Hola, ahora sí. Buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 9. En
esta tutoría vamos a terminar ya la lección tercera, cuando hablábamos
de los derechos y los deberes de los ciudadanos ante la Administración
Pública. Este tema de hoy es bastante interesante porque vamos a hablar
del derecho a la información sanitaria, vamos a ver lo que es un
testamento vital, en fin, vamos a ver cositas que realmente es de nuestro
interés. Bueno, pues empezamos con nuestra lección 3, los derechos y los
deberes de los ciudadanos ante la Administración Pública y tenemos que
hablar del derecho a la información sanitaria. Vemos de nuevo lo que es la
Ley 33 del 2011, el 4 de octubre, la Ley General de Salud Pública, y nos
dice lo siguiente. La Ley 41 del 2002, la Ley Básica de Autonomía del
Paciente, regulada en el capítulo 2 del derecho a la información
sanitaria, derecho a la información asistencial en el artículo 4, la
titularidad del derecho que corresponde al paciente en el artículo 5 y el
derecho a la información epidemiológica regulada en el artículo 6.
Importante, el derecho a la información sanitaria es de cualquier
actuación en el ámbito de su salud, pues toda la información disponible
sobre la misma, sobre la actuación que tienen que tener, y tiene que
comprender como mínimo la finalidad y la naturaleza de cada intervención
que va a recibir los riesgos y las consecuencias. ¿Para qué? Pues porque
el paciente tiene derecho a conseguir o no la aplicación de dicha
actuación. actuación médica. Repito que el paciente debe conocer con
motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud toda la
información disponible sobre la misma comprendiendo como mínimo cuál es
la finalidad, la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus
consecuencias para poder consentir o no la aplicación de dicha actuación
médica. Este derecho a la información sanitaria tiene este deber de
información, tiene que ser aún en los casos de que el paciente no pueda o
no tenga capacidad para poder entender. Esto se hará siempre a través de
su representante pero este deber de información tiene que existir. La
información que se le da al paciente tiene que ser verdadera. La
información sanitaria tiene que ser verdadera, comprensible y lo digo, lo
dicho, si no tiene capacidad para poder comprender pues tiene que valorarlo
su representante y adecuada. Y como regla general esta información
sanitaria tiene que ser verbal, de forma general verbal pero tiene que
dejar constancia en la historia clínica que ya veremos a continuación lo
que es pero es el conjunto de documentos donde está el historial y la vida
de este paciente con algunas excepciones en las que será necesario
informar al paciente por escrito. ¿En qué supuestos? Pues en los
supuestos de intervención quirúrgica. Vamos a ver más adelante y esto
también tiene una excepción. ¿Por qué? Porque si un médico va a
intervenir a un paciente que no considera por su leal saber y entender que
este paciente necesita de ser intervenido porque corre un peligro grave
pues en este caso pues este consentimiento pues no tiene por qué estar
firmado. ¿Vale? Pero lo que es la información así que es normal. Este
derecho, repito, puede ser limitarse por la existencia acreditada de un
estado de necesidad terapéutica. ¿Y cómo se entiende este estado de
necesidad terapéutica? Pues como la facultad que tenga el médico para
poder actuar profesionalmente sin informar antes al paciente. Cuando por
razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar
su salud de manera grave. ¿Puede renunciar el paciente a este derecho de
información? Por supuesto que sí, pero siempre de forma expresa y tiene
que constar por escrito. Con respecto al derecho de la información
epidemiológica del artículo 6 hemos dicho que los ciudadanos tienen
derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando
impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual.
Tenemos muy reciente, ¿vale? Lo de la pandemia y el COVID y el derecho a
que esta información se difunda en términos también verdaderos,
comprensibles y adecuados. También los pacientes tienen derecho a recibir
información sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su
calidad, los requisitos de acceso y también el derecho a la información
para la dirección del centro médico y del médico. Con respecto a la
autonomía del paciente y el consentimiento informado, ¿vale? Hemos dicho
que los menores de edad y los que necesitan unas medidas de apoyo para
poder comprender y entregar entender, pues necesitan el consentimiento
informado a través de sus representantes legales. Hay dos supuestos
especiales también que se necesita ese consentimiento informado por
representación, que son la interrupción voluntaria del embarazo, la
práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción
asistida. Se rigen por lo establecido con un carácter general sobre la
mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. Creo
que hasta aquí está todo claro y vamos a ver ahora las instrucciones
previas o el testamento vital. Una persona mayor de edad que sea capaz de
comprender y libre puede manifestar de forma anticipada su voluntad con
objeto de que ésta se cumpla en el momento correcto. Es decir, que la
persona mayor de edad pueda decidir sobre el destino de su cuerpo o de los
órganos del mismo. Es decir, esa persona mayor de edad puede decidir de
que sus necesidades se cumplan, incluso antes de que su voluntad se vea
totalmente truncada. Esa voluntad que exprese en este testamento vital o en
estas instrucciones previas no puede ser contraria ni al ordenamiento
jurídico, ni a la Lex Artis, ni a las que no se correspondan con el
supuesto de hecho que haya previsto. Este testamento vital se tiene que
realizar en el momento correcto. Se puede registrar en el Ministerio de
Sanidad y Consumo para poder asegurar la eficacia y el respeto de este
testamento vital. Las instrucciones previas, por supuesto, podrán ser
revocadas en cualquier momento, pero se tiene que dejar constancia por
escrito. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otro tema que es importante. Como
estamos hablando de los derechos y los deberes de los ciudadanos ante la
Administración, se puede registrar en el Ministerio de Sanidad Vamos a ver
también los pacientes que tienen derecho a la intimidad y a la protección
de los datos en el ámbito sanitario. Están regulados tanto en la Ley 41
de 1976, la Ley General de Sanidad, también en la Ley 41 del 2002,
reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y deberes en
materia de información y documentación clínica. La Ley 33 del 2011,
General de Salud Pública. Y en la Ley Orgánica 5, 1999, del 13 de
diciembre, de protección de carácter personal. En primer lugar, este
derecho a la intimidad y protección de datos en el ámbito sanitario, la
Ley 41 de 1986, del 25 de abril, la Ley General de Sanidad nos dice que
tenemos derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada
con su proceso y con su instancia en instituciones sanitarias públicas y
privadas que colaboren en el sistema público. La Ley 41 del 2002, la Ley
reguladora de autonomía del paciente y de los derechos y deberes en
materia de información y documentación clínica, en su artículo 7, dice
que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial
de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin
previa autorización amparada por la Ley. Los centros sanitarios, los
derechos a que se adoptarán todas las medidas oportunas, ¿para qué? Pues
para poder garantizar los derechos a que se requieren y a elaborar normas y
procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de
los pacientes. Cuando hablamos del derecho a la intimidad y a la
protección de los datos, en el ámbito sanitario, tenemos que hablar de la
historia clínica y la verdad es que queremos un concepto claro. Una
historia clínica no es más que un conjunto de documentos que van a
contener los datos, todas las valoraciones, todas las informaciones de
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un
paciente a lo largo de su proceso asistencial. Ese instrumento, esta
historia clínica, está destinada a la evaluación clínica de los datos.
¿A qué? Pues a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Todos los
profesionales asistenciales del centro que realizan el tratamiento tienen
acceso a esta historia clínica. ¿Qué hacen los centros con las historias
clínicas? Pues las pueden archivar en cualquier tipo de soporte. ¿Y qué
contenido mínimo van a integrar estas historias clínicas? Datos de
carácter identificativo, nombre, datos clínicos y, por supuesto, el
consentimiento informado. ¿De acuerdo? A voz de comentaros, si una persona
tiene una intervención quirúrgica y ha habido una negligencia por parte
de los profesionales y cuando se accede a la historia clínica, si no hay
un consentimiento informado, pues prácticamente la respuesta... La
responsabilidad, a no ser que sea por algo excepcional, como hemos
comentado antes, pues es la responsabilidad a caer directamente sobre los
médicos del centro de salud. ¿Vale? El consentimiento informado tiene que
estar en la historia clínica del paciente. Sí. Bueno, pues vamos a ver
ahora otro punto que también es interesante. ¿Qué es lo que se hace?
Derecho a ser indemnizado del paciente, pues es otro de los derechos cuando
se hace una lesión como consecuencia del funcionamiento del Servicio
Público Sanitario. Tenemos que recurrir aquí a la Ley 30 del 1992, del 28
de noviembre. ¿Vale? El régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común. Características de la
responsabilidad patrimonial sanitaria. ¿Vale? ¿Cómo es la
responsabilidad patrimonial sanitaria? ¿Qué tipo de responsabilidad es?
¿Subjetiva? ¿Objetiva? La responsabilidad es objetiva. ¿Por qué? Porque
depende solamente del resultado. Aquí es independiente de quién tuvo la
culpa, ¿vale? Que se genere el daño. ¿Vale? La responsabilidad
patrimonial es objetiva. ¿Va a haber indemnización? Sí. ¿Cuándo? Pues
cuando se produzca culpa o negligencia con respecto a las lex artis. ¿Y
qué factores hay que tener en cuenta para saber si hay una responsabilidad
patrimonial sanitaria? ¿Cuáles son los factores que se deben tener en
cuenta? ¿Hay responsabilidad o no? Pues si se ha informado debidamente al
paciente. De ahí que os comento lo del consentimiento informado. Si han
sido consentidas por él todas las actuaciones. Si la asistencia al
paciente ha sido realizada a tiempo. La administración sanitaria va a
responder de los daños antijurídicos resarcibles que se hayan producido
en su ámbito de actuación por el personal a su servicio. ¿De acuerdo?
Tenedlo en cuenta que la administración va a responder de los daños
antijurídicos resarcibles que se hayan producido en su ámbito de
actuación por el personal a su servicio. La ley 30 de 1992, de la Asamblea
Jurídica de las Administraciones Públicas, habla de qué presupuestos
tienen que… Aquí estamos. ¿Qué presupuestos tienen que existir para
que haya responsabilidad sanitaria? En primer lugar, que hablaremos más
tarde, una lesión le llaman ellos resarcible, que hayan una relación de
causalidad. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que la lesión sea resarcible? Pues
para que una lesión pueda generar un derecho a pedir una indemnización,
tiene que haber un daño antijurídico. ¿De acuerdo? Tienen que existir
para que haya responsabilidad sanitaria. Un daño antijurídico, un daño
efectivo, un daño que sea evaluable económicamente y un daño
individualizable con relación a una persona o grupo de personas. Otro de
los presupuestos para que haya una responsabilidad sanitaria tiene que
haber una relación de causalidad. ¿Qué requisitos? Pues para que surja
la obligación de indemnizar, la lesión debe ser consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Tiene que haber
concurrencia de concausas y no habrá obligación de indemnizar en aquellos
supuestos en los que el paciente suspende un tratamiento o no lo sigue
según la forma prescrita. ¿Vale? Y ahora sí, la indemnización, ¿vale?
Hemos hablado de los presupuestos de responsabilidad sanitaria, del
presupuesto de la responsabilidad sanitaria y ahora vamos a hablar de la
indemnización. ¿Y qué es la indemnización? Pues es, según el concepto
que nos da la ley, es una reparación integral de los daños y de los
perjuicios causados, tanto físicos, materiales, morales. El daño
emergente también forma parte de la indemnización y el lucro cesante. ¿Y
qué es el lucro cesante? Pues son las ganancias o los beneficios que no se
percibieron, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula la indemnización? Pues se va
a calcular con arreglo a los criterios de valoración que establecen la
legislación de expropiación forzosa, la legislación fiscal y todas las
normas aplicables. Y se va a ponderar las valoraciones predominantes en el
mercado. La cuantía de la indemnización se va a ponderar con el día en
que se produjo la lesión, ¿vale? El día en que la lesión efectivamente
se produce. ¿Tenemos plazo para plantear la acción indemnizatoria? Por
supuesto. Y el plazo a contar es de un año, ¿vale? Para plantear esta
acción. ¿Es plazo de prescripción o plazo de caducidad? Es un plazo de
prescripción, ¿vale? Y es susceptible de interrupción porque sabemos que
el plazo de caducidad no es susceptible de interrupción. ¿Qué es el
plazo de caducidad? El plazo de caducidad es el plazo de interrupción.
Bueno, pues este derecho a ser indemnizado cuando una persona sufra una
lesión como consecuencia del funcionamiento del servicio público es un
plazo de un año de prescripción. ¿Y cuándo empieza a contar? Pues
según el plazo empieza a contar el día en que se hubiera producido el
hecho del acto, ¿vale? Que motive esta indemnización. Pero en el caso de
que hayan daños físicos o psíquicos, el plazo va a empezar a contar
desde la curación o desde la determinación del alcance de las secuelas.
Es decir, contará este plazo de un año a partir de la edad médica. Creo
que es un tema bastante claro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, pues hasta
aquí hemos terminado todo lo que es importante. Os parece que empecemos ya
con el último capítulo, con el derecho a la protección social o
avanzamos con el derecho a los servicios sociales, lo que es la
introducción, vamos a ver lo que es el SAT, vamos a ver la competencia
territorial y los titulares. Pues bueno, pues avanzamos, ¿de acuerdo?
Derecho a los servicios sociales, ¿estamos? Gracias. Pues bueno, pues
vamos a ver lo que es el derecho a los servicios sociales, la selección 1,
según el programa, vemos que hay una pequeña introducción y en esta
introducción, en lo que es el derecho a los servicios sociales, vemos que
nace dentro del derecho, ¿vale? A la seguridad social. El punto de partida
que ha tenido este derecho a los servicios sociales son la ley mil, la ley
193, de 1963, perdón, del 28 de diciembre, de bases de la seguridad
social. Y como estamos en la ley 193, en este momento, la ley 193 dice que
los prestaciones de prestación en su momento eran las personas con
discapacidad y las personas mayores, ¿vale? Y ahora empezamos con el SAT,
¿vale? ¿Qué es el SAT? El SAT es el Sistema para la Autonomía de
Atención a la Dependencia. Este SAT nace con la publicación de una ley.
¿Qué ley? La ley 39 del 2006, del 14 de diciembre, ¿y qué ley es esta?
La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia. Autonomía e independencia con respecto del
sistema de seguridad social, ¿vale? Es una nueva modalidad de protección.
Y lo que hace esta nueva modalidad de protección es complementar la
acción protectora del Estado y del sistema de la seguridad social. ¿Por
qué? Porque la dependencia no es una contingencia protegida por la
seguridad social, ¿de acuerdo? Las prestaciones de dependencia no son de
seguridad social. Dicho esto, vamos a ver… Que la protección de las
circunstancias que conforman la situación de dependencia son dos o son
tres. Es la edad, ¿vale? Es la enfermedad y es la discapacidad. Pero estos
elementos no son únicos, ¿vale? Porque luego también influye el lugar
cultural donde esté desarrollándose esta persona. Son otros casos que se
tienen que tener en cuenta para poder… Para que la Administración pueda
dar a una persona el grado de dependencia, ¿de acuerdo? Bueno, hemos dicho
que las circunstancias que conforman la situación de dependencia son la
edad, la enfermedad y la discapacidad. El Sistema Nacional de Salud hemos
visto que se ha encargado de todo lo que son las prestaciones sanitarias,
¿de acuerdo? El Sistema de Seguridad Social hemos visto que se encarga de
las prestaciones económicas. Pero el sistema… Para la autonomía y
atención a la dependencia son las prestaciones de servicios sociales y las
económicas. ¿Que dónde se establecen? Se establecen en el SAD, Sistema
de Autonomía y Atención a la Dependencia, y están reguladas por la Ley
de Dependencia, ¿vale? Por la Ley 29 del 2006. ¿Cómo se define la
dependencia? ¿Quién es una persona en situación de dependencia? Pues la
definición nos la da el artículo… El artículo 2.2 de la Ley de
Dependencia, y nos dice que la dependencia es el estado de carácter
permanente, ¿vale? Este carácter permanente indica que no hay posibilidad
de mejoría, ¿vale? El estado de carácter permanente en que se encuentran
las personas que por razones, hemos dicho, derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, ¿vale? Repito, estas condiciones son
necesarias pero no son las únicas. Porque influyen además factores de
índole cultural, social, familiar, pues dicen que, y ligadas a la falta o
a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, van a
precisar la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para
poder realizar actividades básicas de la vida diaria, ¿vale? O en el caso
de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Y cuando
hablamos de imposibilidad para realizar actividades básicas de la vida
diaria, estamos hablando tanto del cuidado personal como de las actividades
domésticas básicas, ¿vale? La movilidad esencial, reconocer personas,
reconocer objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas
sencillas que requieran el concurso de otra persona, ¿vale? Pues lo dicho.
Definición de dependencia del artículo 2 de la ley de dependencia es el
estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a
la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para
realizar las actividades básicas de la vida diaria. ¿Vale? En el caso de
las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros
apoyos para su autonomía personal. ¿Vale? Para ser titular del derecho a
las prestaciones del SAT, ¿vale? Pues la persona se tiene que encontrarse,
se tiene que hallar en situación de dependencia y tiene que reunir dos
condiciones para ser beneficiaria de las prestaciones del SAT. En primer
lugar, la persona tiene que ser reconocida. Por parte de la Administración
del Estado o de la comunidad autónoma, una situación de dependencia.
¿Vale? Tiene que ser reconocida. Y se le tiene que aplicar un baremo. El
baremo a aplicar por el legislador es el contenido en el Real Decreto 174.
Este baremo sí que es importante, ¿vale? Es el DVD. Cuando veáis DVD,
este es el baremo. El Real Decreto 174 del 2021. Del 11 de febrero, por el
que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia
establecido por la Ley 39 del 2006. Del 14 de diciembre, de promoción a la
autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia. No sé si hablar ahora de las competencias. De las
competencias. De las comunidades autónomas. O deciros... Sí, vamos a
hablar de la clasificación. Vamos a pasar a uno de los últimos temas
porque vamos a... ¿Vale? Las competencias constitucionales también. Pero
la titularidad también que es en la lección siguiente también es
correcta. Pero yo creo que vamos a adelantarnos. Lo que es la
clasificación de la situación de dependencia. Los gobiernos. Los grados y
los niveles y la fijación según baremo. ¿Vale? El baremo de la
valoración de la dependencia, es decir, el DVD, va a determinar las
situaciones de los grados de dependencia. Es aplicable en cualquier
situación de discapacidad y en cualquier edad a partir de los tres años.
¿De acuerdo? Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que el Real
Decreto Ley, el 20 del 2012, del 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con este Real
Decreto desaparecieron los niveles. ¿De acuerdo? Esto es importante porque
antes había grado 1, nivel 2. Bueno, pues quiero que sepáis que con esta
ley, la clasificación de la situación de dependencia, los grados y
niveles según su baremo. Grado 1, ¿vale? Cuando la Administración te da
un grado 1, es dependencia moderada. El grado 2 es dependencia severa. Y el
grado 3 es gran dependencia. Estamos hablando de las personas mayores de
los de tres años. Porque para los menores de tres años se le va a aplicar
un baremo diferente. No este 74 que os he comentado, sino a los menores de
tres años. Y se les va a aplicar a escala de valoración específica.
¿Vale? Bueno, pues vemos que grado 1, dependencia moderada, es la persona
va a necesitar ayuda para realizar las actividades básicas de la vida
diaria al menos una vez al día. ¿Vale? O tiene necesidades de apoyo
intermitente o limitado para su autonomía personal. Y la puntuación que
se alcanza. Para que te den un grado de dependencia moderada, es entre 25 y
49 puntos. ¿Vale? Grado 2, dependencia severa. Es cuando la persona
necesita ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria dos
o tres veces al día. Pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador.
O tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. La
puntuación... La puntuación va desde 50 a 74 puntos. Y el grado 3, de
gran dependencia, es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y por su
pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona. O tiene
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Y la
puntuación está entre 75 y 100 puntos. Repetimos. ¿Vale? Si le aplica el
baremo de valoración de la dependencia, DVD va a ser quien determine las
situaciones de dependencia. Y es aplicable en cualquier situación de
discapacidad y en cualquier edad a partir de los tres años. ¿Vale? Este
es el baremo que hemos comentado antes. ¿Lo recuerdas, no? ¿Sí? ¿Lo
recuerdas? ¿Cuál era? ¿Me escuchas, Alicia? No. No me escuchas. Bueno,
pues nada. Pues luego terminas el baremo porque ya lo hemos comentado en
tres ocasiones. Seguimos. Hemos dicho que cuando son menores de tres años
se le aplica la escala de valoración específica. El objeto de la
valoración son situaciones originadas por condiciones de salud de
carácter crónico, prolongado o de larga duración o de frecuente
recurrencia. La valoración tiene un carácter no permanente. ¿Por qué no
es permanente? Porque va a haber revisiones tanto de oficio y periódica a
los seis meses, a los doce meses, a los dieciocho meses, a los veinticuatro
meses y a los treinta meses. A los treinta y seis meses, de nuevo, van a
ser evaluadas con el DVD para mayores de tres años. Los grados de
dependencia son moderada, severa y gran dependencia que se corresponde con
la puntuación final de uno a tres puntos. Aquí no se establecen niveles
en cada grado y se asigna directamente al nivel dos. ¿Vale? Como ya hemos
visto. En los grados de dependencia, pues vamos a ver ahora las
competencias. ¿Vale? Las competencias. Pues los servicios sociales,
estamos hablando del derecho constitucional y la dependencia y vamos a ver
en qué artículos y qué preceptos de la Constitución Española están
contenidos lo que es el SAT y la Ley 39 del 2006. Bueno, los servicios
sociales, como principio rector de la política social. Tanto el SAT como
la Ley de Dependencia, que es la Ley 39 del 2006, del 14 de diciembre de
promoción de la autonomía personal y de pensión a dependencia, lo regula
y establece y nace de dos preceptos contenidos en la Constitución. Estos
preceptos son los artículos 49 de la Constitución Española y el
artículo 50 de la Constitución Española. El artículo 49 nos dice que
los poderes públicos van a realizar... ...una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos. El artículo 50, sin embargo, habla de que los
poderes públicos van a garantizar, unos realizan y otros garantizan
mediante prestaciones adecuadas y periódicamente actualizadas lo que es la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Tanto el
artículo 49 como el 50 de la Constitución Española se refieren a las
personas con discapacidad y a las personas mayores que a un sistema de
servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de
los ciudadanos. Con respecto a las competencias del Estado y de las
comunidades autónomas en materia de servicio social, la ley de dependencia
dictada en virtud de la competencia de los ciudadanos tiene competencia
exclusiva del Estado, del artículo 149.1 de la Constitución Española.
Este artículo de la Constitución Española nos dice que el Estado tiene
competencia exclusiva sobre las materias, la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Las
consecuencias de esta... regulación es que da cabida a todas las
administraciones públicas, en especial ¿a quién? Pues a todas las
administraciones autonómicas y de esta manera las administraciones
autónomas van a poder colaborar y van a poder participar tanto en el
establecimiento como en la implantación del SAT. Esta ley da entrada a las
competencias de las comunidades autónomas que han actuado en el artículo
149.1 de la Constitución Española. La competencia transversal mixta, ese
es el tipo de competencia que tienen el Estado y las comunidades autónomas
en materia de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a regular
la protección social de las personas dependientes. Los títulos
habilitantes estatales atribuyen la competencia exclusiva al Estado. Sobre
la legislación básica y se incluyen aquí tanto los servicios sociales y
el régimen económico de la Seguridad Social. Y hay otros títulos
habilitantes autonómicos donde las comunidades autónomas han asumido las
competencias de la asistencia social. ¿Qué pasa con esta competencia
transversal mixta? Pues el hecho de que las prestaciones creadas por el SAT
no sean de Seguridad Social origina el que haya un distinto nivel de
desarrollo y contenido dentro de las comunidades autónomas que ha
potenciado la desigualdad en la aplicación de la ley. La gestión del SAT
está encomendada al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
el SAT no acaba de funcionar ni de ser financiado. Se ha dictado y aprobado
por el Consejo Territorial de Servicios Sociales a través de la
Resolución del 23 de abril de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad. Hay un catálogo de referencia de servicios sociales y
hay unos principios que orientan este catálogo y tienen unos criterios
comunes tanto de calidad como de buen uso de los servicios y puede ser
considerado como legislación básica sobre servicios sociales y los
principios orientados en este catálogo de referencia son principios
orientadores de universalidad, de responsabilidad pública, de equidad, de
igualdad, de prevención, de dimensión personal, de dimensión
comunitaria, de promoción de la autonomía personal, atención
personalizada integral, inserción y normalización, proximidad,
solidaridad y seguridad. Realidad, calidad, participación, cooperación y
colaboración. Estos son los catálogos de referencia de servicios sociales
para alcanzar un acuerdo entre la comunidad autónoma y el estado. ¿Qué
más podemos decir? Bueno. Pues vamos a hablar. Antes de hablar de los
titulares, se me ha olvidado hablaros del Consejo Territorial. Hemos dicho
que la competencia normativa es en el estado y las comunidades autónomas.
La excepción, como siempre, son Ceuta y Melilla, que dependen del inserso.
Para lo cual la Administración General del Estado ha dictado una orden
ministerial. Cada vez que oigáis esta orden ministerial, la Orden TAS 2455
del 2007, del 7 de agosto, estamos hablando de Ceuta y Melilla. ¿Vale? Hay
una creación de un Consejo Territorial de Servicios Sociales y Derechos
Humanos. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Independencia. Es el CTSS-SAAD, Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Independencia. Este es un instrumento en el cual van a
cooperar las dos Administraciones para poder articular el SAT. ¿Y está
constituido por el titular? No. Por parte del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y por un representante de cada comunidad autónoma. ¿Qué
funciones tiene el Consejo Territorial de los Servicios Sociales? Pues,
entre otros, tiene funciones de acordar el marco de cooperación
interadministrativa para poder desarrollar la Ley de la Dependencia.
También otras funciones van a establecer. El Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, junto con los consejeros, con los representantes de cada
una de las comunidades autónomas, establecerá los criterios para
determinar la intensidad de protección de los servicios del SAT. Acordar
las condiciones y la cuantía de las prestaciones económicas que se
prevían en la Ley de la Dependencia. Van a acordar el baremo a que se
refiere el artículo 27 con los criterios básicos del procedimiento de
valoración y de las características de los órganos de valoración. Van a
facilitar también la puesta a disposición de todos los documentos, de
todos los datos y las estadísticas comunes para poder dar este empujo al
SAT. Establecer mecanismos de coordinación. Para el caso de las personas
que se desplazan en situación de dependencia. Otras funciones que también
son informar la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia y
servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las
administraciones públicas. Dicho esto. Yo creo que ahora sí que estamos
preparados para hablar de quiénes van a ser los titulares de las
prestaciones del sistema y atención a la dependencia. El artículo 5 de la
Ley de Dependencia va a hablar de que los españoles y los extranjeros son
los titulares del derecho a las prestaciones del SAT. Con respecto a los
españoles, dice que no van a tener límite de edad, pero que tienen que
cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, encontrarse en situación de
dependencia por un órgano de la administración de acuerdo o de la
comunidad autónoma en alguno de los grados establecidos. Como he dicho, la
dependencia moderada, la dependencia severa y la gran dependencia.
¿Verdad? Pues tiene que encontrarse. La persona que se desplaza. La
persona para poder ser titular en cualquiera de estos grados de dependencia
y que sea nombrado por la administración del SAT. Y residir. Te hablan de
residencia. Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco
años, de los cuales dos de ellos deben ser inmediatamente anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud. ¿Qué pasa? Si la persona es
menuda. Si es menor de cinco años. Pues el periodo de residencia se le va
a exigir a quien ejerza su guarda y custodia. Como hemos dicho que los
españoles no van a tener límite de edad y tienen que cumplir requisitos,
pues otro de los requisitos es que para determinar la situación de
dependencia de los mayores de tres años tiene que ser el contenido en el
Real Decreto, es la pregunta que te hacía antes, 174 del 2011, del 11 de
febrero. Por el que se apruebe el baremo de valoración de la situación de
dependencia. Y si la persona para ser titular es menor de tres años, se le
tiene que aplicar el baremo concreto, escala de valoración específica.
¿De acuerdo? Ahora, para determinar la situación de dependencia en los
emigrantes españoles, vamos a distinguir dos tipos de españoles. Los
españoles que no residan en España y también los emigrantes españoles
retornados. ¿Qué requisitos tienen que tener? Por ejemplo, con respecto a
los emigrantes españoles, los españoles no residentes en España dicen
que el Gobierno va a establecer medidas de protección y con respecto a los
españoles emigrantes retornados, el Gobierno va a establecer previo
acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales, del SAT, las
condiciones de acceso al sistema de atención a la dependencia. Hemos dicho
que el Consejo Territorial de Servicios Sociales está formado por el
Ministerio, por el Ministro de Empleo y Seguridad Social y los
representantes de cada una de las administraciones autónomas. ¿Vale?
¿Sí? Bueno. Esto con respecto a los emigrantes retornados y los
emigrantes españoles retornados. Hemos dicho que el Gobierno va a
establecer medidas de acuerdo del CTS, las condiciones de acceso y las
comunidades autónomas del residente español retornado va a ser quien
valore la situación de dependencia, quien le dé el reconocimiento del
derecho y la prestación del servicio o pago. Esto va a ser la comunidad
autónoma de residencia del español retornado. El coste de los servicios y
las prestaciones económicas van a ser asumidas por el Estado y las
comunidades autónomas. El beneficiario, este emigrante español retornado,
tiene que participar según su capacidad económica en lo que es la
financiación de todas las prestaciones reconocidas. Capacidad económica
va a ser tenida en cuenta para poder fijar la cantidad de las prestaciones
económicas. ¿Vale? La prestación se va a reconocer a instancia de parte
y las prestaciones para los emigrantes retornados se van a extinguir cuando
el beneficiario, por cumplir el periodo de residencia exigido en el
territorio español, pueda acceder a las prestaciones del SAT. ¿Vale?
¿Qué pasa con los extranjeros para poder ser titulares del derecho a las
prestaciones del SAT? Vamos a ver de extranjeros que carezcan de la
nacionalidad española. Pues aquí se van a regir por lo establecido en la
Ley Orgánica 4 del 2000, del 11 de enero y por lo que dispongan los
tratados, los convenios, los acuerdos o los instrumentos internacionales
ratificados. Se tiene que hallar en situación de residencia. Es decir,
cinco años de residencia legal, de los cuales dos deberán ser
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. Con respecto
a la Orden TAS, que hemos dicho que es aplicable a Ceuta y Melilla,
¿verdad? La Orden TAS 2455 del 2007, del 7 de agosto, dicta normas para la
aplicación de los decretos que desarrollan la Ley de Dependencia en las
ciudades españolas. Es decir, en la medida en que se realicen las
actividades de Ceuta y Melilla. Esto tenerlo en cuenta. Y los extranjeros
han de tener su domicilio en Ceuta y Melilla y cumplir con las condiciones
establecidas para cada una de las prestaciones. Los menores que carezcan de
nacionalidad española se estarán a lo dispuesto en las leyes del menor
vigentes tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico. Creo
que hay muchísima información. No sé si me he traído un segundito.
Pensaba que me había traído unas preguntas que hay en el programa. No sé
si habéis sido alguna de vosotras y me ha dicho que qué programa estoy
siguiendo. Realmente estoy siguiendo el programa de la asignatura. No sé
si tenéis alguna duda, Alicia. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra
atención. No sé si se ha cortado la comunicación. ¿Alguna duda? Vamos a
mirar. Voy a hacer un momentito, voy a ver las preguntas que han salido de
la conexión compartida. Un momentito. Aquí tenemos un momentito. Voy a
mirar. Bueno, no me he pedido las presentaciones. Pues bueno, muchísimas
gracias por vuestra atención. Y nos vemos la semana que viene. Me queda
una tutoría por recuperar y yo creo que como nos va a dar tiempo, vamos a
hacer un pequeño repaso tanto a seguridad social como a sanidad de
preguntas que se han realizado otros años y creo que os ayudará a superar
con éxito la asignatura. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí y
nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.