestructura viaria. Estamos hablando de AENA
como gestor de infraestructuras de aeropuertos. Estamos hablando de
entidades o de administraciones independientes, como la Agencia Española
de Protección de Datos, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte del
conglomerado del sector. El sector institucional de la administración
pública. Y también tenemos otro tipo de administraciones, ¿de acuerdo?,
que son las de otros órganos constitucionales que se rigen por su
normativa específica, como son las Cortes, el Tribunal Constitucional,
¿de acuerdo?, el Consejo General del Poder Judicial, la Casa Real o el
Defensor del Pueblo, que se regula por su propia normativa específica,
escapándose, ¿de acuerdo?, en este caso, a la Ley 39-2015 y a la Ley
40-2020. En ciertos aspectos, por supuesto. En cuanto al artículo más
importante que tenemos que destacar en la Constitución Española respecto
de la administración, tenemos que recordar que es el artículo 103. Y
recordamos que el artículo 103 nos establece, volvemos a recordarlo, nunca
está de más, que la administración pública sirve con objetividad a los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia
jerárquica y de descentralización, desconcentración y coordinación con
sometimiento pleno a la ley y al derecho. Vamos a ver un poquito, ¿de
acuerdo?, qué quiere decir cada uno de estos principios que son
importantes en cuanto al conocimiento de la forma de funcionamiento y de la
actuación de la administración. En primer lugar, debemos destacar el
punto, el apartado final, ¿verdad?, de este artículo, que es el
sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y esto lo que establece es la
limitación del Gobierno y la administración bajo el sometimiento a la
ley. A la Constitución, como dice, y al resto del ordenamiento jurídico.
En definitiva, que la administración solo puede realizar lo que le permite
la ley, que no cabe actuación alguna de la administración que no venga
atribuida por una norma jurídica, que la administración no está ahí
para tomar sus decisiones libremente, actuar o no actuar, o actuar de una
manera o actuar de otra, sino que viene plenamente sometida a lo que
establezca la norma jurídica de aplicación a la misma. Sí que tenemos
que diferenciar quizás, ¿de acuerdo?, lo que es la actuación
completamente reglada de la administración de lo que sería la actuación
discrecional. Completamente reglada a lo que se refiere es que la
administración no puede hacer más que lo que le dice la ley que haga,
¿de acuerdo? Es decir, es un ejemplo de actuación reglada de la
administración cuando una administración local, por ejemplo, un
ayuntamiento concede una licencia municipal. En ese caso, el ayuntamiento
no hace más que comprobar si en la solicitud que presenta el ciudadano o
la ciudadana, para obtener esa licencia municipal, cumple con los
requisitos legales para su abstención. Si los cumple, se la tiene que
conceder. En ningún caso se puede denegar a ello. Y si no los cumple,
tiene que denegarle esa licencia en virtud de esos incumplimientos. Pero,
por lo tanto, la actuación de la administración es completamente reglada.
No puede decidir, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de margen
discrecional, en este caso, lo que dice la ley es puedes, entre este punto
y este punto, tu administración puede decidir, entre uno de ellos, siempre
que lo hagas de una manera razonada. Eso sería actuación discrecional. Y
cuando se sale de esos márgenes de la actuación discrecional, estaríamos
hablando de la arbitrariedad de la administración, que, como dice el
artículo 103 de la propia Constitución, está absolutamente prohibida.
¿Cómo se controla todo esto? Bueno, pues se establecen dos tipos de
controles. Uno, la reserva de ley, ¿de acuerdo? Ese sometimiento al
principio de legalidad que tenemos en la regulación de la administración.
Y por otro, como hemos dicho, el control judicial a través de los
tribunales y los jugadores de los contencios administrativos de las
actuaciones, ¿de acuerdo? Que puede llevar a cabo la administración
pública. Nos habla este artículo de otros principios de organización de
la administración. Hemos hablado de la jerarquía. La administración es
una organización jerarquizada. ¿Qué quiere decir ello? Pues que los
órganos superiores impulsan, controlan y supervisan a los órganos
inferiores que tienen un deber de obediencia, ¿de acuerdo? También en
cuanto eso se traslada al sistema de recursos. Es decir, está establecido,
por ejemplo, el recurso de alzada. Cuando yo no estoy de acuerdo con la
decisión que ha adoptado un órgano de la administración, puedo recurrir
en alzada, como su propio nombre indica, ante el órgano superior para que
resuelva, ¿de acuerdo?, ese conflicto. También la coordinación, ¿de
acuerdo? Tenemos que recordar que en el ámbito de la coordinación existe
cierto poder del que coordina frente al coordinado. No siempre deriva de un
principio jerárquico, pero se trata de establecer una actuación de modo
coordinado. Es más, muy importante este principio en el ámbito, como
estamos comentando, de un estado descentralizado, donde se solaman e
intervienen multitud de administraciones. Hemos hablado de la
Administración General del Estado, de las comunidades autónomas o de los
entes locales, ¿de acuerdo?, o entidades locales. Y la coordinación es un
aspecto fundamental, pues, para... para evitar precisamente esos
solapamientos o incluso vacíos en los cuales no intervenga ninguna de las
administraciones. Otro principio que va muy en relación, pero hay que
diferenciar porque no tienen... no significan lo mismo, es el principio de
descentralización y el principio de desconcentración. Cuando hablamos de
descentralización, de lo que estamos hablando es del traspaso de
competencias a determinadas Administraciones Territoriales, más cercanas
al ciudadano, para mantener mayor eficacia. Es decir, en este caso, yo lo
que estoy haciendo es traspasar competencias para que sean más cercanas al
ciudadano y, por lo tanto, las traslado a otras Administraciones. Este
sería el clásico ejemplo de la transferencia de competencias o traspasos
de competencias que se han producido en el ámbito entre el Estado y las
comunidades autónomas. Mientras que desconcentración, ¿de acuerdo?,
sería como en la descentralización, pero en el interior de un mismo de la
Administración, ¿de acuerdo? Ya no sale esa competencia de una
Administración hacia otra, sino que en este caso la desconcentración lo
que trata es que un órgano superior desconcentra en órganos que
pertenecen a la misma Administración o delega, sería mejor la palabra,
¿de acuerdo?, una serie de competencias. Por eso delega, pero en este caso
lo que hace es desconcentrar esas competencias. Pues, por ejemplo, la
Administración central, la Administración general del Estado de su
Administración central en su Administración periférica, acabamos de
comentar antes. La desconcentración, además, es distinta de la
delegación, ¿de acuerdo?, y de la vocación, que en este caso lo que
permite es que un órgano administrativo desconcentre en otro órgano
dependiente de aquello. Por lo tanto, nos quedamos con estos conceptos
descentralización, desconcentración y los distinguimos del ámbito de la
delegación, ¿de acuerdo? Hablábamos también en el artículo 103 de los
principios de actuación y tenemos que recordar que encontramos desde la
eficacia, ¿de acuerdo?, eficacia lo que significa es el objetivo alcanzar,
¿de acuerdo?, a través de sus principios de jerarquía,
descentralización y desconcentración y coordinación, son los poderes y
prerrogativas de los que disponen las Administraciones para alcanzar sus
fines. Por lo tanto, la eficacia es el mejor, ¿de acuerdo?, la capacidad
de alcanzar los objetivos que tiene establecidos esa Administración. La
eficiencia es alcanzarlos, ¿de acuerdo?, en este caso utilizando del mejor
modo posible, del modo más económico posible, los recursos de los que se
dispone. La objetividad, por supuesto, que viene también relacionada con
esa diferencia que establecíamos entre Administración y Gobierno y esta
objetividad lo que significa es la neutralidad derivada del servicio a los
intereses generales y no al Gobierno que esté dirigiéndola en cada
momento, ¿de acuerdo?, manteniéndose los servicios públicos fuera de
todo conflicto entre intereses particulares e intereses generales. Por eso
se asegura, mediante la diferente normativa, la imparcialidad de los
funcionarios públicos y la inamovilidad del funcionario de carrera.
También establece los principios, ¿de acuerdo?, de participación y
transparencia. Así esto se establece en el derecho de audiencia a los
ciudadanos, del que nos habla el artículo 105 de la Constitución, el
derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, y este
derecho a la participación y a la transparencia ha venido desarrollado por
la Ley 19-2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y al
Buen Gobierno, donde nos habla de las obligaciones de publicidad activa,
reconocimiento y garantía del derecho a la información, obligaciones de
buen gobierno de los poderes públicos. Por supuesto, la responsabilidad.
Antes, en el 106, hemos comentado la responsabilidad patrimonial, pero no
podemos olvidar en ningún caso la responsabilidad de los ciudadanos. La
responsabilidad a la que se exponen tanto los miembros del Gobierno como
los funcionarios en cuanto a la responsabilidad civil, penal o
administrativa a la que pueden incurrir en el ejercicio de sus actuaciones.
Hemos dicho que los controles que se establecen para la Administración son
controles por parte del Poder Judicial, controles judiciales, como nos
decía el artículo 106. Controles que se pueden establecer tanto en la
potestad reglamentaria, es decir, en esa capacidad que tiene la
Administración, esa potestad, poder de hacer normas de carácter
reglamentario, es decir, con rango jerárquico inferior al de ley, también
para controlar la legalidad de la actuación administrativa, es decir, si
está sometida a la ley y al derecho que haya actuado conforme a esa ley. Y
el sometimiento a los fines que la justifican. Por lo tanto, no existe
ningún tipo de actuación o comportamiento de las Administraciones
Públicas en las cuales no pueda, digamos, entrar a valorar y a controlar
el Poder Judicial. No existen comportamientos de las Administraciones
Públicas inmunes al control judicial. Pero no todos los actos son
controlables por la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Pues porque en
algunos casos nadie ostenta un interés legítimo y en otros casos porque
se encuentran sometidos al criterio de discrecionalidad técnica. A lo que
me estoy refiriendo es que, en algunos casos, si ninguna persona tiene un
derecho que se haya podido ver vulnerado o afectado o un interés legítimo
en un determinado procedimiento administrativo, no va a poder nadie que
pueda activar o solicitar ante los tribunales y los juzgados ese derecho a
la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, quedará al margen. Y también,
en cuanto a esos márgenes de discrecionalidad técnica de los que goza la
Administración, en los cuales evidentemente, a la hora de valorar esa
discrecionalidad, no van a poder entrar los tribunales. El ámbito o la
jurisdicción que se ocupa del control de la Administración Pública es la
jurisdicción contencioso-administrativa. La jurisdicción
contencioso-administrativa viene regulada por la Ley 29-98 de 13 de julio
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y cuando, además, lo
tenemos que poner en relación, cuando algún tipo de actuación
administrativa lo que vulnera son los derechos fundamentales, nos
tendríamos que ir al ámbito del artículo 53 de la Constitución
Española, que es donde, recuerden, se establecían las garantías para
esos derechos fundamentales y libertades públicas. Y nos decía que cuando
se vulnerara algún derecho fundamental o libertad pública, el
procedimiento que tendría lugar ante los tribunales sería preferente y
sumario, además de las otras garantías, en su caso, como puede ser el
recurso de amparo, etcétera. También existen los controles del Tribunal
Constitucional, en este caso, del que acabamos de hablar, del recurso de
amparo que viene regulado en el artículo 43 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional. Y es que una vez que hemos agotado esa vía de la
jurisdicción contencioso-administrativa, podemos acudir en recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional, siempre y cuando sea un derecho
fundamental o libertad pública de los contenidos en los artículos 15 a
29, más el 14, más el 30 segundo, ¿están de acuerdo?, la sección
primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas, para
verificar por parte del Tribunal Constitucional, en este caso, si la
Administración puede haber vulnerado uno de nuestros derechos
fundamentales y libertades públicas. También en cuanto a los conflictos
de competencias, actual Tribunal Constitucional, en cuanto a las posibles
disposiciones o resoluciones o actos que tenga la Administración sin valor
de ley, ¿de acuerdo?, y finalmente la impugnación, la posibilidad de
impugnación por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional de
disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones de los gobiernos
autonómicos, tal como nos establece el artículo 161.2 de la Constitución
Española. También existen una serie de controles extrajudiciales. Uno
viene regulado por una institución, como la contenida en el artículo 54
de la Constitución Española, que es el Defensor del Pueblo. De acuerdo,
que ya saben que tiene la capacidad de verificar si las Administraciones
públicas pueden estar incurriendo en algún tipo de irregularidad, ¿de
acuerdo?, o de incumplimiento que pueda afectar a los derechos de los
ciudadanos. Y en el artículo 136 de la Constitución Española, en cuanto
al control en materia económica, de acuerdo, de intervención económica,
el control de los gastos en los que incurren las Administraciones públicas
y su acomodación a la legalidad vigente, está establecido el Tribunal de
Cuentas, que como control extrajudicial que no lo vamos a introducir ni lo
vamos a confundir con ningún otro órgano del Poder Judicial, sino que su
nombre es Tribunal de Cuentas, pero es un órgano administrativo
independiente de control. También tenemos que hablar, de acuerdo, en el
ámbito de las Administraciones públicas, de las autoridades
independientes, ¿de acuerdo?, como fruto de esa descentralización que
hemos hablado anteriormente funcional que ejercen esas autoridades
independientes, por lo tanto, funciones propias de la Administración, pero
son independientes de la Administración y de cualquier interés
empresarial y económico. Al final, son entidades de derecho público que
podemos enmarcar dentro de ese sector jurídico-institucional del que hemos
hablado anteriormente y que viene regulado con la Ley 40-2015 del régimen
jurídico del sector público que tienen personalidad jurídica propia, que
lo que hacen es regular o supervisar con carácter externo sectores
económicos y actividades determinadas. ¿De acuerdo? Así tenemos, por
ejemplo, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Banco de España, la Agencia
Española de Protección de Datos, Radio Televisión Española, etcétera,
etcétera. Hemos hablado, ¿de acuerdo?, que dentro del panorama de este
estado complejo que tenemos y estado descentralizado, además de la
Administración General del Estado, encontrábamos las administraciones
autonómicas y finalmente la administración local. La administración
local tiene regulada en los artículos 140 a 142 de la Constitución
Española y nos dice que la Constitución lo primero que hace es garantizar
la autonomía de los municipios y estos gozarán de personalidad jurídica
plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos
ayuntamientos, integrados por el alcalde o por los alcaldes y los
concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio
mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, la forma
establecida por la ley. Y los alcaldes serán elegidos por los concejales o
por los vecinos y la ley regulará las condiciones en que proceda el
régimen del Consejo Abierto. El Consejo Abierto es un régimen especial de
gobierno de las Administraciones y Administraciones locales cuando no hay
constituido ayuntamientos. También se conoce como Asamblea Abierta y es
donde son todos los vecinos los que eligen a un alcalde y ellos toman las
decisiones. Luego, en el artículo 141 nos habla de que la provincia es una
entidad local con personalidad jurídica propia también, no plena, como
hemos hablado dentro de los ayuntamientos, determinada por la agrupación
de municipios y división territorial para el cumplimiento de la actividad
del Estado. Por lo tanto, está estableciendo la propia Constitución dos
funciones primordiales para las provincias. Una, la del gobierno como
agrupación de municipios y otra, que es una división territorial del
Estado para el cumplimiento de sus actividades. Por eso, cualquier
alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las
Cortes Generales mediante ley orgánica. El Gobierno y la Administración
Autónoma de las provincias están encomendados a las Diputaciones,
normalmente las Diputaciones Provinciales u otras corporaciones de
carácter representativo. Se podrán crear agrupaciones de municipios
diferentes de la provincia, pese es el caso de las comarcas en Aragón,
¿de acuerdo? O, y finalmente los archipiélagos, las islas tendrán
además, además de los que tienen los municipios, ¿de acuerdo?, su
administración propia que se conocerán como son en forma de cabildos o
consejos. Finalmente, finaliza este apartado de la administración local,
este capítulo segundo del título octavo, diciéndonos que las haciendas
locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de
las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se
nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación los del
Estado y las comunidades autónomas. Por lo tanto, de esto tenemos que
destacar, ¿de acuerdo?, es primero la personalidad jurídica plena y el
derecho a la autonomía que reconoce la Constitución, por lo tanto,
reconociendo a los municipios como los entes básicos de la organización
territorial del Estado. Esa posibilidad o esa también existencia
obligatoria de las provincias, por un lado, con dos papeles fundamentales
que nos establece la Constitución, por un lado, el de la representación o
la agrupación de municipios con esa capacidad de ejercer sus potestades y,
por otro lado, como una división territorial necesaria para el
cumplimiento de los fines del Estado. Por lo tanto, tenemos que marcar
todas estas entidades locales en el ámbito de la entidad de la autonomía
administrativa, que no de la autonomía política. Al final, lo que hacen
es ejecutar, ¿de acuerdo?, ejercer competencias en el ámbito de sus
respectivos intereses pero lo que tienen son una autonomía administrativa,
en ningún caso política y, sobre todo, lo que nos refiere el artículo
148 de esa garantía de esa autonomía financiera a través de las
haciendas locales. Es evidente que si no existiera esta autonomía
financiera difícilmente podrían ejercer todas esas competencias que
vienen atribuidas ya constitucionalmente. Destacar, sobre todo, el
principio de autonomía local como ese derecho de la comunidad local a
participar en el Gobierno y en la administración de los asuntos que les
atañen a través de una misión de administración local y, por lo tanto,
estas entidades locales, estos municipios, estas provincias, islas o marcas
u otro ámbito inferior del municipio como entidades metropolitanas y
mancomunidades de municipios, ¿de acuerdo?, pueden existir y, además,
dentro de las competencias establecidas serán desarrollados por las
correspondientes leyes de las comunidades autónomas que podrán
desarrollar todas estas cuestiones siempre respetando estos contenidos
obligatorios que establece la Constitución respecto a los municipios y las
provincias. Bien, con esto finalizaríamos el tema 10, ¿de acuerdo?,
respecto de las administraciones públicas y, ¿tienen alguna pregunta,
cuestión, duda?