Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 31 de octubre de 2013 y vamos a
comenzar la webconferencia que previamente, como muy bien sabéis, había
anunciado. Esta asignatura se llama Derecho Financiero Tributario I y hoy
nos corresponde, como muy bien debéis de conocer, los temas 3 y 4 del
programa. Buenas tardes a todos. Aquí hay otra serie de compañeros y
compañeras, alumnos y alumnas, de forma presencial. Hola, buenas tardes a
todos los que estáis más allá de vuestro propio ordenador, a través de
la pantalla del monitor. Hola, buenas tardes. Hola, FF Florido. Viva
Cádiz. Quería simplemente deciros, porque hay dudas en estos primeros
momentos hasta que… A quien cierre la puerta, por favor. En estos
primeros días, hasta que le cojamos un poco la mecánica, porque yo la
tengo clara, pero no todo el mundo. Mira, yo, mientras pueda, a todos los
alumnos y alumnas que estén matriculados en el grado en Derecho, yo les
voy a hacer la invitación de una manera extensiva. Es decir, por si
alguien… Y, además, yo siempre grabo la webconferencia y tengo que
deciros, por si queréis tomar nota y que lo hagáis extensivo al resto de
los compañeros y los alumnos y alumnas de toda España, que no hago
ningún otro tipo de criba, ningún otro tipo de matiz y que está, como
sabéis, en esos famosos tres W.intecca.unez.es. Repito, en las tres
famosas W.intecca.unez.es. Ahí, si sois tan amables, porque ya lo he
comprobado, os metéis en el… Os abréis la pantalla después de meteros
en la página web que acabo de comentar, o wintecca.unez.es. En la parte
superior derecha viene mi portal. Pincháis mi portal. Se os abrirá de
nuevo una pantalla y pincháis Cadena Campus. Y cuando os metáis en Cadena
Campus, en la parte superior, viene Buscar o viene la típica lupa para
buscar. Con que pongáis el adioaparicio es suficiente. Con que pongáis el
adioaparicio ya vienen perfectamente todas las tablas que he grabado, que
sigo grabando de años anteriores. Y, por favor, me tenéis que disculpar,
porque siempre los primeros minutos tardan un poco para identificar
totalmente plena y totalmente toda y cada una de las webconferencias.
¿Entendido? Bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece
bien, con lo que nos depara esta tarde. Y no es nada más y nada menos que
ya meternos en faena en lo que se refiere a esta Asignatura de Derecho
Financiero y Tributario 1. En concreto, como está anunciado y debéis de
conocer, vamos a explicar. Yo siempre, cuando haga el anuncio, hablaré de
las lecciones del programa. Y son las lecciones 3 y 4 del programa. Bien.
En este caso, en este caso, estas lecciones 3 y 4 del programa, vayamos,
como es lógico, con la primera de ellas, la lección 3 del programa
corresponde a la lección 5 del manual. Lección 5 del manual. Que lleva
como título los principios constitucionales del derecho financiero. Esa es
la primera de las dos lecciones que nos corresponden en esta
webconferencia, en esta tutoría presencial y online de esta tarde. ¿Vale?
Bien. Bien. Vamos a atacar, si os parece, porque el tiempo apremia. Vamos a
atacar de lleno el contenido de cuáles son estos principios
constitucionales. Mirad. Yo he observado, si me lo permitís, siempre con
toda la humildad y por parte mía toda la modestia del mundo, que los
principios que han caído en esta lección 3 son que están más ligados al
motivo y al contenido de la asignatura. Es decir, que hay una serie de
principios, el principio de igualdad, de justicia, que está muy bien. Pero
eso no, para el equipo docente de Derecho Financiero y Tributario 1, no
tiene chicha, no tiene consistencia. Y en cuanto a intensidad, si me
permitís, pues vamos a ir atacando a todo y cada uno de ellos que además
han caído en los distintos exámenes electos últimos. La lección 5, a
partir de la página 97. Yo siempre considero, lógicamente, la de 2013.
Bien. ¿Qué es lo importante y qué es lo que ha caído? Mirad. Si os
parece bien, nos vamos de la mano a través del libro, nos vamos a la
página 111. Y en la página 111 nos encontramos con el principio de
progresividad y la no confiscación o no confiscatoriedad. Bien. Importante
esos dos principios. Que ahora intentaré justificar en los próximos
minutos por qué el autor, los autores de este manual, con toda la
intención pedagógica y dogmática desde la científica de esta
asignatura, lo incluyen dentro de este libro. Bien. Comenzad. Yo ahora os
diré un pequeño preámbulo de este apartado. Voy a comenzar explicando un
poquito cuál es el tema fundamental, pero no quiero pasar de largo, si me
lo permitís. Luego, ¿qué es lo que ha caído? Exactamente que han caído
dos preguntas en estos últimos. Mirad. Yo no quiero que olvidéis que
tanto el principio de progresividad como el de no confiscación viene
regulado en el artículo 31 de la Constitución española. Lo veis en la
parte inferior de la página 111. Bien. Y que, por lo tanto, podríamos
ligarlo también con el artículo 3 de la Ley General Tributaria y el
artículo 40 también de la Constitución. Si me lo permitís, como vamos
en distintas ocasiones a citar ese artículo 31, tengo la Constitución
delante. Si me lo permitís, pues voy a leer ese artículo 31 en una
ocasión para justificar todas las distintas citas que vamos a tener a lo
largo y ancho de esta etapa. Por ejemplo, el artículo 31 dice literal
«Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado
en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso,
tendrán alcance confiscatorio». Pues la propia literalidad, como podéis
comprobar de manera expresa de este apartado primero del artículo 31, ya
está citando de una manera directa y expresa, literal, a este principio de
progresividad y no confiscación. ¿Qué es lo que ha preguntado? Nos vamos
a la página 112. Han preguntado precisamente estos dos principios. Han
preguntado en una ocasión cuál es la similitud y la diferencia entre el
principio de progresividad y el principio de no confiscatoriedad. ¿Dónde
los vamos a encontrar en la página 112? Pues si sois tan amables, nos
vamos a la parte superior y el principio de progresividad, mientras no digo
lo contrario, empieza en el párrafo, en este sentido, Martín Delgado, un
catedrático de financiero tributario de la Universidad de Málaga. Bien,
en este sentido, Martín Delgado, de ahí hasta que nos encontramos
prácticamente en la parte inferior de la página 112, donde dice en letra
cursiva «el principio de no confiscatoriedad». Bien, bueno, vamos al
primero de ellos, al principio de progresividad. Bueno, pues este,
efectivamente, lo vemos una definición, aquella característica de la
cual, a medida que aumenta la riqueza de los sujetos pasivos, aumenta la
contribución en proporción superior al incremento de la riqueza. Por eso,
podemos afirmar que, efectivamente, la progresividad del sistema tributario
es una manera de ser de este sistema y que se tiene que articular
técnicamente de forma que pueda responder a la consecución de unos fines
que no son estrictamente recaudatorios para permitir la consecución de
otros fines distintos. Es totalmente compatible. Y vuelvo a citar ahí, de
una manera genérica, porque así es el contenido del artículo 30 de la
Constitución española como un marcado y un característico artículo
programático dentro de la Constitución. Bien, fijaros, añade, porque
vamos a seguir explicando este principio de progresividad, pero lo vamos a
ir poco a poco ligando con el de no confiscatoriedad. Bien, dice «la
progresividad», añade después del párrafo de letra pequeña y a menuda,
«la progresividad por imperativo constitucional», en el artículo 31,
«tiene un límite infranqueable en la no confiscatoriedad». que veda la
confiscatoriedad del sistema tributario constituye una previsión
tautológica», es decir, una repetición de un mismo pensamiento expresado
de distintas maneras, «porque la confiscación constituye un concepto que
permanece extramuro del ordenamiento tributario». Es decir, «el tributo
constituye un instituto jurídico que, por mandato constitucional, está
basado en la capacidad económica de quien es llamado a satisfacer». Por
eso, los principios que sustentan la progresividad son distintos. Es decir,
que es un toma y daca. Si me apuráis, si queréis un ejemplo infantil,
podéis ir donde lo haya. En el fondo, los dos principios son la misma
moneda en el ambez y en el revés. Por una parte, confiscatoriedad y, por
otra, progresividad económica y tributaria. Pero la clave está en que,
con ese primer principio y de orden sistemático dentro de la doctrina,
está bien explicada la progresividad tributaria y hay que jugar con que el
principio de no confiscatoriedad, efectivamente, no sea excesivo, no se
ceda ese, como dice por ahí, porque tiene una frase lapidaria, que no haya
una posible conducta patológica por parte de la Administración Pública
tributaria en esa confiscatoriedad. Eso es el principio de no
confiscatoriedad. Bien. Bueno, pues ese sería el primero de los
principios. Pasamos, si os parece bien, al segundo. Y estamos a punto de
terminar la página 112 y dice «El principio de no confiscatoriedad supone
un límite extremo que dimana del reconocimiento del derecho de
propiedad». «Su finalidad es impedir una posible conducta patológica de
las prestaciones patrimoniales coactivas, una radical aplicación de la
progresividad que atentará contra la capacidad económica que la
sustenta». Por lo tanto, todo esto que estamos diciendo ha sido vinculado
al principio de capacidad contributiva e incluso, para algunos autores, al
de justicia tributaria. ¿Puedo? Sí, me está preguntando una alumna de
manera presencial. Pepe. Dime, Pepe. ¿Una asistencia tributaria? Sí. Dice
que el principio de no confiscatoriedad supone la recaudación que da la
asistencia tributaria. Efectivamente. ¡Guau! Bien, Pepe dice que explique
según una sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, eso es una
dogmática estrictamente de derecho constitucional, Pepe. Y lo que ocurre
es que tienen que jugar, yo me he curado en salud, y tienen que jugar con
que esa no confiscatoriedad efectivamente sea dentro de unos límites.
Porque si se cede en la confiscatoriedad puede llegar un momento en el que
salta por los aires el principio de progresividad. Pero no se prohíbe la
prohibición. No, no, no. Aquí se habla de no confiscatoriedad, un límite
extremo. Cuando viene, ¿no lo prohíbe? No lo prohíbe. No deberían de
prohibirlo y, desde luego, Pepe, no deberían de confiscarlo. Porque
entonces no estamos cargando el principio de igualdad, de justicia
tributaria. No es fácil leer, interpretar y asimilarlo. La sentencia del
Tribunal Constitucional no es fácil. Sobre todo alguna de los párrafos.
Porque tienen que, los propios magistrados del Tribunal Constitucional, que
voy a deciros que no sepáis, tienen que justificar algunas veces sus
posiciones a través de esa propia sentencia. Aparte de sus propios votos
particulares si están en desacuerdo con el resto de los compañeros. Si
tú eres capaz de leerme eso, yo te puedo interpretar más. Tú me
preguntas de una manera genérica y yo te respondo de una manera genérica.
Y efectivamente es lo que tú dices. No os compliquéis la vida. Yo me
parece que ya dije aquí en clase, me parece que ha sido aquí en Derecho
Financiero y Tributario 1, que algunos de los párrafos en letra menuda, en
letra pequeña, bueno, hay que leérselos y asimilarlos y hacerlos tuyos.
Hay algunos que son contundentes en cuanto a su contenido. Yo esto
todavía... Claro, Pepe, y sobre todo, mira cómo con esto hay que pasar de
puntillas. Claro. Claro, porque yo sé a quién me dirijo. Yo tengo que ser
contundente en cuanto... A las preguntas y a la respuesta. Y yo tengo que
ser contundente, si me lo permitís, a las cuestiones que yo considero
fundamentales. Porque otras... Si no, esto siguen siendo 45 minutos de
tutoría presencial y online. Y esto nada más decir, claro, yo por
supuesto estoy viendo que te estoy respondiendo. Pero si tú me concretas y
eres capaz de decirme un párrafo, yo te contesto encantado. Lo que yo
interpreto. Y ya te estoy diciendo qué consiste. Y yo encantado te digo en
qué consiste. Está ahí. Claro, el equipo docente, a través de las
preguntas, sabe a quién se dirige. Soy alumno del segundo del grado. Bien.
Claro. Y entonces pues tenéis que responder en atención a... Está ahí
el segundo de la carrera. Conficatoriedad. Efectivamente. Claro, claro.
Totalmente de acuerdo. Y además a lo que ocurre, que son límites. ¡Wow!
Son muy difíciles. No en vano, va a llegar un momento que vamos a
explicar, si nos da tiempo, el principio o un principio de reserva de ley.
Que está precisamente para eso. Para intentar poner esos límites, incluso
máximos, Pepi. Que no es fácil. Y además, no quiero añadir nada más
para crear confusión entre mi querido y mis queridas alumnas. Pero puede
ser que cambie la doctrina jurisprudencial, la doctrina del Tribunal
Constitucional, perdón. A lo largo de años. Yo no soy un especialista en
Derecho Constitucional, pero desde luego, alguna sentencia del Tribunal
Constitucional del año 81, 82, 83, probablemente haya que seguir
analizándola con respecto a la que están saliendo ahora. Se está
publicando. Bien. Continuamos. Vale. Bien, vamos a continuar. Bueno, mirad.
Ahora vamos a... Si os parece bien, vamos a continuar. Y... Voy a decir
dónde ha caído otra pregunta. Dentro de... En la página 114, para
situarnos, el principio de capacidad económica. Pues nos tenemos que ir a
la página 117. Y en la parte inferior ha caído exactamente eso. Que viene
en letra cursiva con el que comienza el último párrafo. Es decir, la
exigencia de capacidad económica aparece referida y concebida como
predicable de todo el sistema tributario. Bien. Bueno. Exactamente lo que
dice... ¿Cuál es esa capacidad económica? Si no recuerdo mal, no. Yo
tengo aquí todas las preguntas, pero no me puedo acordar de todas de
memoria. ¿Cuál es esa capacidad económica y cuál es esa intensidad? Que
es lo que viene ahí, en ese mismo par. Bien. Vamos a ello. Bueno. Pues el
propio ordenamiento jurídico, de una manera global, es el que deberá ser
indicativo de la capacidad económica. En la configuración de las
singulares figuras tributarias, que vamos a estudiar en largo y ancho de
todo este primer parcial. Que integran ese ordenamiento, la capacidad
económica también estará presente, aunque de manera distinta y con
intensidad diferente de cada figura tributaria. Bien, ¿verdad? Lo mismo un
impuesto, una contribución especial, que una tasa. Bien. Obvio. Bien.
Fijaros. Y añade. Para que veáis cómo tampoco hay una verdad absoluta y
habla desde una perspectiva de manera positiva y otra de manera negativa.
Dice. En unos casos, de manera positiva, estoy grabando manifestaciones que
sí son positivas, plenamente indicativas de capacidad económica, como
ocurre en el impuesto sobre la renta a las personas físicas o el impuesto
sobre sociedades. Eso es de una perspectiva positiva. En otros casos, de
manera negativa, porque excluye la configuración, como ha hecho imponible,
de ciertas manifestaciones que son contrarias al principio de capacidad
económica. Que viene, ahora sí, Pepi, en la siguiente página, la 118, en
la primera línea, en letra menuda. Las tasas. No esa capacidad económica
que sí ocurre en el IRPF, en el impuesto del IRPF y en el impuesto sobre
sociedad. Bien. Vamos a continuar. Bueno, pues eso lo han preguntado. Vamos
a continuar. ¿Os parece bien? Nos vamos a la página 119 y nos encontramos
con el epígrafe número romano 6, los criterios de eficiencia y economía
en la programación y ejecución de gasto público. Volvemos, os recuerdo,
como siempre, encantados, que el artículo 31 es un punto de referencia
dentro de la propia Constitución y en lo que se refiere a este tema en el
que nos tratamos, los principios constitucionales del derecho. Fijaros
cómo el gasto público lo cita, literalmente, el artículo 31, ahora sí,
2, 31.2 de la Constitución y dice «El gasto público realizará una
asignación equitativa de los recursos públicos y su programación e
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía».
Añade, esas son palabras literales. Dice «La incorporación a la
Constitución de este precepto transquisito es una novedad radical no
solamente en la Constitución española, no solamente en nuestro
ordenamiento jurídico, sino en otro tipo de ordenamientos jurídicos y
constituciones. Contemporánea de nuestra querida Europa occidental».
¿Vale? Importante. Eso ha caído. Sencillo. Si muchas veces… Yo entiendo
al alumnado, por otra parte, porque cuando la pregunta es de mucha
dificultad, ¿por qué dificultad? Si cuando es corta, concisa… Bueno,
sí, esos dos primeros párrafos que acabo de leer… El gasto público. En
la 119. Los dos primeros párrafos dentro del epígrafe 6. El gasto
público. La programación, los criterios de eficiencia y economía en la
programación y ejecución del gasto público. ¿Vale? Bien. Vamos a
continuar. Interesante. Lo había anunciado. Bien. Estamos en la página
120, edición 2013, en el principio y reserva de ley. Epígrafe 7. Su
especial relevancia en materia tributaria. Bien. Pues ha preguntado si nos
vamos a la página 121, abajo. Página 121 y el principio de la página
121. Ya veréis cómo esto para ellos es importante. Bien. Bien. ¿Qué es
lo que han preguntado? Pues han preguntado, sencillamente, el principio de
la ley en relación a la Constitución española. Y tengo, si me lo
permitís, que hacer una salvedad porque hay simplemente un error. No sé
por qué lo he machacado. Porque al final dice el artículo 31… Es el
31.3. No sé lo que había. Porque he puesto… De puño y letra, el 31.3.
No sé lo que había. No sé si entendéis. En la parte inferior, María.
El 31.3. Es el 31.3. Página inferior, parte inferior de la página 121.
Bien. Lo voy a leer porque nos va a servir, como siempre estoy
defendiendo… Fijaros qué importantes son los principios del 31, que ha
preguntado el 31.1 con su correspondiente contenido, el 32, el 31.2 y vamos
por el 31.3. Bien. Os leo literalmente porque me va a servir como
justificación para otras preguntas que van a estar en las próximas
páginas dentro de este principio de reserva de ley. Bien. Fijaros. Dice
literalmente el 31.3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o
patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Está delimitando
ya el principio de reserva de ley cuáles son los que puede y no puede
hacer. Y son… Empiezo a simplemente anunciar que son o las prestaciones
personales, o patrimoniales de carácter público. Bien. Bueno, pues
continúa esa pregunta que hicieron porque junto al 31.3 nos encontramos ya
así en la página 122 con el 133. Y exactamente lo más importante, porque
son palabras literales, tiene tres apartados, es lo que había que ligar
con el 31.3, con ese contenido, es el 133 primero, lo que habla de
establecer los tributos, que la potencia originaria para establecer los
tributos corresponde exclusivamente a la ley. Correctivamente al Estado,
mediante ley, principio de reserva de ley. Y, repito, yo destaco de ese 133
primero, establecer los tributos, y el apartado 3, todo beneficio fiscal
que afecta a los tributos del Estado. Bien. Yo, obvio, pero me parece
medianamente justo y sensato a nivel docente que os diga que el apartado
segundo también es importante porque no solamente se establecen tributos
por parte del Estado de manera exclusiva, sino, aunque no lo hayan
preguntado, también las comunidades autónomas y las corporaciones. Como
recogen 133 dos. ¿Vale? Bien. Esa es la pregunta. Vamos un poquito más
adelante, la página 123. Bien. ¿He dicho 123? Bien. Pues lo he dicho
bien. Mirad, hacia la mitad de la página 123 han preguntado exactamente la
pregunta que está incursiva. Y es, ¿cuál es el alcance del principio de
reserva de ley establecido en el artículo 31.3 del texto constitucional? Y
vuelve de nuevo a citar, literalmente, el contenido del 31.3 de la
Constitución Española. Dice, el precepto, repito, no puede identificarse
solo con las prestaciones tributarias. Dicha norma se refiere a las
prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Por ejemplo,
dice, dejando al lado las prestaciones personales, y ya te pongo un
ejemplo, servicio militar o las prestaciones personales de una serie de
artículos de la ley de haciendas locales, se centra más en las
prestaciones patrimoniales. Dice que no pueden identificarse simplemente
con las prestaciones tributarias. Porque aquí lo que habla el 31.3 es
prestaciones de carácter público, y por eso hay que incluir, estamos a
punto de finalizar ese párrafo, pues diversas prestaciones, repito,
patrimoniales, por ejemplo, los precios de servicios públicos
industriales, las cotizaciones a seguridad social, el pago de prestaciones
farmacéuticas, etcétera. ¿Vale? Bien, y de ahí, el siguiente párrafo,
habría que incluirlo también. Sin embargo, donde el principio de reserva
de ley ha alcanzado una delimitación más precisa ha sido en el campo de
las obligaciones tributarias. En este caso, con los tributos, que en el
fondo habla de las prestaciones patrimoniales de carácter público. Bueno,
pues esa es una pregunta. Bien, el siguiente párrafo, objeto de otra
pregunta. ¿Qué han preguntado? Pues que se delimite, que el alumno, que
el lector del examen delimite con precisión cuál es el contenido del
principio de reserva de ley en materia tributaria. ¿Y cuál es? Dice que
exactamente, pues que el núcleo de materias que necesariamente deben ser
reguladas por ley. ¿Qué dice? Añade el siguiente párrafo. Nuestro
ordenamiento, la reserva de ley en materia tributaria tiene carácter
relativo. No es absoluto, es relativo, Pepi. Te sigo contestando. Claro,
claro que te sigo contestando porque no hay verdad de absoluta y más con
el Tribunal Constitucional. No, si es que me servís como botón de muestra
maravilloso para seguir argumentando. Bien. No, no, claro, no. Como que si
quieres seguir hablando los 45 minutos, si esto es un foro público, esto
es universidad. Bien, dice, en nuestro ordenamiento, decía, la reserva de
ley en materia tributaria, no tiene carácter relativo. No toda la materia
tributaria debe ser regulada por ley, sino solo el establecimiento de los
tributos y los beneficios fiscales que afecten a tributos del Estado, que
son lo que han. Hace tan solo un minuto he dicho en la parte superior del
122, la página 122, que es el 133, 1, 3. Bien, bien, cerrar el círculo.
Bien, vamos con tú. Más preguntas. Pasamos a la siguiente lección,
lección 4 del programa. Bien, lección 4 del programa corresponde a la
lección 6 del manual, página 129 siguiente. Repito, la lección 4 del
programa coincide con la lección 6, la fuente del ordenamiento financiero,
lección 6 del manual, página 129, siempre la edición de 2013. Sí,
porque han caído un montón de preguntas. Muchísimas. Vamos a ella.
Página 131. Ahí, con fuerza. Bien, han preguntado algo así como página
131. Página 131. El epígrafe 2, el número ordinario. Tratados para los
que se necesita autorización previa de las Cortes. ¿Cuáles son esos
tratados que se necesita autorización previa de las Cortes para materias
de derechos y deberes fundamentales? Es decir, que ligamos el 2 con el B
mayúsculo. Claro, para pasar al B mayúscula hay que leer el párrafo
inmediatamente anterior, el artículo 94.1 de la Constitución Española.
Bien, continuamos. Bien, pues 94.1, dentro del apartado B, es el apartado
C. 94.1 C. Dice que los tratados que afecten. Ese apartado C hace
referencia a los tratados que afectan los derechos y deberes fundamentales
establecidos en el título primero de la Constitución Española. Y aquí
sí, por ejemplo, dice, si me lo permitís, nos vamos al siguiente
párrafo, en las dos primeras líneas. Tales, estos tratados serían, como
ejemplo, los convenios para evitar la doble imposición internacional y la
evasión fiscal. Esto lo han dicho. Esto que estoy hablando. Dentro de
tratados que afectan a derechos y deberes fundamentales, pues son los
convenios para evitar la doble imposición internacional y la evasión
fiscal. ¿Vale? Vamos a continuar. Página 133. La ley de presupuestos.
Apartado 3. El número romano. 1. Ideas generales. ¿Qué es lo que han
preguntado? Dos preguntas. ¿Qué han hecho en los últimos años?
Exactamente en los dos últimos párrafos, en letra normal. ¿Qué han
preguntado? Pues han preguntado, con buena intención, pienso yo, desde el
equipo directivo, efectivamente, pues han preguntado, teniendo como base,
bueno, ya hemos citado el 31 de la Constitución, hemos citado el 133, 134,
7 de la Constitución. Han preguntado que si la ley de presupuestos, la ley
de presupuestos general del Estado, puede crear tributos. Es decir que no,
porque literalmente el 134, 7 lo dice. La ley de presupuestos no puede
crear tributos. ¿Bien? Y han preguntado también que si esa ley de
presupuestos puede modificarlos. Y seguimos en el 134, 7. Dice, podrá
modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo previene. Añade.
Esta norma trata de encauzar jurídicamente las relaciones entre la ley de
presupuestos y la ley de presupuestos. Y han preguntado que si la ley de
presupuestos general del Estado y el ordenamiento regulador de los
tributos. Bien. Eso lo han preguntado. Si se puede, con la ley de
presupuestos general del Estado, crear tributos y si se puede modificar.
Esa la han preguntado dos veces. Nos vamos, si os parece bien, a la página
134. Epígrafe 3. Ahí han preguntado tres veces. ¿Qué es lo que han
preguntado? A ello vamos. Mira, siempre didáctico, encima de todo. Bien.
El primer párrafo dice que, efectivamente, vuelve un poco a insistir en lo
mismo, que si con esas dudas que plantea el 134, 7, en cuanto a las
modificaciones, que si efectivamente hay algún tributo en particular que
se pueda, que se pueda modificar. Y ahora sí, ahora sí, se cita, porque
nos va a servir para seguir comentando estas posibles modificaciones de
tributos a través de la ley general, la ley de presupuestos general del
Estado, anual, ejercicio, y te pone como referencia la sentencia del
Tribunal Constitucional, la sentencia 27-1981 de 20 de julio. Bien.
¿Cuáles son las cuestiones más debatidas en esa sentencia? Distintos
apartaditos, A, B y C, minúsculas respectivamente. Pues determinar el
significado del término, que son, para el Tribunal Constitucional, que son
modificaciones de los tributos, cómo se modifican los tributos. B,
precisar el concepto de ley tributaria sustantiva, y C, y por último, si
la exigencia del artículo 134.7 debe referirse también a los tributos
cuyas leyes sustantivas fueran anteriores a la Constitución. Bien. Bueno,
pues de esos tres, el que más importante es para el equipo docente de esta
asignatura es el A, minúsculas, y ha preguntado dos preguntas. Bien. Ha
preguntado, en el fondo, que cómo se puede determinar el sentido de la
expresión modificación de los tributos según las doctrinas del Tribunal
Constitucional. La primera pregunta es, ¿cuáles son las tres ideas? Pues
lo veis ahí. La primera, que se prohíbe la creación indiscriminada de
tributos mediante ley de presupuesto. Segunda, que es posible introducir a
través de ella alternaciones en la regulación de los tributos, incluso
sustanciales y profundas, siempre que exista una norma adecuada que lo
prevea. Y tercera, que en todo caso es admisible que lleve a cabo, a
través de la ley de presupuesto, una mera adaptación del tributo en
realidad. Ahora sí es importante el siguiente párrafo, en letra menuda.
En conclusión, continuó, el Tribunal ha entendido que, incluso sin norma
habilitante , la ley de presupuesto puede operar una mera adaptación del
tributo a la realidad. Está entre comillas porque son palabras textuales
de una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo cual no deja de ser
preocupante, porque no hace más que traspasar a un ámbito distinto el
problema. Esto es, determinar si se trata de modificación o de mera
adaptación, traspaso y planteamiento que entendemos que carece de
cobertura constitucional. Pues todo lo que sea modificación de tributo en
vigor, incluidas las meras adaptaciones, deben operarse y realizarse con la
consiguiente norma habilitante. El Tribunal Constitucional puede aprovechar
la Ley de Presupuestos para crear o modificar tributos, o esa modificación
leve y que se parezca a una mera adaptación. Si usted quiere legislador
crear nuevos tributos, apruebelo mediante una ley ordinaria. ¿Bien? Sí.
Sí, lo he leído ya. Aquí en la pantalla, claro. Si yo voy, ¿es lo
que...? Lo que hace falta es que te pregunten ese artículo. Por ejemplo.
Vamos a continuar, os parece bien. Bien. Cuestión importante. Cuestión
importante. El decreto ley. Página 136. 136, epígrafe 4, el decreto ley.
Bien. Ha preguntado que qué es el decreto ley. Cita, lógicamente, el
artículo 86 primero de la Constitución española. Y si queréis algo muy
concreto, muy concreto en esa página 136, pues hacia la mitad el apartado
C minúscula. Es una norma... Bueno, el A también. Es un acto normativo
con fuerza de ley que emana del Gobierno y sobre todo la C. La A pero sobre
todo la C. Es una norma provisional por proceder de un órgano, el
Gobierno, que no tiene potestad legislativa. Su incorporación definitiva
al ordenamiento jurídico se produce cuando se convalida expresamente por
el Congreso de los Diputados. Una vez producida la convalidación, su
régimen jurídico jurídico no difiere de correspondiente a las leyes.
Todo es conocido porque el decreto ley... ¿Qué? Magnífico. Estupenda la
postilla. Ahí. Bueno, como han preguntado qué es, yo he respondido a
través de la C, pero efectivamente no se puede desdeñar ni en el apartado
A ni B minúscula respectivamente. Bien. Han preguntado en la página 137
el epígrafe 3. Concreción de los aspectos tributarios excluidos de su
regulación por decreto ley. Pero en concreto... Ese primer párrafo, en
letra de norma, dice que la postura defendida por cierta parte de la
doctrina, son catedráticos, Pérez Rollo y Palau, fue acogida por el
Tribunal Constitucional en la sentencia 182-1997 y en estos momentos es la
que se aplica en la práctica. ¿Bien? Sí. La pregunta es que si hay
algunos aspectos tributarios que se puedan excluir de la regulación por
decreto ley. El epígrafe 3. ¿Vale? Bien. En concreto, han seguido
preguntando en relación a ese epígrafe 3. Ahora sí, si os parece bien,
nos vamos a la página 138, al apartado E. Dice, con estas indicaciones, no
se impide que se utilice el decreto ley en materia tributaria al servicio
de objetos de política económica. Se puede utilizar de política
económica, pero no sin excederse. ¿Vale? Bien. ¿Sabéis? Ha preguntado,
fijaros, ¿cuál es el apartado E en el franco? ¿Tiene alguna pregunta
más? Sí, por supuesto. Sí, que si hay algunos aspectos tributarios que
se pueden excluir de su regulación. Si es el epígrafe 3. Bien. Bueno,
ahora nos vamos, como decía la página 138, al apartado E minúsculo.
Claro, porque es decreto ley. Por eso estamos, seguimos, mientras no diga
lo contrario, María, en el epígrafe 4. De la página 136, mayúscula.
136, 4, el número romano. Bien. Bueno. Bien. Y luego, fijaros, han llegado
a preguntar también, hacia la mitad de la página 138, que cuál es la
doctrina actual en relación a si hay aspectos tributarios que se pueden
excluir de la regulación por decreto ley. ¿Lo veis ahí? La ha preguntado
dos veces. Dice, como conclusión, la doctrina actual del Tribunal
Constitucional sobre esta cuestión se puede resumir. Y son dos. Es posible
utilizar el decreto ley, primero. Es posible utilizar el decreto ley para
regular cualquier aspecto del ordenamiento tributario. Y segundo, como
excepción, y estos son los únicos límites atados a la utilización, no
puede emplearse el decreto ley para introducir modificaciones
trascendentales en el sistema tributario. Y dos, ni tampoco cuando, como
consecuencia del decreto ley aprobado, la capacidad económica de los
obligados a contribuir se vea sensiblemente afectada. Eso también la
pregunta. Es decir, ¿cuál es la opinión de la doctrina actual del
Tribunal Constitucional sobre esta cuestión? ¿Cuál es la opinión de la
doctrina actual del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión? Epígrafe
B mayúscula, 145. ¿Cuál es la potestad para dictar reglamento en el
ordenamiento financiero estatal? Pues la potestad para dictar reglamento en
el ordenamiento financiero estatal. El artículo 97 de la Constitución
Española le viene un poquito más abajo. Que dice que para dictar
reglamento en el ordenamiento financiero estatal, pues esa titularidad de
la potestad reglamentaria la tiene únicamente el Gobierno. Artículo 97.
¿Qué? Efectivamente. No, no. Porque es un reglamento. Efectivamente. Y
luego yo añado que en otra pregunta han dicho que si había alguna
titularidad más de la potestad reglamentaria para efectivamente dictar
reglamento. Y entonces habría que contestar en la página 146 el epígrafe
8, el número romano. Que esa potestad reglamentaria para dictar
reglamentos también la tienen las comunidades autónomas y las entidades
locales. ¿Vale? Pero sería una manera extensiva de incluir los
reglamentos. Sí, efectivamente. Pero podríamos hacer una interpretación
extensiva e incluir ahí los reglamentos. Bien. Bueno. Ahí lo veis. Y
lleva razón. Dicen que aunque no tenga potestad en la página 146. Dice
que aunque no tenga… Estaba grabando. La entidad de locales no tiene
potestad legislativa. En la página 148, Pepi, dice que sí, que…
Perdón. Sí, la 147. No sé seguir respondiendo. Y bueno. Y te cita aquí
la ley sobre base de régimen local y el texto refundido regulado de las
haciendas locales que efectivamente sería una manera genérica, como bien
dice Pepi, de crear ordenanzas municipales que de una manera extensiva…
Podría incluirse dentro de los reglamentos. ¿Vale? Bien. Muchísimas
gracias a todos por vuestro interés, por vuestra cortesía. Nos volvemos a
ver el próximo jueves, día 7 de noviembre, para… El objeto de estudio
serían las lecciones 5 y 6 del programa. Lecciones 5 y 6 del programa.
Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Ánimo y suerte. Hasta
luego. Y hay más preguntas que salen en este tema. Gracias. Sí, sí. ¿Y
ahí?