Hola Kai, buenas tardes. Soy Iñaki Madariaga, soy tutor de esta
asignatura de Hacienda Pública en el grado de Derecho o denominada
también Economía del Sector Público en el grado de Ciencias Políticas
de las Administraciones Públicas en el Centro Asociado de Verdad. La
Hacienda Pública o Economía del Sector Público es una asignatura
económica que dentro del grado de Derecho por lo menos supone el tránsito
entre la asignatura de Economía Política y el Derecho Tributario. No
obstante, para todos aquellos alumnos que tengan una especial adversión a
las asignaturas de contenido económico, puedo tranquilamente decirles que
en esta asignatura apenas se estudian nuevos conceptos económicos
distintos a los que ya han sido objeto de estudio en la asignatura de
Economía Política. Por lo tanto, considero que aunque no sea necesario,
sí que es conveniente para afrontar el estudio de esta asignatura haber
superado el tránsito entre la Asignatura de Economía Política y la
Asignatura de Economía Política. Repito, no se adquieren nuevos conceptos
o muy pocos conceptos económicos distintos a los que hayan estudiado ya en
la Economía Política. Por otro lado, es una asignatura yo creo que más
entretenida que la Economía Política. Al menos tiene un contenido más
práctico que la Economía Política. Bien, esta asignatura consta de 10
capítulos que están en la bibliografía básica publicada por el equipo
docente. Y como son 5 las tutorías que se me han asignado, en cada una de
estas tutorías expondré los aspectos más relevantes de dos capítulos.
En concreto, en este caso, expondré los capítulos de la Asignatura de
Economía Política. Por otra parte, también recordaros que para
facilitaros el estudio de la asignatura he elaborado unos resúmenes que
están a vuestra disposición. Los facilito a través de la plataforma
Academos y también se encuentran a vuestra disposición en el curso
virtual de la asignatura, en el apartado de materiales del tutor. Bien,
dicho esto, por lo tanto, entramos ya en materia. Entramos en materia y en
el capítulo primero lo que se trata es de dar una respuesta al concepto de
sector público, que entendemos por sector público en el ámbito de la
economía. Hay que decir que en la mayoría de los países occidentales
funciona lo que se llama la economía de la economía. Se denomina una
economía mixta. Esto significa que las actividades económicas son
llevadas a cabo por un sector privado, que se mueve dentro de las áreas
del mercado y por un sector público. Bien, un sector público que tiene
una gran relevancia, no solamente cualitativa sino cuantitativamente, como
veremos a lo largo de la exposición de este tema, y que en el aspecto
cualitativo cabe destacar que su actividad incide, incide sobre el resto de
los agentes económicos. Es decir, la actividad desarrollada por el sector
público incide sobre las economías domésticas y las empresas. Bien, el
sector público como agente económico. En el manual tenéis una lista de
actividades económicas. Una representación de lo que sería el flujo
circular de la renta entre los tres agentes económicos, entre las
economías domésticas, los empresarios y el sector público. Bien, pues
dentro de este flujo circular de la renta nos vamos a fijar en cuáles son
las actividades económicas desarrolladas por el sector público. En primer
lugar, el sector público es un sector público, es un agente consumidor.
Es un agente consumidor porque adquiere bienes y servicios en los mercados
y paga el precio correspondiente. Adquiere material, por ejemplo, pues para
el equipamiento de los centros docentes, de los centros sanitarios,
etcétera. Agente consumidor. El segundo papel que cumple el sector
público. Productor de bienes y servicios. Produce también bienes y
servicios que contribuyen, obviamente, a la producción nacional. Si bien
hay una característica especial que distingue esta actividad productiva
del sector público respecto al sector privado. En que en la mayoría de
los productos suministrados o producidos por el sector privado no tienen
una oferta paralela en el ámbito privado. Es decir, son producidos en,
digamos que, en exclusividad. Como sucede, por ejemplo, en el caso de la
defensa, de la administración de justicia, etcétera. Y que, por otro
lado, se financian con impuestos. No con ingresos, con el pago de un precio
por el que adquiere esos bienes o servicios, sino por una recaudación
impositiva que se realiza de forma coactiva. El tercer papel que desarrolla
el sector público es como oferente de transferencias a los ciudadanos y a
las empresas. Es decir, lo que hace el sector público también es, por un
lado, recaudar impuestos, obtiene ingresos de forma coactiva y con una
parte de esos ingresos lo que hace es transferir recursos económicos bien
a las economías domésticas o a las empresas. En definitiva, lleva a cabo
una función de agente redistribuidor de la renta. Se recaudan impuestos y
con esos impuestos pues se dan lugar a prestaciones sociales, de desempleo,
pago de pensiones, etcétera. Y en cuarto lugar, el sector público
también participa. Como un agente económico más en el mercado de los
factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción
básicos? Son el trabajo y el capital. Pues bien, el sector público
contrata empleados, contrata funcionarios, lo contrata hasta el trabajo y
asimismo demanda financiación, emite deuda pública que es adquirida por
los ciudadanos, etcétera. Bien, pasamos a la definición del sector
público. Y aquí podemos utilizar tres criterios para definir el sector
público. El primero, el criterio económico. Desde un punto de vista
económico hay que decir que en el sector privado las decisiones se toman
en base a los principios económicos del mercado. Son las leyes del mercado
las que determinan las decisiones. Los empresarios y de las economías
domésticas. Sin embargo, en el sector público las decisiones se toman, no
todas, pero sí con carácter principal, basadas en principios políticos.
Con la autoridad y el poder coactivo. Por ejemplo, los ingresos, los
ingresos que sirven para financiar los gastos públicos, los obtiene el
sector público fundamentalmente por la vía impositiva. Que se recauda de
forma coactiva. Prestaciones que se establecen con carácter coactivo para
las economías domésticas y las empresas. El segundo criterio es un
criterio jurídico. Hay que decir que las organizaciones públicas siguen
las directrices que marca el derecho público. Fundamentalmente el derecho
administrativo. La Ley de Contratos del Sector Público es la que en
definitiva determina la forma en la cual el sector público tiene que
adquirir bienes y servicios, por ejemplo. Mientras que en el caso de las
entidades privadas se rigen por el derecho privado, por el Código Civil y
el Código Mercantil. El tercer criterio es el criterio contable. Sistema
de Contabilidad Nacional. Sistema de Contabilidad Nacional de España
estaría dentro del Servicio Europeo de Cuentas. Según el cual, el sector
público estaría formado por las unidades institucionales, que forman
parte de las administraciones públicas. El Estado, comunidades autónomas,
entidades locales, etc. Así como, en segundo lugar, por las sociedades no
financieras. Sociedades no financieras. Que no desarrollan actividades
financieras. Y, en tercer lugar, por las instituciones financieras
controladas por la administración pública. Hay que decir que este tercer
grupo, obviamente, hoy en día es muy reducido. Cabría hablar, pues casi,
casi únicamente del Banco de España. También el Instituto de Crédito
Oficial, etcétera, el INCO operamos prácticamente reducido al Banco de
España. Bien. Cuestión importante dentro de esta clasificación de
criterio contable es la que diferencia entre el sector público, desde un
sentido estricto, y el sector público en un sentido amplio. En un sentido
estricto estaría configurado por, en primer lugar, los órganos
constitucionales del poder legislativo, ejecutivo y jurídico. En segundo
lugar, por las administraciones públicas territoriales. Es decir, las
comunidades autónomas en ciudades locales, diputaciones. En tercer lugar,
por la seguridad social. Y, en cuarto lugar, por determinados entes,
organismos autónomos. Organismos autónomos de tipo administrativo, pero
que apenas intervienen en el mercado. ¿Eh? Es decir... Que... Su... Sus
prestaciones y sus servicios no se intercambian en el mercado. ¿Eh?
Ejemplos. Pues, el FIS, por ejemplo. ¿Eh? Centro de Investigaciones
Sociológicas o la Biblioteca Nacional. Ese sería el concepto de sector
público en sentido estricto. Bien. En un concepto más amplio, más amplio
del sector público, además de esos órganos que hemos mencionado
anteriormente, habría que incluir también aquellas entidades, aquellas
empresas públicas, ¿eh? Por lo tanto, empresas con una forma jurídica de
carácter privado, pero que están controladas por el Estado, ¿eh? Y en
las cuales el Estado actúa como empresario desarrollando una actividad
industrial, comercial o financiera e interviniendo en el mercado. ¿Eh?
Está claro. Incluiríamos aquellas empresas que configurarían el sector
empresarial público. Hoy en día, bueno, pues prácticamente estaría
limitado a las empresas del SEP. Bien. Pasamos al siguiente epígrafe donde
se aborda la organización del sector público. Y la primera pregunta que
se hace es por qué existen distintos niveles de gobierno. ¿Eh? Ya hemos
mencionado que junto al Estado, en el sector público, se integran también
otras instituciones de carácter territorial. En los ámbitos
administrativos territoriales. Con lo cual podríamos hablar de distintos
niveles de gobierno. Por uno estarían los niveles supranacionales,
aquellos que superan el ámbito estatal, y ahí estarían las instituciones
de la Unión Europea. De ámbito central. El Estado. Pero también habría
las instituciones territoriales de ámbito regional, como es el caso de las
comunidades autónomas. Y finalmente las de ámbito local. Bien. La
cuestión que se plantea aquí es por qué existen estos distintos niveles
de gobierno. Pues la razón principal que fundamenta la existencia de estos
distintos niveles de gobierno es que el beneficio que generan las
políticas públicas pueden ser distintos dependiendo de quién sea el que
preste los servicios y quién sea el que recaude los impuestos. Bien. Para
poder decidir qué ámbito territorial del sector público tiene que
suministrar un determinado servicio o recaudar un impuesto, es necesario
encontrar el equilibrio entre las siguientes condiciones. Tres principios.
Principio de subsidiariedad, principio de escala, economías de escala y el
tercero, el principio de correspondencia. El principio de subsidiariedad.
Este principio considera que cuanto más próxima sea la gestión de la
situación, las políticas a los ciudadanos, es más probable que esas
políticas se adapten mejor a las preferencias de los ciudadanos y a las
necesidades de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se da esa proximidad, esa
cercanía entre el ente que toma la decisión de realizar un determinado
gasto o de recaudar un determinado impuesto y los ciudadanos que se van a
beneficiar de ese servicio. O que van a financiar ese servicio. Es decir,
esa proximidad entre la administración y los ciudadanos estaría a favor
de que ese servicio se preste por los entes de menor nivel posible. Por las
entidades locales o las comunidades autónomas. Bien. Segundo principio,
economías de escala. En determinadas circunstancias ocurre que, cuanto
mayor sea la población atendida, es más barato producir los servicios
para los ciudadanos. Es decir, se originan economías de escala. En
definitiva, resulta más barato que haya una única empresa que suministre
o que facilite ese servicio o ese producto porque por cada unidad producida
el coste será inferior. Se producen, en definitiva, economías de escala
que ya habréis estudiado el concepto en la economía política. El ejemplo
típico es el de la defensa nacional. Pues bien, en estos casos el nivel
óptimo de la administración, del ámbito territorial de la
administración para el suministro de estos bienes sería el más
centralizado posible. Fijaros que hay una incompatibilidad entre este
principio de economías de escala y el principio de subsidiariedad. El
tercer principio, sería el principio de correspondencia. Para que la
gestión de las políticas públicas sea eficiente es necesario que los
beneficios y los costes asociados a estas políticas se desplieguen dentro
de los límites de la administración. Los límites territoriales de
aquella autoridad que ha establecido esos servicios o esas políticas
públicas. Es decir, que no se produzcan desbordamientos. Es decir,
cualquier tipo de política pública que los beneficios derivados de la
misma se limiten única y exclusivamente a los ciudadanos que habitan ese
municipio, ese ámbito territorial. Y que no se produzcan economías
externas. Es decir, que no se produzcan efectos hacia otros ciudadanos de
otros ámbitos territoriales. Esto está relacionado con la existencia de
economías externas. Es decir, hay actividades, por ejemplo las actividades
contaminantes que puede desarrollar una empresa. Una empresa que desarrolle
actividades contaminantes a la hora de fijar el precio de los productos que
fabrica tiene en cuenta sus costes internos, los costes necesarios para la
producción de ese bien. Pero no tiene en cuenta los efectos sociales, los
efectos externos que se derivan de esa producción como es la
contaminación. Por lo tanto, eso da lugar a una ineficiencia en la
asignación eficiente de los recursos. Ahí, en ese supuesto, se estaría
quebrantando, por lo tanto, el principio de correspondencia. Pues bien,
conjugando estos tres criterios se elabora lo que se denomina el teorema de
Oates. Que viene a sugerir que en relación a las políticas públicas
deberán ser gestionadas por el ámbito de gobierno en el cual a igualdad
de costes de suministros, es decir, cuando no se producen economías de
escala y cuando no existen desbordamientos, es decir, cuando no se produce
economías externas, mejor se adapte a la diversidad territorial de las
preferencias y necesidades de los ciudadanos. Y consiguiendo de esta manera
maximizar así su bienestar. Es decir, en aquellos supuestos en los cuales
no se producen economías externas, no se producen economías de escala, lo
más eficiente será que esas políticas se realicen en el ámbito
territorial inferior. Por el contrario, en aquellos supuestos en los cuales
se producen amplias economías de escala y se producen a sí mismos efectos
externos hacia terceros, lo más eficiente será que esa política pública
se lleve a cabo por el ámbito territorial superior. Por el Estado, incluso
en algunos casos por las entidades supranacionales. Bien, visto esto, por
lo tanto, ¿cuál es la definición del sector público? Pasamos ahora a
los indicadores del sector público. Es decir, ¿cuánto de grande es el
sector público? ¿Qué importancia tiene este agente económico en el
conjunto de la economía? ¿Cómo podemos medir esto? Pues lo podemos medir
fundamentalmente en función del gasto público o bien de los ingresos
públicos. Y así vamos a definir los ratios más importantes que se
utilizan para poder valorar la importancia del sector público dentro de la
economía de un determinado país. El gasto público, el primer ratio, es
el que viene determinado por el cociente entre el gasto público no
financiero de las administraciones públicas y el Producto Interior Bruto
valorado a precios de mercado. Es decir, la relación cuánto gasta el
sector público en relación a la producción bruta del interior del
Estado. Bien, este ratio tiene las siguientes limitaciones. La primera, que
el Producto Interior Bruto es un valor muy sensible al ciclo económico. Y
que puede representar que aunque mantengamos un mismo nivel de gasto
público, el indicador aumente en los periodos de recesión o que disminuya
en los periodos de expansión. Y esto nos lleva a que se proponga la
utilización de estabilizadores automáticos. Bien, en las partidas de los
gastos públicos o bien en el caso en los ingresos a través de la
progresividad de los tributos. Bien, estabilizadores automáticos dentro de
las partidas de los gastos pues serían por ejemplo las prestaciones por
desempleo. Mientras que, que actuarían como estabilizadores automáticos
ahora vamos a ver o en la vertiente de los ingresos los impuestos
progresivos. Imaginaros un periodo de recesión económica. Un periodo de
recesión económica supone que por un lado se incrementa el nivel de paro.
Lo cual nos llevará a la necesidad de incrementar las prestaciones de
desempleo. Es decir, un periodo de recesión generará por lo tanto un
incremento del gasto público. Por otro lado, si estamos en un periodo de
recesión obviamente, en la medida en que los ingresos tributarios dependen
en gran medida los niveles de renta si baja la renta estamos en recesión
económica bajarán los ingresos tributarios. Y además, si el sistema es
progresivo bajarán más que proporcionalmente. Esto significa que mediante
la utilización de estos estabilizadores automáticos estaremos generando
una situación de déficit público. Está claro, las prestaciones de
servicio de desempleo dan lugar a un incremento del gasto público. La
reducción de la renta da lugar a una reducción del gasto público. Se
genera automáticamente un déficit público, que es justamente lo que
conviene a esa situación económica para poder animar la demanda de bienes
y servicios. En segundo lugar, otras limitaciones que plantea es que el
gasto público no financiero no incluye solamente operaciones de gasto o la
adquisición de bienes y servicios sino que también se incorporan las
transferencias transferencias de rentas lo que decíamos antes que eran
unas actividades que podía desarrollar el sector público. Por un lado,
obtiene unos ingresos tributarios coactivamente y por otro lado esos
ingresos los destina a transferencias a las economías domésticas o a las
empresas. ¿Cómo? Pues mediante el pago de pensiones mediante el pago de
determinadas subvenciones a las empresas para favorecer el crecimiento
económico, etc. Es decir, que no todo el gasto público es debido a
operaciones de adquisición de bienes y servicios sino que también se
incluyen las transferencias de rentas entre quienes pagan los impuestos y
quienes reciben esas prestaciones sociales subvenciones, etc. Bien
indicadores de los ingresos públicos. Dentro de los ingresos públicos, el
indicador más utilizado es el consciente entre los ingresos no financieros
totales de las administraciones públicas y el Producto Interior Bruto. Y
el segundo, y quizás el que más os suena a vosotros, es el concepto o
indicador de presión fiscal. El indicador de presión fiscal importante,
esto es muy importante, de cada examen esto yo hablo bien aprendido. Es el
consciente entre los ingresos impositivos, no todos los ingresos sino
solamente los ingresos impositivos y el Producto Interior Bruto. Bien, en
los ingresos se integrarían por lo tanto, tanto los impuestos directos
como los impuestos indirectos pero ojo, no aquellos que supongan una
contraprestación, como es el caso de las tasas y las contribuciones
especiales. Bien. Pasamos al siguiente epígrafe, por ir avanzando los
aspectos más relevantes de este tema. El presupuesto del sector público.
¿Cuál es el concepto de sector público? Las características del
presupuesto del sector público son las siguientes. Primero el presupuesto
es una previsión por lo tanto no recoge las operaciones ya realizadas sino
las futuras, las previstas para el futuro. En segundo lugar la globalidad
todas las operaciones del sector público tienen que estar cuantificadas en
el presupuesto. Tened en cuenta que el presupuesto entre otras cosas es un
instrumento de control por parte del legislativo al poder ejecutivo y para
poder controlar efectivamente es necesario que todas las partidas de
ingresos y de gastos realizados por el Estado o por cualquier otra
institución pública sean recogidas en el presupuesto. Tiene que darse un
equilibrio contable de tal manera que las previsiones de los ingresos y los
gastos se elaboren de tal manera que ojo, se produzca este equilibrio
contable que no necesariamente económico. Un presupuesto se puede cerrar
con un déficit o un superávit económico, pero en todo caso siempre
deberá existir un equilibrio contable. Por ejemplo en aquellos casos en
los cuales los gastos públicos son superiores a los ingresos ordinarios
normalmente se estará generando un déficit público y ese déficit
público deberá ser cubierto por ejemplo con una emisión de deuda, de tal
manera que al final se corrija ese desequilibrio económico en un
equilibrio contable. De manera que contablemente los ingresos se equiparen
a los gastos. Con carácter regular las previsiones tienen que referirse a
un periodo concreto que es el periodo anual y que comprenda además el
ejercicio natural, el año natural. Su cumplimiento es obligatorio salvo
circunstancias específicas. Hay que decir que aquí esta obligatoriedad es
distinta en relación a los gastos y a los ingresos. ¿Por qué? Porque los
gastos en realidad son un límite máximo. Como máximo es una
habilitación que concede el Parlamento al Ejecutivo para que pueda
realizar un gasto. Pero no siempre el cumplimiento de ese gasto tiene
carácter obligatorio, es un máximo. Por contrario en relación a los
ingresos, en relación a la recaudación de los impuestos es una mera
condición, en la medida en que no depende sólo de las decisiones
políticas, sino también de la situación económica. Está claro, las
previsiones de ingresos se hace teniendo en cuenta un determinado
crecimiento económico. Si después el crecimiento económico es superior,
pues obviamente se recaudarán más ingresos, pero si el crecimiento
económico es inferior se recaudarán menos ingresos. ¿Veis que lo más
importante de este tema? No vamos a entrar en los restantes epígrafes,
solamente destacaros quizás los principios presupuestarios y diferenciar
aquí los principios clásicos de los principios modernos. Bien, y pasamos
a la exposición del capítulo segundo. Capítulo segundo que viene a dar
respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué interviene el
sector público? Bien, y en este capítulo se plantea cuál es el grado
óptimo de intervención del sector público. Y en definitiva, cuáles son
los instrumentos más adecuados para conseguir un determinado objetivo.
¿Cuándo tiene que intervenir el sector público o cuándo puede
intervenir? Pues fundamentalmente para cumplir las siguientes funciones. En
primer lugar, para corregir aquellas ineficiencias en la asignación de los
recursos. Es decir, en aquellos supuestos en los cuales la asignación de
recursos efectuada a través del mercado es ineficiente. Y entonces
estaría justificada la intervención del Estado para corregir esas
ineficiencias en el funcionamiento de los mercados. Cuando se produzcan lo
que sería minimizar los fallos en el mercado. La intervención del sector
público también estaría justificada para corregir las desigualdades en
la distribución de la renta que resulta del libre funcionamiento del
mercado. Y en tercer lugar, para impulsar el crecimiento y la estabilidad
económica. La mejora de la eficiencia. En este epígrafe se desarrolla el
óptimo deparato y la eficiencia económica. Vamos a entrar en detalles
porque esto sí que es más propio de la economía política que habréis
estudiado en el primer cuatrimestre. Lo cierto es que, como os decía, el
libre funcionamiento del mercado no siempre consigue una asignación
eficiente de recursos, sino que se producen en algunas situaciones unas
ineficiencias. Bien, ¿en qué situaciones? Pues en primer lugar en
aquellas situaciones en las cuales los agentes económicos no se comportan
de una forma competitiva lo cual hace necesaria la intervención del sector
público. En segundo lugar, en aquellos casos en los cuales, a pesar de
comportarse de una forma competitiva, los participantes en el mercado no
tienen en cuenta las economías externas que mencionamos anteriormente, es
decir los efectos que producen sus decisiones sobre el bienestar de otros
agentes. Por ejemplo, la contaminación. Una empresa dedicada a la
producción de abonos químicos, por ejemplo, puede actuar de una forma
competitiva a la hora de fijar sus precios, tener en cuenta los costes de
producción interna, pero sin embargo no tener en cuenta esas economías
externas, esos efectos perjudiciales que se producen a terceros como
consecuencia de la contaminación del medio ambiente. Pues eso
justificaría una intervención del Estado justamente para corregir esa
ineficiencia. En tercer lugar, existen bienes que el mercado no puede
producir de forma eficiente. ¿Por qué? Porque se trata de bienes cuyo
consumo no es rival ni cabe establecer el principio de exclusión en el
consumo, es decir, no cabe excluir del consumo aquellos que no paguen el
precio. Es el caso de los bienes públicos. En el caso de los bienes
públicos estaría justificada la intervención del sector público. Por
ejemplo, la defensa es el clásico ejemplo de un bien público. El consumo
no es rival ni cabe establecer la exclusión del consumo. No cabe en
definitiva proteger solamente aquellos ciudadanos que paguen por ello, que
paguen unos impuestos justamente para ser protegidos por parte del Estado.
Se trata de un bien público, el consumo no es rival, no cabe establecer el
principio de exclusión y por lo tanto el suministro de este servicio de la
defensa estaría justificado a través de la intervención del Estado. Y en
cuarto lugar también el Estado puede intervenir cuando se produzca una
información asimétrica. Es decir, cuando la información en el mercado no
sea imperfecta. Es decir, se produce una información asimétrica entre los
productores y los consumidores de los bienes. Esto justifica la
intervención del Estado. Tiene una legislación de protección de los
derechos de los consumidores. Los consumidores habitualmente no tienen la
misma información que los productores en relación a la calidad de los
bienes y a la cantidad o al precio de los mismos. Esto justifica la
intervención del del Estado para proteger a los consumidores. ¿Cómo?
Pues estableciendo por ejemplo la obligatoriedad de que los fabricantes
informen en sus productos sobre cuáles son las características. El
sometimiento a una serie, por ejemplo, de recursos de registros sanitarios,
etcétera. Son intervenciones del sector público que vienen a cubrir esa
deficiencia de información que se produce en relación de los consumidores
en relación a los productores o empresarios. Por lo tanto, en cualquiera
de estas cuatro situaciones que hemos mencionado se produciría una
ineficiencia del funcionamiento del mercado y estaría justificada la
intervención del sector público. La corrección de desigualdades lo
decíamos al anterior. Al comienzo de la exposición de este capítulo.
Como uno de los ámbitos en los cuales estaría justificada la
intervención del sector público. El principio de equidad y las políticas
públicas. Aquí ha habido una evolución histórica. En las sociedades
preindustriales podemos decir que las actividades primarias, es decir, las
actividades que estaban vinculadas con la explotación de la tierra,
constituían la principal fuente de ingresos para la población. Y en
definitiva las diferencias que podían existir en las rentas entre los
propietarios de las tierras y los que las cultivaban estarían justificadas
o atendirían un principio de mal mercado o del mal reparto de la riqueza
preexistente. Por lo tanto, en estas situaciones el papel de
redistribución del Estado era muy limitado o inexistente. Bien, ¿qué es
lo que pasa con las sociedades industriales? Pues con las sociedades
industriales nos encontramos con que la renta pasa a crecer de forma más
rápida que en esas sociedades agrícolas y el reparto de la riqueza pasa a
depender cada vez más de la movilización de los factores productivos del
capital y del trabajo. En definitiva, se produce un incremento de la
desigualdad en la obtención de rentas entre los que aportaban solamente el
factor trabajo, los trabajadores y los que poseían el factor capital.
Bien, este incremento de las desigualdades también llevó justamente como
consecuencia de las disputas los conflictos sociales a otorgar un creciente
papel redistributivo al sector público. Bien, ¿qué es lo que sucede
actualmente? Pues actualmente y como consecuencia de la globalización se
han producido cambios muy importantes en la demanda de los distintos tipos
de trabajo. Es decir, se ha producido una segmentación del factor trabajo.
Ya no cabe hablar de trabajadores como un concepto unitario, sino que
dentro de los trabajadores se ha producido una segmentación que ha dado
lugar a una brecha salarial muy importante entre los trabajadores más
cualificados y que pueden optar por lo tanto a salarios considerables
incluso a veces a rentas superiores a la del propietario de la propia
empresa y aquellos otros trabajadores menos cualificados que perciben unas
rentas inferiores y además en unas condiciones laborales más inseguras
que las anteriores y por lo tanto con un mayor grado de precarización. Por
lo tanto como consecuencia de la globalización se produce una
segmentación dentro del mercado de trabajo. Después estarían las
teorías sobre la distribución de la renta. Hay una primera teoría sobre
el rendimiento de los factores es decir, la remuneración de los factores
productivos de las economías domésticas es la fuente principal de su
renta. De tal manera que la distribución de estas rentas primarias que
proceden de su aportación de factores productivos trabajo o capital
fundamentalmente trabajo va a depender de dos factores de cómo esté
concentrada la propiedad de estos factores y de su rendimiento. En segundo
lugar salían las teorías sobre la acumulación de factores. Los modelos
diseñados para presentar esta acumulación de los factores va a depender
fundamentalmente de dos cuestiones. Por un lado los shocks o las
incidencias imprevistas y las decisiones que puedan adoptar los ciudadanos
sobre el consumo o el ahorro en cada periodo. Pues bien, en cuanto a las
decisiones personales que es realmente lo importante porque los shocks
afectan a todos los ciudadanos. En cuanto a las decisiones personales hay
dos planteamientos distintos. Por un lado hay unos autores que defienden
los modelos del ciclo vital que parten de la idea de que cualquier persona
trata de maximizar su utilidad en el ciclo vital. ¿Esto qué significa?
Significa que mientras está en activo mientras desarrolla una actividad
laboral o profesional pues lo que hace es ahorrar y ahorrar justamente para
suplir la falta de rentas que se va a producir en el momento en que se
jubile. De tal manera que completado ese ciclo vital se ahorra ahora para
poder gastar en el futuro de tal manera que cuando fallezca esta persona no
habrá acumulado ningún tipo de riqueza. Habrá gastado lo que ha ahorrado
previamente. El modelo del ciclo vital. Frente a este modelo hay otros que
defienden lo que son los modelos dinásticos en el cual consideran que las
personas maximizan su utilidad como si fueran a vivir eternamente. Por lo
cual lo que hacen es acumular riqueza a lo largo de toda su vida. Acumulan
una renta que es heredada y que la adquieren sus hijos y descendientes.
Cuando esta riqueza está muy concentrada porque se ha adquirido no
solamente por el desarrollo de una actividad laboral o empresarial sino
también por lo que se ha La transmisión en definitiva intergeneracional
de esa riqueza da lugar a un incremento de las desigualdades sociales. Más
importancia tienen quizás las teorías sobre el mercado de trabajo a los
cuales ya hemos hecho mención anteriormente sobre la segmentación de los
mercados de trabajo. En relación a las desigualdades cuestión importante
y la cual voy a pararme es la de las funciones del bienestar social y la
redistribución. Es una cuestión obviamente en la cual no existe un
consenso, no existe una unanimidad. ¿Por qué? Porque obviamente el
determinar cuál es el nivel óptimo de bienestar social, hasta que punto
tiene que intervenir el sector público para corregir las desigualdades
tiene un alto grado de decisión política. Y obviamente si estamos ante
decisiones políticas estamos en un ámbito en el cual es difícil
conseguir unos consensos universales. Y así se han desarrollado distintas
funciones del bienestar social. Se dice que el establecimiento de un nivel
óptimo de redistribución va a depender de la adhesión a la desigualdad
que se tenga. Valoración por lo tanto de carácter político. Y así se
han desarrollado distintas funciones del bienestar social dependiendo como
vamos a ver ahora de distintos planteamientos políticos. La función del
bienestar social utilitarista. Que fue propuesta inicialmente por Penham
que considera que la intervención pública debería conducir a maximizar
la suma de la utilidad de todas las personas que forman parte de la
sociedad. De tal manera que cuanto mayor sea el total, el volumen total de
utilidad de la sociedad mayor será el bienestar social. Es decir no se
entra en la distribución de esta utilidad sino que cuanto mayor sea la
utilidad total de la sociedad, mayor será el grado de bienestar. Y por
tanto se concede muy poco un papel muy limitado a las políticas de
redistribución. El segundo planteamiento es el de Rals. La función del
bienestar social de Rals. Bien. Este filósofo parte de la siguiente
reflexión. Los siguientes criterios de las políticas de redistribución
pues dependen, dependen de cuál sea la posición social de quien las
formula. Es decir aquellos que tengan unas rentas muy altas pues obviamente
estarán en contra de las políticas de redistribución de la renta.
Mientras que aquellos otros que tengan unas rentas muy bajas pues serán
muy favorables a que se lleven a cabo políticas de redistribución de la
renta. Es decir si esta valoración sobre cuál tiene que ser esa política
óptima de redistribución del bienestar social depende de cuál es la
posición inicial de cada uno pongámonos todos ante un velo de ignorancia.
Es decir sin que sepamos cuál es nuestra posición inicial. Si nos
pusiéramos en esa situación obviamente la única opción racional posible
sería seleccionar aquellos principios que traten de maximizar la posición
del que se encuentra con un menor bienestar. Es decir si me preguntan a mí
cuál considero que es la mejor política de redistribución de la renta y
yo estoy con ese velo de ignorancia, es decir no sé cuál es mi posición
real ante la eventualidad de que sea el mayor paria de la tierra ante ese
riesgo pues diga no, no, que la función del bienestar social consista en
maximizar el bienestar de aquellos que se encuentren en peor situación.
Por si acaso esa es mi situación. Está claro. Por lo tanto Rals formula
esa función del bienestar social en esos términos maximizar la posición
de los individuos con un menor bienestar. Este planteamiento fue
cuestionado en su momento con el siguiente ejemplo, es muy curioso y aún
ha cuestionarse este principio en el sentido de que por ejemplo imaginamos
que nos encontramos con dos ciudadanos dos ciudadanos que están enfermos
de tuberculosis y disponemos solamente de una vacuna. Uno de estos dos
enfermos además de la tuberculosis tiene un cáncer terminal Pues bien, si
aplicáramos la máxima de Rals ¿A quién le tendríamos que dar esa
vacuna de tuberculosis? A aquel que está en peor posición que sería el
enfermo de cáncer. Este fue un ejemplo que se puso por parte de un autor
para un poco desvirtuar el planteamiento de Rals a lo cual Rals contestó
diciendo hombre que como toda regla tiene sus excepciones. La tercera
función del bienestar social que se formula es la de las capacidades que
postula que una sociedad tendrá un mayor bienestar que otra si sus
ciudadanos disponen de un mayor nivel de capacidades. En definitiva aquí
se abogaría por un principio de igualdad de oportunidades para todos los
ciudadanos. Después estaría la función del bienestar social libertaria
que viene a coincidir con los planteamientos neoliberales Aquí se defiende
que el libre movimiento de la oferta y la demanda garantiza no solamente la
asignación de eficientes recursos en el mercado sino también el bienestar
por lo cual niega cualquier política de carácter redistributivo de tal
manera que la intervención pública se tendría de limitar a preservar la
ley, el orden y a fomentar la competencia en los recursos. Y finalmente
estaría el planteamiento ya de carácter socialista que sería la función
de bienestar social igualitarista que defiende la igualdad de resultados
como el mejor criterio para evaluar el bienestar social. Bien, pues esto es
lo más importante de estos dos primeros capítulos de esta asignatura y
sin más quedáis emplazados con la siguiente tutoría que será de 15
días y en la cual expondré los capítulos 3 y 4 del programa. Un saludo y
hasta entonces. Muchas gracias.