Bueno, vamos a iniciar la sesión de tutoría. Estábamos en el tema de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, creo que nos habíamos
quedado ahí. Bueno, se distinguen dos modelos de responsabilidad penal de
las personas jurídicas, el modelo vicarial o de responsabilidad y el
modelo de autorresponsabilidad. El modelo vicarial es que las personas
jurídicas van a ser penalmente responsables porque son las personas
físicas que actúan en nombre y beneficio de las personas. Por tanto, lo
que hay aquí es como una transferencia de la responsabilidad penal de las
personas físicas. A la persona jurídica en cuyo nombre actúa. En
contraposición, tenemos el modelo de la autorresponsabilidad que, en
virtud del mismo, existe una propia responsabilidad de la persona
jurídica, responsabilidad de la persona jurídica que se desprende de la
existencia o, en su caso, de la ausencia de instrumentos adecuados y
eficaces en el seno de la misma para prevenir la comisión de conductas
delictivas. Pues bien, en nuestro ordenamiento jurídico, el modelo que
impera o el modelo que existe es el modelo de autorresponsabilidad. Es
decir, existe un propio ámbito de responsabilidad de la persona jurídica
y es… Y la inexistencia en el mismo de programas de cumplimiento,
programas de prevención de la comisión de hechos delictivos, es una de
las mismas por las personas físicas que la integran. Digamos que lo que se
le imputa a la persona jurídica es un defecto de organización, ¿vale? Es
un defecto de organización. No hay transferencia de responsabilidades. Y,
además, vamos a ver, la reposición penal de la persona física y de la
persona jurídica discurren de forma totalmente independiente, ¿vale? La
suerte que va a correr uno y otro es totalmente independiente una de la
otra. Así, el Tribunal Supremo, en esa sentencia del 29 de febrero de
2016, se nos señala que dice que la culpabilidad en la que incurre la
persona… La persona jurídica no es la misma en la que incurre la persona
física en el cometido del delito, sino que es una culpabilidad diferente
derivada, en última instancia, en el caso de la persona jurídica, de la
sanción que merece no contar con medidas eficaces para la prevención y el
control de delitos. Así, en esa sentencia del Supremo se afirma que la
responsabilidad penal de una persona jurídica debe determinarse a partir
del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física… La
persona jurídica en el seno de la misma ha sido posible o facilitado por
la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de
inspiración de la actuación de su estructura organizativa, independiente
de lo que cada una de las personas físicas que la integran… Bueno, que
entiendan que habría que manifestarse en alguna clase de forma concreta de
vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados
jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por esto de los
delitos enumerados en el libro segundo del Código Penal como posibles
antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica. Por tanto, lo
que se le imputa a la persona jurídica es un defecto de organización de
no contar con ese programa de cumplimiento para evitar en la medida de lo
posible o reducir el riesgo de la comisión de hechos delictivos. La
responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento
jurídico se regula en el artículo 31 bis del Código Penal y distingue
dos supuestos. Dice, delitos cometidos por supuesto uno, representantes
legales de la persona jurídica, la persona autonómica. Autorizada para
tomar decisiones de su nombre y las personas con facultades de
organización y control. Y supuesto dos, que en nombre o por cuenta de la
persona jurídica y su beneficio directo o indirecto cometen esos hechos
delictivos. Y supuesto dos, personas sometidas a la autoridad de los cargos
descritos en el supuesto uno, es decir, subordinados a esos directivos que
han podido realizar esos hechos delictivos por haberse incumplido
gravemente por esos representantes legales o esos directivos sus deberes de
supervisión, vigilancia y control. Por tanto, dos supuestos. Persona
jurídica, hablamos de personas jurídicas privadas, ¿vale?, que tienen
que ser imputables, ¿vale?, que tienen que resultar imputables. Por tanto,
aquellas sociedades pantallas o sociedades instrumentales que simplemente
han sido creadas para la comisión de hechos delictivos, no. No se les
aplicará la responsabilidad penal de las personas jurídicas al artículo
31 bisisiguiente, sino que su responsabilidad se dilucidará por el
artículo 129. Asimismo, los impuestos de transformación, fusión,
absorción o extinción de una persona jurídica no extinguen su
responsabilidad penal, sino que va a trasladarse a la entidad o entidades
en que se transforme, se fusiona, se absorba o se extienda. Hemos dicho que
la responsabilidad penal de la persona jurídica es completamente autónoma
e independiente de la responsabilidad indincura de la persona física.
Así, por ejemplo, en un supuesto en que la persona física se constate que
se ha cometido un hecho delictivo en el seno de una empresa, a pesar de que
no se individualice a la concreta persona física, no se sea capaz de
individualizar a la concreta persona física o no se investigue a una
concreta persona física, ello no impide para que se procese penalmente a
la persona jurídica por la responsabilidad sin que haya podido incurrir.
Asimismo, simplemente se exige la constatación de que se ha cometido un
hecho delictivo, ni condenas previas, ni que se investigue ni se
individualice a la concreta persona física. Asimismo, es indiferente a la
suerte que puede correr procesalmente la persona jurídica el hecho de, por
ejemplo, que la persona física que concretamente ha cometido el delito
fallezca. Ello extingue la responsabilidad penal para la persona física,
artículo 130 del Código Penal, pero la persona jurídica va por otro
camino. De hecho, la persona jurídica… La persona jurídica tiene su
propio catálogo de atenuantes, agravantes y eximentes. Y, asimismo, tiene
su propio catálogo de penas, ¿vale?, en el artículo 33.7 del Código
Penal. Nos dice, ¿delitos cometidos por…? Es decir, ¿existe la
posibilidad penal de las personas jurídicas con relación a la totalidad
de los delitos contenidos en el Código Penal, en el libro segundo del
Código Penal? No. Solo con relación a aquellos completos delitos con
relación a los cuales el legislador así lo ha establecido expresamente. Y
ahí tenéis alguno de ellos. Tráfico ilegal de órganos, trata de seres
humanos, insolvencias punibles, daños informáticos, propiedad
intelectual, propiedad industrial, mercados y consumidores, falsedad
contable, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos
políticos, hacienda pública y seguridad social, cohecho, tráfico de
influencias, etcétera. Financiación del terrorismo, contrabando…
¿Vale? Son algunos de ellos. Una de las cuestiones de gran relevancia
vinculada a la representación penal de las personas jurídicas son los
supuestos de exención. Y vinculados a los supuestos de exención se hallan
los programas de cumplimiento. ¿Vale? Paso directamente a esos programas
de cumplimiento. En el Código Penal hace referencia a esos programas de
cumplimiento como modelos de organización y gestión. Bien. Esos modelos
de organización y gestión… Para que puedan cumplir con esa finalidad de
exención de la responsabilidad penal, deben cumplir expresamente los
requisitos que se establecen en el Código Penal. ¿Vale? Y, bueno, debe
acreditarse en sede judicial que, efectivamente, se han implementado,
están en funcionamiento y no simplemente un mero papel que se contiene en
un dossier. Entonces, cuestiones importantes o cuestiones claves que deben
contenerse en ese modelo, en ese programa de cumplimiento, en ese modelo de
organización y gestión para que pueda ser tomada en consideración para
eximir de responsabilidad penal a la empresa en la cual, pese a contar con
él mismo, se ha cometido un hecho delictivo. Porque, repito, lo que se le
imputa es un defecto de organización. Con lo cual, si la empresa ha
cambiado su cultura, promueve el cumplimiento de la legalidad, pero hay
alguien que comete un hecho delictivo, no por ello se le puede exigir
responsabilidad penal. Porque, entonces, lo mismo se exigiría al Estado
con relación a los delitos cometidos por personas físicas. Digamos, el
Estado impone todas las medidas adecuadas e idóneas para evitar que se
cometan delitos, pero se siguen cometiendo. Porque el riesgo cero no
existe. Un primer elemento es lo que se conoce como un mapa de riesgos. Es
decir, la concreta persona jurídica debe identificar aquellos ámbitos en
los cuales pueden ser cometidos delitos. Pues el mapa de riesgos de una
universidad no será el mismo mapa de riesgos que el de un banco o de un
partido político. En segundo lugar, debe establecer protocolos o
procedimientos que concreten cómo es el proceso de formación de voluntad
de esa persona jurídica. Es decir, quiénes toman las decisiones, cómo
esas decisiones se trasladan de una escala a otra, quién es el encargado
de ejecutarlas, de supervisarlas, etcétera, para así identificar más
fácilmente dónde se haya el problema. En tercer lugar, deben disponer de
gestión de recursos financieros adecuados de cara a evitar posibles
fraudes fiscales y otros delitos vinculados al orden socioeconómico. En
cuarto lugar, es necesario que cuenten con un canal de denuncias. El canal
de denuncias que se puede realizar de forma anónima, en la cual…
cualquier persona de esa organización, de esa persona jurídica, pueda
poner en conocimiento del órgano encargado de la supervisión y control de
ese modelo de organización que se están infringiendo determinadas medidas
contempladas en el mismo. Bueno, a partir de ahí se inician
investigaciones internas, lo cual, bueno, de hecho se derivan diversas
problemáticas vinculadas al proceso penal, cómo se transfiere la
información, pero bueno, eso trasciende de lo que es esto. En quinto
lugar, debe haber un sistema disciplinario, es decir, unas consecuencias
vinculadas al incumplimiento de lo establecido en ese modelo de
organización y gestión. Y, en último lugar, debe realizarse una
verificación periódica del correcto funcionamiento de ese modelo y
adoptar las medidas que sean necesarias para solventar aquellas
deficiencias que se observen en el mismo. Además de una asignoración de
responsabilidad penal, también se puede atenuar su responsabilidad penal.
¿Ello cuándo? En segundo lugar, pues cuando concurran las siguientes
circunstancias, que haya una acreditación parcial de las circunstancias
eximentes que hemos visto antes o que están antes en la anterior
diapositiva y que, con posteridad a la Comisión de Derecho Delictivo,
realice las siguientes actividades. Que proceda, digamos, a confesar la
infracción que se ha cometido en el seno de la misma a las autoridades
correspondientes antes de saber que el proceso se dirige contra esa persona
jurídica. Que colabore. En la investigación del hecho, aportando pruebas
en cualquier momento del proceso, siempre que se trate de pruebas nuevas,
decisivas, de cara a esclarecer las responsabilidades penales demanantes de
esos hechos. En tercer lugar, que en cualquier momento del proceso y con
anterioridad a la fase oral proceda a reparar el daño causado. Y, en
último lugar, que… establezca antes del comienzo de la fase oral, del
juicio oral, que se dote de ese programa de cumplimiento. Realmente lo que
le interesa al sistema penal es que las empresas se doten de programas de
cumplimiento que digamos que la cultura de funcionamiento varíe de cara a
propiciar el respeto o de cara a fomentar esa cultura de la legalidad.
Carece de responsabilidad penal el Estado, las administraciones públicas
territoriales, los organismos reguladores, las organizaciones
internacionales de derecho público y aquellas otras que ejercen protestas
públicas de soberanía o administrativas. Inicialmente aquí en este
límite se incluían los partidos políticos y los sindicatos, pero ello se
suprimió en la reforma llevada a cabo en el año 2012. Bueno, y esto
sería esa responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y pasamos ya
al último tema, que es la lección 8. Bien, esa lección 8 lleva por
título el control social de la delincuencia de cuello blanco. Y aquí
sirve la ley como control social, las agencias reguladoras, las sanciones
penales y otros recursos jurídicos existentes. La mayor parte de las
infracciones vinculadas a cuestiones de índole socioeconómico se
dilucidan en el ámbito administrativo. Imaginaos, hay infracciones
vinculadas al pago de determinados impuestos. La mayor parte son, pues,
imaginaos, sanciones tributarias a ámbito administrativo. No están de
acuerdo esas sanciones al alcance del determinado umbral de gravedad, entra
en escena el derecho penal. Por tanto, en el ámbito de la… o muchos de
los ámbitos de la dimensión socioeconómica van parejos legislación
administrativa y legislación penal. Bueno… Junto con la posibilidad de
demanda civil, pero en el ámbito de la delincuencia de cuello blanco va a
ser escaso. De cara a prevenir el delito, ¿vale? Para prevenir el delito,
prevenir el delito o la delincuencia socioeconómica se puede hacer o se ha
hecho desde un doble plano. En primer lugar, mediante la aplicación de
instrumentos reguladores. ¿Vale? De instrumentos reguladores de las
condiciones sociales y económicas en las que se produce ese tipo de
delincuencia. Y, en segundo lugar, mediante una prevención penal
articulando tipos penales y imponiendo determinadas penas. La lucha contra
la delincuencia económica, digamos que tenemos como el instrumento más
potente el derecho penal económico. ¿Vale? Con toda su prevención
general negativa, positiva y esa prevención especial. No obstante, en esa
lucha contra la delincuencia económica, la potencialidad del derecho penal
tiene ciertas peculiaridades. Algunas peculiaridades que se vinculan a la
consideración de esta delincuencia como una delincuencia de cuello blanco.
En primer lugar, que la delincuencia de índole económico goza de un mayor
grado de comprensión y tolerancia por parte de la sociedad que otro tipo
de delincuencia, como puede ser la delincuencia violenta o en la que se
afectan a bienes políticos personalísimos. Salvo, como hemos visto y como
ahí tenéis en la diapositiva, en momentos muy concretos, como por ejemplo
en ese momento de crisis económica, en el cual se vivenció la democracia.
Con ciertas consecuencias que tiene vivir en un país con una tasa de
corrupción muy elevada. Pero bueno, existe en carácter general una mayor
tolerancia y una mayor asimilación, respeto, etcétera, contra la
delincuencia de índole socioeconómico. Y en segundo lugar, desde un punto
de vista criminológico, lo cierto es que los autores de este tipo de
delincuencia no son los delincuentes que nosotros tenemos en nuestro
imaginario. Con lo cual, también se plantea la problemática de qué
medidas aplicar a estos delincuentes que, al no encajar dentro del...
Delincuente tradicional, digamos, nuestro sistema no está pensado para
tratar a este perfil de delincuentes. Con lo cual, se plantea qué
concretas sanciones imponer, qué concretas medidas preventivas diseñar,
qué programas de reinserción implementar, etcétera. En primer lugar, se
nos habla de la ley como forma de control social. La ley como forma de
control social. En efecto, una de las principales demandas que se produce
por parte de la sociedad cuando se comete un hecho delictivo grave y que
tiene cierta repercusión es que se incrementen las penas. Porque digamos
que se considera que es una forma eficaz y rápida de… …prevenir la
criminalidad. Y ello también se aplica o también se exige con relación a
delitos de cuello blanco, como puede ser la corrupción. Lo cierto es que
esa vinculación entre mayor gravedad de las penas y disminución de la
comisión de delitos no es lineal, ¿vale? No funciona de esa manera.
Además, estamos en un ámbito muy concreto de criminalidad. En el cual,
por ejemplo, cuando hablamos de todos esos delitos cometidos en el seno de
los bancos con relación de las preferentes, etcétera, etcétera, delitos
que se cometen en el ámbito del mercado, los consumidores, lo cierto es
que meterse ahí con unos penales, digamos que… El Estado se ha mostrado
ciertamente reticente ante la posibilidad de vulnerar el libre mercado,
ante la posibilidad de vulnerar, bueno, la libre competencia, etcétera. De
ahí que se haya abogado, no por el derecho penal, sino por agencias
reguladoras u otro tipo de intervenciones, digamos, menos invasivas,
¿vale?, menos invasivas. La respuesta legislativa a la ley del juez de
cuello blanco ha ido precedida antes de la tipificación de hechos
delictivos, ha ido precedida de la creación… …de agencias reguladoras,
como, por ejemplo, puede ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores o
agencias vinculadas al tema de la transparencia, el tema de la prevención
de la corrupción, etcétera. Digamos que estas agencias tienen autoridad y
responsabilidad para controlar un segmento determinado de los negocios o de
actividades profesionales, por ejemplo, transacciones e inversiones
financieras, como puede ser la Comisión Nacional del Mercado de… …de
valores. Estas comisiones nacionales de mercado, estas comisiones, estas
agencias reguladoras son agencias de carácter público, por tanto, toda la
normativa vinculada a las mismas, toda la normativa que produce de cómo se
debe… …digamos, cómo se deben llevar a cabo estas acciones e
inversiones financieras y las sanciones… Las infracciones vinculadas al
incumplimiento de esas medidas y las sanciones que se aplican contra ello
tienen carácter administrativo. De hecho, una de las principales funciones
que tienen esos agentes reguladores es crear un ámbito regulador para la
redundancia de actuación adecuada, un ámbito de regulación de cómo se
debe actuar en un determinado ámbito del mercado. Y un aspecto particular
de esas agencias reguladoras es que tienen autoridad legislativa, es decir,
producen ellas mismas legislación y asimismo tienen funciones ejecutivas y
judiciales. Es decir, en esas agencias reguladoras se reúnen los tres
poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En cuanto a las
sanciones penales, hemos visto que… Bueno, existe esa controversia sobre
si las sanciones penales es lo más adecuado para prevenir la comisión de
delitos en la delincuencia de cuello blanco y cómo se aplica. Si las
sanciones penales tienen por objeto la reinserción y resocialización de
los delincuentes, ¿cómo se conjuga ello con sujetos, el prototipo de
delincuente de cuello blanco, que son sujetos perfectamente resertados y
que están perfectamente socializados? Asimismo… Eso observa, y eso es el
artículo que tenéis de Silvia Sánchez, ese derecho penal de dos
velocidades, en los cuales… Bueno… Como se regulan determinados delitos
vinculados principalmente a esa delincuencia de cuello blanco, pues difiere
notablemente cómo se articulan otros delitos que son considerados delitos
comunes. Cuarto punto, otros recursos jurídicos. Porque no se parecen
reflejados en esas estadísticas y, sobre todo en España, que carecemos de
ese trabajo empírico, si en otros países la mejor cuenta con base de
información en España, la información es inexistente. Se observa, con el
paso del tiempo, una progresiva americanización del derecho penal en el
ámbito del derecho penal económico. ¿Vale? Con… Digamos, cada vez un
derecho más intervencionista y, por ejemplo, mediante la implementación
de la capacidad penal de las personas jurídicas, que era algo totalmente
ajeno a lo que se observaba en nuestro país y que, de hecho, en el derecho
de la Europa continental sigue generando muchísima controversia cómo hay
que identificar esto, cómo se articula el proceso… problemas de traspaso
de información, bueno, etcétera. Bueno, aquí tenéis un poco cómo ha
ido esa evolución que ha tenido luego su transposición a la Europa
continental. Inicialmente, la primera fase de Estados Unidos fue el primer
país en regular, por ejemplo, la tutela de la competencia a través de
sanciones penales administrativas. En una tercera fase hay un modelo de
tipificación de determinadas conductas, en que se traduce esa
americanización de lo que es la regulación de la delincuencia de cuello
blanco en la capacidad penal de las personas jurídicas, pues que hay una
importancia determinante del concepto de transparencia. De hecho,
actualmente todo es transparencia, se crean autoridades administrativas con
amplios poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en determinados
ámbitos del mercado, introducción de un modelo de control interno de las
personas jurídicas y la importancia de ese gobierno corporativo, de esos
programas de cumplimiento como mecanismo de prevención de la criminalidad.
Bueno, aquí tenéis ese derecho penal de dos velocidades. ¿En qué se
traduce ello? Pues que tenemos para regular la delincuencia socioeconómica
un modelo, en algunos casos, como existe en Alemania, Portugal e Italia, un
modelo que se conoce como el modelo de contravenciones del derecho, en los
cuales son institutos penales, pero institutos penales, digamos, de segunda
categoría, que se someten igualmente a los principios de derecho penal,
pero, digamos, de forma más larsa. Y lo que sucede es que, pese a que se
someten a los principios de derecho penal, sus sanciones son impuestas por
autoridades administrativas. Es un derecho penal administrativo, que eso no
existe. Es propio de Alemania, sobre todo de Portugal e Italia. Existe un
modelo de doble vía administrativa y penal que existe en España, por
ejemplo, en el cual, digamos, y ejemplo serían las infracciones
tributarias. Por ejemplo, fraude fiscal, ¿vale? El IRPF hasta 120.000 es
una infracción tributaria. Si defraudamos más de 120.000 la hacienda, eso
es un delito. Por tanto, hay esa doble referencia. Y, por otro lado, hay un
primer control de comportamientos lesivos que se lleva a cabo por los
órganos administrativos independientes, que llevan a cabo esa tarea de
detención, investigación e enjuiciamiento. Y, tras esa primera
intervención de esos órganos administrativos, se ponen esas cosas en
conocimiento, digamos, de la Fiscalía, que decide si, digamos, decide la
Fiscalía si es necesario abrir procedimientos administrativos o si van al
procedimiento… al procedimiento penal. Y, bueno, otros modelos o
estrategias, programas de cumplimiento, planes de medidas, etcétera. Una
de las cuestiones que se observa con relación a la delincuencia de Cuello
Blanco es que existe un recurso generalizado, un uso excesivo, un recurso
generalizado de la pena de multa. ¿Vale? Ello es objeto de algunas
críticas. ¿Ello por qué? Porque consideran que no cumple con los
objetivos preventivos generales, en la medida en que muchas ocasiones no
son multas lo suficientemente gravosas, notables o de notable cuantía,
como para desempeñar esa función, digamos… …intimidatoria para
evitar, para hacer de existir, digamos, los futuros delincuentes
económicos de la comisión de esos delitos. Asimismo, si lo que se pone es
una pena de multa, lo que se puede hacer es que lo que hagan esas personas
jurídicas o esos autores de esa delincuencia de Cuello Blanco es aplicar
una elección racional. Es decir, vale, si la comisión de esta conducta me
cuesta cien mil leyes… …y yo, si realizo esa conducta, voy a ganar un
millón de euros, me compensa. Por lo cual, costes-beneficios lo hago. Por
otro lado, claro, si a mí, por empresario, por representante de una
determinada conducta, le imponen una multa, al final no voy a ser yo quien
pague la multa, sino que lo que voy a hacer es repercutir ese precio, ese,
digamos, esa deuda… que voy a tener en mi balance, la voy a repercutir en
mis compradores y los consumidores. Es decir, que al final quienes pagan la
sociedad o los consumidores son los que pagan doblemente esa infracción.
Pagan porque sufren esa infracción y aparte son ellos los que al final
pagan la pena de multa. Y tampoco sirven a ese propósito de prevención
especial positiva. En la medida en que simplemente no es tan grave, me han
puesto una pena de multa, simplemente aparte puedo repercutirla al seguro,
puedo repercutirla a que me la paguen terceros, con lo cual no me hace ser
consciente del daño ocasionado por esa conducta, ni siquiera yo tengo que
hacer un gran esfuerzo reparador. Es cierto que esas críticas han sido
constantes, pero lo cierto es que se sigue manteniendo la pena de multa
como la principal pena imponida en el caso de delincuencia socioeconómica.
Y ello tiene también a su vez varias explicaciones. En primer lugar, por
el principio de proporcionalidad no afectan a bienes jurídicos personales,
simplemente tienen ese carácter económico, con lo cual, bueno, si el
daño es económico la sanción que te pongo es también económica. Por
otro lado, la consideración social que tiene la delincuencia de cuello
blanco en cuanto a la escasa gravedad que subserva o parte de la sociedad o
que valora la sociedad la comisión de derechos expeditivos, con lo cual...
tal vez no se justificaría la imposición de una pena de prisión en estos
casos si lo comparamos con la comisión de otros delitos más graves que
hay en el ordenamiento penal. Si también dentro del ordenamiento penal
tiene que haber una proporcionalidad de las penas a imponer en función de
los diferentes delitos y de los miembros jurídicos que atacan, pues un
supuesto de un delito de corrupción o tal vez que lleve aparejado una pena
de multa al mismo nivel que un delito de lesiones, pues a lo mejor no es
del todo proporcional. Y en tercer lugar, si la principal motivación que
tienen los delincuentes de cuello blanco y los delincuentes
socioeconómicos para actuar es un ánimo de lucro o una motivación
económica, pues vamos a castigarlos en lo que más les duele, que es ese
beneficio económico. Por lo cual, la pena de multa... O sea, si lo
acompañamos de un decomiso de las ganancias ilícitamente obtenidas, etc.,
pues, digamos, ayudará a neutralizar y a mandarle el mensaje de que, oye,
delinquir no compensa porque lo que gane cometiendo ese delito me lo van a
quitar. Ello exigiría esa proporcionalidad en la pena de las multas,
exigiría también que nuestras agencias de comiso funcionasen
correctamente, porque los datos son que las cantidades que se recuperan...
Los datos de comiso son totalmente significantes, básicamente porque esa
agencia está infradotada. Está infradotada. Bueno, aquí tenéis un poco
de las... Bueno, algunos estudios que se han realizado a este respecto y
uno de ellos es Joan Bauzels, que es profesor titular de la Universidad
Autónoma de Barcelona, que critica o es crítico con alguna de las
principales consideraciones sobre la eficacia y la idoneidad que tiene la
pena de multa en nuestra regulación actual por las siguientes razones.
Dice que la cuantía máxima de la pena de multa es ínfima si lo
comparamos con lo que se obtiene con la comisión de esa delincuencia
socioeconómica. En segundo lugar, la Administración de Justicia, porque
esas agencias están infradotadas, porque los que se encargan de investigar
cuál es la situación económica de ese sujeto, lo cierto es que no son
capaces de averiguar la verdadera situación económica del delincuente.
Pero del delincuente cuello blanco. No, del delincuente cuello blanco ni de
cualquier otro delincuente. O sea, se declaran las insolvencias sumamente
fácil. En tercer lugar, dice que el artículo 50 no impone a los
organismos jurisdiccionales el deber de llevar a cabo una investigación
exhaustiva sobre el nivel de vida y la calidad lo posible dentro de los
límites que nos marca el Código Penal, la cuantía a sufragar diariamente
en concepto de pena de multa. Cuarto lugar, quinto lugar. Es también lo
más relevante y es que no se pondera adecuadamente la cuantía de la pena
de multa vinculándolo al concreto beneficio económico resultante de ese
delito. Con lo cual, si al sujeto le compensa económicamente delinquir, va
a delinquir. Y, algunas multas administrativas son superiores a las que se
deriva del sistema de diamuntas penal. Con lo cual, a veces, el derecho
penal, que debería ser más intimidatorio, resulta menos intimidatorio que
una sanción administrativa, lo cual tampoco es proporcional. Vale,
entonces, tal vez, revisando algunas de esas cuestiones y, sobre todo,
porque al final cuando se comete un delito de corrupción, un delito de
masacresación o un delito de fraude fiscal, al final lo que la sociedad
quiere es que, muy bien, pero te has pasado cinco años, dos años y medio
en prisión. Ya, pero ¿dónde está todo el dinero que has llevado? Al
final, lo que le preocupa a la sociedad y lo que quiere la sociedad es eso.
Y, en la mayor parte de los casos, ese dinero se sigue disfrutando y no se
sabe dónde está. Con lo cual, ¿a mí me compensa llevarme once millones
de euros a cambio de pasar dos años en prisión? Pues, la mayor parte de
la gente dirá, hombre, que sí. Otros autores, como Antonio Beristain,
dicen que, si bien reconoce la mayor efectividad de las penas de multa en
relación con la delincuencia de cuello blanco, matiza que, ojo, sería
necesario elevar la cuantía en proporción a los beneficios y dígitos
obtenidos. Es que, en ningún caso, el delito puede compensar. Con lo cual,
o bien por la pena de multa o bien por el decomiso, debería dejarse su
cuenta a ese respecto a cero. Pero ello no sucede. Y deben mejorarse los
recursos de la Administración de Justicia para poder actuar sobre los
bienes ocultos del delincuente, incluso fuera de nuestras fronteras. Bueno,
Antonio Beristain ha fallecido. Yo creo que falleció en el año… 2000 o
por ahí. Eso se lleva reivindicando y no ha mejorado la situación.
Vinculado al, digamos, lógico o una lógica derivada de la anterior, si
hemos dicho que hay un uso, se acude con carácter general a la exposición
de la pena de multa, la contraposición es que, por tanto, hay un escaso
recurso a la pena de prisión. Y ello porque se dice que resulta inadecuada
para este perfil de delincuentes, ya que esa pena de prisión, tal y como
se aplica actualmente, esa función de reinserción social con estos
sujetos no lo cumpliría y no alcanza los efectos preventivos especiales de
la pena, ya que suelen ser sujetos cuya comisión de estos delitos se hayan
profesionalizado. Esto es algo que no se puede hacer. Esto tal vez es, no
sé si preventivo especial, pero la imposición de una pena de prisión sí
que tiene un efecto. Como de que el sujeto sí que interiorice la gravedad
de la conducta cometida, es decir, ostras, me han impuesto una pena de
prisión y un poco de cambio de concepción. Y elevado de coste de la
prisión. Es decir, efectivamente, mantener a una persona en prisión tiene
un coste diario, por lo cual, a ello se suma al coste que se ha derivado de
la comisión de sederido de cuello blanco para el erario público. Junto a
esas críticas o junto a esas, digamos, argumentaciones que se dan para no
imponer la pena de prisión en este perfil de delincuentes, también se
señala que, ojo, que la pena efectivamente, dice el artículo 25, que la
pena de prisión tiene esa función preventiva especial, pero no es la
única función que tiene. La pena también tiene una función de, incluso
en prisión u otros fines que tiene la prisión, es la prevención general
y la retribución. Y eso… Pues, bueno, con relación a estos perfiles de
delincuentes sí que cumpliría esas otras finalidades. Negar que en
ningún caso, con independencia de la gravedad que tenga el delito de
cuello blanco cometido, se puede imponer la pena de prisión, pues resulta
discriminatorio con relación a otros delincuentes. ¿Por qué a estos? En
estos casos no, que estos casos que son… Catalogados como delitos graves,
¿no? Y en estos sí. Es lo que se conoce un poco de clasismo penal. Tiene
una explicación, no solo por estos argumentos de por qué no se impone
mayoritariamente la pena de prisión en estos delitos. Y estas
explicaciones nos las da también Joan Bauzés. Dice, en la mayor parte de
los delitos socioeconómicos la pena de prisión en abstracto imponer es
tan baja que permite en la mayor parte de los casos que pueda ser en unos
casos suspendida y en otros casos que sea sustituida por la pena de trabajo
de beneficio de la comunidad o por una pena de multa. Asimismo, se señala
que las penas previstas para los delitos patrimoniales comunes son
muchísimo más elevadas. Que las previstas para la delincuencia
socioeconómica. Y, bueno, lo último, que pueden ser suspendidas.
Imaginaos un delito de blanqueo de capitales como el que se cometió en
Marbella y que hubo, por ejemplo, a Isabel Mandoja la que hay en los solo
dos años. Y no se suspendió porque se quiso mandar un mensaje a la
sociedad. Pero en la mayor parte de los casos esas penas se van a
suspender. De hecho, si miramos… Si miramos los sujetos que están
cumpliendo penas de prisión, en los casos, por ejemplo, por delitos de
corrupción, representan un porcentaje mínimo, ¿vale? Mínimo o
minimísimo. Otras penas que resultarían idóneas, pero estas son ya penas
que son accesorias. En este caso, la pérdida de prisión. Por ejemplo, la
inhabilitación profesional. Bueno, es… Lo que sucede es que, si es una
inhabilitación especial, solo le va a afectar por el tiempo que dure el
estipulado en la condena, tampoco lo limita lógicamente. Problemas que se
derivan de esta inhabilitación para el ejercicio de esa profesión, en
virtud de la cual ha dado lugar a la comisión de ese delito, pues que el
delincuente económico va a poder seguir disfrutando de los réditos
derivados de la comisión de ese delito. En muchas ocasiones, además, en
la comisión de esos delitos, por ejemplo, los delitos de blanqueo de
capitales, utilizan a personas intermedias, a los denominados hombres de
paja, testaferos, etcétera. Existe cierta discrecionalidad judicial para
la imposición de esta pena y, concretamente… ¿Cuál de entre las penas
de esas indicaciones especiales? Y, en muchas ocasiones, además de esa
discrecionalidad judicial de elección de qué concreta inhabilitación
especial, en muchos otros casos en los cuales se establece la
inhabilitación profesional, como pena impone, se establece con carácter
potestativo. Es decir, que queda a la libre discrecionalidad del órgano
judicial imponerlo. En cuanto a las acciones de las personas jurídicas,
bueno, pues la pena de multa, en este caso también a las personas
jurídicas, es como, digamos, la pena que principalmente se le impone a
las… mismas. Un poco sobre la base del mismo argumento y fundamento por
el cual se impone la pena de mucha, principalmente a las personas físicas
en los casos de la Comisión de Delitos Socioeconómicos. Lo que se trata
es de pegar donde más le puede fastidiar a esa persona jurídica y
buscando también esa proporcionalidad. Bien, aquí se os explica un poco
en qué consiste. Sí, y la duda es… Bueno, mientras dices… Además de
esa pena de mucha, bueno, existen muchas penas, otras penas, penas
interdictivas reguladas en el artículo 33.7, que son… Es el artículo
33.7 donde se regula específicamente las penas que imponen las personas
jurídicas. En la persona jurídica hemos… Existe la pena de muerte, que
es esa disolución de la persona jurídica. Existe la disolución, la
suspensión de sus actividades por un plazo no superior a cinco años, la
clausura de sus locales y establecimientos por un plazo no superior a cinco
años, la prohibición de realizar en el futuro actividades. Las penas a
las personas jurídicas se pueden sustituir. En principio no, porque no
está previsto sustituir. ¿Por qué? Porque la pena de prisión solo se
puede sustituir por la pena de multa y por la pena de trabajos en beneficio
de la comunidad. La pena de multa ya es la pena que principalmente se le
impone a las personas jurídicas, pero no se puede imponer la pena de
trabajos en beneficio de la comunidad a una persona jurídica. Quiero
decir, a la persona jurídica no se le va a imponer la pena de prisión,
porque eso no se puede meter. Con lo cual, su pena es la pena de multa o
alguna de estas que es el 1.337. Vale, pues no. Claro, porque la
sustitución solo está prevista para la pena de prisión. De todas formas,
ya miro la concreta pregunta. Pero lo sea, en el artículo 80 del Código
Constitucional… En el artículo 80 se regula la suspensión ordinaria y
la suspensión excepcional o extraordinaria. Ya no se habla de
sustitución, ¿vale? Eso ha cambiado en la reforma de 2015. Solo está
prevista para la pena de prisión. La pena de prisión puede… o
suspenderse cuando se cumplen los requisitos establecidos en el 81 y el 82,
o puede, si se cumplen los requisitos del 83, sustituirse por la pena de
multa o por la pena de trabajo sin beneficio a la comunidad. Bueno, estas
penas interdictivas. Disolución, suspensión, clausura, prohibición de
realizar la habilitación para obtener subvenciones e intervención
judicial. Bien, para decidir de esas penas interdictivas cuáles se imponen
y cuál es su concreta extensión, habrá que tomar en consideración si
eso no es necesario para prevenir que continúe haciendo esas conductas
delictivas. Segundo lugar, ¿cuáles son sus consecuencias económicas y
sociales? De la imposición de esa medida, claro. Si procedemos, imaginaos,
a disolver indites, ostras, las consecuencias económicas y sociales que va
a tener ello para todos los trabajadores que trabajan en el grupo de
indites son enormes. Entonces, no creo que ningún juez atreviese a
decretar esa medida. Y, en tercer lugar, el puesto que en la estructura de
esa persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió su
deber de control. En esas penas interdictivas, en algunos casos, se nos
dice cuál va a ser su duración máxima. Y, en otros casos… Dice que
para la imposición de las sanciones previstas en las letras TAG por un
plazo superior a dos años es necesario que se dé alguno de los siguientes
requisitos. Que la persona jurídica sea reincidente y que la persona
jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de dígitos
penales. Bueno, para la imposición con carta permanente de las sanciones,
bueno, aquí tenéis que decir, es una serie de regulaciones que
simplemente es una transposición de lo que dice el Código Penal. Una
cuestión que se plantea es, bueno, esas penas jurídicas que ha
establecido el legislador en el 37 coinciden en buena manera… …con las
antiguas consecuencias accesorias de 129. Una vez articulada la posibilidad
penal de las personas jurídicas, ese artículo 129 ha quedado simplemente
para, digamos, aquellos entes sin personalidad jurídica, esas personas
jurídicas pero que son sociedades meramente pantallas o para, por ejemplo,
grupos de empresas los cuales no tienen personalidad jurídica, etcétera.
Es decir… …a entes que no se les pueda aplicar la responsabilidad penal
del artículo 31 bis. Bueno, aquí se explica un poco la problemática de
la denominación de consecuencias accesorias que se da a las previsiones
contempladas en el 129 y cuál es la… cuál era la finalidad de por qué
se denominaban consecuencias accesorias a efectos de no aplicar los
presupuestos de la teoría jurídica del delito, ni siquiera la
proporcionalidad en esas penas. Bueno, eso son cuestiones un poco
dogmáticas. Bueno, un poco sería así este tema. Os paso el cuestionario
relativo a este tema 8 y miro eso que ponía de la suspensión o de la
sustitución de las penas. Pero claro, el problema de las personas
jurídicas es que, quiero decir, no hay como alternativa. De hecho, las
personas jurídicas ya tienen como grandes posibilidades tanto de atenuarse
su responsabilidad penal como grandes posibilidades de quedar exoneradas de
responsabilidad penal. Vale, es casi complicado que se les da como todo el
abanico para que se puedan exonerar de responsabilidad penal. Pero miro esa
pregunta a ver qué os pone allí. Y nada, lo que hacemos el próximo día
es repasamos todos los tipos o corregimos todos los tipos. Y repasamos
aquellas dudas que vayan surgiendo con relación a las respuestas dadas a
los mismos. Y, nada, nos vemos en la última de las tutorías que va a ser
una tutoría de corrección de los exámenes y de repaso de aquellas
cuestiones que os hayan quedado así con alguna duda. Nada, nos vemos. Un
saludo. Chao, chao.