Vamos a ver el ámbito de lo correspondiente, como les digo, al epígrafe
octavo, la potestad legislativa del Gobierno, el decreto ley y el decreto
legislativo. Bien, como su propio nombre indica, cuando hablamos de la
potestad legislativa del Gobierno estamos hablando de esa potestad que la
Constitución confiere al Gobierno, al Poder Ejecutivo, específico, para
la creación, para la aprobación de normas con rango de ley. Que no de
leyes, ¿de acuerdo? Que no de leyes, sino normas con rango de ley, es
decir, normas que bajo el principio de jerarquía van a ocupar la posición
que ocupan las leyes. Bien, y vamos a ver a qué es debido esto. Vamos a
centrarnos primero en la primera figura que es el decreto ley. Y para
hablar del decreto ley tenemos que remitirnos a la regulación del mismo
decreto. El decreto ley es el mismo en la Constitución que viene contenida
en el artículo 86, apartado primero. Bueno, perdón, artículo 86,
apartado primero, segundo y tercero, que es todo el artículo destinado a
los decretos leyes. ¿Qué nos dice? Nos dice, en caso de extraordinaria y
urgente necesidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya estamos viendo... que la
Constitución impone dos requisitos, de acuerdo, que son la extraordinaria
y urgente necesidad. El Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas
provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán
afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I,
al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general.
Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y
votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si
no estuviera reunido en el plazo de treinta días siguientes a su
promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de
dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el
reglamento establecerá un procedimiento especial y sumárico. Durante el
plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitar,
como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia. En definitiva, toda
la infraestructura jurídica en relación al decreto-ley viene contenida en
el artículo 86 de la Constitución española. ¿Pero qué tenemos que
destacar? A ver, antes va a adentrarnos en cuanto al presupuesto de hecho
habilitante, es decir, ese presupuesto fáctico que es la extraordinaria y
urgente necesidad que da lugar a la posibilidad de dictar ese decreto ley
por el Gobierno, tenemos que tener en cuenta una cuestión que debemos
reflexionar sobre ella. Es decir, en definitiva, el decreto ley no viene a
ser más que una vía de escape que tiene el Gobierno para aprobar o para
poner en marcha o para dictar normas con rango de ley escapando al proceso
legislativo que se contiene y en el cual deben participar las Cortes
Generales. Por lo tanto, no sabemos o debemos discernir o al menos
reflexionar sobre ello si la Constitución ha establecido un marco lo
suficientemente seguro para evitar que el decreto ley se convierta en esa
vía de escape al proceso legislativo, que es la vía adecuada. Para
aprobar las leyes o bien, ¿de acuerdo?, si es lo suficientemente seguro y
bajo esas cautelas que establece la Constitución, el decreto ley cumple
con su objetivo, que es el regular o el normal con un carácter de urgencia
extraordinaria, urgente necesidad, como dice el propio artículo 86.
circunstancias o condiciones para las cuales no daría tiempo suficiente
con el proceso legislativo ordinario. Ese es el punto de partida en cuanto
a la reflexión que debemos realizar. Bien, en cuanto a la extraordinaria y
urgente necesidad, claro, ya comenzamos como presupuesto habilitante con
esa deficiencia, quizás, de ausencia, en virtud de una ausencia de una
definición de la propia Constitución de qué es eso de extraordinaria y
urgente necesidad, ¿de acuerdo? Claro, si no lo defines, al final ese
presupuesto habilitante, el de la extraordinaria y urgente necesidad, va a
quedar a criterio del que tiene la potestad de realizar la norma bajo ese
presupuesto. Es decir, yo gobierno voy a decidir lo que es la
extraordinaria y urgente necesidad. En definitiva, la idea, ¿de acuerdo?,
es la necesidad. Nos habla, primero, de un criterio temporal urgente,
¿verdad?, y también nos habla de un aspecto cualitativo, ¿verdad?, de la
gravedad extraordinaria. Bien, no basta, por lo tanto, con una situación
de necesidad, sino que además esta necesidad debe ser extraordinaria y
urgente y además dirigida, diría yo. a evitar un mal al interés general
o a resolver, mediante esa normación, una situación jurídica de
carácter imprevisible. Bien, el Tribunal Constitucional se ha adentrado en
cuanto a la necesidad justificadora de los decretos ley y viene a decirnos
que no podemos elevar tanto la categoría de esa extraordinaria y urgente
necesidad como para entender que solo se puede utilizar esta vía de los
decretos leyes por el Gobierno cuando sea una necesidad absoluta que
suponga un peligro a la sociedad. Ahora ve, como dice el Constitucional,
para el sistema constitucional o para el orden público entendido como
normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y
normal funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que
entenderlo, digamos, de una manera más laxa, ¿de acuerdo?, más flexible,
entendiéndolo, como dice, como una necesidad relativa respecto a
situaciones concretas de objetivos gubernamentales que, por razones
difíciles de prever, requieren de una acción normativa inmediata en un
momento. Un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.
Bueno, evidentemente es el Tribunal Constitucional, pero no por ello, ¿de
acuerdo? Yo me voy a manifestar en absoluto acuerdo con él y simplemente
para que ustedes tengan esa capacidad reflexiva, que creo que es lo
necesario y lo importante a la hora de la transmisión de los conocimientos
y de lo que nos dedicamos aquí, ¿verdad? Y es, bueno, al final, cuanta
mayor amplitud, mayor laxitud, mayor relatividad dejemos en el margen de
apreciación de esa extraordinaria, bastante necesidad que recoge la
Constitución, mayor posibilidad le estamos dando a los ejecutivos, al
Gobierno, de utilizar la posibilidad de los reales decretos-leyes como una
vía de escape, a lo que es el proceso legislativo y, por lo tanto, la
participación en la elaboración de las normas de los representantes de la
soberanía popular, que no son otros que las Cortes Generales, el Congreso
y el Senado. Aún así, el Tribunal Constitucional nos dice que es
constitucionalmente lícita la utilización del decreto-ley en todos
aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la
gobernación del país, que por circunstancias difíciles o imposibles de
prever requiere de una acción normativa inmediata. A mí me parece, de
verdad, un poquito, con todos los respetos hacia el Tribunal
Constitucional, un dislate, ¿de acuerdo?, el decidir que para cualquier
acción gubernamental que se escape a los objetivos y a los tiempos y a los
plazos se puede permitir, porque al final estamos trasladando,
subvertiendo, ¿de acuerdo?, el sistema que tenemos establecido y dando,
¿de acuerdo?, la potestad legislativa que tiene el Parlamento, por
supuesto, y con esa separación de poderes se la estamos trasladando de una
manera indirecta al Poder Ejecutivo, ¿de acuerdo?, o al Gobierno, en
definitiva. Claro, este punto de vista del Tribunal Constitucional abre
enormes posibilidades al decreto ley y deja en manos del Gobierno, como lo
podría ser de otro modo, una apreciación con carácter discrecional de la
concurrencia. Es decir, que al final es el Gobierno el que va a decidir
cuándo existe esa extraordinaria y urgente necesidad. Si bien es evidente
que luego queda un control a posteriori del Tribunal Constitucional a la
hora de la apreciación, ¿de acuerdo?, que ha hecho el Gobierno en sí, se
produce, ¿de acuerdo?, ese control constitucional y verificar si se han
dado los requisitos o no. Bueno, en definitiva, el presupuesto habilitante
de esta legislación de urgencia debe de estar determinado exclusivamente
por la extraordinaria y urgente necesidad cuando no sea posible regularlo
por los cauces ordinarios. Pero claro, al no haber ningún requisito formal
previo, es el propio Gobierno el que puede apreciar si existe esta urgente
y extraordinaria necesidad. Bueno, si bien es cierto que tenemos que
recordar que esta posición que les estoy expresando, que mantiene el
Tribunal Constitucional respecto a ese margen de apreciación y a esa,
digamos, verificación o regulación laxa que está decidiendo, de acuerdo,
sí que ha sido un poco matizada, de acuerdo con el paso de los años en
las diferentes sentencias. Y, al final, lo que también establece es que
existe una o requiere de una necesaria conexión entre la capacidad
legislativa excepcional y esa exigencia del presupuesto habilitante. Bueno,
en definitiva, ¿de acuerdo? Como mínimo, tenemos que conformarnos y
alegrarnos de que el Tribunal Constitucional exija que esta situación de
extraordinaria y urgente necesidad al menos sea explícita y razonada y que
exista una conexión de sentido entre la situación definida, entre la
explicación y el razonamiento de lo que es esa situación de
extraordinaria y urgente necesidad y las medidas que en el decreto ley se
adoptan y que guarden una relación de congruencia. Hombre, ¿verdad?
Faltaría más, ¿no?, que además estuviéramos manifestando que
apreciamos, yo, Gobierno, aprecio una situación de extraordinaria y
urgente necesidad, por ejemplo, en virtud de una pandemia y que resulta que
el real decreto ley que apruebo en virtud de esa motivación y con la
justificación de ese presupuesto habilitante vaya destinado a regular las
relaciones comerciales exteriores. Ya no faltaría otro, ¿verdad? Bueno,
en definitiva, nos quedamos que sí que se ha ido matizando, ¿de acuerdo?,
esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero no por ello es menor
cierto que se está haciendo un abuso, en mi opinión, bajo mi punto de
vista, ¿de acuerdo?, por el Gobierno de la utilización de esta vía del
real decreto ley y con ello se está evadiendo, ¿de acuerdo?, de la
capacidad de control. que en el proceso legislativo y, por supuesto, de la
participación de las mayorías y las minorías, del debate público
transparente y abierto que en el proceso legislativo se establece para la
elaboración de las leyes. Bueno, además, también se da una limitación
material a la legislación de urgencia. Es decir, hemos tenido un
presupuesto habilitante que creo que hemos desarrollado ya lo suficiente en
cuanto a esta extraordinaria y urgente necesidad, pero además hay
determinadas materias, como hemos visto en ese propio artículo 86, en las
cuales ni extraordinaria y urgente necesidad ni nada que se le parezca. Son
materias que están vedadas, están prohibidas. En cuanto a su regulación
por los reales decretos leyes. Bueno, en principio parece ser que el
ámbito propio de regulación del decreto ley es el de las materias
reservadas a ley, ¿de acuerdo? Pero ha habido también en el ámbito
material una interpretación muy flexible sobre las materias excluidas y
sobre el alcance de la prohibición de afectación. Bueno, pues vamos a
intentar… Tal y como dice, de acuerdo, el artículo 86, que es un buen
momento para recordarlo… … que nos dice que no podrá afectar al
ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al
régimen de las comunidades autónomas y al derecho electoral general.
Vamos a intentar, ¿de acuerdo?, intentar aclararlo en cuatro grandes
círculos, podríamos denominarlos así. Primero, materias reservadas a
regulación por ley orgánica, ¿de acuerdo? Bueno, cuando estamos hablando
de materias que están reservadas a su regulación por ley orgánica, ¿de
acuerdo?, lo que estamos hablando, de acuerdo con el propio artículo 81,
en este caso, de la Constitución, es que son materias que ningún otro
tipo de ley puede invadir, ni ningún otro tipo de fuente del derecho, sino
que tienen que ser reguladas por ley orgánica. Por lo tanto, el Tribunal
Constitucional, eso sí que lo ha dejado completamente claro y es decir,
mire, cualquier materia que esté reservada en cuanto a su regulación
mediante ley orgánica, sea tratada o haya un intento de regularla mediante
un real decreto ley, este real decreto ley es inconstitucional, sea cual
fuere su contenido material y su urgencia. Por lo tanto, ahí sí que ha
sido meridianamente claro el Tribunal Constitucional diciendo si es
material. reservada a ley orgánica, en ningún caso y bajo ningún
presupuesto habilitante puede quedar supeditada a su regulación mediante
un real decreto ley. También materias que deben ser reguladas
específicamente por las Cortes Generales. Bueno, pues existe una serie de
materias que nuestra Constitución requiere de la expresa intervención de
las Cortes Generales y, por lo tanto, en ningún caso van a ser objeto de
regulación mediante real decreto ley. Por lo tanto, entre ellas son los
tratados internacionales, artículos 93 y 94, la reforma constitucional, la
autorización y prórroga de los estados excepcionales, del artículo 116,
la adopción de medidas para obligar a las comunidades autónomas, del
artículo 155, la autorización de las Cortes Generales para la
celebración de acuerdos de justicia y de justicia. Y, por último, el
tratado de cooperación del 145.2 o la distribución del fondo de
compensación territorial del 158.2, además de otras que están
relacionadas con el título 2 de la corona, donde se expresa o se recoge de
manera expresa por parte de la Constitución que deben intervenir las
Cortes Generales. Por lo tanto, inmediatamente esas materias están vedadas
a su regulación A través de un real decreto ley. También, materias
reservadas a ley que exigen una acción de control por parte del
Parlamento. Esas materias que contienen una acción de control
parlamentario sobre el Gobierno, como la aprobación de presupuestos
generales del Estado, la emisión de deuda pública o la ampliación de
crédito, que exigen un control parlamentario en cuanto a esa actividad
legislativa gubernamental. Y, por lo tanto, no va a poder ser regulada
mediante real decreto ley. Y luego ya entramos en las materias
específicamente limitadas o sustraídas o vetadas a la intervención o en
su regulación mediante un real decreto ley, que son las propias contenidas
en el artículo 86. Bueno, claro, parece en un principio, en una primera
aproximación, parece relativamente sencillo, ¿verdad? Pues en el
artículo 86 viene recogido. Y, por lo tanto, eso está vedado de acuerdo a
la intervención por real decreto ley. Pero no es tan sencillo, ¿de
acuerdo? Porque a la hora de enfrentarse a esta limitación que establece
el artículo 86, se plantean, ¿de acuerdo? problemas de interpretación.
Por un lado, la delimitación de acuerdo a la decretación de urgencia y
luego cuál es la incidencia. ¿Qué quiere decir la Constitución?
Afectar. ¿Qué significa afectar? ¿Cuándo se puede considerar que
verdaderamente hay una afección por parte de un real decreto ley en una
determinada materia? Claro, al final tendremos que delimitar qué significa
afectar, porque lo que nos dice el 86 es que no podrán afectar al
ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos,
deberes y libertades. Pero claro, ¿qué significa afectar? Bueno, el
Tribunal Constitucional en este caso ha venido a decirnos que afectar es
una idea tan restrictiva del decreto ley que llegaría al vaciamiento de su
figura. Es decir, que si consideramos... El verbo afectar en su aplicación
o en su sentido literal, porque afectar al final es cualquier cosa como
perjudicar, dañar, tocar, referirse, etcétera. Si lo aceptáramos
vaciaríamos de contenido la regulación del propio decreto ley. Es decir,
que... En ese caso, como cualquier cuestión sería afectada, el Real
Decreto Ley no tendría ningún sentido en todo ello. Por lo tanto, nos
dice que en este caso la afección se refiere a la regulación general de
las materias o cuando incidan en el contenido esencial de las mismas. Por
lo tanto, la afección que nos dice el artículo 86 la ha interpretado el
Tribunal Constitucional en el sentido de lo que no va a poder hacer un Real
Decreto Ley cuando afecta a estas materias, al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de
los ciudadanos, sea una regulación completa de las mismas o que afecte al
contenido esencial o elementos esenciales de esas materias, entonces no
será válido el Real Decreto Ley. Cuando sea otro tipo de regulación que
no sea, digamos, tan intensa, tan específica o tan completa, entonces sí
que sería válida la figura de un Real Decreto Ley. En cuanto al
ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, nos encontramos
igualmente con el mismo problema. ¿Qué es eso de las instituciones
básicas del Estado? Pues bueno, tenemos que entender las que conforman el
propio Estado, ¿de acuerdo?, las que le dan la forma de ser al propio
Estado, como los órganos constitucionales, ¿de acuerdo?, las
instituciones básicas del Estado, por lo tanto, instituciones públicas
cuya regulación está reservada a la ley orgánica u ordinaria. Es decir,
cualquier cuestión relacionada con una institución pública, ¿de
acuerdo?, es decir, pues por ejemplo, la configuración de las
administraciones locales, la configuración de las comunidades autónomas,
etcétera, etcétera, la configuración del Estado de las autonomías de
órganos como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el
Consejo General del Poder Judicial van a estar absolutamente vetados a su
regulación mediante Real Decreto Ley. En cuanto al derecho electoral
general… Claro, ¿qué es? ¿El régimen electoral general o el derecho
electoral general se refiere a otra cuestión diferente? Bueno, porque
claro, si estamos hablando del régimen electoral general, estamos hablando
que éste debe ser regulado por ley orgánica y, por lo tanto, estaría
absolutamente vedado. Bueno, es evidente que se pueda… Y afectar mediante
decreto ley cualquier cuestión relacionada con el régimen electoral
general es algo muy peligroso porque estamos dejando la potestad a un
determinado gobierno de modificar las condiciones o afectar las condiciones
en las cuales se va a repartir, en definitiva, de acuerdo al poder en las
siguientes elecciones. Y puede, por lo tanto, alterar ese sistema
representativo y participativo, lo cual es un verdadero peligro. Por lo
tanto, el Tribunal Constitucional nos dice que la legislación electoral
deberá contener, en este caso, la ley orgánica, la 5 barra 85, la ley
orgánica del régimen electoral general, deberá contener el núcleo
central de la normativa relacionada con el proceso electoral, en
definitiva, aquellos aspectos relativos a quienes pueden elegir y ser
elegidos bajo qué condiciones, durante qué periodo de tiempo y bajo qué
criterios, organizativos y todo ello queda absolutamente vedado a la
intervención de los reales decretos leyes y todo lo que quede fuera de lo
que acabamos de definir sí que podría ser, en verdad, contenido dentro
del derecho electoral general y, por lo tanto, ser válida la regulación
mediante el mismo. También nos dice que no puede afectar al régimen de
las comunidades autónomas. Claro, es que en este régimen constitucional
de las comunidades autónomas forman parte los estatutos de autonomía que,
evidentemente, son aprobados y reformados mediante ley orgánica. En cuanto
a su reforma, además, es mediante el procedimiento que en los mismos venga
contenido y, por supuesto, no pueden ser alterados mediante un decreto ley.
Pero tampoco podrán ser alteradas mediante decretos leyes aquellas normas
que forman parte del conocido como bloque de constitucionalidad, además de
los estatutos de autonomía, como son las leyes de delegación de
competencias o de transferencia, las leyes de armonización y las leyes
orgánicas, de acuerdo a las leyes marco. Por lo tanto, en ese ámbito, de
acuerdo a lo que forma el bloque de constitucionalidad en cuanto a esa
organización territorial del Estado y, en definitiva, al régimen de las
comunidades autónomas, tampoco podrá verse afectado por el decreto ley. Y
en cuanto a los derechos, deberes y libertades que se contienen en el
título 1, esta ya es más dificultosa. ¿Por qué? Pues que, a ver,
primero, porque primero volvemos otra vez al punto de partida. ¿Qué
quiere decir afectar? Y segundo, el título 1 es muy amplio. Es que el
título 1 también incluye el capítulo 3º de los principios rectores de
la política social y económica, a los cuales, de verdad, yo tampoco les
veo, digamos, una trascendencia tal. como para vedarlos de la intervención
del Real Decreto-Ley. Pero bueno, en definitiva, la jurisprudencia
constitucional nos establece dos limitaciones. No puede regular el régimen
general de los mismos, que será siempre mediante ley. Y en muchos casos,
cuando hablamos de los derechos fundamentales y libertades públicas, de la
sección primera del capítulo segundo del título primero, de los
artículos 15 a 29, además tiene que ser desarrollado mediante ley
orgánica. Y además tampoco podrá atentar contra el contenido esencial de
los mismos o sus elementos esenciales. Bueno, una vez más o menos acotado
el presupuesto habilitante, la extraordinaria y urgente necesidad, la
limitación material para la intervención de los decretos-leyes, debemos
recordar que el artículo 86 de la Constitución nos lo define como una
legislación provisional y, además, sometida al control parlamentario. Por
lo tanto, de esta actuación gubernativa, en el marco de la creación de
normas con rasgo de ley, interviene inmediatamente el Parlamento, puesto
que deberán ser sometidos a debate y votación de totalidad, en el
Congreso de los Diputados, en el plazo de 30 días siguientes a su
promulgación. Y, en este caso, en ello, lo que debe hacer el Congreso de
los Diputados, en definitiva, es pronunciarse expresamente sobre su
convalidación, es decir, los validamos o los derogamos, ¿de acuerdo?, y
dejan, por lo tanto, de desplegar el efecto. Perfecto. En ese trámite, que
le corresponde, ¿de acuerdo?, exclusivamente, no hablamos de las Cortes
Generales del Congreso y del Senado, sino al Congreso de los Diputados o a
su diputación permanente, que en el caso de que el mismo se haya disuelto,
hubiese expirado su mandato, si el Congreso ratifica, ¿de acuerdo?, lo que
ocurre es que esa provisionalidad que establece para el Real Decreto-Ley,
el artículo 87 de la Constitución, desaparece y el Real Decreto-Ley se
integra, con plenos efectos jurídicos y de forma estable, en el
ordenamiento jurídico. Pero, aun así, el Congreso puede convalidar o
derogar, ¿de acuerdo?, un Real Decreto-Ley, independientemente de los
motivos que le lleven a adoptar cualquiera de las decisiones. Por lo tanto,
la derogación por parte del Congreso puede ser porque razones de
legitimidad constitucional… o de razones de oportunidad, o por
conveniencia política. Es decir, el Congreso, a la hora de convalidar o
derogar un real decreto ley, no está limitado por ningún motivo. O sea,
es decir, no existe una serie de motivos tasados por los cuales el Congreso
puede hacer una cosa u otra, sino que lo puede hacer sin este límite.
¿Qué es lo que conseguimos con este control? Pues primero, al menos la
plena garantía de que el órgano gubernamental ha respetado los límites
materiales y formales. Y, al final, es importante que el Poder Legislativo
de verdad intervenga, aunque sea de un modo posterior y a efectos de su
convalidación o su derogación, ¿de acuerdo?, intervenga en… en el
ámbito de elaboración de las leyes, en este caso, ¿de acuerdo?, de esta
potestad legislativa del Gobierno. También existe una posibilidad, y es
que en ese plazo de los 30 días que existen para convalidarlo o derogarlo,
se abre la posibilidad de que el propio Gobierno tramite, ¿de acuerdo?,
ese real decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Es decir… que abra el proceso legislativo de urgencia presentando un
proyecto de ley para, en este caso ya, la aprobación por las Cortes
Generales de lo que sería una ley de cortes. Ya no sería en este caso,
por lo tanto, si se diera esta posibilidad de una simple convalidación de
un acto legislativo emanado del Gobierno, sino que sería la elaboración y
la aprobación de una ley de las Cortes. En definitiva, nos encontramos con
una norma que tiene dos naturalezas distintas. Un decreto ley que es
convalidado por el Congreso es una norma de naturaleza distinta a la ley.
¿De acuerdo? Claro, es evidente que una modificación del mismo también
se vería vedada por las limitaciones que hemos visto en el primero. No sé
si me entiendes. Es decir, claro, si yo apruebo un decreto ley, el mismo es
convalidado por el Congreso de los Diputados y se integra en el
ordenamiento jurídico, a la hora de modificarlo, imagínense que ya no
tuviera las limitaciones que tenía el decreto ley tanto en cuanto a su
presupuesto habilitante. Como a las limitaciones materiales para poder
modificarlo. Porque si se considerara de otra forma, como ley de
sustitución, no se permitiría controlar por parte del Parlamento esa
labor gubernativa. Y, por otro lado, en el caso de que haya sido tramitado
por un proyecto de ley, en ese caso ya se integra como una ley y tendría
otra naturaleza distinta. Claro, además de ese control, otra cuestión
respecto al control es la que puede efectuar el Tribunal Constitucional.
Porque no lo olviden, que nos encontramos ante una norma constitucional. Y,
por lo tanto, la única forma de control jurisdiccional que se puede llevar
a cabo sobre el mismo va a ser a través del Tribunal Constitucional. El
Tribunal Constitucional podrá declarar la inconstitucionalidad de un
decreto ley por incompetencia, por defectos de procedimiento, por
considerar que sí que ha afectado donde no debería o no podía afectar.
etc. En ese caso, también, de acuerdo, claro, no olvidemos que hay una
cuestión muy importante en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional
declara la inconstitucionalidad de un decreto ley que ya ha sido
convalidado, el Tribunal Constitucional también se tiene que pronunciar
sobre qué efectos de los que ha producido ese real decreto ley son
válidos y cuáles son ilícitos. Bien, esto es uno de los graves problemas
que, dada la tardanza, ya han visto la experiencia en cuanto a los reales
decretos leyes por los cuales se ha declarado el estado de alarma, y dada
la tardanza en cuanto a la posición, al posicionamiento… … al
posicionamiento del Tribunal Constitucional respecto a la
inconstitucionalidad de los mismos, vemos que son situaciones mucho más
complejas. Bien, con eso habríamos analizado ya lo que es el real decreto
ley y ahora vamos a hablar de los reales decretos legislativos, que en este
caso de lo que vamos a hablar, ¿verdad?, es de la legislación delegada.
De acuerdo, en este caso lo que hacen las Cortes Generales es desplazar esa
potencia legislativa al Gobierno, es decir, las Cortes Generales, el
Parlamento, que es el que tiene ese poder… … poder legislativo, lo
trasladan, de acuerdo, al Gobierno. Y vamos a ver… ¿En virtud de qué y
bajo qué justificación? Bueno, pues en este caso lo que hace el
Parlamento es delegarle al Gobierno la regulación de determinadas materias
debido al conocimiento técnico del Gobierno de las mismas. Claro, a ver,
en este caso lo que viene a decir, para que lo entiendan las Cortes
Generales, por ejemplo, en el ámbito de tráfico, bueno, pues para aprobar
una ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
¿quién tiene los órganos técnicos más capacitados para el conocimiento
de toda esa materia? Evidentemente el Gobierno, del cual depende el
Ministerio del Interior, del cual depende la Dirección General de
Tráfico, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacen, digamos, las Cortes
en este caso es, yo te voy a, y ahora lo van a ver, en realidad el decreto
legislativo puede ser textos articulados o textos refundidos, en el caso de
los textos articulados yo te voy a dar unas bases, una ley de bases, es
decir, te voy a acotar, te voy a marcar, ¿de acuerdo?, los parámetros en
los cuales tú puedes desarrollar esta ley y haz tú la ley porque requiere
de conocimientos técnicos, ¿de acuerdo?, muy precisos, que escapan a las
Cortes Generales. De esta manera... De esta manera, las Cortes reducen su
labor legislativa y se quedan con la aprobación de las leyes que
consideran más importantes y a su otra función principal, que es el
control de la actividad gubernamental. En el ámbito de la legislación
delegada, viene recogido en el artículo 82 y nos dice que las Cortes
Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con
rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el ámbito
anterior. Es decir, también nos está excluyendo la posibilidad de delegar
en el Gobierno la potestad. De dictar normas con rango de ley en el ámbito
de leyes orgánicas, evidentemente. La delegación legislativa deberá
otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de
textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir
varios textos legales en uno solo. Por lo tanto, ya estamos viendo que esta
delegación legislativa se produce mediante una previa aprobación de la
ley por parte del Parlamento, o bien una ley de bases o bien una ley
ordinaria. La delegación… La delegación habrá de otorgarse al
Gobierno, de forma expresa, para materia concreta y con fijación de plazo
para su ejercicio. No me vale una delegación genérica, abstracta,
témpores y limitación ninguna, sino que tiene que ser materia concreta,
para qué te estoy delegando, en relación a qué materia, y con fijación
del plazo para su ejercicio. Y esta delegación, además, se agota por el
uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma
correspondiente. Es decir, una vez que el Gobierno cumple con esta misión,
que es la publicación de la norma correspondiente, la delegación se
agota, es decir, desaparece, no se puede conceder o entender concedida de
un modo implícito, por tiempo indeterminado y, además, tampoco puede
permitirle a su delegación autoridad del distintar del propio Gobierno. Es
decir, además, el Gobierno no va a poder decir, como este ejemplo que les
he puesto anteriormente, ah, bueno, pues como se trata de una ley
detrás… Yo voy a delegar en el ministro del Interior. No, tiene que
elaborarla el propio Gobierno. En el caso de las leyes de bases,
delimitarán con precisión el objetivo alcance de la delegación
legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su
ejercicio, y la autorización para refundir textos legales determinará el
ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación,
especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único
o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales
que han sido refundados. Y sin perjuicio de la competencia propia de los
tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso
fórmulas adicionales de contra. Bueno, por lo tanto, los decretos
legislativos son normas con rango de ley que se dictan por el Gobierno en
el uso de esa delegación legislativa. En este caso, no hablamos, como en
el ámbito de los reales decretos leyes, de normas provisionales. Son
normas, ¿de acuerdo?, que son ordinarias, ¿verdad?, dentro de esas
características de la potestad legislativa delegada y cuya eficacia
normativa es inmediata. Por lo tanto, hemos dicho que son dos tipos de
delegación legislativa, textos articulados y textos refugios. La primera,
una ley de bases. Lo que hace ahí es darle el marco a las bases, como dice
la propia normativa. Estas son las bases que tú tienes que desarrollar y
elaborar un texto articulado, una serie de artículos que van a llevar una
norma. Aquí lo que van a establecerse en esas bases, las exigencias que va
a haber, ¿de acuerdo?, y las materias que van a ser objeto de regulación
legal. Claro, esa materia ya va a estar contenida en la ley de bases. Lo
que va a tener que hacer el Gobierno es desarrollar un texto articulado.
Ley de bases de tráfico, real decreto legislativo, ¿verdad? 6 barra 2015,
por el que se aprobó el texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. O bien, la otra
posibilidad es, mediante una ley ordinaria, en la refundición, hacer un
texto refundido. Esto quiere decir refundir varios textos legales en uno,
es que, por ejemplo, en materia de función pública. Resulta que aquí
tenemos una norma del 2007, otra del 2014, otra del 2016, otra... Bueno,
pues lo que se trata es de aclarar en materia de función pública y vamos
a refundir todas esas normativas en una sola, ¿de acuerdo? Y además vamos
a aprovechar para corregir las posibles discordancias, coherencias,
etcétera. En este caso, ¿de acuerdo?, en esa propia ley ordinaria de
delegación tendrá que especificar si lo único que se trata es de
formular un texto único, donde se confluya todo, se refunda todo, o bien,
además, regularizar, aclarar... y armonizar los textos legales. En todo
caso, se llaman decretos legislativos, ¿de acuerdo? Uno, de texto
refundido, descreto legislativo, de textos articulados. Hay unos límites,
como hemos dicho... Entre los cuales, primero, se excluye la delegación
tácita o implícita, se excluye la materia de ley orgánica. Ya lo hemos
visto que, además, se establece el objeto al alcance de principios y
criterios, ¿de acuerdo? Eso es muy importante y podemos limitar, o sea,
especificar esos límites en materiales formales y temporales, materiales,
¿de acuerdo? ¿Sobre qué materia no se puede delegar esta competencia
legislativa? Bueno, pues en materia de ley orgánica, materias
específicamente reservadas a ley por la Constitución y tampoco, ¿de
acuerdo?, materias que requieran para su regulación de procesos
legislativos especiales. Límites formales, la delegación solo puede
hacerse al Gobierno, no se permite la subdelegación, se tiene que otorgar
de forma expresa, se tiene que hacer para materia concreta. En el caso de
las leyes de base, deben delimitar con precisión el objeto y el alcance de
la delegación. En el caso de la autorización para refundir textos
legales, ya lo hemos dicho, tendrán que concretar si solo se trata de
refundir o puede armonizar, dar coherencia o regularizar. En cuanto a los
límites de temporales, tienen que fijarse un plazo. ¿Qué controles se
establecen, de acuerdo? ¿Cómo controla las propias Cortes Generales que
el Gobierno está cumpliendo de manera adecuada o ejerciendo de manera
adecuada esa delegación legislativa? Bueno, pues a ver, cuidado, porque al
final son normas con rango de ley, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si sumamos
a que son normas con rango de ley, a que además son la delegación de una
potestad legislativa de las Cortes Generales, vamos a ver que existe un
doble control. El doble control, ¿de acuerdo? Por un lado, el control
parlamentario, es decir, el control que ejerce el que delega el Parlamento
de, bueno, voy a ver cómo verifico, cómo controlo en definitiva que el
Gobierno está utilizando adecuadamente esta delegación legislativa. Y,
primero, porque en las propias leyes de delegación, la ley de bases o la
ley ordinaria, se establezcan ya fórmulas de control, pues vamos a
controlar mediante estos sistemas, ¿de acuerdo? O mediante estas
precauciones o cautelas que el Gobierno está realizando adecuadamente esa
delegación. También, mediante, en virtud de proposición de ley o de una
enmienda, oponerse a una delegación legislativa en vigor, ¿de acuerdo? O
bien el control de los tribunales, en este caso del Tribunal
Constitucional, que tendrá que ser el que contraste, declare la
constitucionalidad o la inconstitucionalidad de un decreto legislativo.
Pero, con eso sería suficiente a la hora ya de tener un conocimiento
exhaustivo, tanto de los reales decretos leyes como de los reales decretos
legislativos. Bien, abrimos ahora el turno para preguntas, cuestiones y
dudas.