Hola, ¿me escucháis? Sí, muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Soy
Iñaki Madariaga, soy el tutor de esta asignatura en el Centro Asociado de
Vergara y que de acuerdo con el cronograma de tutorías que os ha
facilitado el equipo docente, pues me ha correspondido exponer los
capítulos 1 y epígrafes 1 y 2 del capítulo 2. Bien, como se trata esta
de la primera de las, creo que son seis tutorías que se van a impartir en
este curso, considero que al ser la primera es conveniente realizar algunas
aclaraciones. Aclaraciones referidas al estudio de la asignatura en primer
lugar y en segundo lugar a las pruebas presenciales. En cuanto al estudio
de la asignatura, el libro de texto de esta asignatura es el manual de
derecho tributario publicado por el equipo docente. Hay que decir que se
trata de un magnífico manual, es un magnífico manual en la medida que es
claro en su exposición, no es muy extenso, tiene aproximadamente 240
páginas y por otra parte está ilustrado con numerosos ejemplos. Por lo
tanto, son 240 páginas, no es un libro muy extenso, pero ojo, no sobra
nada, no sobra absolutamente nada, es decir, no hay nada de paja. Hay que
estudiarlo todo, no se puede excluir nada. ¿Cómo hay que estudiarlo?
Bueno, pues podéis hacer una primera lectura de carácter comprensivo para
comprender los distintos conceptos, diferenciar los conceptos. Por ejemplo,
en lo que se refiere a este capítulo primero, pues comprender
perfectamente los conceptos referidos a las distintas figuras tributarias,
impuestos, tasas y contribuciones especiales y poder establecer las
diferencias y semejanzas que existen, por ejemplo, entre estas tres figuras
tributarias. Por lo tanto, primero voy a realizar una lectura de carácter
comprensivo para posteriormente realizar otra o las que sean necesarias
para retener esos conceptos. Bien, en lo que se refiere a las pruebas
presenciales, las pruebas presenciales, como habréis podido comprobar en
la guía del curso, consisten en contestar a cinco preguntas teóricas. Son
cinco preguntas teóricas. Son preguntas que habitualmente son breves, son
bastante breves. Por lo tanto, contestar a cinco preguntas breves en hora y
media, pues realmente os va a sobrar, os va a sobrar tiempo. ¿Esto qué
significa? Significa que no os tenéis que precipitar, no os tenéis que
precipitar porque tenéis tiempo de sobra para contestar a cinco preguntas
breves. Bien, ¿cómo tienes que afrontar, por lo tanto, la prueba
presencial? En primer lugar, lo que tienes que hacer es leer bien, leer
bien con una lectura comprensiva todas las preguntas y situarlas en el
contexto de los epígrafes del manual en los cuales se encuentra la posible
respuesta a las cuestiones que se os plantean. Ubicar esa pregunta
perfectamente en un epígrafe, su epígrafe apartado de un capítulo
concreto del manual. En segundo lugar, responder a lo que se os pregunta. Y
esto es importante, aunque pueda resultar o os pueda parecer una obviedad,
es muy importante responder a lo que se os pregunta. Y en tercer lugar,
utilizar correctamente los conceptos jurídicos. Utilizar objetivos. Sí.
No, son teóricas. Son las preguntas de examen, son ser teóricos. Son
preguntas teóricas. A diferencia de la parte especial, derecho financiero
y tributario, que no sé si se imparte también en este grado de ciencias
jurídicas de las administraciones públicas, en el cual las preguntas son
teóricas. Aquí no. Aquí son prácticas, perdón. En esta asignatura, en
esta introducción al derecho tributario, son preguntas teóricas. Bien. .
Bueno. Precisamente echadas estas aclaraciones preliminares pasaríamos ya
a exponer la materia correspondiente, en primer lugar, al capítulo
primero, que tratan sobre el tributo con CETOs y clases. Los tributos son
uno de los ingresos públicos, que junto con los ingresos patrimoniales o
los provenientes de la deuda pública, constituyen los ingresos públicos
con los cuales los entes públicos financian sus actividades, las
actividades que tienen encomendadas. Bien, vamos a ver qué es lo que dice
en relación a los tributos la Constitución Española. Bien, a los
tributos, y en concreto al sistema tributario, se refiere el artículo 31
de la Constitución, que consta de tres apartados. En el primer apartado se
dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los tributos. En el segundo apartado se dice que todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá
carácter confiscatorio. Bien. ¿Y qué dice el apartado tercero de este
artículo? Pues dice que solamente podrán establecerse prestaciones
patrimoniales o personales de carácter público con arreglo a la ley.
Fijaros que en el apartado 1 del artículo 31 se habla de la justicia
pública, se habla de los tributos, mientras que en el apartado 3, donde se
establece el principio de reserva de ley para las prestaciones
patrimoniales de carácter público, ya no se habla del concepto
específico de tributos, sino del concepto genérico de prestaciones
patrimoniales de carácter público. Bien. Esta cuestión llevó a que
parte de la doctrina... Al analizar este artículo 31, consideraba que se
trataba de conceptos diferentes. El concepto de tributos, que consta en el
apartado primero de este artículo, y el concepto de prestaciones
patrimoniales de carácter público, al que se hace mención en el apartado
tercero, y al que se vincula el principio de reserva de ley. Por contra,
había otro sector doctrinal... que consideraba que, en realidad, se
trataba de conceptos sinónimos. Es decir, que significaban lo mismo, que
tenía el mismo sentido hablar de tributos que de prestaciones
patrimoniales de carácter público. Bien. Esta controversia doctrinal fue
solventada, como probablemente no podía ser de otra manera, por el
legislativo. Y fue solventada por el legislativo al... al... a... con el
contenido siguiente. En primer lugar, se definen las prestaciones
patrimoniales de carácter público como aquellas a las que se refiere el
artículo 31.3 que hemos leído y que se exijan con carácter coáctil. Es
decir, se viene a determinar que lo que delimitamos lo que definía a las
prestaciones patrimoniales de carácter público era su coactividad. Y, en
segundo lugar, se estableció que las prestaciones patrimoniales de
carácter público, citadas en el apartado anterior, podrán tener
carácter tributario o no tributario. En definitiva, el legislador, al
introducir esta disposición adicional primera en la Ley General
Tributaria, en esa controversia doctrinal, se decantaba por aquellos
autores que defendían que tributos y prestaciones patrimoniales de
carácter público no eran conceptos sinónimos, sino que el concepto
genérico era el de prestaciones patrimoniales de carácter público y que
los tributos solamente eran una especie dentro de ese género de las
prestaciones patrimoniales de carácter público. Bien, visto esto,
entonces, ¿cómo podemos definir las prestaciones patrimoniales de
carácter público como concepto genérico? Bien, las características de
estas prestaciones patrimoniales de carácter público serían las
siguientes. En primer lugar, que se trata de prestaciones patrimoniales que
suponen la entrega de una suma de dinero, por oposición a aquellas
prestaciones... de carácter personal, prestaciones personales de carácter
obligatorio, que se pueden imponer a los ciudadanos como, por ejemplo, en
su momento el servicio militar obligatorio o actualmente ser miembro de una
mesa electoral. Ser miembro de una mesa electoral se impone
obligatoriamente a los ciudadanos que así son designados. Por lo tanto...
Sería una prestación pública de carácter personal y no patrimonial.
Bien, en segundo lugar, que son prestaciones exigidas de forma coactiva.
Fijaros en la definición que he leído de la disposición adicional
primera, se dice que estas prestaciones patrimoniales de carácter público
se exigirán con carácter coactivo. ¿Esto qué significa? Significa que
estas prestaciones se van a imponer... de forma unilateral, sin que
intervenga la voluntad de los ciudadanos obligados a satisfacerla. Por lo
tanto, carácter coactivo. Prestación económica, carácter coactivo. De
esta coactividad se va a derivar la exigencia de la reserva de ley. Fijaros
lo que os leía de ese apartado tercero del artículo 31 de la
Constitución, ¿eh? Se decía que solamente podrán establecerse
prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a
la ley, reserva de ley. Y en cuarto lugar, que estas prestaciones
patrimoniales se crean por los poderes públicos para realizar actividades
de interés general o para lograr un beneficio común. Pero ojo, son
prestaciones que también se pueden imponer... en términos particulares.
Por ejemplo, es el caso del pago de la IT, la incapacidad temporal de los
trabajadores por parte de los empresarios desde el día cuarto hasta el
día quinceavo. La prestación por incapacidad temporal es una prestación
del sistema de la seguridad social. En principio, por tanto, una
prestación de carácter público. ¿Eh? Incluso la ley, la Ley General de
la Seguridad Social, establece que desde el día cuarto hasta el quinceavo,
el pago de esa prestación no será a cargo de la seguridad social, sino a
cargo del empresario. Por tanto, prestación que se impone de forma
coactiva a un particular, que no supone un ingreso público en la medida
que quien percibe esa prestación... es el trabajador que se encuentra en
una situación de incapacidad temporal. ¿Eh? Sin embargo, ¿cuál es la
finalidad del establecimiento de esta prestación a cargo de los
empresarios? Pues justamente la satisfacción de un interés de carácter
general como sería la reducción del gasto público. ¿Está claro? ¿Eh?
¿Qué es lo que define? ¿Qué define, en definitiva, las prestaciones
patrimoniales de carácter público? Su coactividad. Bien, y pasamos al
tributo, el tributo como especie, ¿eh?, dentro del concepto genérico de
las prestaciones patrimoniales de carácter público. ¿Cómo se define el
tributo? Pues si acudimos al artículo dos uno de la Ley General Tributaria
tenemos que los tributos serían... que sean ingresos públicos que
consisten en prestaciones pecuniarias, no podía ser de otra manera porque
son prestaciones patrimoniales exigidas por una administración pública
como consecuencia de la realización de un supuesto derecho al cual la ley,
principio de reserva de ley, vincula el deber de contribuir con la
finalidad primordial, ojo, primordial pero no única. Primordial. De
obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos
públicos. Bien, ¿por qué decíamos finalidad primordial? Porque los
tributos asimismo pueden tener otras finalidades como puede ser la de ser
instrumentos de política económica, ¿eh?, favorecer por ejemplo la
creación de empleo o la realización de otros principios y fines de la
Constitución Española. En definitiva, de esta definición legal del
artículo 2 de la Ley General Tributaria se derivan las siguientes notas
características de los tributos, ¿eh?, no os he comentado pero en esta
exposición, a ver si me permite la pantalla, me voy a servir de los
esquemas que ha puesto a vuestra disposición el equipo docente. Bien. De
esta definición, por lo tanto, se van a derivar las notas características
siguientes. La primera. El tributo es un instituto jurídico. Es decir.
Está formado por un conjunto de normas. Conjunto de normas del cual se
derivan diferentes relaciones, ¿eh? Se derivan, por ejemplo, obligaciones
de carácter material consistentes en el pago de una determinada cantidad
de dinero o también obligaciones de carácter formal, por ejemplo, la
obligación que tenemos todos los ciudadanos que obtenemos rentas de
presentar una autoliquidación en el impuesto de la renta a las personas
físicas, ¿eh?, por lo tanto, del impuesto o del tributo, perdón, no
solamente se derivan obligaciones de carácter material sino también de
carácter formal, ¿eh? Pero la más importante, la obligación principal,
¿cuál es? Pues una obligación entre un acreedor que es la
administración y un deudor que será el artículo. En segundo lugar, los
tributos generan ingresos públicos. ¿Eh? Que consisten en prestaciones
económicas pecuniarias, ¿eh? Ahora bien, con carácter excepcional existe
la posibilidad de pagar los tributos entregando bienes del patrimonio
histórico español, ¿eh? No obstante, para que esto sea posible es
necesario que así lo prevea expresamente una ley, ¿eh? ¿En qué casos
sucede eso? Pues en estos momentos que yo recuerdo. En el IRPF y en el
impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿eh? El pago de la cuota
correspondiente a partir de estos impuestos se puede realizar no mediante
la entrega de dinero sino con carácter excepcional también mediante la
entrega de bienes en especie. Ahora bien, no cualquier bien que pertenezca
al patrimonio histórico y cumpliendo una serie de requisitos como que la
administración. La administración tributaria acepte esa forma de pago y
en segundo lugar que exista también una previa valoración de los
impuestos. En tercer lugar, los tributos son creados y exigidos por una
administración pública en régimen de derecho público, ¿eh? Y esto es
importante sobre todo para diferenciar, ¿eh? Para diferenciar, ¿eh? Ojo
lo que os decía. Eh. Estar muy al tanto de las posibles afinidades y
diferencias entre las distintas figuras que vamos a ver en este capítulo,
¿eh? Decíamos por lo tanto que los tributos son exigidos por una
administración pública a diferencia de las prestaciones públicas no
tributarias que veremos al final de este capítulo que pueden ser exigidas
por las entidades privadas. En cuarto lugar, los tributos se exigen por la
realización de un hecho imponible que contempla una manifestación de
capacidad económica, ¿eh? Manifestación de la capacidad económica
derivada bien de la obtención de una renta, bien de la posesión de un
patrimonio o bien de la realización de un consumo. Los tributos. Nosotros
decíamos que tienen como finalidad primordial la financiación, ¿eh? Del
gasto público pero no única, primordial. Esto nos lleva a la quinta
característica de los tributos. Los tributos tienen una finalidad
recaudatoria pero además pueden tener una función extra fiscal, ¿eh? Una
función extra fiscal que se puede lograr por las siguientes vías o bien
mediante la creación. Por ejemplo, la creación de un tributo específico
que module determinadas competencias. Por ejemplo, estableciendo un tributo
que grava el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco, ¿eh? Lo que
estamos pretendiendo es reducir el consumo del alcohol y del tabaco, en
definitiva, además de obtener unos recursos económicos con este impuesto.
De carácter extra fiscal, lo que se está pretendiendo es asimismo reducir
ese consumo de esos bienes que se consideran nocivos para la salud de los
ciudadanos. La segunda forma en virtud de la cual se puede conseguir esa
finalidad extra fiscal pues sería mediante la introducción de beneficios
fiscales en un impuesto que sea recaudatorio en definitiva. Estableciendo
determinadas exenciones o determinadas bonificaciones, por ejemplo,
deducciones para la adquisición de vivienda, ¿eh? Para fomentar la
adquisición obviamente de la vivienda, ¿eh? O deducciones por la
creación de empleo, en el caso de los empresarios, bien individuales en el
IRPF o bien personas jurídicas en impuestos sobresociales, etc. Bien. La
sexta característica de los tributos es que tienen que respetar los
principios del artículo 31.1, ¿eh? Los principios de justicia
distributiva. Ya he leído este artículo 31.1, ¿eh? Este artículo 31.1
recoge justamente los principios tributarios que se exponen más adelante,
se exponen en el capítulo segundo del manual. Eh... Finalmente, el tributo
no es una sanción, ¿eh? La finalidad que tienen los tributos y las
sanciones es distinta, ¿eh? Mediante la imposición de sanciones lo que se
trata es de reprimir un ilícito, ¿eh? Mientras que mediante la
recaudación de los impuestos o de los tributos, ¿eh? Lo que se pretende o
se puede pretender es otras finalidades, ¿eh?, aparte de la recaudación
también. Finalidades de carácter extrafiscal, pero distintas en todo caso
de las finalidades derivadas de la imposición de sanciones. Ahora bien,
una misma conducta puede dar lugar tanto a la obligación al nacimiento,
una obligación tributaria del pago de un determinado impuesto como puede
dar lugar también a la imposición de una sanción. ¿Eh? Imaginaros, por
ejemplo, una industria contaminante, una industria que contamina el medio
ambiente, ¿eh? Puede ser sujeto pasivo de un impuesto que grava la
emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ¿eh? Pero asimismo en la
medida que esa empresa, por ejemplo, supere unos determinados límites
puede ser objeto de una sanción, ¿eh? En la vía administrativa o en los
casos muy graves por la vía penal. ¿Está claro? Está clara la
definición de los tributos. Bien, ¿y cuáles son las clases de tributos?
Bueno, pues ya lo hemos leído antes, ¿eh?, al ver la disposición
adicional primera, ¿eh?, cuando se definían que tendrían la
consideración de prestaciones patrimoniales, eh, tributarias, ¿eh?,
aquellas que tengan la consideración de tasas, contribuciones especiales e
impuestos, ¿eh? Por lo tanto estas son las tres categorías de tributos,
¿eh?, impuestos, tasas y contribuciones especiales, ¿eh? Lo que os decía
al principio, utilizar bien los conceptos, tener en cuenta a veces se ...
es muy habitual. Es muy habitual confundir tributos con impuestos y son
cosas distintas. Los impuestos son tributos, ¿eh?, obviamente, ¿eh?, pero
no agotan toda la clase de tributos que existen. Son una especie dentro del
concepto genérico de tributos. Bien, ¿cuál es la principal diferencia
que existe entre estas tres categorías? Pues bien, la principal diferencia
reside en que en el caso de los impuestos no se contempla ninguna actividad
administrativa, ¿eh?, es decir, un ciudadano resulta obligado al pago de
un impuesto en la medida que realice un hecho, un acto o un negocio, ¿eh?,
que ponga de manifiesto su capacidad económica, ¿eh? Pero no, no da
lugar, no deriva, ¿eh?, de una actividad administrativa, cosa que no
ocurre en el caso de las tasas y las contribuciones especiales. En el caso
de las tasas y las contribuciones especiales, en este caso sí se contempla
una actividad administrativa, bien, diferencia, por lo tanto, fundamental
entre impuestos y tasas y contribuciones especiales. Pasamos ahora al
análisis de cada una de estas figuras. Vamos a ver, continuamos con este
esquema y pasamos a la definición de los impuestos. ¿Cómo define la Ley
General Tributaria los impuestos? Pues bien, el artículo 2.2 de la Ley
General Tributaria dispone que los impuestos son tributos exigidos,
exigidos sin contrarrestación. Y cuyo hecho imponible esté constituido
por negocios, actos o hechos que pongan de manifiesto la capacidad
económica del contribuyente. Bien, esta redacción de este artículo 2.1
al definir los impuestos ha sido criticada por la doctrina por dos razones.
En primer lugar porque se definen los impuestos como tributos sin
contrarrestación. Pero, si sin embargo, esto no es un elemento que los
pueda diferenciar de las tasas o de las contribuciones especiales. ¿Por
qué? Porque las tres figuras tributarias son prestaciones patrimoniales de
carácter público y por lo tanto, que se impone de forma coactiva, por lo
tanto, que no hay tal contrarrestación en una de las tres figuras. Pero
¿por qué el legislador ha incluido dentro de la definición esta
característica? Sin contrarrestación, pues justamente o probablemente
porque lo que diferencia los impuestos de las otras dos categorías
tributarias es justamente que en el caso de los impuestos no hay actividad,
no están vinculados a una actividad administrativa. Mientras que en el
caso de las tasas y las contribuciones especiales sí existe esa actividad
administrativa. Y por lo tanto, de forma más o menos afortunada, el
legislador ha querido en cierta medida que este elemento delimitador figure
en el concepto de los impuestos y por lo tanto habla de tributos exigidos
sin contrarrestación. Por otra parte, la mención a la capacidad
económica no se considera que es afectada. Y no se considera acertada
porque esta característica no es exclusiva de los impuestos, sino que es
común de todas las categorías tributarias. Clases de impuestos, su
epígrafe importante, las clases de impuestos. Los criterios que podemos
utilizar para clasificar las figuras tributarias son las siguientes. El
primero, el que distingue en función del índice de la capacidad
económica grabada. Recordar que son manifestaciones de la capacidad
económica, la obtención de renta, la posesión de un patrimonio o la
realización de un gasto. Pues bien, se considera que la obtención de una
renta o la posesión de un patrimonio, ¿no?, son fuentes directas de esa
capacidad económica. Son índices que denotan de una forma directa la
capacidad económica de los ciudadanos. Mientras que el consumo, la
realización del consumo, diríamos que sería una forma indirecta de
manifestación de la capacidad económica. Por lo tanto, tendríamos que
considerar que la capacidad económica es una forma indirecta de los
impuestos directos que graban esas manifestaciones directas de la capacidad
económica, los que graban la renta y el patrimonio, mientras que serían
indirectos aquellos que graban el consumo. Bien, seguimos entonces. En esta
clasificación también se ha utilizado como criterio diferenciador la
posibilidad de repercutir o trasladar la cuota a un tercero. En definitiva,
se ha utilizado también como criterio delimitador entre la imposición
directa o indirecta la posibilidad o no de repercutir la cuota. De tal
manera que serían impuestos directos aquellos impuestos en los cuales no
cabe esa repercusión o ese traslado del impuesto a un tercero, de tal
manera que el sujeto pasivo es el sujeto que viene obligado a ingresar. El
sujeto que viene obligado a ingresar a la cuota correspondiente y viene
obligado también a soportar la carga o gramamen del pago del impuesto. Por
el contrario, en los impuestos indirectos sería posible la repercusión o
traslado de esa cuota. El paradigma de una imposición indirecta sería el
IVA. ¿Qué sucede en el IVA? En el IVA el sujeto pasivo es el empresario o
el profesional que realiza el impuesto indirecto. El sujeto pasivo es el
empresario o el profesional que realiza la entrega o la prestación del
servicio. Sin embargo, a ese sujeto pasivo, que es el que viene obligado a
ingresar la cantidad correspondiente, la cuota correspondiente en la
administración tributaria, sin embargo, no solamente se le faculta sino
que se le obliga a que repercuta esa cuota en el consumidor. De tal manera
que, a través de esa repercusión directa o indirecta, el sujeto pasivo
tendrá la posibilidad de que el IVA termine grabando el consumo. Esta
claro. Ese es un criterio que habitualmente se ha utilizado para distinguir
entre la imposición directa o la indirecta. Sin embargo, este criterio
plantea algunas dificultades en algunos casos concretos. Por ejemplo, el
caso del impuesto sobre transmisiones patrimoniales que ya se ha
calificado. Es decir, que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales no
cabe como impuesto directo pero es un impuesto al cual no cabe esa
traslación. No cabe la repercusión. Y por otra parte, el impuesto sobre
la electricidad la ley lo califica como impuesto directo pero sin embargo
sí que cabe la repercusión de la cuota correspondiente. El segundo
criterio. Según su hecho imponible se configure en relación a una
persona. O en relación a una cosa. Serían impuestos personales aquellos
que raban la totalidad de la renta o la totalidad del patrimonio o de las
adquisiciones lucrativas. En definitiva, a la hora de configurar el hecho
imponible se hace en torno en relación a una persona concreta detallada.
Mientras que serían impuestos reales aquellos que se definen atendiendo a
bienes concretos. Ejemplos. Un impuesto personal es el IRPF o el impuesto
sobre sociedades, en caso de las personas jurídicas, o el impuesto sobre
el patrimonio. ¿Por qué? Porque a la hora de configurar el hecho
imponible, por ejemplo en el caso del IRPF, se tiene que configurar en
relación... En relación a una persona determinada. El hecho imponible
consiste en la obtención de renta por parte de una persona física en un
determinado periodo impositivo. Impuesto de carácter real sería el IVA o
el IBI, por ejemplo. En la medida que a la hora de configurar el hecho
imponible... Este se define atendiendo a bienes concretos. El IVA, entrega
de bienes, prestación de servicios. En el IBI, la posesión de bienes de
naturaleza urbana, etc. Bien. Tercer criterio. Según se tengan en cuenta o
no las circunstancias personales o familiares a la hora de determinar la
cuantía de la obligación tributaria. Y así distinguimos... Entre
impuestos subjetivos e impuestos subobjetivos. Serían impuestos subjetivos
aquellos impuestos en los cuales a la hora de cuantificar la deuda se
tienen en cuenta las circunstancias personales o familiares del
contribuyente. Por el contrario, en el caso de los impuestos objetivos, a
la hora de configurar esta cuota no se tendrían en cuenta estas
circunstancias... Por ejemplo, en el IRPF, a la hora de cuantificar el
importe de la cuota, se tienen en cuenta las circunstancias personales y
familiares a través del mínimo personal y familiar. Entre otras
circunstancias. Por el contrario, en el IVA es impuesto real. Yo cuando voy
a comprar este bolígrafo, pues en la tienda no me preguntan... ¿Y usted
que está casado o no está casado, tiene algún tipo de incapacidad para
aplicarme un tipo de impositivo u otro? Sería un impuesto, por lo tanto,
de carácter objetivo. Es muy fácil confundirse estos dos conceptos. Lo de
real y objetivo. Lo de personal, subjetivo... Bien. En principio hay que
decir que la totalidad de los impuestos... Los impuestos personales son de
carácter subjetivo. En definitiva, en la medida que el hecho imponible se
configura en torno a una persona determinada, pues se tienen en cuenta sus
circunstancias personales y familiares. Sin embargo, no ocurre lo mismo en
el caso de los impuestos reales y los impuestos objetivos. ¿Por qué?
Porque es posible que en un impuesto de carácter objetivo... Sin embargo,
no con carácter general, pero sí de forma incidental, se tengan en cuenta
las circunstancias personales o familiares del contribuyente. Por ejemplo,
lo que os decía. El IBI es un impuesto real. Porque a la hora de
configurar el hecho imponible, se define atendiendo a ese bien concreto. A
posesión de un inmueble. Sin embargo, a la hora de cuantificar la cuota...
En la medida en que la ordenanza municipal correspondiente establezca un
tipo de exención o bonificación, por ejemplo, para las familias numerosas
o para las personas que se encuentren en desempleo, etc. En ese caso, nos
podríamos encontrar con un impuesto de carácter real, pero que sin
embargo es subjetivo. El cuarto criterio de diferenciación de los
impuestos... Es el criterio que se hace en función del aspecto temporal
del hecho imponible. Y aquí distinguimos entre impuestos periódicos e
impuestos instantáneos. En los periódicos, el hecho imponible se prolonga
a lo largo de tiempo. De tal manera que por puras razones de gestión
tributaria es necesario... Es necesario. Agruparlos en un periodo
impositivo y someterlo a gravamen en ese periodo impositivo. Por ejemplo,
el IRPF. En el IRPF lo que grava es la obtención de la renta por las
personas físicas. Indudablemente, las personas físicas pueden estar
obteniendo renta prácticamente desde que nace hasta que fallece. Pero no
se podría establecer un impuesto que grave... De la vida de una persona,
toda la renta que haya obtenido a lo largo de toda su vida. Por lo tanto,
lo que se hace es fraccionar, establecer unas fracciones, hacer unas
fracciones en el periodo impositivo y someter a gravamen cada uno de esos
periodos impositivos. En el caso del IRPF, por ejemplo, lo que hacemos es
fijar un periodo impositivo del año natural... Que comienza el 1 de enero.
Y finaliza el 31 de diciembre. De tal manera que lo que se somete a
tributación es toda la renta generada en ese periodo impositivo. Es decir,
desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Por el contrario, son
instantáneos aquellos cuyo hecho imponible no es duradero. Sino que se
realiza y se agota en un solo momento. Según la finalidad que persigan los
impuestos... Pues hay que distinguir entre aquellos impuestos que tienen
una finalidad recaudatoria, los fiscales... De aquellos otros que tienen
otra finalidad extrafiscal. Como hemos comentado anteriormente, por
ejemplo... En el caso de los impuestos que gravan el consumo del tabaco o
las bebidas alcohólicas. Los cuales, además de recaudar ingresos
públicos, lo que se pretende es reducir mediante este gravamen... El
consumo del tabaco. El consumo de esos productos que se consideran
perjudiciales para los ciudadanos. Y finalmente, en función de cuál es el
ente que los crea o que es su titular... Se distinguen entre impuestos
estatales, autonómicos o locales. ¿Está claro? Aquí también hay que
tener muy clara la definición de los impuestos. Su clasificación. Prestar
especial atención a la diferenciación entre impuestos personales y
subjetivos y objetivos. Bien, pues pasamos a las tasas. Pasamos a las
tasas. Las tasas son tributos, según el artículo 2.2. Y derecho fiscal.
Bueno, pues... Más propiamente, por lo menos cuando hablamos de esta
asignatura... Sería hablar de derecho tributario. Digamos que hablar de
derecho fiscal... Bueno, sería un concepto más de carácter... No por lo
menos científico, sino más bien de carácter divulgativo. Coloquial. Un
término más coloquial. Bien. Las tasas. Las tasas son tributos cuyo hecho
imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento
especial de dominio público o también la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran
a afecten o beneficien de modo especial al particular, al obligado
tributario. Cuando estos servicios... Y estas actividades no sean de
solicitud voluntaria, es decir, si no son voluntarias, que sean de
solicitud o obligatoria, o restricción obligatoria por los obligados
tributarios, o no se presten o realicen en el sector público. Bien. Esto
vamos a desarrollar a continuación. Fijaros, cuando se habla de
utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público.
Cuando un particular desea hacer un uso privativo de dominio público o
obtener un aprovechamiento especial, obviamente tendrá que solicitar la
correspondiente autorización o concesión. Bien. Nadie puede hacerlo de
forma unilateral, sino que es necesario que lo solicite y que obtenga la
correspondiente licencia, autorización... Bien. o concesión por parte de
la entidad pública que administre ese dominio público. Y obviamente, una
vez obtenida esta licencia, tendrá que abonar la tasa correspondiente.
Bien, pero fijaros que dentro de esta utilización de dominio público hay
también dos subclases. Tenemos la utilización privativa y, por otro lado,
tenemos el aprovechamiento especial. El uso privativo implica una
ocupación de una porción de dominio público que limita o excluye a los
restos, al resto de los ciudadanos, la utilización de ese espacio de
dominio público. Mientras que en el caso de... El aprovechamiento especial
supone una utilización más intensa de ese espacio de dominio público,
pero sin que se impida el uso común por todos los demás. Esto también lo
vais a entender mucho mejor con un ejemplo. Imaginaros que queréis
instalar un kiosco de venta de periódicos en la plaza de vuestro pueblo y
solicitáis una licencia. Para ello, os concederéis el alentamiento y
pagáis la correspondiente tasa. Kiosco de venta de prensa. Pues
obviamente, ahí estaríamos ante un supuesto de utilización privativa,
porque el espacio que ocupe ese kiosco no puede ser utilizado a su vez por
los restos de los vecinos de vuestro pueblo. Está claro. Sería, por lo
tanto, un supuesto de utilización privativa dominio público. Ahora,
imaginaros que lo que solicitéis al ayuntamiento es un vado para el paso
de vehículos. Es decir, tenéis una plaza de aparcamiento en un inmueble y
para acceder a esa plaza de aparcamiento tenéis que atravesar una acera
pública. En ese caso, tenéis que solicitar la licencia correspondiente
del ayuntamiento. Y tenéis que pagar la... La correspondiente tasa. Que en
este caso será una tasa por aprovechamiento especial. ¿Por qué? Porque
el vado os va a permitir atravesar esa acera. Pero luego no os va a
permitir estacionar la acera, sino atravesar esa acera para poder aparcar
el vehículo en vuestra plaza de aparcamiento. Está claro. Esa es la
diferencia entre el uso privativo y el aprovechamiento. El uso privativo
limita o excluye a los demás el uso de ese espacio público que vosotros
lo ocupáis. En el ejemplo que hemos puesto con ese kiosco. Sin embargo, el
caso del aprovechamiento especial derivado del vado para el paso de los
vehículos supone solamente una utilización más intensa por vuestra
parte, pero que no excluye el uso de... Ese espacio por el resto de los
vecinos. Bien, segunda parte de esa definición que hemos dado de las
tasas. Que serían servicios o actividades administrativas. En este caso,
la actuación administrativa tiene que consistir en una prestación de un
servicio o en la realización de una actividad. Pero ojo. De una actividad,
fijaros en la definición, ¿qué se refiere a afecte o beneficio? O sea,
no es... No es necesariamente de esa actividad desplegada por la
administración pública. Se tiene que derivar un beneficio para vosotros.
Puede ser que incluso os perjudique. Imaginaros, por ejemplo, que tenéis
el vehículo mal apartado. En la vía pública viene la grúa y se lleva el
vehículo al depósito municipal. Pues aparte de la multa correspondiente,
tendréis que pagar el depósito municipal. Tendréis que pagar la tasa por
la retirada del vehículo. Está claro, el ayuntamiento os ha prestado un
servicio. Es un servicio que realmente no os ha beneficiado, os ha
afectado. Os ha perjudicado. Pero, ¿qué justificaría el pago de esa
tasa? Asimismo, esa actividad o ese servicio tiene que ser divisible. Es
decir, tiene que ser individualizable de tal manera que le afecte... ...al
particular de una forma directa a él y no a todos los ciudadanos. Estas
cuestiones son importantes. Son importantes de cara a distinguir las tasas
de las contribuciones especiales, como veremos más adelante. Estas
actividades, estos servicios públicos, solamente pueden generar una tasa
cuando se produzca alguna de estas dos circunstancias. En primer lugar, o
bien que los contribuyentes estén obligados a solicitar o recibir los
servicios o actividades de una forma coactiva, pudiendo tener esta
coactividad el siguiente origen. O bien que se trate de servicios o
realización de actividades de carácter obligatorio, porque así lo
establece una norma legal. Por ejemplo, cuando solicitáis la expedición
del DNI, es una obligación de carácter legal que todos los ciudadanos
dispongan de un documento nacional de identidad. Estaríamos en un supuesto
en el cual se da esa coactividad, esa exigencia de forma unilateral por
parte de la Administración para que todos los ciudadanos dispongan del
DNI. O bien, que aunque no sea enteramente obligatorio, que se trate de
servicios que sean esenciales, imprescindibles o irrenunciables para la
vida privada o social del particular. Fijaros que aquí estamos en un
concepto jurídico indeterminado. Hay coacción. ¿Hay coacción por qué?
Porque uno no está obligado, por ejemplo, un ejemplo claro es el
abastecimiento de agua. Uno no está obligado. Uno está obligado a
disponer de agua en su domicilio. Pero, hombre, el no disponer de agua
supone renunciar a un servicio de carácter esencial, imprescindible e
irrenunciable. Entonces se considera que en ese caso se da la coactividad
que justificaría la exacción de la tasa correspondiente. ¿Está claro?
La coactividad. Bien. Decíamos que ese ticket... Si usted está obligado a
solicitar alguna de estas circunstancias, que se esté obligado a solicitar
y a obtener este servicio, o bien también se van a considerar coactivas
aquellas prestaciones pecuniarias que deriven de un servicio o de una
actividad que solamente es prestada por la administración en una
situación de monopolio. ¿Monopolio? Tanto de derecho como de hecho.
¿Monopolio de derecho? Pues serían aquellas actividades que están
reservadas a la administración pública, como podría ser, por ejemplo, la
inscripción en el registro de parejas de hecho. O bien un monopolio de
hecho. Y ahí suelen haber más dificultades a la hora de determinar
cuándo estamos ante un monopolio de hecho, porque eso... Eso puede suponer
que lo que en un municipio sea un monopolio, en otro no lo sea. Por
ejemplo, una piscina municipal. En el caso de una piscina municipal, si en
el municipio no hay ni una otra piscina de acceso al público, estaríamos
ante un monopolio de hecho, por ejemplo. Con lo cual... No podemos
determinar con certeza que un determinado servicio sea una situación de
monopolio si no atendemos a las circunstancias, a las circunstancias que se
dan en cada caso. Bien. Otro aspecto importante. Además de concurrir
algunos de estos dos requisitos, es necesario que el servicio o la
actividad sea prestada directamente por el ente público o por alguno de
sus organismos autónomos. De tal manera que si ese servicio es prestado
por un intermediario, después ahondaremos más esta cuestión. Pero si no
lo presta el ente público o un organismo autónomo, sino que se presta a
través de un intermediario, en ese caso no estaríamos ante la obligación
del pago de una casa, sino de una prestación patrimonial. ¿No? No. El
pago de una tarifa, como veremos más adelante. Sí, sí. Pregunta, sí.
Dime. ¿Sí? Sí. El caso de un precio público de una piscina que se lleva
mediante una concesión administrativa. Bueno, depende. Vamos a ver. Una
piscina. Vamos a suponer que en el pueblo no existe ninguna... Otra piscina
de acceso público, con lo cual se da una situación de monopolio y que
podría devolver al pago de una casa. Pues bien, si se lleva mediante una
concesión administrativa, en ese caso, efectivamente nos encontraríamos
ante una tasa. Nos encontraríamos ante una tarifa. ¿Eh? Sin embargo, esto
también puede admitir algunas matizaciones. ¿Por qué? Porque va a
depender la diferencia entre la tasa. En estos casos, ¿eh? La diferencia
entre la tasa y la tarifa va a depender de la relación que se establezca
entre el que presta ese servicio, el profesionario y el usuario. ¿Eh? Es
decir, si... Y la piscina igual resulta más dificultoso. Pero imaginaos
que en lugar de una piscina, estamos hablando de la recogida de residuos.
En aquellos casos en los cuales la relación se establece entre el usuario
y la empresa concesionaria, relación jurídica, ¿eh? De tal manera que es
la concesionaria la que atende las... Las... Bueno, pues todas las quejas,
reclamaciones que pueda haber en relación al servicio, ¿eh? Y quien cobra
realmente por ese servicio es el... Es el... Es el concesionario, ¿eh? En
ese caso estaríamos ante una tarifa. ¿Eh? Ahora bien, ahora bien, ¿eh?
En el caso de que ese servicio haya sido subcontratado a un concesionario,
pero la relación, ¿eh? En... En el caso de que la relación del usuario
no se establezca con el concesionario, sino con la administración
pública, estaríamos ante una tasa, ¿eh? Por ejemplo, lo que os decía,
el supuesto del servicio de recogida de residuos, ¿eh? En ese caso, ¿eh?
Eh... Si no... Si no existe, ¿eh? Una relación directa entre el usuario y
el concesionario, ¿eh? Sino que la relación... La relación se establece
entre el ayuntamiento y el usuario, no estaríamos, ¿eh? No estaríamos
ante una tarifa, sino ante una tasa. Está claro. Y ahora es que todo está
lleno de matices. Sí, vamos a ver. En el caso que planteas, pues depende.
O sea, lo normal es que el concesionario es el que cobre los... Este...
Cobre realmente cada vez que un usuario acceda a la... A la piscina y que
la relación, ¿eh? Se establezca entre el usuario y el concesionario,
¿eh? Y ahí estaríamos ante una tarifa, ¿eh? En ese... En el caso de la
piscina puede resultar más claro. Pero en el caso que os he indicado, en
otro de la recogida de residuos, ¿eh? Si no se establece la relación
jurídica entre el usuario y el concesionario, sino que se establece con la
administración pública, estaríamos ante una tasa, ¿eh? La recogida... O
sea, si quien cobra, ¿eh? Es el ayuntamiento, ¿eh? Sería una... Sería
una tasa. ¿Está claro? Bien. Seguimos adelante. Ah, ya, ya. Que no veía
que hay... Sí, aclarado, ¿no? Muy bien. Aquí había otro que decía...
¿Y si existen otras piscinas privadas? Bueno, pues ahí estaríamos ante
un precio público. Estaríamos ante un precio público en el caso de que
el servicio, vamos, no en el supuesto del concesionario. Estaríamos ante
un precio público si realmente el servicio es prestado por el ayuntamiento
o por un organismo autónomo. Ahora bien, si el ayuntamiento lo que hace es
concertar con un concesionario la gestión... ...de esa piscina, en ese
caso estaríamos ante un precio privado. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos
adelante. Se va complicando, ¿no? A medida que avanzamos, la verdad es que
se va avanzando, ¿eh? O sea, complicado. Bien. Vamos a ver... Que me queda
un poquito atrás igual con este. Vamos a ver... Tasa por la prestación...
El fundamento y la cuantificación de las tasas. En cuanto a la
cuantificación de las tasas, la ley de tasas y precios públicos recoge
los principios de equivalencia y capacidad económica. Bien. El Tribunal
Constitucional ha señalado que el principio de equivalencia supone que se
paga la tasa por el equivalente a lo que se recibe. ¿Eh? En la medida en
que quien se ve afectado... Por esa actividad administrativa, por ese
servicio o esa realización de actividad... Tiene que contribuir al
sostenimiento de gasto público. Bien. ¿Esta equivalencia qué significa?
Significa que, tal y como la AMA lo establece la propia ley... Las tasas
por la prestación del servicio o realización de actividades no pueden
exceder... ¿Eh? Estamos hablando de... La cuantificación no puede exceder
en su conjunto del coste real o previsible de servicio prestado o de la
actividad realizada, tomando en consideración tanto los costes directos,
los indirectos, los financieros, los de amortización del inmovilizado y,
en su caso, aquellos que sean necesarios para garantizar el mantenimiento o
el desarrollo de este servicio o de esta actividad. ¿Eh? Fijaros. ¿Eh? No
pueden exceder. En cuanto a la otra... Esto es referido a la prestación de
servicios o realización de actividades. En cuanto a la modalidad de
ocupación de dominio público, el importe se va a fijar tomando como
referencia el valor del mercado correspondiente a la utilidad derivada del
uso o del aflochamiento especial. Bien. Las tasas son tributos. Decíamos
que en todos los tributos se tiene que tomar en consideración la capacidad
económica. En definitiva, la capacidad económica tiene que estar presente
también en las tasas porque tiene la consideración de atributos. ¿Eh?
Ahora bien. Hay que tener en cuenta que las tasas no se exigen por
manifestación. estar una capacidad económica. Sin embargo, el hecho de
que no se exijan porque sea una manifestación de la capacidad económica,
eso no significa que no deban de tomarse en consideración a la hora de
cuantificar el importe de las vistas. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo
podemos tomar en consideración la capacidad económica a la hora de
cuantificar las tasas? Pues bien, de una de estas dos maneras. O bien,
estableciendo exenciones o bonificaciones de tal manera que no paguen tasas
en el caso de las exenciones o que paguen un importe inferior en el caso de
las comunicaciones o de las bonificaciones, perdón, aquellos que carezcan
de capacidad económica. O que la tengan reducida. Es decir, podemos
considerar, podemos tomar en consideración la capacidad económica a la
hora de cuantificar el importe de las mismas a través de exenciones y
bonificaciones. Primera forma. La segunda forma sería incluyendo como
elemento de cuantificación de las tasas para modular su cuantía. Es
decir, tomando en consideración la capacidad económica a la hora de
cuantificar el importe de la tasa. De tal manera que paguen más aquellos
contribuyentes que tengan una mayor capacidad económica. Seguimos adelante
y pasamos a las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales
son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado
tributario de un beneficio. O bien el aumento del valor de su patrimonio
como consecuencia de la realización de obras públicas o del
establecimiento o ampliación de servicios públicos. Bien, vamos a
detenernos en esta definición. Consiste en, fijaos aquí, obtención por
el obligado tributario de un beneficio. Primera diferencia apreciable en
relación a las tasas. Las tasas podían beneficiarle o le podían
perjudicar. Recordar el ejemplo del ciudadano al cual le retiran el
vehículo porque está mal aparcado. En el caso de las contribuciones
especiales, sin embargo, no. Se trata siempre de supuestos en los cuales el
obligado tributario ha obtenido un beneficio o se ha producido un aumento
del valor de su patrimonio. Y todo ello deriva de la realización de obras
públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Vamos
a poner un ejemplo sencillo. Imaginaros la rehabilitación, no sé,
rehabilitación o sí, la rehabilitación del sistema de alumbrado de una
calle. Bien. Por supuesto, si esto lo lleva a cabo la administración
local, que es el ámbito que se da propiamente o con mayor habitualidad las
contribuciones especiales, esto supone obviamente una mejora para todos los
ciudadanos que pasen por esa calle. Van a disfrutar de una calle mejor
iluminada y, por tanto, de una calle más segura. Y van a poder transitar
por una calle más segura. Pero beneficia especialmente, obviamente, a los
vecinos que residen en esa calle. Es más, incluso es posible que, a medida
que se haya mejorado el alumbrado público y la calle haya ganado en
seguridad, es posible que eso repercuta además en el precio de venta de
las viviendas. Es decir, que se haya producido un aumento del valor de su
patrimonio. Pues bien, en esos supuestos, la administración local podría
proceder a la exacción de las contribuciones especiales para la
financiación de esa obra pública, obra o servicio. Sería una mejora en
el servicio de iluminación de esa calle. Ahora bien, fijaros que la
ejecución de esa obra o la mejora de esa instalación no tiene como
destinatario única y exclusivamente a los vecinos de la misma, sino a los
ciudadanos en general, a los ciudadanos que transiten por esa calle. Aunque
beneficia muy especialmente a ellos. Vamos a diferenciar las contribuciones
especiales de las otras dos figuras tributarias. La diferencia con los
impuestos es bastante clara. Ya hemos venido repitiendo quizás
machaconamente en las contribuciones especiales hay una actividad
administrativa, ejecución de obra o ampliación o establecimiento de un
servicio. Mientras que los impuestos ya los definíamos como tributos sin
contraprestación. No están vinculados con una actividad administrativa.
Entonces, ¿cuál es entonces la diferencia entre las contribuciones
especiales y las tasas? Y aquí es donde puede haber más dificultades a la
hora de diferenciar estas figuras tributarias. La diferencia reside
básicamente que en las contribuciones especiales se trata de obras o
servicios que no están destinados única y exclusivamente a quienes tengan
que pagar las contribuciones especiales. Mientras que en el caso de las
contribuciones especiales, de las tasas, la actividad administrativa, el
servicio realizado afecta directa e inmediatamente al contribuyente
pudiendo incluso llegarle a perjudicar. Está claro. Esa es por lo tanto la
diferencia fundamental entre las contribuciones especiales y las tasas. A
esta diferencia hay que añadir otra y es que las contribuciones especiales
en lo recaudado a través de las contribuciones especiales queda afecto al
cubrir los costes derivados de la ejecución de esa obra o del
establecimiento o ampliación del servicio. Afectación presupuestaria que
no se da en el caso de las tasas o en el caso de los impuestos. Bien,
¿cuál es el régimen jurídico de las contribuciones especiales? Está
claro. Por lo tanto, la diferencia lo tenéis claro. Las contribuciones
especiales, repito, se trata de satisfacer un interés general. Un interés
general pero que repercute, que beneficia de forma especial o que
incrementa el valor del patrimonio de los que van a resultar obligados al
pago de las contribuciones especiales. Por lo tanto, es una forma de
financiar aquellas obras o aquellos servicios en los cuales podemos
distinguir entre la satisfacción de un interés general y la obtención de
un beneficio especial por parte de los obligados al pago de las
contribuciones especiales. El régimen jurídico de las contribuciones
especiales que se desarrolla en el manual va referido a la administración
local. Efectivamente, las contribuciones especiales también pueden darse
en otro ámbito territorial. Se podría dar también el ámbito estatal.
Sin embargo, donde tienen mayor carta de naturaleza es en el ámbito de la
administración local. Es más, es donde han tenido un mayor desarrollo
legislativo. De tal manera que se ocupa de las mismas, en el texto
refundido de la Ley de Hacienda Local, los artículos del 28 al 37. ¿Qué
es lo que se está haciendo? Establecen el régimen jurídico de las
contribuciones especiales. El régimen jurídico de las contribuciones En
primer lugar, el establecimiento de las contribuciones especiales. El
establecimiento de la exacción de las contribuciones especiales precisa de
la adopción, por un lado, de un acuerdo de imposición. Es decir, que la
administración local decida que una determinada obra o un servicio se
financie en parte, siempre en parte, de un acuerdo de imposición. Después
veremos por qué. Siempre en parte, a través de contribuciones especiales.
Y, en segundo lugar, también una ordenación del cobro de estas
contribuciones especiales a través de la correspondiente ordenanza.
Ordenanza en la cual se deberán de circular o hacer constar los elementos
esenciales del tributo. Por lo tanto, nada más imponible. Quiénes van a
ser los sujetos pasivos y cómo se va a distribuir ese coste en cuotas para
la financiación de la obra o del servicio. Bien, ¿quiénes son los
contribuyentes? En el caso de las contribuciones especiales. Pues serían
las personas especialmente favorecidas, beneficiadas por su realización. Y
aquí además expresamente se contemplan distintas situaciones. En primer
lugar, en aquellas obras que afecten a los inmuebles los propietarios. Por
ejemplo, lo que decíamos de la mejora del sistema de alumbrado de una
calle. Obviamente esa obra o ese servicio beneficia especialmente a los
propietarios de los inmuebles, a medida que mejoran las condiciones de
habitabilidad. La seguridad, incluso puede incrementarse el precio de venta
de sus viviendas en las establecidas a consecuencia de explotaciones
empresariales. Bueno, pues los titulares de estas explotaciones, los
empresarios. Cuestión muy curiosa la de los servicios de extinción de
incendios. En el caso de las contribuciones especiales por el
establecimiento de un sistema de extinción de incendios o de un cuerpo de
bomberos, en definitiva, serían además de los propietarios de los bienes
afectados, fundamentalmente los propietarios de los bienes inmuebles,
serían las compañías de seguros implantadas en el territorio. Y esto por
qué? Porque hombre, si antes no existía un cuerpo de bomberos y ahora se
instala en el municipio, esto va a suponer que se van a instalar en el
municipio. Se van a reducir los daños que se puedan padecer como
consecuencia de un incendio. Los bomberos van a poder acudir más
rápidamente al lugar donde está produciendo el incendio y por lo tanto se
van a reducir los daños consiguientes. Si se reducen los daños
consiguientes, se van a reducir las indemnizaciones que tendrán que pagar
las compañías de seguros. Luego resultan beneficiadas y tendrían la
condición de contribuyentes. Bien. En la construcción de galerías
subterráneas, pues aquellos suministradores que las usen. Las compañías
de telecomunicaciones, compañías de gas, etcétera. Bien. Tercer elemento
esencial de las contribuciones especiales, la base imponible. La base
imponible será el coste de la realización de las obras o establecimientos
por el coste para la administración que haya aprobado la financiación a
contribuciones especiales. ¿Qué significa? Significa que del coste total
de esa obra o de servicio habrá que deducir aquellas subvenciones o ayudas
públicas o de carácter privado que se hayan obtenido del Estado o de
otros entes públicos o privados. En definitiva, la base imponible, la base
imponible estaría formada por el coste real, coste real para la
administración que decide financiar la obra pública o servicio a través
de contribuciones especiales. No obstante, no obstante, mucho cuidado, esta
base imponible como máximo incluirá el 90% de este coste real,
financiándose el resto, el resto con cargo a los demás ingresos
presupuestarios. ¿Y esto por qué? Esto porque, obviamente, decíamos que
la financiación mediante contribuciones especiales procede de aquellos
casos en los cuales confluyen, por un lado, un interés general y por otro
lado un beneficio especial o particular. En definitiva, se considera que
como máximo ese beneficio particular se va a reducir. La base imponible
sería del 90%, está claro, mientras que el resto sería el que
correspondería al interés general. El cuarto elemento esencial de las
contribuciones especiales sería la fijación de la cuota tributaria. La
base imponible se repartirá en forma de cuota entre los contribuyentes
beneficiados por las obras, las instalaciones o los servicios en función
de qué, del beneficio o del aumento del valor de sus bienes. Y el quinto
elemento esencial de las contribuciones especiales sería el devengo.
¿Cuándo se produce el devengo? Pues aquí rige el principio de servicio
prestado, es decir, cuando las obras se hayan ejecutado o el servicio haya
comenzado a prestarse. Cabe eso sí el fraccionamiento del pago de estas
contribuciones especiales y obviamente en este caso el devengo se
producirá al finalizar cada fracción. También existe la posibilidad de
exigir el pago anticipado, pero en ese caso si se exige un pago anticipado
es necesario que en ese acuerdo de imposición, ese acuerdo de imposición,
el ayuntamiento decide financiar la obra a través de las contribuciones
especiales, tendrá que determinarse estas tres cuestiones, cuál es el
coste provisional, cuáles son los contribuyentes o quiénes son los
contribuyentes, hay que identificar definitivamente los contribuyentes y
establecer la cuota que les corresponde a cada uno de ellos. Pues bien, en
caso de pago anticipado tenemos que identificar los contribuyentes y
establecer En el momento del devengo deberá procederse obviamente a la
regularización de la liquidación en la medida en que entre el momento del
pago anticipado y el devengo, que coincide como decíamos con la
finalización de la obra o el inicio del servicio, puede haber habido
variaciones, tanto en el coste como en las personas que tengan la
condición. Bien, y pasamos a los precios públicos, vamos a ver qué son
los precios públicos. Los precios públicos son las contrapreciables, la
base imponible como os decía, en las contribuciones especiales te
refieres, estaría formada por el coste real para la administración
mediante las contribuciones especiales, por lo tanto como os decía, unas
deducidas las subvenciones que hayan podido obtener, en vez de que tenemos
establecida esa base imponible habría que distribuirla en cuotas, cuotas
individuales para cada uno de los ciudadanos, para esos ciudadanos que se
van a beneficiar de esa obra o de ese servicio que van a haber aumentado su
patrimonio. ¿Cómo se establecerá eso?, bueno pues ahí hay distintos
criterios en función del tipo de obra. Por ejemplo, en el caso del
alumbrado, que es el ejemplo típico que hemos puesto, una determinada del
coste real para el ayuntamiento se distribuiría entre los ciudadanos,
primero habría que fijar cuál es el máximo que se podría financiar las
contribuciones especiales, imaginaros pues que el ayuntamiento decide que
es el 50%, pues habría que distribuir ese 50% del coste real de la
realización, de la mejora de la instalación eléctrica de alumbrado entre
todos los ciudadanos beneficiados, ¿cómo?, pues unos criterios serían
los metros lineales de fachada de cada propietario de una vivienda, por
ejemplo, ¿está claro? Precios. Precios públicos. Los precios públicos
son las contraprestaciones pecuniarias. Las contraprestaciones pecuniarias
que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de
actividades efectuadas en régimen de derecho público, aquí todas las
cuestiones son importantes, ¿eh?, prestaciones pecuniarias, obviamente
estamos ante un tributo, que se satisfagan con la prestación de servicios
o realización de actividades, hasta aquí prácticamente todo muy
parecido, idéntico a las tasas. Precios. Régimen de derecho público, lo
mismo, lo mismo que las tasas, ahora bien, cuando prestándose también
tales servicios o actividades por el sector público, sean de solicitud
voluntaria por parte de los administradores, ¿está claro?, aquí ese es
el elemento diferencial entre los precios públicos y las tasas, cuál es
la falta de coactividad, si esa actividad, si esa actividad o ese servicio.
Es prestado a sí mismo por el sector privado, ¿eh?, o si no es de
solicitud obligatoria, de solicitud voluntaria, no se da la coactividad. En
definitiva, en el caso de los precios públicos, los ciudadanos pueden
optar entre obtener ese servicio o esa actividad bien del sector privado y
pagando en tal caso un precio privado o bien del sector público pagando en
ese caso un precio público. Un ejemplo, que todos conocéis, de precio
público es el pago de lo que, con defecto, se denomina en tasas
académicas, no son tasas académicas, sino son precios públicos, ¿no?,
el precio público que habéis pagado vosotros por matricularos en la UNED,
está claro, se trata de un servicio educativo. No es obligatorio. No
estamos ante unos niveles de enseñanza obligatorios y, por otro lado, ese
servicio es prestado también por universidades privadas, por lo tanto,
vosotros sois libres de matricularos en la UNED o de matricularos en una
universidad privada, está claro. Si os matriculáis en la UNED, lo que
tendréis que pagar es un precio público, si os matriculáis en una
universidad privada, lo que tendréis que pagar es un precio privado. Está
clara la diferenciación. No estamos por lo tanto ante tributos, eso es muy
importante, se estudia, se estudia en este tema aunque no sea una figura
tributaria, pero es importante incluirla en este tema sobre todo por su
vinculación o relación con las tasas, está claro, y para que la podáis
diferenciar. En definitiva, lo que define los precios públicos es la falta
de... coactividad. Bien, ¿cuál es el régimen jurídico de los precios
públicos? Pues, los precios públicos no son tributos y, por lo tanto, no
estarían sujetos a las exigencias del principio de reserva de ley. En
definitiva, ¿esto qué significa? Pues que se pueden crear o modificar en
el ámbito estatal por orden del departamento ministerial del que dependa
el órgano que lo exija, o bien directamente por los propios organismos
públicos previa autorización del departamento ministerial del cual
dependa. En el ámbito local, en el ámbito local serán aprobados por el
Pleno, pero el Pleno, en este caso, puede delegar sus facultades en la
comisión de gobierno. Entonces, importante, también lo hemos comentado
anteriormente, en el caso de las tasas, sin embargo... Obviamente, las
tasas tienen que ser aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. Sin embargo,
en el caso de los precios públicos, pueden ser aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento, pero éste puede delegar esta facultad en la comisión de
gobierno. La cuantificación, en la cuantificación otra diferencia
importante entre precios públicos y las tasas. Los precios públicos
tienen que cubrir como mínimo el coste de servicio, por lo cual podría
incluso llegar a generar beneficios. En definitiva, se trata de servicios o
actividades que son prestadas también por el sector privado, que los
ciudadanos pueden optar por uno u otro, el que la administración fijara
unos precios muy por debajo del coste real. Podría ser tachado en algunos
casos de competencia desleal, por aquellas empresas privadas que prestan a
sí mismo este servicio. No obstante, a pesar de esto se permite, eso sí,
que esta cuantía sea inferior al coste cuando existan razones sociales,
benéficas o culturales o de interés público. Sería obviamente el caso
de la matrícula. Por ejemplo, en la UNED. Bien, seguimos adelante. Bueno,
aquí tenéis unos cuadros que están muy bien. Las tasas, obligatoriedad o
no concurrencia. Tiene que quedarse. En los precios públicos,
voluntariedad y concurrencia. Está clara la diferencia. Y pasamos a las
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias. No
tributarias. Bien. Hay que decir que, en realidad, he leído la
disposición adicional primera de la ley general tributaria al comienzo de
esta sesión y la verdad es que no se llegan a definir lo que son
prestaciones patrimoniales públicos no tributarias. Se dicen cuáles son
las tributarias y por exclusión serían no tributarias aquellas
prestaciones patrimoniales coactivas que no se leen. No sean ni impuestos,
ni tasas, ni contribuciones especiales. Estas prestaciones no tributarias
la conforman un número muy numeroso, un grupo muy numeroso y heterogéneo
de servicios, actividades, etc. Vamos a centrar fundamentalmente en unos
cuantos ejemplos. El primero que ya hemos indicado. El de la prestación
por incapacidad temporal que se le impone al empresario de pagar esta
prestación de incapacidad temporal desde el día cuarto hasta el quinceavo
día. Estaríamos, por lo tanto, ante una prestación patrimonial de
carácter público. Hay otro grupo más importante y al cual se dedica
especial atención este tema es el de los servicios de titularidad pública
o la explotación de obras públicas cuando no las presta directamente el
ente público, sino que son prestadas a través de un intermediario.
Intermediario que puede ser de derecho privado y que es el que va a
percibir una tasa, tarifa, perdón. La diferencia entre las tasas y las
tarifas que hemos mencionado anteriormente. Bien. Partiendo, por lo tanto,
que estamos ante servicios coactivos. Pues eso son prestaciones
patrimoniales. El legislador ha optado por diferenciar entre los tributos y
estas prestaciones patrimoniales no tributarias en función de dónde está
el elemento diferenciador, en función de quién sea el que preste este
servicio. Así, si el servicio lo presta la administración directamente o
un organismo autónomo, o cualquier otro ente del sector público
administrativo, la cantidad que se exige es una tasa. Está claro.
Servicios o actividades coactivas, por lo tanto prestaciones patrimoniales.
Si quien lo presta es directamente la administración o un organismo
autónomo, estaríamos ante una tasa. Ahora bien, si lo presta una persona
interpuesta de derecho privado, en ese caso sería una prestación
patrimonial no tributaria. Y lo que procedería sería el pago de una
tarifa. En este caso, la prestación puede realizarse... Sí. Sí, vamos a
ver. Los precios de la cafetería del centro de día por un concesionario y
habiendo más cafeterías en el municipio. Bien, aquí no estamos
obviamente ante una prestación coactiva. Y por lo tanto, los precios esos
serían tarifas. O sean tarifas... Serían... Perdón. Serían precios
privados. No estaríamos de prestaciones patrimoniales de carácter
público. Bien. Vamos a ver. Sí. Eso es. Correcto. Muy bien. Por lo tanto,
en el caso de las tarifas, ahí la prestación puede realizarse tanto en un
régimen de gestión directa, nuevamente por un ente del sector público
empresarial. Pero ojo, personalidad jurídica privada, sometido al derecho
privado. O bien el régimen de gestión indirecta. Y en este caso sería un
servicio prestado por una entidad privada. Por ejemplo, de un
concesionario. Bien, vamos a pasar ahora... Porque ya Luma nos va a dar
tiempo. Al capítulo... Al capítulo 2. Vamos a ver. Sí. Capítulo 2. Que
trata sobre los principios constitucionales de justicia tributaria. Y aquí
solamente la parte introductoria. Lo que sería la formulación genérica
de los principios constitucionales, y el principio de igualdad. Bien, vamos
a ver. El planteamiento. El deber de contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos tiene su fundamento último en el principio de
solidaridad. Solidaridad. Que viene reflejado en la Constitución
Española, entre otros artículos, en el artículo 156. De tal manera que
se supone que aquellos que tienen una mayor capacidad económica tienen una
mayor responsabilidad social. Y por lo tanto, que tienen que contribuir en
mayor medida al bien común que el resto de los ciudadanos. Bien. ¿Dónde
están recogidos los principios tributarios? Los principios tributarios
están recogidos en el artículo 31.1.2. De la Constitución que os he
mencionado anteriormente. Cuando se dice que todos contribuirán, todos.
Cuando la Constitución dice todos se refiere a, en este caso, a
obligaciones, a deberes que corresponden tanto a los españoles como a los
extranjeros. Cuando pretende imponer un deber exclusivamente al español
dice a los españoles. Cuando dice todos, comprende a todos. Todos.
Principio de generalidad. Contribuirán al sostenimiento del gasto público
de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que no tendrá
carácter confiscatorio. Y asimismo, en este artículo 2 o, perdón, en el
artículo 31 de la Constitución en su apartado 3 se incluye que solamente
podrán establecerse prestaciones patrimoniales o personales de carácter
público con arreglo a la ley. Por lo tanto, en el 31.3 se recoge asimismo
otro principio tributario que es el principio de legalidad. Lo que pasa es
que este principio de legalidad es objeto de estudio en el capítulo 4 del
artículo. En definitiva, salvando este principio de legalidad del
artículo 4 los principios tributarios que se exponen en este capítulo son
los siguientes. Generalidad. Capacidad económica. Necesidad de que las
normas integren un sistema. Justicia. Un sistema justo. Sistema tributario
justo. Principio de igualdad. Principio de progresividad. Y la prohibición
de confiscatoriedad. Bien, vamos a hacer una próxima comparación inicial
a estos principios. Empezamos por el principio de generalidad. Bien, el
mandato del artículo 31.1 va dirigido a todos, como os decía antes. Esto
significa que todos nacionales y extranjeros vienen obligados al
sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario. Este
principio de generalidad, por lo tanto, tiene ese alcance positivo que
engloba a todas las personas físicas o jurídicas y tiene también una
variante negativa en la medida que se prohíbe el establecimiento de
privilegios o ventajas injustificadas en materia tributaria. De todos
modos, hay que decir que en materia tributaria tiene poca relevancia la
diferencia entre españoles y extranjeros. ¿Por qué? Porque los puntos de
conexión se establecen en función de los criterios de residencia o
localización en España de los bienes u operaciones sometidas a tributar.
De tal manera que en el caso de los tributos de carácter personal el punto
de conexión es la residencia en España mientras que en el caso de los
tributos reales el punto de conexión es la localización en España de los
bienes u operaciones sometidas a tributar. Principio de capacidad
económica La capacidad económica se define como la riqueza medida a
través de las manifestaciones de la obtención de renta posesión de un
patrimonio o realización de un gasto o el consumo de bienes o servicios.
La exigencia de que las normas tributarias constituyan un sistema ¿Esto
qué significa? Significa que las normas tributarias tienen que estar
coordinadas sobre todo teniendo en cuenta que hay distintos entes titulares
del poder tributario confluyen una administración central
administraciones, autonómicas y administraciones locales lo cual tiene que
dar lugar a la configuración de un sistema tributario un sistema
tributario y no una jungla fiscal Obviamente en esa coordinación entre las
distintas administraciones se pueden dar situaciones de doble imposición
¿Cómo se pueden solventar esas situaciones? La doble imposición en
sentido amplio es decir, sobre la misma materia en principio no ofrece
dificultades sobre la misma materia es decir cabe doble imposición por
ejemplo sobre la posesión de un patrimonio tenemos por un lado impuestos
sobre el patrimonio que es un impuesto de carácter estatal es hecho
imponible la posesión de un patrimonio y por otro lado tenemos un impuesto
sobre bienes inmuebles que grava parte de esos bienes que configuran el
patrimonio los bienes de naturaleza urbana o inmuebles Otra cosa es la
doble imposición en sentido estricto que es la que está prohibida es
decir, no cabe la doble imposición en sentido estricto es decir, aquella
que se da sobre el mismo hecho imponible y no cabe en los términos
establecidos en la ley uránica de financiación en la en la ley de
financiación de las comunidades La justicia en materia tributaria supone
que cada contribuyente pague aquella parte que le corresponde la parte que
le corresponde es decir, no se reduce al principio de capacidad sino que
tal y como viene declarando el Tribunal Constitucional exige además tener
en cuenta en cada caso las circunstancias económicas y sociales que se dan
¿Esto para qué? Para el logro de otros fines constitucionales aparte de
los meramente El principio de igualdad exige tratar igual a los iguales y
de forma desigual a los desiguales De tal manera que dos personas que
tengan la misma capacidad económica pues tengan que pagar la misma
cantidad en concepto de impuestos Salvo que exista algún fundamento
constitucional que lo justifique Es decir, en principio o principio general
por lo tanto para cumplir este principio de igualdad dos personas, misma
capacidad económica mismo impuesto trato igual Pero siempre existe la
salvedad que puede justificar un trato desigual que sería cuando se trate
de satisfacer otros principios de base constitucional La progresividad Este
principio exige que las personas que tengan una mayor capacidad económica
tengan que pagar más pero tengan que pagar más además de forma más que
proporcional Por eso se habla de sistema progresivo Bien Este es un
principio que se considera que está implícito en el propio principio de
capacidad de pago Y finalmente estaría la prohibición de confiscatoriedad
Según este principio los tributos no pueden agotar la totalidad de las
rentas y propiedades del contribuyente En definitiva la prohibición de
confiscatoriedad es un límite a la progresividad La progresividad no puede
ser tan grande que lleve a agotar las rentas y las propiedades de los
contribuyentes Y así mismo está justificada esta prohibición de
confiscatoriedad como garantía de los derechos constitucionales de
propiedad privada y de la herencia Bien El pedazo segundo aborda ya con
más detalle el principio de igualdad El planteamiento Hay que distinguir
aquí distintos conceptos Hay que distinguir por un lado la igualdad ante
la ley por otro lado la igualdad en la ley y finalmente el principio de
igualdad en la aplicación de la ley El principio de igualdad ante la ley
que viene formulado de forma expresa en el artículo 14 de la Constitución
exige que las normas tributarias en este caso normas jurídicas traten de
igual den un trato igual a todos los iguales a los desiguales Está claro
Porque si consideramos que tanto los que los ricos como los pobres tengan
que pagar la misma cantidad no estaríamos ante un tratamiento igual sino
estaríamos ante un supuesto tratamiento uniforme El principio de igualdad
nos lleva a que la igualdad ante la ley han tratar de forma igual a los
iguales y de forma desigual a los desiguales Traducido al ámbito
tributario que los que tengan igual capacidad paguen lo mismo mientras que
se den un trato desigual a aquellos que tengan distinta capacidad
económica La igualdad en la ley sin embargo es un concepto que es
semejante al anterior sobre todo la necesidad de tratar de un modo distinto
las distintas situaciones Y finalmente estaría la igualdad en la
aplicación de la ley Este principio de igualdad en la aplicación de la
ley va dirigido sobre todo a las autoridades y consiste en que las
autoridades no consientan ni ocasionen discriminaciones en la aplicación
de la ley Tienen que aplicar la ley a la hora de aplicarla traten de forma
no discriminatoria a los ciudadanos que traten de forma igual En el
principio de igualdad entre la ley y materia tributaria existen dos
planteamientos distintos Y con esto vamos a terminar la exposición de este
tema Existe por un lado la teoría clásica Según esta teoría clásica la
capacidad económica constituye la base general de la igualdad en materia
tributaria De tal manera que para repartir la carga tributaria el
legislador tiene que basarse como criterio general en la capacidad
económica de cada contribuyente Por lo tanto dos contribuyentes con la
misma capacidad económica tienen que ser tratados de forma igual con las
normas tributarias No obstante este principio puede una norma tributaria
podría separarse de este principio siempre que esté justificado por otro
principio constitucional Es decir podría darse un trato diferente a dos
personas con la misma capacidad económica pero siempre y cuando esto esté
justificado por el cumplimiento de otro principio reconocido por la
constitución Y esto exige superar el triple control de proporcionalidad
Primero que esta medida sea idónea para conseguir el fin que se han
perseguido Por ejemplo un impuesto medioambiental que se separe del
principio de capacidad económica pero que no crea ningún tipo de
incentivos para reducir la contaminación no sería idóneo para conseguir
esa finalidad de favorecer la calidad del medioambiente y por lo tanto que
sea necesaria para lograrlo Por ejemplo si se trata de favorecer el
impuesto de sociedades por ejemplo la creación de empleo si lo hacemos a
través de una deducción de cuota de la base económica sería menor que
si lo que hacemos es establecer la deducción en la base imponible ¿Por
qué? Porque si establecemos la deducción por la creación de empleo en la
base imponible en la medida que el IRPF o perdón este argumento no
serviría al impuesto de sociedades sino en el IRPF establecemos en
relación a las actividades una deducción en la cuota pues la afectación
al principio de capacidad económica sería menor que si establecemos esa
deducción en el IRPF ¿Por qué? Porque establecemos la deducción en la
base imponible y en la medida que el IRPF el IRPF ese impuesto progresivo
aquellos contribuyentes que tengan mayor renta que tengan más capacidad
económica podrán deducirse más por la creación de empleo y por lo tanto
no se superaría ese control de necesidad El tercer control que sea
proporcional en un sentido estricto es decir que la distorsión del
principio de capacidad de pago no sea excesiva en proporción a los
beneficios es decir del principio en proporción de los ingresos se debe al
principio de capacidad a la hora de terminar el reparto de la carga
tributaria de tal manera que será que el Tribunal Constitucional se
limitará a expulsar del ordenamiento jurídico aquellas diferencias de
trato que carezcan por concepto de justificación ¿Por qué? porque
resulten de carácter arbitral de los temas que tenía yo asignados para
exponer en esta tutoria Prestar especial atención al capítulo primero a
todo lo relativo a las distintas figuras tributarias por un lado a los
precios públicos y a las tarifas por otro lado definirlas y después ser
capaces que existen entre esas distintas figuras Esto es muy importante de
cara a las pruebas presenciales Por esto concluyo esta exposición y estoy
a vuestra disposición para cualquier aclaración que preciséis sobre los
temas que hemos tratado aquí a través del foro de mi grupo de tutores o
de las consultas generales en este caso la asignatura que se imparte en
régimen de intercambios Pues nada un saludo y hasta otra ocasión Muchas
gracias