Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, continuando con la asignatura, hoy
en esta tutorial 2 tengo previsto, bueno, como había puesto de acuerdo con
el plan tutorial, hablaríamos de los procesos sobre el estado civil de las
personas. En este sentido, comentaremos las disposiciones de carácter
general que contiene el libro primero, el título primero y el libro cuarto
de la Ley de Justificamiento Civil. Bien, este tipo de proceso es
importante por varios motivos. En primer lugar, porque la Ley 8.21 hace un
cambio bastante profundo en lo que es la… en es derogar…, bueno,
eliminando, derogando lo que era la antigua tutela para el incapaz. De
hecho, ya nadie puede ser declarado incapaz. Todos tenemos igualdad
jurídica de cara a poder…, dentro de nuestra capacidad jurídica, la que
podría estar limitada, pues todos tenemos igual capacidad jurídica a la
hora de acceder a los juzgos y tribunales y al ejercicio de nuestros
derechos. Esa Ley 8.21 la vamos a desarrollar de cara al procedimiento
de…, de medidas de apoyo en procesos de discapacidad de las personas.
¿Vale? Bien, pues vamos a ver este tema…, este artículo día 2, en el
que, en este libro cuarto de la Ley de Justificamiento Civil, vamos a ver,
en primer lugar, es esto que vamos a hablar hoy, como digo, el de
provisión de medidas de apoyo. Pero estos procesos, todos estos que vamos
a contener como los procesos especiales, tienen en común una serie de
medidas. Por ejemplo, hay una principal influencia del principio
inquisitivo sobre la materia que van a regular. ¿Por qué? Porque ya
veremos también que en estos procesos la libertad o el principio
dispositivo o el principio también que veíamos de disponibilidad, de
disposición del objeto procesal va a estar limitado. De hecho, en algunos
procedimientos, por ejemplo, donde intervengan menores o personas con
discapacidad, con la ciencia judicialmente modificada, no se va a poder ni
renunciar, ni transigir, ni allanarse. Y si se ha de desistir, si el actor
quiere desistir, necesitaría el consentimiento o la conformidad del
Ministerio Fiscal. Vemos que el principio dispositivo o el principio
dispositivo del objeto procesal viene limitado. Bueno, pues todos estos
procesos en los que me están sobre la adopción de medidas judiciales de
apoyo a personas con discapacidad, que veremos hoy, que se adoptan en el
caso de los hijos menores, que se adoptan en el caso de los hijos menores,
los de nulidad de matrimonio, separación y divorcio y también los de
modificación de medidas que se adopten respecto de los mismos. Los que
sean exclusivamente sobre la guardia y custodia de hijos menores. Bueno, la
diferencia aquí es cuando las parejas no están casadas y hay que hacer
alguna medida respecto de los hijos. Hay que acudir a esos procedimientos
de guardia y custodia. Si estamos casados y se ha procedido un divorcio,
una medida definitiva, veremos esto la semana próxima. El jueves próximo
veremos lo de los procesos matrimoniales. Pero bueno, os adelanto un
poquito cada punto. Los de guardia y custodia son en el caso de que no haya
matrimonio y haya que adoptar alguna medida relativa respecto de los
mismos, de los niños. Los de reconocimiento de eficacia civil y de
resoluciones eclesiásticas en materia matrimonial. Menores con problemas
de conducta en centros de protección de menores. Las medidas relativas a
la restitución de menores en los supuestos de sustancias internacionales y
también en los supuestos en que no sea competencia la jurisdicción penal.
También tienen por objeto estos procesos especiales la oposición a
resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Cuando
la Administración, pues, a través de la tutela para personas muy menores
que no estén sujetas a parte de poder estar o estén en situación de
abandono. Y también vamos a ver en esos procesos los de necesidad de
ascendimiento y la adopción. Vemos que hay unos procesos especiales.
Entonces, esto está regulado en el título 1 del libro cuarto de la ley. Y
como digo, tienen unas características comunes a todos ellos. Eso es
importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? El artículo 7.4. Por
ejemplo, en todos estos procesos va a intervenir el Ministerio Fiscal
aunque no haya sido promotor de los miembros. Ni deba conforme a la ley
asumir la defensa de alguna de las partes. Por ejemplo, donde siempre, en
todo caso, va a ser parte de una manera o de otra el fiscal. Porque el
fiscal puede ser promotor del proceso o si un abogado o un procurador
inicia el proceso, el fiscal actuará como parte, como defensa del interés
general de, por ejemplo, del menor. Entonces, en un proceso de adopción de
medidas judiciales de apoyo que veremos hoy, en este tipo de procesos bien
lo puede iniciar el Ministerio Fiscal o bien lo puede iniciar pues el
presunto discapacitado, personas a llegada social como es el cónyuge,
ascendiente, descendiente, o hermano. Es decir, hay una serie de personas
que pueden iniciar el proceso. Por eso, ¿el fiscal cómo va a intervenir?
Pues de dos maneras. O bien, intervendrá como promotor del asunto en el
caso de que no haya otra persona que haya interpuesto la acción y si hay
otra persona que haya interpuesto la acción. Intervendrá, es decir, o
como promotor o como defensa de alguna de las partes. Pero siempre va a
intervenir. También en los de nulidad matrimonial, en el de sustracción
internacional de menores y en los de determinación e impugnación de la
filiación. Es decir, que el fiscal siempre será parte o bien como
defensor judicial o bien como promotor del expediente. ¿Entendido? En
cuanto a la intervención del fiscal, se le va a dar traslado de la
demanda, para que la conteste o emite el informe en el plazo de 20 días.
Podrá instar práctica de prueba que considera apropiada. Podrá solicitar
medidas cautelares en los procesos que tienen a proteger las situaciones
menores y también su presencia será necesaria en la comparecencia de las
partes y en la práctica de prueba de hecho al fiscal, como veremos ahora
también en el caso de que no hayamos mencionado en la demanda cómo es un
procedimiento en el que tiene que intervenir sí o sí aunque la parte no
lo hayan mencionado en su demanda habrá que darle traslado de esa demanda
al ministerio fiscal, porque tiene que intervenir. Bueno aquí en lo que es
representación y defensa de las partes o bien el Ministerio Fiscal
interviene en el caso de que el fiscal haya sido el promotor del expediente
no hará falta que las partes acudan con abogado y con procura pero en el
caso de que las partes quieran iniciar por sí mismas el procedimiento
entonces les haría falta abogado y procurador. Una forma de ahorrarnos
estos honorarios sería ir a la fiscalía, poner en conocimiento de la
fiscalía que hay una persona a la cual queremos no incapacitarla, ojo,
queremos designarle alguna medida de apoyo eficaz para esa discapacidad que
padece y si el fiscal ve que hay otros mecanismos más apropiados entonces
el fiscal no lo va a instar. No es como antiguamente que el fiscal si
íbamos a solicitarle la acción sí que lo iba a hacer en todo caso,
pasaba con que se lo pidiera nuestra fiscal pero desde la reforma el fiscal
solamente intervendría, solamente sería promotor del asunto en casos en
que no pueda hacerse de otra manera. Bueno estos procedimientos hay una
tramitación que es a través de los trámites del juicio verbal en el cual
el Estado va a tratar a la fiscal sólo cuando proceda y a las demás
partes personadas cuando conforman la ley tengan que ser parte del
procedimiento, hayan sido o no demandada y les va a emplazar para contestar
la demanda en 20 días. Fijaos que es un verbal o una especialidad, el
juicio verbal eran 10 días para contestar por escrito pues aquí son 20.
En un procedimiento de juicio verbal si yo no designo al demandado no se va
a admitir la demanda porque tengo que designar a quién de mando, principio
dispositivo, tengo que designar a quién de mando. En cambio aquí aunque
no lo diga se le va a dar traslado porque tiene que ser una parte que
necesariamente ha de intervenir en el procedimiento. En los procesos de
este título van a ser de tramitación preferente sólo tres tipos de
procesos en los que intervengan personas con discapacidad cuando estamos
designando medidas de apoyo, con funciones representativas, luego veremos
qué es la curatela. La curatela puede ser asistencial o representativa.
Veremos que en el caso de que la curatela que solicitemos sea la
representativa porque hay una demencia o algo que impide autogobernarse, en
ese caso sería de tramitación preferente o también los procesos en los
que esté la persona que sea en situación de ausencia legal. Son
procedimientos de tramitación preferente cosa que un juicio verbal no es
preferente a menos si no recuerdo mal con la última reforma en los de
cuando intervengan personas mayores de 80 años que hay que hacer una
tramitación de acuerdo a si ha de citársele a juicio pues siempre tiene
que ser en medias horas de la mañana. Tramitación preferente de 65 años
pues creo que el cupo de edad lo marca en los 80 pero sin perjuicios de
considerarse como urgente pues de 65 en adelante. Hay unas modificaciones
que por ejemplo aquí, es decir, lo que se trata es que veáis que estamos
ante un juicio verbal que no es el común que hemos estudiado del artículo
250 y siguientes, sino que tiene unas especialidades específicas en este
tipo de asuntos. Hemos visto la intervención del fiscal. En un verbal
normal y corriente no interviene el fiscal. El fiscal no va a ser el
promotor del juicio verbal. En cambio en estos, los que son de nulidad, de
medidas de apoyo, etcétera, de situaciones menores, ahí el fiscal sí que
va a ser o bien el promotor o bien el defensor de alguna de las partes
dependiendo quién lo promueva. En la tramitación va a ser por las reglas
del juicio verbal pero no van a ser 10 días para contestar la demanda sino
que van a ser 20 y además va a ser de tramitación preferente este asunto
en el caso de que intervengan personas mayores de 80 años. En la
tramitación van a ser personas con discapacidad con medidas de apoyo en
las que se está designando un apoyo con funciones representativas y no
asistencial. Y también será de tramitación preferente esos procesos en
los que intervenga una persona que esté declarada en situación de
ausencia. Como he dicho al principio, hay una indisponibilidad del objeto
procesal. Es decir, que una vez iniciado el asunto no va a tener ningún
efecto. asunto, ya no hay disponibilidad plena sobre el objeto procesal.
Solamente hay un concepto en el caso del desistimiento en el que el
Ministerio Fiscal, si presta su conformidad, podrá desistir. También
tenéis que ver que en los procesos en los que no existan menores o que no
existan personas con discapacidad en las que se esté debatiendo medidas de
apoyo o en el tema de ausentes, si no están estos, el fiscal no
interviene. Por tanto, si no interviene el fiscal, se podrá desistir,
renunciar, allanar o transitar. Es decir, en el tema de un divorcio, si yo
me estoy divorciando de mi mujer, el fiscal no interviene para nada.
Imagínate que no tengo niños. Pues el fiscal no interviene. Entonces, si
yo quiero desistir o renunciar, puedo hacerlo porque no intervienen menores
o discapacitados. En el caso de que intervinieran estos menores porque nos
están... Estamos debatiendo la pensión de alimento, la guardia y
custodia, con quién se queda el domicilio, etcétera, etcétera. Ahí el
fiscal interviene y, por lo tanto, si interviene el fiscal, no cabe
renunciar, allanarse, transigir y, si queremos desistir, tenemos que pedir
conformidad del fiscal. Otra opción, en el caso de que intervengan
menores, pero yo quiera desistir respecto de algo que me atañe a mí o a
mi mujer y no respecto de los menores, tampoco sería necesario... El
consentimiento del fiscal. El fiscal solamente está como protector de los
intereses de los menores y discapacitados porque, en esos casos, es cuando,
como he dicho, no surte efecto renuncia, allanamiento, transacción y
demás. Luego, en los procesos de inmunidad matrimonial por minoría de
edad, en el caso de que un niño, una niña, para poder casarse ya sabéis
que primero tiene que estar emancipado. Bueno, si una persona contiene
matrimonio y quiere estar emancipada, ese matrimonio es nulo de pleno
derecho. Por lo tanto, la acción de inmunidad la puede hacer cualquier
persona incluido en el Ministerio Fiscal. Pero, si esos menores llegan a
ser mayores de edad o personas ya emancipadas, Pero una vez, después de
llegar a esa mayoría de edad, la acción de nulidad solo le compete o
solamente la podrían ejercitar los cónyuges, ya no el Ministerio Fiscal.
O sea, el Ministerio Fiscal, al igual que los padres, al igual que
cualquier otro interesado en pedir la nulidad de ese matrimonio, cualquiera
lo podría hacer mientras son menores porque no se han emancipado. En el
caso de que llegaran a la mayoría de edad o bien por emancipación, ese
matrimonio nulo podría convalidarse a un matrimonio válido. Por tanto,
solamente los cónyuges que han alcanzado esa mayoría de edad serían los
competentes o los legitimados para instar la nulidad. Bueno, en cuanto a la
prueba, la ley del juramento civil dispone que se van a decidir con arreglo
a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados. La
prueba, en este sentido... En este sentido hay pruebas de ex oficio, en la
cual el juez que está obligado a buscar la verdad material del asunto,
como en el penal, puede acordar prueba aunque no haya solicitado las
partes. Es decir, las pruebas que se practiquen a instante del fiscal y las
demás partes, el tribunal también puede decretar de oficio cualquier
prueba que siga impertinente para llegar a la verdad de la cuestión. Otra
cuestión muy importante es que... Las partes o la conformidad de ellas
sobre los hechos no va a vincular al tribunal, ni tampoco el tribunal puede
decidir la cuestión basándose únicamente en esa conformidad o en el
silencio o respuestas evasivas que hayan dado la parte contraria. Es decir,
está obligado a resolver de acuerdo a la prueba practicada, practicada a
instancia del fiscal y también la que él considere como prueba ex oficio.
¿Entendido? Luego hay una exclusividad de la publicidad. Si la
Constitución nos dice que las sesiones serán públicas, también nos dice
con las excepciones que prevea la ley del procedimiento. Pues bien, los
tribunales a través de Providencia, es una resolución que ya sabéis que
pueden dictar los jueces, pues pueden declarar de oficio o instancia de
parte que los actos y vistas se celebren a puerta cerrada para salvaguardar
la intimidad, ¿no? El tema de las personas... Si hay menores, igual a las
partes no les interesa que la gente entre a la sala y pueda estar presente
en el momento de la vista. Y de manera igual, el acceso de estas sentencias
que se dicten a los registros públicos puede tener varias formas de
acceso. Por ejemplo, una sentencia que se dicte en un proceso de divorcio,
si la queremos inscribir en un registro público, es decir, en un registro
mercantil, la tendríamos que pedir nosotros, en instancia de parte. Pero
lo que es su inscripción al registro civil, esto se hace de oficio por el
letrado de la Administración de Justicia, que librará un exhorto, aunque
no entiendo muy bien la figura del exhorto porque ya el registro civil no
son órganos judiciales, sino que es un órgano ya administrativo, como
parte de la unidad administrativa del Ministerio de Justicia. Bueno, pues o
bien un oficio o bien un exhorto al registro civil a fin de que inscriban
esa sentencia. Esa es la resolución en el registro civil. Pero si ha de
inscribirse, además, en el registro mercantil, en el registro de la
propiedad, en cualquier otro registro de carácter público, esto deberá
de hacerse a petición de parte, ¿vale? Bien del actor o bien del
deparado, quien sea. Y, ojo, sólo en aquellos casos en los que se haya
decretado una medida de apoyo, que es lo que vamos a estudiar hoy, esta
comunicación, se hará únicamente a petición de la persona en favor de
la cual el apoyo sea constituido, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar ahora
de los procesos sobre la adopción. Bueno, antes de comenzar, ¿hay alguna
pregunta que queráis comentar? No, bien. Vamos a hablar de estos procesos
sobre la adopción de medidas de apoyo a personas con discapacidad. Con la
entrada en vigor de esta ley, de la Ley 8.21, se ha producido un cambio
bastante profundo en el sistema jurídico respecto a la capacidad de las
personas. Y esta reforma lo que hace es, como digo, dar o proclamar que las
personas con discapacidad tengan plena capacidad jurídica en igualdad de
condiciones que todos los demás, ¿vale? Por tanto, esta ley, la 8.21 del
2 de junio, reforma la legislación civil y procesada. Hay una
modificación bastante. Sí, todo esto está, ¿eh? Lo podéis, sí, todo
esto se comparte para que lo tengáis más fácil a la hora de resumir al
asignato. Sí, sí. Vale, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Yo
aquí os he resumido en diez... Esto es todo lo que es el ámbito de
aplicación, etcétera. El proceso para adopción de medidas se rige por
las normas que establece, establece el capítulo 2 del libro cuarto de la
ley. Y aquí tenéis el esquema que viene más o menos resumido de lo que
dice el libro. Pero hay unas cuestiones previas que ahí me quería, quiero
quedar clara porque es un proceso muy sencillito, pero que la gente se
suele confundir. Vamos a ver. Este proceso de medidas de apoyo realmente se
debate en dos procedimientos, totalmente distintos. Uno que es la ley de
juición voluntaria, en el artículo 42b de la ley de juición voluntaria
del 2015, aquí se refiere a procedimientos de apoyo para personas con
discapacidad. ¿Esto qué implica? Pues un enfoque o implica la necesidad
de un enfoque de manera cuidadosa en lo que es la protección de los
derechos de los afectados garantizando la autonomía y la dignidad. Porque
esta ley, lo que hace es dar preferencia a la voluntariedad de la persona
discapacitada a la hora de designar qué medidas de apoyo quiere. O sea, se
le da preferencia a lo que él pida. Entonces vemos que por un lado, en los
artículos 42b de la ley de juición voluntaria tenemos ese procedimiento.
Y luego también lo encontramos, lo encontramos en el artículo 756 al
artículo 766 de la ley de enjuiciamiento civil. Esta ley de enjuiciamiento
civil, cuando me refiero a ella, me voy a referir como ley contenciosa para
diferenciarla del procedimiento que se sigue o que regula la ley de
enjuiciamiento voluntaria. Entonces, en la ley contenciosa, en la ley de
enjuiciamiento civil, artículo 756 al 763, aquí se están estableciendo
las bases para los procesos contenciosos relacionados con la incapacidad y
con los apoyos de este presunto discapacitado. Por tanto, se trata de
procedimientos que lo que buscan es resolver disputas entre partes sobre la
necesidad de un régimen de apoyo. ¿Vale? Sí. Y luego, sobre quién va a
ejercer ese apoyo. Es decir, si yo quiero poner una medida de apoyo a mi
padre o a mi madre que veo que va a tener Alzheimer o una enfermedad,
veremos si tiene que ser psíquica o psíquica, luego esto lo desarrollaré
un poquito más, donde tengo que acudir es a los procesos de jurisdicción
voluntaria. Pero si esa persona discapacitada, presunta discapacitada, dice
que ella no quiere que se le nombre ninguna medida de apoyo, o sea, que se
está oponiendo a la medida de apoyo, aquí lo que estamos intentando será
resolver un contencioso. Si yo a mi padre le digo que tiene que poner una
medida de apoyo porque la niña con Alzheimer y dentro de poco va a caer
que no va a saber quién es y no quiere, porque tiene conocimiento en ese
momento, ¡ojo!, en ese momento tiene conocimiento, y dice que él no
quiere ninguna medida de apoyo, entonces el proceso de jurisdicción
voluntaria no tiene sentido. Tendríamos que ir a uno de jurisdicción
contenciosa del artículo 756 de la línea 40. Otra cosa, si durante el
procedimiento de jurisdicción voluntaria mi padre no quiere que, por
ejemplo, yo sea el curador y quiere que el curador sea Pepito, esa
oposición al nombramiento no hace contencioso el expediente. Sino que,
como se basa en la voluntariedad del discapacitado, hará el caso a lo que
él diga y, por lo tanto, yo no seré el curador, sino que será Pepito.
¿Entendido? Es decir, que el proceso de medidas de apoyo a personas con
discapacidad lo vamos a encontrar en la jurisdicción voluntaria y en la
jurisdicción contenciosa. En la jurisdicción contenciosa, ley de
juramento civil, artículo 756, aquí todo esto es el procedimiento para
resolver una disputa que se ha dado, bien porque se ha formulado oposición
o bien porque en el expediente no se puede resolver. En la jurisdicción
voluntaria. Si no se puede resolver en la jurisdicción voluntaria habría
que acudir a la jurisdicción contenciosa. Y hay una sentencia muy
importante que deberíais de echar un ojo vosotros, la sentencia del
Tribunal Supremo, la 589 del año 21 de 8 de septiembre. Sentencia, tenéis
que leerla, ¿vale? Sentencia del Tribunal Supremo, 8 de septiembre del
año 2021. Es la sentencia número 589. Una sentencia crucial. ¿Por qué?
Porque esa sentencia aporta una claridad absoluta sobre cómo deben de
aplicarse los procedimientos de provisión de apoyos a personas con
discapacidad. Y aquí, si estudiáis esa sentencia veréis que el Tribunal
Supremo aborda esa cuestión de la capacidad jurídica y de la protección
de las personas con discapacidad en una manera bastante acorde a lo que
viene dado en la ley de jurisdicción voluntaria y en la ley de la
jurisdicción contenciosa. ¿Vale? Por tanto, si yo os pregunto, hasta lo
que hemos visto, en qué se distingue un expediente de jurisdicción
voluntaria de provisión de apoyos a uno contencioso y cuándo debemos de
acudir a unos y a otros, ¿qué me diríais? No, la voluntad del afectado
no. O sea, ambos procesos o ambos procedimientos están buscando un fin
común que es proteger y apoyar a una persona que necesita de una ayuda.
Pero, de acudir a un voluntario a una jurisdicción voluntaria o de acudir
a la contenciosa por ejemplo, la voluntaria la finalidad principal de la
ley de la Ley 8-21, ¿cuál es? Proveer de medidas de apoyo a esa persona
para el ejercicio adecuado de su capacidad jurídica. Son trámites
sencillos son trámites rápidos pero que no hay conflicto no hay conflicto
entre las partes. Por lo tanto, su objetivo no es otro que el juez autorice
o apruebe las medidas de apoyo a la persona que lo está necesitando sin
necesidad de ningún juicio. Por lo tanto, deberemos de acudir a uno de
jurisdicción voluntaria cuando todos estén de acuerdo con las medidas de
apoyo. ¿Vale? En cambio, acudiremos a uno contencioso ¿Por qué? Porque
hay una controversia hay una controversia entre las partes se formula
oposición que torna contencioso el expediente o bien el expediente no se
puede terminar ¿Por qué? Por el motivo que sea. En ese caso tendríamos
que ir a la acudición contenciosa. Un proceso obviamente más largo formal
en el que el juez tiene que resolver sobre este conflicto. Por lo tanto,
para mí la elección de ir a una u otra vía es... Bueno, a ver qué
decís vosotros. Para mí, tengo mi idea. Para vosotros, ¿qué sería?
¿Protestativa la opción en la acudida a una vía u otra? ¿Es
protestativa? ¿O viene predeterminada porque haya una oposición o
controversia? No es protestativa. Exactamente. No es protestativa. No
puedes ir a una u otra. Esto viene determinado ¿Por qué? Por la
existencia previa de oposición o no o de oposición o controversia a la
medida que se está solicitando. A la medida. ¡Ojo! No al que va a ejercer
la medida. ¿Entendido? Se opone a la medida. No a la persona que va a
hacer esa medida. Al curador en sí. Entonces, el objeto del proceso de
provisión de apoyo ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de discapacidad tiene que
tener la persona para que podamos acudir a ese tipo de proceso? O sea,
¿cuál sería el objeto? Pues, obvio del objeto es establecer esas medidas
que sean necesarias para garantizar que una persona con discapacidad pueda
ejercer sus derechos. Y como tú decías, de una manera que se atenga a sus
necesidades y por supuesto a su voluntad. Por tanto, estas medidas de
producción de apoyo, ¿cómo pueden ser? De mucho tipo, pueden ser
jurídicas, personales o patrimoniales. Pero, ¿qué tipo de discapacidad
tiene que tener esta persona? ¿Física o psíquica? ¿O ambas? Pues no, no
tiene por qué tener ambas. Es decir, no es necesario que exista una
discapacidad específica, sino, no estamos diciendo que vamos a acudir a
ese proceso cuando haya alguna medida que pueda afectar al autogobierno. Es
decir, como medida. Las tenéis aquí. Las de naturaleza voluntaria, la
guarda de hecho, la curatera o el defensor judicial son medidas de apoyo,
pero hay muchas más. Todas aquellas que quiera designar esta persona, por
ejemplo, en un documento de instrucciones previas o en un documento que
quiera en poderes preventivos ante el notario, atendiendo, como te he
dicho, a la voluntad de la parte de acuerdo con lo que dice la ley 8-21.
Pero realmente… No es un requisito esencial que esta persona tenga
discapacidad. Lo que es un requisito esencial es que, ojo con esto, haya
dificultades para tomar decisiones de forma autónoma. Estas dificultades
para tomar decisiones de una manera autónoma es lo que justifica el apoyo
y, por lo tanto, es lo que justifica que solicitemos la medida. Y vosotros
me diréis, claro, pero si una persona no puede tomar decisiones de forma
autónoma, es que puede que tenga mal la cabeza. Claro. Pero da igual su
discapacidad física del brazo, de la pierna… Claro que necesitará un
apoyo de alguien. No tiene que firmar un documento si le falta el brazo, le
falta la mano, le faltan las dos manos. Necesitará un apoyo, una medida de
apoyo para que alguien firme esos documentos. Pero los documentos que él
diga que tiene que firmar. No es que el otro firme por su cuenta. ¿Veis
cómo van, cómo funcionan las medidas de apoyo? A esta persona no se le
declara incapaz. Simplemente necesita de un apoyo para determinados actos
que dificultan de manera autónoma o que dificultan de una forma que él
pueda tomar sus decisiones de una manera autónoma. Tiene una dificultad de
algo que le impide autogobernarse en ese sentido. Por lo tanto, a mi
entender, el elemento determinante… El elemento determinante no es tanto
el tipo de discapacidad que pueda tener esa persona, sino su impacto a la
hora de tomar decisiones o a la hora de ejercer esa capacidad jurídica.
Por lo tanto, el foco de esta medida estaría destinado a maximizar la
autonomía de esa persona que no tiene manos para firmar documentos.
¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sería otra cuestión que me surge. ¿Sería
necesario o perceptivo una certificación administrativa previa para
interponer la demanda ante el órgano judicial y pedir esa provisión de
apoyo? ¿Es necesario que tengamos algún documento médico que acredite
que esta persona tiene esa dificultad? Pensad un momento, ¿eh? Poneos
vosotros como… Que tenéis algún tipo de discapacidad y que se exija,
por cualquiera de los legitimados, que luego veremos quiénes son para
interponer la acción en la medida, se exija un certificado administrativo
previo para instar el procedimiento judicial. Pues, en principio, y digo en
principio, no tiene… Es buena la visión. Y también el segundo alumno
también tiene otra buena visión. Es decir, es que caben los dos. Porque
el juez tiene que evaluar directamente la necesidad de apoyo en función de
la situación concreta que tenga esta persona. ¿Verdad? Vale. Entonces,
¿en qué se basa el juez? Para decidir si esa persona tiene o no tiene una
discapacidad. Pues se ha de basar… En informes periciales, extendidos por
médicos, psicólogos, de asistencia social… Es decir, informes que de
alguna manera van a aportar al procedimiento alguna concreción. Pero que
no se exige una declaración administrativa previa de discapacidad como
requisito para iniciar el proceso. Que no se requiera… O sea, que no
sea… Una declaración administrativa preceptiva no quita que no sea
útil. ¿Vale? Como indicio o prueba documental complementaria para
acreditar la trayectoria de los apoyos que necesita esta persona. Pues yo
decía que los dos, los dos alumnos, los que habéis puesto aquí, sí que
en cierta manera tenéis razón ambos dos. No es necesario, pero sí es
útil de cara a determinar la finalidad del proceso. Porque no es otra que
adaptar los apoyos a las necesidades reales de esa persona. ¿Cómo sabemos
qué apoyo real necesita esa persona? Con los informes previos que ya haya
podido tener y vemos la trayectoria del discapacidad. ¿Vale? Pero si
hacemos una visión rápida o una respuesta rápida a la pregunta que os he
planteado, nosotros podríamos solicitar… La visión judicial de apoyos
sin necesidad de acreditar una previa declaración administrativa. Pero,
ojo, que no sea preceptiva no quita que no sea útil. Bueno, ¿y quién
está legitimado para ejercitar este procedimiento? El fiscal lo puede
hacer, el cónyuge lo puede hacer. Pues tanto en la jurisdicción
voluntaria como en la ley… La ley contenciosa tiene legitimación activa
para instar la profesión de apoyos, la propia persona con discapacidad, en
base al principio de autonomía y de respeto a la voluntad de la parte de
instar este procedimiento. También el cónyuge, pero eso sí, que no esté
separado de hecho o legalmente. También podría tener la legitimación
activa quien se encuentre en una situación de hecho asimilada. El cónyuge
o pareja de hecho, en situación de asimilación, pero que no esté ni
separado de hecho o legalmente o divorciado. También tiene legitimación
activa los ascendientes, descendientes, hermanos, en base a su relación
familiar y de deber de asistencia, que se le debe el mismo papel. Y
también el fiscal. El fiscal, como he dicho, debe de promover este proceso
si la propia persona… Si el cónyuge o persona asimilable, ascendientes,
descendientes o hermanos no existen o bien no lo hubieran hecho. Salvo que
entienda el Ministerio Fiscal que hay otras vías a través de las cuales
la persona interesada puede obtener los apoyos que necesita. ¿Entendido?
Esto se modificó en la última reforma en base a lo que regulamos. Esto se
modificó en la última reforma en base a lo que regulaba antes la ley de
enjuiciamiento. El fiscal tenía la incapacidad de la persona y
automáticamente existieran cónyuges, etcétera, etcétera, y tú lo
pedías al fiscal, el fiscal lo quería hacer. Ahora no. Ahora el fiscal
solo lo va a hacer cuando no existan esas personas o bien existiendo,
existiendo, no la hubieran presentado. Todo ello con la salvedad de que…
Que él concluya que hay otras vías a través de las cuales se le puede
dar el apoyo que necesita a esta persona interesada. Esta intervención del
Ministerio Fiscal está también prevista en la ley de enjuiciamiento
voluntaria como en la ley de enjuiciamiento civil. En los dos lados.
¿Vale? ¿Alguna pregunta? Creo que lo tengo por aquí, no creo que lo
tenga por aquí. Bueno, y en cuanto a la competencia, también es
importante que lo tengamos claro esto de la competencia. ¿Quién es el
juez competente para conocer de las medidas de apoyo? ¿Os acordáis de
cuando hablábamos de la… de interposición de una demanda? A ver si os
acordáis. De primer acuerdo en este. ¿Cuál es el efecto básico? ¿Cuál
es el efecto básico de la liquispendencia? ¿Cuándo se producía
liquispendencia? A ver si os acordáis. La liquispendencia es un efecto
básico de la presentación de la demanda, la cual se retrotrae una vez sea
admitida al momento de su presentación. Y uno de los efectos de la
liquispendencia era la perpetuatio iuridictionis, ¿os acordáis? Entonces,
la pregunta es, ¿hay perpetuatio iuridictionis en el momento en que
presentamos la demanda de medidas de apoyo? Recordad lo que era la
perpetuatio jurisdicción, que ya, cambie lo que cambie, queda como
competente el tribunal. ¿Dónde ha conocido? Esa demanda. Muy bien,
mientras que el afectado no cambie de residencia antes del señalamiento
para juicio. ¿Eh? Exacto. Vale. Entonces, en los expedientes de provisión
de apoyo, la competencia, si hablamos de la jurisdicción voluntaria, la
competencia recaerá en el juzgado de primera instancia. ¿Vale? En el
juzgado de primera instancia del lugar adecuado. La competencia,
obviamente, está sujeta a las reglas generales de atribución territorial,
lo que viene a decir que se puede modificar en caso de que este
discapacitado cambie de domicilio antes de la celebración de la lista. En
cuyo caso sería competente el juez. De primera instancia. De primera
instancia del lugar en el que resida. Vemos aquí que la perpetuatio
jurisdiccionis no se da. ¿Vale? No se da. En cambio, en el proceso
contencioso que regula la ley de juzgamiento civil, la competencia
corresponde de manera igual al juzgado de primera instancia del lugar de
residencia. Y en este proceso contencioso sí que se aplica de manera
estricta el principio jurídico. Es decir, que según la cual, la
competencia se fija en el momento en que hemos interpuesto la demanda.
¿Entendido? O sea, tenemos, como estamos viendo, dos procedimientos de
juición voluntaria y de contenciosa, y la voluntaria sí que cambia, pero
la contenciosa se mantiene. ¿Entendido? Otra cuestión importante es la
purificación. ¿Vale? La purificación de las pruebas preceptivas. Dentro
del marco de provisión de apoyos a personas con discapacidad, el artículo
759, bueno, 752 y 7 hasta 762 si no recuerdo mal, nos habla de que el
tribunal tiene que practicar unas pruebas que son preceptivas. ¿Y la
razón de esta obligatoriedad? La obligatoriedad de la prueba busca, de
alguna manera, una evaluación integral y detallada de las circunstancias
que tiene esta persona con discapacidad. Este enfoque de la prueba
obligatoria, es una prueba preceptiva, que el tribunal no puede dictar
sentencias si no practica esta prueba, o sea, una prueba que el enfoque
contribuye, pues, de alguna manera a un sistema judicial más justo y
también inclusivo. Porque va a empoderar a las personas con discapacidad,
garantizando que sus derechos sean defendidos de manera adecuada en todo
momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué pruebas serían necesarias, obligatorias,
mejor dicho, tanto en primera como en segunda instancia? Tenemos esas tres
pruebas. La entrevista con la persona con discapacidad. Sí. Una entrevista
con la persona discapacitada. Esta entrevista tiene un carácter esencial.
¿Por qué? Porque nos permite conocer de una manera directa las
necesidades, los deseos y las capacidades de esta persona discapacitada.
con discapacidad, o sea, nos da una visión directa, ¿no? Además va a
asegurar que las medidas adoptadas respeten su autonomía, lo que él diga
si no lo escuchamos, no salvo, por tanto esta prueba es importantísima,
¿vale? Es esencial para conocer de primera mano qué necesidades y qué
deseos tiene esa persona, asegurando los apoyos más adecuados más
adecuados, respetando su autonomía. ¿En qué consiste esta obligatoriedad
de prueba? Pues en escucharle en escucharle, permitir que exprese sus
deseos, permitir que nos enfoque qué necesita, ¿vale? Esa audiencia a esa
persona con discapacidad y en la segunda instancia, si la sentencia fuera
pelada, pues esta prueba habría que repetirse. ¿Para qué? Pues para
garantizar que la decisión de de esta persona se sigue respetando. ¿Sí?
Otro tipo de otro otra prueba perspectiva sería la de audiencia al
cónyuge o pariente más próximo. Lo que nos permitiría esta prueba
sería obtener una visión más amplia del entorno social y familiar de
esta persona discapacitada. Por lo tanto, es crucial para comprender los
contextos de apoyo existente, las relaciones personales y el impacto que la
decisión judicial podría tener en el entorno más cercano. Hay que tener
en cuenta que este apoyo y comprensión de la familia son factores claves
para el bienestar de la persona. Esta prueba aseguraría que las decisiones
judiciales se consideren las de las que diga, pues las más dinámicas
dentro del contexto familiar y también dentro del contexto en que el
discapacitado se desenvuelve con el resto de familia. Pero tenemos que
tener en cuenta que el artículo 759 de la ley de tratamiento civil la
audiencia al cónyuge o pariente más próximo no la contempla como
obligatoria, ojo, cuando sea el propio el propio, cuando sea la propia
persona con discapacidad la que la haya promovido. ¿Esto qué hace? O sea,
¿qué hace que la persona que promueva el apoyo evite que haya de oírse
al cónyuge o a los parientes más próximos? Pues esto no hace otra cosa
que reforzar el enfoque que hemos dicho antes de empoderamiento, ya que la
persona con discapacidad tiene el control sobre el alcance de la
intervención de la medida que va a afectar de alguna manera a su vida. Por
lo tanto, respetaríamos, no dando audiencia al cónyuge o a los
familiares, respetaríamos su autonomía y su derecho a la privacidad.
Igualmente, en la segunda instancia, lo he puesto aquí, igual, se repite
en la operación también para asegurar que en la segunda instancia se
considere adecuadamente todos los factores personales, familiares y
sociales que puedan influir de alguna manera en el bienestar de la persona.
Y tercera prueba obligatoria, los dictámenes periciales. Dictámenes que
han de ser emitidos por profesionales expertos y especializados en áreas
sociales y sanitarias fundamentalmente. Estos peritos van a aportar una
valoración técnica, una valoración especializada que va a respaldar la
decisión judicial, asegurando que se tomen las medidas más adecuadas y
proporcionales a la situación del discapacitado. Igualmente, en la segunda
instancia habría de practicarse. ¿Por qué? Para confirmar que la
decisión tomada por el juez es la más adecuada en una valoración, en una
valoración profesional actualizada. Por lo tanto, vemos que en la segunda
instancia, si la sentencia es apelada, también se va a ordenar de oficio
que se practiquen estas pruebas preceptivas. Bien, para ir al contencioso,
hemos visto, nadie me lo pregunta o lo digo yo, dentro de las medidas de
apoyo, hemos visto que hay varias, ¿verdad? Medidas de apoyo a una persona
con discapacidad, ¿cuáles serían? Las de naturaleza voluntaria, poderes
preventivos, esto va del notario, la guarda de hecho, la curatela y el
defensor judicial. En un procedimiento de cohesión voluntaria, podemos
escoger la que nos dé la gana, pero en el contencioso solo podemos ir
cuando, se ha acudido a un procedimiento de curatela, curatela asistencial
o representativa, o a una curatela y ese expediente se ha terminado, de
cohesión voluntaria, se ha terminado bien porque se ha formulado
oposición a la medida o bien porque no se ha podido resolver. Es decir,
que solamente acudiríamos al procedimiento contencioso de la ley en el
caso de la curatela. Por tanto, la reforma que suprime la tutela y
concentra las medidas judiciales de apoyo en la curatela tiene el objetivo
de simplificar el sistema y de esta manera adapta las medidas a las
necesidades concretas de esta persona, proporcionando un tipo de apoyo o
bien una curatela asistencial o una curatela representativa. ¿Y qué es
una curatela asistencial? Pues aquí, bueno yo lo he puesto, aquí se ha
puesto un resumen, la curatela. En el tema de la asistencia, el objetivo es
proporcionar un apoyo simple a la persona en la toma de decisiones. No
vamos a sustituir su capacidad de actuación. Por lo tanto, el curador
asistirá a la persona en la gestión de intereses, pero será la persona
la que conserve su capacidad para actuar por sí misma. En el caso de las
manos, esa persona que no tiene manos, su mente está lúcida y necesita un
apoyo para que alguien firme ese contacto. Por tanto, aplicaremos o dentro
del ámbito de aplicación cuando la persona necesite un tipo de ayuda en
el ejemplo de una decisión, puede ser de salud, vivienda, relaciones
sociales, pero que no se le va a privar, ojo con esto, no se le priva de su
capacidad a la hora de tomar decisión. Esa la sigue conservando. ¿Vale?
Curatela asistencial. En cambio, la curatela representativa, aquí el
curador sí que va a actuar en lugar de la otra persona. Es decir, que la
va a representar legalmente en determinados actos jurídicos. Por tanto, el
objetivo de la curatela representativa aquí sí que sustituiría la
capacidad de la persona en actos concretos donde no pueda ejercer su
voluntad por sí misma. En ese sentido, el curador tendría facultades para
actuar en nombre de esta persona en cuestiones políticas, financieras o
administrativas. La reforma de la ley 8-21 que modificó el Código Civil y
la Ley de Justicia Civil, entre otras muchas, suprimió la tutela y
concentra las medidas judiciales de apoyo en la curatela. Esta curatela,
recordad que tiene como objetivo simplificar el sistema y adaptar las
medidas a las necesidades concretas de esta persona, proporcionando una
curatela asistencial o una curatela representativa. ¿Entendido? Otra
cuestión... Y aquí tenemos otra cuestión... Bueno, con el tema del
curador aquí ya ni me menciono quién no puede ser curador y la autoridad
judicial no puede nombrar al curador salvo casos excepcionales. Esto
tampoco tiene mayor importancia. Vale. Conforme al principio de
intervención mínima que rige de cara a la autonomía de las personas con
discapacidad, pregunto ¿el juez podría adoptar una curatela u otra medida
de presión de apoyos contra la voluntad de esa persona discapacitada? Pues
en principio no porque el juez no puede adoptar una curatela que vaya
contra la voluntad de la persona. Está bien. Sí que es cierto que como la
ley busca respetar la voluntad de esa persona hay situaciones excepcionales
en las que el juez sí que podría adoptar una medida de apoyo tanto como
la curatela representativa si la persona con discapacidad no tiene la
capacidad suficiente para tomar decisiones importantes y su bienestar. Así
que la intervención del juez podría ocurrir contra la voluntad de la
persona, si esa persona está totalmente aunque la ley lo diga así
incapacitada para entender la magnitud de la decisión o la necesidad de la
medida. Pero pese a que se debe de respetar, repito, la voluntad y los
deseos de esa persona, la ley sí que permite la intervención judicial en
casos excepcionales. ¿Qué casos? Pues en aquellos está completamente
incapacitado para entender o comprender lo que se refiere a esa medida.
¿Alguna pregunta? Bien, luego la sentencia que se dicte esta sentencia
tiene que ser conforme con lo que ya hemos comentado y es posible la
revisión de las medidas. Estas medidas serán revisadas de conformidad con
lo que establece la legislación civil. Hay que modificarlas porque nadie
puede ser ya incapaz. Entonces hay un proceso de revisión de estas
sentencias de un año cuando lo pida la propia parte, que se revisen esas
sentencias de incapacidad y que se desplegue esa persona con medidas de
apoyo o sea, hay un año para que el tribunal resuelva esto cuando es
pedido a instancia de parte o bien seis años cuando sean de oficio. Antes
eran tres, pero los ministros no pueden dar abasto, entonces se ha
establecido que sean seis años de oficio o un año a instancia de parte.
¿Vale? Bien, pues... Luego como último tenemos el internamiento no
voluntario por razón de trastorno psíquico recordad que esto es una
detención ilegal, que a una persona la meten en un centro psiquiátrico en
cuenta de su voluntad es una detención ilegal, máximo 72 horas por eso
dice en que los internamientos urgentes ¿vale? En caso de que se ingrese
una persona voluntaria, pues el encargado del establecimiento dentro del
plazo de 24 horas tiene que dar conocimiento a la autoridad judicial, la
cual luego tiene 72 horas que es el plazo máximo de detención para
reconocerla y determinar si tiene que seguir o hay que darle el alta. Este
plazo no es continuo, no hay continuidad en el plazo, son 24 horas como
máximo para que el director del centro del centro psiquiátrico imita un
informe al juzgado que esté de guardia en ese caso de familia del partido
judicial de donde radique el centro diciéndole que ha ingresado una
persona y que a partir de que él se lo comunica al juzgado el juzgado da
traslado al de familia de guardia y el de familia tiene 72 horas desde que
el juzgado decano se lo comunica para ir a ver a esa persona al centro
psiquiátrico. También se puede hacer por videoconferencia para no tener
que desplazar dinero. Simplemente esto. Este artículo es un artículo que
fue declarado inconstitucional porque pero no ha sido eliminado fijaos que
es una contradicción si habéis estudiado el derecho constitucional
decían que cuando una norma, una ley es declarada inconstitucional sería
apartada del ordenamiento jurídico. Pues ve aquí tenéis un ejemplo claro
de que pese a ser declarada inconstitucional se sigue conteniendo su
regulación. ¿Por qué? Porque no pueden haber vacíos en el derecho no
debe son sentencias este tipo de sentencias son sentencias de mera
inconstitucionalidad por tanto al no poder haber vacíos en el derecho debe
permanecer el articulado pero vacío de contenido bien pues nada más aquí
lo dejamos nos vemos la próxima semana con el derecho de familia
divorcios, nulidades y separaciones también las medidas que se puedan
dictar al efecto bien pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la
próxima semana hasta luego